Lázaro Cárdenas del Río

La semblanza

Cárdenas encarna una figura poco frecuente en América Latina: la del militar revolucionario que, llegado al poder, en lugar de perpetuarse cumple su mandato, entrega el cargo y renuncia a intervenir desde la sombra. Michoacano de origen humilde, hijo de un pequeño comerciante de un pueblo del Bajío, se incorporó de joven a las filas del constitucionalismo y ascendió hasta la generalidad al calor de las guerras posrevolucionarias. Fue gobernador de su estado antes de los cuarenta años y, en 1934, presidente de la República.

Su sexenio quedó marcado por tres decisiones que lo convirtieron en leyenda continental: el reparto masivo de tierras, la expropiación petrolera de 1938 y la apertura de las fronteras mexicanas a los perseguidos por el fascismo. A partir de 1940 se retiró a un segundo plano —cartera de Defensa durante la Segunda Guerra Mundial, embajadas simbólicas, presencia en foros pacifistas— desde el cual siguió actuando como conciencia de la izquierda mexicana y aval moral de los procesos populares del hemisferio, incluida, ya al final de su vida, la Revolución Cubana.

Para Colombia, Cárdenas no fue un actor sino un espejo. En él se miraron, con esperanza o con espanto, quienes en los años treinta discutían qué debía hacer un Estado latinoamericano moderno con la tierra, con el subsuelo, con la Iglesia, con los sindicatos y con los pobres. Que ese espejo devolviera imágenes tan distintas a liberales y conservadores, a lopistas y gaitanistas, a comunistas y apristas, es un dato sobre la política colombiana antes que sobre el propio Cárdenas.

Los orígenes

Cárdenas nació en Jiquilpan de Juárez el 21 de mayo de 1895, en una familia modesta ligada al pequeño comercio y al oficio de la tenería. Su formación fue escasa en años de escuela y densa en experiencia práctica: aprendió lectura y aritmética en el pueblo, trabajó en la oficina de rentas locales y, adolescente aún, se incorporó al torbellino de la Revolución Mexicana. Se enroló en 1913 en las tropas constitucionalistas que combatían a Victoriano Huerta, ascendió con rapidez en la carrera de las armas y, en la década siguiente, participó en las campañas contra Pancho Villa, contra la rebelión delahuertista y contra los cristeros.

Ese itinerario militar lo puso muy pronto en la órbita del general Plutarco Elías Calles, hombre fuerte del México posrevolucionario y arquitecto del Partido Nacional Revolucionario, embrión del futuro PRI. Bajo la protección callista, Cárdenas fue gobernador de Michoacán entre 1928 y 1932, presidente del partido oficial y ministro de Guerra. Cuando en 1934 el Maximato callista decidió postularlo a la presidencia, todo indicaba que sería un delfín dócil: un militar joven, disciplinado, sin biografía de disidencia.

El cálculo falló. Ya en la campaña Cárdenas mostró un estilo propio: recorrió pueblos apartados, escuchó a sindicatos y ejidos, prometió cumplir el programa social pendiente. Una vez en el poder, se enfrentó a Calles hasta expulsarlo del país en 1936. Ese acto de emancipación política inauguró el cardenismo como fase autónoma de la Revolución Mexicana. La coincidencia cronológica con la Colombia de Alfonso López Pumarejo —cuyo primer gobierno se extendió de 1934 a 1938— respondía a un movimiento continental: la salida de la Gran Depresión coincidió en toda América Latina con la llegada al poder de reformistas dispuestos a intervenir el Estado en la economía siguiendo el aire keynesiano de la época. El New Deal de Roosevelt, la Revolución en Marcha lopista y el cardenismo mexicano pertenecen a esa misma familia continental, aunque cada uno se detendría en un umbral distinto.

Para entender por qué el cardenismo llegó más lejos que cualquier reformismo colombiano de la misma década hay que mirar de cerca el punto de partida. Cuando Cárdenas asumió, la Revolución Mexicana era ya un hecho consumado desde hacía dos décadas: había disuelto al ejército porfirista, redactado la Constitución de 1917 —con sus artículos 27, sobre propiedad de la tierra y del subsuelo, y 123, sobre derechos laborales— y creado un partido de Estado dispuesto a enmarcar el conflicto social. Colombia no había vivido nada semejante. La Regeneración de fines del siglo XIX y la Constitución de 1886 habían apuntalado un orden confesional y centralista que la Guerra de los Mil Días no logró desmontar. En 1934, cuando López Pumarejo llegó al poder, se encontró con un Estado sin herramientas para una reforma agraria de fondo y con un Partido Liberal cuya fracción terrateniente conservaba capacidad de veto. Cárdenas heredaba, en cambio, una maquinaria construida para intervenir. La diferencia no era de voluntad reformista sino de plataforma histórica.

Un segundo rasgo del origen cardenista importa para el paralelo colombiano: la relación con la tropa y con las bases campesinas. Cárdenas había hecho la guerra como oficial de campo, había conocido las condiciones materiales del campesinado michoacano y, ya como gobernador, había ensayado en pequeña escala lo que después haría en grande: reparto de tierras, apoyo a maestros rurales, organización de ligas agrarias. Ningún dirigente liberal colombiano del período tuvo una trayectoria comparable. López Pumarejo era un hombre de negocios y de club, formado entre Bogotá y Londres; Eduardo Santos, un periodista propietario de El Tiempo; Olaya Herrera, un diplomático. La reforma que Cárdenas emprendió en 1935 y 1936 no fue una idea aprendida en libros ni una concesión calculada: fue la continuación en el poder de una biografía. Esa densidad personal explica en parte por qué su nombre se convertiría, en la Colombia de los años treinta, en una imagen tan poderosa: representaba lo que ningún político colombiano de la élite podía representar.

La trayectoria

El sexenio cardenista se organizó en torno a cuatro grandes frentes que, con distinta intensidad, tuvieron eco colombiano.

El primero fue el reparto agrario. Cárdenas entregó a los campesinos, sobre todo en forma de ejidos colectivos, decenas de millones de hectáreas —cifra sin equivalente en ninguna otra experiencia latinoamericana no revolucionaria— y creó las estructuras institucionales para sostener esa tenencia comunal: crédito ejidal, escuelas rurales, riego.

En Colombia, ese mismo año 1936, el gobierno de López Pumarejo tramitaba la Ley 200. Sus alcances eran, en rigor, incomparables. La ley colombiana no fue concebida como una reforma redistributiva, sino como un instrumento para estimular la productividad y modernizar la propiedad rural. Estableció que el predio sin destinación económica revertiría al Estado al cabo de diez años —disposición que nunca se cumplió— y creó una prescripción adquisitiva breve de cinco años para el ocupante de buena fe que probara explotación económica. El proyecto agrario de 1933, presentado durante el gobierno de Enrique Olaya Herrera, había sido tan radical que, de haberse convertido en ley, más de las tres cuartas partes de la propiedad privada colombiana habrían revertido a la nación. Pero ese texto no prosperó. Lo que quedó fue la Ley 200, cuya aplicación resultó incompleta y cuya ruta preferida por los gobiernos siguientes no fue la redistribución sino la adjudicación de baldíos y la colonización de nuevos territorios.

En la lectura latinoamericana comparada, la reforma cardenista pertenece a un tipo de reforma agraria —junto a las de Jacobo Árbenz en Guatemala y a la peruana— que buscó transformar el orden existente pero terminó debilitada por los compromisos pactados con la oposición, en contraste con el tipo cubano al que se reservaría, con exigencia polémica, el título pleno de reforma agraria. Vista desde esa tipología, la mexicana era ya una versión atenuada; y sin embargo, comparada con la Ley 200 y su descendencia, quedaba en un plano inalcanzable para Colombia. La razón profunda es estructural: desde antes de los años treinta, en Colombia se enfrentaban dos modelos de desarrollo agrario. Uno promovía la propiedad campesina para un desarrollo productivo equitativo; el otro, agroindustrial, buscaba convertir al campesino en asalariado. La correlación de fuerzas internas favorecía sistemáticamente al segundo. La Ley 100 de 1944, sancionada durante el segundo mandato lopista, terminó por ampliar los poderes de los propietarios y expresar un giro a favor de los grandes hacendados: el reformismo colombiano se agotaba precisamente allí donde el cardenismo apenas comenzaba.

El segundo frente cardenista fue la expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938, que nacionalizó los activos de las compañías angloamericanas en México y creó Pemex. Ningún acto de gobierno latinoamericano de la primera mitad del siglo XX tuvo mayor resonancia simbólica en materia de soberanía sobre los recursos naturales. En Colombia, el debate petrolero venía de mucho antes y por otros carriles. Roberto de Mares había iniciado simbólicamente la explotación en junio de 1916 antes de traspasar su concesión a la Tropical Oil Company, subsidiaria de la Standard Oil. Sobre ese pulso pesaba todavía la sombra de Theodore Roosevelt, que había llegado a declarar que los puertos colombianos podían ser empleados por enemigos navales de Estados Unidos y que era deber estadounidense prohibir alianzas colombianas con potencias europeas o asiáticas. El desenlace, cerrado con la ratificación de tratados y la entrada masiva del capital norteamericano, dejó a Colombia sin la fibra política —ni la coyuntura internacional— para intentar algo semejante a la expropiación mexicana. El 18 de marzo de 1938 quedó, en el imaginario colombiano, como aquello que otro país había hecho: una vara alta que la izquierda antiimperialista invocaría luego y que el liberalismo oficial admiraba sin ánimo de imitar.

El tercer frente fue la política de asilo. México acogió a decenas de miles de republicanos españoles derrotados en la Guerra Civil, y luego, en distintos momentos, a perseguidos alemanes, italianos, judíos y latinoamericanos. En 1937 ya había recibido a León Trotsky, exiliado del estalinismo, alojado en Coyoacán por Diego Rivera y Frida Kahlo hasta su asesinato en 1940. En Colombia, la guerra española produjo una polarización comparable a la mexicana pero de signo opuesto en la derecha: los conservadores tendieron a simpatizar con Franco, mientras amplios sectores del liberalismo y de la intelectualidad crítica se declararon partidarios de las fuerzas republicanas, hasta el punto de que durante un tiempo la política colombiana se debatió entre posiciones republicanas y falangistas. En Bogotá y otras ciudades desfilaron grupos con camisas negras y camisas pardas, importando la simbología del fascismo europeo. Laureano Gómez no fue estrictamente fascista sino seguidor de la Falange española, y el lenguaje de El Siglo en 1936 aún se estudia en esa clave. En ese contexto, el asilo cardenista funcionó como dato incómodo para los conservadores colombianos y como motivo de admiración para los liberales. En 1940, ya bajo la presidencia de Eduardo Santos, Colombia acogería a intelectuales refugiados de la Guerra Civil española, gesto que no derivaba directamente de la política mexicana pero que se inscribía en el mismo aire hemisférico.

El cuarto frente fue la reorganización del Estado y del vínculo con las masas: fortalecimiento de la Confederación de Trabajadores de México, refundación del partido oficial como Partido de la Revolución Mexicana con bases sectoriales, laicización educativa moderada tras la fase más anticlerical del Maximato. Fue en este terreno donde el paralelo colombiano se hizo más visible. La Revolución en Marcha de López Pumarejo incluyó una reforma constitucional orientada a la modernización del país y coincidió con el surgimiento de la Confederación de Trabajadores de Colombia. Pero, a diferencia de México, la elección de López Pumarejo fue producto de alianzas tácticas dentro del Partido Liberal y no significó la derrota de su facción terrateniente; no había intención real de afectar el latifundio. El liberalismo se alineó con las aspiraciones de la clase media urbana y de la clase obrera sin cuestionar a los grandes propietarios. Esa contradicción interna sería la clave de la corta vida del reformismo colombiano: cuando Eduardo Santos, entre 1938 y 1942, decretó la célebre pausa a la Revolución en Marcha, frenando la adjudicación de tierras a campesinos, no hizo sino explicitar el techo que ya existía.

Cárdenas entregó el poder en diciembre de 1940 a Manuel Ávila Camacho, general moderado que giraría hacia el centro. Nunca más volvió a ocupar la presidencia, pero tampoco se retiró. Durante la Segunda Guerra Mundial fue ministro de Defensa; en los años cincuenta se opuso al giro conservador del PRI; en 1961 presidió en Ciudad de México la Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional, la Emancipación Económica y la Paz; y hasta su muerte, el 19 de octubre de 1970, actuó como referente moral de un México que ya no gobernaba.

Su red colombiana

La densidad del cardenismo en Colombia no se mide por gestos diplomáticos —fueron los usuales entre estados— sino por los usos políticos que actores colombianos hicieron de su nombre. Esos usos se despliegan en tres tiempos: el saludo parlamentario de 1934, el eje gaitanista que culmina en 1948 y la reactivación de los años sesenta al calor de la Revolución Cubana.

1934: el saludo desde la Cámara. El episodio inaugural ocurre en septiembre, apenas iniciado el sexenio cardenista y el primer gobierno de López Pumarejo. El día 15, un grupo de liberales presentó en la Cámara de Representantes colombiana una propuesta de saludo al gobierno de México, expresando que su ideario político debía servir de ejemplo a Colombia y a los países de América Latina. La representación conservadora votó en contra. La votación es reveladora por su carácter fundacional: la experiencia mexicana funcionó, junto con la de la República española, como motivo de diferenciación partidista en Colombia durante los años treinta. Ser liberal implicaba, entre otras cosas, saludar a México; ser conservador implicaba desconfiar de él. Cárdenas, sin haberlo buscado, quedó incorporado al mapa simbólico de la Cámara colombiana.

La influencia doctrinal, sin embargo, no vino tanto del cardenismo directo como del aprismo, movimiento nacido en suelo mexicano una década antes. Víctor Raúl Haya de la Torre había fundado allí, en los años veinte, la Alianza Popular Revolucionaria Americana con vocación continental, y sus doctrinas —de fuerte matiz antiimperialista— fueron las que más influencia cobraron entre la juventud liberal y progresista colombiana. Que el aprismo hubiera nacido en México, al calor de la Revolución que Cárdenas radicalizaría después, confirmaba una función continental: el país norteño era, para toda una generación latinoamericana, laboratorio de ideas y refugio de perseguidos. El mismo Grupo Comunista colombiano de 1922, antecedente del Grupo Marxista, se había reunido en torno al emigrante ruso Silvestre Zawitzky, que había pasado por México y Perú antes de recalar en Colombia. México aparece una y otra vez en esos itinerarios como estación obligada, y esa capilaridad previa preparó el terreno para que el nombre de Cárdenas pesara tanto cuando llegó.

El eje gaitanista. Entre los grandes populistas latinoamericanos de la época —Cárdenas, Juan Domingo Perón y su esposa Eva, Getúlio Vargas, Haya de la Torre y Jorge Eliécer Gaitán— la comparación se hizo obligatoria. Gaitán, Perón, Vargas y Cárdenas fueron dirigentes carismáticos, no caudillos en sentido histórico estricto: el caudillismo clásico, ligado a sociedades agrarias tradicionales, se había disuelto con la modernización del Estado, el crecimiento de los partidos políticos y la expansión del capitalismo. En esa constelación, Gaitán ocupó el lugar colombiano. Ministro de Educación en 1939 durante el gobierno de Eduardo Santos, antes había fundado la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria, una UNIR que proclamó la abstención en las presidenciales de 1934 y en las elecciones de 1935, aunque Gaitán terminaría elegido representante a la Cámara por el liberalismo en un giro que significó la muerte del proyecto independiente frente a los partidos tradicionales. Candidato con perspectivas de llegar a la presidencia en 1950, Gaitán fue leído por sectores populares como la esperanza de tener por fin voz en la política colombiana.

De todos los grandes populistas latinoamericanos de la era, Gaitán fue el único que murió asesinado. Su muerte el 9 de abril de 1948, en el centro de Bogotá, desencadenó el Bogotazo: amplias zonas del centro de la capital saqueadas y en escombros, el sistema de tranvías dañado, iglesias y archivos eclesiásticos quemados, negocios asaltados. Aquel caos hizo evidente, al menos en la percepción de quienes lo vivieron, que algo monstruoso había ocurrido, orquestado —así se sintió— por los ricos y el establecimiento conservador para impedir que el pueblo tuviera voz real en la política. El programa populista colombiano terminó ese día, de forma abrupta y violenta. La comparación con México se vuelve entonces inevitable: allí la revolución había producido un Cárdenas capaz de gobernar seis años, entregar el mando y sobrevivir; aquí la esperanza de una reforma comparable murió con quien la encarnaba, sin haber llegado siquiera al poder.

Los años sesenta: el aval moral. Cárdenas, ya sin cargo pero con inmensa autoridad moral, apoyó abiertamente la Revolución Cubana. Fidel Castro entró victorioso en La Habana en los primeros días de 1959, y de esa experiencia la izquierda latinoamericana extrajo dos enseñanzas: que la revolución socialista era posible en países de escaso desarrollo industrial, y que no era necesario un partido proletario para realizarla. La tesis del foco insurreccional del Che Guevara sería el argumento de autoridad al que solían acudir los revolucionarios latinoamericanos de los años sesenta para justificar la acción armada sin esperar condiciones previas. El 26 de julio de 1960 se celebró en La Habana el Primer Congreso Latinoamericano de la Juventud, al que asistió una numerosa delegación colombiana integrada por miembros de la Unión Nacional de Estudiantes Colombianos, la Juventud Comunista, las Juventudes del Movimiento Revolucionario Liberal, el MOEC 7 de Enero, la Juventud Socialista y otras agrupaciones. Cárdenas asistió como padrino moral de aquel proceso; para los jóvenes colombianos que fueron a La Habana, el michoacano representaba un pasado latinoamericano que confirmaba, en clave reformista, lo que Cuba estaba haciendo en clave revolucionaria: que el continente podía tomar sus decisiones sin permiso del Norte.

La Segunda Declaración de La Habana, poco después, proclamaría la decisión de los pueblos latinoamericanos de conquistar su independencia definitiva, hablando de los pobres de América y de su marcha hacia la verdadera independencia. Ese lenguaje era, en buena parte, lenguaje cardenista trasvasado a un molde más radical.

Su huella

La huella de Cárdenas en la historia de Colombia es de una naturaleza particular: no es una huella de acciones, sino de sentido. Ningún tratado, ninguna ley, ninguna intervención directa lo vinculan al país; y sin embargo, la política colombiana del siglo XX no se explica bien sin él.

En el liberalismo oficial, Cárdenas fue el nombre con el que se saludaba una modernidad reformista deseada pero no asumida. La Revolución en Marcha no fue cardenismo colombiano —le faltaba la base social organizada, la voluntad redistributiva, el enfrentamiento con las oligarquías rurales— pero se pensaba a sí misma en un horizonte donde Cárdenas era referencia obligada. La coyuntura internacional de 1934, con la lenta recuperación de la economía mundial a través de políticas de sabor keynesiano, empujaba en esa dirección. Colombia experimentó dinámicas similares después de 1932; López Pumarejo intentó cabalgarlas. El resultado fueron reformas de alcance limitado —una Ley 200 que no redistribuyó, una política educativa importante que incluyó la Comisión de Cultura Aldeana con figuras como Jorge Zalamea, una reforma constitucional modernizadora— seguidas por la pausa de Eduardo Santos y por el retroceso de la Ley 100 de 1944.

En el gaitanismo, Cárdenas fue algo más íntimo: prueba de que en América Latina existía un populismo capaz de gobernar sin ser derrocado, un modelo que hablaba en nombre de los de abajo y no era barrido por las oligarquías. Cuando el 9 de abril de 1948 esa posibilidad se cerró en Colombia, la comparación entre ambos destinos —Cárdenas viviendo hasta 1970 como conciencia de su país; Gaitán abatido a los 50 años en la Carrera Séptima con Jiménez— se convirtió en una de las heridas simbólicas de la política colombiana. El México cardenista había sabido incorporar a las masas al Estado; el establecimiento colombiano prefirió matar a quien intentaba hacerlo.

En la izquierda democrática y en la nueva izquierda de los sesenta, Cárdenas circuló como aval. El MRL de Alfonso López Michelsen, la Juventud Comunista, el MOEC 7 de Enero, la juventud del liberalismo progresista: todos podían invocarlo, cada uno a su manera. Para unos era el reformista que probaba que el Estado podía intervenir; para otros, el antiimperialista que había desafiado a las petroleras y humillado a Washington; para otros más, el hombre que había amparado a Trotsky, a los republicanos españoles y luego a los cubanos, encarnando una tradición latinoamericana de asilo político codificada en las convenciones regionales de La Habana en 1928, de Montevideo en 1933 y 1939 y de Caracas en 1954. Esa tradición de asilo cobraría, durante La Violencia y después, una densidad concreta para muchos colombianos que buscaron refugio fuera del país.

En el conservadurismo colombiano, en cambio, Cárdenas siguió siendo lo que fue en septiembre de 1934: una amenaza. La expropiación petrolera, el reparto de tierras y la política laica del cardenismo se leían desde Colombia como el catálogo de todo lo que había que impedir. Que Laureano Gómez y la derecha colombiana miraran hacia la Falange y no hacia México respondía a un mapa mental en el que el continente se dividía entre países que resistían la revolución social y países que se dejaban arrastrar por ella. México estaba, sin duda, del segundo lado.

Queda una pregunta última, la más incómoda: si el cardenismo influyó de verdad en Colombia o si su presencia fue sobre todo retórica. Como programa concreto de reforma agraria, no influyó: las leyes colombianas del período —la Ley 200 de 1936, sus decretos reglamentarios, la Ley 100 de 1944— responden a la correlación interna de fuerzas entre los dos modelos de desarrollo agrario que se disputaban el campo colombiano, y no a la imitación de modelo alguno. La tensión estructural entre propiedad campesina y agroindustria asalariada explica el destino de esas leyes mejor que cualquier referente externo. Como significante político, en cambio, el cardenismo pesó mucho: dio nombre a las esperanzas de una generación de reformistas colombianos, alimentó la imaginación del gaitanismo, sirvió de puente entre la Revolución Mexicana y la Cubana en la formación de la izquierda de los sesenta, y funcionó, hasta el final, como recordatorio de que otro reformismo había sido posible en América Latina.

Lázaro Cárdenas del Río murió el 19 de octubre de 1970 en Ciudad de México. En Colombia, esa época no llegó a vivirse. Quedó como reforma imaginada, formulada durante décadas en un vocabulario que había venido de México.