Pastor Alape

Un cuadro del Magdalena Medio

Alape es hijo del Magdalena Medio, una región cuya biografía política pesa tanto en la suya como la propia. La franja central del país, entre las cordilleras Oriental y Central, articula municipios de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cesar, Magdalena y Santander a lo largo de unos 386 kilómetros del río. Colonizada desde el siglo XIX por oleadas campesinas —hacia 1920-1930 el sector santandereano sumaba cerca de 100.000 habitantes—, quedó marcada por conflictos por la tierra que el Estado nunca resolvió: su presencia se redujo al ámbito militar y dejó un vacío jurisdiccional que las organizaciones irregulares ocuparon primero como árbitros de disputas agrarias y luego como poderes territoriales en propiedad.

La movilización social del Magdalena Medio se desplegó, además, casi enteramente al margen del bipartidismo tradicional —con la excepción de La Dorada y Puerto Salgar—, y esa autonomía política le dio a la región una identidad marcada por el conflicto social antes que por la afiliación partidista. En los años ochenta, coincidiendo con las conversaciones del gobierno de Belisario Betancur, brotaron alternativas políticas locales —el FILA en 1978, el FAM en 1984, la Unión Patriótica en 1985, el Frente Popular— que integraron a pescadores, obreros, mineros, campesinos, maestros y mujeres organizadas en asambleas populares. Ese fue el ecosistema en el que se formó Pastor Alape: no la guerrilla mítica de las selvas del sur, sino una insurgencia enclavada en una región de agroindustria, petróleo, ríos navegables, pesca y minería, disputada palmo a palmo con paramilitares desde los años ochenta.

Nacido en 1959, Alape se incorporó a las FARC muy joven y ascendió dentro de una estructura ya formalizada. Para 1982 las FARC-EP contaban con estado mayor general, código militar, escuela de formación y programa político; los años siguientes, con la Séptima Conferencia —que agregó el "Ejército del Pueblo" al nombre y planteó una transformación político-militar de fondo—, consolidaron una organización jerárquica descendente: Comandante en Jefe del Estado Mayor Central, Secretariado, siete bloques de al menos cinco frentes cada uno, estados mayores de frente, frentes, columnas, compañías, guerrillas y escuadras de unos doce combatientes. En esa arquitectura, el Bloque era el nivel intermedio que coordinaba varios frentes en una región y respondía al Secretariado. Alape hizo carrera en el Bloque Magdalena Medio hasta comandarlo, cargo desde el cual gestionó la guerra —con toda su carga de responsabilidades sobre acciones armadas, secuestros, extorsiones y confrontación con paramilitares y fuerza pública— en una de las regiones más disputadas del país.

Del terreno al Secretariado

El ascenso de Alape a la cúpula nacional se produjo en un momento de reordenamiento interno de las FARC-EP. Tras la muerte de Efraín Guzmán en 2003, la organización reformó su estructura: amplió el Estado Mayor Central a 31 integrantes y elevó el Secretariado de siete a nueve miembros, incorporando entonces a Iván Ríos. Ese ensanchamiento del alto mando —producido, notablemente, fuera de una conferencia guerrillera, por decisión del propio mando ante circunstancias internas— muestra que las FARC recurrían a las conferencias para redefiniciones estratégicas grandes, pero también podían reconfigurar la cúpula por vía interna cuando la coyuntura lo imponía.

El segundo momento decisivo llegó con la muerte de Manuel Marulanda Vélez, "Tirofijo", por falla cardíaca —no en combate, como intentó sostener por un tiempo la propaganda oficial—. El Secretariado acordó unánimemente que Alfonso Cano encabezara la organización como nuevo comandante del Estado Mayor Central. En esa misma reorganización, Pablo Catatumbo ingresó como miembro pleno del Secretariado, mientras que Bertulfo Álvarez y Pastor Alape fueron designados suplentes. La distinción entre integrante pleno y suplente no era menor: instalaba una jerarquía dentro de la propia cúpula, una franja de mandos con voz y participación pero sin la misma plenitud decisoria. Alape se ubicaba, entonces, en el escalón inmediatamente inferior a los históricos, pero dentro del núcleo duro. Esa posición —construida a lo largo de dos décadas en el terreno, sancionada por el mecanismo formal de sucesión— sería la base de todo lo que vendría después.

Que el ascenso ocurriera por mecanismos internos acordados, y no por imposición ni por vacío, importa para leer su rol posterior. Alape no fue un improvisado ni un delegado técnico: llegó al Secretariado con legitimidad orgánica y con la autoridad que da haber comandado un bloque en guerra. Esa legitimidad sería, más tarde, su principal activo cuando le correspondiera pedir a sus subordinados que entregaran las armas y creyeran en un Estado con el que llevaban décadas peleando.

La Habana: negociador de segundo círculo, mando de primera línea

La mesa de negociaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP se instaló formalmente en Oslo el 18 de octubre de 2012 y comenzó a funcionar el 19 de noviembre de ese mismo año en La Habana, donde permaneció hasta el cierre del proceso. El equipo inicial de las FARC lo componían Iván Márquez, Jesús Santrich, Andrés París, Marco León Calarcá y Rodrigo Granda, entre otros. Pastor Alape no figuró en ese primer círculo mediático, pero se integró como uno de los negociadores relevantes de la organización, junto con Mauricio Jaramillo, Joaquín Gómez, Carlos Antonio Lozada y Pablo Catatumbo.

Su incorporación respondió a una estrategia deliberada de Rodrigo Londoño, "Timochenko", como comandante en jefe: casi todos los miembros del Secretariado terminaron cumpliendo el papel de negociadores, y decenas de otros jefes guerrilleros se alternaron en subcomisiones o como equipo de apoyo. Nombres como Bernardo Salcedo, Rubén Zamora, Hermes Aguilar, Olmedo Ruiz, Jairo Quintero, Benkos Biohó, Sergio Marín y el Sargento Pascuas rotaron por La Habana. La lógica era doble: aprovechar el conocimiento territorial de cada mando para las discusiones específicas —sustitución de cultivos, reforma rural, reincorporación, víctimas— y, sobre todo, involucrar a la estructura media de la guerrilla en el proceso para prevenir disidencias. Un acuerdo firmado únicamente por el círculo mediático corría el riesgo de ser desconocido por los bloques territoriales; un acuerdo en cuya construcción habían participado los comandantes de esos bloques, en cambio, quedaba amarrado hacia adentro.

Alape encarnó esa lógica con particular claridad. Su peso en el Magdalena Medio y sus años en el Secretariado como suplente le daban interlocución directa con las estructuras que debían implementar lo pactado. Su presencia en La Habana no fue la de una estrella negociadora al modo de Márquez. Fue la de un cuadro que traducía los acuerdos al lenguaje de los comandantes territoriales, los mismos que después tendrían que ejecutarlos. Sería miope, sin embargo, reducir esa función a la de mero puente: Alape participó en la formulación sustantiva de asuntos que serían centrales después, en particular los referidos a reincorporación y reconocimiento de responsabilidades, dos ejes en los que su nombre reaparecería con insistencia en los años siguientes.

Apartadó, 30 de septiembre de 2016

El giro más visible de Alape hacia el terreno de la responsabilidad pública ocurrió pocos días antes del plebiscito. El 30 de septiembre de 2016, en el colegio San Pedro Claver de Apartadó, ante más de 500 personas, Iván Márquez y Pastor Alape encabezaron un acto público de perdón dirigido a las víctimas de la masacre de La Chinita, cometida por las FARC en ese barrio de Apartadó en 1994. Fue uno de los primeros actos formales de reconocimiento colectivo de responsabilidad por parte de comandantes de las FARC, y llegó en un momento cargado: Colombia votaría el 2 de octubre el plebiscito con el que se pretendía refrendar lo acordado en La Habana.

El acto no fue improvisado. Estuvo precedido por tres encuentros entre víctimas y comandantes, el primero de ellos con carácter de reclamo directo. En esos encuentros los representantes de las FARC afirmaron no haber sido los autores materiales de la masacre, pero señalaron que respondían por ella en tanto había sido perpetrada por la organización. Esa distinción —entre autoría material y responsabilidad orgánica— es la misma matriz que después estructuraría los reconocimientos de macrocaso ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Luz Estela Flores, una de las voceras de las víctimas, recordó en el acto que quedaron más de 17 mujeres viudas desamparadas por la masacre. El Tiempo cubrió el encuentro con un titular significativo: "Víctimas de La Chinita ven sinceridad en el perdón de las Farc".

Que Alape fuera uno de los rostros de ese acto no es casual. Su perfil —mando duro, con años de guerra encima, con autoridad ante la base guerrillera— daba peso a un gesto que, hecho por figuras periféricas, habría sonado a formalidad. Apartadó fue el ensayo público de la transición que Alape encarnaría los años siguientes: reconocer para transitar, en lugar de negar para preservar.

El plebiscito, la X Conferencia y la refrendación en el Teatro Colón

Los dos meses siguientes a Apartadó concentran, en un lapso brevísimo, el pulso del proceso. La Ley 1806 que reguló el plebiscito había sido sancionada el 24 de agosto de 2016, fijando el umbral aprobatorio en más del 13% del censo electoral —al menos 4.536.992 votos por el Sí— y en superar al No. Entre el 17 y el 23 de septiembre de 2016, las FARC-EP celebraron su X Conferencia Nacional Guerrillera en los Llanos del Yarí, el máximo nivel de dirección de la organización, donde se ratificó el Acuerdo y se selló, orgánicamente, el paso al desarme. Una semana después, el acto de Apartadó. El 2 de octubre, la votación.

El plebiscito fue derrotado. En el Eje Cafetero, el rechazo superó el promedio nacional: 60,13% en Quindío, 57,9% en Caldas, 55,69% en Risaralda. La derrota no fue solo aritmética: fue política y comunicativa. Juan Carlos Vélez, gerente de la campaña del No, admitió tras la votación que la estrategia buscó indignar al electorado más que discutir el texto, y que se recurrió a mensajes segmentados y distorsiones deliberadas de los contenidos del Acuerdo. El país que en las encuestas había apoyado el acuerdo terminó desmovilizándose o votándolo en contra por razones que, en muchos casos, no correspondían al texto real.

La respuesta no fue el colapso sino la renegociación. Un texto revisado se firmó el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá y fue ratificado por el Congreso. Para Alape y el resto del Secretariado, la derrota del plebiscito significó que la transición debía hacerse en un país partido por la mitad respecto al acuerdo mismo, con una oposición política que llegaría al poder dos años después con Iván Duque. Ese contexto —un Acuerdo firmado pero políticamente contestado desde el primer día— condicionaría todo el trabajo posterior de Alape como gestor de la reincorporación.

Reincorporación: el oficio de la posguerra

Firmado el Acuerdo, se crearon 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en distintas zonas del país, con el objeto de facilitar las primeras fases de adaptación de los antiguos combatientes a la vida civil. En esos espacios se concentraron los desmovilizados durante el proceso de dejación de armas, y desde ellos se articularon después los proyectos productivos, los procesos de formación y las rutas de reincorporación individual y colectiva.

Alape ocupó el papel central que su trayectoria anunciaba. Se convirtió en interlocutor visible del proceso frente al gobierno, primero con la administración Santos y luego —en condiciones mucho más adversas— con la de Duque, cuyo consejero para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, condujo la política pública en un marco de tensión permanente. Alape recorrió los ETCR, visitó los proyectos productivos, asistió a los actos de reconocimiento, dialogó con las víctimas y sostuvo la interlocución con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, con la ONU, con la Misión de Verificación, con la Jurisdicción Especial para la Paz. El comandante del Bloque Magdalena Medio pasó a ser, en cuestión de meses, un funcionario de facto de la paz.

Los resultados agregados dan cuenta de un proceso que, en su núcleo, se mantuvo: más del 90% de quienes se desmovilizaron y entregaron sus armas continuaron en el proceso de paz. Las FARC-EP se transformaron en partido político —Comunes, tras un cambio de denominación desde el original nombre que preservaba las siglas— y no se registró una disidencia de carácter propiamente político. Hubo, sí, una excepción importante en un sector del Frente 1, encabezado por "Gentil Duarte", y luego el rearme de figuras como Iván Márquez y Jesús Santrich, que a partir de 2019 anunciaron el retorno a las armas y conformaron estructuras armadas al margen del Acuerdo. Pero esas rupturas no arrastraron al grueso de la organización desmovilizada.

Sostener ese 90% no fue trivial. En las zonas donde operaban las FARC-EP surgieron o se fortalecieron disidencias, grupos paramilitares de nueva generación, el ELN y estructuras del narcotráfico, generando un entorno de violencia sistemática contra líderes sociales y excombatientes. La respuesta institucional a esa violencia fue insuficiente. Desde la firma del Acuerdo en 2016 hasta octubre de 2021, cerca de 292 excombatientes de las FARC-EP en proceso de reincorporación habían sido asesinados; otras estimaciones elevaban la cifra por encima de 300 en el mismo período.

Las causas del asesinato de firmantes están documentadas y son, en buena medida, políticas. Las disidencias persiguieron a excombatientes por dos razones principales: su participación en programas de sustitución de cultivos ilícitos —el PNIS—, que las disidencias perciben como un obstáculo para sus intereses económicos, y su oposición al reclutamiento forzado o a retomar las armas. Entre 2016 y 2020 fueron asesinados 113 líderes sociales en Putumayo, Caquetá y Guaviare, muchos de ellos promotores o firmantes del PNIS. El expresidente César Gaviria señaló, además, que una parte de esa violencia se explicaría por los conflictos agrarios no resueltos y por la no incorporación de "terceros civiles" a la justicia transicional, factores estructurales que ningún gestor individual del proceso podía neutralizar.

Es ese el marco en el que hay que leer el trabajo de Alape en el posacuerdo. Su presencia constante en los ETCR, sus declaraciones a los medios cada vez que caía un firmante, su interlocución con la Unidad Nacional de Protección, con la Fiscalía y con la fuerza pública no fueron un juego de imagen: fueron el único vínculo real que muchos excombatientes tenían con una interlocución de alto nivel que denunciara y visibilizara la sangría. La reincorporación adquirió, en escenarios urbanos como Bogotá, dimensiones de crisis humanitaria cuando confluyeron miles de desplazados y desmovilizados con trayectorias y expectativas radicalmente distintas.

La JEP y el trabajo de la verdad

Paralelamente al oficio de la reincorporación, Alape se convirtió en una de las figuras centrales de la comparecencia de las FARC-EP ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, compuesto por la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Como antiguo miembro del Secretariado, quedó incluido entre los máximos responsables llamados a rendir cuentas en los grandes macrocasos abiertos por la JEP, especialmente el que investiga los secuestros cometidos por las FARC.

Su comparecencia siguió la línea inaugurada en Apartadó: reconocer la responsabilidad orgánica, aportar verdad, participar en actos de contrición. Los reconocimientos colectivos de los antiguos miembros del Secretariado —Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Julián Gallo (antes Carlos Antonio Lozada), Rodrigo Granda, Pastor Alape, entre otros— constituyen uno de los ejercicios de justicia transicional más significativos del país. La Comisión de la Verdad, en su informe final entregado en 2022, reconoció además que la implementación del Acuerdo dio lugar a nuevas dinámicas del conflicto armado en el posacuerdo, un reconocimiento institucional del hecho de que la paz firmada no equivalió a la paz alcanzada.

En este terreno la figura de Alape adquiere su matiz más difícil. La distancia entre el comandante que ordenó y participó en operaciones armadas del Bloque Magdalena Medio durante décadas y el gestor que hoy pide perdón a las víctimas es la misma distancia que exige la justicia transicional: no cancela el pasado, lo somete a una economía distinta de reconocimiento y sanción propia. La JEP no absuelve; sanciona con restricciones efectivas de derechos a cambio de verdad plena, reparación y garantías de no repetición. Alape se movió en ese marco, no fuera de él.

Interlocuciones

Dentro de las FARC-EP, la cadena de mando de Alape lo vinculó primero con Manuel Marulanda Vélez y con Jorge Briceño, "Mono Jojoy", como referentes históricos, y después, en el Secretariado ampliado, con Alfonso Cano y con la generación que lo acompañaría hasta el final del proceso: Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada, Joaquín Gómez, Rodrigo Granda. Su ruptura con Iván Márquez y Jesús Santrich, que en 2019 volvieron a las armas, marcó una divisoria clara: Alape se quedó del lado de la implementación.

Frente al Estado cruzó tres gobiernos. Con Santos cerró la negociación e inauguró la implementación. Con Duque sostuvo la reincorporación en condiciones de hostilidad política, en medio del ascenso de las disidencias y de la violencia contra firmantes. Con Gustavo Petro —primer presidente colombiano proveniente de la izquierda armada de los años ochenta— entró en una nueva fase en la que la reincorporación se articula con la Paz Total y con nuevas mesas de diálogo con el ELN y con las disidencias, un escenario en el que su rol muta hacia el de asesor y garante de un proceso que ya no es únicamente el suyo. Al mismo tiempo, sostuvo interlocución con los ETCR de Mesetas, Icononzo, Anorí y el Sur de Bolívar, con las Naciones Unidas, con las víctimas organizadas —desde La Chinita hasta las asociaciones de familiares de secuestrados— y con los medios que cubren cada aniversario del Acuerdo con un balance en el que su nombre reaparece.

Alape en la biografía del país

Que Alape sea hoy una figura reconocible del posacuerdo colombiano no obedece al brillo personal ni al carisma mediático. Obedece a una acumulación: la del cuadro territorial que subió hasta el Secretariado por vías orgánicas, la del negociador de segundo círculo que participó en la construcción sustantiva del Acuerdo, la del comandante que se plantó en Apartadó a reconocer responsabilidades cuando aún no era popular hacerlo, la del gestor que sostuvo la reincorporación en cinco años en los que asesinaron a casi 300 de sus compañeros firmantes.

Esa acumulación conviene leerla sin inflarla. La tesis de que su liderazgo individual explicaría el sostenimiento del 90% del proceso desmovilizado no resiste el contraste con el material: la persistencia de la reincorporación se debe también, y probablemente en mayor medida, a factores estructurales —la arquitectura del Acuerdo, la vigilancia internacional, la existencia misma de los ETCR, el trabajo cotidiano de miles de firmantes anónimos— que ningún gestor podía monopolizar. Al mismo tiempo, la lectura contraria —según la cual Alape sería una figura decorativa producto de la ingeniería organizacional de Timochenko— tampoco se sostiene: sin cuadros con legitimidad interna probada, la traducción de los acuerdos a los territorios habría fallado, como fallaron otros procesos históricos precisamente por no tener quién hiciera ese trabajo de puente.

Alape encarna la transición pero no la determina. Su figura permite leer las tensiones reales del posacuerdo colombiano: el pragmatismo estatal que exige rendición de cuentas sin garantizar seguridad efectiva, el pulso entre una implementación institucional lenta y una violencia territorial acelerada, la coexistencia de una JEP que avanza con una realidad de campo donde matan a firmantes por sustituir coca. Y permite leer, también, el fraccionamiento interno de las FARC no como anomalía sino como resultado previsible de un proceso que puso a cada mando ante la disyuntiva de sostener el Acuerdo o abandonarlo: Márquez y Santrich lo abandonaron, Alape se quedó, y en esa elección —con todas las consecuencias que arrastra— reside una parte del significado histórico que su nombre ya tiene.

A más de una década del arranque de La Habana, y con la Paz Total del gobierno Petro reconfigurando el mapa, la posición de Alape se ha decantado hacia un rol de mando civil consolidado del partido Comunes y de veterano de un proceso que sigue en marcha. Su biografía continúa —los procesos ante la JEP siguen abiertos, la reincorporación sigue exigiendo interlocución, la violencia contra firmantes no ha cesado— pero su lugar en la historia reciente del país ya está fijado. Es el cuadro del Magdalena Medio que llegó al Secretariado, se sentó en La Habana, pidió perdón en Apartadó, sostuvo la reincorporación en su tramo más duro y compareció ante la justicia transicional sin romper con ella. Esa secuencia, escrita en el lenguaje seco de los hechos, es el capital histórico con el que su nombre entra al archivo de la Colombia posacuerdo.