Ensayo · Crisis y narcotráfico · 1974–1990
Narcotráfico y tierra en Colombia (1980-2000)
Entre 1980 y 2000, narcotraficantes compraron tierra en cerca del 42% de los municipios colombianos y acumularon entre 3 y 4,4 millones de hectáreas, más de lo que el Incora redistribuyó en treinta años. La pregunta es si esto constituyó una contrarreforma agraria de facto que rompió con el orden rural, o la culminación violenta y capitalizada de una lógica secular de latifundio, ennoblecimiento por la tierra y reformismo simulado.
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La respuesta en breve
La compra narco de tierras fue la culminación violenta y capitalizada de una contrarreforma más larga, no su origen. El patrón de latifundio ganadero especulativo, crédito subsidiado y captura política de la reforma agraria precedía al narcotráfico; los narcos lo amplificaron con capital ilícito a escala industrial. Sin embargo, esa culminación alteró cualitativamente el dispositivo heredado: la fusión orgánica entre propiedad rural, ejércitos privados y capital ilícito —el sector de los narco-ganaderos— no tenía precedente en el país, y la velocidad y magnitud de la reconcentración (4,4 millones de hectáreas en dos décadas, con desplazamiento masivo como técnica) superó en intensidad lo producido por la Violencia bipartidista.
La tensión central opone dos diagnósticos con consecuencias políticas distintas. Para quienes leen el fenómeno como ruptura criminal, el narcotráfico fue el agente principal de la mayor reconcentración de tierras del siglo XX colombiano: con cerca del 45% de 4.000 millones de dólares de excedentes narcos invertidos en tierras entre 1980 y 1988, y mediante desplazamiento forzado sistemático, los narcos deshicieron en veinte años el saldo aritmético de tres décadas de reforma agraria, superando incluso a la Violencia bipartidista en escala y capitalización. Para quienes leen el fenómeno como continuidad estructural, la narco-élite no rompió sino reprodujo la lógica histórica colombiana: el latifundio ganadero era ya una institución moderna sostenida por el Estado vía crédito barato y subsidios, con funciones financieras y políticas más que productivas —rentabilidad real del 3% anual según datos del Banco Ganadero—, y el Pacto de Chicoral de 1972 había clausurado la reforma antes de que llegara el capital narco. Una tercera posición matiza ambas: los narcotraficantes no inventaron el dispositivo del latifundio especulativo ni la violencia como instrumento de concentración, pero sí introdujeron una novedad cualitativa al fusionar propiedad rural, ejércitos privados autofinanciados por el narcotráfico y captura institucional (notarios, registradores, DAS, mandos militares), configurando un narcoparamilitarismo sin equivalente previo. El debate tiene consecuencias directas sobre el alcance de la restitución de tierras: si el despojo fue anomalía criminal, basta con revertirlo; si fue culminación de una estructura histórica, desmontarlo exige tocar el latifundio ganadero, el crédito subsidiado y los pactos políticos que lo sostienen.
Ensayo completo
La lectura
¿Fue la compra narco de tierras entre 1980 y 2000 una contrarreforma agraria, o la culminación violenta de una contrarreforma más antigua?
Entre 1980 y 2000, hombres cuya fortuna venía de la cocaína compraron tierra rural en cerca de 409 municipios colombianos —algo más de dos quintas partes de los municipios del país— y acumularon una extensión que las estimaciones más rigurosas cifran entre 3 y 4,4 millones de hectáreas, por un valor cercano a los 2.400 millones de dólares. En pocos años, más tierra de la que el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) había redistribuido en las tres décadas previas.
La pregunta que este fenómeno impone a la historia colombiana es incómoda. ¿Fue una contrarreforma agraria de facto, una ruptura violenta que invirtió la reforma pendiente y reconcentró la propiedad más que la propia Violencia bipartidista? ¿O fue la reproducción —ahora con capital ilícito y ejércitos privados— de una lógica secular de ennoblecimiento por la tierra, latifundio ganadero y reformismo simulado que el Estado colombiano llevaba décadas protegiendo?
Qué se juega en la pregunta
El diagnóstico del país que emergió del ciclo narco-paramilitar depende de dónde se ponga el acento. Si la reconcentración de tierras entre 1980 y 2000 fue una ruptura criminal —una anomalía introducida por capitales ilegales y ejércitos privados—, revertirla es, en principio, un problema de justicia penal, extinción de dominio y restitución. Si, en cambio, la compra masiva de tierras fue la culminación tecnificada de un dispositivo histórico —latifundio ganadero especulativo, crédito subsidiado, captura de la reforma agraria por las élites terratenientes, ennoblecimiento social por la propiedad rural—, desmontarla exige tocar estructuras que preceden al narcotráfico y le sobrevivirán.
La cifra de 4,4 millones de hectáreas dice mucho por sí sola. Comparada con lo que el Incora había repartido desde la Ley 135 de 1961 hasta finales de los años noventa, revela una inversión completa del sentido histórico: un puñado de compradores, en veinte años, deshizo el saldo aritmético del reformismo estatal. Pero para saber qué significa esa cifra hay que preguntarse contra qué se mide. Contra La Violencia bipartidista de 1948-1958 —con sus incautamientos, decomisos, falsas ventas y donaciones a vencedores de ambos bandos—, la reconcentración narco es más rápida, más capitalizada y más sistemática. Contra el patrón secular de concentración latifundista colombiano, es una intensificación con nombres nuevos.
Los términos del debate
Varias lecturas se disputan la interpretación del fenómeno, y cada una toca una pieza real del rompecabezas. La primera sostiene que el narcotráfico operó como mecanismo estructural que invirtió de facto la reforma agraria pendiente. Donde el Incora fracasó por captura política y presupuestos raquíticos, los narcos compraron a escala industrial y produjeron un relevo de élites rurales: los viejos terratenientes vendieron —muchos empujados por la presión guerrillera y la caída de rentabilidad ganadera— y una nueva burguesía criminal ocupó el vacío. La reforma agraria fue así derrotada dos veces: primero por bloqueo legislativo, luego por sustitución de sus destinatarios.
Emparentada pero más fuerte, otra afirma que el narcotráfico fue el agente principal de la mayor reconcentración de tierras del siglo XX colombiano, superando incluso a la Violencia. La aritmética la respalda: entre 1980 y 1988, de 4.000 millones de dólares de excedentes narcos invertidos en Colombia, cerca de la mitad fue a tierras, especialmente fincas ganaderas de fines especulativos. La Violencia desplazó y despojó, pero no dispuso de una masa de capital líquido comparable ni transformó a esa escala la estructura de propiedad en pocos años.
Una tercera lectura invierte la carga: la narco-élite no rompe con la tradición colombiana, la reproduce. Comprar hacienda, tecnificarla, sembrar potreros y adquirir estatus social replica el patrón por el cual, desde el siglo XIX, comerciantes, exportadores y empresarios se ennoblecían accediendo a la propiedad rural. Los narcotraficantes del norte del Valle, con su marcado interés por haciendas tecnificadas y su búsqueda de prestigio, encarnan el arquetipo: un pie en la ilegalidad, otro en las élites regionales. Una variante más dura va más lejos: el narcoparamilitarismo cumplió la función clásica de la hacienda señorial —concentrar tierra y disciplinar mano de obra mediante coerción, esta vez armada—. Las masacres, el desplazamiento y la intimidación no serían novedad sustantiva sino reedición violenta de una relación agraria que en Colombia nunca dejó de operar por la fuerza.
Otra línea ilumina un rasgo estructural del propio latifundio ganadero: no es un residuo arcaico, sino un dispositivo de poder territorial cuya supervivencia depende de violencia política. La ganadería extensiva —con una rentabilidad productiva real del 3% anual, según datos del Banco Ganadero— no se sostiene por sus retornos, sino por la valorización especulativa, el acceso a crédito subsidiado y el control coercitivo del territorio. El narcotráfico entra aquí no como aberración, sino como financiador tardío y masivo de una economía política ya montada. Y una versión más frontal endurece el argumento: el latifundio ganadero es una institución moderna sostenida por el Estado —vía crédito barato, subsidios, política tributaria— cuyas funciones son financieras y políticas más que productivas. El propio Incora reconocía en 1980 que la inversión en tierras destinadas al ocio y al latifundio ganadero respondía a una lógica de acrecentar ganancias por valorización, obtener crédito y ejercer poder social. Los narcos amplificaron esa lógica; no la inventaron.
Cierra el arco una lectura que localiza el problema en los pactos políticos. La persistencia del bimodalismo agrario colombiano —minifundio hacinado junto a latifundio ocioso— no es residuo premoderno, sino resultado de decisiones deliberadas que protegieron el latifundio mientras se simulaba reformismo. El Pacto de Chicoral de 1972, materializado en la legislación agraria del gobierno Pastrana, es la prueba: no se distribuyó la tierra fértil ya integrada al mercado; se desplazó a los campesinos hacia colonizaciones periféricas —Caquetá, piedemonte llanero, Sarare, Ariari, Magdalena Medio— donde reprodujeron, ellos mismos, un nuevo ciclo de concentración.
Estas lecturas no son mutuamente excluyentes. El trabajo del historiador es medir cuál pesa más y qué proporción del fenómeno cubre cada una.
La evidencia sobre la mesa
El punto de partida estructural no admite duda. En 1960, los predios menores de 10 hectáreas eran más de tres cuartas partes de las explotaciones pero apenas ocupaban una fracción marginal de la superficie agrícola; los mayores de 500 hectáreas, medio punto porcentual de las explotaciones, concentraban dos quintas partes de la tierra. Entre 1960 y 1970, pese a la Ley 135 de 1961 impulsada por Carlos Lleras Restrepo, la concentración aumentó. La reforma agraria del Frente Nacional se orientó hacia colonizaciones dirigidas fuera de la frontera agrícola —eludiendo redistribuir tierra apta ya ocupada—, y las élites terratenientes bloquearon lo que quedaba mediante representación directa en el Congreso, captura de funcionarios del Incora y clientelismo. El Pacto de Chicoral clausuró el ciclo: en los años ochenta, cerca del 3% de la élite terrateniente poseía más del 71% de la tierra cultivable, mientras el 57% de los agricultores más pobres subsistía en menos del 3%.
Sobre este piso llega el capital narco. Entre 1980 y 1988, casi la mitad de los excedentes narcotraficantes invertidos en Colombia se destinó a tierras. Las zonas de mayor concentración de compras coinciden con territorios de conflicto agrario preexistente, donde la violencia había abaratado los precios: la cuenca del río Cauca y las cuencas alta y media del Magdalena, la costa atlántica, la Orinoquía. Magdalena Medio, Cesar, Urabá, Putumayo, Meta, Córdoba, Bolívar y Boyacá se repiten en los mapas de compra. Los datos regionales compilados por Alejandro Reyes Posada muestran divisiones nítidas de clientela por origen del comprador: los antioqueños se concentraron en Montería y su entorno, los caleños operaron en el sur del departamento. La geografía no es aleatoria: es la geografía de los conflictos por la tierra que la reforma agraria dejó sin resolver.
La racionalidad económica de estas compras confirma la lectura del latifundio como dispositivo de valorización y poder, no de producción. Con una rentabilidad ganadera real del 3% anual, la finca ganadera solo tiene sentido como depósito de valor, palanca de crédito y plataforma política. Para los narcos, además, la precariedad catastral y registral del campo colombiano permitía operar mediante testaferros y prestanombres, ejerciendo derechos de propiedad fuera de la óptica de las autoridades. La tierra fue, ante todo, refugio de capital ilícito.
Enterrar capital en tierras exigía protegerlo, y ahí la narrativa de la mera continuidad estructural se agrieta. Al ejercer derechos de propiedad de manera informal, los narcotraficantes quedaban expuestos a extorsiones, secuestros y expropiaciones —tanto de la guerrilla como de rivales—, lo que los empujó a desarrollar aparatos de protección privada. La ganadería extensiva, por sí sola, no podía sostener el costo de esos aparatos: era una economía demasiado ineficiente. El narcotráfico resolvió el problema a finales de los años ochenta financiando lo que la ganadería ya no podía costear. Nació así el sector de los narco-ganaderos y, con él, una fusión orgánica entre propiedad rural, ejércitos privados y capital ilícito sin precedente en el país.
El caso del Magdalena Medio es el laboratorio. Narcotraficantes del Cartel de Medellín compraron tierras allí desde los años setenta. Hacia 1982, el Ejército —el Batallón Bárbula, con el coronel Jaime Sánchez Arteaga— participó en reuniones fundacionales de las primeras estructuras paramilitares, apoyado por ganaderos locales. En 1984 se creó ACDEGAM, fachada legal —salud, tiendas comunales— que hacia 1989 era ya el brazo político y económico del paramilitarismo regional, cooptado y financiado por el narcotráfico. El modelo se replicó en Urabá: hacia 1987, Henry Pérez y su padre compraron tierras allí y coordinaron con Fidel Castaño las primeras masacres en la zona bananera en 1988. Las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá contaron con apoyo de ganaderos, jefes políticos, capos y mandos militares de la Brigada 11.
El nexo con el Estado no fue omisión sino articulación. La Comisión de la Verdad recogió testimonios que describieron al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) como "la institución más paramilitar que se conoce en la historia del país". Desde los años setenta, el Ejército había promovido "juntas de autodefensas" al amparo del Decreto 3398 de 1965, involucrando a ganaderos y terratenientes en la guerra contrainsurgente. La violencia paramilitar y el despojo se ejercieron sobre un terreno jurídico e institucional que el Estado había preparado.
La legalización del despojo cerró el circuito. Escrituras falsas, simulación de contratos, clonación de folios, títulos falsificados, peritos al servicio del "patrón" que deprimían el avalúo del predio antes de la venta forzada, testaferros que registraban propiedades para luego "donarlas" a fundaciones. El caso de Fidel Castaño es paradigmático: una red de prestanombres transfirió tierras despojadas a Funpazcor, fundación que luego las donó a campesinos como operación de legitimación —Cedro Cocido, las fincas de Las Tangas—. En Urabá, el Fondo Ganadero de Córdoba, presidido por Benito Antonio Osorio Villadiego entre 1997 y 2007, compró en 1997 predios de Las Tulapas que las ACCU habían expropiado mediante amenazas, obligando a 130 familias a vender por precios irrisorios; la Corte Suprema de Justicia lo estableció en sentencia de casación en 2018. En las haciendas de los Castaño en Córdoba, los predios fueron declarados "área nueva" para borrar su tradición registral, maniobra que solo el dueño formal podía ejecutar y que fue realizada por los prestanombres. Notarios, registradores, jueces y funcionarios del Incora y luego del Incoder fueron partes activas de la conversión del despojo en propiedad legítima.
El desplazamiento acompañó cada paso. Urabá, Magdalena Medio y Alto Sinú-San Jorge concentraron más de la mitad de los éxodos del período 1980-1988. En Puerto Boyacá, el retorno de los desplazados quedó condicionado a comprometerse en el combate a la guerrilla: recuperar la finca implicaba entrar al paramilitarismo. En la carretera Pasto-Tumaco, cerca de trescientas personas fueron asesinadas entre 1992 y 1994 por hombres de Aparicio Lenis, la mayoría por negarse a vender. En los Llanos, las tierras despojadas se valorizaron después con la explotación petrolera y la expansión de palma aceitera y caña para biocombustibles; el ERPAC aún controlaba el territorio hacia 2010, defendiendo el statu quo del despojo. La coerción no fue accidente: fue la técnica.
Un dato del Magdalena Medio matiza y a la vez confirma la lectura estructural. Los municipios con presencia de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio registraron un coeficiente de Gini de concentración de la tierra promedio de 0,69 —por debajo del promedio nacional de 0,86—, con picos como Guaduas y Sonsón en 0,81, Honda en 0,80 y Santa Helena del Opón en 0,85. Los paramilitares no operaron necesariamente donde ya había mayor concentración: operaron donde había disputa activa por la tierra. La violencia produjo la concentración; no siempre la heredó.
Una respuesta con filo
La contrarreforma agraria narcotraficante fue la culminación violenta y capitalizada de una contrarreforma más larga —no su origen—, pero esa culminación alteró cualitativamente el dispositivo que heredó.
El patrón de concentración latifundista que el capital narco explotó estaba montado desde antes. Sin la captura del Incora por las élites terratenientes, sin el Pacto de Chicoral, sin la decisión de sustituir redistribución por colonización periférica, sin el crédito subsidiado y la fiscalidad benigna que hicieron rentable el latifundio improductivo, sin la doctrina contrainsurgente que armó a los ganaderos desde 1965, la compra masiva de tierras por narcotraficantes no habría encontrado el terreno preparado. Los narcos no crearon el latifundio ganadero especulativo, ni el ennoblecimiento por la tierra, ni la ganadería extensiva como dispositivo de poder territorial: se acoplaron a ellos. Esto explica por qué las élites regionales absorbieron sin resistencia significativa a los nuevos terratenientes. En muchas zonas, comprar tierra, sembrar potrero, mejorar razas y aspirar a la política local fue el mismo guion que habían seguido comerciantes y exportadores durante un siglo. La narco-élite no rompió con la oligarquía rural: se integró a ella, matrimonió con ella, la reemplazó por relevo. La pregunta, al final, es si los narcos fueron el problema o si el problema fue la casa que los recibió.
Y sin embargo, el narcotráfico introdujo tres transformaciones cualitativas sobre el dispositivo que heredó. La primera es la escala: millones de hectáreas reconcentradas en veinte años son una velocidad sin parangón en la historia colombiana, muy superior a la producida por La Violencia bipartidista. La segunda es un aparato coercitivo autosostenible: al fusionar capital ilícito con paramilitarismo, resolvió el problema estructural que la ganadería extensiva no podía resolver por sí sola —cómo pagar los ejércitos privados que la protegen— y convirtió al paramilitarismo en un actor con vida propia, capaz de disputar territorio a la guerrilla y de imponer su ley a los propios propietarios formales. La tercera es un circuito jurídico de blanqueo: testaferros, notarios, jueces, registradores y funcionarios corruptos transformaron sistemáticamente el despojo en propiedad legítima, produciendo un orden territorial nuevo cuya reversión jurídica es hoy extraordinariamente difícil.
La conjunción de estas tres transformaciones —escala, coerción autosostenible, legalización sistemática— impide leer la contrarreforma narco como mera continuidad. Fue la modernización violenta de un patrón secular: aportó capital nuevo y una tecnología de despojo inédita, pero se acopló a un dispositivo preexistente que el Estado había protegido mediante reformismo simulado. En este sentido preciso, superó a La Violencia bipartidista como agente de reconcentración: la Violencia produjo desplazamiento y despojo, pero no dispuso del capital líquido ni de la tecnología jurídica para consolidar un nuevo régimen de propiedad a la escala que consolidó el narcotráfico.
Las lecturas alternativas quedan integradas, no derrotadas. Es cierto que la agencia decisiva estuvo, en buena medida, en el Estado: el Pacto de Chicoral, la complicidad del Ejército y el DAS con el paramilitarismo, la captura del Incora hicieron posible la contrarreforma; el narcotráfico fue financiador y ejecutor de un proyecto agrario que las élites ya tenían diseñado. Es cierto también que el nexo tierra-paramilitarismo-narcotráfico fue en parte convergencia contingente de racionalidades distintas —narcos buscando lavado y estatus, ganaderos buscando seguridad frente a la guerrilla, militares buscando resultados contrainsurgentes— más que una estrategia coherente única. Y es cierto que el narcolatifundio fue un fenómeno regional y culturalmente específico: los narcotraficantes del norte del Valle y de Medellín se volcaron sobre la tierra, mientras el Cartel de Cali invirtió preferentemente en empresas, bancos y capital moderno, lo que obliga a no homogeneizar la "lógica narco" en la propiedad rural. Fueron los carteles con vocación terrateniente los que produjeron la contrarreforma; no todos los grandes traficantes se comportaron igual.
Estas matizaciones no anulan la conclusión central. Lo que emerge del período 1980-2000 no es un latifundismo más entre muchos: es un latifundismo soldado a capital ilícito, paramilitarismo autofinanciado y legalización fraudulenta, cuya densidad institucional lo hace estructuralmente más difícil de revertir que las formas previas. Los proyectos posteriores de restitución de tierras chocan precisamente contra esa arquitectura: contra escrituras que parecen legítimas, contra sentencias que ya cerraron, contra propietarios formales que compraron "de buena fe" a testaferros que a su vez compraron a víctimas amenazadas hace veinte años. La contrarreforma no fue un episodio: fue una infraestructura.
Lo que queda abierto
Varios flancos resisten al cierre. El primero es la relación causal entre compra narco de tierras y desplazamiento masivo. La coincidencia geográfica y temporal es innegable, pero atribuir mecánicamente el desplazamiento de millones de personas a una estrategia coordinada de abaratamiento previo a la compra simplifica procesos donde intervinieron también dinámicas contrainsurgentes autónomas, presión guerrillera sobre finqueros, disputas entre facciones armadas y decisiones campesinas de huida ante violencia genérica. La causalidad existe; su forma exacta —cuánto fue estrategia deliberada, cuánto convergencia oportunista— sigue en disputa.
El segundo flanco es cuánto de la reconcentración fue reversible tras la desmovilización paramilitar de mediados de los 2000 y cuánto quedó consolidado. Que en los Llanos el ERPAC controlara aún el territorio en 2010, o que el Fondo Ganadero de Córdoba operara sobre tierras despojadas durante una década, sugiere que la desmovilización formal no desmontó el orden territorial que el paramilitarismo produjo. La restitución avanza contra ese sedimento.
El tercero es el papel específico del Estado como coproductor, no mero espectador. Los testimonios sobre el DAS, la doctrina de las juntas de autodefensa desde 1965, la complicidad de brigadas militares específicas y la corrupción sistemática de notarías y registros abren una discusión que va más allá del narcotráfico: cuánto de la contrarreforma fue política pública de facto, ejecutada por interpuestos privados. La historia oficial colombiana ha preferido presentar el paramilitarismo como aberración; buena parte del expediente empírico apunta a que fue, en amplios tramos, política estatal delegada.
Queda un cuarto flanco, más ancho que los anteriores: qué hacer con el modelo agrario que hizo a la tierra colombiana deseable como inversión especulativa en primer lugar. La restitución puede devolver predios; no desmonta por sí sola el bimodalismo, ni el crédito subsidiado al latifundio ocioso, ni la fiscalidad que premia la valorización sobre la producción, ni el ennoblecimiento por la hacienda. Retirado el narcotráfico como coartada explicativa, el problema agrario colombiano sigue en pie —y ese es el terreno donde se decidirá si la contrarreforma se cierra o simplemente cambia de financistas.
Archivo documental
Documentos usados en esta lectura
54 documentos · 72 fragmentos de referencia01Guerreros y campesinos. Despojo y restitución de tierras en ColombiaAlejandro Reyes Posada · 2016 · p. 49, 952 fragmentos
[1]33,3 Chocó 6 19 31,5 Sucre 7 24 29,2 Guaviare 1 4 25,0 Amazonas* 2 8* 25,0 Putumayo 3 13 23,0 Santander 14 87 22,0 Cauca 6 38 15,8 Boyacá 16 123 13,0 Huila 4 37 10,8 Norte de Santander 3 40 7,5 Nariño 3 62 4,8 Totales 409 1.039 42,0 * Amazonas tiene ocho corregimientos, que aquí pueden asimilarse a municipios.…
p. 95
[48]conflictos campesinos por la tierra han tenido mayor intensidad en la costa Caribe y el Magdalena medio y, en menor extensión, en el norte del Huila, Cauca y el sur del Tolima. En la costa Caribe las regiones de mayor conflicto agrario han sido Urabá, Córdoba, Sucre, norte de Bolívar, sur del Magdalena y Cesar. En…
p. 49
02Sistemas de guerra: La economía política del conflicto en ColombiaNazih Richani · 2003 · p. 33, 942 fragmentos
[2]de concentración de la tierra, pro- pulsado por los narcotraficantes y entrelazado con la estrategia contrainsurgente de los militares, está desviando amplias extensiones de tierra de vocación agrícola hacia usos especulativos, consolidando así la base de un desarrollo capitalista rentista en el cual el capital se…
p. 94
[5]cubren 25 millones de hectáreas y benefi- ciaron a unas 37.000 familias indígenas 5 ~. Sin embargo, la distribución de tierras por el Incora fue mínima en comparación con la «contrarre- forma» agraria resultante de ajustes presupuestarios y de las fuerzas del mercado. Tal vez la fuerza más notoria que motivó la…
p. 33
03Narcotráfico en Colombia: Economía y ViolenciaGustavo Duncan, Ricardo Vargas, Ricardo Rocha, Andrés López · 2005 · p. 68, 1792 fragmentos
[3]que corresponden a un depósito de valor más que a activos generadores de ingresos. Por consiguiente, no resulta sorprendente que en un país donde la titulación de la propiedad rural sea precaria, parte de las utilida- des de dichas organizaciones se haya destinado a la adquisición de tierras, mientras que en sectores…
p. 179
[15]en un principio producto de la coloniza- ción antioqueña y ligadas a la economía cafetera y a la ganadera de leche, a partir de los años setentas entraron en un proceso de diversificación de cultivos, sobre todo de frutales, promovido por la Federación de Cafeteros, proceso que fue retomado por las organizaciones de…
p. 68
04Memoria de la infamia. Desaparición forzada en el Magdalena MedioCentro Nacional de Memoria Histórica, Liz Yasmit Arévalo Naranjo, Andrés Prieto Ruiz · 2017 · p. 3281 fragmento
[4]de los años ochenta la región vivió una temprana mili- tarización de los conflictos agrarios (página 49). Para Carrillo (2004, páginas 2 y 3), narcotraficantes llevaron a cabo la compra sistemática de entre tres y cuatro millones de hec- táreas de tierra en el país, desde finales de los ochenta hasta los primeros años…
p. 328
05The Colombia Reader: History, Culture, PoliticsAnn Farnsworth-Alvear, Marco Palacios, Ana María Gómez López · 2017 · p. 2531 fragmento
[6]property records often present frontmen rather than real owners. Needless to say, narco-traffickers also use different and ingenious methods to not present themselves as legitimate owners of these lands. These cir- cumstances, among others, have hampered seizure of land and property by the National Directorate for…
p. 253
06Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Valle y norte del CaucaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 941 fragmento
[7]en bancos, en emisoras, en una universidad, en droguerías, en laboratorios, en fin, eran unos empresarios que tenían un pie en la legalidad y otro en la ilegalidad. […] Esta gente del norte cree más en que el prestigio y el nombre es producto del dinero […], lo que interesa es cuánto tiene y qué puede comprar. [...]…
p. 94
07El orangután con sacoleva: cien años de democracia y represión en Colombia (1910-2010)Francisco Gutiérrez Sanín · 2014 · p. 306, 3112 fragmentos
[8]papel clave tanto en el inicio como en el sostenimiento de la violencia re presiva exterminadora durante el ciclo contrainsurgente. Por ejem plo, los narcos por definición no tienen acceso legal a la provisión tic seguridad por parte del Estado, y por otra parte han estado bajo permanente amenaza. Se volvieron…
p. 306
[12]temprano como en la célula inicial del Magdalena Medio. Pero solo se convirtió en un factor dominante a finales de la década de 1980, cuando los eos tos de mantener el aparato militar subieron de manera prohibitiva, Una economía tan ineficiente como la ganadería extensiva no podía ya sostener el esfuerzo. El…
p. 311
08La crisis agraria en Colombia, 1950-1980Santiago Perry · 1983 · p. 91, 1732 fragmentos
[9]más del 40% anual, en tan to que en la ganadería, según un muestreo adelantado por el Banco Ganadero, el capital invertido sólo genera una renta del 3 % anual. Esa es una de las razones p ara que los ganaderos se estén convirtiendo en negociantes desviando su vocación h acia sectores de la economía donde los riesgos…
p. 173
[39]la creciente presencia del capital monopólico internacional, usurero y comprador, configuran los rasgos característicos del semifeudalismo colombiano. 93 Cuadro No. 2. 1 CONCENTRACION DE LA TIERRA EN COLOMBIA 1960 - 1970 0-10 has + 500 has TOTAL 1960 SUPER (miles # EXPLOT. has) 2.403.7 1 1.052 27.337.8 925. 750 6.902…
p. 91
09Una vida, muchas vidasGustavo Petro Urrego · 2021 · p. 2411 fragmento
[10]y en el de las leyes. El terrateniente, mejor dicho, no solo se había convertido en el dueño del poder local. También había adquirido una influencia desmedida dentro de lbs poderes nacionales y había logrado subyugar incluso al incipiente capitalismo industrial de Colombia, que pacíficamente cedió los espacios del…
p. 241
10Más que plata o plomo. El poder político del narcotráfico en Colombia y MéxicoGustavo Duncan · 2014 · p. 2681 fragmento
[11]de la droga, el ejercicio de la coerción privada era un mecanismo ideal para producir poder y para controlar el negocio. En el largo plazo, quienes hacían la guerra en el terreno se encontraron con que tenían los medios para imponer sus condiciones a quienes se dedicaban exclusivamente a la producción y el transporte…
p. 268
11Violencia pública en Colombia, 1958-2010Marco Palacios · 2012 · p. 561 fragmento
[13]que las guerrillas no perdieron espa cios en la confrontación con Jas Fuerzas Armadas sino con organizaciones paramilitares, locales o de origen narcotraficante que imitaron sus esquemas organizativos (Cubides, 2005). Esa historia comienza en la apresurada huida de los capos del cartel de Medellín, a mediados de la…
p. 56
12Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Magdalena MedioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 911 fragmento
[14]funcionarios del Estado del DAS, la dirección del DAS, estaba articulada con las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio [...] No pareciera que hubiese una responsabilidad institucional del liderazgo político y del liderazgo institucional de las Fuerzas Armadas, el nivel de articulación de la infraestructura…
p. 91
13Isaza, el clan paramilitar. Las Autodefensas Campesinas del Magdalena MedioCentro Nacional de Memoria Histórica, Camilo Ernesto Villamizar Hernández, Juan Alberto Gómez Duque, César Nicolás Peña Aragón · 2020 · p. 49, 522 fragmentos
[16]yo entiendo, este señor Gacha, Pablo Escobar se unieron con los señores estos del Magdalena Medio, formaron las autodefensas en la hacienda Nápoles. Empezó como el ejército privado de ellos. El ejército privado de ellos, pa’ que los cuidaran. En ese momento que tenían un enemigo en común, que era la guerrilla. Ellos…
p. 52
[20]protección de bienes y tierras de los ganaderos, entre los cuales resaltan Evelio Monsalve, Alberto Villegas, John Yepes, Ignacio López y Carlos Salazar (Fiscalía Dossier ACMM, s. f.). Otros de los ganaderos reconocidos en la región que vivían entre La Estación Cocorná y Las Mercedes eran Gabriel Echeverry, Misael…
p. 49
14La economía de los paramilitares: Redes de corrupción, negocios y políticaMauricio Romero Vidal (coordinador y editor), Ariel Fernando Ávila Martínez, Vilma Liliana Franco R., Ángela Olaya, Hernán Pedraza Saravia, Bernardo Pérez Salazar, Juan Diego Restrepo E., Diana Torres · 2011 · p. 471 fragmento
[17]extensiones de tierra allí donde la presencia guerrillera era nutrida, aprovechando los bajos precios que para entonces imperaban en esas regiones violentas. Los nuevos propietarios llegaron listos para enfrentar la amenaza guerri- llera, primero patrocinando y luego asumiendo directamente el mando de organizaciones…
p. 47
15Justicia. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoFrancisco Barbosa Delgado · 2018 · p. 1011 fragmento
[18]de la tregua entre el Gobierno y las FARC. Las elites y los militares de la región compartían una ideología anticomunista y el propósito de erradicar a las guerrillas, junto con otros factores, como la falta de recursos de las unidades militares, hacía que se comprometieran con los intereses de las minorías de la zona…
p. 101
161989María Elvira Samper · 2019 · p. 401 fragmento
[19]de confianza y quien es uno de los fundadores de la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio, Acdegam, organización que nace en 1984 luego de que las Farc secuestran al padre de Pérez, Gonzalo de Jesús Pérez, el Viejo. En sus inicios aparece como una entidad que ofrece servicios de salud y…
p. 40
17Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivasComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 9121 fragmento
[21]con que paramilitares, en connivencia con miembros de la fuerza pública, perpetraron masacres en el nordeste y en el Urabá antioqueño en los años ochenta; 3) el trabajo manco- munado de agentes del Estado, narcotraficantes y paramilitares para lograr la muerte de Pablo Escobar en 1993; 4) el tránsito que…
p. 912
18A las puertas de El UbérrimoIván Cepeda, Jorge Rojas · 2008 · p. 471 fragmento
[22]49 • La organización paramilitar que funcionaba en las fincas de Córdo- ba dirigida por la familia Castaño Gil estaba apoyada por los ganaderos de la región, por jefes políticos y por capos del narcotráfico. Contaba igualmente con el respaldo de los mandos militares de la brigada 11 del 47 Córdoba. No todo está…
p. 47
19Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Antioquia, sur de Córdoba y Bajo Atrato chocoanoComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 861 fragmento
[23](Acdegam) en 1982 187 y las autodefensas de la Casa Castaño en Córdoba y Urabá a mediados de la década de 1980. Otros grupos de seguridad privada ilegal se armaron en el suroeste, norte, nordeste, Bajo Cauca y Oriente antioqueño. La primera generación paramilitar del norte de Antioquia y el sur de Córdoba siguió el…
p. 86
20La Rochela: Memorias de un crimen contra la justiciaGrupo de Memoria Histórica, Iván Orozco Abad (Relator), Gonzalo Sánchez G. (Coordinador) · 2010 · p. 2971 fragmento
[24]Eduardo Ramírez, 95 Hacia 1987 el paramilitarismo del Magdalena Medio comenzó a perturbar re- giones de Córdoba y Urabá. La expansión del grupo paramilitar comandado por Gonzalo y Henry Pérez a territorios que transcendían al Magdalena Medio tuvo cierta semejanza con el proceso de enquistamiento que años atrás…
p. 297
21Nuevos escenarios de conflicto armado y violencia. Panorama posacuerdos con AUC. Región Caribe, Departamento de Antioquia, Departamento de ChocóÁlvaro Villarraga Sarmiento, Alberto Santos Peñuela, Priscila Zúñiga Jiménez, Margarita Jaimes Velásquez, Lukas Rodríguez Lizcano, Gisela Andrea Aguirre García, Camilo Villamizar Hernández · 2014 · p. 241 fragmento
[25]por Fidel Castaño en el sur de Córdoba y Urabá, en los últimos años ochenta, de manera que su despliegue se relaciona con la compra de tierras e instalación de infraestructura del nego - cio ilegal de la coca por parte de reconocidos miembros del Car - tel de Medellín y por los propios Castaño, con la fuerte ofensiva…
p. 24
22Desmovilización y reintegración paramilitar. Panorama posacuerdos con las AUCÁlvaro Villarraga Sarmiento · 2015 · p. 5342 fragmentos
[26]7.5.6 Los Llanos, tierra usurpada a campesinos desplazados Como lo establecieron los procesos judiciales, las tierras de los campesinos y campesinas desplazadas y despojadas por los paramilitares en los Llanos, fueron legalizadas con apoyo de testaferros, abogados, funcionarios corruptos del INCODER, jueces,…
p. 534
[27]7.5.6 Los Llanos, tierra usurpada a campesinos desplazados Como lo establecieron los procesos judiciales, las tierras de los campesinos y campesinas desplazadas y despojadas por los paramilitares en los Llanos, fueron legalizadas con apoyo de testaferros, abogados, funcionarios corruptos del INCODER, jueces,…
p. 534
23Gobernar en medio de la violencia. Estado y paramilitarismo en ColombiaJacobo Grajales · 2017 · p. 1341 fragmento
[28]uinto Penal del Circuito Especializado de Medellín, 2014). Como vemos, el acaparamiento violento de las tierras no se llevó a cabo en un vacío institucional. No es la ausencia o la debilidad del Estado lo que explica la facilidad con la cual los paramilitares se apropiaron de la tierra. Por el contrario, fue…
p. 134
24Más allá del desplazamiento: políticas, derechos y superación del desplazamiento forzado en ColombiaCésar Rodríguez Garavito (coord.), Juan Carlos Guataquí, Ana María Ibáñez Londoño, María Mercedes Maldonado Copello, Luis Eduardo Pérez Murcia, Esteban Restrepo Saldarriaga, Héctor Riveros Serrato, Diana Rodríguez Franco, Yamile Salinas Abdala · 2010 · p. 511 fragmento
[29]como las conductas contrarias al libre consentimiento, los actores del despojo logran su “legalización” vía el otorgamiento de escrituras falsas y otras maniobras jurídicas fraudulentas, tales como la simulación, la clona- ción de folios y la expedición de títulos falsificados. En síntesis, todos esos factores guardan…
p. 51
25Trujillo: Una tragedia que no cesaGrupo de Memoria Histórica; Álvaro Camacho Guizado (relator); Gonzalo Sánchez G. (coordinador) · 2008 · p. 1371 fragmento
[30]TRUJILLO U na tragedia que no cesa amenazaban, los hacían ir o hacían como en Primavera que quema- ban 11 o 12 viviendas […] Pues allanaban esas tierras, las invadían como terrenos baldíos, después de 5 o 10 años... negocio redondo. Y el Incora ayudó a eso, en esa época era muy corrupto, aunque to- davía lo es, pero…
p. 137
26Guerras RecicladasMaría Teresa Ronderos · 2014 · p. 2091 fragmento
[31]habían comprado a Alberto Ospina, hermano del secuestrado y representante de la empresa familiar. Sin embargo, los Castaño las seguían sintiendo como propias, tanto así que ellos las declararon como área nueva, una manera de borrarles la tradición a los predios, cuando en realidad eso solo lo hubiera podido hacer…
p. 209
27Mujeres que hacen historia. Tierra, cuerpo y política en el Caribe colombianoGrupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación · 2011 · p. 981 fragmento
[32]de Pueblo Nuevo (Córdoba). En la finca aún se buscan por lo menos 37 cuerpos más, y en 2006, en una fosa del terreno, fue hallado el cadáver de Carlos Castaño. La finca Las Tangas estaba dotada de piscinas, canchas de tenis, fútbol, billares, bares y pasadizos subterráneos camufla- dos 92, y varios testigos afirmaban…
p. 98
28Estrategias de guerra y trasfondos del paramilitarismo en el Urabá antioqueño, sur de Córdoba, bajo Atrato y Darién. Tomo IILaura Milena Ballén Velásquez, Ronald Edward Villamil Carvajal, Luisa Fernanda Hernández Mercado · p. 1451 fragmento
[33]encabezado por Benito Antonio Osorio Villadiego 15, presidente del Fondo Ganadero de Córdoba entre 1997 y 2007. El caso de Las Tulapas, sector ubicado entre los municipios de San Pedro de Urabá, Necoclí, y zona rural de Turbo, fue emblemático en la alianza ganadero-pa- ramilitar. La secuencia histórica del despojo y…
p. 145
29Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. PacíficoComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 811 fragmento
[34]de la noche asesinando a cualquier persona que estuviera en el camino. Para ellos era normal encontrar al día siguiente cinco cuerpos sobre el asfalto caliente 226. Cerca de trescientas personas fueron asesinadas en la carretera Pasto-Tumaco entre 1992 y 1994 por hombres al servicio de Aparicio Lenis, la mayoría por…
p. 81
30Doble discurso, múltiples crímenes. Análisis temático de las ACMM y las ACPBCentro Nacional de Memoria Histórica, Camilo Ernesto Villamizar Hernández (coordinador) · 2021 · p. 466, 4713 fragmentos
[35]la notaría (…) sí hay reclamantes y se ha motivado muchísimo, se ha trabajado a través de la Mesa Municipal de Víctimas (…) Hay un señor que lo ha venido trabajando y él incluso está pidiendo protección porque ha tenido muchas amenazas, porque sigue in- sistiendo en el tema de tierras. Fue víctima de Jairo Correa. Y…
p. 471
[65]la propiedad, el promedio de los municipios donde hubo presencia de las ACMM reporta un total de 0,69 y para los municipios de presencia de las ACPB se registra un promedio de 0,64. Esto, si bien está por debajo del pro- medio nacional (0,86) no deja de ser una cifra alta, teniendo en cuenta que en el caso de las ACMM…
p. 466
[66]la propiedad, el promedio de los municipios donde hubo presencia de las ACMM reporta un total de 0,69 y para los municipios de presencia de las ACPB se registra un promedio de 0,64. Esto, si bien está por debajo del pro- medio nacional (0,86) no deja de ser una cifra alta, teniendo en cuenta que en el caso de las ACMM…
p. 466
31Colombia complejaJulio Carrizosa Umaña · 2014 · p. 2071 fragmento
[36]un territorio riquísimo gobernado por la democracia “más perfecta de América” revivió en los discursos de los centenaristas; pero al poco tiempo, treinta años después, el gobierno liberal se encontró nuevamente ante la imposibilidad de controlar todo el territorio, esta vez dividido por diferencias ideológicas que…
p. 207
32Los retos de la Colombia contemporánea. Miradas disciplinares diversas en las ciencias socialesMauricio Nieto Olarte (edición académica y compilación), Luis Javier Orjuela, Alix Catalina Rojas, Carlos Felipe Cantor, Juan Carlos Rodríguez, Andrés Guhl, Sandra Borda G., Mateo Morales, Ángela Iranzo Dosdad, Alejandro Castillejo Cuéllar, Juan Ricardo Aparicio, Alhena Caicedo, Pablo Jaramillo, Carlos A. Manrique, Laura Quintana · 2017 · p. 26, 294 fragmentos
[37]prin - cipio de “la tierra para el que la trabaja”, y las “leyes del Llano” de 1953 que, en un principio, conservaron la orientación liberal al promover “la confiscación de los bienes del enemigo o sea de los godos chulavitas”, y que después mostraron más autonomía al extenderla a todos “los hatos y propiedades de…
p. 26
[38]prin - cipio de “la tierra para el que la trabaja”, y las “leyes del Llano” de 1953 que, en un principio, conservaron la orientación liberal al promover “la confiscación de los bienes del enemigo o sea de los godos chulavitas”, y que después mostraron más autonomía al extenderla a todos “los hatos y propiedades de…
p. 26
[46]36 (López Pumarejo) y 1. ª del 68 (Lleras Restrepo), mediante la adjudicación de la propiedad al aparcero o arrendatario, después de diez años de trabajo sobre ella 3. Así, mediante la Ley 6. ª se evitaba la redistribución de la tierra. Esta relación de aparcería, que incluso podía obligar al campesino a pres - tarle…
p. 29
[47]36 (López Pumarejo) y 1. ª del 68 (Lleras Restrepo), mediante la adjudicación de la propiedad al aparcero o arrendatario, después de diez años de trabajo sobre ella 3. Así, mediante la Ley 6. ª se evitaba la redistribución de la tierra. Esta relación de aparcería, que incluso podía obligar al campesino a pres - tarle…
p. 29
33Revolutionary Social Change in Colombia: The Origin and Direction of the FARC-EPJames J. Brittain · 2010 · p. 80, 832 fragmentos
[40](Christodoulou, 1990: 27). When looking at land concentration based on plots of land less than 10 hectares, Sanders (1981: 90) discovered that in the 1960s roughly 76.5 percent of the population (small producers and/or peasants) had access to a mere 8.8 percent of available land. This inequitable distribution saw a…
p. 80
[45]130,000 people (Lindqvist, 1979: 102; see also INCORA, 1972). Scholars analytically studying Law 135 came to a different conclusion. They discovered that these numbers were not just greatly misleading, they contradicted the real conditions. Tad Szulc (1964: 245) noted that in its first year, the achievements of Law…
p. 83
34Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Ensayo introductorioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 46, 622 fragmentos
[41]Departamentos en los que la ANUC tenía una fuerza muy importante. En aplicación de la Ley 135 de 1961 el Incora dirigió durante los años sesenta la colonización del piedemonte oriental de la cordillera Oriental, el Magdalena Medio, la altillanura entre el oriente del Meta y Vichada, el sur de Córdoba y en varias…
p. 46
[56]no tenían los recursos institucionales, financieros ni tecnológicos para adaptarse a las nuevas condiciones de la competencia. Si se considera que la economía global había privilegiado un modelo de producción que se caracteriza por la extracción y adaptación tecnológica intensiva y el limitado uso de mano de obra,…
p. 62
35Análisis histórico del narcotráfico en ColombiaMaría Clemencia Ramírez, César Torres del Río, Andrés López Restrepo, Amada Carolina Pérez Benavides, Ángela Margoth Bacca Mejía · 2014 · p. 166, 2492 fragmentos
[42]puertas de crédito para la producción agraria, viéndose obligadas a acelerar los flujos migratorios campo-ciudad y a intensificar la ocupación de nuevos territorios. Machado indica que el grado de concentración de la propiedad aumentó entre 1960 y 1970 a pesar de la prolija legislación agraria promulgada alrededor de…
p. 249
[58]territo- rial signada por la marginalidad y por formas hegemónicas de representación de aquellos territorios donde ha prosperado el narcotráfico. Normalmente los cultivos de uso ilícito se explican por la crisis del sector agropecuario, la expulsión de sectores rurales de determinadas áreas que se ven obligados a…
p. 166
36Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 5011 fragmento
[43]élites terrate - nientes bloquearon la redistribución de tierras, usando la representación directa que tenían en la legislatura, además de la captura de una parte de los funcionarios elegidos, jueces o burócratas, que respondían a la distribución paritaria entre los partidos, y al uso del clientelismo para socavar el…
p. 501
37Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. El campesinado y la guerraComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 80, 982 fragmentos
[44]entonces senador Carlos Lleras Restrepo, quien señaló cómo los predios de menos de cinco hectáreas –el 55 % del total de las unidades agrarias– ocupaban en ese momento apenas el 4,18 % de la tierra productiva, mientras que los predios mayores de 100 hectáreas, que representaban el 4,5 % de las propiedades, ocupaban el…
p. 80
[57]de compra de tierras por parte de narcotraficantes se intensificó tras la crisis cafetera ocasionada por la caída del Pacto Internacional del Café, en 1989, y por la crisis de la broca a principios de los años noventa. Hacia finales de la década de los ochenta, en algunas de estas tierras compradas se sembró coca, y…
p. 98
3825 años de luchas sociales en Colombia 1975-2000Mauricio Archila Neira, Álvaro Delgado G., Martha Cecilia García V., Esmeralda Prada M. · 2002 · p. 1461 fragmento
[49]el 44.63% de la superficie ocupada 37 • Esto muestra que se fragmentó la pequeña propiedad y que los pequeños y medíanos campesinos perdíeron control sobre la tierra. mientras los gran- des propietarios lo aumentaron. Por otra parte, las leyes de reforma agraria han tenido escasos resulta- dos: han favorecido la…
p. 146
39Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. AmazoníaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 621 fragmento
[50]colonización cultural y territorial, que implicaron formas de violencia tanto físicas como simbólicas. 128 Becerra, «Las relaciones entre misioneros», 17. presentación 63 De la crisis de la economía campesina a la economía de la cocaína (1972—1980) 64 fiflćflThffan nexosfl. nThnflon P ara la década del 70, la promesa…
p. 62
40Memorias dispersasHumberto De La Calle Lombana · 2021 · p. 2651 fragmento
[51]olvidar la necesidad de incorporar a grandes masas campesinas a una vida digna y productiva, en un marco de respeto a la propiedad privada. Como se dijo, bajo el Gobierno conservador de Misael Pastrana, con apoyo de sectores liberales y de gremios de la producción, se suscribió el Pacto de Chicoral, que en la práctica…
p. 265
41Antropología hecha en Colombia. Tomo IEduardo Restrepo, Axel Rojas, Marta Saade (Editores); Carlos Uribe, Roberto Pineda, Andrea Pérez, et al. · 2017 · p. 5491 fragmento
[52]organizaciones campesinas, desplegada con la cobertura de la guerra contrainsurgente e iniciada con el apoyo del gobierno norteamericano desde mediados de los años 1960 (Comité Permanente 2002). En este contexto, a la acción represiva del Estado se sumó la intervención política e ideológica de fuerzas externas al…
p. 549
42La tierra no basta. Colonización, baldíos, conflicto y organizaciones sociales en el CaquetáCentro Nacional de Memoria Histórica, Erika Andrea Ramírez Jiménez · 2017 · p. 1211 fragmento
[53]de la notable reducción que tuviera en la época de La Violencia. Este aumento de la adjudicación de tierras baldías se dio en el contexto de una relativa reducción de la violencia, propiciada por las expectativas de pacificación de Rojas Pinilla, las cuales al final no se cumplieron. Sin embargo, a los adjudicatarios…
p. 121
43El desplazamiento en Colombia: Regiones, ciudades y políticas públicasMartha Nubia Bello, Marta Inés Villa Martínez (editoras) · 2005 · p. 3321 fragmento
[54]de poder, es decir, las zonas de colonización y las zonas de frontera co- C ODHES 332 lombiana, han tenido una economía propia centrada en la extracción de recursos. En el departamento del Caquetá, y las zonas del piedemonte llanero, el Sarare, el Ariari y el Magdalena medio, por ejemplo, dicha economía estuvo muy…
p. 332
44El desplazamiento en Colombia. Regiones, ciudades y políticas públicasMartha Nubia Bello, Marta Inés Villa Martínez · 2005 · p. 3321 fragmento
[55]de poder, es decir, las zonas de colonización y las zonas de frontera co- C ODHES 332 lombiana, han tenido una economía propia centrada en la extracción de recursos. En el departamento del Caquetá, y las zonas del piedemonte llanero, el Sarare, el Ariari y el Magdalena medio, por ejemplo, dicha economía estuvo muy…
p. 332
45Una nación desplazada: Informe nacional del desplazamiento forzado en ColombiaCentro Nacional de Memoria Histórica (CNMH); Myriam Hernández Sabogal, Catalina Riveros Gómez, Mónica Johanna Rueda, Yamile Salinas Abdala, Juan Manuel Zarama Santacruz · 2015 · p. 150, 1552 fragmentos
[59]afectando el 60 por ciento de los mu- nicipios del territorio nacional (ver Mapa 4). Al analizar la magnitud del desplazamiento a nivel regional, tres regiones sobresalen como las mayores expulsoras y represen- tan más de la mitad de los éxodos registrados en este periodo: Urabá; Magdalena Medio; y Alto Sinú y San…
p. 150
[60]región del Magdalena Medio fueron: San Vicente de Chucurí (1.026 personas), El Carmen de Chucurí (904 personas), Cimitarra (818 personas), Barrancabermeja (489 personas), Yacopí (473 personas), y Puerto Boyacá (395 personas). 155 Éxodo rentista: disputas por la tierra y el territorio Así también lo reconoció el propio…
p. 155
46Huellas y rostros de la desaparición forzada (1970-2010)Federico Andreu-Guzmán (relator); Carlos Miguel Ortiz (coordinador); Centro Nacional de Memoria Histórica · 2014 · p. 631 fragmento
[61]y de control de población de los grupos paramilitares se daría simultáneamente con una intensi fi cación de las operaciones militares del Ejército en el Magdalena Medio. El Grupo de Me- moria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Recon- ciliación (CNRR) constataría que, en el Magdalena Medio, A partir de…
p. 63
47El Estado suplantado. Las Autodefensas de Puerto BoyacáCamilo Ernesto Villamizar Hernández, Juan Alberto Gómez Duque · 2019 · p. 1132 fragmentos
[62]PUERTO BOYACÁ Río Carare desde La Corcovada. Fotografía: Camilo Villamizar Hernández, CNMH-DAV. Luego de salir desplazados con tres familias vecinas, y abandonar casas, animales y cultivos, se instalaron en el municipio de Vélez. Uno de los habi- tantes intentó regresar y desapareció. Frente a ese panorama, supieron…
p. 113
[63]PUERTO BOYACÁ Río Carare desde La Corcovada. Fotografía: Camilo Villamizar Hernández, CNMH-DAV. Luego de salir desplazados con tres familias vecinas, y abandonar casas, animales y cultivos, se instalaron en el municipio de Vélez. Uno de los habi- tantes intentó regresar y desapareció. Frente a ese panorama, supieron…
p. 113
48La tierra en disputa. Memorias de despojo y resistencia campesina en la costa Caribe (1960-2010)Absalón Machado, Donny Meertens · 2010 · p. 1091 fragmento
[64]colonos. Los actores y beneficiarios del despojo son múltiples y heterogé- neos, y así sus motivaciones. Los actores armados, en primer lugar los paramilitares, seguidos por la guerrilla; y detrás los «actores históricos»: hacendados y grandes ganaderos; o los más modernos, como los narcotraficantes 87 o los…
p. 109
49La tierra se quedó sin su canto. Trayectoria e impactos del Bloque Norte en los departamentos de Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena. Tomo IICentro Nacional de Memoria Histórica · 2022 · p. 3851 fragmento
[67]hec- táreas de las fincas ganaderas. No existe un acuerdo en el valor que se cobraba por hectárea, y tampoco hay muchas coincidencias sobre si se cobraba desde una cantidad mínima de tamaño, o si se cobraba de igual manera a todas las fincas ganaderas, o si existía una gradación de acuerdo con el tamaño del te- rreno…
p. 385
50Autodefensas de Cundinamarca. Olvido estatal y violencia paramilitar en las provincias de Rionegro y Bajo MagdalenaCamilo Ernesto Villamizar Hernández, Rodrigo Arturo Triana Sarmiento, León Felipe Rodríguez Hernández, César Nicolás Peña Aragón · 2020 · p. 1811 fragmento
[68]paramilitar. 183 4. ACCIONAR DE LA ESTRUCTURA ARMADA Prácticamente toda actividad agropecuaria y comercial que tuviese alguna renta significativa estuvo obligada a dar una cuota extorsiva periódicamente. Dada la influencia de sectores ganaderos desde los orígenes de este grupo pa- ramilitar, fueron estos y los grandes…
p. 181
51Pueblos arrasados: Memorias del desplazamiento forzado en El Castillo (Meta)Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH); Catalina Riveros Gómez, Francisco Hernando Vanegas Toro, Julián Augusto Vivas García, Pablo Andrés Convers Hilarión (relatores) · 2015 · p. 1701 fragmento
[69]se perfiló como una de las fuentes de financiación y de lucro personal del Bloque Centau- ros 67: “en la parte alta en la época de 2002, pues, usurparon y ro- baron muchos ganados (…) de los mismos finqueros, porque esta región de la parte alta era ganadería y café hasta 2003” (CNMH, taller de construcción de memoria…
p. 170
52Violencia paramilitar en la Altillanura: Autodefensas Campesinas de Meta y VichadaÁlvaro Villarraga Sarmiento (Director general); Centro Nacional de Memoria Histórica · p. 591 fragmento
[70]eran el ejército del pueblo. M.: Que ellos eran el ejército del pueblo, que no venían a ha- cerle mal a nadie (…) No me acuerdo de qué año para acá fue que comenzaron, que al finquero que tuviera no sé cuántas cabezas de ganado, tenían que pagar una vacuna, llamaban ellos (CNMH, contribución voluntaria, ejercicio…
p. 59
53Memorias de una guerra por los Llanos. Tomo II. El Frente Capital y el declive del Bloque Centauros de las AUCDaniel Ricardo Martínez Bernal (coordinador), Lorena Camacho Muete, Esteban Caviedes Alfonso, Laura Bibiana Escobar García, José María Gutiérrez Sierra, Daniela Moreno Arriola, Daniel Augusto Serrano Corredor, Juan Manuel Villarraga Beltrán · 2021 · p. 1211 fragmento
[71]yo, como autodefensa en ese entonces, hubiera sabido manejar el ne- gocio del narcotráfico, que era tan fuerte en Vista Hermosa, me hubiera 122 MEMORIAS DE UNA GUERRA POR LOS LLANOS quedado en Vista Hermosa financiándome del narcotráfico y no me hu- biera venido a San Martín a depender de los ganaderos. (Tribunal…
p. 121
54Tierras y conflictos rurales: Historia, políticas agrarias y protagonistasRocío Londoño (coord.), Carolina Castro, Álvaro Delgado, Jaime Landinez · 2016 · p. 6441 fragmento
[72]de secuestros (que principalmente están dirigidos a poseedores de cierto capital económico), lo cual les pro- porcionó una fuente de financiación fundamental para su sosteni- miento. Esta situación forzó -y continúa haciéndolo- a los ganaderos de distintas regiones del país a convivir y negociar con los grupos…
p. 644