Victoria Sandino

La semblanza

Victoria Sandino es un personaje construido en cuatro tiempos. Primero, la joven caribeña que se incorpora a las filas de las FARC-EP en un período en que la guerrilla gozaba de una aureola victoriosa y una convicción de inminencia revolucionaria. Después, la comandante que asciende dentro de una estructura donde son pocas las mujeres que logran escalar posiciones de mando, pese a que ellas llegaron a representar cerca del 30% de los combatientes, frente a un porcentaje inferior al 20% en los años setenta. Más tarde, la plenipotenciaria que participa en la mesa de La Habana entre 2013 y 2016 y que, junto con otras delegadas, articula con la sociedad civil feminista la creación de una subcomisión de género sin precedentes. Y finalmente, la senadora de Comunes que ocupa una de las diez curules asignadas al nuevo partido para el período 2018-2022, encargada de vigilar en el Legislativo la implementación de lo pactado.

Su centralidad no proviene de un liderazgo militar espectacular ni de un peso previo en el Secretariado —el núcleo duro de mando lo integraban hombres como Iván Márquez, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda, Joaquín Gómez o Carlos Antonio Lozada—, sino del lugar peculiar que ocupó cuando las mujeres de las FARC en la mesa, consideradas marginales al inicio del proceso, encontraron en las redes feministas colombianas un interlocutor que las reposicionó. En ese cruce, Sandino se volvió indispensable.

Comprender su figura exige, además, aceptar de entrada una advertencia: ninguna de las lecturas fáciles que circulan sobre ella —heroína de la paz, comandante reciclada, feminista tardía— alcanza a describirla. Fue mando militar en una guerra prolongada, negociadora reconocida en un proceso internacional y, después, legisladora electa en el Congreso de un país en el que su firma antes valía como orden de captura. Cada uno de esos tiempos deja una capa de sentido que se superpone sobre las demás sin borrarlas.

De la Costa Caribe a la militancia armada

La biografía verificable de Judith Simanca antes de la insurgencia es escueta y coincide, en sus trazos gruesos, con la de otras jóvenes que se sumaron a las guerrillas colombianas entre los años ochenta y noventa. Provenía del Caribe colombiano, región donde las FARC-EP mantenían frentes en zonas rurales de los Montes de María y de los departamentos de Sucre, Bolívar y Córdoba, con presencia también en el sur de Bolívar y el Magdalena Medio. Adoptó, como era práctica común en la organización, un alias compuesto —Victoria Sandino Palmera— que evocaba referencias del sandinismo nicaragüense y de la iconografía revolucionaria latinoamericana, y que terminó imponiéndose sobre su nombre civil incluso después de la firma del Acuerdo.

Su vinculación se enmarca en un patrón generacional: jóvenes, hombres y mujeres, que ingresaron motivados por convicciones políticas y por la percepción de que la revolución era inevitable e inminente. Las mujeres de esa cohorte encontraron en las FARC una organización que sostenía —al menos en su discurso oficial— un principio de igualdad estatutaria entre hombres y mujeres, con un reconocimiento normativo y una práctica de convivencia entre compañeros y compañeras en igualdad de deberes y derechos. Ese discurso funcionaba como parte del adoctrinamiento ideológico y contrastaba con la casi total ausencia de un discurso equivalente en los grupos paramilitares, donde apenas cerca del 6% de los desmovilizados colectivamente entre 2003 y 2006 eran mujeres.

Sandino ascendió a posiciones intermedias de mando dentro de esa estructura. Su itinerario interno, propio de una organización clandestina, dejó pocas huellas verificables antes de La Habana; se sabe, sin embargo, que la ascensión de mujeres a puestos de responsabilidad militar era excepcional, y que quienes lo lograban tendían mayoritariamente a considerar los feminismos como ideologías burguesas o secundarias respecto a la confrontación de clases. Esa es la formación política que Sandino llevó consigo a la mesa de negociaciones, y la que, en los cuatro años siguientes, sería reconfigurada por el contacto con el movimiento feminista colombiano.

La contradicción es doble. Por un lado, una organización que se presentaba como igualitaria mantenía una jerarquía interna en la que las mujeres eran mayoría en la tropa y minoría en el mando. Por otro, ninguna de las mujeres que llegó al nivel medio del mando pareció haber articulado, mientras estuvo en armas, una crítica sistemática a esa asimetría. La disciplina interna la absorbía como parte de la condición insurgente, y no del problema. Ese es el bagaje con el que Sandino entra a Cuba.

La Habana, 2013-2016

El proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP tuvo su germen en contactos exploratorios celebrados en julio de 2011 en la isla de Orchila, en Venezuela, con Cuba, Venezuela y Noruega como garantes internacionales. Las FARC-EP designaron a Mauricio Jaramillo, alias el Médico, y a Rodrigo Londoño, Timochenko, como plenipotenciarios en la fase reservada, que culminó con la firma, el 26 de agosto de 2012, del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Ese documento fijó la agenda de seis puntos que estructuró toda la negociación. El 15 de octubre de 2012 se anunció el inicio formal de los diálogos en Noruega, antes del traslado a La Habana como sede principal.

Sandino no aparece en la primera línea de negociadores más publicitados —Iván Márquez, Jesús Santrich, Andrés París, Marcos Calarcá, Joaquín Gómez, Pastor Alape, Carlos Antonio Lozada, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda—, pero su nombre gana relieve conforme Timochenko implementa la estrategia de involucrar a decenas de jefes guerrilleros de distintas zonas del país en subcomisiones y equipos de apoyo, rotándolos entre las selvas colombianas y La Habana. En ese sistema, Sandino se convirtió en una de las voces femeninas más consistentes de la delegación insurgente.

El giro decisivo llegó en 2013, cuando organizaciones de mujeres colombianas convocaron una Cumbre Nacional de Mujeres y Paz a la que asistieron aproximadamente 700 participantes, con el propósito explícito de incidir sobre el proceso de La Habana. Las mujeres de esas organizaciones establecieron contacto con las mujeres de las FARC en Cuba a través de conversaciones por Skype, dado que las guerrilleras estaban confinadas en la sede de negociación y no podían participar de forma presencial en los encuentros civiles. Entre esas organizaciones estaba la Ruta Pacífica de las Mujeres. También Casa de la Mujer, Redepaz, Viva la Ciudadanía y Rodeemos el Diálogo. Cada una con su historia, su capital político y su vínculo particular con territorios afectados por la guerra.

Esa coordinación contribuyó a un hecho sin precedente en ningún otro proceso de paz: la creación de una plenaria permanente de mujeres plenipotenciarias, con representantes tanto del gobierno como de las FARC. El gobierno delegó allí a figuras como María Paulina Riveros y Nigeria Rentería; las FARC, a Sandino y a otras combatientes, entre ellas Griselda Lobo Silva, conocida como Sandra Ramírez, compañera histórica de Manuel Marulanda. Poco después, en septiembre de 2014, se instaló formalmente una subcomisión de género, encargada de revisar con lupa cada punto de la agenda para incorporar transversalmente la perspectiva de género y los derechos de las mujeres y de la población LGBTI.

Sandino se volvió allí una interlocutora central. La subcomisión trabajó sobre los borradores parciales de los cinco primeros puntos de la agenda —desarrollo rural integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas y víctimas— y sostuvo audiencias con organizaciones de mujeres, con víctimas y con expertas internacionales. La participación de las mujeres de las FARC, que al comienzo del proceso había sido percibida como marginal, se convirtió por esa vía en un componente activo del andamiaje negociador. La agencia decisiva no vino de arriba —del discurso oficial igualitarista de las FARC— sino de abajo: fueron las 700 mujeres de la Cumbre de 2013 y las redes civiles quienes, con presión sostenida, forzaron el espacio; las guerrilleras, incluida Sandino, se reposicionaron dentro de esa presión externa y la tradujeron hacia la mesa. La biografía política de Victoria Sandino no explica el enfoque de género del Acuerdo: es el enfoque de género del Acuerdo el que reordena su biografía política.

Ese trabajo cristalizó en el texto firmado inicialmente el 26 de septiembre de 2016 en Cartagena y, tras el rechazo del plebiscito del 2 de octubre —que en el Eje cafetero alcanzó márgenes especialmente altos: 60,13% de No en Quindío, 57,9% en Caldas y 55,69% en Risaralda—, en el Acuerdo renegociado y firmado en el Teatro Colón de Bogotá en noviembre de ese mismo año. La renegociación de finales de 2016 incorporó objeciones de sectores opositores encabezados por partidos afines al expresidente Álvaro Uribe y por gremios rurales, que exigían sanciones más severas para los jefes guerrilleros. Fue también en esa fase cuando la llamada "ideología de género" se convirtió en munición de campaña. Reflexiones personales del jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, distinguidas expresamente del discurso oficial de la delegación, fueron utilizadas y deformadas durante el plebiscito; el propio De la Calle reconocería después que, aunque su distinción fue clara, esas reflexiones pudieron haber sido inoportunas dado el uso que sectores conservadores hicieron de ellas. La derrota del Sí y el papel de esa ofensiva antigénero marcaron para siempre la manera en que el enfoque construido por Sandino y las plenipotenciarias sería debatido en la política colombiana.

La red: quienes rodean su trayectoria

Ninguna figura de La Habana existe sola. La red de Sandino se organiza en tres círculos concéntricos.

El primero es el de la comandancia de las FARC-EP: Timochenko como comandante en jefe tras la muerte de Alfonso Cano en noviembre de 2011; Iván Márquez como jefe de la delegación negociadora; y los demás miembros del equipo insurgente en La Habana —Santrich, París, el Médico, Granda, Calarcá, Joaquín Gómez, Alape, Lozada, Catatumbo—. Entre las mujeres de la delegación, Sandra Ramírez es la referencia histórica; Sandino aporta a ese círculo la interlocución con el movimiento feminista, un capital que las mujeres de la comandancia clásica no tenían.

El segundo círculo es el del movimiento social de mujeres colombianas. La Ruta Pacífica de las Mujeres se creó en un encuentro en Mutatá, Urabá, en el contexto de las movilizaciones de mediados de los noventa. La impulsaron, en parte, mujeres del Putumayo que habían asistido en 1995 a la Conferencia de Beijing. Aportó al proceso la experiencia acumulada de una organización con discurso de neutralidad, no violencia y antimilitarismo, posición que a finales de los noventa la había enfrentado tanto con las FARC como con los paramilitares que llegaban a esas regiones. A ella se sumaron Casa de la Mujer, Redepaz y la Red Nacional de Mujeres —nacida del cabildeo con los constituyentes de 1990-1991—, junto a otras organizaciones ampliamente articuladas al proceso, en algunos casos con políticos propaz como Ernesto Samper, Iván Cepeda y Ángela María Robledo. Ese entramado externo fue la contraparte con la que Sandino terminó dialogando. Que una comandante de una organización que había desdeñado al feminismo como ideología burguesa se convirtiera en su contraparte técnica en la mesa es la paradoja fundacional de su figura pública.

El tercer círculo es el de la contraparte gubernamental: Humberto de la Calle como jefe negociador, Sergio Jaramillo como alto comisionado para la paz, y en las mesas de género María Paulina Riveros y Nigeria Rentería. La relación con estas dos últimas, y con las expertas internacionales que asistieron a la subcomisión, tejió una interlocución que sobrevivió a la propia negociación y que reaparecería en las labores de implementación.

De la selva al Senado: la reincorporación política

La firma del Acuerdo abrió para Sandino una nueva vida. Las FARC-EP se transformaron en el partido Comunes, y una norma implementada en 2018, derivada del propio Acuerdo, otorgó a esa colectividad diez curules en el Congreso durante dos períodos consecutivos —2018-2022 y 2022-2026—, incrementando temporalmente el tamaño del Legislativo. Sandino ocupó una de esas curules en el Senado en el primer período, junto a otros excomandantes reincorporados. La composición del bloque parlamentario reflejó el pulso interno de la organización por dar visibilidad a mujeres reincorporadas: Sandra Ramírez y Victoria Sandino fueron sus rostros más reconocibles en el Capitolio.

Su labor legislativa se concentró en la vigilancia de la implementación del Acuerdo y, muy en particular, del enfoque de género que ella misma había ayudado a construir. Participó en debates sobre el Estatuto de la Oposición —sancionado como Ley 1909 de 2018, en respuesta también al Acuerdo aunque no exclusivamente—, sobre el funcionamiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y sobre la protección de líderes sociales y firmantes de paz en un contexto adverso.

Ese contexto adverso es imposible de eludir. Desde la firma del Acuerdo hasta aproximadamente 2021 fueron asesinados más de 300 excombatientes de las FARC-EP —cifra que algunas fuentes elevan a 355 en cinco años—. El deterioro de la seguridad, junto con la lentitud en la implementación y los incumplimientos parciales del Estado, forzaron al exilio a un número creciente de firmantes. El propio proceso de reincorporación se organizó en 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación —los ETCR, herederos de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización— pensados como plataformas de tránsito a la vida civil, muchos de ellos en zonas rurales aisladas. Sandino recorrió varios de esos espacios y llevó al Senado la voz de las excombatientes que allí enfrentaban, además de los riesgos generales, las condiciones específicas de la maternidad, la salud sexual y reproductiva y la reintegración laboral en entornos que no siempre reconocían su trayectoria política.

La cuestión de la maternidad ilustra bien el desfase entre el papel y el terreno. En la vida guerrillera, la maternidad había sido, en muchos casos, incompatible con la operación militar y con la disciplina de campamento; en el posacuerdo, las excombatientes que decidieron ser madres se encontraron con un sistema de salud, un mercado laboral y unas redes de cuidado que no habían sido pensados para ellas. Sandino trasladó al debate público esa asimetría, con la insistencia de quien sabe que la implementación de un acuerdo se juega tanto en el articulado como en el consultorio, el jardín infantil y la oficina de contratación.

En paralelo, defendió públicamente la actuación de la Jurisdicción Especial para la Paz. La JEP, junto con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, integra el Sistema Integral pactado en La Habana. Tiene como base normativa el Acto Legislativo 01 de 2017 y opera con un Tribunal para la Paz compuesto por 20 magistrados y 4 amicus curiae. En el proceso de sometimiento, las FARC-EP entregaron una cifra final de 3.015 detenidos reconocidos como miembros de la organización al momento de la firma. La CEV, por su parte, publicó su informe final bajo el título Hay futuro si hay verdad, tras años de recolección extrajudicial de testimonios. Tanto la JEP como la CEV han sido severamente criticadas desde posiciones ideológicas de derecha, y Sandino se convirtió en una de sus defensoras más constantes en el debate público, ella misma como compareciente ante la Jurisdicción por su condición de excomandante de las FARC-EP.

Esa doble condición —senadora que defiende el sistema y compareciente sometida a él— es una de las particularidades más incómodas de su figura. La habilita para hablar con conocimiento del funcionamiento interno del andamiaje transicional, pero la expone también a la sospecha permanente de estar defendiendo un tribunal ante el cual ella misma responde. Sandino ha convertido esa incomodidad en argumento: no se puede pedir a los firmantes de un acuerdo que sostengan en público un sistema del que en privado esperan indulgencia. Es la posición institucional la que la obliga a comparecer, y es la posición política la que le obliga a defenderlo aun cuando la afecte.

El enfoque de género, entre el papel y la política real

La incorporación del enfoque de género en el Acuerdo tuvo un impacto notable sobre la propia gramática del proceso, pero su implementación posterior ha sido desigual.

Por un lado, el Acuerdo abrió un espacio institucional inédito para nombrar y combatir violencias sexuales, garantizar acceso de mujeres rurales a la tierra, promover su participación política e incluir de manera explícita a la población LGBTI. La plenaria permanente de mujeres y la subcomisión de género fueron piezas técnicas cuya influencia atravesó los cinco primeros puntos de la agenda. Por otro lado, la reacción antigénero durante la campaña del plebiscito mostró la fragilidad política de esa arquitectura: el enfoque fue caricaturizado, y parte del articulado terminó recibiendo un tratamiento más discursivo que estructural en la fase de implementación.

La biografía de Sandino ilustra una tensión que el propio material histórico no permite —ni debe— disolver. Formada en una cultura política que catalogaba el feminismo como desviación pequeñoburguesa, su adopción del enfoque de género en La Habana puede leerse en dos claves complementarias. En la primera, es una conversión política genuina, forjada en el diálogo sostenido con las organizaciones civiles y en la constatación práctica de que la retórica igualitarista interna de las FARC —el discurso oficial de deberes y derechos idénticos— no había impedido que fueran pocas las mujeres en posiciones de mando. En la segunda, es un pragmatismo de mesa: la delegación necesitaba una voz femenina insurgente creíble, y Sandino la proveyó, sin que ese giro implicara una autocrítica pública de la organización sobre las prácticas internas de subordinación femenina. Ambas claves operan sobre su figura sin que ninguna la agote.

Esa ambigüedad se prolonga en su paso al Senado. La mayor presencia de mujeres en política no garantiza por sí sola una agenda transformadora: el patriarcado puede capitalizar logros parciales, como la paridad, sin que las mujeres representantes se conviertan en sujetos incómodos para el orden establecido. Sandino ha sido, sin duda, un sujeto incómodo en muchos debates —sobre la JEP, sobre la protección a firmantes, sobre las violencias sexuales en el conflicto—; pero su labor legislativa se despliega dentro de un partido, Comunes, que no ha producido de manera pública un ajuste de cuentas con las asimetrías de género de su propio pasado insurgente, y dentro de un sistema político que ha absorbido el lenguaje del enfoque de género sin necesariamente transformar sus estructuras.

Excombatiente y feminista: una identidad tensa

Sandino ha reivindicado su identidad de mujer excombatiente en términos que reflejan la complejidad de la experiencia. Las mujeres excombatientes son frecuentemente leídas en extremos simplistas —víctimas o victimarias— sin reconocer los matices de sus trayectorias y roles, y a ellas se les interroga sobre su feminidad y su identidad insurgente de un modo que no se les plantea a los hombres respecto de su masculinidad. Ese doble filo aparece en sus intervenciones públicas como una tensión política: ella se presenta al mismo tiempo como comandante formada en una guerra y como sujeto feminista contemporáneo, sin renegar de ninguna de las dos experiencias.

Ha llevado esa doble condición a un terreno que las guerrilleras de generaciones anteriores rara vez transitaron. La Corriente de Renovación Socialista —disidencia del ELN que pactó su reincorporación a la legalidad en los años noventa— fue la excepción que en su tránsito articuló un discurso explícito sobre la subordinación femenina. Sandino, sin haber pertenecido a esa corriente, ha llevado esa conversación al espacio de una excomandancia de las FARC que históricamente no la produjo, y lo ha hecho desde dentro, sin la protección de haber sido siempre disidente.

Esa posición tiene un costo. Frente a los sectores más ortodoxos de su antigua organización, aparece como demasiado permeable a las agendas civiles. Frente a algunos sectores del feminismo colombiano, arrastra la sospecha de haber pertenecido a una guerrilla que reclutó a menores, que aplicó violencias sexuales documentadas contra combatientes y no combatientes, y que sostuvo estructuras verticales incompatibles con la horizontalidad que el feminismo predica. Sandino ha optado por no evadir ninguna de las dos objeciones: reconoce la asimetría histórica interna de las FARC y defiende, a la vez, la legitimidad política de la insurgencia en la que se formó. Es una posición delicada de sostener, y explica que gran parte de su trabajo público consista, precisamente, en administrar esa tensión sin cerrarla.

La huella

Es temprano para escribir el epílogo. Sandino sigue siendo una figura política activa, y el marco del Acuerdo cuyo enfoque de género ella ayudó a inscribir continúa en implementación bajo tensiones considerables. Aun así, algunos rasgos de su huella pueden trazarse con firmeza.

Primero, la subcomisión de género de La Habana. Con todas sus limitaciones y con la impronta decisiva de las redes civiles, quedó incorporada como referencia técnica en los procesos de paz internacionales. Ningún acuerdo posterior podrá desconocerla; en Colombia, se ha convertido en un piso mínimo bajo el cual futuras negociaciones —con el ELN, con disidencias, con grupos herederos de los paramilitares— serán medidas.

Segundo, la visibilización de mujeres reincorporadas en política. Que Sandino y Sandra Ramírez ocuparan escaños del bloque de Comunes fijó una imagen pública que rompió la asociación exclusiva de la excomandancia con figuras masculinas. Esa imagen, con todas las paradojas que arrastra, forma parte del paisaje del posacuerdo.

Tercero, la persistente cuestión de si el enfoque de género firmado en 2016 sobrevivirá como estructura o se disolverá como retórica. Sandino ha sido, en el Senado y fuera de él, una operadora empeñada en la primera opción. Los datos del entorno son ambivalentes: más del 90% de quienes se desmovilizaron y entregaron sus armas continuaron en el proceso de paz, sin que las FARC en su integridad retomaran las armas; pero los grupos herederos de los paramilitares, el ELN y las disidencias de las FARC —aunque aún pequeños, con poco poder de fuego y sin un relato nacional creíble para reclutar— configuran el riesgo de un tercer ciclo de violencia.

Cuarto, la contradicción no resuelta. Victoria Sandino es a la vez producto y límite del giro de género en La Habana. Su biografía prueba que la alianza táctica entre guerrilleras marginales en la mesa y feministas civiles fue capaz de inscribir el enfoque de género en un acuerdo de paz sin precedente. Pero también prueba que traducir ese enfoque desde la insurgencia hasta la institucionalidad no resuelve —y puede incluso cristalizar— la contradicción entre el discurso de igualdad y las estructuras que lo contienen. Esa contradicción, que atraviesa a las FARC históricas, a Comunes y al propio Congreso, es hoy parte del inventario político colombiano. Y Sandino, con nombre de alias y silla en el Capitolio, es una de sus lectoras más informadas, precisamente porque la ha vivido desde adentro en cada una de sus formas.