Ensayo · Crisis y narcotráfico · 1974–1990
La elección popular de alcaldes y la descentralización (1986-1988)
En 1986 Colombia aprobó la elección popular de alcaldes y en 1988 celebró la primera jornada; la reforma se presentó como el programa descentralizador más coherente del siglo XX, pero coincidió con el exterminio sistemático de la Unión Patriótica y la captura armada del poder municipal. La pregunta es si democratizó el poder local o abrió una ventana de letalidad que convirtió la alcaldía en trofeo militar y botín de actores armados.
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La respuesta en breve
La descentralización colombiana fue una conquista democrática real —nacida de la presión de paros cívicos y del proceso de paz de La Uribe— que introdujo competencia electoral donde antes había prebenda presidencial. Sin embargo, al no ir acompañada de una reforma del aparato coercitivo ni de garantías de seguridad para los competidores, transfirió poder no a las comunidades sino a quienes ya controlaban la violencia en cada territorio: paramilitares, narcotraficantes y caciques armados. El resultado fue simultáneamente democratizador y genocida: la UP ganó veinte alcaldías en 1988 y sus alcaldes electos fueron asesinados en los meses siguientes, lo que muestra que la apertura electoral sin monopolio estatal de la violencia no democratiza sino privatiza el Estado local, produciendo el efecto perverso que los reformistas liberales no anticiparon ni quisieron reconocer.
La interpretación celebratoria subraya la ruptura con el centralismo de 1886 y el estado de sitio permanente (vigente más del 80% del período 1958-1990): la reforma Betancur y la Constitución de 1991 habrían instalado un salto civilizatorio al introducir elección de alcaldes, mecanismos de participación y transferencias fiscales. Frente a ella, una segunda lectura sostiene que descentralizar sin monopolio estatal de la violencia equivalió a privatizar el Estado local: en Urabá, el Magdalena Medio, el Meta y Córdoba, la alcaldía se volvió un bien disputable que las élites tradicionales y el paramilitarismo —articulado con narcotraficantes como Rodríguez Gacha y estructurado desde Puerto Boyacá por Henry Pérez— defendieron mediante el genocidio político de la UP, con al menos 2.722 víctimas documentadas. Una tercera posición enfatiza el origen popular de la reforma —respuesta a los paros cívicos de los setenta y al proceso de paz de La Uribe (1984)— y advierte que sus costos posteriores no anulan su legitimidad democrática de origen. La tensión irresuelta es si el problema estuvo en la apertura electoral misma o en su acompañamiento institucional asimétrico: si un diseño con tutelaje fiscal y reforma coercitiva previa habría producido distinta correlación entre autonomía y captura, o si la contradicción era estructural al régimen colombiano de los ochenta.
Ensayo completo
La lectura
La elección popular de alcaldes y la descentralización en Colombia (1986-1991)
En enero de 1986, el Congreso colombiano aprobó una reforma constitucional que rompía con casi un siglo de nombramiento presidencial: los alcaldes municipales serían elegidos por voto popular. La primera jornada se celebró en marzo de 1988, y con ella el país estrenó una arquitectura política que la Constitución de 1991 consolidaría al extender la elección a los gobernadores departamentales, sumar mecanismos como la revocatoria del mandato y el voto programático, y transferir competencias en salud y educación a los municipios. La reforma se presentó, con razón, como el programa de descentralización política más coherente del siglo XX colombiano. Pero fue también el marco dentro del cual un partido nuevo —la Unión Patriótica, nacida de los Acuerdos de La Uribe de 1984— ganó veinte alcaldías en su primera elección popular y fue exterminado con método a lo largo de la década siguiente.
¿Puede llamarse democratización a un procedimiento que abre la competencia electoral sin garantizar la seguridad de los competidores? La pregunta atraviesa la reforma de 1986 y no se deja resolver por el flanco cómodo. Entender qué fue la descentralización colombiana exige mirar simultáneamente el acta legislativa y las urnas quemadas, los concejales electos y los cadáveres exhibidos en las carreteras de Urabá. La cuestión no es si democratizó: es cómo pudo hacer ambas cosas a la vez.
Qué se juega en la pregunta
La equivalencia entre descentralizar y democratizar es una de las convicciones fundacionales del reformismo liberal del último tercio del siglo XX. Acercar la decisión al ciudadano, se argumentó en América Latina y en la Colombia de los años ochenta, disolvería el clientelismo, oxigenaría la representación y sustraería a las burocracias centrales el monopolio de recursos que las hacía impermeables al control. En el caso colombiano, esa promesa se depositó específicamente en el municipio: la alcaldía dejaría de ser una prebenda repartida por el Ejecutivo y pasaría a ser un cargo con mandato ciudadano, revocable, con presupuesto propio y responsabilidades verificables.
Lo que la experiencia colombiana pone en tensión no es la bondad abstracta de esa apuesta, sino su viabilidad sobre un Estado que no controlaba el monopolio de la violencia en amplias franjas de su territorio. Si en Urabá, en el Magdalena Medio, en el Meta o en el Caquetá la coacción armada era ya un factor cotidiano de la vida política antes de 1986, democratizar el cargo local sin democratizar antes —o al tiempo— la coerción significaba entregar la alcaldía como trofeo disputable a quienes ya disputaban el territorio. Si la reforma no puede llamarse democratización sin más, ¿qué nombre le corresponde a lo que ocurrió entre 1986 y 1997? De la respuesta depende cómo se lea el andamiaje institucional del país: si la Constitución de 1991 fue el techo democrático de un proceso ascendente, o la ratificación jurídica de un régimen que ya había pactado, por omisión, con quienes clausuraron por las armas la alternativa política que la propia reforma había habilitado.
Interpretaciones en pugna
Sobre el ciclo 1986-1991 se han cruzado interpretaciones que rara vez se dejan reconciliar. La más celebratoria subraya la ruptura con el centralismo heredado de 1886: durante más del 80% del periodo 1958-1990 estuvo vigente alguna forma de estado de sitio, los alcaldes eran designados por gobernadores que a su vez respondían al Presidente, y la única forma legalmente reconocida de participación —las elecciones al Congreso bajo listas plurales— había sido colonizada por el bipartidismo del Frente Nacional. Contra ese diseño cerrado, la reforma Betancur y la Constitución del 91 aparecen como un salto civilizatorio: introdujeron la elección de alcaldes y gobernadores, la acción de tutela, la Corte Constitucional y un catálogo de mecanismos de participación local.
Una segunda mirada, más incómoda, sostiene que la descentralización sin monopolio estatal de la violencia terminó privatizando el Estado local en lugar de democratizarlo. Al abrir la competencia por un cargo con recursos crecientes en territorios donde el Estado no garantizaba seguridad, la reforma habría transferido poder a los actores armados con capacidad de moldear los resultados: guerrillas donde tenían dominio territorial, paramilitares donde se organizaron ganaderos, narcotraficantes y militares, y caciques tradicionales donde el clientelismo sobrevivió reciclado. En vez de disolver el poder, la reforma habría multiplicado los puntos donde se concentra.
Una tercera lectura enfatiza el origen social de la reforma. Los paros cívicos que sacudieron el país en la segunda mitad de los setenta y comienzos de los ochenta exigieron voz local, servicios y control sobre gobernantes que la ciudadanía no elegía. Betancur, al reconocer las causas objetivas de la violencia y abrir el proceso de paz de La Uribe en 1984, canalizó políticamente ese descontento. La descentralización sería, entonces, una conquista democrática cuyo costo posterior no anula su origen popular.
Una cuarta insiste en la contradicción estructural: la misma reforma que abrió una vía civil de participación —y permitió el surgimiento de la UP como frente de convergencia entre el Partido Comunista, sectores independientes y militantes de las FARC que optaban por la política legal— creó el terreno donde el paramilitarismo aniquilaría a esa izquierda. Apertura democrática y genocidio político no serían momentos sucesivos, sino simultáneos, expresiones del mismo régimen asimétrico.
Ninguna de estas versiones excluye limpiamente a las otras: se solapan y compiten por el peso relativo que asignan a la reforma, al aparato coercitivo, a la presión social y a la violencia contraofensiva.
La reforma en su contexto
El Acto Legislativo 01 de 1986 no fue un rayo en cielo sereno. Llegó al final de un cuatrienio marcado por la constatación de que el régimen bipartidista había agotado su capacidad de canalizar el conflicto social. El Estatuto de Seguridad del gobierno de Julio César Turbay Ayala, expedido por decreto bajo estado de sitio en septiembre de 1978, había respondido a la escalada guerrillera con amplias facultades a las Fuerzas Armadas que derivaron en torturas, detenciones arbitrarias y asesinatos políticos. La abstención crecía; el Partido Liberal se dividió en las elecciones de 1982, y esa fractura contribuyó al contexto que permitió el triunfo del conservador Belisario Betancur.
Betancur reconoció las causas objetivas de la violencia e impulsó un proceso de paz cuyo eje jurídico fueron los Acuerdos de La Uribe, firmados el 28 de marzo de 1984 con las FARC-EP. La tregua tenía un supuesto explícito: si la guerrilla debía transitar a la vida civil, el sistema político debía ofrecer un espacio donde esa transición fuera viable. La elección popular de alcaldes cumplía esa función. Jaime Castro, uno de sus principales arquitectos, la defendió como el espacio democrático necesario para incorporar a los rebeldes armados que quisieran participar en la vida pública regional y local. La descentralización nació doblemente ligada al proceso de paz: era su condición institucional y su promesa de futuro.
Ese origen se pagaría caro. La Unión Patriótica, lanzada formalmente en 1985 como parte de los mismos acuerdos, era un frente amplio en el que confluían el Partido Comunista Colombiano, sectores independientes y —éste fue el punto crítico— militantes de las FARC que probaban la vía legal sin que la organización armada depusiera las armas. Esa ambigüedad de origen dio a sus adversarios una justificación doctrinal que no dudaron en usar. El general Fernando Landazábal Reyes había formulado la doctrina con claridad: era más importante localizar y neutralizar la dirección política de la subversión que combatir sólo sus organizaciones armadas. Bajo esa premisa, el militante de la UP dejaba de ser ciudadano en ejercicio de derechos y pasaba a ser objetivo militar disfrazado.
Betancur enfrentó, además, la resistencia frontal de poderes locales y regionales, gremios, mandos militares y sectores de la clase política que veían en la reforma una amenaza a sus prerrogativas territoriales. El programa se aprobó, pero mutilado en su acompañamiento institucional: nunca se emparejó la apertura electoral con una reforma del aparato coercitivo. Ese desacople sería el vicio original.
Lo que las urnas mostraron
La UP participó por primera vez en elecciones en 1986 y los resultados sorprendieron. Su candidato presidencial, Jaime Pardo Leal —que reemplazó a Jacobo Arenas, segundo comandante de las FARC inicialmente propuesto—, obtuvo poco menos del 5% de los votos, un resultado sin precedentes recientes para la izquierda colombiana.
En las legislativas de ese mismo año, la irrupción se midió en tres escalas. En el Congreso, catorce curules. En las asambleas, dieciocho diputados repartidos en once departamentos. Y en el nivel municipal, 335 concejales distribuidos en 187 concejos. La expansión llegó incluso a un caso extremo: en Arauca, en coalición con el Movimiento Liberal Orticista Independiente, la UP alcanzó el 53% de la votación y la única curul a la Cámara.
El mapa de esos votos era elocuente. La UP creció en regiones periféricas de colonización campesina —Urabá antioqueño, Meta, Caquetá, Magdalena Medio, Tolima— donde las FARC tenían presencia histórica y donde el bipartidismo había sido menos capaz de integrar a las poblaciones locales. También, en cambio, en regiones como Nariño, donde la dirección departamental se conformó desde organizaciones civiles, sindicales y estudiantiles sin militantes armados en la conducción. La UP no fue un fenómeno uniforme: en unas zonas era claramente un desprendimiento político de la guerrilla, en otras un partido de izquierda con inserción propia.
En marzo de 1988 se celebró la primera elección popular de alcaldes. La UP obtuvo veinte alcaldías propias y setenta concejales; el Frente Popular, vinculado a otra corriente de izquierda, sumó dos alcaldías, treinta concejales y dos diputados. Cabrera, en la región del Sumapaz, quedó bajo la UP y allí permanecería sin interrupción hasta 1998. En Yondó, en el Magdalena Medio, la UP también ganó la alcaldía. En Apartadó, en Urabá, el partido consolidó una presencia que venía construyendo desde 1986. Los números eran modestos en el conjunto nacional, pero significativos en los territorios: por primera vez, comunidades campesinas de zonas de colonización tenían representantes electos con nombre propio y mandato local.
Esa fue exactamente la información que activó la contraofensiva.
La contraofensiva
Los éxitos electorales de la UP fueron uno de los detonantes documentados de la reacción violenta paramilitar. Desde 1986 los militantes comenzaron a ser asesinados con sistematicidad, y entre las primeras víctimas hubo congresistas apenas elegidos. Pero fue con las alcaldías de 1988 cuando el patrón se volvió inequívoco: siete masacres en ocho semanas, a comienzos de ese año, en Urabá y Córdoba, atribuidas a fuerzas paramilitares provenientes de Córdoba, el Magdalena Medio y Puerto Boyacá, todas dirigidas contra la izquierda local.
Conviene detenerse en una escena, porque el detalle importa más que la enumeración. El 4 de marzo de 1988, un grupo de unos treinta hombres encapuchados llegó a la finca bananera La Honduras, en el corregimiento de Currulao, municipio de Turbo. Asesinaron a diecisiete trabajadores sindicalizados en Sintragro y se trasladaron a la finca La Negra, donde ejecutaron a otros cuatro. Ese mismo año, en la vereda Mejor Esquina, en Córdoba, otra masacre atribuida a estructuras vinculadas a los hermanos Castaño dejó alrededor de cuarenta y dos víctimas. El repertorio se completó con amenazas, atentados, detenciones arbitrarias, torturas, secuestros y desplazamiento forzado, con al menos 2.722 víctimas documentadas entre militantes y familiares.
La violencia se aplicó también, con particular saña, contra los alcaldes electos. El primer alcalde de la UP en Yondó fue asesinado en noviembre de 1988 en Itagüí, lejos de su municipio. Benjamín Arboleda, integrante de la dirección ejecutiva del partido, fue asesinado y mutilado en Riosucio, hecho adjudicado al comandante paramilitar conocido como "El Alemán". María Mercedes Méndez, alcaldesa de El Castillo (Meta), y William Ocampo, alcalde electo del mismo municipio, fueron emboscados y asesinados en Caño Sibao horas después de haber solicitado protección a la Séptima Brigada del Ejército. Esa secuencia —pedir protección al Estado y morir en el intervalo entre la solicitud y la respuesta— condensa la geometría del régimen que la reforma había instalado sin blindar.
Los perpetradores no ocultaban sus motivos. Un "Plan Retorno" paramilitar en Urabá tenía como objetivo declarado recuperar el poder político arrebatado por la UP, con participación articulada de empresarios, la XVII Brigada del Ejército y sectores de la Fiscalía. El comandante "HH" señaló que erradicar el arraigo político de la UP requería recurrir al genocidio y al terror —descuartizamientos, exhibición pública de cadáveres— para infundir miedo en la población. La violencia era instrumento explícito de reversión política, no accidente colateral.
Puerto Boyacá fue el epicentro desde el cual se coordinó y propagó ese proyecto hacia Urabá, los Llanos Orientales y el Nordeste antioqueño. Henry Pérez, líder paramilitar de esa región, concibió una estructura que integraba la lucha antiguerrillera con la participación en la política local y el desarrollo socioeconómico regional: fue, en un sentido preciso, el padre de lo que después se llamaría parapolítica. En 1982, siendo Óscar Echandía alcalde militar de Puerto Boyacá, una reunión organizada por el coronel Jaime Sánchez Arteaga del Batallón Bárbula habría dado origen al primer grupo paramilitar formal de la zona. La ACDEGAM —Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio— integró a hacendados, empresarios y ganaderos en un proyecto que combinaba servicios sociales locales con actividades armadas, y excombatientes documentan la colaboración del Ejército con esas estructuras entre 1986 y 1995.
A partir de 1987-1988, Henry Pérez y su padre compraron tierras en Urabá y coordinaron con Fidel Castaño las primeras masacres en la zona bananera, extendiendo el modelo. Simultáneamente, Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha convirtieron el Magdalena Medio y el Meta en enclaves de acumulación territorial mediante la compra masiva de tierras: eran ya ganaderos y terratenientes, y esa condición material inclinó la balanza dentro del proyecto paramilitar hacia intereses de despojo que se sumaron al eje contrainsurgente original. En Urabá, la coalición fue explícita entre terratenientes, narcotraficantes y capitalistas bananeros agrupados en Augura, en respuesta al crecimiento del sindicalismo agrícola y del voto de izquierda.
Los paramilitares no se limitaron a matar candidatos y funcionarios electos: intervinieron el proceso electoral mismo. En La Jagua de Ibirico quemaron urnas y prohibieron votar por el candidato opositor Osman Mojica en algunas veredas, aunque perdieron la elección. Más tarde, el Bloque Norte impondría el voto por sus candidatos mediante coacción armada directa en las mesas. La descentralización había producido el escenario perfecto para que grupos armados con vocación política encontraran en el nivel municipal el punto de acceso más eficiente al Estado.
Un intento de respuesta
Lo que la evidencia sostiene con más fuerza no es una sola de las lecturas en pugna, sino su articulación. La descentralización de 1986 fue una reforma democratizadora auténtica: transfirió a los ciudadanos la elección de un cargo que antes era prebenda del Ejecutivo, abrió un espacio para fuerzas políticas excluidas del bipartidismo, y produjo victorias electorales reales —modestas pero reales— para la izquierda legal en territorios donde el clientelismo había sido tradicionalmente hegemónico. La UP ganó en Cabrera, en Apartadó, en Yondó, en veinte municipios más. Los votos existieron y las alcaldías existieron.
Esa apertura, sin embargo, se produjo sobre un Estado que no tenía monopolio de la violencia en amplias regiones del país, y coincidió con una alianza contraofensiva —élites regionales, narcotraficantes, sectores militares, políticos tradicionales— que operaba bajo una doctrina anticomunista que no distinguía entre militancia legal y combatiente armado. El resultado fue una reconfiguración específica en la que el cargo municipal, precisamente por haberse democratizado, se convirtió en trofeo disputable y en blanco letal. Los éxitos de la UP en 1986 y 1988 no acompañaron a las masacres: las precedieron y las causaron, en un vínculo que los propios perpetradores explicitaron.
La reforma habilitó la competencia sin garantizar la seguridad de los competidores. Esa asimetría tampoco fue accidental ni imprevisible: fue el precio de un pacto de transición que Betancur no pudo —o no quiso— romper con los mandos militares y las élites regionales que se oponían al proceso de paz. La descentralización democratizó el procedimiento electoral y, en el mismo movimiento, dejó intactos los aparatos coercitivos que habrían de encargarse de anular sus resultados donde no les convinieran. El diseño institucional que se ofrecía como reparación al conflicto quedó, así, sostenido por las mismas estructuras que lo desangrarían por dentro.
La contradicción no está entre dos momentos —primero la apertura, después el cierre violento— sino entre dos dimensiones simultáneas del mismo régimen. La Constitución de 1991 lo ratifica con claridad: incorporó al M-19 desmovilizado, cuyo líder Antonio Navarro Wolff fue copresidente de la Constituyente junto con Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa, mientras la UP era exterminada en las regiones. Fue una vía de paz selectiva que premió a quienes depusieron las armas y no protegió a quienes habían apostado por la vía electoral legal desde 1985. La consolidación institucional de 1991 —la Corte Constitucional, la tutela, la elección popular de gobernadores, la restricción de los poderes de excepción— fue real y transformadora, y convivió al mismo tiempo con una selectividad de garantías que revela el límite del pacto: el Estado colombiano abrió el juego democrático sin comprometerse a proteger simétricamente a todos los jugadores.
Esa selectividad tuvo consecuencias materiales que sobrevivieron al ciclo electoral. Las alcaldías arrebatadas por la vía armada no volvieron a competir en igualdad de condiciones. Los sindicatos bananeros de Urabá que habían nutrido las listas de la UP quedaron descabezados y las tierras cambiaron de manos bajo la presión combinada de las masacres y las compras coordinadas por Pérez, Castaño, Escobar y Rodríguez Gacha. La estructura de poder regional que la reforma pretendía abrir se recompuso —más armada, más concentrada, más difícil de desalojar por vía electoral— justamente en los municipios donde la reforma había producido sus resultados más visibles.
El daño duradero de esa asimetría es visible en el imaginario político de las regiones donde la UP tuvo fuerza. En Urabá se instaló la percepción de que los partidos alternativos ya no son viables, que la política de izquierda local es imposible. Esa percepción es el residuo psíquico de un genocidio que enseñó qué le ocurre a quien gana con votos en el municipio equivocado. La descentralización, entendida como la posibilidad de que comunidades históricamente excluidas gobernaran sus propios territorios, fue clausurada por la vía sangrienta antes de haber tenido tiempo de consolidarse. Fue conquistada democráticamente en el papeleo del Congreso, ocupada con veinte alcaldías, 335 concejales y catorce curules parlamentarias, y desmontada con al menos 2.722 víctimas documentadas y siete masacres en ocho semanas. Ese es el saldo, y ahí sigue la pregunta abierta.
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p. 94
19Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Frontera nororientalComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 901 fragmento
[21]victimarios» 254. En Arauca, el apoyo al partido fue enorme. En coalición con el Movimiento Liberal Orticista Independiente, obtuvo el 53 % de la votación y consiguió la única curul disponible a la Cámara de Representantes 255, que ocupó Elsa Rojas de Fernández. Además, en el año 1985, Amparo López fue nombrada…
p. 90
201989María Elvira Samper · 2019 · p. 521 fragmento
[22]de un hecho inicuo que tiene que conmover a toda la sociedad colombiana y llamar a la solidaridad en momentos de crisis”. El ministro de Gobierno, Raúl Orejuela Bueno, sostiene que se trata de un “complot contra la democracia y el proceso de paz del Gobierno”, y el PC protesta por lo que considera la pasividad del…
p. 52
21Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. CaribeComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 931 fragmento
[23]aparece el trabajo político que hace la insurgencia en el sur de Bolívar. Gana la primera alcaldía, la de San Pablo, y concejales en municipios como Barranco de Loba y San Pablo[...] En fin, hay un nuevo auge con las alianzas que se logran con la clase política tradicional de Bolívar. La UP llega a tener escaños en el…
p. 93
22Víctima de la globalización: la historia de cómo el narcotráfico destruyó la paz en ColombiaJames D. Henderson · 2012 · p. 238, 2484 fragmentos
[24]viable a los partidos tradicionales Liberal y Conservador. Durante un breve período de tiempo, miles de colombianos militaron en el nuevo partido, y un número considerable de ellos vivía en los fortines de la guerrilla en Córdoba y Urabá. Una de las tragedias de la reciente historia de Colombia es que casi todos los…
p. 248
[25]viable a los partidos tradicionales Liberal y Conservador. Durante un breve período de tiempo, miles de colombianos militaron en el nuevo partido, y un número considerable de ellos vivía en los fortines de la guerrilla en Córdoba y Urabá. Una de las tragedias de la reciente historia de Colombia es que casi todos los…
p. 248
[30]paramilitar en los alrededores de Puerto Boyacá, Henry Pérez desempeñó un papel cada vez más importante en la coordinación e institucionalización del esfuerzo militar en esa región. Pensó que no bastaba sencillamente con dotar de armas a las milicias ciudadanas, in- cluso a milicias capaces de coordinar sus…
p. 238
[31]paramilitar en los alrededores de Puerto Boyacá, Henry Pérez desempeñó un papel cada vez más importante en la coordinación e institucionalización del esfuerzo militar en esa región. Pensó que no bastaba sencillamente con dotar de armas a las milicias ciudadanas, in- cluso a milicias capaces de coordinar sus…
p. 238
23La economía de los paramilitares: Redes de corrupción, negocios y políticaMauricio Romero Vidal (coordinador y editor), Ariel Fernando Ávila Martínez, Vilma Liliana Franco R., Ángela Olaya, Hernán Pedraza Saravia, Bernardo Pérez Salazar, Juan Diego Restrepo E., Diana Torres · 2011 · p. 481 fragmento
[26]reiterado de promesas por parte de la clase política, propició a partir de entonces la extensa difusión y entronización de la práctica compra de votos por medio de distintas modalidades. En ese escenario, es comprensible que los operadores electorales -locales resultaran fácilmente subordinados a los proyectos con…
p. 48
24Walking Ghosts: Murder and Guerrilla Politics in ColombiaSteven Dudley · 2004 · p. 1391 fragmento
[27]And with the UP victories, critics wondered whether the guerrillas would get their hands on the municipal funds under UP control. The rebel group was mute about the subject but seemed poised to turn the region into FARC- landia. The traditional parties were already shaking with fear. Power brokers, new and old,…
p. 139
25La tierra se quedó sin su canto. Trayectoria e impactos del Bloque Norte en los departamentos de Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena. Tomo IICentro Nacional de Memoria Histórica · 2022 · p. 1301 fragmento
[28]a un señor Alejandro Acuña, allá en Guamal, que yo estaba ahí ese día de jurado en una mesa, y le dijo: oiga –venía Alejandro Acuña–, ¿usted por quién va a votar? [Acuña respon- dió:] yo voy a votar por Serpa. No, señor, vota por este –que era Álvaro Uribe– o come mierda. Así le dijo. [Acuña respondió:] Pues voy a…
p. 130
26La maldita tierra. Guerrilla, paramilitares, mineras y conflicto armado en el departamento de CesarCésar Molinares Dueñas, Nathan Jaccard · 2016 · p. 1131 fragmento
[29]Los paramilitares tenían can- didato propio y por eso le prohibieron hacer manifestaciones en va- rios corregimientos y veredas. La tensión llegó a su punto culminante nueve días antes de las elecciones, cuando hombres del Frente Juan Andrés Álvarez de las AUC asesinaron a su tesorero, Zacarías Vides. Para evitar que…
p. 113
27Guerrilla y Población Civil. Trayectoria de las FARC 1949-2013Mario Aguilera Peña · 2013 · p. 2521 fragmento
[32]zona. 134 El Gobierno declaró terminadas las negociaciones y concedió un plazo de 48 horas a partir del 14 de enero de 2002 para aban- donar la zona de despeje. Frente a ello, los guerrilleros argumenta- ban, con razón, que ellos entregarían los cascos urbanos, pero que no se irían del área rural porque en ella…
p. 252
28Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Antioquia, sur de Córdoba y Bajo Atrato chocoanoComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 951 fragmento
[33]sí fue contra nosotros como UP[…]. »El alcalde que me reemplazó cuando fui detenido fue asesinado, y ese se lo adju- dicó El Alemán. En Riosucio lo cogieron, le cortaron las manos y lo mostraron por todo el pueblo; él se llamaba Benjamín Arboleda, era de la dirección ejecutiva de la UP […]. »El objetivo [conocido como…
p. 95
29At the Margins of the Global Market: Making Commodities, Workers, and Crisis in Rural ColombiaPhillip A. Hough · 2022 · p. 2021 fragmento
[34]county of Apartadó will not only have a Communist county executive appointed by the Governor (and removable by him), but one directly elected for a period of two years... not subject to any kind of supervision. These men [the elected of fi cials of the UP] have to proceed in accordance with a philosophy, a doctrine…
p. 202
30Guerras RecicladasMaría Teresa Ronderos · 2014 · p. 1871 fragmento
[35]ensuciarse las manos de sangre por esa plata. Los que se quedaron no tardaron en sucumbir en el fango de las masacres de campesinos pobres, como ellos, y de los asesinatos por encargo. Pero incluso uno que se quedó, “Relámpago”, se negó a ser partícipe del asesinato colectivo de 42 campesinos indefensos en la matanza…
p. 187
31No matarás. Relato histórico del conflicto armado interno en ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 2141 fragmento
[36]jeep del Ejército sin esconderse, ya no 630 Entrevista 001-VI-00007. Mujer, Líder de la Unión Patriótica, víctima. 631 Centro Nacional de Memoria Histórica, «Todo pasó». 632 Centro Nacional de Memoria Histórica, 58. la búsqueda de la democracia y la guerra sucia (1978-1990) 215 se escondían, y desde allí los vecinos…
p. 214
32Plan Colombia: U.S. Ally Atrocities and Community ActivismJohn Lindsay-Poland · 2018 · p. 611 fragmento
[37]to growers at the time. The farc, for its part, harassed competing banana growers. The payments to farc, often made by a former U.S. military pi lot who was a Chiquita man ag er in Colom - bia, continued through at least 1997. 26 These changes on the armed Left coincided with the growth of paramili - tary death squads…
p. 61
33Mujeres que hacen historia. Tierra, cuerpo y política en el Caribe colombianoGrupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación · 2011 · p. 1451 fragmento
[38]tinos del país hacia la paz mediante la profundización de meca- nismos democráticos de participación ciudadana. Paralelos a la convocatoria a una Asamblea Nacional Constitu- yente, se reinician diálogos entre el Gobierno y el M-19, el EPL, el MRQL y el PRT, que bajo ese marco impulsan su transición a partido político.…
p. 145
34El Estado suplantado. Las Autodefensas de Puerto BoyacáCamilo Ernesto Villamizar Hernández, Juan Alberto Gómez Duque · 2019 · p. 1892 fragmentos
[39]lo que fuera UP, fuuu. Había que golpearlos. (CNMH, CV, Sepúlveda, 2016, 21 de junio) Exterminada o desterrada la dirigencia de la izquierda en Cimitarra, Puerto Boyacá y Puerto Berrío, el genocidio de la UP se coordina desde Puerto Boyacá hacia las zonas en los que ese partido adquirió alguna presencia y fuerza…
p. 189
[40]lo que fuera UP, fuuu. Había que golpearlos. (CNMH, CV, Sepúlveda, 2016, 21 de junio) Exterminada o desterrada la dirigencia de la izquierda en Cimitarra, Puerto Boyacá y Puerto Berrío, el genocidio de la UP se coordina desde Puerto Boyacá hacia las zonas en los que ese partido adquirió alguna presencia y fuerza…
p. 189
35Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivasComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 7051 fragmento
[41]armado 2414. Además de las violencias letales, los integrantes de la UP y las personas relacio- nadas con ella sufrieron otros tipos de violaciones de derechos humanos que, si bien 2413 JEP-CEV-HRDAG, «Proyecto conjunto de integración de datos y estimaciones estadísticas sobre violaciones ocurridas en el marco del…
p. 705
36Pueblos arrasados. Memorias del desplazamiento forzado en El Castillo (Meta)Myriam Hernández Sabogal, Catalina Riveros Gómez, Francisco Hernando Vanegas Toro, Julián Augusto Vivas García, Pablo Andrés Convers Hilarión · 2015 · p. 871 fragmento
[42]a quien Carranza le pagó diecisiete millones de pesos para sacar cuarenta salvoconductos de treinta y seis pistolas nueve milímetros y cuatro ametralladoras UZI”. (Sobrevivientes del Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta y otros, 1997). 87 Democratización violenta y arrasamiento de la izquierda (1984-2001) y…
p. 87
37Estrategias de guerra y trasfondos del paramilitarismo en el Urabá antioqueño, sur de Córdoba, bajo Atrato y Darién. Tomo IILaura Milena Ballén Velásquez, Ronald Edward Villamil Carvajal, Luisa Fernanda Hernández Mercado · p. 2471 fragmento
[43]tam- bién empieza como a perder ese… ese rol propio de defender libremente al trabajador. Entonces se presentaron muchos vacíos. (CNMH-DAV, exmili- tante de Esperanza, Paz y Libertad, Apartadó, 2017, 3 de diciembre) Otro daño político derivado de la desaparición de la UP fue la instalación en el imaginario y en el…
p. 247
38A las puertas de El UbérrimoIván Cepeda, Jorge Rojas · 2008 · p. 391 fragmento
[44]1982-2003,p. 139. 32 José Félix LAfaurie Rivera, presidente de Fedega/l, discurso de inauguración del XXX Congreso Nacional de Ganaderos, noviembre de 2006. 41 IV ÁN CEPEDA Y JORGE ROJAS Patriótica, de candidatos al concejo, sindicalistas, maestros, indígenas y profesores, no lesionó la capacidad de los grupos…
p. 39
39Nuevos escenarios de conflicto armado y violencia. Panorama posacuerdos con AUC. Región Caribe, Departamento de Antioquia, Departamento de ChocóÁlvaro Villarraga Sarmiento, Alberto Santos Peñuela, Priscila Zúñiga Jiménez, Margarita Jaimes Velásquez, Lukas Rodríguez Lizcano, Gisela Andrea Aguirre García, Camilo Villamizar Hernández · 2014 · p. 241 fragmento
[45]por Fidel Castaño en el sur de Córdoba y Urabá, en los últimos años ochenta, de manera que su despliegue se relaciona con la compra de tierras e instalación de infraestructura del nego - cio ilegal de la coca por parte de reconocidos miembros del Car - tel de Medellín y por los propios Castaño, con la fuerte ofensiva…
p. 24
40Mujeres y guerra. Víctimas y resistentes en el Caribe colombianoGrupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación · 2011 · p. 2311 fragmento
[46]y extorsiones y secuestros. La mayor presencia guerri- llera en la zona fue la de las FARC, seguida de la del ELN y, luego, la del EPL 21. Frente a estos repertorios, los hombres de Giraldo y de los Rojas deciden resistir y defenderse. Estos grupos entablan alianzas con otros narcotraficantes-pa- ramilitares que se…
p. 231
41Isaza, el clan paramilitar. Las Autodefensas Campesinas del Magdalena MedioCentro Nacional de Memoria Histórica, Camilo Ernesto Villamizar Hernández, Juan Alberto Gómez Duque, César Nicolás Peña Aragón · 2020 · p. 491 fragmento
[47]protección de bienes y tierras de los ganaderos, entre los cuales resaltan Evelio Monsalve, Alberto Villegas, John Yepes, Ignacio López y Carlos Salazar (Fiscalía Dossier ACMM, s. f.). Otros de los ganaderos reconocidos en la región que vivían entre La Estación Cocorná y Las Mercedes eran Gabriel Echeverry, Misael…
p. 49
42Memorias de una guerra por los Llanos. Tomo I. De la violencia a las resistencias ante el Bloque Centauros de las AUCCentro Nacional de Memoria Histórica · 2021 · p. 641 fragmento
[48]de Puerto Boyacá, así como con figuras de la historia del paramilitarismo como Henry Pérez y Gon- zalo Rodríguez Gacha (CNMH, 2019), que con el grupo identificado por la sigla MAS o Muerte a Secuestradores, creado en 1981 por miembros de las mafias del narcotráfico. 16 La contribución realizada por un exintegrante del…
p. 64
43Justicia. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoFrancisco Barbosa Delgado · 2018 · p. 1011 fragmento
[49]de la tregua entre el Gobierno y las FARC. Las elites y los militares de la región compartían una ideología anticomunista y el propósito de erradicar a las guerrillas, junto con otros factores, como la falta de recursos de las unidades militares, hacía que se comprometieran con los intereses de las minorías de la zona…
p. 101
44El modelo paramilitar de San Juan Bosco de La Verde y ChucuríÁlvaro Villarraga Sarmiento, Camilo Ernesto Villamizar Hernández · 2019 · p. 1272 fragmentos
[50]a uno un par, viejitas pero buenas, el Ejército colaboraba mucho, el Ejército decía: “bueno, esto vamos todos a tal parte”, listo vamos todos, revueltos. Entonces por eso también yo digo Dios y el Ejército, porque nos colaboró (…) Nosotros en 86 al 95 la fuerza pública (…) aquí ellos nos apoyaban como le decía de…
p. 127
[51]a uno un par, viejitas pero buenas, el Ejército colaboraba mucho, el Ejército decía: “bueno, esto vamos todos a tal parte”, listo vamos todos, revueltos. Entonces por eso también yo digo Dios y el Ejército, porque nos colaboró (…) Nosotros en 86 al 95 la fuerza pública (…) aquí ellos nos apoyaban como le decía de…
p. 127
45Nororiente y Magdalena Medio, Llanos Orientales, Suroccidente y Bogotá DC. Nuevos escenarios de conflicto armado y violencia. Panorama posacuerdos con AUCÁlvaro Villarraga Sarmiento (coordinador), Alberto Santos Peñuela, Lukas Rodríguez Lizcano, Luisa Fernanda Hernández Mercado, Juanita Esguerra Rezk · p. 241 fragmento
[52]Rione - gro, Matanza, Suratá y El Playón, mediante el Frente Ramón Gil - berto Barbosa Zambrano (Vicepresidencia de la República, 2001b, páginas 5-8). Este Frente como tal actuó hasta 1991, cuando se suscribió el pacto de paz entre el EPL y el Gobierno nacional, pero quedó activa en esa región una fracción disidente…
p. 24
46Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en ColombiaFrancisco Gutiérrez Sanín, María Emma Wills, Gonzalo Sánchez Gómez · 2006 · p. 1641 fragmento
[53]armas, uniformes y alimentos), y las inversiones para consolidar una base social (droguerías, clínicas, escuelas y brigadas de salud). Los aportes de los ganaderos y las armas proveídas por el Ejército no bastaban para cubrir este esfuerzo de expansión. Poniéndolo en términos simples, había más necesidades que dinero.…
p. 164
47La Rochela: Memorias de un crimen contra la justiciaGrupo de Memoria Histórica, Iván Orozco Abad (Relator), Gonzalo Sánchez G. (Coordinador) · 2010 · p. 2971 fragmento
[54]Eduardo Ramírez, 95 Hacia 1987 el paramilitarismo del Magdalena Medio comenzó a perturbar re- giones de Córdoba y Urabá. La expansión del grupo paramilitar comandado por Gonzalo y Henry Pérez a territorios que transcendían al Magdalena Medio tuvo cierta semejanza con el proceso de enquistamiento que años atrás…
p. 297
48Justicia y Paz ¿Verdad judicial o verdad histórica?Iván Orozco Abad, María Victoria Uribe, Gina Cabarcas, Luis Carlos Sánchez Díaz · 2012 · p. 1711 fragmento
[55]decir que no, pero ante un magistrado ustedes no van a salir con cuentos raros, no se los va a creer nadie”. Yo les digo así en la versión, esto no se lo cree nadie, que usted sea comandante y no… es su problema, el proceso es suyo”. 340 Capítulo 2 341 JUSTICIA Y PAZ: ¿Verdad judicial o verdad histórica? crimen…
p. 171
49El orden desarmado. La resistencia de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC)Gonzalo Sánchez Gómez, Mario Aguilera Peña · 2011 · p. 681 fragmento
[56]Dice la sentencia de la CIDH del 5 de julio de 2004: “a partir de 1985, se hace notorio que muchos “grupos de autodefensa” cambiaron sus objetivos y se convir- tieron en grupos de delincuencia, comúnmente llamados paramilitares. Primero se desarrollaron en el Magdalena Medio y se fueron extendiendo a otras regiones…
p. 68
50¡Basta satisfecho! Colombia: Memorias de guerra y dignidadCentro Nacional de Memoria Histórica (GMH) · 2013 · p. 901 fragmento
[57]muchas de sus ofensivas contrainsur- gentes o en su implantación territorial en las periferias, dada la preca- riedad de recursos del Estado para financiar la guerra. A esto se había Titular de prensa, inicio del proceso de paz con las FARC en 1984. El Espectador. 137 Los orígenes, las dinámicas y el crecimiento del…
p. 90
51Violencia pública en Colombia, 1958-2010Marco Palacios · 2012 · p. 561 fragmento
[58]que las guerrillas no perdieron espa cios en la confrontación con Jas Fuerzas Armadas sino con organizaciones paramilitares, locales o de origen narcotraficante que imitaron sus esquemas organizativos (Cubides, 2005). Esa historia comienza en la apresurada huida de los capos del cartel de Medellín, a mediados de la…
p. 56
52Breve historia del conflicto armado en ColombiaJerónimo Ríos Sierra · 2017 · p. 1251 fragmento
[59]de convergencia, mucho más organizado, de lo que será el paramilitarismo en Colombia. Un paramilitarismo que, rápidamente, es consciente del atractivo de la violencia y el crimen organizado para consolidar su particular poder económico y territorial. De hecho, no por casualidad comienza darse en enclaves donde se…
p. 125
53Violence in Colombia: The Contemporary Crisis in Historical PerspectiveCharles Bergquist, Ricardo Peñaranda, Gonzalo Sánchez (eds.) · 1992 · p. 3791 fragmento
[60]1982 to begin this process in earnest. During the government of President Turbay Ayala (19781982), guerrilla actions, especially those instigated by the M-19, reached new, unexpected levels compared to the previous decade. It was during this period, for example, that the M-19 stole hundreds of weapons from the army's…
p. 379
54Colombia: A Concise Contemporary HistoryMichael J. LaRosa, Germán R. Mejía · 2023 · p. 781 fragmento
[63]the government of one- party rule, which represented the apex of presidentialism for the country. The bipartisan agreement, by obliging each party to alternate its hold on the presidency, managed to solve one problem: it dramatically slowed political violence that not only bloodied the country 62 Chapter Three from…
p. 78
55La tierra no basta. Colonización, baldíos, conflicto y organizaciones sociales en el CaquetáCentro Nacional de Memoria Histórica, Erika Andrea Ramírez Jiménez · 2017 · p. 681 fragmento
[64]la creación de nuevos frentes de guerra y convertirse en el “Ejército del Pueblo”, lo que cambiará la dinámica de la guerra y determinará la expansión de este grupo armado. El 28 de marzo de 1984 se firmaron los acuerdos de cese al fuego y tregua entre el Gobierno colombia- no y la guerrilla de las FARC, que fueron…
p. 68
569 de marzo de 1990Rafael Pardo Rueda · 2020 · p. 321 fragmento
[65]espacio de discusión con posibilidad de llegar a acuerdos, pero en un contexto democrático, o sea, sin exclusividad de unas propuestas frente a otras y sin que nadie, ni el establecimiento o la guerrilla, pretendieran un papel hegemónico con respecto a los demás sectores. Se le daría a la guerrilla espacio de diálogo,…
p. 32
57Las ideas en la guerra. Justificación y crítica en la Colombia contemporáneaJorge Giraldo Ramírez · 2015 · p. 189, 1902 fragmentos
[66]anarquistas— a lo que Gilberto Vieira llamó “el anticomunismo de izquierda” 286. El perfil que fue definiendo al MOIR como un partido civil está atado al origen de la primera ola guerrillera en Colombia. Así lo indicó Mosquera: “Desde la aparición del MOEC, el 7 de enero de 1959, fundado por Antonio Larrota, y hasta…
p. 189
[67]anarquistas— a lo que Gilberto Vieira llamó “el anticomunismo de izquierda” 286. El perfil que fue definiendo al MOIR como un partido civil está atado al origen de la primera ola guerrillera en Colombia. Así lo indicó Mosquera: “Desde la aparición del MOEC, el 7 de enero de 1959, fundado por Antonio Larrota, y hasta…
p. 190
58Grandes momentos de ColombiaGustavo Castro Caycedo · 2016 · p. 2831 fragmento
[68]elegir a 70 miembros. El 4 de febrero de 1991, se instaló en el salón Elíptico del Congreso, la Asamblea. Tres constituyentes fueron elegidos como copresidentes: Alvaro Gómez Hurtado, Antonio Navarro Wolf y Horacio Serpa Uribe. El 4 de julio fue proclamada la nueva Constitución, que acentuó temáticamente los derechos…
p. 283
59Narcotráfico en Colombia: Economía y ViolenciaGustavo Duncan, Ricardo Vargas, Ricardo Rocha, Andrés López · 2005 · p. 2061 fragmento
[69]necesidad de consolidar los acuerdos firmados con el M-19, abrieron la puer- ta a una reforma de la Constitución. Recién los narcotraficantes habían reconocido el triunfo del Estado, pero paradójicamente fue en buena medida la violencia generada por ellos lo que permitió el proceso que desembocó en la convocatoria de…
p. 206
60Una conversación pendienteJuan Manuel Santos, Ingrid Betancourt, Juan Carlos Torres · 2021 · p. 851 fragmento
[70]Era esperanzador ver a los tres copresidentes de la Asamblea, tan distintos, dándose la mano y liderando el proceso con convicción y convivencia. Nada menos que Álvaro Gómez, hijo del gran caudillo conservador Laureano Gómez, sentado al lado de Antonio Navarro, exguerrillero del M-19, la misma organización armada que…
p. 85
61Colombia: The Politics of Reforming the StateEduardo Posada-Carbó (editor) · 1998 · p. 1201 fragmento
[71]the municipalities; the departamentos could also be in charge of them, but only temporarily. Parallel to this redefinition of powers, resources, and functions of the state, the government encouraged a process of apertura democratica and a programme of institutional adjustment as a nec- essary complement to…
p. 120
62Entre la legitimidad y la violencia: Colombia, 1875-1994Marco Palacios · 2003 · p. 3361 fragmento
[72]política, creó una circunscripción nacional para elegir un senado de numerus clausus: 100 miembros, más dos indígenas. Antes de esbozar las grandes líneas de la constitución de 1991, conviene subrayar el silencio en relación con el estatuto de los mi- litares y de la policía y sus relaciones con el poder civil. Las…
p. 336
63El derecho a la justicia como garantía de no repetición. Volumen 1. Graves violaciones de derechos humanos: luchas sociales y cambios normativos e institucionales 1985-2012Centro Nacional de Memoria Histórica · 2015 · p. 812 fragmentos
[73]la Acción de Tutela La creación de la Corte Constitucional y la previsión de la ac- ción de tutela son dos de las innovaciones institucionales más im- portantes de la Constitución de 1991, marcando de fi nitivamente el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en los años siguientes en…
p. 81
[74]la Acción de Tutela La creación de la Corte Constitucional y la previsión de la ac- ción de tutela son dos de las innovaciones institucionales más im- portantes de la Constitución de 1991, marcando de fi nitivamente el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en los años siguientes en…
p. 81
64Enciclopedia de Colombia - Volumen 2Camilo Calderón Schrader · 2001 · p. 2641 fragmento
[75]y judiciales tales como la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Superior de la Judicatura. Además, se puso en marcha la acción de tutela, mecanismo de protección de los derechos funda- mentales. Gobiernos posteriores al Frente Nacional EN Proclamación de la Constitución de 1991. En Pese…
p. 264
65Una vida, muchas vidasGustavo Petro Urrego · 2021 · p. 1761 fragmento
[76]convenía ni al Gobierno ni al Partido Liberal, porque esa alianza de fuerzas relativamente progresistas iba en contravía de la dimensión neoliberal de la Constitución del 91.· En ese momento, Navarro cometió un error histórico: rom- pió el acuerdo con Gómez sin decirle a nadie y aceptó un almuerzo con López Michelsen…
p. 176
66La batalla por la pazJuan Manuel Santos · 2019 · p. 451 fragmento
[77]los antiguos combatientes regresaron a la vida civil y política, y jugaron de inmediato un papel esencial y constructivo. Su comandante, Carlos Pizarro, fue candidato a la alcaldía de Bogotá el mismo mes de su desmovilización y obtuvo la tercera votación. Luego lanzó su candidatura presidencial, que fue truncada por…
p. 45
67El Bloque Mineros de las AUC. Violencia contrainsurgente, economías criminales y depredación sexualJuan Esteban Jaramillo Giraldo, José Manuel Hernández, Dairo Correa Gutiérrez · 2022 · p. 2931 fragmento
[78]izquierda o alternativos que ame- nazan el control del Estado, tanto en lo nacional, como en lo regional y lo local. La participación del Grupo y el Bloque Mineros en los conflictos por la tierra y el territorio fue determinante y definitiva para consolidar el modo de producción económico de la región. Los repertorios…
p. 293
68Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Ensayo introductorioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 271 fragmento
[79]la guerra insurgente-contrainsurgente, cuyo objetivo central es la búsqueda y elimi- nación del enemigo, al que se asimilan las poblaciones y territorios en los nacieron y se insertaron las guerrillas o aquellos que se oponen a la lógica de acumulación de riqueza y poder hegemónicos. La paradoja es que la inserción de…
p. 27
69Mi cuerpo es la verdad. Experiencias de mujeres y personas LGBTIQ+ en el conflicto armadoComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 941 fragmento
[80]disputa por el poder político territorial, el entramado de actores y factores que allí convergieron – partidos políticos, actores armados, poca presencia estatal y descentralización de recursos, entre otros – condujo a que la violencia política se instalara en los municipios y registrara como parte de sus víctimas a…
p. 94