Daniel Rendón Herrera

Un antioqueño en la órbita de los Castaño

La biografía política de Daniel Rendón Herrera empieza, como la de tantos hombres de su generación en el norte de Antioquia, en la sombra alargada de los hermanos Castaño Gil. No fue jefe fundador, no era ideólogo, no aparecía en los comunicados. Fue, desde temprano, algo más útil: un hombre de confianza de Vicente Castaño, encargado de tareas discretas que exigían olfato de campo y estómago para el negocio.

La primera de esas tareas que quedó documentada lo llevó lejos de Urabá. Desde comienzos de los años noventa, Rendón Herrera recorrió el Guaviare estudiando el funcionamiento de la cadena productiva del narcotráfico: los cultivos, los laboratorios, los intermediarios, las rutas. Se trataba, en apariencia, de un ejercicio de inteligencia comercial; en la práctica, era el trabajo preparatorio para la incursión paramilitar en una región dominada entonces por las FARC. En la misma primera mitad de la década, los Castaño enviaron a los Llanos a José Uber Coca Cevallos, alias Camilo o Tocineta, con la misión de evaluar las condiciones para instalar allí una estructura paramilitar de envergadura. El movimiento respondía, al menos formalmente, a los pedidos de ganaderos llaneros acosados por la guerrilla, pero también, sin ambigüedad, al interés por controlar la cadena productiva de la coca en la región.

La incursión resultante quedaría inscrita en la memoria del país con un nombre: Mapiripán. La masacre de julio de 1997 se justificó públicamente como una operación antisubversiva, coherente con el discurso de Carlos Castaño. Pero el trabajo de campo previo de Rendón Herrera, esa cartografía paciente de la economía cocalera del Guaviare, indica que el objetivo real era doble: quebrar la retaguardia de las FARC y, simultáneamente, apropiarse de sus rentas. La contrainsurgencia y el narcotráfico no eran dos motivaciones en tensión sino dos caras de la misma operación. Don Mario no inventó esa dualidad; la aprendió de Vicente Castaño y la ejerció, durante quince años, con una eficacia que terminaría desbordando a sus maestros.

Su nombre reaparece, años después, en un teatro distinto pero con la misma lógica. La Fiscalía estableció que más de 23.274 hectáreas de tierra en el Meta, en los municipios de El Dorado, San Martín y Puerto Concordia, fueron tomadas por hombres de Miguel Arroyave, jefe del Bloque Centauros, y del entonces llamado narcoparamilitar Daniel Rendón Herrera. De ese total, 18.000 hectáreas correspondían a baldíos del Estado titulados fraudulentamente a nombre de testaferros, amigos y familiares de los cabecillas. El dato desmiente cualquier lectura de Don Mario como simple sicario o cuadro subalterno: para el momento de la desmovilización era ya un socio directo del despojo agrario en gran escala, con capacidad para operar en los Llanos con el mismo cuadro mental con que había leído el Guaviare una década antes.

El hombre que no se desmovilizó

Cuando entre 2003 y 2006 las AUC se desmovilizaron —31.521 combatientes según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, o 31.671 si se incluyen redes de apoyo logístico—, Daniel Rendón Herrera no entregó armas ni firmó actas. No aparece en la reunión exploratoria de la hacienda Jaraquiel, donde sí figuran Salvatore Mancuso, Carlos Castaño y su hermano Freddy Rendón Herrera. No estuvo entre los jefes concentrados en Santa Fe de Ralito. No fue postulado a Justicia y Paz. Mientras el Bloque Cacique Nutibara inauguraba la desmovilización en noviembre de 2003, mientras el Bloque Bananero de Ever Veloza se desarmaba en 2004 y el Bloque Élmer Cárdenas, al mando de su propio hermano, hacía lo propio en 2006, Don Mario simplemente se quedó.

Esa ausencia no fue un descuido del proceso: fue su síntoma más elocuente. La desmovilización estaba diseñada para negociar con quienes se presentaran como comandantes de bloques identificables; los mandos medios con vínculos directos al negocio del narcotráfico, sin una estructura pública que rendir, tenían la opción de permanecer invisibles. Y Rendón Herrera, que había construido su capital político y económico precisamente en las junturas discretas entre paramilitarismo y cocaína, escogió esa opción con lucidez.

Mientras tanto, el proceso mostraba sus grietas. Las AUC entregaron poco más de dieciocho mil armas cortas y largas para un pie de fuerza que superaba los treinta mil combatientes: el Gobierno presentó la cifra como internacionalmente satisfactoria, aunque la proporción hablaba por sí sola. Durante las negociaciones, el supuesto cese de hostilidades decretado por las autodefensas nunca se cumplió: los grupos paramilitares siguieron cometiendo crímenes contra la población civil, documentados por el CINEP y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En Urabá, las desmovilizaciones del Bloque Bananero en 2004 y del Bloque Élmer Cárdenas en 2006 dejaron una dificultad estructural: la permanencia de demandas locales de seguridad y la incapacidad del Estado para reemplazar el orden social que los paramilitares habían construido. Los grupos armados posdesmovilización que emergieron entre 2005 y 2009 se nutrieron de excombatientes con redes activas, aprovecharon ese vacío institucional y mantuvieron el vínculo con las economías ilegales que nunca habían sido intervenidas, particularmente el narcotráfico.

Ese ecosistema, hecho de combatientes sueltos, corredores intactos y un orden local todavía tributario del viejo mando paramilitar, era el terreno que mejor conocía Don Mario. No tuvo que inventar nada; solo tuvo que quedarse.

En mayo de 2007, la revista Semana publicó grabaciones telefónicas que mostraban a jefes paramilitares presos controlando redes criminales, ordenando asesinatos y manejando cargamentos de cocaína desde sus lugares de detención. En un contexto en que el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez utilizaba la amenaza de extradición como recurso de presión sobre los desmovilizados, esas revelaciones aceleraron la ruptura. En mayo de 2008, Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, fue extraditado a Estados Unidos, y con él, en pocos meses, catorce líderes paramilitares. Los defensores de derechos humanos advirtieron entonces lo que después se confirmaría: los tribunales estadounidenses procesarían a los extraditados por narcotráfico, pero difícilmente por crímenes de lesa humanidad, y las audiencias de Justicia y Paz, ya frágiles por problemas logísticos, se harían aún más difíciles de sostener a distancia. Los vínculos con fuerzas de seguridad colombianas, funcionarios públicos y financiadores privados quedaron protegidos por el mismo mecanismo que se presentaba como castigo.

Ese año, además, algo aún más decisivo había ocurrido para el destino personal de Rendón Herrera: Vicente Castaño, su patrón durante casi dos décadas, fue probablemente asesinado por sus socios en 2007. El liderazgo paramilitar posdesmovilización quedaba, por primera vez en más de una década, vacante. Y quien estaba mejor situado para llenarlo era precisamente el hombre que nunca había firmado nada.

La fundación de las Gaitanistas

El 8 de enero de 2008, según el testimonio de Carlos Moreno Tuberquia ante la Comisión de la Verdad, se celebró en la finca Las Guacamayas, en Necoclí, Antioquia, la primera asamblea constitutiva de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Allí quedó conformado el Estado Mayor. Los tres nombres que compartieron el mando eran conocidos: Daniel Rendón Herrera; Juan de Dios Úsuga David, alias Giovanni; y su hermano Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel. Los Úsuga eran excombatientes del Ejército Popular de Liberación y luego de las ACCU y AUC, con arraigo profundo en Urabá y Córdoba.

La denominación gaitanista era pseudopolítica: una etiqueta destinada a inscribir a la nueva organización en una tradición de justicia social que ninguna de sus prácticas honraba. El público más amplio pronto la llamaría de otra forma, Clan Úsuga primero, Clan del Golfo después, y las autoridades y algunos medios recurrirían a nombres genéricos como banda criminal posdesmovilización. Pero lo importante no era la marca sino la continuidad material: la disciplina y el adiestramiento militar de las AGC se sustentaron en la experiencia previa de sus fundadores en el EPL y las AUC; la base de combatientes se nutrió de excombatientes y excompañeros que habían quedado sin apoyo del Estado tras la desmovilización; los corredores de coca, las relaciones con comerciantes locales, las estructuras de extorsión, el conocimiento del terreno, todo eso ya existía. Las AGC no se fundaron sobre un vacío: se fundaron sobre los cimientos vivos del paramilitarismo que oficialmente había dejado de existir.

El Urabá antioqueño, base histórica del grupo, era el escenario ideal para esa reconstitución. Corredor estratégico para el tráfico de narcóticos, entrada de armas y contrabando por el Golfo, disputado desde siempre por su ubicación privilegiada entre el interior del país, el Caribe y el Darién chocoano, la región nunca había dejado de ser rentable. Y los grupos paramilitares habían hecho más allí que operar militarmente: se habían insertado en la sociedad local, estabilizado un orden social y llegado a ser aceptados como garantes de seguridad. Esa legitimación previa, tejida en la connivencia entre terratenientes vulnerables a la guerrilla, comerciantes acosados por la extorsión y una autoridad estatal ausente o cómplice, sobrevivió a la firma de la desmovilización. Don Mario la heredó intacta.

Entre los socios que le permitieron sostener la operación figuraban Jhon Freddy Manco Torres, alias El Indio, exmiembro de la estructura financiera del Bloque Élmer Cárdenas, y Camilo Torres Martínez, alias Fritanga, oriundo de Unguía. La composición del círculo dice bastante: cuadros de las estructuras financieras y logísticas del viejo paramilitarismo, no nuevos protagonistas, no una generación distinta.

En octubre de 2008, la organización realizó una demostración pública de fuerza. Decretó un paro armado que paralizó el comercio en Puerto Libertador y Tierralta, en Córdoba, en varios municipios de Urabá, en el Bajo Cauca antioqueño y en tramos de la Costa Caribe. Se hizo con panfletos amenazantes distribuidos en tiendas, terminales y veredas. El mensaje era doble: hacia el Estado, que la desmovilización no había terminado nada; hacia la sociedad regional, que había un nuevo interlocutor con capacidad de imponer el ritmo de la vida cotidiana. Fue el acto fundacional público de las AGC, aunque su asamblea formal hubiera ocurrido nueve meses antes.

El coronel Cabuya y la extorsión mutua

En el mismo periodo, Don Mario mantenía relaciones con oficiales del Ejército en el Urabá que iluminan, desde abajo, cómo funcionaba en la práctica la Seguridad Democrática. En declaraciones recogidas años después, Rendón Herrera afirmó que el coronel apellidado Cabuya lo trataba con presión y extorsión, exigiéndole personas para presentarlas como guerrilleros muertos en combate. La justificación, según el testimonio, era simple: el oficial quería demostrar que su batallón era el que más resultados operacionales entregaba.

En una ocasión, Cabuya envió un mensaje a través de un intermediario llamado Julián exigiendo la entrega de tres muchachos y tres fusiles, bajo amenaza de captura si no obedecía. Rendón Herrera afirmó haber rechazado la orden. Aun así, según su versión, Julián entregó los fusiles al coronel, y este consiguió por otra vía tres personas que terminaron como víctimas de falsos positivos.

El episodio, cierto en sus detalles o no, describe con precisión un tipo de relación cuya existencia ha quedado establecida en múltiples investigaciones judiciales: homicidio agravado, privación ilegal de la libertad, concierto para delinquir, desaparición forzada, falsedad ideológica en documento público, homicidio en persona protegida, fabricación y tráfico de armas de las Fuerzas Militares. La política de resultados operacionales de la Seguridad Democrática abrió, en zonas como Urabá, un mercado macabro en el que paramilitares y militares podían intercambiar cuerpos, armas y silencios. Que Don Mario apareciera en él no como brazo armado dócil sino como proveedor extorsionado sugiere una relación entre paramilitarismo y Estado más capilar y más sucia de lo que el discurso oficial de la época estaba dispuesto a reconocer.

Captura, oferta y traspaso

El 15 de abril de 2009, tras meses de operaciones de inteligencia concentradas en el Urabá y el Golfo, la Policía Nacional capturó a Daniel Rendón Herrera en zona rural de Necoclí, en el corazón mismo del territorio que había convertido en su feudo. Fue localizado en una finca del corregimiento El Totumo, tras un cerco que combinó vigilancia electrónica sobre su círculo cercano y trabajo humano con informantes locales. La operación, en la que participaron unidades élites de la Policía y contó con apoyo aéreo, se saldó sin combate mayor: el hombre que había reconstituido el paramilitarismo posdesmovilización fue detenido casi en silencio, en pijama, en el corredor rural que él mismo había blindado durante años. El Gobierno la anunció como uno de los mayores golpes contra el paramilitarismo posdesmovilización, y algo de razón había en esa presentación: retiraba de circulación al hombre que había reconstituido la estructura. Pero era ya una operación tardía. Las AGC llevaban catorce meses formalmente constituidas y años operando de facto, con presencia consolidada en al menos cuatro departamentos y un anillo financiero que ninguna captura individual podía desmontar.

Tres días después de la detención, desde su lugar de reclusión y por intermedio de sus abogados, Rendón Herrera ofreció a las autoridades desmovilizar 6.000 efectivos. La cifra habla por sí sola: revela la escala real de la organización que oficialmente no existía y desmiente la lectura, difundida por algunos voceros del Gobierno, según la cual las AGC eran una simple banda criminal residual. La propuesta sugiere, además, que su comandante todavía se pensaba en los términos del proceso AUC, dispuesto a negociar una entrega colectiva a cambio de beneficios jurídicos, como si la desmovilización de 2003-2006 admitiera un segundo capítulo. La oferta fue rechazada de plano. El Gobierno de Álvaro Uribe Vélez había cerrado esa ventana con las extradiciones de 2008 y no tenía interés político ni marco legal para abrir otra: reconocer la magnitud de las AGC habría sido admitir, por vía indirecta, que el proceso emblemático de la Seguridad Democrática había dejado un remanente equivalente a un ejército irregular. Don Mario sería procesado por la vía penal ordinaria, y en 2010, ya bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, extraditado a Estados Unidos por narcotráfico.

Su ausencia no interrumpió nada. Tras la captura el grupo pasó bajo las órdenes de Juan de Dios Úsuga, aunque Dairo Antonio también compartía el mando desde la fundación. Bajo esa conducción, que la prensa pronto llamaría Clan Úsuga, la organización amplió su área de operaciones de la región de Urabá a nueve departamentos y 79 municipios, con aproximadamente 1.120 miembros según cifras policiales, cifra que era ya solo el núcleo armado visible. Las AGC iniciaron desde 2008 un proceso sostenido de expansión territorial que les permitió copar rutas estratégicas más allá de Urabá y Córdoba: norte de Bolívar, La Mojana, Montes de María, Bajo Cauca antioqueño. Con el Bajo Cauca bajo su control, la organización proyectó combatientes y recursos hacia Norte de Santander, con cruces hacia Venezuela, y hacia los Llanos Orientales, el mismo escenario donde el propio Don Mario había hecho, quince años antes, la cartografía cocalera del Guaviare. El corredor Sur de Bolívar–Nudo de Paramillo–Bajo Cauca, cruzado por presencia en pueblos como San Marcos en Sucre, se consolidó como columna vertebral del negocio.

En paralelo, la organización libró guerras propias. Se enfrentó con los Paisas en Urabá, Córdoba, Medellín y el Bajo Cauca; disputó territorios en toda la región Caribe; absorbió, negoció con o destruyó estructuras rivales según el caso. Ninguna de esas guerras tuvo ya el ropaje contrainsurgente que había definido a las AUC. Eran guerras por rutas, plazas y rentas, guerras de mercado ilegal con capacidad militar propia, aunque la denominación gaitanista siguiera funcionando como fachada.

Los Rendón Herrera: una familia y sus caminos

La historia de Daniel Rendón Herrera es inseparable de la de sus hermanos, aunque los tres tomaron rutas distintas dentro del mismo universo. Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, fue comandante del Bloque Élmer Cárdenas de las AUC, la estructura que consolidó el control paramilitar sobre el Urabá antioqueño y chocoano y sobre corredores del Darién hacia Panamá. Bajo su mando, el bloque operó en municipios como Turbo, Apartadó, Necoclí, Acandí y Unguía, disputó plazas al Bloque Bananero y estructuró una economía de guerra apoyada en la extorsión al comercio bananero, la ganadería y las rutas de tráfico por el Golfo. A comienzos de 2003 estuvo al mando del Frente Héroes de Boyacá, cuyo personal y armamento fue cedido en parte a las Autodefensas Bloque Cundinamarca, lideradas por alias El Águila, por solicitud conjunta suya y de Salvatore Mancuso en el marco de los contactos iniciales con el Gobierno de Uribe. El Alemán participó en la reunión exploratoria de la hacienda Jaraquiel, se desmovilizó con el Bloque Élmer Cárdenas en 2006 y fue postulado a Justicia y Paz. En ese marco reconoció responsabilidad en el reclutamiento de menores, en masacres cometidas en zonas rurales del Urabá y en la financiación política a candidatos locales afines. Fue entrevistado en la Cárcel de Itagüí el 25 de junio de 2014, en el marco del esclarecimiento del reclutamiento de menores por parte de grupos paramilitares, y su testimonio ha sido una de las fuentes centrales para reconstruir la relación entre el Bloque Élmer Cárdenas, empresarios de la región y funcionarios civiles.

Un tercer hermano, John Jairo Rendón Herrera, alias Germán Monsalve, lideró el movimiento político Clamor Campesino Caribe, encargado de sellar pactos con políticos comprometidos con la causa contrainsurgente en las zonas de injerencia de los bloques paramilitares. La orden de consolidar esas alianzas provino de Vicente Castaño a El Alemán, y la ejecución quedó en manos de John Jairo, que operó como articulador político y financiero del proyecto en Urabá y en el Caribe: identificaba candidatos afines, canalizaba recursos y aseguraba la contraparte territorial de los acuerdos. Fue capturado y postulado también a los procesos judiciales derivados del andamiaje parapolítico, y sus declaraciones aportaron elementos sobre la logística financiera del bloque comandado por su hermano.

Los tres hermanos habitaron el mismo mundo, pero cada uno escogió una superficie distinta. Freddy aceptó el marco de Justicia y Paz y se hizo visible en tribunales, cárceles y versiones libres; John Jairo trabajó la infraestructura política del proyecto, en los pactos con alcaldes, concejales y congresistas; Daniel, el que operaba en la penumbra del negocio, se negó a acogerse a cualquier negociación y reconstituyó por su cuenta la estructura armada. Sus destinos revelan que el paramilitarismo, aun al final, seguía funcionando como una red de opciones múltiples: se podía ser jefe visible de bloque, operador político o comandante clandestino de la reconstitución, y las tres figuras convivían en una misma familia.

La huella: lo que Don Mario dejó

Cuando Daniel Rendón Herrera fue extraditado a Estados Unidos en 2010, tenía apenas dos años de comandancia formal al frente de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Aparentemente, era poco tiempo para inscribirse en la historia larga del paramilitarismo colombiano. En realidad, era todo el tiempo que hacía falta.

Lo que dejó no fue una organización personal sino un modelo. Las AGC, Clan del Golfo en la denominación que se impuso con los años, se consolidaron como la estructura armada ilegal más extendida del país en las dos décadas siguientes. Bajo el mando de los hermanos Úsuga primero, y de Otoniel en solitario tras la muerte de Giovanni en un operativo policial en 2012, la organización se proyectó a la costa Pacífica, disputó el control del Catatumbo, se instaló en zonas del sur del país y estableció presencia en más de 200 municipios en los cálculos oficiales más amplios. Consolidó rutas de exportación de cocaína hacia Centroamérica y el Caribe, integró minería ilegal de oro en el Bajo Cauca y el Chocó a su portafolio económico, y desarrolló una capacidad de paro armado —replicada en 2016, 2022 y en años sucesivos— que ninguna otra estructura ilegal posdesmovilización ha igualado.

Cuando Otoniel fue capturado en Necoclí en octubre de 2021, en un operativo con despliegue militar comparable al de las mayores acciones contra jefes de las FARC, y extraditado a Estados Unidos en mayo de 2022, la estructura tampoco colapsó. Nuevos comandantes tomaron el relevo: Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, y otros mandos regionales asumieron el vacío. El paro armado que las AGC decretaron en mayo de 2022, en respuesta a la extradición de Otoniel, paralizó más de una decena de departamentos durante cuatro días y confirmó que la organización había dejado de depender de una cabeza singular. El diseño heredado de Don Mario —mando colegiado, base regional en Urabá, control de rutas hacia el Caribe y hacia Centroamérica, ropaje pseudopolítico, integración con excombatientes de estructuras previas— probó una durabilidad que ninguna administración ha logrado revertir.

Su trayectoria arroja, además, una lectura incómoda sobre la Seguridad Democrática. La política de sometimiento de las AUC entre 2003 y 2006, negociada bajo la conducción del Alto Comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo, cerró un ciclo formal —el de las autodefensas concebidas como proyecto contrainsurgente unificado— sin desmantelar las economías que las habían sostenido. Los combatientes desmovilizados quedaron, en su mayoría, sin reinserción efectiva, en las mismas regiones donde antes operaban, con las mismas redes y las mismas necesidades económicas. Los corredores del narcotráfico siguieron rindiendo. El Estado no llegó a llenar el vacío del orden social paramilitar en Urabá ni en los Llanos ni en el Bajo Cauca. Las extradiciones masivas de 2008, presentadas como sanción, interrumpieron los procesos de Justicia y Paz y protegieron redes de complicidad política y militar cuyo esclarecimiento apenas comenzaba.

Sobre esa combinación, Don Mario levantó las AGC. Economías intactas. Cuadros sin reinserción. Vacío institucional. Extradiciones que cortaron la verdad judicial. Cuatro condiciones sumadas y un solo operador dispuesto a esperar el momento.

Sería reduccionista, sin embargo, atribuirlo todo al fracaso institucional. La muerte probable de Vicente Castaño en 2007, la disponibilidad concreta de los hermanos Úsuga como socios armados, el conocimiento acumulado del propio Rendón Herrera sobre la economía cocalera desde los años noventa, la relación previa con figuras como El Indio y Fritanga: todas fueron contingencias personales y organizacionales que él supo capitalizar. La oferta de desmovilizar 6.000 efectivos hecha desde su captura sugiere incluso que él mismo se pensaba dentro de un marco negociable, no como parte inevitable de una historia mayor. Su papel fue el de un agente lúcido en un ecosistema propicio, no el de un instrumento pasivo del fracaso ajeno.

Daniel Rendón Herrera cumple hoy una condena en Estados Unidos por delitos de narcotráfico. En Colombia, la organización que fundó opera con más presencia territorial que la que él alcanzó a comandar, con capacidad para negociar de igual a igual con el Estado en las llamadas mesas de paz total abiertas por el Gobierno de Gustavo Petro. Las víctimas del despojo del Meta esperan restitución. Las víctimas de los falsos positivos del Urabá esperan verdad. El país sigue discutiendo si lo que ocurrió entre 2003 y 2009 fue una desmovilización, una reconfiguración o una simple transacción. En su núcleo, el paramilitarismo colombiano no fue nunca un ciclo militar sino un ciclo económico, y los ciclos económicos, mientras la demanda persiste y el Estado no llega, no se desmovilizan.