El paramilitarismo del Magdalena Medio (1982-1992)

¿Fue el paramilitarismo del Magdalena Medio (1982-1992) un producto endógeno de las élites locales o un nodo de circuitos transnacionales de violencia privatizada?

En diciembre de 1982, el mayor Óscar de Jesús Echandía, alcalde militar de Puerto Boyacá, declaró que la región había quedado "limpia de guerrilla". La frase —que la Comisión de la Verdad calificaría décadas después como apología de la guerra contra la población civil— cerraba un año en el que oficiales del Batallón Bárbula, ganaderos del Magdalena Medio, familias campesinas y hacendados se habían reunido para dar forma a un cuerpo armado que la ley colombiana, bajo el parágrafo 3 del artículo 33 del Decreto Legislativo 3398 de 1965, autorizaba. Diez años más tarde, ese cuerpo se había reproducido en Urabá, Córdoba, los Llanos y el Putumayo, había recibido instrucción de un excoronel israelí y de un equipo de mercenarios británicos, había participado en el magnicidio de Luis Carlos Galán y había dejado a su paso al menos dieciocho masacres. La pregunta que ordena esta ficha es doble: qué causó esa mutación, y si la impunidad de los mercenarios extranjeros que la profesionalizaron responde a fallas técnicas o a un acuerdo interestatal tácito.

¿Qué se juega en la respuesta?

De la respuesta se sigue el reparto de la responsabilidad histórica y jurídica. Si el paramilitarismo es un producto endógeno —ganaderos que se defienden, oficiales que los apoyan, narcos que capitalizan—, la responsabilidad se agota dentro de las fronteras colombianas y explica por qué la reparación, la memoria y la justicia se han movido casi exclusivamente en clave nacional. Si, en cambio, se trató de un nodo articulado con circuitos internacionales —el mercenariado israelí y británico, las rutas de armas por el Caribe, la geopolítica tardo-fría de la contrainsurgencia, la extraterritorialidad de empresas como Texas Petroleum—, entonces Colombia participó de un mercado global de violencia cuyo funcionamiento hay que reconstruir para entender por qué las causas judiciales contra los operadores extranjeros terminaron archivadas o irrelevantes.

La disyuntiva es tramposa. El material histórico no revela una alternativa binaria sino una articulación: dos umbrales sucesivos de profesionalización, ninguno reductible al otro, superpuestos sobre una matriz endógena que los precede y los sobrevive. El fenómeno se explica mal como brote autóctono, y peor como importación mercenaria. Se explica mejor como el modo específico en que una contrainsurgencia local se enganchó, en dos momentos sucesivos, con recursos que circulaban por otras partes del sistema mundial.

¿Cuáles son los términos del debate?

La lectura endógena tiene fundamentos sólidos. Sostiene que el paramilitarismo nació de la coalición entre ganaderos amenazados por la extorsión y el secuestro guerrilleros, oficiales del Ejército formados en la doctrina contrainsurgente y un marco legal —el Decreto 3398 de 1965— que autorizaba al Estado a armar civiles. En esta versión, las reuniones de 1982 en Puerto Boyacá, con Gonzalo y Henry Pérez, Nelson Lesmes, la familia Loaiza, los hermanos Parra y oficiales del Batallón Bárbula como el coronel Jaime Sánchez Arteaga y el propio mayor Echandía, bastan para explicar el fenómeno: una élite regional resolvió por la fuerza la amenaza a su modelo de acumulación, y el resto —el narcotráfico, los mercenarios, las rutas caribeñas— fueron habilitadores, no causas.

La lectura transnacional, en cambio, señala que sin la llegada del excoronel israelí Yair Klein a Puerto Boyacá entre enero y marzo de 1988, sin el equipo británico dirigido por David Tomkins que lo siguió, sin las armas israelíes canalizadas vía Antigua bajo el esquema del gobierno de Vere Bird Jr., y sin el financiamiento masivo de Gonzalo Rodríguez Gacha y el Cartel de Medellín, los grupos de Puerto Boyacá habrían seguido siendo autodefensas rurales incapaces de sostener una ofensiva. Fue el enganche con circuitos globales de mercenariado —los mismos que abastecieron a las contras nicaragüenses, operaron en el sur de África y treinta años más tarde encontrarían en compañías como Executive Outcomes su forma corporativa— lo que convirtió a esas autodefensas en una máquina de guerra exportable.

Ninguna de las dos lecturas se sostiene por sí sola. La endógena no explica el salto cualitativo entre las patrullas armadas de 1983 y las estructuras que en 1989 planificaban con precisión la masacre de La Rochela, entrenaban a los sicarios de Galán y coordinaban con Fidel Castaño las primeras masacres del eje bananero de Urabá. La transnacional, tomada en solitario, ignora que la coalición de ganaderos, militares y campesinos ya estaba armada, coordinada y matando cuando Klein llegó, y que su modelo organizativo —los Núcleos Veredales de Autodefensa, la fachada legal de Acdegam, la parapolítica embrionaria de Henry Pérez— era una invención local sin equivalente en la doctrina israelí ni británica.

¿Cómo se articularon los dos umbrales de profesionalización?

Primer umbral: la fusión narco-paramilitar (1984-1985)

En diciembre de 1984, fuerzas paramilitares al mando de Henry Pérez interceptaron cerca de Puerto Boyacá un cargamento de cocaína de Gonzalo Rodríguez Gacha. La incautación desencadenó una reunión entre ambos y, pocos meses después, un acuerdo. El contexto lo hacía inevitable: Rodríguez Gacha estaba trasladando sus instalaciones de producción al Magdalena Medio bajo presión de las FARC, y desde los años setenta él, Pablo Escobar y otros socios del Cartel de Medellín habían venido comprando tierras en la región, convirtiéndose en ganaderos y terratenientes con intereses coincidentes con los de la coalición fundacional. La alianza tuvo un efecto estructural inmediato: los aportes de ganaderos y militares, que hasta entonces resultaban insuficientes para sostener una ofensiva contra la guerrilla, quedaron desbordados por la escala financiera del narcotráfico. Ahí las autodefensas dejan de ser un fenómeno de contención local para volverse una fuerza ofensiva.

Este primer umbral cambia los términos del debate: cuando Klein llegó a Puerto Boyacá en 1988, el problema del déficit armamentístico y organizativo ya estaba resuelto por vía del narcotráfico. Rodríguez Gacha era, para entonces, el principal financiador de la expansión paramilitar, lo que había producido incluso un distanciamiento respecto de los promotores originales, militares y ganaderos. Acdegam, fundada en 1984 tras el secuestro del padre de Henry Pérez por las FARC, había pasado de ser una asociación de servicios de salud a una fachada legal para canalizar recursos hacia entrenamiento, sueldos, armas y municiones. La estructura política, económica y militar del paramilitarismo estaba, en lo esencial, construida.

Segundo umbral: el nodo transnacional (1987-1989)

Klein y los mercenarios británicos no aportaron la existencia del paramilitarismo ni su capacidad económica, sino su doctrina táctica. Klein, excoronel de las Fuerzas de Defensa Israelíes y directivo de la empresa Punta de Lanza (Hod Hajanit, Spearhead), fue contactado en Colombia por Izhack Soshani Meraiot, representante de las Industrias Israelíes de Equipos Aéreos con presencia en el país desde 1980. Meraiot lo presentó a un espectro de potenciales clientes que incluía bananeros, la Policía, el DAS y ganaderos. Los cursos que Klein dictó en Puerto Boyacá entre enero y marzo de 1988 —financiados principalmente con dineros de Rodríguez Gacha y el Cartel de Medellín— transmitieron lo que los propios desmovilizados describieron como "táctica inglesa" orientada al exterminio del enemigo: contrainteligencia, infiltración de la guerrilla, formaciones de combate (cadena de tiradores, línea en U, diamante) y ejercicios de supervivencia extrema como el llamado "Túnel de la Muerte". Poco después llegó el equipo dirigido por David Tomkins, con experiencia en explosivos y operaciones encubiertas, encargado de preparar un ataque contra la dirigencia de las FARC en Casa Verde que finalmente no se ejecutó.

En paralelo, el gobierno de Antigua compró armas a Israel en un esquema en el que participaron Klein y Vere Bird Jr., y en el que la ruta hacia Colombia y su destino en Urabá quedaron implicados: es el episodio conocido como el caso Galil vía Antigua. El testimonio de Marcelino Panesso añadió que entre 1987 y 1988 el propio Rodríguez Gacha acudía al centro de formación Las Galaxias, en Puerto Boyacá, para entrenar a sus escoltas.

En dieciocho meses, la combinación de instructores extranjeros, dinero del narcotráfico y una matriz local ya armada produjo tres efectos verificables. Primero, mandos medios paramilitares profesionalizados que replicarían el modelo en otras regiones. Después, una capacidad ofensiva selectiva de alto perfil, cuya expresión más notoria fue el magnicidio de Galán en agosto de 1989. Y, finalmente, la primera evidencia pública —con el "dossier paramilitar" publicado por Semana en mayo de 1989 sobre la base del testimonio del desertor Diego Viáfara— de que la estructura de Puerto Boyacá había dejado de ser un fenómeno regional para convertirse en una red tentacular que había absorbido grupos menores a lo largo del valle central del Magdalena y hasta el Caribe.

¿Y el eslabón empresarial?

En las reuniones fundacionales de 1982 en Puerto Boyacá habría participado un delegado de Texas Petroleum. El dato, con frecuencia soslayado, importa por lo que arrastra: la dimensión transnacional no fue un añadido de 1987 sino un componente de la matriz original. La industria petrolera opera en el Magdalena Medio desde comienzos del siglo XX y hacia los años ochenta sus imperativos de seguridad sobre oleoductos, estaciones y personal expatriado la habían convertido en una demandante estructural de protección privada, en una región donde la extorsión y los atentados guerrilleros contra la infraestructura formaban parte del paisaje. La coalición ganadera y militar que se armó en 1982 encontró en ese entorno empresarial un interés convergente: proteger la explotación petrolera equivalía a proteger el modelo territorial que ganaderos y oficiales querían asegurar.

Ese eslabón anticipa la lógica de los casos posteriores que sí llegaron a los tribunales estadounidenses: los pagos de Chiquita Brands a las AUC entre 1997 y 2004, y las acusaciones contra Drummond por su relación con paramilitares en el César. La secuencia sugiere que la presencia empresarial extranjera en el Magdalena Medio no fue un componente accesorio sino parte del suelo sobre el que la coalición fundacional pudo prosperar, y que la responsabilidad corporativa transnacional en el paramilitarismo colombiano tiene una genealogía más larga y más profunda de lo que las causas judiciales de los años dos mil llegaron a reconstruir. Aquí es donde la investigación disponible se queda más corta: no se conoce con precisión ni la identidad del delegado, ni el peso específico de la contribución petrolera al financiamiento inicial, ni las cadenas de decisión corporativas que la habrían autorizado. Es, quizá, el hueco documental más productivo del expediente.

¿Qué pasó tras la muerte de Rodríguez Gacha (1989-1992)?

El asesinato de Rodríguez Gacha en diciembre de 1989 no interrumpió la dinámica. Al contrario: los grupos que hasta entonces operaban dispersos en el sur de Córdoba, el norte de Urabá y el nordeste antioqueño comenzaron a coordinarse alrededor del Clan Castaño con la intención declarada de configurarse como tercer actor armado nacional. Henry Pérez y su padre habían comprado tierras en Urabá desde 1987 y en 1988 habían asesorado a Fidel Castaño en la ejecución de las primeras masacres del eje bananero. Manuel de Jesús Pirabán, alias Jorge Pirata, que había estado bajo las órdenes de Pérez en la provincia de Rionegro, en Cundinamarca, llegó a los Llanos Orientales en el marco de esa expansión y fue actor central en el surgimiento de las Autodefensas de San Martín en el Meta. Junto a este grupo operaron las Autodefensas de El Dorado, los Carranceros (ACMV) y, en Casanare, los Buitragueños (ACC). En 1987 los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño habían fundado en Córdoba las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), estructura que exportaría el modelo al resto del país.

Que este proceso continuara y se acelerara tras la muerte del principal financiador externo demuestra que la matriz endógena tenía una dinámica de reproducción propia. Pero que se ejecutara con el arsenal, la doctrina y las técnicas incorporadas entre 1987 y 1989 demuestra que el nodo transnacional dejó un sedimento estructural que ya no podía desmontarse.

¿Fue la impunidad una falla técnica o un acuerdo tácito?

El caso Klein permite formular con precisión el problema. El excoronel israelí fue procesado en Colombia y fugitivo durante años; llegó a ser detenido en Rusia en 2007 a solicitud del gobierno colombiano; su extradición fue denegada por consideraciones vinculadas a su nacionalidad y a la política exterior israelí. Tomkins, McAleese y otros mercenarios británicos no enfrentaron consecuencias penales significativas en sus países de origen por su participación en el entrenamiento del paramilitarismo colombiano. Las armas israelíes que circularon vía Antigua no dieron lugar a un procesamiento coherente de la red comercial que las movió.

Del lado colombiano, el general Farouk Yanine Díaz, acusado directamente por el desertor Diego Viáfara de promover y formar grupos paramilitares desde la base militar de Puerto Boyacá, fue absuelto por la Justicia Penal Militar y solo llamado a indagatoria nuevamente en junio de 2008, cuando la Fiscalía reabrió el caso. Entre tanto, ocupó cargos de la más alta jerarquía: inspector general de las Fuerzas Militares en 1989, jefe del Estado Mayor Conjunto entre 1991 y 1992, delegado ante la Junta Interamericana de Defensa en Washington. La justicia castrense, que asumió competencia sobre los procesos contra militares acusados de vínculos con el MAS bajo el criterio de que los uniformados en servicio activo prestaban servicio permanentemente, funcionó como el mecanismo institucional que blindó a los mandos.

La lectura minimalista sostendría que se trata de la inercia de sistemas judiciales sobrecargados, de la fragilidad de la evidencia transnacional, de las asimetrías clásicas del derecho internacional. Pero la sincronía de los archivos —causas colombianas contra militares transferidas a la justicia militar, causas europeas contra mercenarios que jamás avanzaron, causas israelíes que no se iniciaron, causas antiguanas ahogadas en la irrelevancia del microestado caribeño— sugiere algo distinto: una convergencia funcional. Para Israel, mantener a Klein fuera de una corte extranjera protegía tanto la reputación de sus fuerzas de reserva como los circuitos comerciales de su industria de defensa; para el Reino Unido, no perseguir a Tomkins y McAleese preservaba la política de tolerancia hacia sus operadores privados de seguridad en la transición posguerra fría; para Estados Unidos, la guerra sucia colombiana era funcional a una estrategia antinarcóticos que los propios militares colombianos aceptaban a regañadientes, viendo a las guerrillas como su verdadero adversario y a Rodríguez Gacha como aliado ideológico anticomunista; para el Estado colombiano, la extradición de mercenarios habría implicado abrir el archivo de la complicidad institucional, un costo que ningún gobierno estuvo dispuesto a asumir. La impunidad, en esa lectura, no es el resultado de un fracaso judicial: es el acuerdo tácito que hace posible el modelo.

¿Qué saldo dejaron los dos umbrales?

El país llevaba la cuenta. Entre 1980 y 2012 se cometieron en Colombia 1.982 masacres, y los paramilitares firmaron el 58,9 % —contra el 17,3 % de las guerrillas y el 7,9 % de la Fuerza Pública, con un 0,6 % de acciones conjuntas entre paramilitares y militares que la estadística consigna aparte, como si esa distinción todavía significara algo—. En el Magdalena Medio, la estrategia consolidada desde 1983 dejó al menos dieciocho masacres y miles de desplazados. La de Segovia, el 11 de noviembre de 1988, mató a 46 personas en una sola noche. Urabá, el Magdalena Medio y el Alto Sinú y San Jorge fueron, entre 1980 y 1988, las tres regiones que más expulsaron población desplazada del país, en un mapa que coincide con exactitud con el del boom cocalero y el de la génesis de los primeros grupos paramilitares regionales.

El ataque a los jueces fue metódico. Entre 1979 y 1991 fueron asesinadas 290 personas en cumplimiento de funciones judiciales. Una encuesta de 1987 registró que uno de cada cuatro jueces —el 25,4 %— había recibido amenazas directas o contra sus familiares. La tasa promedio de asesinatos de funcionarios judiciales se quintuplicó en pocos años: de 2 muertes anuales entre 1979 y 1982 pasó a 10,5 entre 1985 y 1988. Asonal calculó 240 asesinatos entre 1987 y 1991. La masacre de La Rochela, el 18 de enero de 1989, condensó el método: doce miembros de una comisión judicial que investigaba la desaparición de diecinueve comerciantes fueron asesinados por los Masetos; en las confesiones de alias Negro Vladimir aparecen, planificando el operativo, socios de Acdegam, comandantes paramilitares y militares del Ejército, y una cifra concreta —veinte millones de pesos pagados a policías de Barrancabermeja por el itinerario de la comisión—.

Este saldo no es un decorado macabro: es la traducción empírica de los dos umbrales. Las autodefensas de 1982-1983 no tenían capacidad para atacar comisiones judiciales; las estructuras de 1988-1989 la tuvieron y la usaron.

Entonces, ¿qué fue el paramilitarismo del Magdalena Medio?

Ni un producto puramente endógeno de las élites locales ni un simple nodo de circuitos globales de mercenariado. Fue el modo específico en que una coalición local —Ejército, ganaderos, marcos legales heredados del Decreto 3398 de 1965— se articuló funcionalmente, en dos umbrales sucesivos, con recursos que circulaban por el sistema internacional: primero, con la escala financiera y territorial que aportó la fusión con el narcotráfico entre 1984 y 1985; después, con la doctrina táctica y las redes de armamento que aportaron los mercenarios israelíes y británicos entre 1987 y 1989. Ninguno de los dos umbrales creó el fenómeno; ambos lo transformaron cualitativamente. La coalición fundacional podría haber persistido como fenómeno regional acotado; la fusión narco lo escaló; el nodo transnacional lo profesionalizó y lo hizo exportable.

De esa articulación se sigue que las lecturas nacionalistas del conflicto —las que tratan al paramilitarismo como excepción colombiana— son insuficientes. Colombia se insertó, con cierto retraso pero con intensidad singular, en un mercado global de violencia privatizada que conectaba a Israel, Sudáfrica, Centroamérica y el Reino Unido, y cuyas expresiones contemporáneas incluyeron a las contras nicaragüenses, a las redes de apoyo a los contras en Honduras y Panamá y a los operadores privados que años después reaparecerían en escenarios africanos. Las pedagogías de la violencia —el ELN entrenado en Cuba, las FARC influidas por Vietnam, los paramilitares instruidos por instructores israelíes— fueron nodos de circulaciones transnacionales, no productos autóctonos aislados.

De esa articulación se sigue también que la impunidad de los mercenarios y la carrera ascendente de los oficiales colombianos comprometidos no fueron accidentes. Fueron el resultado esperable de un sistema en el que cada Estado involucrado tenía motivos concretos para no perseguir a los suyos. Esa convergencia de intereses estatales, más que cualquier deficiencia técnica de los sistemas judiciales, explica por qué el archivo de la guerra sucia colombiana permanece, en su dimensión internacional, intacto.

¿Qué queda abierto?

Los dos umbrales y la articulación funcional entre ellos están establecidos, pero quedan flancos. El volumen exacto del tráfico de armas vía Antigua y el destino final de todos los cargamentos no han sido reconstruidos con precisión, aunque el vínculo con Urabá está probado. La red de contactos entre las Industrias Israelíes de Equipos Aéreos, la empresa Punta de Lanza de Klein y las estructuras del DAS que aparecen entre sus potenciales clientes espera una reconstrucción detallada. La mafia de las esmeraldas y sus articulaciones vía Víctor Carranza y Gilberto Molina, la presencia empresarial extranjera más allá de Texas Petroleum y las conexiones sudafricanas siguen fuera del foco de los expedientes. Y la pregunta última —si el acuerdo interestatal tácito fue explícito en alguna reunión o si emergió como convergencia funcional entre burocracias autónomas— es la clase de pregunta que rara vez encuentra un papel firmado que la responda: los acuerdos de este tipo suelen leerse en su ejecución, no en su enunciación.

La narrativa excepcionalista del conflicto colombiano ha cumplido, mientras tanto, una función precisa: mantener a los operadores extranjeros del paramilitarismo fuera del foco y preservar la ficción de que la guerra sucia fue asunto interno. El paramilitarismo del Magdalena Medio no fue una excepción colombiana. Fue el modo colombiano de participar en un fenómeno mundial que apenas empieza a ser mirado como tal.