El viraje del paramilitarismo colombiano

¿Cuándo dejó el paramilitarismo colombiano de ser lo que decía ser?

Entre la fundación del MAS en 1981 y la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia en 2006, el paramilitarismo colombiano dejó de ser lo que decía ser —una defensa reactiva de ganaderos contra el secuestro guerrillero— para convertirse en un proyecto autónomo de reordenamiento territorial, financiero y político, capaz de disputarle porciones de soberanía al Estado que lo había amparado. La pregunta por el momento exacto de esa mutación no es un tecnicismo cronológico: cada fecha propuesta reparte responsabilidades distintas entre narcotraficantes, élites agrarias, mandos militares y clase política, y determina si lo que se negoció en Santa Fe de Ralito fue el desmonte de un aparato armado o la refundación pactada de una coalición que ya había capturado buena parte del país. El viraje no ocurrió en una fecha, sino a lo largo de una fusión secuencial —MAS, ACDEGAM, alianza Rodríguez Gacha-Pérez, ACCU, AUC— en la que el narcotráfico no fue añadido tardío sino ingrediente constitutivo, y en la que el resultado maduro escapa por igual a las categorías de contrainsurgencia estatal, mafia y autodefensa campesina.

La pregunta y lo que se juega al responderla

Que el paramilitarismo cambió de naturaleza entre el Magdalena Medio de comienzos de los ochenta y los Montes de María de finales de los noventa es hoy terreno común. Lo que no está zanjado es cuándo dejó de ser una cosa y empezó a ser otra, y qué nombre darle a esa cosa nueva. Las respuestas disponibles no son inocentes.

Si el viraje ocurrió en diciembre de 1984, cuando fuerzas paramilitares al mando de Henry Pérez interceptaron un cargamento de cocaína de Gonzalo Rodríguez Gacha cerca de Puerto Boyacá y sellaron con él un pacto de protección de laboratorios a cambio de armamento, entonces el paramilitarismo se contaminó por acoplamiento con el narcotráfico y los ganaderos y militares que lo fundaron pueden reclamar una génesis limpia. Si ocurrió antes, con la reunión de 1981 convocada por los Ochoa Vásquez tras el secuestro de Marta Nieves por el M-19 —origen del MAS, Muerte a Secuestradores—, entonces la marca del narcotráfico está en la partida de nacimiento y la denuncia del procurador Carlos Jiménez Gómez en febrero de 1983, que identificó a 163 personas, 59 de ellas militares en servicio activo, deja de ser un episodio incómodo para volverse la evidencia de que la coalición fundacional ya mezclaba mafia, élites y Estado. Si ocurrió después, en 1997 con la conformación de las AUC o en julio de ese mismo año con la masacre de Mapiripán, entonces el proyecto contrainsurgente autónomo aparece como desenlace y las alianzas previas quedan como preparación.

Cada una de esas dataciones exculpa o compromete a actores distintos. La primera protege a los ganaderos de Puerto Boyacá y al Batallón Bárbula; la segunda los hunde. La tercera absuelve a la política nacional de los años ochenta y carga la responsabilidad sobre los noventa, cuando ya había alternancia democrática y no dictaduras contrainsurgentes. Datar el viraje es una operación política antes que un ejercicio historiográfico: no hay fecha neutral.

Los términos del debate

Tres lecturas se disputan el sentido del fenómeno, y ninguna es descartable de plano.

La primera lo entiende como estrategia contrainsurgente estatal que se autonomizó por contagio narco. El paramilitarismo nació de la Ley de Defensa Nacional y del Estatuto de Seguridad de 1978, encajó en la doctrina global de Seguridad Nacional, se materializó en las tácticas conjuntas del Ejército con civiles armados desde 1982 en el Magdalena Medio —patrullajes mixtos, escuelas de entrenamiento militar a cargo de oficiales y exoficiales— y solo se torció cuando el dinero de la cocaína desbordó los controles institucionales. La responsabilidad principal recae sobre las Fuerzas Militares y la doctrina de seguridad; el narco es agente corruptor externo.

La segunda lo lee como actor autónomo desde el origen, financiado por el narcotráfico. Aquí el paramilitarismo nunca fue rigurosamente estatal: fue un ejército privado de narcotraficantes que compró cobertura militar y ropaje contrainsurgente. La reunión de 1981 convocada por los Ochoa, la compra masiva de tierras por Pablo Escobar y Rodríguez Gacha en el Magdalena Medio desde los setenta, la aparición temprana del término masetos como marca genérica que cubría toda la operación armada regional, y la constatación de que en zonas como Puerto Triunfo y Doradal la presencia guerrillera era marginal —lo que desmiente el relato defensivo— alimentan esta versión. La responsabilidad recae sobre los carteles; el Estado fue víctima o cómplice, pero no arquitecto.

La tercera —la más productiva— lo describe como captura del Estado desde la periferia territorial y coproducción señorial de soberanía. Élites regionales agrarias y ganaderas, narcotraficantes convertidos en terratenientes y agentes estatales de rango medio construyeron, en regiones específicas y con secuencias distintas, coaliciones que ejercían las funciones del Estado —cobrar tributos, administrar justicia, monopolizar la violencia legítima, decidir quién habita el territorio— sin ser el Estado, aunque con su tolerancia, sus armas y a menudo sus uniformes. Salvatore Mancuso lo dijo con precisión ante la Comisión de la Verdad cuando describió a las Convivir como bisagra entre la institucionalidad y la autodefensa ilegal, con respaldo de comandantes de Brigada, División, Batallón, Policía, DAS y Fiscalía: "El Estado delegó las acciones de la guerra combinando todas las formas de lucha en las autodefensas".

La evidencia: una fusión secuencial

El rastreo cronológico no arroja una fecha de viraje sino una acumulación de saltos cualitativos. Cada uno integró más profundamente al narcotráfico en la osamenta del proyecto sin nunca reducirlo a él.

1981-1983: el MAS y la marca fundacional. El secuestro de Marta Nieves Ochoa por el M-19 en noviembre de 1981 desencadenó la reunión de narcotraficantes convocada por los Ochoa Vásquez en Medellín, de la cual nació el MAS. Cuando en febrero de 1983 Jiménez Gómez denunció ante el Congreso los 163 nombres, los procesos disciplinarios y penales contra los 59 militares en servicio activo fueron trasladados al fuero castrense bajo el argumento de que los uniformados estaban permanentemente al servicio de la Nación. La figura jurídica operó como blindaje. Por primera vez narcotraficantes, militares y élites quedaron articulados en una estructura armada conjunta, y la denominación masetos se extendió como marca genérica a Boyacá, Mariquita y los Llanos.

1982-1984: militarización del Magdalena Medio y ACDEGAM. Desde 1982 el Ejército intensificó tácticas contrainsurgentes con patrullajes conjuntos y escuelas de entrenamiento para civiles bajo mando de oficiales y exoficiales. Óscar Echandía, alcalde militar de Puerto Boyacá en 1982, describió una reunión organizada por el coronel Jaime Sánchez Arteaga del Batallón Bárbula: allí estuvieron Gonzalo y Henry Pérez, Nelson Lesmes, Luis Suárez, Rubén Estrada, Carlos Loaiza con sus tres hijos, y Pedro y Jaime Parra. En 1984, tras el secuestro por las FARC de Gonzalo de Jesús Pérez, padre de Henry, nació ACDEGAM: fachada legal con servicios de salud, droguerías, tiendas comunales y campañas políticas para las alcaldías. Los ganaderos asociados pagaban una vacuna de mil pesos mensuales por cabeza de ganado; quienes se negaban podían ser asesinados.

Diciembre de 1984: la alianza que cambió la escala. El cargamento interceptado por Henry Pérez cerca de Puerto Boyacá derivó en un acuerdo con Rodríguez Gacha: los paramilitares protegerían los laboratorios a cambio de armamento y financiación. No fue la contaminación de un proyecto puro, sino la fusión de dos economías de violencia privada que ya se venían buscando. Sin abandonar la guerra contrainsurgente, el paramilitarismo se volvió actor activo a favor de los narcotraficantes, con una versatilidad funcional que lo hizo útil también para esmeralderos y para redes de tráfico independientes del compromiso ideológico antisubversivo.

Finales de los ochenta: el narcotráfico se vuelve dominante. Los costos de mantener el aparato militar superaron pronto la capacidad de la ganadería extensiva. Los narcotraficantes no solo aportaron recursos: se convirtieron en terratenientes y ganaderos, dando origen al sector de los narco-ganaderos, y compraron masivamente tierras en zonas de presencia guerrillera aprovechando precios bajos. Para 1989 ACDEGAM estaba cooptada y financiada por el narcotráfico. La violencia paramilitar aumentó durante las cuatro elecciones realizadas entre 1988 y 1995 —coincidiendo con la apertura política que trajo la elección popular de alcaldes— y se concentró en candidatos, militantes y simpatizantes de partidos de izquierda, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos que respaldaban las políticas de paz y las reformas del gobierno central.

1987-1988: exportación del modelo. Henry Pérez y su padre compraron tierras en Urabá en 1987; en 1988 asesoraron y coordinaron con Fidel Castaño Gil las primeras masacres en la zona bananera. La fórmula del Magdalena Medio —narcos convertidos en terratenientes, cobertura militar, fachada gremial, terror ejemplar— se replicó en el sur de Córdoba y Urabá con Castaño, originalmente jefe de seguridad del Cartel de Medellín. En los Llanos, Rodríguez Gacha y Víctor Carranza fueron las figuras conductoras; en los Llanos del Yarí, Putumayo y Nariño, las autodefensas provenientes del Magdalena Medio operaban primordialmente para proteger los laboratorios de Rodríguez Gacha.

1993: Los Pepes y la refundación castañista. Los Pepes, integrados por los Castaño y aliados con el Cartel de Cali y el Bloque de Búsqueda, operaron en la persecución contra Escobar hasta su muerte el 2 de diciembre de 1993. Carlos Castaño se presentaba con frecuencia ante el Bloque, donde también operaban la CIA, la DEA y fuerzas especiales de la marina estadounidense: la red de colaboración con agencias estatales y extranjeras construida en esos meses se convirtió después en capital político y operativo. Del lado judicial, Fidel Castaño fue el único miembro condenado —por promoción y financiación de grupos armados— y murió aproximadamente un mes después que Escobar; los demás implicados no fueron llevados a juicio pese a las evidencias del fiscal De Greiff. Tras la caída de Escobar, los Castaño regresaron al sur de Córdoba con nuevo armamento, contactos con el Cartel de Cali y las Fuerzas Militares, y parte de los hombres de Escobar en sus filas.

1995-1997: de las ACCU a las AUC. Las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá se fundaron hacia 1995 bajo el liderazgo de Carlos Castaño, con un proyecto ya en marcha desde antes de la muerte de Fidel. Constituyeron la columna vertebral de la expansión hacia Sucre, Chocó, Magdalena, Antioquia, los Llanos Orientales y el Catatumbo. En 1997 se conformaron las AUC, con nueve organizaciones bajo dirección única y estado mayor conjunto, autodefinidas como Movimiento Político-Militar de carácter antisubversivo en ejercicio del derecho a la legítima defensa. La masacre de Mapiripán en julio de ese año —por la que fue condenado a 37 años el general (r) Jaime Humberto Uscátegui— marcó el paso del accionar expedicionario al emplazamiento y control territorial permanente.

1997-2004: dominio, terror, captura política. La expansión dejó más de 150.000 homicidios y desapariciones forzadas y más de 3,5 millones de desplazados. Las masacres de Mapiripán, El Aro, La Gabarra, El Salado, El Placer y El Naya se inscribieron en un patrón declarado: matanzas ejemplares para expulsar poblaciones y ocupar territorios, culminando en el traspaso forzado de tierras abandonadas. En El Placer y La Gabarra los paramilitares relataron ante Justicia y Paz que los militares conocían sus operaciones sin impedirlas. El 23 de julio de 2001, en Santa Fe de Ralito, jefes paramilitares se reunieron con gobernadores, congresistas, concejales, alcaldes y ganaderos de Sucre, Córdoba, Cesar y Magdalena para refundar al país. La Corte Suprema calificó ese acuerdo como vínculo entre grupos de poder criminales y gobernantes. En Cúcuta, la directora seccional de Fiscalías Ana María Flórez fue condenada por alertar al Bloque Catatumbo sobre operativos policiales; la sentencia del Iguano concluyó que absolutamente todas las instituciones del Estado estuvieron al servicio de los paramilitares en esa ciudad.

La respuesta: coproducción señorial de soberanía

El paramilitarismo maduro, el de las AUC entre 1997 y 2006, no fue apéndice del Estado, no fue mafia con discurso político, no fue autodefensa campesina desviada. Fue una formación híbrida de soberanía en la que tres lógicas —contrainsurgente-estatal, señorial-agraria y narco-empresarial— no se sumaron sino que se fusionaron de modo que cada una resignificó a las otras.

La lógica contrainsurgente-estatal proveyó cobertura legal, doctrina y una parte no despreciable del pie de fuerza. Sin la Ley de Defensa Nacional que amparó grupos de autodefensa desde al menos 1968, sin el Estatuto de Seguridad de 1978, sin los patrullajes conjuntos del Batallón Bárbula, sin las Convivir de los años noventa que Mancuso llamó bisagra, el proyecto no habría tenido escudo institucional ni fórmula jurídica. Los procesos contra los militares del MAS trasladados al fuero castrense en 1983 inauguraron el patrón de impunidad que se repetiría en Mapiripán, El Placer y La Gabarra.

La lógica señorial-agraria proveyó legitimidad territorial y base social. Los ganaderos del Magdalena Medio agrupados en ACDEGAM, los hacendados de Córdoba, los esmeralderos del occidente de Boyacá, los terratenientes de Sucre no eran víctimas de una imposición externa sino socios activos. La vacuna de mil pesos por cabeza de ganado no era extorsión: era contribución voluntaria a un aparato que protegía intereses de clase y disciplinaba mano de obra rural. La violencia paramilitar contra dirigentes sindicales de la Unión Patriótica y del sindicalismo agrario no era daño colateral de la guerra contrainsurgente: era su función central.

La lógica narco-empresarial proveyó la escala financiera y la versatilidad. Cuando la ganadería extensiva ya no bastaba para sostener el aparato, el narcotráfico no solo aportó recursos: convirtió a los propios narcos en terratenientes, integró la protección de laboratorios y rutas como tarea permanente, y permitió que jefes paramilitares y narcotraficantes se volvieran intercambiables. La compra de franquicias paramilitares por narcotraficantes al final del proceso les permitió construir aparatos armados propios y transformarse de bandidos ordinarios en bandidos políticos, con la posibilidad abierta de un asiento en las negociaciones con el Gobierno.

La fusión de esas tres lógicas produjo algo que ninguna por separado hubiera podido: un actor capaz de administrar territorio, cobrar tributos diferenciados —rentas agrarias, cobros al comercio urbano, 10% a contratistas de obra pública en el Bloque Centauros según reconoció Miguel Arroyave Ruiz, gravámenes al narcotráfico local—, elegir alcaldes y concejales, capturar rentas del Estado, ejercer justicia sumaria y negociar de tú a tú con la Presidencia. Cabe llamarlo coproducción señorial de soberanía: no captura hostil del Estado por una banda externa, sino producción conjunta de orden por una coalición donde lo lícito y lo ilícito, lo estatal y lo privado, lo político y lo criminal dejaron de ser distinguibles en la práctica cotidiana.

Datar el viraje se vuelve, entonces, un problema mal planteado. No hay un momento en que la autodefensa se convirtió en otra cosa: hubo una construcción por capas en la que cada momento fundacional —1981, 1984, 1988, 1993, 1997— integró más profundamente a los tres vértices sin nunca eliminar del todo la retórica original. Lo que existía en Puerto Boyacá en 1983 ya contenía en germen la lógica de las AUC; lo que existía en las AUC de 2002 seguía invocando la retórica de autodefensa de Puerto Boyacá. La continuidad no es inercia: es la evidencia de que el proyecto nunca fue lo que decía ser y siempre fue algo más de lo que reconocían sus lecturas críticas.

La contradicción interna y el enfrentamiento con el Estado

La misma fusión que dio potencia al proyecto contuvo su contradicción destructora. La alianza con el narcotráfico, palanca de expansión, se volvió obstáculo cuando la presión estadounidense por extradiciones convirtió a los jefes paramilitares en objetivos judiciales de una potencia extranjera contra la cual el Estado colombiano ya no podía protegerlos. La lógica señorial, que reclamaba estatus político y reconocimiento como beligerantes, chocó con la lógica narco, que sus socios estadounidenses solo aceptaban ver como delincuencia común. Y la lógica contrainsurgente-estatal, que dependía de la utilidad militar del paramilitarismo, dejó de necesitarlo a medida que el Ejército recuperaba iniciativa territorial en los años dos mil.

El proceso de Santa Fe de Ralito entre 2003 y 2006 fue el intento de resolver esa contradicción por vía política. La zona de ubicación operó con escaso control estatal —los comandantes organizaban fiestas con whisky, modelos y prostitutas traídas de varias ciudades, y tras su clausura las autoridades encontraron fosas comunes en el lugar—. La extradición posterior de jefes a Estados Unidos, donde respondieron principalmente por narcotráfico, rompió el pacto tácito: Diego Fernando Murillo Don Berna y Salvatore Mancuso expresaron su negativa o resistencia a continuar colaborando con Justicia y Paz, aunque Don Berna también propuso condicionar su colaboración a rebajas de pena ante la justicia estadounidense, lo que matiza la ruptura como maniobra negociadora.

El resultado es la prueba retrospectiva de la tesis. La emergencia inmediata de las llamadas bandas criminales tras la desmovilización mostró que lo desmovilizado eran las estructuras armadas visibles, no la coalición que las sostenía. Los vínculos con élites regionales, la captura de rentas estatales, el control territorial ligado al narcotráfico, la red parapolítica que llevó a decenas de congresistas ante la Corte Suprema: nada de eso quedó desmontado. Ralito fue refundación pactada más que desmonte real, precisamente porque el paramilitarismo maduro nunca había sido un aparato armado sostenido por élites, sino una coalición de élites que sostenía un aparato armado.

Lo que queda abierto

Tres flancos resisten cierre.

El primero es la ponderación relativa de los tres vértices en cada región. El modelo funciona bien para el Magdalena Medio, Urabá, Córdoba y el Caribe. En los Llanos Orientales, la síntesis pareció inclinarse más hacia la economía esmeraldera-narca —con Rodríguez Gacha y Víctor Carranza como figuras conductoras— y menos hacia una tradición señorial-agraria comparable. En Trujillo, Valle del Cauca, la violencia atribuida a Henry Loaiza Ceballos El Alacrán combinó acumulación señorial y economía cocalera en una síntesis que merece estudio propio.

El segundo tiene que ver con la vulnerabilidad del propio modelo trifásico. Si la fusión dependió tanto de intersecciones biográficas concretas —Rodríguez Gacha embarcándose en el Magdalena Medio, Fidel Castaño montando Los Pepes con la anuencia del Bloque de Búsqueda, Carlos Castaño heredando la red construida en la cacería contra Escobar—, la teoría estructural que acabamos de defender queda tensada por su reverso: la coalición que produjo soberanía señorial también pudo haber tomado formas más regionalizadas, más caducas, menos capaces de proyectarse a Ralito. Que se haya nacionalizado tiene tanto de secuencia estructural como de encadenamiento contingente, y esa doble determinación es lo que impide sustituir un relato de fases por una ley del proceso.

El tercero es de horizonte historiográfico. La categoría paramilitarismo nació como sombra del Estado y arrastra esa marca; la categoría narcoterrorismo nació como sombra del delito y arrastra la suya. La coproducción señorial de soberanía no cabe cómodamente en ninguna de las dos. Puede que la mejor herencia conceptual del caso colombiano sea, precisamente, la exigencia de nombrar formaciones híbridas que la teoría política heredada —moldeada sobre Estados occidentales consolidados— no supo prever. Datar el viraje del paramilitarismo colombiano es difícil porque el objeto mismo desborda las categorías con que solemos datar, y esa insuficiencia conceptual es también parte de la historia.