Economía de guerra republicana: préstamos forzosos, papel moneda y expropiación (1813-1819)

Economía de guerra republicana: préstamos forzosos, papel moneda y expropiación (1813-1819)

Entre la Campaña Admirable de 1813 y la Batalla de Boyacá de 1819, los gobiernos y ejércitos que se reclamaban independientes en Venezuela y Nueva Granada sostuvieron la guerra con un repertorio coactivo: contribuciones forzosas, confiscación de bienes de enemigos, préstamos exigidos a la Iglesia, emisiones de papel moneda y adulteración monetaria. No fue expediente puntual ni improvisación de campamento. Se ensayó provincia por provincia, dejó papelería —decretos, comisionados, registros, listas de repartos— y produjo, junto con la contracción productiva que el propio esfuerzo bélico causó, un doble legado. Por un lado, un Estado republicano de arcas exiguas que heredó buena parte del andamiaje fiscal colonial —alcabalas, estancos, quinto minero— y le añadió el hábito del empréstito forzado. Por otro, un recelo rural hacia el poder central que el relato de la gesta libertadora ocultó bajo la abstracción de un pueblo unánime. Leer esos seis años como laboratorio fiscal, y no solo como epopeya militar, permite ver la máquina que estaba naciendo detrás de las banderas.

El mundo del que brota la coerción: fiscalidad colonial tardía y colapso de la Primera República

La república en armas no partió de una tabla rasa. Heredó un edificio fiscal colonial cuyas piezas mayores habían llegado al final del siglo XVIII cargando el peso de una economía extractiva: las alcabalas mayor y menor, el diezmo, el quinto minero sobre la producción de metales preciosos, los estancos de tabaco y aguardiente. Los estancos por sí solos representaban en torno al 32% de los ingresos de la Corona en la última década colonial, cifra que explica una paradoja que atravesará todo el período republicano temprano: la retórica liberal detestaba los monopolios y las rentas estancadas, pero ningún gobierno con guerra encima podía darse el lujo de suprimirlos.

La Primera República había ensayado, entre 1810 y 1815, una limpieza selectiva. Varias juntas de gobierno eliminaron las rentas más odiadas —el tributo de indios, el impuesto a los mazamorreros que gravaba la minería popular y, en algunas provincias, el monopolio del aguardiente—; en el mismo espíritu, provincias neogranadinas suprimieron los quintos de oro en Antioquia, Bogotá y Mariquita, los aguardientes en Popayán y la contribución del trabajo personal subsidiario. La motivación era doble, ideológica y política: mostrar que la nueva soberanía no reproducía las cargas del amo. Pero cada supresión abría un hueco fiscal que había que llenar por otros medios, y esos medios no fueron ni contribuciones directas modernas ni tarifas racionales, sino la exacción de guerra.

Cuando en 1815 la expedición de Pablo Morillo desembarcó en la costa neogranadina y en pocos meses reconquistó las provincias interiores —completó la campaña en los primeros días de octubre de 1816—, el régimen realista instaló su propia arquitectura extractiva: consejos de guerra, un Consejo de Purificación para juzgar a los desleales al rey y, sobre todo, las Juntas de Secuestros, que incautaban bienes a los acusados de traición. La tesorería del ejército expedicionario centralizó los ingresos del Consejo de Purificación y de las Juntas de Secuestros, convirtiendo la represión política en línea presupuestal. El terror morilliano, que inicialmente contó con algún apoyo popular tras el desprestigio de la Patria Boba, se disipó pronto y radicalizó a la población. Cuando los patriotas volvieron a organizar ejércitos desde Casanare y los Llanos, encontraron un país que ya había aprendido, en carne propia, que la guerra civil se financia sobre los cuerpos y las haciendas de los vecinos.

Cómo se armó la máquina extractiva, 1813-1819

1813: la Campaña Admirable y el estreno de la exacción sistemática

La campaña que llevó a Bolívar de Cartagena a Caracas en el verano de 1813 fue militarmente fulgurante y fiscalmente reveladora. Los ejércitos avanzaban por territorios cuyo abasto no podía asegurar ninguna hacienda pública centralizada, y donde la línea entre requisa legítima y saqueo dependía menos del decreto que del oficial que firmaba. En Venezuela, la Segunda República instalada por Bolívar en Caracas se encontró de inmediato con el mismo dilema que había hundido a la Primera: sin numerario, sin crédito exterior, sin aparato recaudatorio confiable, no había ejército posible.

La solución venezolana combinó tres frentes. El primero, la presión sobre la Iglesia. Al cabildo catedralicio se le exigieron contribuciones que el arzobispo Narciso Coll y Prat denunció después ante el rey como despóticas y abominables, ejercidas con ilibertad y violencia. Rechazó de plano que la contribución pudiera llamarse voluntaria —calificativo que el gobierno patriota había usado para blindar la medida— y describió con detalle la escena: el canónigo Silvestre Méndez, debilitado por los años y los males habituales, aterrorizado por los furores de la guerra, había sido conminado a consentir. La textura de la coerción se ve ahí mejor que en cualquier decreto: no una expropiación general dictada desde arriba, sino un procedimiento de presión personalizada sobre cuerpos frágiles con firma canónica.

El segundo frente fue el monetario. El propio gobierno patriota conocía el precedente ruinoso de 1812, cuando la Primera República había recurrido a moneda fiduciaria con resultados que se consideraron un error que contribuyó a su colapso. La Segunda República intentó, entonces, orientarse hacia la acuñación metálica y evitar repetir la experiencia; pero la escasez de plata y oro haría que en distintos frentes —Cartagena, Popayán, Santa Marta— la promesa de sanidad monetaria se rompiera antes de terminar la década.

El tercer frente fue el más visible y el menos regulado: la extracción directa de ganados, esclavos, alimentos y semovientes por tropas en marcha. Los testimonios sobre estas prácticas son numerosos y no permiten atribuirlas exclusivamente al bando patriota ni calificarlas de sistema formal; son, más bien, el rasgo compartido de toda guerra que se libra sin logística ni tesoro. Su efecto acumulado sobre el campo fue devastador y quedó grabado en la memoria de los propietarios y campesinos que vieron pasar ejércitos de un color y de otro.

1814: la intendencia militar y el nacimiento del "buen recaudo"

El año 1814 marca en Nueva Granada un salto conceptual: la extracción deja de ser expediente y empieza a pensarse como administración. La guerra generó lo que las propias autoridades describieron como pánico económico, con propietarios vendiendo apresuradamente ganados, esclavos y semovientes antes de que la irrupción de una columna les arrebatara todo. En ese ambiente, los comisionados políticos del Gobierno general de las Provincias Unidas nombraron al coronel José Acevedo y Gómez —el mismo del 20 de julio de 1810— subpresidente y jefe superior político de la villa de Zipaquirá y Nemocón, con el encargo triple de regular el abasto de los pueblos, mantener el orden político y económico, y asegurar que los bienes de los enemigos estuvieran a "buen recaudo".

La expresión no es menor. "Buen recaudo" implica que las haciendas de los realistas o sospechosos ya no serían simplemente saqueadas por la tropa que pasara, sino administradas centralmente para que su producción sirviera al ejército. La lógica es explícita: una buena administración de las haciendas y unidades de producción confiscadas aseguraba el sustento de las tropas en campaña y servía de base a la intendencia militar. Es, en pequeño, la misma idea que Morillo institucionalizará al otro lado de la línea con sus Juntas de Secuestros: la confiscación deja de ser efecto colateral de la guerra y se convierte en fuente presupuestal con papelería. La simetría entre ambos bandos es una de las claves del período: cada uno aprendió del otro y ambos ensayaron variantes del mismo repertorio.

1815-1817: dispersión provincial y guerra de recursos

Cuando la Reconquista rompe el orden republicano en Nueva Granada, el eje de la resistencia patriota se traslada a los Llanos y a Casanare, mientras Venezuela vive su propia fragmentación entre focos militares y llaneros. En este período, más difuso pero decisivo, se consolida un rasgo estructural del sistema fiscal patriota: no hubo tesoro único ni gramática única. Cada provincia recaudaba y disponía según su comandante, su gobernador y su cercanía al frente.

La zona neogranadina que quedaría bajo control patriota o disputado —Casanare, los reductos del oriente— vio operar contribuciones forzosas cuya lógica de reparto se documenta con más claridad para el año inmediatamente posterior a Boyacá. Entre 1815 y 1817, las prácticas coactivas —requisas de ganado en los llanos, expropiación de haciendas de españoles o adictos al rey, préstamos exigidos a comerciantes de Angostura y Cúcuta cuando esas plazas cambiaban de mano— se ejecutaron sin estandarización. Fueron años de columnas de tropas mal pagadas que vivían de la tierra, con oficiales que firmaban recibos que nadie sabía si algún día se convertirían en pago.

Fue también en este período cuando las alteraciones monetarias regionales alcanzaron su punto más agudo. Las autoridades de Santa Marta —en manos realistas, pero el fenómeno se replicó en varios frentes— recurrieron al debasement modificando la fineza, el número y la cantidad de las piezas acuñadas. En Popayán se emitieron monedas de cobre como recurso monetario, y monedas adulteradas circularon en la región según la evaluación cualitativa que dejó, en 1816, un exfuncionario de la casa de moneda. La ley de Gresham hizo el resto: la moneda mala expulsó a la buena, la macuquina desplazó al cordoncillo, los costos de transacción se dispararon y la falsificación proliferó. Sobre este suelo monetario ya erosionado por décadas de escasez de numerario colonial, la guerra depositó una nueva capa de desconfianza en cualquier signo que llevara sello oficial.

En 1818, el virrey Juan de Sámano dictó en Nueva Granada una orden que capturó perfectamente la lógica bélica de la moneda: las piezas emitidas por las fuerzas españolas y leales debían recibirse a valor nominal; las emitidas por los revolucionarios, como meros metales. Convertir en peso muerto la moneda del enemigo era una forma más de guerra fiscal, pero también, a juicio del mismo exfuncionario colonial, parte de una serie de errores monetarios que contribuirían al colapso del régimen colonial en 1819. La moneda enemiga se podía degradar por decreto; la desconfianza acumulada contra toda moneda oficial, no.

1818-1819: Angostura, el papel moneda de Cartagena y el camino a Boyacá

El período que se abre con el Congreso de Angostura en febrero de 1819 y culmina con la Batalla de Boyacá el 7 de agosto es al mismo tiempo el más glorioso militarmente y el más precario fiscalmente. Los ejércitos que Bolívar y Francisco de Paula Santander conducirán a través del páramo de Pisba se sostuvieron con requisas llaneras, con préstamos ingleses gestionados desde el Caribe, con expropiaciones puntuales y con la promesa —siempre pospuesta— de recompensar los servicios con tierras confiscadas al enemigo.

La emisión de papel moneda en Cartagena durante las guerras de independencia había dado resultados sumamente perjudiciales para la causa patriota; la propia experiencia ilustraba la lección que los venezolanos ya conocían desde 1812. El desprestigio del papel fue tal que se transmitió como reflejo institucional a los gobiernos posteriores, generando un complejo duradero de rechazo a las emisiones fiduciarias. Es una de las herencias menos visibles y más determinantes del período: la República nació con una aversión visceral a un instrumento que, bien manejado, habría podido darle liquidez en momentos críticos del siglo XIX; y esa aversión provino de la experiencia bélica, no de doctrina económica.

Fue también en estos meses cuando se consolidó como ordinaria una figura que definiría el crédito público colombiano por décadas: el empréstito interno forzado o cuasi-forzado. Los ejércitos necesitaban plata inmediata, los comerciantes de Cartagena, Mompox, Cúcuta o Cali disponían de capitales líquidos, y la solución fue exigirles préstamos con promesa de devolución que rara vez se cumplió en los términos pactados. Estos empréstitos, contraídos en el país, oscilaron entre lo francamente forzado y lo que tenía más de exacción que de operación financiera normal. La distinción entre impuesto extraordinario y préstamo fue con frecuencia cosmética.

Por qué la coerción, y no otra cosa

Las causas de este régimen extractivo son a la vez estructurales, ideológicas y coyunturales, y conviene desagregarlas para no reducir el fenómeno a la voluntad de un caudillo. En el plano estructural, la economía colonial tardía de la Nueva Granada y Venezuela era pobre en numerario circulante y dependía crónicamente de la producción minera y de una fiscalidad indirecta administrada por estancos. La escasez de moneda —que en el período colonial tardío había inspirado a pensadores reformistas propuestas nunca implementadas para resolverla— dejó a los gobiernos republicanos sin base monetaria suficiente para financiar una guerra prolongada por medios ordinarios. A eso se sumó la debilidad congénita del crédito público: no había banca, no había mercado de deuda organizado, la asociación de capitales se orientaba preferentemente hacia minería y comercio, y el sistema monetario era inelástico. En esas condiciones, la coerción no fue una opción entre muchas: fue la única a mano.

En el plano ideológico, la misma retórica liberal que había motivado la supresión de tributos coloniales odiados —tributo de indios, mazamorreros, monopolios provinciales de aguardiente— cegó a los dirigentes republicanos frente a la necesidad de construir un sistema fiscal moderno equivalente. El resultado fue paradójico: los gobiernos patriotas se creían más liberales que sus antecesores coloniales mientras exigían contribuciones forzosas, secuestraban haciendas y presionaban a canónigos ancianos para que consintieran préstamos. Los crecientes requerimientos fiscales terminaron cubiertos con deuda y con el mantenimiento de rentas estancadas e impuestos al comercio exterior, en contra de las doctrinas que decían profesar.

En el plano coyuntural, la Campaña Admirable de 1813, la guerra de exterminio de José Tomás Boves en 1814, la Reconquista de Morillo en 1815-1816, la reorganización llanera de 1817-1818 y la campaña libertadora de 1819 impusieron cada una un pico de gasto que la fiscalidad ordinaria no podía absorber. Cada pico justificó, a ojos de los gobiernos patriotas, una vuelta de tuerca coactiva. Y cada vuelta de tuerca dejó un precedente institucional.

La simetría con el aparato realista de Morillo no es accidental. Cuando el régimen realista instaló su Consejo de Purificación y sus Juntas de Secuestros para financiar la reconquista, no innovaba: reciclaba con orden burocrático lo que los patriotas habían ensayado desde 1814 con Acevedo y Gómez en Zipaquirá. Y cuando los patriotas retomaron el poder desde 1819, aplicaron a los realistas medidas que se parecían mucho a las que Morillo había aplicado sobre ellos. Cada bando aprendió del otro, y la distinción entre fiscalidad legítima y exacción quedó, como ocurre siempre en las guerras civiles, en manos del vencedor que escribió la historia.

Colapso productivo y monetario

El costo económico del período fue devastador. La minería de oro colombiana cayó aproximadamente un 40% durante las guerras de independencia; se recuperaría con relativa rapidez al terminar los conflictos por su carácter de aluvión de baja tecnología, pero el hueco fiscal no se llenó. Las exportaciones per cápita cayeron un 42% entre 1802 y 1850, y solo a partir de 1850 se superó el nivel bruto de exportaciones obtenido al final de la Colonia; la recuperación por habitante hubo que esperarla hasta 1870. Toda una generación económica se perdió.

En Medellín, el pánico monetario que dejó la guerra se tradujo en un mercado cambiario donde el precio del giro sobre otras plazas podía variar en un solo día en proporciones inéditas: los registros locales consignan oscilaciones de entre 4.000% y 20.000% de una jornada a la siguiente, es decir, un cambio que se multiplicaba por cuarenta o por doscientas veces en el intervalo entre dos operaciones. Ninguna letra, ningún contrato de venta a plazo, ninguna importación podía calcularse en un entorno así. Esa volatilidad contribuyó al fracaso de los primeros proyectos de inversión industrial de envergadura en la ciudad que décadas después sería el corazón manufacturero del país. En el campo, la destrucción y el secuestro de haciendas empujaron a los propietarios a vender apresuradamente ganados, esclavos y semovientes, alterando el abasto de los pueblos y la producción agropecuaria. La aversión al riesgo se instaló como cultura: durante décadas, quien acumulara capital preferiría enviarlo al exterior o esconderlo antes que invertirlo, sabiendo que la próxima guerra —y hubo muchas— traería nuevos empréstitos forzosos y nuevas expropiaciones.

Sobre este colapso productivo se instaló, además, el reflejo antifiduciario. El complejo contra el papel moneda que dejó la experiencia de Cartagena y de la Primera República venezolana llevó a los gobiernos posteriores a evitar sistemáticamente ese instrumento, contribuyendo a la inelasticidad monetaria crónica del siglo XIX. La lección de la guerra fue, en este punto, casi supersticiosa: como el papel moneda había ido de la mano del desastre, cualquier propuesta futura de emisión fiduciaria despertaría resistencias que iban más allá de sus méritos técnicos.

La matriz de un Estado extractivo pobre

La coerción fiscal republicana de 1813-1819 no fue simple improvisación bélica, pero tampoco fue el laboratorio creativo de un nuevo Estado extractivo funcional. Fue una combinación inseparable de herencia colonial y experimentación de guerra que produjo, como resultado neto, un Estado republicano estructuralmente débil cuya incapacidad recaudatoria fue el verdadero legado del período.

Los gobiernos patriotas no inventaron la extracción coactiva: la reencuadraron. Le añadieron registros provinciales —como los que en Antioquia debían llevar el alcalde, el jefe del cantón o, en su defecto, un habitante honorable para fijar la base del impuesto de reparto—, comisionados políticos, confiscaciones administradas, préstamos forzosos a la Iglesia con la fórmula del consentimiento. Pero el andamiaje profundo —alcabalas, estancos de tabaco y aguardiente, quinto minero heredado con tasa reducida, impuestos al comercio exterior— siguió siendo el colonial. El liberalismo doctrinario de los dirigentes no logró desmontarlo; la urgencia bélica lo consolidó.

El resultado fue una república que salió de la guerra con la peor combinación posible: instituciones fiscales impopulares por su origen colonial, hábitos coactivos legitimados por la emergencia patriótica, un mercado financiero desorganizado donde los empréstitos internos tendían a ser forzados o cuasi-forzados, y una base productiva devastada. Los gastos públicos por habitante en los años treinta oscilaban en torno a $1 y tendían a disminuir en la década siguiente: la indigencia fiscal como marca de nacimiento de la sociedad republicana.

La desorganización del mercado financiero durante la Gran Colombia —influida por los empréstitos forzados y la inelasticidad del sistema monetario— fue uno de los factores que contribuyeron a la disolución de la unión bolivariana en 1830. Y cuando se intentó introducir la contribución directa como sustituto moderno de la fiscalidad indirecta colonial, el fracaso recaudatorio fue estruendoso: los ciudadanos ocultaban sus haberes y disminuían las rentas públicas mediante fraude, hábito adquirido bajo el régimen español de eludir impuestos arbitrarios y refrendado por la experiencia patriota de exacciones sin cuenta. La cultura fiscal colombiana del siglo XIX aprendió en estos años que declarar bienes al Estado era exponerlos al secuestro, al reparto, al empréstito forzado.

Hay una consecuencia menos visible pero más pesada. En los pueblos que vieron pasar ejércitos patriotas requisando ganado, quemando papeles, exigiendo consentimientos a párrocos ancianos, la relación con el poder republicano naciente se selló en clave de recelo. El siglo XIX construyó el relato de la gesta libertadora sobre la abstracción de un pueblo unánime; los pleitos por indemnización nunca pagada, las reclamaciones de viudas y hacendados, los registros parroquiales muestran un país más complicado, donde muchos vecinos aprendieron a esconder ganado, moneda y voluntades antes que a celebrar la llegada de las tropas —de cualquier bando. Ese recelo campesino alimentó durante el siglo XIX la desconfianza hacia Bogotá que atravesaría las guerras civiles federalistas, la resistencia a la Regeneración en algunas regiones y, en el largo plazo, la sospecha frente a cualquier promesa emanada del poder central.

La Guerra de los Mil Días, entre 1899 y 1902, mostraría hasta qué punto la matriz había sido duradera. Aquel conflicto se financió gravando las exportaciones y obligando a los productores de café a vender al Estado parte de su cosecha, pagadera en papel moneda, mientras las rentas debidas al fisco había que cubrirlas en oro; la destrucción de riqueza pública se calculó en 25 millones de pesos oro. En medio de esa asfixia, un decreto del 8 de enero de 1902 ordenó una contribución de 200 novillos gordos de la provincia de Cartagena para suministrar ración de carne a la fuerza acantonada allí. La escena es exactamente la de 1814: la misma requisa de ganado, la misma cadena de mando extractiva, la misma forma de resolver la logística militar por el atajo del rebaño ajeno, ochenta y ocho años después. El aparato militar colombiano seguiría siendo, incluso en tiempos de paz, un demandador constante de carne de res, y la República seguiría cobrándola con el mismo instrumento aprendido en la guerra de independencia.

Cierre: la República como acreedor armado

Lo que se ensambló entre 1813 y 1819 no fue un modelo fiscal fallido que gobiernos posteriores intentaran corregir, sino la matriz operativa sobre la que se armaron todas las prácticas hacendísticas del siglo. Cada vez que la República necesitó recursos por encima de su capacidad ordinaria —y necesitó muchas veces— volvió al repertorio de 1813: préstamo forzado a comerciantes urbanos, requisa de ganado a hacendados de provincia, gravamen extraordinario sobre exportaciones, promesa de recompensar los servicios con bienes confiscados al enemigo del momento. Las reformas de 1850, de 1886, de 1936 y de 1990 encontraron siempre el mismo muro de evasión porque enfrentaban una desconfianza acumulada durante generaciones: la certeza, aprendida por vía de campamento, de que exponer bienes al fisco era exponerlos al secuestro.

La libertad, en su primera década armada, se financió con préstamos exigidos bajo amenaza, con expropiaciones administradas, con emisiones cuya depreciación se descontaba antes de firmarlas. Que esa fuera la única forma posible de sostener la guerra no cambia el hecho de que las prácticas coactivas de los primeros años quedaran incorporadas al repertorio ordinario del Estado, disponibles para ser reactivadas cada vez que apretara la caja. Y el país que salió de ellas —con sus estancos supervivientes, su aversión al papel, su gasto público por habitante de un peso, su propietario que resolvía la contabilidad del riesgo antes que confiar en un recibo oficial— siguió reproduciendo, hasta bien entrado el siglo XX, la relación entre soberano y súbdito que se selló entre la Campaña Admirable y Boyacá: una República que, cuando la urgencia la ponía a caminar, se comportaba menos como fisco y más como acreedor armado.