Guerra a muerte

El 15 de junio de 1813, en la ciudad venezolana de Trujillo, Simón Bolívar firmó una proclama que en pocas líneas invertía las reglas de la guerra que se libraba en el norte de Sudamérica. El documento prometía la muerte a todos los españoles y canarios, aunque fuesen indiferentes, y garantizaba a los americanos "inmunidad absoluta en vuestro honor, vida y propiedades", incluso a los que hubieran combatido contra la causa patriota. Con ese trazo, lo que hasta entonces podía leerse como una guerra civil entre súbditos de una misma monarquía se reconfiguró en un conflicto de exterminio definido por el origen. La Guerra a Muerte —así entró al lenguaje— no fue un exabrupto de un caudillo en apuros ni un episodio suelto: fue una institución bélica codificada, con firma, protocolo y copia autenticada, que rigió el pulso de la Independencia entre 1813 y 1820, marcó el vocabulario con que Colombia habría de pensar sus guerras posteriores, y solo se cerró formalmente con el Tratado de Regularización de la Guerra suscrito por Bolívar y Pablo Morillo en noviembre de 1820. Lo que sigue reconstruye ese arco: de dónde vino la proclama, qué pretendía hacer, en qué violencia se hundió, cómo se clausuró y qué sedimentos dejó en la manera colombiana de hacer política por las armas.

La proclama y su gramática

El texto de Trujillo es breve y quirúrgico. Distingue dos poblaciones y les asigna destinos opuestos. A los españoles y canarios les anuncia la muerte, sin importar su conducta previa: la sola pertenencia al grupo basta para hacerlos enemigos. A los americanos se les extiende un perdón que roza lo absurdo: incluye a los traidores más recientes, a los que empuñaron las armas contra la República, a los indiferentes que se habían plegado al gobierno realista. La paradoja es explícita y buscada: se condena al inocente por lo que es, y se absuelve al culpable por lo que también es. La copia conservada del decreto se cierra con la firma de Bolívar y una anotación de "Es copia" seguida por una rúbrica que parece corresponder a Pedro Briceño Méndez, entonces secretario del Libertador.

Bajo esa aparente irracionalidad hay un cálculo político. La proclama intentaba resolver un problema estructural del campo patriota: la difusión de venganzas particulares entre familias, pueblos y provincias que amenazaba con volver la guerra un enjambre de vendettas locales sin frente claro. Al reducir el enemigo legítimo a una minoría demográfica —los españoles europeos, minoría ínfima frente al conjunto de la población americana—, Bolívar buscaba concentrar sobre ellos toda la violencia potencial y neutralizar así la circulación indiscriminada de represalias. Era también un movimiento retórico: rompía la acusación española de que la Independencia sembraba desorden dentro de la "gran familia americana" al redefinir el conflicto como un choque entre esa familia y un cuerpo ajeno, el peninsular. Los que hasta la víspera se habían matado entre sí en nombre de banderías criollas podían, en teoría, reconocerse como hermanos frente al chivo expiatorio designado.

Había además una razón militar más humilde. Los patriotas llegaban a Trujillo en clara inferioridad de armamento, entrenamiento y experiencia frente a las tropas realistas. El terror era un instrumento compensatorio: paralizaría al enemigo, forzaría a los indecisos a definirse, cerraría toda retaguardia posible al invasor. La proclama, leída fríamente, es un manual de guerra asimétrica escrito por quien no puede darse el lujo de la moderación.

Antes de Trujillo: el desastre de la Primera República

El decreto no se explica sin la derrota de 1812. Ese año se hundió la Primera República de Venezuela bajo el empuje del capitán de fragata Domingo de Monteverde, y en la caída pesó de manera decisiva la pérdida de Puerto Cabello, plaza que defendía Bolívar bajo las órdenes de Francisco de Miranda. La rendición de Miranda y su posterior entrega a los españoles dejaron a Bolívar marcado por una herida doble: la militar y la moral. Refugiado en Cartagena de Indias, redactó allí los primeros textos que lo instalarían como estratega político de la causa, entre ellos el Manifiesto de Cartagena, donde diagnosticó las fallas de la República perdida.

De ese exilio productivo salió la Campaña Admirable. El Congreso de la Nueva Granada, presidido por Camilo Torres y con sede en Tunja, autorizó a Bolívar a emprender la liberación de Venezuela. La expedición partió a comienzos de enero de 1813 con unos 800 soldados: cerca de 300 reclutados por José Félix Ribas entre ex-combatientes venezolanos refugiados en Cartagena, y otros 500 aportados por el presidente Manuel Rodríguez Torices bajo el mando de Manuel Castillo. Bolívar remontó el río Magdalena, liberó Ocaña, combatió en Cúcuta y, tras un período de reorganización, cruzó a Venezuela. El 23 de mayo tomó Mérida; el 14 de junio, Trujillo. Al día siguiente firmó el decreto.

Entre Mérida y Trujillo, en la aldea serrana de Mucuchíes, ya habían caído las primeras víctimas de lo que Bolívar llamaría "venganza americana". La proclama no inauguró la práctica: la codificó. Le dio forma jurídica a una violencia que ya estaba desatándose sobre el terreno.

La reciprocidad del terror

Lo que siguió fue rápido y sangriento. Bolívar tomó Niquitao, Barinas y Valencia, y entró en Caracas el 6 de agosto de 1813, instaurando la Segunda República. Pero la lógica que había prometido concentrar la violencia sobre una minoría demostró muy pronto ser incontrolable. Los republicanos fusilaban a cualquiera leal a la Corona; las fuerzas realistas respondían con métodos igualmente brutales, entre ellos el asesinato de mujeres que se negaban a casarse con españoles. Los ríos se volvieron cementerios, los hospitales morgues, los campos apestaban a muerte. La contabilidad de las masacres se hizo imposible; la reciprocidad, automática.

Conviene una precisión. La violencia de exterminio del período no fue producida por el decreto: preexistía en las prácticas de comandantes realistas como Antonio Zuazola, Eusebio Antoñanzas y Francisco Tomás Morales, y en los excesos que ya habían acompañado la campaña de Monteverde. El decreto participó de esa lógica y la elevó a doctrina desde el lado patriota, pero la corriente estructural venía de antes y de más profundo. Antonio Nicolás Briceño, meses antes de Trujillo, había pactado con oficiales suyos una expedición cuyo botín se repartiría en función del número de cabezas de españoles cobradas: la guerra a muerte, en versión salvaje, circulaba antes de que Bolívar le pusiera firma.

El experimento de concentración se rompió, además, por un flanco que la proclama no había previsto: la movilización popular. José Tomás Boves reclutó en los llanos un ejército donde negros, pardos y mestizos —los sectores populares rurales que la República criolla no había sabido incorporar— encontraron una causa, un caudillo y un enemigo. Los llaneros de Boves no combatían por Fernando VII: combatían contra la aristocracia criolla que había hecho la Independencia sin ellos y a menudo contra ellos. La distinción binaria del decreto —españoles contra americanos— se pulverizaba ante una guerra que era también, y quizá sobre todo, de clases y castas. En el verano de 1814, Caracas cayó después de que miles de habitantes huyeran aterrorizados ante el avance de Boves. La Segunda República se hundió en el otoño de ese año. En mayo de 1815, Bolívar, incapaz de sostenerse ya ni en Nueva Granada, marchó al exilio y terminó llegando a Jamaica.

Una guerra civil dentro de la guerra

Mientras esto ocurría al oriente, la Nueva Granada libraba su propia guerra dentro de la guerra. Entre 1811 y 1815, los dirigentes criollos se enfrentaron con las armas en al menos dos episodios de guerra civil, divididos entre centralistas —con base en Cundinamarca— y federalistas, agrupados en las Provincias Unidas cuyo Congreso presidía Camilo Torres. En 1811, Antonio Nariño dio el primer golpe de Estado del territorio, derribando con apoyo militar el gobierno de Jorge Tadeo Lozano. Renunció en agosto de 1812 en un gesto de pacificación, dejando en su lugar a Manuel Benito de Castro, pero volvió al mando cuando Antonio Baraya, al frente de las fuerzas federalistas de Tunja, exigió la rendición de Bogotá. Una segunda guerra civil cerró el ciclo el 12 de diciembre de 1814, cuando las tropas federalistas atacaron la capital y forzaron la renuncia de Manuel Bernardo Álvarez. Bolívar intentó sin éxito evitar ese enfrentamiento.

En Venezuela, la fragmentación tenía otro rostro. Las provincias orientales —Cumaná, Barcelona y Margarita— reconocían como jefe a Santiago Mariño, no a Bolívar. Mariño proponía una división geográfica de responsabilidades y condicionaba el envío de refuerzos hacia el occidente a la aceptación de sus términos. Bolívar apresuró su entrada a Caracas en agosto de 1813 precisamente para llegar antes que Mariño. La cooperación militar unificada nunca cuajó.

Este cuadro importa para entender la Guerra a Muerte. La proclama de Trujillo no cayó sobre un campo patriota homogéneo que ella habría envenenado: cayó sobre un campo ya escindido por rivalidades personales, regionales e ideológicas, en el que las lealtades locales pesaban más que la causa común. Cuando el ejército expedicionario español llegó en 1815, encontró un territorio dividido, financieramente exhausto, incapaz de sostener ejércitos regulares porque la debilidad de su legitimidad política le impedía imponer cargas fiscales ordenadas y lo forzaba al pillaje y la contribución forzosa —expedientes que a su vez minaban su respaldo popular. La Guerra a Muerte fue tanto síntoma como causa de esa espiral: intentó, sin lograrlo, imponer una unidad por sustracción de un enemigo común, cuando la fragmentación era ya endémica.

Morillo y el reverso español del exterminio

Pablo Morillo desembarcó en las costas del norte de Sudamérica en 1815, al mando del más numeroso ejército expedicionario que Fernando VII envió al continente. Su misión era pacificar; sus métodos, la reciprocidad exacta de la Guerra a Muerte. Cartagena cayó el 6 de diciembre de 1815 tras un asedio de ciento dos días en el que se calcula que murió aproximadamente la tercera parte de la población de la ciudad a causa del hambre y las epidemias. Durante su marcha hacia el interior, Morillo hizo ahorcar a varios patriotas en Mompós y ordenó decapitar el cadáver del teniente coronel Fernando Carabaño, colocando su cabeza en un palo, gesto de escarmiento cuidadosamente documentado.

Instalado en Santafé, organizó un aparato represivo compuesto por consejos de guerra, el Consejo de Purificación y la Junta de Secuestros. Este último órgano confiscaba los bienes de los insurgentes para financiar la campaña de pacificación —una economía política del terror. En 1816 cayeron ante los pelotones de fusilamiento la mayoría de los líderes independentistas neogranadinos: Camilo Torres, Francisco José de Caldas, Jorge Tadeo Lozano, José María Carbonell. La represión se prolongó más allá de ese año; el caso más célebre es el fusilamiento en 1817 de Policarpa Salavarrieta.

Morillo fue cruel por sistema. La expresión importa: no se trataba de excesos individuales sino de una política deliberada, tan codificada en su lado como el decreto de Trujillo lo había sido en el suyo. Pero la política tuvo un efecto contrario al buscado. Sectores de la población que al principio simpatizaban con la Corona porque añoraban el orden colonial pasaron a la animadversión abierta. La represión empujó a la población hacia las guerrillas y obligó a los independentistas a unificar esfuerzos hasta entonces dispersos, a buscar el apoyo de sectores medios que antes se habían mantenido al margen y a hacer concesiones al pueblo llano. Las noticias de los métodos de Morillo cruzaron el Atlántico y se engarzaron en el imaginario ya montado de la leyenda negra española en Gran Bretaña y Estados Unidos, lo que abrió canales de apoyo monetario y logístico externo a la causa patriota. La reconquista se completó militarmente en los primeros días de octubre de 1816, pero contenía ya la semilla de su propia derrota política.

La doctrina bajo el terror

Es fácil, ante el catálogo de masacres, olvidar que este período fue también uno de intensa producción doctrinaria. Los criollos no hacían la guerra sin argumentarla. Al comienzo del proceso, entre 1810 y 1811, la argumentación se apoyó en los derechos del rey de España cautivo y en las tradiciones constitucionales españolas: se combatía en nombre del monarca legítimo contra las juntas espurias. Cuando el marco monárquico se estrechó, los criollos revivieron el argumento medieval del derecho a la rebelión y al uso de las armas contra la tiranía, argumento cuya formulación más influyente en la tradición hispana venía del jesuita Francisco Suárez, quien en el siglo XVII había sostenido que la soberanía radica en la comunidad de ciudadanos por disposición divina y que los poderes de los gobernantes emanan de un contrato revocable por los súbditos, justificando expresamente el derecho de rebelión y el tiranicidio.

Al argumento escolástico se sumó, ya avanzada la guerra, una vertiente ilustrada: la del derecho humano a la insurrección. En 1820, El Correo del Orinoco publicó en su número 92 un texto titulado La gramática de la insurrección, de autoría incierta —probablemente de un escritor chileno—, que condensaba esa segunda vertiente. El texto tendría una larga posteridad: en 2011, las FARC lo citaron atribuyéndolo a Bolívar como sostén de la legitimidad de la rebelión armada, señal de que el arsenal doctrinario del período independentista siguió activo mucho después.

Los criollos se pensaban a sí mismos como beligerantes legítimos y no como delincuentes. Al menos en la Nueva Granada intentaron, con desigual fortuna, respetar las leyes de la guerra y presentarse como tales. La corona española, coherente con su definición del conflicto, se negó a reconocerles ese estatuto: para Fernando VII eran rebeldes, súbditos alzados en armas, no un poder beligerante. Esa asimetría de reconocimiento tuvo consecuencias prácticas. Si el enemigo no era beligerante sino criminal, no había prisioneros de guerra sino reos; no había canje sino ejecución; no había armisticios sino sometimientos. La Guerra a Muerte, leída en este marco, es la respuesta simétrica del bando criollo: si el otro nos niega la condición de beligerantes, nosotros le negaremos la condición humana. La escalada era, en cierto modo, jurídica antes que moral.

Bolívar y Nariño fueron conscientes de esta economía de legitimidades. Sabían que la política de la guerra —la construcción de reconocimiento internacional, la búsqueda de apoyo interno— tenía exigencias que no siempre coincidían con la moral de la guerra. El asedio de Pasto y otras operaciones sobre poblaciones civiles muestran que esa conciencia no siempre se tradujo en conducta acorde. La ambigüedad recorre todo el período.

Trujillo, otra vez: el armisticio y la regularización

La clausura formal de la Guerra a Muerte ocurrió también en Trujillo, siete años y cinco meses después de la proclama. El 21 de noviembre de 1820, Bolívar —ahora presidente de la República de Colombia proclamada en Angostura en diciembre de 1819— y Pablo Morillo firmaron el Armisticio de Trujillo, que suspendió las operaciones militares, incluyendo el sitio de Cartagena, por más de cuatro meses. Cinco días después, el 26 de noviembre, ambos suscribieron el Tratado de Regularización de la Guerra, presentado por sus contemporáneos y por buena parte de la historiografía posterior como el primer instrumento de su género en la historia de la humanidad.

El tratado contemplaba el canje obligatorio de prisioneros de guerra e incorporaba principios que hoy se reconocen como núcleo del derecho humanitario: trato respetuoso a los prisioneros, asistencia a heridos y enfermos, respeto a la población civil. La entrevista personal entre Bolívar y Morillo en la aldea de Santa Ana, tras la firma, se convirtió en icono del período: los dos jefes que habían encarnado el terror recíproco se abrazaban en un gesto de reconocimiento mutuo como beligerantes. Antonio José de Sucre participó en la comunicación del armisticio hacia la región de Pasto y Quito, extendiendo su alcance geográfico. El tratado fue leído por sus firmantes como una recuperación de la humanidad tras el ciclo de crueldades atribuidas sobre todo a Boves y Morales.

La significación jurídica del tratado excede su contenido inmediato. Al reconocer al adversario como beligerante legítimo, la corona española —a través de su general en el terreno— aceptaba de hecho lo que en el discurso oficial seguía negando: que la guerra americana no era una insurrección criminal sino un conflicto entre partes con derechos y deberes recíprocos. Ese reconocimiento tácito abrió el camino de las negociaciones posteriores. Que el tratado se firmara justo cuando Morillo se preparaba para dejar el mando y regresar a España añade una capa de ambigüedad: fue tanto un gesto de humanidad como una operación política.

Ecos: la gramática de la guerra en el siglo XIX colombiano

La Guerra a Muerte dejó dos sedimentos aparentemente opuestos que atravesaron el siglo XIX colombiano y siguieron dialogando entre sí. Por un lado, la posibilidad —dada, exhibida, practicada— de tratar al enemigo interno como enemigo exterminable, cancelando las convenciones que regulan la guerra entre pares. Por otro, la conciencia de que esa cancelación era desastrosa y de que la guerra debía someterse a normas, conciencia cristalizada en el Tratado de 1820.

El siglo XIX colombiano se movió en la tensión entre esos dos polos. Las guerras civiles se sucedieron con regularidad casi litúrgica entre 1828 y 1902: la Guerra de los Supremos (1839-1841), la revolución de Tomás Cipriano de Mosquera (1859-1862), la Guerra de los Mil Días (1899-1902), entre otras varias del mismo rango nacional, además de innumerables conflictos regionales. En muchas de ellas resurgió el impulso regularizador. Durante la guerra de 1860-1861 entre los rebeldes liberales de Mosquera y el gobierno conservador de Mariano Ospina Rodríguez se suscribieron el Pacto de Chinchiná, la Esponsión de Manizales y el Armisticio de Chaguaní, documentos que pueden leerse como descendientes directos del Tratado de 1820 en su preocupación por convertir la guerra en una lucha reglamentada.

La expresión jurídica más alta de ese impulso fue la Constitución de Rionegro de 1863, que incorporó el derecho de gentes como regulador de los conflictos interiores de la nación —una operación conceptual notable, porque el derecho de gentes había sido pensado tradicionalmente para las relaciones entre estados soberanos, no para las guerras dentro de un mismo estado. Colombia forzó la doctrina para adaptarla a su realidad, que era la de una república que hacía la guerra a sí misma con regularidad. La Constitución de 1886, en el marco de la Regeneración, extirpó ese artículo y reservó el derecho de gentes exclusivamente a las relaciones con otros estados. La operación no fue neutra: reconocer que las guerras internas se regulaban por el derecho de gentes era reconocer implícitamente al adversario interno como beligerante, algo que la nueva doctrina de orden centralista no podía permitirse.

La clausura definitiva de esa vía llegó tras la Guerra de los Mil Días. La doctrina jurídica dominante en los primeros años del siglo XX cerró toda posibilidad al reconocimiento del carácter político de la rebelión armada, criminalizando al rebelde y equiparándolo con el delincuente común. La simetría con la posición fernandina de un siglo atrás es notable: Colombia terminó adoptando internamente el criterio que sus fundadores habían combatido contra España. Entre 1903 y 1946, cuarenta y tres años, el país no vivió guerras civiles de nivel nacional. La coincidencia temporal con la vigencia de la doctrina criminalizadora es sugerente, aunque no autoriza predicar causalidad directa: la paz de aquellos años se apoyó en un pacto oligárquico más amplio que la sola política penal.

Una lectura del sedimento

Las guerras civiles colombianas del siglo XIX fueron, con excepciones notables como la de los artesanos en 1854, formas de reproducción de las élites y sus partidos, más que cimientos de un nuevo orden social. Empresas colectivas de destrucción, se ha dicho, y no fundamentos de un orden. Pero precisamente por su carácter destructivo y mortífero suscitaron una y otra vez la preocupación por reglamentarlas, por acotar su barbarie mediante pactos, esponsiones y armisticios que remiten, en última instancia, al gesto de Trujillo de 1820.

La Independencia produjo dos legados simétricos. Uno: la posibilidad codificada del exterminio del enemigo interno, con firma, texto y protocolo, útil como recurso táctico en momentos de inferioridad militar o como movilizador político frente a un adversario deshumanizado. Otro: la conciencia jurídica de que la guerra entre miembros de una misma comunidad política —aunque se los defina como españoles y americanos, o como liberales y conservadores— debe someterse a reglas que preserven un mínimo humano. Colombia heredó ambos y osciló entre ellos durante todo el siglo XIX y buena parte del XX.

La historiografía nacionalista del período republicano tendió a presentar las guerras de Independencia como racionales, honorables y épicas, minimizando la violencia bárbara y arbitraria que también las acompañó. La operación era comprensible: un país necesita mitos fundacionales limpios. Pero la Guerra a Muerte estuvo ahí desde el principio, con su gramática precisa de exterminio étnico-nacional aplicada dentro de lo que hasta la víspera había sido una misma comunidad política. Reconocerla no diluye la Independencia; la sitúa en su textura verdadera, que es la de un proceso donde la fundación de la libertad y la codificación del terror ocurrieron simultáneamente, firmadas a veces por la misma mano.

Que en Colombia la política se haya inventado desde la guerra —que las identidades partidistas, la construcción del territorio, las constituciones y los intentos de secularización hayan sido fruto de guerras civiles antes que de procesos institucionales autónomos— es una singularidad que este país comparte con pocos otros del continente. La proclama de Trujillo de 1813 y el tratado de Trujillo de 1820 son los dos extremos de esa singularidad en su forma más pura: la guerra como lugar del que nace la ley, y la ley como intento, siempre precario, de contener la guerra que la engendró.