El vuelco llanero: de Boves realista a Páez republicano

El vuelco llanero: de Boves realista a Páez republicano (1813-1819)

Entre 1813 y 1819, las mismas huestes de jinetes que en las sabanas del Guárico y del Apure habían aniquilado la Segunda República venezolana bajo el mando de José Tomás Boves terminaron combatiendo bajo José Antonio Páez por la causa de Bolívar. Cambiaron de jefe y de bandera, pero conservaron su piel y sus convicciones. El vuelco llanero obliga a leer la independencia del norte de Suramérica no como el despliegue de una idea ilustrada sobre un pueblo receptivo, sino como una guerra social de fronteras porosas, donde los pactos entre caudillos y peones armados pesaron más que los proyectos constitucionales. Comprender ese giro —quiénes lo protagonizaron, dónde, cuándo y por qué— es entender por qué la República nace en Angostura recostada sobre una caballería que había servido al rey.

Los llanos antes de la guerra: hato, jerarquía y códigos de lealtad

Antes de convertirse en teatro decisivo de la guerra, los llanos que van del Guárico venezolano al Casanare neogranadino eran una sociedad de hato: un mundo ganadero, disperso, con una jerarquía laboral precisa y una autoridad efectiva delegada. El propietario visitaba sus tierras una o dos veces al año. El gobierno cotidiano recaía en el mayordomo, que administraba, cobraba, ordenaba y, justo después del dueño, hacía respetar los mandamientos de la ley. Su familia entera trabajaba para el amo sin remuneración, aunque él recibiese salario mensual. Bajo el mayordomo, el caporal organizaba rodeos, marcado y sacrificio de reses. El vaquero, propietario de su caballo, su silla y su soga, cobraba salario. El caballicero, casi siempre un adolescente, cuidaba las bestias y hacía de correo insustituible de la pampa; los jóvenes que ejercían ese oficio se curtían en la lucha. Más abajo estaban los vegueros, atados a un intercambio desigual —el dueño les pagaba los víveres con vacas viejas, en una forma de esclavitud comercial— y, en el último peldaño, los conuqueros, sin ganado, acosados, sospechosos de cuatrerismo, sinónimo de perseguidos.

Esta estructura explica dos rasgos del llanero armado que la guerra volvió centrales. La obediencia en el hato se debía al mayordomo, no al propietario ausentista. La autoridad legítima era la próxima, la que compartía el sudor y decidía en el instante. Además, la jerarquía era compatible con una amplia autonomía de faena. El vaquero era dueño de sus medios de trabajo, montaba su propia bestia y se movía por sabanas que conocía mejor que cualquier amo. Cuando esa población fue movilizada, la lealtad se transfirió con naturalidad hacia el jefe militar que ocupara —funcional, corpórea, cotidianamente— el lugar del mayordomo: cercano, temido, generoso en el reparto, temible en el castigo. Ni Boves ni Páez inventaron esa lógica; heredaron su gramática.

A esta base social se sumaba una realidad étnica que la historiografía patriótica del siglo XIX simplificó hasta la caricatura. Los llanos no eran un territorio racialmente homogéneo, ni una geografía "negra" en bloque. Ciudades, villas y aldeas reunían grupos humanos muy diversos, con intereses distintos y sin unidad racial. Hablar de una "revuelta negra" en 1813-1814 es proyectar una unidad que no existió. Existía, sí, una tensión constante entre las castas —pardos, mestizos, zambos, indios, esclavos y libertos— y las élites blancas criollas de las ciudades, aliadas a los mantuanos caraqueños que habían encabezado la Primera República. Cuando la guerra estalló, esa tensión encontró cauce, y quienes supieron canalizarla movilizaron ejércitos enteros.

El hato, además, había producido a lo largo del siglo XVIII una cultura del caballo y del ganado que operaba como sistema de valores. El jinete diestro era admirado; el hombre a pie carecía de estatura moral. La destreza con la lanza, con la soga y con el machete definía la jerarquía informal, aquella que el mayordomo no podía imponer por decreto pero que ordenaba las relaciones entre pares. Esa cultura marcial doméstica, en apariencia inocua bajo el orden colonial, se transformó en potencia militar cuando llegó la guerra. Los llaneros no tuvieron que aprender a montar ni a matar reses: ya sabían. Solo cambiaron de presa.

Hay otro rasgo material del hato que la guerra activaría de inmediato: la movilidad. En la sabana, las distancias se medían en días de cabalgata y las noticias corrían al ritmo del caballicero. Un mayordomo podía tardar semanas en enterarse de una orden de su patrón en Caracas; un jefe militar que estuviera físicamente en el terreno, en cambio, ejercía un mando instantáneo. Esa asimetría entre autoridad remota y autoridad próxima fue la que explotaron, sucesivamente, Boves, Yáñez, Morales, Páez, Zaraza, Cedeño y Monagas. Ninguno de ellos gobernaba desde un despacho. Todos comían, dormían y sangraban con la tropa, y de esa cercanía extraían la obediencia que ni el rey ni la República podían imponer por decreto.

Boves y el pacto realista: botín, ascenso de casta, guerra a muerte

José Tomás Boves llegó al escenario llanero como oficial subalterno de la reconquista realista, pero convirtió muy pronto su comando en algo distinto: una empresa social armada que ofrecía a las castas del Guárico un pacto de guerra. Su zona de operaciones fue el eje del río Guárico, de Guayabal a Calabozo, donde reclutó a negros y mulatos prometiéndoles las propiedades de los blancos criollos. José Yáñez hizo lo propio en el bajo llano de Barinas y en San Fernando de Apure, sobre bases análogas. La proclamación de Guayabal, con la que Boves decretó la guerra a muerte contra sus enemigos criollos y la confiscación de sus bienes, no fue un exabrupto: fue el contrato explícito de una alianza entre un jefe realista y una masa armada que veía en la Corona lejana una legitimidad más tolerable que la República de los mantuanos vecinos.

La lectura patriótica de ese pacto como igualitarismo popular al servicio del rey erró el diagnóstico. Las aspiraciones de los pardos que cabalgaron con Boves no eran de igualdad universal moderna, sino de ascenso de estatus dentro del orden jerárquico racial existente. Querían ser reconocidos como blancos, no destruir la distancia que los separaba de indígenas, esclavos y libertos. Se peleaba por subir un peldaño, no por abolir la escalera. Boves entendió esa demanda y la satisfizo con dos monedas: el botín inmediato —tierra, ganado, ropa, mujeres del enemigo derrotado— y el reconocimiento simbólico, el ascenso en jerarquía militar, el mando delegado sobre los propios pares.

La brutalidad de sus tropas era consustancial al pacto. Realistas y patriotas la condenaron unánimemente. La consideraron de una ferocidad desconocida hasta entonces en la Capitanía General de Venezuela. El botín necesitaba víctimas, y el terror sellaba la lealtad de quienes cobraban en sangre lo que la Corona nunca les había pagado en derechos.

En 1813 y 1814, esa coalición fue devastadora. La Segunda República venezolana, sostenida por la élite mantuana y por los cuadros militares que habían acompañado a Bolívar en la Campaña Admirable, no pudo resistir. Las derrotas de La Puerta, donde Boves aplastó al ejército patriota, y de Urica, donde el propio Boves murió en combate a fines de 1814 sin que su muerte detuviera la marea, marcaron el hundimiento de la República. Francisco Tomás Morales heredó el mando y prolongó la campaña. Para el momento en que Pablo Morillo desembarcó con la Expedición Pacificadora en 1815, el ejército llanero realista era la fuerza militar dominante en las sabanas del norte suramericano, y la República patriota estaba reducida a exilios, guerrillas dispersas y proyectos.

La ruptura del pacto: Morillo y la disipación de la lealtad realista

La llegada de Pablo Morillo alteró la naturaleza del comando realista en Venezuela y en Nueva Granada. Morillo no era un caudillo llanero, sino un general español al frente de tropas peninsulares, con instrucciones de restaurar el orden colonial en toda su formalidad. Aplicó un régimen de terror que, más allá de sus efectos sobre las élites criollas patriotas —fusilamientos, confiscaciones, tribunales especiales—, disipó rápidamente el apoyo popular que la Corona había cosechado tras el colapso de la Primera República. Su política trató a los llanos como territorio a pacificar, no como base social a preservar. Los ascensos de casta prometidos por Boves se congelaron; el botín se centralizó o se prohibió; la autonomía de mando de los jefes irregulares se subordinó a oficiales peninsulares que ignoraban el terreno y despreciaban los códigos locales.

El pacto se rompió antes de que la República tuviera fuerza para ofrecer uno alternativo. Y en esa fisura empezó a moverse el primer vuelco. Desde principios de 1815, familias perseguidas por las autoridades realistas —herederas del bovesismo pero víctimas del morillismo— comenzaron a producir cuadros intermedios que se pasarían a la causa patriota. Pedro Zaraza, Manuel Cedeño, Leonardo Infante, José Tadeo Monagas y otros nombres que dominarían la caballería republicana entre 1816 y 1819 provenían de la región del Guárico, del mismo espacio donde Boves había reclutado. Eran perseguidos que encontraron en la República la posibilidad de sobrevivir y de continuar la guerra bajo otra bandera, no conversos ideológicos. Este primer vuelco fue menos una defección de masas que una migración de élites intermedias regionales, arrastrando consigo redes de parentesco, clientela y compadrazgo.

La tesis fácil —que Morillo perdió la guerra por su brutalidad y devolvió los llaneros a la República en bloque— aplasta la realidad. Las zonas de reclutamiento de Boves (Guárico) y de Yáñez (bajo Apure y Barinas) no coinciden plenamente con el espacio en que Páez consolidaría más tarde su ejército. La geografía diferencial importa: el vuelco no fue un giro simultáneo de todos los llanos, sino una recomposición fragmentada, con ritmos distintos en cada franja. En el Guárico lo iniciaron los cuadros intermedios perseguidos. En el Apure alto, donde Páez operaría, la dinámica sería otra y llegaría después.

Páez y la construcción del Ejército de Apure

José Antonio Páez emergió como jefe llanero patriota entre 1816 y 1817, en un espacio geográfico que no era exactamente el de Boves. Su ascenso combinó cualidades personales —fuerza física legendaria, arrojo en el combate, capacidad para hablar el lenguaje de sus hombres— con una comprensión práctica de la lógica comunitaria de mando que los llaneros esperaban de un caudillo. Él mismo, en sus memorias, reconoció lo esencial: el ejército que organizó en Apure se componía en su mayor parte de los mismos individuos que, a las órdenes de Yáñez y Boves, habían sido el azote de los patriotas. Y añadió una observación aún más reveladora: aquellos hombres estaban acostumbrados, según sus palabras, a "venerar el nombre del rey como el de una divinidad", lo que hacía sorprendente que se decidieran a abandonar la causa realista para seguir la patriota.

La sorpresa de Páez es la clave del problema. Si la lealtad llanera hubiera sido ideológica —monarquista por convicción religiosa o política—, el vuelco habría sido imposible. Si hubiera sido puramente venal, cualquiera con oro habría podido comprarla. La respuesta está en el terreno intermedio: la lealtad era personal y contractual. Se debía al jefe que garantizaba el botín, el ascenso, la autonomía de faena militar y el respeto a los códigos internos de la tropa. Boves lo había ofrecido bajo estandarte real; Páez lo ofreció bajo estandarte republicano; los hombres, en buena parte, fueron los mismos. José Manuel Restrepo, historiador oficial del primer republicanismo, lo reconoció con una franqueza incómoda: los llaneros de Páez, Zaraza, Monagas y demás jefes republicanos eran en gran parte los mismos y de la misma raza que los reunidos por Boves, Morales, Yáñez y Rosete, y compartían con ellos —según su expresión— "los mismos vicios e insubordinación".

La construcción del Ejército de Apure fue una operación militar y política simultánea. Páez levantó una fuerza que hacia 1818 alcanzaba unos cuatro mil efectivos —aproximadamente tres mil de infantería y mil de caballería—, con un batallón que llevaba su nombre y un núcleo de jinetes veteranos de las campañas realistas. La caballería llanera había destrozado a fuerzas españolas; su apariencia y su modo de combatir la volvían temible a ojos de cualquier enemigo. Bolívar, cuando visitó ese ejército, formuló una observación que revela lo específico del logro: no se admiraba tanto de que Páez hubiera formado esa tropa como de que hubiese logrado conservarla en buen estado y disciplina. Reunir llaneros era relativamente fácil para quien hablara su lengua. Retenerlos, mantenerlos operativos y evitar la disolución en el saqueo era la verdadera hazaña, y suponía replicar cotidianamente el pacto: reparto, castigo justo, mando próximo, victoria como retribución.

Hay un detalle que ilumina la economía interna del ejército paecista: el reparto de reses capturadas al enemigo funcionaba como sistema de salarios en especie. Un llanero que participaba en un ataque exitoso volvía con carne, con cueros, con caballos de repuesto y, cuando había suerte, con monedas. La lealtad se renovaba en cada botín. Cuando faltaba, las deserciones y los saqueos internos aparecían de inmediato. Páez lo sabía y organizaba las campañas en función de ese calendario material tanto como en función de los objetivos estratégicos que le fijaba Bolívar.

Bolívar, Páez y la política del mando disperso

El vuelco llanero no ocurrió en un vacío institucional: coincidió con la crisis del mando patriota y con la difícil tarea, para Bolívar, de imponerse sobre una constelación de caudillos regionales que no reconocían de entrada su autoridad. Entre 1817 y 1819, la República se sostenía sobre alianzas entre jefes autónomos, cada uno con su base territorial y su clientela militar. Manuel Piar, vencedor en San Félix, fue procesado y fusilado en Angostura en octubre de 1817 tras un juicio que Bolívar respaldó y que dejó una advertencia clara sobre los límites del pluralismo caudillesco. Tras la muerte de Piar, Bolívar estableció en Angostura un provisional Consejo de Estado presidido por él mismo, con Francisco Antonio Zea, Luis Brión y Manuel Cedeño como miembros, y desconoció el gobierno provisional que Santiago Mariño había constituido en el oriente.

Mariño representaba la resistencia más visible a la centralización. Rechazó la misión de José Francisco Bermúdez como agente de unificación enviado por Bolívar y declaró que ningún poder en la tierra lo removería de su provincia. Defendía una división geográfica de responsabilidades en lugar del reconocimiento de la autoridad única de Bolívar, y condicionaba el envío de refuerzos al occidente a la aceptación de sus términos. Las provincias orientales de Cumaná, Barcelona y Margarita lo reconocían como líder, lo que llevó a Bolívar a apresurarse para ocupar Caracas y evitar que Mariño lo hiciera primero. A finales de 1818, en un movimiento pragmático, Bolívar nombró a Mariño general en jefe del Ejército del Este, con jurisdicción en los llanos de Barcelona, mientras otros distritos orientales quedaban asignados a Bermúdez y Cedeño. La estrategia de usar caudillos para controlar a otros caudillos tuvo un éxito limitado: Bermúdez era percibido por muchos como un rival salvaje y vengativo, fuente de discordia más que de paz.

En ese tablero, Páez ocupaba el occidente. El Apure era su feudo, y él era —para bien y para mal— el único hombre capaz de mantener disciplinada a la caballería llanera. La relación entre Bolívar y Páez a lo largo de 1818 y 1819 fue de negociación constante entre un jefe supremo que necesitaba jinetes y un caudillo regional que sabía cuánto valían los suyos. La campaña de 1818, con la sorpresa de Bolívar sobre Morillo en Calabozo y las operaciones subsiguientes, mostró que los patriotas tenían capacidad para operar en los llanos: los realistas lograron retirarse en orden, y los planes de convergencia patriota fracasaron parcialmente, pero el eje militar de la guerra se había desplazado. La República ya no era una serie de guerrillas dispersas; tenía un ejército de sabana que podía disputarle a Morillo el control de las planicies.

Angostura: la institucionalización del pacto

El Congreso de Angostura, o Segundo Congreso Nacional de Venezuela, sesionó desde el 15 de febrero de 1819 hasta el 20 de enero de 1820, con 268 actas registradas. Su convocatoria, obra de Bolívar, buscaba dotar a la República de un marco de legitimidad institucional que trascendiera la lógica de los caudillos. Y allí, en un gesto cuya importancia política es difícil de sobreestimar, Páez —jefe del llamado Ejército Republicano de Occidente— reconoció explícitamente la legitimidad del Congreso. En un mensaje de saludo a los congresistas, declaró que la nación venezolana había estado "huérfana tantos años por la falta de un gobierno legítimo", y afirmó que la Constitución que ese cuerpo aprobaría daría a Venezuela "el rango necesario entre las demás naciones".

Este reconocimiento fue el sello institucional del vuelco. El caudillo que comandaba a los antiguos jinetes de Boves y Yáñez aceptaba, al menos formalmente, someterse al marco constitucional que emergía en Angostura. La república nacía apoyada sobre una caballería popular cuyo compromiso ideológico con la república era, cuando menos, mediado por la figura de su jefe. Tras la victoria de Boyacá el 7 de agosto de 1819, a la que los llaneros contribuyeron de manera indispensable, Bolívar regresó a Angostura para informar al Congreso del éxito de la campaña en Nueva Granada, y ante ese cuerpo se creó oficialmente la República de Colombia el 17 de diciembre de 1819. El Congreso mantuvo su Diputación Permanente activa entre 1820 y 1821: su función institucional se prolongó más allá de la proclamación de la República.

El reconocimiento de 1819, sin embargo, tenía letra pequeña. La lealtad de Páez al pacto constitucional era condicional a la preservación de su autonomía sobre el occidente venezolano. Angostura fue, para él, un acuerdo entre iguales disfrazado de sumisión: la República le ofrecía legitimidad simbólica y él ofrecía a cambio la aquiescencia de su caballería, siempre que el gobierno central no invadiera su jurisdicción real. Mientras Bolívar estuvo en el terreno y en el mando, la ficción se sostuvo. Cuando la administración civil pretendió hacer efectiva la subordinación militar, el pacto empezó a crujir.

La crisis de 1826 y el eco de 1830

La grieta se abrió en 1826. El Senado de Colombia suspendió a Páez del ejercicio de su autoridad militar en el departamento de Venezuela y lo citó a justificar su conducta. Páez se negó a acatar la orden de entregar el mando. El general Carlos Soublette, secretario de Guerra, le escribió expresando la amargura del Gobierno por su conducta y exigiéndole entregar el mando. Manuel José Castrillón, cronista de esos años, recogió el clima parlamentario: senadores venezolanos esperaban que Páez se presentara ante el Senado "dando muestras de una sublime obediencia"; Castrillón mismo advirtió que Páez no se pondría "a merced de los abogados que quieren juzgarlo" y que de esa actitud se derivarían "consecuencias incalculables".

La reacción de Páez fue coherente con la naturaleza del pacto llanero: la obediencia a la República solo era sostenible mientras la República respetara la autonomía del caudillo. Al desbordarse ese límite, Páez volvió a ser lo que siempre había sido: un jefe regional con un ejército propio. La ruptura de Colombia en 1830, con la separación de Venezuela bajo su liderazgo, ya estaba escrita en la respuesta que dio en 1826 a los abogados de Bogotá. Angostura había institucionalizado el pacto; el Senado, al pretender aplicarlo como si fuera derecho positivo sobre un funcionario cualquiera, mostró que no había entendido su naturaleza.

Casanare, el otro llano

La historia del vuelco no se limita al Apure venezolano. Casanare, en el flanco neogranadino, funcionó como santuario de la independencia durante los años más duros de la Reconquista y como base potencial para la invasión de Nueva Granada. En mayo de 1819, Francisco de Paula Santander reportó a Bolívar que Casanare estaba libre de realistas y "entusiasta por su independencia". La provincia proporcionó un núcleo de ejército que se sumaría al Ejército Libertador en la campaña de Boyacá. Las milicias casanareñas venían participando en levantamientos contra el régimen colonial desde finales del siglo XVIII, y esa historia previa sustentó la imagen de los Llanos Orientales y sus pobladores como conflictivos y tendientes a la guerra.

Las prácticas de mando en Casanare revelaban la misma economía informal que en Apure. En 1819, Santander ordenó al comandante Béjar prestar hombres a cultivadores de caña de azúcar para trabajar como peones en trapiches: una práctica común para suplir la falta de paga. La retribución del soldado llanero era menos monetaria que material, hecha de vacas, tierras, trabajo remunerado en especie y promesas de botín. La diferencia con Venezuela era de escala y de contexto, no de lógica: en ambos casos la guerra se sostenía sobre un intercambio entre jefes y peones armados ajeno a los códigos formales de un ejército regular europeo.

Casanare cumpliría después de Boyacá un papel de conexión entre los llanos venezolanos y los neogranadinos que se prolongó más allá de la independencia. En 1830-1831, un ejército llanero desde esa región desafió al gobierno post-Gran Colombia establecido por Rafael Urdaneta. El caudillismo llanero sobrevivió a la ruptura de Colombia y a la muerte de Bolívar: el aislamiento geográfico de los Llanos y la debilidad de la infraestructura estatal habían generado un terreno fértil para la resistencia, tanto a la Corona como a los gobiernos nacionales.

La devastación como saldo

Cuando la guerra terminó en 1821, los llanos que la habían decidido estaban arruinados. Nueve años de conflicto diezmaron el ganado, agotaron la economía y disgregaron la población blanca. Las misiones, que en la época colonial habían organizado buena parte del poblamiento indígena de los Llanos Orientales, quedaron reducidas: al restaurarse la paz, solo cuatro seguían en pie. Soldados patriotas las habían saqueado, reclutado a los indígenas para combatir a los realistas y arrasado las iglesias. El clero que permaneció no recibió subsidios ni protección militar de ninguno de los dos bandos.

José Manuel Restrepo describió la región tras la guerra como un paisaje arrasado: población diezmada, multitud de fusilados, mujeres violadas, ranchos quemados y pequeñas manufacturas de lana destruidas por la desaparición de los rebaños de ovejas. Cuando las tropas fueron licenciadas en 1824, los soldados de los Llanos se encontraron sin hogar ni ocupación y se dedicaron al abigeato. La república que habían construido con su caballería no tenía tierras para ellos, ni pensiones, ni proyecto de reinserción.

La represión terrateniente que siguió fue tan violenta que Restrepo consideró seriamente la posibilidad de una "guerra de castas" en la región. La multitud de veteranos descontentos y sin tierra —efecto directo de nueve años de guerra— alimentó una ilegalidad que perpetuó el caudillismo llanero como fenómeno estructural, no como accidente. El vuelco de 1816-1819, que había ganado la guerra para la República, dejó una hipoteca social que Colombia no supo, o no quiso, pagar.

La República heredera de los caudillos

La independencia, en el Apure y en Casanare, fue continuidad de una guerra social con banderas intercambiables. En Angostura, en cambio, quiso ser el momento fundacional de una república que nunca terminaría de reconciliarse con la fuerza que la había parido. Los llaneros que decidieron la independencia entre 1816 y 1819 no eran los enemigos de esa República: eran su condición de posibilidad y, a la vez, el límite estructural que la haría inviable como proyecto centralizado.

La disputa entre Páez y el Senado en 1826, la ruptura de 1830, el ejército llanero que en 1830-1831 marchó contra Urdaneta desde Casanare, y las guerras civiles del siglo XIX en Venezuela y Nueva Granada, son ecos de una misma lección. Una república construida sobre caudillos hereda su lógica interna: pactos personales antes que leyes, jurisdicciones de hecho antes que competencias formales, lealtades condicionales al reparto y a la victoria. Los subalternos armados que la hicieron posible no fueron víctimas pasivas de la manipulación caudillesca, ni tampoco protagonistas de un proyecto emancipatorio propio. Fueron actores estratégicos dentro de unos códigos de lealtad y retribución —el pacto entre jefe y peón armado— que conocían y sabían negociar. El precio de esa agencia fue alto: la ferocidad con que combatieron dejó cicatrices en toda una generación, y la devastación posbélica de los llanos condenó a sus veteranos al abigeato y al servicio de nuevos caudillos. Pero la agencia existió, y sin comprenderla no se entiende ni la victoria patriota ni la crisis de la Gran Colombia ni el largo caudillismo del siglo XIX en ambos países.