Lauchlin Currie

Un canadiense en el New Deal

Currie nació el 8 de octubre de 1902 en West Dublin, un pueblo pesquero de Nueva Escocia. Estudió en la London School of Economics a mediados de los años veinte y cruzó luego el Atlántico para doctorarse en economía en Harvard en 1931, con una tesis sobre oferta monetaria y banca comercial que anticipaba varios de los debates centrales de la Gran Depresión. Aquellos años en Cambridge, Massachusetts, marcaron su formación monetaria y lo pusieron en contacto con la generación que reinventaría la política económica estadounidense. Cuando la crisis destruyó el consenso académico ortodoxo, Currie pasó al servicio público: en 1934 se sumó al Departamento del Tesoro, y de allí a la Junta de la Reserva Federal bajo la presidencia de Marriner Eccles, donde participó en la redacción de la Banking Act de 1935 y en el diseño institucional que le dio a la Fed su forma moderna.

En 1939 el presidente Franklin D. Roosevelt lo nombró su asesor económico en la Casa Blanca, cargo que ejerció durante la Segunda Guerra Mundial. Fue el primer economista en ocupar oficialmente esa posición en la historia estadounidense. Trabajó de cerca con Harry Dexter White en asuntos de posguerra y viajó a China en 1941 y 1942 como enviado personal de Roosevelt ante Chiang Kai-shek, encargado de coordinar la ayuda al gobierno nacionalista. Esa experiencia asiática —el primer contacto de Currie con un país agrario, pobre y en transformación acelerada— dejaría rastros en sus ideas posteriores sobre migración rural y sectores líderes.

Con la muerte de Roosevelt en 1945 y el giro conservador de la posguerra, su posición en Washington se volvió insostenible. La cercanía con White, acusado de espionaje soviético, y sus propios contactos con funcionarios del Departamento de Estado que caerían en las purgas macartistas lo situaron bajo sospecha. En 1948 testificó ante el Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes; nunca fue procesado, pero el ambiente político le cerró el ejercicio profesional en Estados Unidos. La invitación colombiana de 1949 llegó, para él, en el momento exacto.

La Misión del BIRF y el nacimiento del "desarrollo"

El gobierno de Mariano Ospina Pérez solicitó al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento —el organismo recién creado en Bretton Woods que sería después el Banco Mundial— una misión de expertos para diseñar un programa de fomento económico. La solicitud se hizo en un momento crítico: Colombia acababa de vivir el Bogotazo, arrastraba el trauma del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en abril de 1948 y había pedido poco antes un préstamo de desarrollo por 78 millones de dólares. El perfil marcadamente anticomunista de los gobiernos colombianos de la posguerra facilitaba el acceso al crédito multilateral en el arranque de la Guerra Fría, y el BIRF necesitaba clientes que ensayaran su nueva vocación de banco de desarrollo, más allá de la reconstrucción europea. Colombia se convirtió, así, en el primer país del mundo en recibir una misión integral de ese tipo.

Currie llegó a Bogotá en julio de 1949 al frente de un grupo de catorce especialistas en áreas que iban del transporte y la agricultura a la salud pública y la banca. Recorrió el país durante meses. La misión constató lo que la estadística oficial aún no había sistematizado: vivienda campesina precaria, tasas de analfabetismo alarmantes, condiciones de salubridad rural que arrastraban indicadores del siglo XIX. Para medir la población económicamente activa en la agricultura, el equipo tuvo que apoyarse en el censo de 1938, el único disponible. Identificó tierras potencialmente cultivables en el valle del Sinú y el norte del Tolima, y advirtió que ponerlas a producir exigía no solo capital, sino también asistencia técnica, transporte, salud y educación: un paquete integrado, no una obra pública aislada.

El resultado se publicó en 1950 con el sello del Banco de la República bajo el título Bases de un programa de fomento para Colombia. Fue el primer documento de política económica que trató al país como un sistema con partes interdependientes: transporte, industria, agricultura, moneda y servicios sociales debían planearse juntos. En el mundo de posguerra, el concepto de "desarrollo" —diferenciado del viejo "progreso" y del "crecimiento" a secas— apenas nacía; Colombia recibió su primera formulación técnica antes que casi cualquier otro país latinoamericano. La misión respaldó los esfuerzos del gobierno por producir hierro y acero, pero puso una condición que sería característica del pensamiento de Currie: solo tenía sentido si podía hacerse a costos competitivos con el acero importado. El desarrollo, en su lectura, no toleraba el subsidio indefinido.

Los años de espera

Currie no regresó a Washington. Se quedó en Colombia, compró una finca lechera en la Sabana de Bogotá —donde ensayaría técnicas de mejoramiento de pastos y ganadería que reflejaban su interés genuino por la productividad agrícola—, se casó en segundas nupcias con Elizabeth Ramsay y adoptó el país como propio. Adquirió la ciudadanía colombiana en los años cincuenta. Enseñó en la Universidad Nacional y en la Universidad de los Andes, asesoró al Banco de la República, escribió incansablemente. Pero durante casi dos décadas su influencia sobre la política económica del país fue marginal.

La razón era doble. En lo interno, el Frente Nacional que gobernó Colombia entre 1958 y 1974 se organizó alrededor de una agenda reformista de corte agrario, encarnada primero en la ley de reforma agraria de 1961 y luego en el INCORA de Carlos Lleras Restrepo. En lo externo, la Alianza para el Progreso lanzada por John F. Kennedy en 1961 hizo del reparto de tierras y de la modernización campesina el eje de la cooperación hemisférica. Currie pensaba en dirección contraria: creía que el porvenir de Colombia no estaba en el campo sino en las ciudades, y que insistir en fijar población rural en tierras marginales era una perpetuación de la pobreza, no una solución.

Esa convicción se cristalizó en 1960 en el documento Operación Colombia, redactado a petición del Consejo Nacional de Planeación. La propuesta era radical y numéricamente concreta: generar 500.000 empleos urbanos nuevos en dos años, absorber en las ciudades el excedente laboral del campo y romper así el círculo de baja productividad agrícola. Currie había demostrado, con datos de esa misma década, que en la mayoría de departamentos cafeteros el caficultor "marginal" necesitaba un cafetal del doble de tamaño para igualar el salario de un obrero urbano; solo en el Viejo Caldas la relación se equilibraba. El campo, argumentaba, retenía población en condiciones de miseria porque la ciudad no ofrecía suficientes puertas de entrada. Había que abrirlas de golpe.

Alberto Lleras Camargo rechazó la Operación Colombia. Sus razones fueron políticas y explícitas: el plan se oponía a los compromisos que Colombia había adquirido con la Alianza para el Progreso y chocaba de frente con la ley de reforma agraria que se debatía entonces en el Congreso. Entre 1961 y 1969, además, el Ministerio de Agricultura sostuvo una política oficial de no acelerar la migración rural-urbana, precisamente para no intensificar los problemas de las grandes ciudades. Lleras Restrepo, en su gobierno posterior (1966-1970), reforzó esa línea. Currie era, en la conversación pública de esos años, la voz disonante.

Pastrana y las Cuatro Estrategias

La oportunidad llegó veinte años después de su primera misión. En 1970 ganó la Presidencia Misael Pastrana Borrero por un margen estrecho y disputado sobre Gustavo Rojas Pinilla y la ANAPO. El nuevo gobierno necesitaba, con urgencia, capturar el electorado urbano popular que había estado a punto de darle el triunfo al populismo de Rojas, y necesitaba diferenciarse del reformismo agrarista de Lleras Restrepo, su antecesor inmediato dentro del propio Frente Nacional. Pastrana encargó a Currie el diseño de un nuevo plan de desarrollo en 1971. Currie llevaba entonces cerca de veinte años en Colombia y adaptó a las condiciones de los primeros años setenta la doctrina que había formulado en la Operación Colombia.

El resultado fue el Plan de Desarrollo Económico y Social conocido como Las Cuatro Estrategias. La primera y más visible fue la promoción de un sector líder: la construcción de vivienda urbana, que absorbía mano de obra no calificada, dinamizaba la demanda de insumos industriales y ordenaba la migración rural hacia las ciudades. La construcción usaba trabajo intensivo, no requería calificación previa sofisticada y producía un bien —el techo— cuya demanda potencial era enorme en un país que se urbanizaba a marchas forzadas. Alrededor de ese eje se articulaban las otras tres estrategias, orientadas a aumentar exportaciones, redistribuir ingresos y elevar la productividad agrícola.

La operación política fue tan importante como la técnica. La reforma urbana cumplió para la administración Pastrana la misma función que la reforma agraria había cumplido para Lleras Camargo y Lleras Restrepo: darle al gobierno una bandera social que le permitiera disputar el electorado popular. El impulso masivo a la vivienda urbana fue, en los hechos, la otra cara de una contrarreforma agraria: se abandonó la ambición de democratizar la tierra a cambio de acelerar la modernización por la vía de la urbanización y el consumo. El gobierno se distanció del modelo de Lleras Restrepo —proteccionismo industrial más promoción de exportaciones más reforma agraria— y adoptó el paradigma que Currie llevaba una década ofreciéndole al país sin encontrar comprador.

El sistema UPAC

La pieza institucional decisiva de esa apuesta fue el sistema UPAC —Unidad de Poder Adquisitivo Constante—, implantado a comienzos de la década de 1970 como instrumento financiero para movilizar ahorro hacia la construcción. Las Corporaciones de Ahorro y Vivienda, creadas al amparo del nuevo sistema, iniciaron sus préstamos en 1973. La innovación técnica central fue la indización: los créditos y los depósitos se ajustaban según una fórmula de corrección monetaria diseñada para neutralizar los efectos de la inflación sobre el sector, un problema que había atrofiado el crédito hipotecario colombiano durante décadas. El ahorrador recibía un rendimiento real y el constructor obtenía financiamiento de largo plazo; el sistema, en su formulación original, prometía cerrar un cuello de botella histórico.

Los primeros años fueron tensos. El crecimiento de la inflación y el aumento de la tasa de corrección monetaria estuvieron a punto de destruir el UPAC en su fase inicial. La oposición vino de dos lados: intereses financieros que veían en el nuevo instrumento una competencia por el ahorro, y sectores sociales que empezaron a percibir que la corrección monetaria podía volverse contra el deudor. Currie defendió el sistema con la insistencia de quien reconoce en él la traducción concreta de su doctrina. Anotó, con cierta amargura, que un ministro de Hacienda —cargado de responsabilidades ejecutivas cotidianas— difícilmente podía dedicarle a una iniciativa de esa envergadura el tiempo que exigía, y sugirió que hacía falta una oficina de planificación de largo plazo que asesorara al Ejecutivo en asuntos macroeconómicos. Era una defensa del papel del tecnócrata residente frente a la rotación política.

El UPAC respondía a demandas de la clase media formuladas desde la segunda mitad de los años sesenta: acceso al crédito hipotecario en un país donde la propiedad de la vivienda había sido tradicionalmente un privilegio contado. Durante casi tres décadas funcionó y transformó las principales ciudades colombianas. Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla crecieron en buena medida sobre el andamiaje financiero que Currie había ayudado a construir. Pero la fórmula original, ligada inicialmente al costo de vida, fue mutando: en los años noventa se ancló crecientemente a las tasas de interés del mercado. Cuando la crisis de fin de siglo elevó esas tasas a niveles inmanejables, el sistema colapsó. En 1999, el 16% de los usuarios dejó de pagar sus obligaciones; más de seis mil inmuebles fueron entregados como dación de pago. Dieciséis asociaciones de usuarios se organizaron en el último trimestre de ese año para exigir que las liquidaciones se hicieran en moneda real y no en la unidad indexada. La Corte Constitucional declaró inexequibles varios de los mecanismos centrales del UPAC, y el sistema fue reemplazado por la UVR.

El derrumbe planteó una pregunta incómoda sobre el legado de Currie: si el sistema falló porque se apartó de su diseño original —capturado por intereses financieros que lo distorsionaron— o porque el diseño mismo contenía riesgos estructurales que solo el tiempo reveló. La respuesta honesta admite las dos cosas. El desarrollo urbano y la construcción se orientaron, a partir de los setenta, hacia una concentración monopolística creciente del crédito; las Corporaciones de Ahorro y Vivienda se convirtieron en actores financieros de gran tamaño con lógicas que ya no coincidían necesariamente con las del plan original. La huella de Currie quedó, pero deformada por su propia captura.

La doctrina

Currie no fue un asesor pragmático que se limitara a proponer políticas coyunturales. Detrás de la Operación Colombia, de las Cuatro Estrategias y del UPAC hay una teoría coherente del desarrollo, sostenida a lo largo de cinco décadas con muy pocas rectificaciones. Sus componentes pueden nombrarse.

Primero, una distinción entre necesidades biológicas —alimento, refugio, salud— y deseos sociales, los que llamaba "necesidades culturales más complejas". El desarrollo debía orientarse a satisfacer las primeras sin confundirlas con las segundas, y sin postergarlas en nombre de horizontes abstractos. Segundo, la convicción de que el desarrollo era, antes que un problema de acumulación de capital, un asunto de "nuevo estado mental": dependía de disposiciones colectivas hacia el cambio, la movilidad y la innovación. Esa formulación lo apartaba de las lecturas economicistas dominantes en los años sesenta —tanto de la ortodoxia como de la escuela cepalina— y lo acercaba, sin coincidir plenamente, a autores como Albert Hirschman.

Tercero, y decisivo, una teoría del sector líder: en toda economía en despegue existe un sector cuya expansión arrastra a los demás por encadenamientos hacia atrás y hacia adelante. En la Colombia de los setenta, ese sector era la construcción. Y cuarto, una teoría de la movilidad laboral: solo si el excedente rural podía trasladarse rápido a las ciudades sería posible aumentar la productividad agrícola. Currie mostró que el aumento de esa productividad, acompañado de alta movilidad, podía reducir permanentemente el precio de los alimentos, liberando ingreso para la demanda de otros bienes y generando un impulso de desarrollo que trascendía al propio campo. La lógica era circular y elegante: la ciudad salvaba al campo al aliviarlo de gente.

Esa doctrina lo enfrentaba con dos adversarios simultáneos. Contra la ortodoxia neoclásica, defendía la planeación centralizada y el papel activo del Estado en la selección de sectores prioritarios. Contra el estructuralismo cepalino y contra el reformismo agrarista, negaba que la redistribución de tierras fuera la vía principal para incorporar al campesinado a la modernidad. La primera batalla la ganó parcialmente: la planeación centralizada se institucionalizó a partir de las reformas administrativas de 1958 y 1968, que crearon una constelación de agencias con poder decisorio en agricultura, industria, vivienda, banca y recursos naturales, todas responsables ante el presidente. La segunda batalla también la ganó, pero al costo político de haber contribuido a enterrar, en Colombia, la aspiración histórica de una reforma agraria efectiva.

La red

Currie no operó nunca solo. Su influencia en Colombia se sostuvo sobre tres círculos concéntricos —el multilateral, el estatal-académico y el intelectual—, y la densidad de esa red explica su permanencia.

El primer círculo tuvo su núcleo en el Banco Mundial. La misión de 1949 abrió una relación de décadas, que reaparecería con nitidez en los Programas de Desarrollo Rural Integrado aplicados en Colombia desde los años setenta, financiados parcialmente por el organismo y ajustados a políticas de desarrollo rural que el propio Currie había diseñado para el Tercer Mundo. Alrededor de ese eje giraban el FMI —custodio de la estabilidad cambiaria con la que dialogaban los planes de fomento—, la CEPAL —adversaria doctrinal en materia agraria, pero interlocutora obligada en el debate latinoamericano sobre estructuralismo y desarrollo— y la Comisión Interamericana de Desarrollo, encargada de canalizar buena parte de la cooperación hemisférica en la órbita de la Alianza para el Progreso. Colombia era, en esa geografía, un país-cliente con contrapartes locales cada vez más profesionales, consolidadas a lo largo del Frente Nacional; el mismo país que había servido de piloto en 1949 seguía siendo laboratorio treinta años después.

El segundo círculo se tejió en las aulas y en los ministerios. De las cátedras de Currie en la Universidad Nacional y los Andes salieron discípulos que ocuparían posiciones clave en Planeación Nacional, el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda y las Corporaciones de Ahorro y Vivienda. La profesionalización de la economía en Colombia —con la adopción de la teoría marginalista, los modelos de equilibrio general y la econometría— avanzó en paralelo a su influencia, aunque no sea reducible a ella; supuso una ruptura con la tradición de la escuela histórica alemana que había marcado el pensamiento económico colombiano en las primeras décadas del siglo XX. Currie fue simultáneamente promotor y beneficiario de esa profesionalización.

Sus interlocutores presidenciales cambiaron con los ciclos. Con Ospina Pérez fue el técnico llegado del BIRF; con Lleras Camargo, el asesor rechazado; con Lleras Restrepo, la contraparte polémica del reformismo agrario; con Pastrana, finalmente, el arquitecto convocado. En los gobiernos posteriores mantuvo una relación de asesor honorífico, respetado pero ya no central. Dentro del gabinete Pastrana, Argelino Durán Quintero —Ministro de Obras Públicas desde agosto de 1970— fue una de las figuras con las que el equipo de Currie articuló la operación de infraestructura y vivienda que dio soporte físico a las Cuatro Estrategias.

El tercer círculo, el intelectual, fue menos visible pero decisivo. Roy Harrod, con quien había compartido preocupaciones sobre crecimiento en los años treinta y cuarenta, y Albert Hirschman, cuya obra sobre encadenamientos productivos en América Latina dialoga sin coincidir con la teoría del sector líder, son las dos referencias mayores. La generación colombiana de economistas formada entre los sesenta y los ochenta —neo-estructuralistas y post-keynesianos por igual— adoptó, muchas veces sin reconocerlo, buena parte del utillaje técnico que Currie había ayudado a instalar. La red no era una conspiración ni un club; era un entramado de préstamos, cátedras, planes y hábitos mentales cuyo centro de gravedad, durante cuatro décadas, estuvo en su despacho.

La huella

Currie murió en Bogotá el 23 de diciembre de 1993, a los noventa y un años, después de más de cuatro décadas de residencia continua en Colombia. Para entonces era ciudadano colombiano por nacionalización, viudo, propietario aún de su finca en la Sabana, y autor de una obra escrita —libros, informes, memorandos, artículos— voluminosa y dispersa en tres idiomas. El país al que había llegado en 1949 era rural en dos terceras partes; el que dejó al morir era urbano en más de tres cuartas. No toda esa transformación es atribuible a él: la urbanización colombiana obedeció a fuerzas —la violencia bipartidista, la modernización agrícola, la expansión educativa, el conflicto armado— que él no diseñó ni controló. Pero el modo en que Colombia procesó institucionalmente esa transformación sí lleva su firma.

Su legado admite varias lecturas simultáneas, todas legítimas. Como arquitecto intelectual, Currie ofreció al país una doctrina coherente y persistente que ningún otro asesor logró articular con similar densidad. Como recurso instrumental, fue convocado cuando sus ideas coincidieron con los intereses político-electorales de las élites que lo llamaban —Pastrana necesitaba una bandera urbana contra la ANAPO— y desechado cuando chocaron con otros compromisos —Lleras Camargo no podía renunciar a la Alianza para el Progreso—. Como vector de una agenda multilateral, sirvió al Banco Mundial y al BIRF de puente de larga duración en un país que se convirtió en laboratorio de sus políticas de desarrollo. Ninguna de esas lecturas anula a las otras: Currie fue autor, instrumento y agente a la vez. La tecnocracia internacional del siglo XX difícilmente admite un caso más nítido de esa condición simultánea.

Su huella institucional —el UPAC y su descendencia, la construcción como sector líder, Planeación Nacional como órgano de diseño macroeconómico, la primacía política de la ciudad sobre el campo— sigue estructurando decisiones que se toman hoy en Colombia. El fracaso final del UPAC no borra el hecho de que durante treinta años financió millones de metros cuadrados de vivienda y transformó la fisonomía urbana del país. La renuncia colombiana a una reforma agraria efectiva —renuncia con costos históricos altos, medidos en desplazamiento, conflicto y desigualdad rural persistente— tiene entre sus arquitectos intelectuales a Lauchlin Currie.

En los inventarios de asesores extranjeros que dejaron marca en América Latina, el suyo es un caso singular por la duración. Otros pasaron por la región durante misiones de meses o años; él se quedó cuarenta y cuatro. Otros diseñaron un plan; él diseñó tres, con veintiún años de diferencia entre el primero y el último, y vio implementado —al menos parcialmente— el que llevaba dos décadas defendiendo. Su nombre se ha diluido en la memoria pública colombiana mientras sus instituciones siguen operando, o siguen siendo debatidas en los tribunales y en el Congreso; esa asimetría entre el olvido del autor y la vigencia de la obra es, en el fondo, la forma más precisa de medir lo que hizo.