Retorno conservador e inicio de la violencia bipartidista (1946–1947)

Retorno conservador y primeros años de la violencia bipartidista (1946–1947)

El 5 de mayo de 1946, Mariano Ospina Pérez, empresario antioqueño del café con fama de moderado, ganó la presidencia de Colombia con el 41% de los votos y puso fin a dieciséis años de gobiernos liberales. No lo hizo por mayoría propia: los dos candidatos liberales enfrentados, Gabriel Turbay y Jorge Eliécer Gaitán, sumaron entre ambos más votos que él. El retorno conservador fue hijo de la división del partido rival. Y sin embargo, lo que se abrió en esos meses no fue una alternancia cualquiera. Entre 1946 y 1947 se activó una recomposición del aparato estatal —gobernaciones, policía, alcaldías— que en departamentos como Boyacá y Santander se tradujo casi de inmediato en despojos, expulsiones y asesinatos de campesinos liberales. Una minoría electoral con vocación de reconquista territorial, una oposición liberal que se fragmentaba mientras Gaitán la absorbía desde abajo y una retórica sectaria alimentada por Laureano Gómez desde El Siglo y por sectores del clero: la conjunción de esos tres factores encendió el ciclo de violencia bipartidista que estructuraría los quince años siguientes y del que el Bogotazo, en abril de 1948, sería umbral y no origen.

Cuando el liberalismo llegó al poder en 1930, tras la división conservadora que favoreció a Enrique Olaya Herrera, comenzó una hegemonía de dieciséis años que alcanzó su cima reformista con el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934–1938) y la llamada Revolución en Marcha. La Ley 200 de 1936, dictada bajo ese impulso, procuró apaciguar a los trabajadores rurales insurgentes mediante la legalización del statu quo en el campo y abrió una brecha —limitada, pero real— en el orden latifundista. Ese impulso se agotó rápido. Ya durante el gobierno de Eduardo Santos (1938–1942) las élites regionales lograron vetar los efectos más transformadores de la reforma, y en el segundo mandato de López Pumarejo la reversión se hizo ley.

La Ley 100 de 1944, sancionada bajo López, revirtió en la práctica la Ley 200: protegió a los terratenientes frente a arrendatarios y aparceros, les permitió prohibir cultivos de subsistencia en los contratos de aparcería y garantizó el desalojo inmediato de los trabajadores al vencer los plazos. Fue la evidencia de que los propietarios de tierras habían recuperado poderes y de que las reformas del primer lopismo tenían techo. Esa recuperación se dio en medio de una crisis política aguda: el 10 de julio de 1944, el coronel Diógenes Gil protagonizó en Pasto un intento de golpe de Estado contra López, síntoma del desgaste del gobierno y de la virulencia de la oposición conservadora encarnada por Laureano Gómez. En 1945, agotado y con una situación económica adversa, López presentó renuncia y fue reemplazado por Alberto Lleras Camargo, quien clausuró de hecho el ciclo reformista.

Bajo Lleras Camargo se selló el giro. La huelga de la Federación Nacional del Transporte Marítimo y Fluvial (FEDENAL), a finales de 1945, terminó con la destrucción del sindicato más combativo del país. La Ley 6ª del mismo año concedió beneficios materiales y fuero sindical a los trabajadores organizados, pero limitó al mismo tiempo el poder efectivo del movimiento obrero. El movimiento laboral, que en los años treinta había sido palanca de las reformas, entró en un proceso de desintegración que se prolongaría entre el Congreso Obrero de Medellín de agosto de 1946 y el IX Congreso de la CTC en Cali, en diciembre de 1947. Cuando llegó la campaña electoral de 1946, el liberalismo gobernante ya no tenía movimiento social propio, ni programa reformista, ni una clara conducción interna. Tenía dos candidatos.

Gabriel Turbay fue el candidato oficial del Partido Liberal, respaldado por la maquinaria del partido y por el Partido Comunista, cuya alianza con el liberalismo se expresaba también en el interior de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC). Jorge Eliécer Gaitán, en cambio, se lanzó como candidato disidente, sostenido por una base popular urbana —obreros, artesanos, comerciantes— y campesina que desbordaba las lealtades tradicionales del partido. Su discurso, que contraponía a "la oligarquía" de ambos partidos con el pueblo —"el pueblo no tiene dos partidos, sino que ha sido partido en dos", proclamaba—, despertaba un sentimiento de clase y una desconfianza hacia los poderosos que ni Turbay ni el aparato liberal podían absorber.

Durante las primeras semanas de abril de 1946 hubo negociaciones entre ambos para unificar la candidatura. Fracasaron. La arrogancia de Turbay, su convicción de que la disciplina del partido debía imponerse sobre el fenómeno gaitanista, chocó con el temor de Gaitán de perder a sus seguidores si cedía. López Pumarejo, la figura de mayor autoridad moral en el liberalismo, declaró públicamente que no apoyaría a ninguno de los dos y que no asumiría el papel de capitán de campaña alguna: una abstención que dejó al partido sin árbitro.

Los conservadores leyeron la situación con precisión. Habían alimentado la ruptura liberal durante meses, y solo el 24 de marzo de 1946 —mes y medio antes de la elección— lanzaron la candidatura de Ospina Pérez. La maniobra fue de Laureano Gómez, jefe indiscutido del laureanismo desde El Siglo, quien sabía que su propia candidatura habría unificado al liberalismo en su contra. Ospina ofrecía un perfil incómodo de refutar: empresario cafetero, católico, tolerante en el trato, dispuesto a gobernar con un gabinete paritario de Unión Nacional. La estrategia funcionó con precisión matemática. Sumadas, las papeletas de Turbay y Gaitán superaron a las de Ospina; separadas, no alcanzaron.

El patrón repetía, con roles invertidos, la elección de 1930: entonces había sido la división conservadora entre Guillermo Valencia y Alfredo Vásquez Cobo la que abrió el paso a Olaya Herrera; ahora era la división liberal la que devolvía el poder al conservatismo. Con una diferencia crucial: los conservadores de 1946 llegaban con dieciséis años de agravios acumulados y con Laureano Gómez preparando la retaguardia.

Ospina Pérez asumió la Presidencia el 7 de agosto de 1946 con una consigna que era también una necesidad. Gobernar con el 41% en un país donde el 55% del electorado era liberal exigía cooptación. La fórmula de Unión Nacional —gabinete paritario con participación de ambos partidos— fue presentada como gesto de moderación y aceptada por sectores del liberalismo que buscaban preservar cuotas de poder. Encontró afinidad, además, en los grupos empresariales, que veían en Ospina a uno de los suyos.

La coalición nació tensionada por dos frentes. Por dentro, Laureano Gómez, cuya candidatura habría dinamitado la elección pero cuya maquinaria había hecho ganar a Ospina, no aceptaba la lógica del pacto: exigía la reconquista integral del poder para el conservatismo y consideraba la Unión Nacional una concesión intolerable. Por fuera, Gaitán rechazaba la coalición como una traición de las élites liberales, un pacto oligárquico contra el pueblo. La idea misma de una coalición bipartidista contra el gaitanismo había sido sugerida a comienzos de 1946 por López Pumarejo, y bajo Ospina se materializó como pinza política: dejar a Gaitán fuera del gobierno y, al mismo tiempo, dividirle la base liberal atrayendo a los santistas y a los lopistas moderados hacia el gabinete.

Los gaitanistas respondieron con una oposición intransigente. En el Congreso desplegaron la llamada "conspiración de los gases", una campaña en la que acusaron a ministros conservadores de favorecer negocios con compañías petroleras, con la intención de desprestigiar al presidente y su gabinete. El partido liberal y la CTC abrigaban la esperanza de que Ospina renunciara presionado por la oposición, como López lo había hecho un año antes. No renunció. Y mientras la contienda parlamentaria se desgastaba en escándalos, en el territorio ocurría algo más consistente y más grave.

El gobierno de Unión Nacional no impidió que Ospina Pérez ejerciera, allí donde le convenía, las prerrogativas del ejecutivo conservador. En Boyacá, donde los liberales habían ganado por estrecho margen las elecciones departamentales, Ospina nombró como gobernador al conservador Alfredo Rivera Valderrama, un funcionario dispuesto a emprender una revancha directa, simple y brutal. El nombramiento no era una anomalía sino una lógica: el sistema político colombiano, con su tradición del "ganador se lleva todo" y su cadena vertical de nombramientos —el presidente designa gobernadores, los gobernadores designan alcaldes—, había hecho de cada cambio de partido en el poder un cambio de personal en todo el aparato estatal. Los liberales lo habían hecho desde 1930; los conservadores lo harían con mayor virulencia en 1946.

La revancha en Boyacá se ejecutó con método. Los funcionarios liberales fueron destituidos. Las filas de la policía nacional destacada en el departamento se llenaron con simpatizantes conservadores dispuestos a ejecutar órdenes partidistas, en especial en municipios de voto dividido. Los portadores de cédulas liberales fueron intimidados. Los latifundistas boyacenses, muchos de los cuales habían perdido tierras o influencia bajo las reformas del primer lopismo, encontraron en la nueva correlación de fuerzas la ocasión para recuperar sus dominios o para crear nuevos latifundios. Campesinos liberales fueron desposeídos de sus parcelas, sus propiedades destruidas, sus vidas amenazadas. Muchos fueron asesinados. Otros huyeron hacia las tierras bajas, sobre todo hacia Casanare, provincia periférica de Boyacá con escasa presencia estatal, cuyo destino quedó marcado desde entonces por los eventos violentos de la cordillera.

La motivación de los conservadores boyacenses y santandereanos no era abstracta. Cargaban la memoria fresca de la persecución liberal sufrida en los años treinta, cuando el ascenso de Olaya Herrera y los primeros gobiernos liberales habían desplazado a funcionarios y agraviado a comunidades conservadoras en esas mismas regiones. En 1946 se activaba una lógica de restitución con intereses, alimentada por una retórica que Laureano Gómez y sectores del clero habían mantenido en circulación durante toda la República Liberal.

A partir de 1947, la conservatización se generalizó. No solo los cuerpos de orden público, sino las instituciones políticas en su conjunto fueron ocupadas por personal conservador. Las autoridades civiles y policiales se hallaban parcializadas a favor del partido de gobierno, y la Iglesia, cuyas prerrogativas legales sobre el currículo educativo y el matrimonio civil los conservadores defendían frente al laicismo liberal, respaldaba la persecución. El 6 de noviembre de ese año, el ministro de Gobierno José Antonio Montalvo pronunció un discurso en el que afirmó que el gobierno debía defender con "sangre y fuego" las instituciones democráticas, la autoridad del presidente y la policía. Los líderes liberales lo interpretaron como la confirmación de que los conservadores pretendían destruirlos. El gobierno se apresuró a distribuir el texto del discurso para desmentir esa lectura, pero la frase quedó grabada. Ante la falta de garantías, los liberales comenzaron a retirarse del gobierno de Unión Nacional. La pinza empezaba a cerrarse.

Mientras el aparato estatal se conservatizaba, Gaitán ganaba el partido. Las elecciones parlamentarias de marzo de 1947 fueron una demostración inequívoca: las listas gaitanistas barrieron, y Gaitán fue proclamado jefe único del Partido Liberal. Turbay, derrotado en la presidencial, murió en el exilio poco después. El liberalismo oficial —el de Eduardo Santos, el de los directorios departamentales, el de la CTC— quedó absorbido por un movimiento que ya no encajaba en las coordenadas del bipartidismo tradicional.

La base social del gaitanismo desbordaba al liberalismo de siempre. Incorporaba a sectores populares urbanos que las élites de ambos partidos habían mantenido a distancia de las decisiones: obreros no sindicalizados, artesanos, pequeños comerciantes, trabajadores informales. Sumaba, además, a campesinos que provenían tanto de familias liberales como conservadoras, unificados por la experiencia común de la exclusión política y del despojo agrario. El discurso de Gaitán no negaba el liberalismo, pero lo trascendía: proponía una coalición popular contra la oligarquía bipartidista, y su método privilegiaba la plaza pública —la marcha, la manifestación, la oratoria masiva— sobre la negociación sindical con el Estado. Las demandas laborales, en su lengua, se convertían en lucha política.

Su relación con el movimiento obrero organizado fue tensa. La CTC, controlada por liberales oficialistas y comunistas, había apoyado a Turbay en 1946, aunque la mayoría de sus afiliados simpatizaba con Gaitán. Durante la campaña, la CTC llegó a denunciarlo como "fascista" y "divisionista". Gaitán respondió impulsando, en alianza con sectores conservadores anticomunistas, la creación de la Central Nacional de Trabajadores (CNT), pensada como contrapeso ideológico y organizativo. La CTC, herida por la derrota electoral y por la deserción de sus bases, intentó recuperar iniciativa con una huelga general en mayo de 1947, formalmente contra el alto costo de la vida y la persecución sindical, pero orientada en realidad a desestabilizar al gobierno de Ospina. La huelga fue un fracaso completo y desacreditó a la central. Antes, huelgas de trabajadores liberales en Bogotá, Cali y otras ciudades ya le habían dado a Ospina la excusa para declarar por primera vez el estado de sitio.

Gaitán, ideológicamente, era reformista y no revolucionario. Desde sus primeras épocas había rechazado las tácticas comunistas y se mantenía en el ala izquierda del liberalismo sin proponer una ruptura con el orden institucional. Pero su método —la movilización popular directa, la ruptura del pacto de élites— era percibido por conservadores, laureanistas y por buena parte del propio liberalismo oficial como una amenaza al régimen. Y esa percepción movía, más que sus ideas, la decisión de contenerlo por todos los medios.

El gaitanismo enfrentaba simultáneamente dos procesos contradictorios. Uno lo empujaba hacia la formación de un bloque popular transpartidista, capaz de romper los alineamientos heredados. Otro, opuesto, operaba como freno, arrinconando a Gaitán en su papel de simple jefe liberal y reduciendo su proyecto a una disputa dentro del bipartidismo. Ese segundo proceso fue funcional al gobierno de Ospina: mientras Gaitán fuera visto como jefe de partido, la Unión Nacional podía tratarlo como interlocutor de una facción; si se consolidaba como jefe de un movimiento popular transversal, el pacto de élites perdía sentido.

La violencia rural que se desencadenó entre 1946 y 1947 no fue uniforme ni obedeció a una orden central única. Fue el producto de la convergencia entre una política de reconquista burocrática desde arriba y una acumulación de agravios locales desde abajo. Sus primeros escenarios sostenidos fueron Boyacá y Santander, departamentos con larga tradición de violencia bipartidista desde los años treinta, donde el cambio de gobierno reactivó redes de venganza que habían quedado en suspenso.

En Boyacá, la revancha bajo Rivera Valderrama fue el laboratorio. La policía departamental, purgada y reconstruida con simpatizantes conservadores, actuó como brazo armado del partido. Los latifundistas, respaldados por las autoridades civiles, recuperaron tierras que habían perdido a manos de arrendatarios y aparceros amparados por la Ley 200. La policía partidizada abría el terreno; el latifundismo revanchista lo ocupaba. El resultado fue un desplazamiento sistemático de campesinos liberales, cuya ruta natural de huida fue Casanare y las tierras bajas de la vertiente oriental.

En Santander y Norte de Santander, la violencia siguió pautas semejantes, con la particularidad de que allí existían tradiciones de resistencia armada liberal desde las guerras civiles del siglo XIX, que la memoria colectiva mantenía viva. En Tolima, en el Valle del Cauca, en Caldas y Antioquia, los brotes fueron más dispersos en esta primera etapa, aunque acumulativos: los mecanismos que en Boyacá se ejecutaban con nitidez —captura de la alcaldía, de la policía, del juzgado— se replicaban con velocidades distintas en municipios de todo el país.

En el período 1942–1946 se acumularon agresiones contra campesinos gaitanistas que anticipaban la violencia posterior: robos de cédulas, constreñimiento electoral, encarcelamientos injustificados, apaleamientos, homicidios, agresiones físicas y desplazamientos. Después de 1946, la escala y la protección oficial de esas prácticas cambiaron. Lo que había sido violencia de partido, con la complicidad intermitente de autoridades locales, se convirtió en violencia con respaldo del Estado en departamentos enteros.

Entre 1930 —inicio del período conflictivo— y 1948 —momento de agudización con el Bogotazo—, 1946 aparece como el año en que la degradación acumulada de dieciséis años se convirtió en política activa de reconquista. Hubo violencia bipartidista antes: en los treinta, en las contiendas electorales del cuarenta. Lo distinto en 1946 fue la articulación de los tres elementos que definirían el ciclo: un gobierno minoritario dispuesto a compensar su déficit electoral con control burocrático agresivo, una oposición popular movilizada que rehusaba el pacto de élites y una retórica sectaria que convertía al adversario en enemigo.

Ninguna maquinaria de reconquista territorial funciona sin combustible ideológico. En 1946–1947, ese combustible lo proveyeron dos instituciones: la prensa conservadora, encabezada por El Siglo, y sectores del clero católico.

Laureano Gómez fundó El Siglo en 1936, en pleno auge del primer lopismo, como instrumento para contrarrestar la hegemonía liberal instalada desde 1930. Desde sus páginas, y desde sus conferencias y arengas, Gómez sembró durante toda la República Liberal un discurso antiliberal y anticomunista de alto voltaje, cuya matriz falangista —más cercana a la reconquista nacional-católica de Primo de Rivera que al fascismo italiano, aunque en el uso público la distinción se diluía— convertía la enemistad política en experiencia moral, casi teológica. Su capacidad para transformar el adversario en enemigo absoluto fue la clave de su eficacia.

Esa iniciativa periodística estaba desde antiguo vinculada a la defensa de la Iglesia. En 1909, el periódico La Unidad, su primer proyecto, había nacido en un clima de disputas anticlericales. La cercanía con el mundo eclesiástico se mantuvo a lo largo de su carrera. La Iglesia católica, cuyos privilegios legales y cuyo control sobre el currículo de la educación pública eran defendidos por el Partido Conservador como una de las pocas diferencias sustantivas con el liberalismo, respaldó la persecución contra los liberales y vio con buenos ojos el accionar de Gómez. Sacerdotes y obispos, en púlpitos y publicaciones diocesanas, contribuyeron al clima de polarización, presentando al liberalismo como fuerza descristianizadora y al comunismo —con el que se lo asimilaba con frecuencia— como amenaza al orden natural.

Sectores de las élites colombianas, tanto conservadoras como liberales, compartían nociones raciales que consideraban inferior la mezcla indígena y negra; el flujo de ideas del franquismo y del fascismo, incluyendo nociones de "pureza de raza", circulaba en las revistas y los círculos intelectuales de la época. Ese sustrato reforzaba la sensación, en los sectores conservadores, de estar librando una batalla civilizatoria y no solo política.

Cuando Gómez regresó de Madrid a fines de 1948, desató una campaña acusando al liberalismo de poseer 1.800.000 cédulas falsas y de estar dominado por los comunistas. Antes de ese regreso, ya desde 1946 y 1947, su prensa y su presencia en el laureanismo actuaban como polo de radicalización dentro del conservatismo: presionaban a Ospina para que abandonara la Unión Nacional, alimentaban la revancha en las regiones y proporcionaban a los alcaldes, gobernadores y policías conservadores un marco moral en el que la violencia contra el liberal era acto de restauración, no crimen.

Al cerrarse 1947, la situación colombiana tenía cuatro rasgos definidos. El gobierno de Unión Nacional se erosionaba: los liberales abandonaban el gabinete por falta de garantías, y el laureanismo presionaba a Ospina desde la derecha. Gaitán era ya jefe único del liberalismo y encabezaba una oposición que rechazaba el pacto de élites y movilizaba a sectores populares transpartidistas. La CTC había fracasado en su intento de desestabilizar al gobierno mediante la huelga general de mayo, y el movimiento obrero se desintegraba. Y en el campo, sobre todo en Boyacá y Santander, la violencia bipartidista se había institucionalizado: policía partidizada, gobernadores de revancha, latifundistas repuestos, campesinos desplazados o asesinados.

Ese cuadro se prolongaría, con agravamientos sucesivos, hasta el 9 de abril de 1948, cuando el asesinato de Gaitán en Bogotá desataría el Bogotazo. La revuelta espontánea de aquel día no llegaría a transformarse en revolución: los líderes provinciales esperaron una decisión de las altas esferas del liberalismo o un comando nacional revolucionario que nunca existió. La reacción, sí, fue devastadora en Bogotá y en múltiples regiones. Ospina, forzado por la crisis, reconstituyó un gabinete de coalición nacional con participación liberal, y Darío Echandía fue nombrado ministro de Gobierno con el encargo de garantizar imparcialidad electoral y contener la violencia. No lo consiguió. En 1949, con el regreso de Laureano Gómez y su campaña frontal contra el liberalismo, la violencia se agravó hasta niveles inéditos, y el cierre del Congreso por orden del ejecutivo puso fin al mínimo entendimiento entre los partidos tradicionales.

El Bogotazo no fue el origen de la Violencia. Fue un umbral dentro de un proceso que llevaba ya dos años en marcha. Cuando se define 1946 como año cero del ciclo violento colombiano, es porque en ese año se activó el mecanismo institucional —policía chulavita, gobernaciones de revancha, alcaldías partidizadas— que convertiría los agravios locales en política estatal. La politización del aparato en favor del partido gobernante no era en sí una novedad: los liberales la habían practicado desde 1930. Lo nuevo fue la combinación de factores que en 1930 no existían y que en 1946 sí. Los conservadores llegaban con una minoría electoral, no con mayoría. Llegaban con dieciséis años de agravios acumulados en las regiones bipartidistas. Llegaban con Gómez dispuesto a radicalizar la revancha desde la trinchera de El Siglo. Y llegaban en un momento en que la reversión de las reformas agrarias, consumada por la Ley 100 de 1944, había dejado un campo cargado de tensiones estructurales que solo esperaban una señal política para desbloquearse. La división liberal entre Gaitán y Turbay entregó el poder a esa minoría, y esa minoría, dado su déficit de votos, no podía gobernar sin controlar el territorio. La violencia rural de 1946–1947 fue la forma en que un gobierno minoritario compensó su debilidad electoral con excedente de coacción. El mecanismo sobrevivió al propio Ospina, se profundizó bajo Laureano Gómez tras 1950 y terminó costando más de 200.000 muertos y el desplazamiento de más de dos millones de personas. Por eso este bienio pesa como pesa en la historia de Colombia.