Realismo pastuso y lealtad popular al rey (1813-1824)

Realismo pastuso y lealtad popular al rey (1813-1824)

Durante los once años que separan la primera campaña de Antonio Nariño hacia el sur, en 1813, de la represión bolivariana que cerró la resistencia surandina en 1824, las poblaciones indígenas, mestizas y afrodescendientes de Pasto, la Provincia de los Pastos y el valle del Patía sostuvieron con las armas la causa del rey de España contra el proyecto republicano de las élites criollas neogranadinas. No fue un episodio marginal ni un rezago folclórico: fue un frente político y militar que derrotó a Nariño en 1814, hostigó a Bolívar tras Bomboná en 1822, obligó a montar dos campañas de castigo —la toma de Pasto en diciembre de 1822 y la Navidad Negra de 1824— y resurgió una y otra vez bajo caudillos como Estanislao Merchancano y Agustín Agualongo. Comprenderlo obliga a abandonar las categorías cómodas del heroísmo patriota y a leer el sur andino como lo que era: un mundo con lógicas propias, protecciones concretas que defender y una relación con la Corona que no se explicaba por ignorancia ni por fanatismo, sino por siglos de un pacto colonial que allí funcionaba.

El sur andino antes del conflicto: un mundo con reglas propias

La geografía imponía la primera condición. Lo que hoy son los departamentos de Nariño y buena parte del Cauca es, en lo esencial, territorio cordillerano: altiplanos por encima de los mil setecientos metros donde se levantaban Pasto, Ipiales, Túquerres, Popayán, Bolívar y Almaguer. En esa franja fría, minoritaria en superficie pero desproporcionadamente poblada, se concentraba —y todavía se concentra— la vida agrícola, política y religiosa del sur. Alrededor del 81% de la población nariñense radicaba en la zona montañosa, que apenas cubre menos del 15% del territorio: una presión demográfica que se traducía en subdivisión constante de la propiedad, minifundio, autoabastecimiento precario y una relación muy densa entre comunidades pequeñas, párrocos y autoridades locales.

Sobre este relieve se había depositado una fisonomía étnica particular. Los altiplanos de Pasto, Túquerres e Ipiales conservaban una fuerte influencia indígena: descendientes de los pastos y los quillasingas, en un territorio cuya porción meridional había estado bajo influencia incaica. A diferencia de otras subregiones del Gran Cauca, donde la escena social se organizaba en torno a la dicotomía entre grandes propietarios blancos y poblaciones negras y mulatas, el sur andino era, a grandes rasgos, indígena, mestizo y campesino, con una élite blanca pequeña, urbana y clerical, insertada en un tejido comunitario que la superaba en número y en arraigo.

El valle del Patía respondía a otra lógica. Nacido junto al Macizo Colombiano —donde también brotan el Magdalena, el Cauca y el Caquetá—, ese valle cálido había sido, desde los tiempos coloniales, refugio de libertos y cimarrones huidos de las cuadrillas mineras del Pacífico y de las haciendas ganaderas del Cauca. Allí se formaron al menos dos palenques y, con ellos, una geografía de resistencia hecha de platanares: parcelas domésticas plantadas por familias afrodescendientes en predios vacíos entre haciendas, a orillas de los ríos, al margen del control señorial. Casi cuatro siglos de arraigo territorial habían producido una identidad patiana propia, que la historiografía colonial y republicana relegó a categorías despectivas —arrocheladas, salteadores, cuadrillas—, ocultando su condición de comunidades con memoria, organización y proyecto.

Ese doble sur —el sur indígena de los altiplanos y el sur afrodescendiente del Patía— compartía algo determinante: una escasa presencia efectiva del proyecto criollo ilustrado. Las élites republicanas de Santa Fe, Cartagena o Antioquia hablaban un idioma —ciudadanía, soberanía popular, contrato social, igualdad ante la ley— que en el altiplano y el valle no encontraba interlocutores naturales. Lo que sí encontraba raíces profundas eran otras dos figuras: la del rey como padre lejano y protector, y la del cura como árbitro cotidiano.

El rey, el cura y el resguardo: las bases del pacto colonial

El control español sobre estos territorios no se sostenía, en tiempos ordinarios, sobre la fuerza. Se sostenía sobre el misticismo en torno a la monarquía y sobre la autoridad casi universalmente aceptada de la Iglesia Católica. Para los indígenas del sur, el rey era menos un soberano abstracto que una figura paternal a la que se apelaba contra los abusos locales: garante último del resguardo, del tributo moderado, de una jerarquía de justicia que —imperfecta, lenta, corrupta a menudo— era la única que reconocían como propia. La lealtad a esa figura no era un residuo supersticioso; era la forma concreta que tenía la política para gentes cuya vida se jugaba en la relación con la tierra comunal y con el pago tributario.

La Iglesia funcionaba como el otro pilar. La autoridad de obispos y curas era casi universalmente aceptada por el pueblo, que reconocía en ellos cercanía y familiaridad, en agudo contraste con la distancia que percibía frente a los nuevos gobernantes republicanos, muchos de ellos criollos ilustrados cuyas categorías políticas venían de París o de Cádiz. En Pasto ese peso eclesiástico era descomunal: conventos, cofradías, curatos densamente enraizados, y una jerarquía diocesana articulada con la sede de Popayán.

Al frente de la diócesis se hallaba, desde antes del ciclo revolucionario, monseñor Salvador Jiménez de Encizo, uno de los representantes más caracterizados del clero realista del Nuevo Reino de Granada. El 27 de agosto de 1819 emitió una circular a los curas párrocos que sintetizaba la posición eclesial: Monarquía y Religión debían defenderse mutuamente en América, tanto en lo espiritual como en lo terrenal; había que mantener el orden colonial, la paz y la estabilidad; y era necesario combatir sin cuartel a los falsos filósofos de la Ilustración, a quienes se responsabilizaba del desorden, la anarquía y el anticlericalismo. La ecuación era transparente: el republicanismo era, ante todo, una amenaza al orden religioso y, por extensión, al orden entero.

Este alineamiento no era universal en el clero neogranadino —había frailes y curas parroquiales, americanos y modestos, del lado patriota, como fray Diego Padilla—, pero sí era dominante en la alta jerarquía. Y en el sur, donde los obispos y curas mantenían un peso social, político y económico enorme, la balanza eclesiástica se inclinó de manera decisiva hacia el rey. En Pasto, los púlpitos legitimaron la resistencia armada; en las parroquias del altiplano, la lealtad a la Corona se predicó como continuidad natural de la fe.

Los indígenas apoyaron mayoritariamente a las fuerzas realistas —los pastos con particular constancia, aunque nunca con unanimidad absoluta— no por atavismo, sino por cálculo. La seguridad colectiva que ofrecía el orden colonial, verificada en siglos de experiencia práctica, resultaba preferible a un ideal republicano que amenazaba desmontar las protecciones concretas —resguardo, mediación clerical, tributo tasado— sin ofrecer nada tangible a cambio. España, además, no dejaba las cosas al puro plano simbólico: otorgó beneficios inmediatos a los indios que contribuyeran a derrotar a los patriotas, aunque estos beneficios materiales fueron siempre secundarios frente al lazo afectivo con la figura del monarca. El pacto era, a la vez, económico y sagrado; y esas dos dimensiones se reforzaban una a otra.

1813-1814: la primera campaña del sur y el desastre de Nariño

Cuando Antonio Nariño emprendió, a finales de 1813, la campaña del sur para tomar Pasto y abrir el camino a Quito, se topó con un mundo que no había calculado. La expedición avanzó al principio con éxito. La batalla de Calibío, ganada por los patriotas, prometía continuar la marcha; pero lo que siguió fue el revés que definió el tono del conflicto en el sur durante toda la década siguiente.

Después de Calibío, el ejército de Nariño se hallaba en estado lamentable. Los soldados marchaban desnudos y descalzos, no se habían alimentado adecuadamente durante tres días, la enfermedad causaba tantas bajas como el combate y varios oficiales y soldados quedaban imposibilitados de continuar. A esa fragilidad logística se sumó una fragilidad política: los refuerzos esperados desde Antioquia nunca llegaron. El comandante Gutiérrez y el gobernador Corral se negaron a poner sus fuerzas a órdenes de Nariño alegando susceptibilidades y pretextos de soberanía provincial. La revolución neogranadina, todavía atrapada en el laberinto federalista de la Patria Boba, no lograba concentrar sus recursos ni siquiera para su campaña más urgente.

El 9 de mayo de 1814, en Tacines, se libró el combate que marcó el revés patriota. La memoria realista posterior convirtió ese enfrentamiento en episodio fundacional: en una proclama posterior de movilización se afirmaba que apenas 125 paisanos pastusos sin formación militar habían derrotado a un ejército insurgente de 3000 hombres. Las cifras provienen del discurso propagandístico y no de un parte militar independiente; pero su valor no está en la aritmética sino en el mito. La resistencia pastusa se construyó a sí misma, desde muy temprano, como gesta de un pueblo pequeño frente a una invasión externa, y esa autoimagen alimentaría todos los levantamientos posteriores.

Nariño terminó capturado ese mismo año por guerrillas de indígenas, negros y mestizos que defendían los alrededores de Pasto. La composición del grupo que lo apresó dice más que cualquier proclama: no fue una tropa regular española la que puso fin a su campaña, sino una movilización popular multiétnica que actuaba, con recursos propios y liderazgo local, en nombre del rey. Nariño acabó preso y trasladado a Cádiz. La campaña del sur quedó estancada durante años y el sur andino quedó ratificado, ante los ojos de la revolución criolla, como territorio hostil.

La reconquista, el orden restaurado y el nuevo ciclo republicano

La reconquista española, comandada desde 1815 por Pablo Morillo, no necesitó imponer el realismo en el sur: allí ya estaba. Los gobiernos de Pasto y Popayán se habían declarado realistas desde el comienzo, como también los de Panamá, Santa Marta y Riohacha, y las poblaciones de las sabanas del Sinú y la costa sur del Pacífico. Mientras el altiplano central y la costa Caribe vivían la restauración monárquica como imposición punitiva, con juntas de purificación, confiscaciones y ejecuciones ejemplares, el sur la vivió como confirmación de un orden que nunca había querido abandonar.

Esta asimetría pesa. Cuando en 1819 Bolívar cerró la campaña de la Nueva Granada con Boyacá y en 1821 la Gran Colombia empezó a existir como Estado, el sur andino no fue un territorio a recuperar sino un frente a conquistar. La provincia de Pasto, con sus altiplanos indígenas y su valle patiano contiguo, funcionaba como el último gran bastión realista al sur del país y, para la República, como el obstáculo geográfico y político que separaba a Bogotá de Quito. La guerra en el sur, entre 1821 y 1824, sería a la vez una campaña militar contra fuerzas españolas y una guerra contrainsurgente contra poblaciones que rechazaban el nuevo régimen.

Bomboná, el Patía y el bloqueo republicano

En abril de 1822, mientras Sucre avanzaba desde Guayaquil hacia Quito, Bolívar intentó forzar el paso por el sur neogranadino con su propia columna. El 7 de abril libró en Bomboná una batalla costosa contra las fuerzas realistas de Basilio García. El resultado, en términos militares, fue ambiguo: Bolívar reclamó la victoria porque el enemigo se retiró del campo, pero sus pérdidas fueron tan altas que la ofensiva quedó paralizada. Se retiró a El Peñol a esperar los auxilios que esperaba desde Popayán.

Esos auxilios no llegaron. Las guerrillas patianas bloquearon la ruta y hostilizaron cualquier movimiento de refuerzo, hasta el punto de obligar a Bolívar a repasar el Juanambú y situarse en El Trapiche sin haber recibido apoyo. El dato, aparentemente logístico, tiene un peso histórico enorme: en el momento culminante de la campaña del sur, cuando el Libertador dependía del abastecimiento para sostener la ofensiva, fueron unas guerrillas afrodescendientes del valle del Patía —no un ejército español regular— las que interrumpieron sus comunicaciones. La geografía del Macizo Colombiano y la organización territorial de los patianos, hecha de conocimiento minucioso de trochas, ríos y desfiladeros, neutralizaron por un momento el aparato militar republicano.

Pasto sólo cayó por la vía política. El 6 de junio de 1822, tras la derrota española en Pichincha el 24 de mayo, Basilio García firmó una capitulación con Bolívar que entregaba la ciudad a la República bajo garantías. Bolívar entró en Pasto y siguió hacia Quito, donde el 16 de junio se produjo el encuentro con Sucre y la incorporación de Quito a la Gran Colombia. Sobre el papel, el sur estaba pacificado. En los hechos, la capitulación no había tocado el problema de fondo: las razones por las que los pastusos y patianos apoyaban al rey no habían desaparecido con la firma.

Agualongo, Merchancano y la insurrección permanente

En octubre de 1822, apenas cuatro meses después de la capitulación, Pasto se levantó de nuevo. Al frente de la insurrección quedó Agustín Agualongo, oficial realista pastuso —de origen popular, de piel oscura, de formación militar hecha en la propia guerra— que se convertiría en el símbolo definitivo de la lealtad al rey en el sur. Junto a él, otros oficiales locales como Estanislao Merchancano, natural de Pasto, ascendido a teniente coronel de los ejércitos reales por su destacado servicio en la batalla de Jenoy, encarnaron una oficialidad realista salida del propio territorio, no impuesta desde afuera.

La represión fue inmediata y brutal. En diciembre de 1822, tropas al mando de Sucre entraron por segunda vez en Pasto y la sometieron a saqueo, ejecuciones y expulsiones que la memoria local no olvidaría. El asedio y la toma de la provincia y su capital plantean, todavía hoy, la pregunta incómoda de si esas medidas —adoptadas por líderes que reclamaban valores ilustrados y liberales— cabían dentro del derecho de guerra que el propio proyecto emancipador se atribuía. Miranda, Nariño, Bolívar y Santander eran hombres perfectamente conscientes del balance entre moralidad y política de la guerra, y sabían que la legitimidad de sus regímenes se jugaba también en cómo trataban a los vencidos.

La represión no extinguió la resistencia. Al contrario. Agualongo escapó y reorganizó una fuerza que, a mediados de 1823, se atrevió a una operación audaz: una expedición hacia el norte que llegó a cruzar el Juanambú y a amenazar posiciones republicanas al norte de la propia Pasto. La República respondió con un gran ejército organizado por Bolívar y el general Bartolomé Salom, con tropas de los departamentos del sur, que interceptó a los pastusos en Ibarra el 17 de julio de 1823. La derrota fue completa. Salom calculó en más de 600 los pastusos muertos en el campo de batalla; la fuerza expedicionaria, estimada en unos 1500 hombres, quedó reducida a la mitad. Agualongo fue capturado poco después y fusilado ese mismo año en Popayán, negándose hasta el final a reconocer al gobierno republicano.

Aun así, la resistencia no terminó. En 1824, mientras Sucre preparaba la campaña final del Perú que culminaría en Ayacucho el 9 de diciembre, Pasto se sublevó una vez más. La represión republicana de finales de ese año, conocida en la memoria regional como la Navidad Negra, cerró con violencia extrema el ciclo abierto en 1813: ejecuciones sumarias, reclutamientos forzosos, destierros. El conjunto de las represiones bolivarianas sobre Pasto entre 1822 y 1824 diezmó demográficamente la ciudad y la provincia, imprimiendo una cicatriz que se prolongó durante todo el siglo XIX.

Por qué resistieron: cálculo material y lealtad simbólica

Reducir la resistencia pastusa y patiana a fanatismo religioso o atraso cultural, como hizo durante mucho tiempo la historiografía patriótica, falla como método antes que como generosidad. Los actores del sur sabían perfectamente lo que defendían y lo que rechazaban.

En el altiplano indígena defendían un orden en el que el resguardo comunal era una institución jurídica reconocida, el tributo estaba tasado y las autoridades locales —cabildos indígenas, curas doctrineros, jueces de naturales— formaban una malla protectora que amortiguaba la relación con la sociedad blanca. En el valle del Patía defendían una autonomía territorial de facto ganada al margen de las haciendas, con platanares y palenques que constituían una economía doméstica propia, invisible al Estado pero real en la práctica. Y en ambos casos defendían la mediación eclesiástica: el cura como intérprete, mediador, letrado gratuito, garante moral de acuerdos que ninguna otra instancia iba a garantizar.

Frente a esto, la República ofrecía en su discurso ciudadanía igual, abolición de la esclavitud a plazos, libertad de cultos vagamente aludida, disolución del régimen tributario indígena. Lo que las poblaciones podían anticipar en la práctica era otra cosa: fin del resguardo como categoría jurídica protegida, exposición al mercado de tierras, reclutamiento militar directo, subordinación del clero al Estado, sustitución del cura conocido por un funcionario lejano, y una ciudadanía abstracta que en el mismo movimiento en que declaraba a todos iguales desmontaba las protecciones diferenciales que hacían vivible la vida cotidiana. Para Colombia, además, a diferencia de Bolivia, Ecuador o Perú, la independencia no se planteó como recuperación de una nación indígena preexistente sino como ruptura con el orden colonial; el componente indígena quedaría marginado del debate republicano casi desde el inicio.

La adhesión al realismo no era retrógrada ni antirrevolucionaria: era la consecuencia lógica de unas condiciones sociales de vida que no iban a variar esencialmente por un cambio jurídico republicano y que sí podían empeorar si desaparecían las protecciones existentes. A esa lógica material se entrelazaba, inseparable, la dimensión simbólica. El rey era padre, la Iglesia era madre, y esas figuras no eran retórica: eran los referentes cognitivos con los que se organizaba la vida pública. El vínculo afectivo con la Corona y la autoridad eclesiástica no envolvía sentimentalmente un cálculo económico; era el propio idioma en el que ese cálculo se pensaba. Los beneficios inmediatos que España ofrecía a los indios leales importaban, pero eran secundarios frente al lazo con el rey, porque el rey era la garantía última de que esos beneficios y esos derechos seguirían existiendo mañana.

Dos resistencias en un mismo frente

Conviene, sin embargo, no fundir en una sola fórmula lo que fueron dos fenómenos distintos. Los indígenas pastos defendían protecciones que existían dentro del orden colonial formal: resguardo, tributo, cabildo, doctrina. Los afrodescendientes patianos defendían una autonomía que habían ganado al margen o incluso contra ese orden: palenques, cimarronaje, platanares plantados en tierras que legalmente no eran suyas. Los primeros peleaban por conservar su lugar en el sistema; los segundos, por conservar la brecha que habían abierto dentro del sistema. Los primeros defendían un contrato; los segundos, una fuga consolidada.

Que ambos coincidieran en el frente realista entre 1813 y 1824 fue una convergencia coyuntural, no una identidad ideológica. Los patianos apoyaban al rey menos por adhesión positiva a la Corona que por rechazo activo al régimen de las haciendas caucanas y al proyecto de sus dueños criollos, que dominaban el bando patriota en la región. Para el cimarrón, el patrón concreto que blandía el discurso republicano era más peligroso que el monarca lejano cuya autoridad, en la práctica, nunca había alcanzado sus platanares. Los pastos apoyaban al rey por continuidad con un pacto que consideraban propio. La República los unificó en la mira de sus cañones y les puso un solo nombre: los realistas del sur. La etiqueta fue eficaz para Bolívar y Sucre, y engañosa para la posteridad.

La distinción explica también por qué la resistencia sobrevivió a la derrota militar. Ni el fusilamiento de Agualongo en 1823 ni la Navidad Negra de 1824 resolvieron las causas de fondo. En 1839, cuando el Congreso ordenó el cierre de cuatro conventos menores en Pasto —una medida solicitada, paradójicamente, por la propia jerarquía eclesiástica—, los pastusos se levantaron en armas contra el gobierno central estimulados por un cura local. La religiosidad y la desconfianza hacia el poder central seguían siendo, dos décadas después de Ayacucho, factores movilizadores. La memoria de Merchancano, ejecutado tras una amnistía republicana en circunstancias que la tradición local recuerda como traición, alimentó ese ciclo. La región caucana, que incluye a Patía, se consolidó como el principal teatro conflictivo del país desde la Independencia hasta la guerra civil de 1876-77.

La debilidad del adversario y la eficacia de la resistencia

Sería ingenuo atribuir la resistencia del sur únicamente a la coherencia de sus actores. Su eficacia militar prolongada durante más de una década se explica también por la debilidad estructural del bando patriota. El episodio de Nariño lo mostró desde el comienzo: la Patria Boba, con sus soberanías provinciales enfrentadas, era incapaz de concentrar fuerzas suficientes para dominar el sur, y las negativas antioqueñas a poner tropas a órdenes del Precursor son un caso de manual de esa fragilidad. La independencia neogranadina fue un mosaico de proyectos regionales que sólo bajo Bolívar, y a costa de una centralización que muchas provincias resintieron, logró articularse militarmente.

La geografía completó lo que la política no cerraba. El Macizo Colombiano, los desfiladeros del Juanambú, el valle cerrado del Patía, los altiplanos con sus accesos limitados: todo el sur era un territorio que anulaba las ventajas convencionales de un ejército regular y multiplicaba las capacidades de una guerrilla local con conocimiento del terreno. Las 125 personas de la proclama pastusa nunca fueron 125, y los 3000 patriotas de Nariño probablemente tampoco; pero la relación asimétrica que la propaganda dibujaba tenía un núcleo real, y era que la ventaja numérica y logística del bando patriota se disolvía en los pliegues del terreno surandino.

A esto se sumaba una economía de la lealtad que operaba en escalas muy distintas para cada bando. La República necesitaba movilizar recursos, tropas y voluntad política a través de provincias que apenas se reconocían entre sí; el realismo pastuso y patiano se sostenía con lo que había en la parroquia, en el resguardo y en el platanar. La resistencia costaba menos, en términos institucionales, porque descansaba sobre estructuras que ya existían y que no había que inventar.

La resistencia realista popular fue eficaz, entonces, por la combinación de tres factores: su propia racionalidad política y su enraizamiento en protecciones concretas; la fragmentación y la debilidad del proyecto republicano en sus primeros años; y una geografía que convertía cada valle en una fortaleza. Ninguno basta por sí solo para explicarla; los tres juntos la vuelven inteligible.

Lo que dejó

Cuando la Navidad Negra de 1824 cerró el ciclo, el sur andino quedó incorporado a la Gran Colombia por la fuerza más que por la persuasión. La derrota militar fue definitiva; la derrota política, en el sentido de conversión de las poblaciones al proyecto republicano, no ocurrió. Pasto permaneció durante todo el siglo XIX como territorio conservador, ultrarreligioso y desconfiado del poder central, y ese perfil no fue un accidente cultural: fue el sedimento de una historia en que la República se había presentado con las armas y no con instituciones que reemplazaran las que venía a desmontar.

La Colombia liberal del siglo XIX heredó ese conflicto no resuelto. El desmonte del resguardo indígena, iniciado con las reformas de 1850, confirmó las peores anticipaciones de las comunidades pastas de la década de 1820. La guerra de los Supremos, las guerras federales, la guerra de 1876-77 con su fuerte carga religiosa, encontraron en el sur y en el Cauca sus escenarios recurrentes precisamente porque las tensiones abiertas en la independencia no se habían cerrado.

Las poblaciones subalternas del período independentista no fueron masas pasivas manipuladas por curas fanáticos o por oficiales españoles astutos, sino actores políticos con proyectos, cálculos e intereses propios, capaces de leer las promesas de los dos bandos y de elegir con lucidez cuál amenazaba más su forma de vida. Pasto y Patía no defendieron al rey por atraso; defendieron, con las herramientas que tenían, un pacto que funcionaba, contra un proyecto que prometía disolverlo. Que se les recuerde como derrotados corresponde a los hechos; que se les recuerde como equivocados es otra cosa, y esa otra cosa la escribieron los vencedores.