Contracción de la etnología estatal y ascenso del Museo del Oro (1948–1952)

La contracción de la etnología estatal y el ascenso del Museo del Oro (1948–1952)

Entre el 9 de abril de 1948 y el fin del gobierno de Laureano Gómez, la antropología colombiana que se había construido con paciencia desde los años treinta —revistas, expediciones, un instituto nacional, una red de investigadores europeos y colombianos formados en el modelo francés— quedó reducida a un esqueleto administrativo con los sueldos atrasados cinco meses. A pocas cuadras de las oficinas donde Rogerio Velásquez, Eginhard Menghius y Eduardo Unda escribían al presidente para pedir su salario, el Museo del Oro seguía creciendo: adquiría guacas por cien mil pesos, montaba salas en los sótanos del edificio del Banco de la República y consolidaba una colección que iba camino de las siete mil piezas. Aquel contraste tuvo causa. Provino de la vulnerabilidad estructural de una disciplina joven, atada al presupuesto estatal y al patronazgo liberal, cuando el país entró en estado de sitio permanente y la etnología quedó del lado equivocado de la línea partidista. Su consecuencia de largo plazo fue un rezago disciplinario que las ciencias sociales críticas colombianas —la sociología de Orlando Fals Borda a la cabeza— tendrían que remontar apenas una década después.

El país en que se hundió la etnología

El 9 de abril de 1948, hacia el mediodía, Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado en la carrera séptima con calle 13, en el centro de Bogotá. Era el dirigente indiscutido del Partido Liberal y el favorito para la próxima presidencia; su oratoria populista movilizaba multitudes y atemorizaba a las clases altas. El levantamiento que siguió fue predominantemente espontáneo, sin dirección centralizada, y su epicentro golpeó con particular saña el centro histórico de la capital: tranvías incendiados, archivos eclesiásticos quemados, comercios saqueados y una cifra de muertos que se estima en unos dos mil en Bogotá y quinientos en el resto del país. Los daños se concentraron en tres franjas —La Candelaria cerca de la Plaza de Bolívar, San Victorino cerca de la Plaza de Mercado y la carrera séptima entre la avenida Jiménez y la calle 22— y afectaron edificios emblemáticos del poder civil y religioso: la nunciatura apostólica, el palacio arzobispal, la Universidad Javeriana Femenina, el Instituto de la Salle, el convento de los dominicos, el convento de las Hermanas de Santa Inés.

En los meses siguientes, el presidente Mariano Ospina Pérez negoció con dirigentes liberales como Carlos Lleras y Darío Echandía un gabinete bipartidista de coalición nacional. El acuerdo, frágil desde el comienzo, se deshizo cuando los liberales abandonaron el gobierno por falta de garantías. El 9 de noviembre de 1949, Ospina decretó estado de sitio y clausuró el Congreso. La medida trajo consigo la disolución de asambleas departamentales y concejos municipales, la concesión de poderes extraordinarios a los gobernadores, la modificación del régimen de votación en la Corte Suprema y la imposición de censura de prensa y supervisión oficial del correo, los telegramas y las llamadas telefónicas. Se prohibieron las manifestaciones públicas y se estableció toque de queda. Desde ese momento, y por décadas, el estado de sitio dejó de ser excepción para volverse regla.

En las elecciones del 27 de noviembre de 1949 solo participó el Partido Conservador. El liberalismo intentó competir y luego, ante la ausencia de condiciones mínimas, se retiró en abstención total. Laureano Gómez, candidato único, obtuvo 1.140.619 votos y se posesionó el 7 de agosto de 1950 ante la Corte Suprema de Justicia, no ante el Congreso, que seguía cerrado. Su gobierno inauguró la retórica de la "revolución del orden" bajo un modelo de estado de sitio inspirado en el prototipo francés, con violencia rural generalizada, represión sindical, persecución política, censura y aparición de guerrillas. La primera y más intensa ola de La Violencia bipartidista —masacres, descuartizamientos, quema de pueblos— corrió entre 1946 y 1953, precisamente en los años en que la etnología estatal debía haber consolidado su joven institucionalidad.

En ese ambiente trabajaban los investigadores del Instituto Etnológico Nacional. No había Congreso, no había prensa libre, no había manifestaciones. Los correos y telegramas estaban intervenidos. Los caminos rurales, escenario natural del trabajo de campo etnológico, eran territorios de masacres bipartidistas. Sobre esa base ya asfixiante llegó el desfinanciamiento.

El edificio liberal de la etnología

Para entender lo que se hundió hay que reconstruir lo que existía. Durante la República Liberal, y al abrigo de la Escuela Normal Superior, se formó en Bogotá una comunidad científica singular: profesores europeos exiliados —víctimas de las persecuciones nazis, como Ernesto Guhl y Gerhard Masur, y de la persecución franquista, como Pablo Vila, Juan Friede y Urbano González de la Calle— convivían con investigadores colombianos en el proyecto de profesionalizar las ciencias sociales. A esa red se sumó, en un momento decisivo, el etnólogo francés Paul Rivet, que vivió en Bogotá bajo el auspicio oficial del gobierno liberal.

Rivet fue una figura central en la etapa fundacional del Instituto Etnológico Nacional. Dirigió inicialmente la Revista del Instituto Etnológico Nacional, donde se publicaban los informes de las expediciones. El instituto funcionó articulado al Museo Arqueológico y Etnográfico según el modelo francés —el del Museo del Hombre de París que Rivet mismo había dirigido— y desde allí desplegó una política de trabajo de campo sostenida. En 1941, Rivet envió a su discípulo austriaco Gerardo Reichel-Dolmatoff a la Sierra Nevada de Santa Marta; de ese envío nacería una de las obras etnológicas más importantes del país. Alrededor de Rivet se formaron figuras como Gregorio Hernández de Alba, Luis Duque Gómez, Blanca Ochoa y, más tarde, Alicia Dussán, que se casaría con Reichel-Dolmatoff y con él conformaría una de las parejas fundadoras de la antropología colombiana.

Ese edificio tenía dos vulnerabilidades que la coyuntura del Bogotazo hizo mortales. La primera era presupuestal: el IEN dependía enteramente del gasto público y su presupuesto anual completo cabía en el valor de una sola pieza de orfebrería. La segunda era política: la escuela rivetiana estaba identificada con el proyecto liberal —con la Escuela Normal Superior, con el mecenazgo del gobierno liberal a los exiliados, con una visión de la nación que incluía al indígena vivo, contemporáneo, como sujeto de estudio y de reforma—. Nada de eso encajaba bien en la "revolución del orden" laureanista.

Rivet expulsado, la revista huérfana

La primera pieza que cayó fue la más simbólica: Paul Rivet mismo. Fue acusado públicamente de haber robado un libro de la Biblioteca Nacional. Él lo calificó de calumnia, amenazó con demandar a su acusador —un tal Carranza— y el periódico liberal La Jornada denunció la acusación como una estrategia política de los conservadores, comparándola con los métodos del hitlerismo y de la Falange. El paralelo era exagerado en su formulación pero certero en su lectura: no se trataba de un pleito bibliográfico, se trataba de sacar a Rivet de Colombia.

La operación funcionó. Rivet salió del país y con él se fue el eje sobre el que giraba la escuela. La Revista del Instituto Etnológico Nacional, órgano donde se consignaban los informes de campo y los debates disciplinarios, quedó huérfana de su director fundador y entró en una fase de deterioro editorial de la que no se recuperaría en esos años. Publicaciones asociadas —el Boletín de Arqueología, los boletines de museos y de proyectos oficiales— siguieron el mismo camino de contracción, en algunos casos hacia la interrupción directa. El aparato editorial que había dado visibilidad a la etnología liberal se apagó al mismo tiempo que el estado de sitio silenciaba la prensa política.

El caso Rivet fue ejemplar en un sentido específico: no fue una destitución administrativa, ni un decreto de expulsión disciplinaria, ni una purga por escrito. Fue una calumnia pública, una amenaza judicial, una salida forzada. Ese fue, en general, el modo del desmantelamiento: ninguna resolución explícita, ninguna política articulada de supresión, sino asfixia por desfinanciamiento, hostigamiento periodístico y clima de imposibilidad.

Cinco meses sin sueldo

El documento más elocuente del período es una carta. En algún momento del gobierno de Laureano Gómez, un grupo de investigadores del Instituto Etnológico Nacional y de los museos arqueológicos estatales dirigió al presidente una denuncia colectiva: llevaban cinco meses sin recibir su salario. Entre los firmantes estaban Rogerio Velásquez —afrocolombiano del Chocó, formado en la escuela rivetiana, pionero de los estudios sobre poblaciones negras en Colombia—, Eginhard Menghius y Eduardo Unda. Se describían con una fórmula que condensa la situación: "desposeídos trabajadores de la cultura".

La cifra —cinco meses— no es retórica. En un país donde el salario público era la única fuente de ingreso de los investigadores, cinco meses sin cobrar significaba imposibilidad material de sostener a la familia, imposibilidad de comprar materiales, imposibilidad de viajar al campo. Significaba, en la práctica, la parálisis del aparato etnológico. Y significaba también algo más profundo: el Estado que había fundado, en la década anterior, el Instituto Etnológico Nacional como una de sus vitrinas culturales, ahora lo dejaba caer sin decreto ni ceremonia, simplemente no pagando la nómina.

La comparación presupuestal es demoledora. En agosto de 1946 se había encontrado, cerca de Restrepo, una guaca adquirida por el Museo del Oro. Esa sola guaca estaba avaluada en cien mil pesos, cifra comparable al presupuesto total anual del Instituto Etnológico Nacional para ese mismo año. Un objeto contra una disciplina. Un lote de piezas contra el sostenimiento de un instituto, sus expediciones, sus publicaciones y sus salarios. Ese contraste, señalado por los propios investigadores en documentos y correspondencia, es la clave interpretativa del período.

El Museo del Oro contra la corriente

Mientras la etnología estatal se hundía, el Museo del Oro seguía una trayectoria exactamente opuesta. Su origen se remonta a 1939, cuando el Banco de la República comenzó a adquirir piezas precolombinas de orfebrería, primero de la región del Quindío. Las primeras exhibiciones fueron modestas hasta la caricatura: piezas prehispánicas dispuestas sobre terciopelo negro, como joyas en la vitrina de un almacén, en lo que era literalmente una sala de juntas del banco. De allí, sin embargo, el proyecto creció: cuando la colección se acercó a las siete mil piezas, se montó una sala en los sótanos del edificio del Banco de la República, con rotación de la colección básica, y más tarde se construyó un edificio especialmente diseñado, obra de la firma Esguerra Sáenz y Urdaneta Samper.

Lo notable es que este crecimiento no se detuvo en 1948, ni en 1949, ni en 1950. Mientras el centro de Bogotá ardía, mientras el Congreso era clausurado, mientras los etnólogos del IEN pasaban meses sin sueldo, el Museo del Oro seguía adquiriendo piezas, montando salas, ampliando su colección. La guaca de cien mil pesos del 46 no fue una excepción: fue la muestra de una política de adquisiciones sostenida que atravesó el Bogotazo y el laureanismo sin interrupción visible.

La razón institucional es simple y decisiva. El Museo del Oro no dependía del presupuesto público del Ministerio de Educación ni del gobierno de turno. Dependía del Banco de la República, entidad cuya función primaria era —y es— regular la liquidez de la economía, emitir moneda y servir como agente fiscal del Gobierno. El banco tenía autonomía patrimonial, ciclos presupuestales propios y una lógica institucional distinta a la de la administración central. Su nómina no se atrasaba cinco meses porque el gabinete cambiara o porque el estado de sitio suspendiera partidas. Su capacidad de adquirir orfebrería no dependía de que el Congreso aprobara o no una apropiación anual.

Resultaba "curioso y un tanto contradictorio", como se dijo entonces con perplejidad, que fuera un banco —una institución cuya lógica natural son las bóvedas y las cámaras de seguridad— la que asumiera la protección del patrimonio arqueológico prehispánico del país. La incongruencia funcional era evidente. Pero fue justamente esa incongruencia la que blindó al Museo del Oro contra el ciclo político. Donde la etnología estatal era vulnerable, el Banco de la República era autónomo. Donde el IEN dependía de que el Ministerio pagara la nómina, el Museo del Oro operaba dentro de la contabilidad del banco central.

El florecimiento del Museo del Oro entre 1948 y 1952 no fue una decisión del régimen conservador. No hubo un decreto laureanista que dijera "cerremos el IEN y reforcemos el Museo del Oro". Hubo, en cambio, una divergencia estructural. La etnología estatal se hundió porque el Estado dejó de sostenerla; el Museo del Oro floreció porque su mecenas no era el Estado. La consecuencia práctica fue exactamente la misma que si hubiera existido una política deliberada: al final del período, Colombia tenía una etnología moribunda y una colección de orfebrería en ascenso.

Qué se salvaba y qué no

Ese resultado no fue neutro. El Museo del Oro se salvó no solo porque su fuente de recursos era distinta, sino porque su forma de tratar el pasado indígena era compatible con lo que el régimen conservador y las élites bogotanas podían tolerar. La orfebrería prehispánica se exhibía como emblema estético, como riqueza nacional, como patrimonio glorioso de un pasado remoto. No hacía demandas. No exigía reformas. No hablaba de indígenas contemporáneos que necesitaran tierra, educación o protección legal. Exhibía el objeto y silenciaba el contexto, mostraba el oro y omitía al pueblo que lo hizo y a sus descendientes vivos. Custodia de la pieza, olvido del sujeto: una fórmula que el propio Banco no formuló nunca así, pero que operaba en cada vitrina.

La etnología rivetiana hacía exactamente lo contrario. Estudiaba a los kogui, a los ijka, a los indígenas del Cauca, a los afrocolombianos del Pacífico —comunidades vivas, con demandas actuales, con conflictos de tierra, con problemas de salud y educación—. Su objeto de estudio interpelaba al Estado. Su marco intelectual, influido por el americanismo francés y por la sensibilidad reformista de los años treinta, la ponía naturalmente del lado de una política indigenista activa. Esa era la etnología que dependía del presupuesto público, y esa era la que el régimen dejaba morir de inanición.

El contraste, entonces, no es solo de fuentes de financiamiento: es también de utilidad simbólica. La orfebrería prehispánica podía ser apropiada como identidad nacional sin costo político. La etnología del indígena vivo no.

La antropología prácticamente desaparecida

El diagnóstico del período, formulado con crudeza por Nina S. de Friedemann y Jaime Arocha en 1979, fue que la antropología colombiana prácticamente desapareció durante la hegemonía conservadora y el período de La Violencia. La frase es dura y hay que matizarla —las primeras generaciones formadas en la escuela rivetiana habían logrado profesionalizar y divulgar la disciplina antes del retroceso, y algunas de sus figuras, notablemente Gerardo Reichel-Dolmatoff y Alicia Dussán, siguieron trabajando y produciendo obra fundamental—, pero el juicio de fondo se sostiene. El aparato institucional que se había construido con paciencia entre 1936 y 1942 no se destruyó del todo, pero quedó reducido a mínimos: sin revista funcional, sin presupuesto, sin renovación generacional, sin capacidad regular de trabajo de campo.

Las causas fueron múltiples y convergentes. Estaba, primero, el clima general: La Violencia rural hacía peligroso o imposible el trabajo etnográfico en muchas zonas; la censura de prensa afectaba también a la prensa académica; el estado de sitio permanente redujo el espacio civil en que operaban las universidades y los institutos. Estaba, segundo, la ruptura simbólica y política con el proyecto liberal: la salida de Rivet, la dispersión de los exiliados europeos que habían nutrido la Escuela Normal Superior, el descrédito público de una etnología asociada al reformismo. Estaba, tercero, el desfinanciamiento concreto: los cinco meses sin sueldo de Velásquez, Menghius y Unda no eran una anécdota administrativa sino la manifestación cotidiana de que el Estado había dejado de sostener a sus etnólogos.

Se sumaba una fractura disciplinar más profunda. Los historiadores colombianos tendían —y en gran medida siguen tendiendo— a investigar el pasado colonial y republicano, mientras los antropólogos se orientaban al pasado indígena o a las sociedades indígenas contemporáneas. Esa división de trabajo dejaba a la antropología encerrada en un objeto —el indígena— que las élites conservadoras no querían tocar y que las élites liberales sabían usar solo como bandera. La consecuencia fue una antropología estructuralmente débil, sin aliados historiográficos, sin lectores masivos, sin mecenazgo privado sostenido. Cuando llegó el golpe del laureanismo, la disciplina no tuvo cómo aguantar.

El pasado saqueado que llenaba las vitrinas

Hay una dimensión más del contraste. Las piezas que el Museo del Oro adquiría con tanta libertad no venían, en general, de excavaciones científicas dirigidas por el Instituto Etnológico Nacional. Venían del mercado formado por la guaquería, práctica que en el occidente colombiano tenía raíces largas y profundas. La colonización antioqueña del Gran Caldas, en el siglo XIX y comienzos del XX, se había hecho en buena parte profanando las tumbas de los indígenas Quimbayas, ricas en objetos orfebres. Grupos de comerciantes financiaban el saqueo, fundían muchas piezas y atesoraban otras; algunas colecciones privadas así formadas terminaron vendidas a museos.

El precedente más famoso es el Tesoro Quimbaya. Fueron 122 piezas orfebres extraídas de dos sepulturas en La Soledad, municipio de Finlandia. El Ministerio de Relaciones Exteriores las adquirió por diez mil pesos. En 1892, el presidente Carlos Holguín las donó a la reina regente María Cristina de España, en agradecimiento por su labor arbitral en la delimitación de las fronteras de Colombia. Se exhibieron en Madrid con ocasión del IV Centenario del descubrimiento y hoy reposan en el Museo de las Américas. Antes de esa cadena de donaciones, muchas piezas del mismo origen habían corrido el riesgo de terminar fundidas en lingotes por los agentes compradores de oro que recorrían los sitios de minería y guaquería. Algunos coleccionistas resistieron. Leocadio María Restrepo rechazó vender su colección al Smithsonian —la negociación se interrumpió con su muerte en 1918— y en 1924 el gobierno declaró esa colección reliquia nacional para impedir su exportación.

Ese era el mundo en que se formaba el Museo del Oro: un mercado poroso, alimentado por saqueo, del que el Banco de la República compraba lo que podía para evitar tanto la fundición como la fuga. Su función salvífica era real —los estudios académicos sobre orfebrería prehispánica colombiana serían prácticamente imposibles sin sus colecciones—, pero también era una función de rescate a posteriori, no de investigación sistemática. Compraba lo que otros habían desenterrado. El IEN, en cambio, era el aparato que teóricamente debía dirigir las excavaciones científicas, contextualizar los hallazgos, producir el conocimiento arqueológico. Ese aparato quedó sin sueldos. El otro, el comprador de guacas, siguió comprando.

Consecuencias inmediatas y de largo plazo

En el corto plazo, los efectos del período 1948–1952 sobre las ciencias sociales colombianas fueron los siguientes. La Revista del Instituto Etnológico Nacional y las publicaciones arqueológicas oficiales entraron en contracción o suspensión. El propio IEN funcionó con presupuesto de subsistencia y con la nómina atrasada de forma crónica. Paul Rivet, la figura articuladora de la escuela, salió del país tras la campaña de calumnia. La red de exiliados europeos que había sostenido la profesionalización de las ciencias sociales en la Escuela Normal Superior se dispersó. Y las condiciones materiales para el trabajo de campo —seguridad rural, libertad de circulación, financiamiento— se degradaron hasta la parálisis.

En paralelo, el Museo del Oro consolidó su colección hasta acercarse a las siete mil piezas, montó la sala en los sótanos del edificio del Banco de la República y se convirtió en el referente principal —y, para muchos temas, único— de la investigación sobre orfebrería prehispánica colombiana.

En el largo plazo, el desnivel se prolongó. Cuando en los años sesenta apareció la nueva sociología crítica colombiana, encabezada por Orlando Fals Borda y sus compañeros de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, tuvo que remontar precisamente ese rezago. Las ciencias sociales que hacia 1948 estaban en trayectoria de profesionalización sostenida se encontraron, quince años más tarde, refundándose casi desde cero, con una generación intermedia adelgazada y con la memoria institucional interrumpida. Esa refundación se hizo con un giro decisivo: la sociología comprometida de los sesenta ya no buscaría espacio dentro del aparato indigenista liberal, que había demostrado su fragilidad, sino dentro de la universidad pública y en articulación con movimientos sociales y campesinos. Fue una respuesta, entre otras cosas, a la lección de 1948–1952: la dependencia exclusiva del mecenazgo estatal era una vulnerabilidad.

La antropología, por su parte, se recompuso también, pero con desventaja. La escuela rivetiana había dejado herederos importantes —los Reichel-Dolmatoff a la cabeza—, pero la comunidad disciplinaria como tal debió reconstruirse a lo largo de las décadas de los sesenta y setenta. La fractura entre historiadores del pasado colonial y republicano, por un lado, y antropólogos del pasado indígena y de los indígenas vivos, por otro, se mantuvo. La articulación entre disciplinas históricas y sociales —que en otros países latinoamericanos avanzó de manera más orgánica— siguió siendo una tarea pendiente.

Por qué sigue importando

Este episodio suele quedar tapado por el volumen del episodio político mayor: el asesinato de Gaitán, el Bogotazo, La Violencia, la caída de la democracia formal. Tiene, sin embargo, una importancia propia y menos visitada. La Violencia no fue solo una crisis rural, militar y partidista: fue también una crisis de las ciencias sociales críticas colombianas, un desmantelamiento parcial pero decisivo del aparato intelectual que se había construido en la República Liberal para pensar el país. Ese es el episodio que la historia política suele saltarse cuando enumera los daños del período.

Queda una lección más incómoda, que apunta más allá del laureanismo. El contraste entre el IEN desfinanciado y el Museo del Oro floreciente no fue un accidente exclusivo del régimen conservador. Fue el resultado de decisiones acumuladas por el conjunto de las élites colombianas —liberales incluidas— sobre qué versión del pasado prehispánico valía la pena sostener con recursos públicos y qué versión no. El oro sí; los pueblos vivos, no del todo. Esa jerarquía sobrevivió al régimen conservador y, en distintas formas, ha llegado hasta el presente: el Museo del Oro sigue siendo uno de los emblemas culturales del país, mientras la antropología aplicada al indígena contemporáneo ha peleado, década tras década, por su lugar en la conversación pública. La contracción de 1948–1952 no inventó ese desnivel, pero lo consagró en un momento en que otra dirección era todavía imaginable. Es esa dirección no tomada la que el episodio deja como pregunta abierta.