Luchas por baldíos y movimiento campesino costeño (1918–1928)

Luchas por baldíos y movimiento campesino costeño (1918–1928)

Entre 1918 y 1928, en las tierras bajas de los ríos Sinú y San Jorge —jurisdicción entonces del departamento de Bolívar, hoy repartida entre Córdoba y Sucre—, campesinos, colonos y jornaleros de piel mestiza y ascendencia zenú organizaron una de las insurgencias agrarias más densas del ciclo revolucionario colombiano de los años veinte. Reclamaban baldíos usurpados, resguardos rematados y parcelas cercadas por el ganado del hacendado. Al frente estaban Vicente Adamo, un inmigrante italiano avecindado en Montería, y Juana Julia Guzmán, artesana y organizadora que fundó la Sociedad de Obreras Redención de la Mujer y sostuvo, con el Comité Socialista, una red de sociedades populares que se extendió a Cartagena, Barranquilla, Cereté, San Carlos y Neiva. El movimiento anticipó por una década la sentencia de 1926 y la Ley 200 de 1936, se sostuvo bajo despojo armado y coerción policial, y llegó a poner en cuestión la propiedad de haciendas enteras. El ciclo de invasiones que estalló en el Sinú entre 1930 y 1932 —69 muertos en un solo día de elecciones en Montería, cuadrillas de trescientos campesinos ocupando latifundios— no cayó del cielo: venía de esos diez años.

En el bajo Sinú y las sabanas de Corozal, la propiedad rural del último tercio del siglo XIX se había formado en gran parte por usurpación de baldíos nacionales. Los grandes ganaderos —los "blancos", en el vocabulario local— habían ido incorporando a sus estancias tierras públicas sin acto legal de enajenación, y hacia la década de 1920 la mayoría de las haciendas de la región no podían mostrar el título original por el cual el Estado se había desprendido del predio. Era una propiedad de hecho, sostenida por cercas, por ganado y, cuando hacía falta, por la policía departamental.

La expansión ocurría por dos vías paralelas. La primera, documentada con claridad en el caso de la hacienda Berástegui de la familia Burgos, consistía en el cercamiento sistemático: entre 1870 y 1880, la propiedad pasó de 8.000 a 12.000 hectáreas cercando propiedades vecinas y mejorando los pastos. Cercar era, en aquel Sinú, mucho más que delimitar: era producir hecho consumado. Una vez tendido el alambre y pastando el ganado, la disputa se volvía asimétrica, porque el vecino sin recursos no tenía cómo litigar durante los años que exigía una demanda territorial, y el prefecto o el alcalde solían responder al mismo poder que había puesto la cerca.

La segunda vía era más silenciosa y más eficaz: la aparcería de "pasto por tierra". El terrateniente entregaba al colono un lote de monte, adelantaba unos víveres, unas semillas de pasto y un rollo de alambre de púas, y el colono se obligaba a tumbar el monte, sembrar maíz y plátano durante alrededor de dos años, y devolver la tierra empastada. Al hacendado, la habilitación de potreros nuevos le costaba casi nada; al campesino, dos años de trabajo intenso para quedarse sin la tierra que había abierto con hacha y machete. El desmonte era la operación más costosa en tiempo y esfuerzo en la ganadería extensiva del bajo Sinú, y el sistema resolvía ese cuello de botella descargándolo íntegramente en el trabajo campesino.

El proceso se ordenaba en tres pasos casi rituales. El colono libre tumbaba el monte y habilitaba la parcela con rozas; después vendía a bajo precio a un contratista o finquero intermedio; finalmente, un gran terrateniente reclamaba el lote para ampliar la estancia o levantar una hacienda nueva. No era el único patrón —muchos colonos eran contratados directamente por el hacendado desde el inicio—, pero era el más extendido, y explica por qué en el Sinú el desmonte y la concentración de la tierra caminaban de la mano. Los adelantos en especie que recibía el colono con frecuencia no se saldaban, y esa deuda pendiente lo ataba, sin necesidad de contrato escrito, a seguir abriendo monte para el patrón. Al final de cada ciclo, el colono empezaba de nuevo, más adentro del monte, siempre corriendo hacia una tierra que no llegaba a ser suya.

Sobre esta estructura se superpuso, en las primeras décadas del siglo XX, una segunda capa de despojo dirigida a las comunidades zenú. La Ley 55 de 1905 cedió las tierras de los antiguos resguardos indígenas a los municipios para que las remataran a particulares. En San Andrés de Sotavento, Chinú, Chimá y las sabanas circundantes, los remates fueron a parar a manos de hacendados y jefes políticos locales con capital e influencia. La operación tenía una dimensión ideológica: las élites criollas del siglo XIX pensaban al indio y al negro como obstáculos para la nación occidental que querían construir, y la liquidación de los resguardos formaba parte de ese mestizaje unidireccional. Los zenú del Sinú y las sabanas quedaron, tras 1905, formalmente sin resguardo, aunque muchas familias conservaban los títulos coloniales escondidos, según se supo décadas más tarde, para que los patrones no se los quitaran.

La llegada de capital antioqueño a comienzos del siglo XX terminó de reconfigurar el paisaje. Hacia 1920, los Ospina Vásquez incorporaron a su patrimonio la hacienda Marta Magdalena y las haciendas Santa Helena y Cañaflecha, en un movimiento más amplio de colonizadores antioqueños y costeños hacia lo que hoy es Córdoba. Se abrían tierras nuevas, se cercaban las viejas.

A ese ensanche interno se sumó, por el flanco norte, una presencia distinta. Una compañía norteamericana operaba en los valles del Sinú, el San Jorge y el Cauca, y avanzaba sobre los pueblos lobanos del Bajo Magdalena incumpliendo la oferta de ejidos que había hecho en 1920. Sus métodos incluían el soborno de prefectos y alcaldes, el pago de agentes del orden y la manipulación jurídica de la mano de abogados costeños, entre ellos el senador y exministro Manuel Dávila Flórez. El paisaje agrario resultante combinaba, sin transición, el latifundio criollo heredado del siglo XIX, la nueva propiedad antioqueña y el enclave extranjero, articulados todos por las mismas prácticas de cercamiento y por la misma disponibilidad de la fuerza pública local.

El resultado, en vísperas de 1918, era una región donde la tierra pública había sido apropiada por unos pocos, los resguardos indígenas habían sido liquidados por decreto, la mano de obra campesina abría monte sin recibir la tierra que abría, y el ganado del hacendado era herramienta ordinaria para arruinar cultivos ajenos.

En ese Sinú de cercas y adelantos apareció, hacia 1918, un núcleo organizador en Montería. Vicente Adamo, artesano de origen italiano radicado en la ciudad, y un pequeño grupo de zapateros, sastres y jornaleros dieron forma a la Sociedad de Obreros y Artesanos de Montería y, poco después, al Comité Socialista local. Junto a Adamo trabajaron Manuel Hernández y Eduardo Lora Támara, y la organización se apoyó desde el comienzo en una segunda sociedad, la de Obreras Redención de la Mujer, fundada y liderada por Juana Julia Guzmán.

Guzmán es la protagonista central de este ciclo. Mujer del Sinú, artesana, sin escuela formal y sin partido detrás, articuló durante una década un tejido de sociedades populares con estatutos que abogaban por la emancipación de la mujer, el boicoteo al juego y al alcohol, el fomento de escuelas laicas y el uso cotidiano de las palabras "camarada" y "compañero". A su lado trabajó Ana Francisca "Pacha" Ferias, y su influencia se irradió hacia el campo abierto del bajo Sinú: Lomagrande, Callemar, Ciénaga de Oro. En la vejez, ya en los años setenta, Juana Julia todavía vivía en Montería y guardaba, en la memoria y en unos pocos papeles, la crónica de un movimiento que casi ningún archivo oficial había recogido con detalle.

Lo distintivo del Comité Socialista de Montería fue su capacidad de conectar la ciudad artesana con la protesta rural. Las sociedades de obreros y obreras nacieron casi simultáneamente en Cartagena, Barranquilla, Cereté, San Carlos y Neiva, replicando los mismos estatutos y el mismo vocabulario. En el interior de la región, sin embargo, la organización desbordó rápidamente los límites del artesanado: colonos del bajo Sinú, aparceros de las haciendas y campesinos empujados por el cercamiento se incorporaron a la red, y la agenda dejó de ser sólo la del taller urbano para abarcar la disputa por la tierra. El nombre canónico —Comité Socialista— no era ornamento: se leían periódicos, se corría literatura, se hablaba de emancipación en un lenguaje que las élites hacendatarias del Sinú no habían escuchado antes en boca de sus jornaleros.

Del lado femenino, la Sociedad de Obreras Redención de la Mujer fue algo más que un auxiliar. Fue el vehículo por el cual Juana Julia Guzmán convirtió el trabajo doméstico, el aguatero, el mercado y la escuela laica en espacios de organización, e integró explícitamente la emancipación de la mujer al programa. Se trata, en la historia colombiana del siglo XX, de una de las primeras experiencias organizativas donde una mujer popular no es figura decorativa sino centro operante, y donde la agenda de género no es concesión ni añadido sino parte de los estatutos fundadores. Esa condición —mujer, mestiza, sin partido nacional detrás, en un Caribe rural— pesaría después en su suerte.

Las sociedades del Sinú no eran una isla. En julio de 1925, el Segundo Congreso Obrero reunido en Bogotá fundó la Confederación Obrera Nacional, de marcado tinte anarcosindicalista, y un año después, en 1926, un núcleo marxista encabezado por Ignacio Torres Giraldo cristalizó el Partido Socialista Revolucionario. El PSR simpatizaba con la Internacional Comunista sin adoptar plenamente el modelo leninista: sus dirigentes buscaban un gran partido de masas, no una minoría de cuadros. Desde 1925, María Cano recorría el país como "Flor del Trabajo" en giras que multiplicaron los directorios socialistas y dieron cuerpo a un movimiento de escala nacional. Torres Giraldo, Raúl Eduardo Mahecha y la propia Cano eran las figuras mayores de esa segunda mitad de los años veinte. El corredor que unía Barrancabermeja con el Magdalena y la Costa fue uno de los ejes por donde circularon las ideas y los organizadores, y en él se cruzaban el enclave petrolero, los puertos fluviales y las sociedades artesanas del Caribe.

En ese circuito se inscribió el Sinú. Torres Giraldo dejó consignada la conexión en las memorias que escribió al final de su vida, donde el bajo Sinú aparece como uno de los frentes activos del PSR y no como periferia. La segunda huelga petrolera de Barrancabermeja, en 1927, y los paros de solidaridad portuaria a lo largo del Magdalena mostraron que el PSR tenía capacidad de agitación real, y las sociedades del Caribe se sintieron parte de ese tejido más amplio. El movimiento del Sinú no fue exportación bogotana ni antioqueña —tenía raíces propias en el artesanado costeño y en la memoria zenú del despojo—, pero se pensó a sí mismo dentro del ciclo continental que José Carlos Mariátegui describió, para toda América Latina de posguerra, como una mezcla de "esperanzas mesiánicas, sentimientos revolucionarios, pasiones místicas".

A esa dimensión organizativa se sumó, en 1926, un giro jurídico decisivo. Ese año, la Corte Suprema de Justicia dictó una sentencia que resolvía que la única prueba válida de propiedad privada de la tierra sería el título original por el cual el Estado la había enajenado del dominio público. En un país donde la mayoría de las tierras ocupadas hasta la década de 1920 se habían originado en usurpaciones ilegales de baldíos, el fallo era, para los hacendados, una prueba diabólica: pedía lo que casi nadie tenía. La Corte reiteró el criterio en 1934. El gobierno no había medido la magnitud del problema: medio siglo de apropiaciones informales quedaba jurídicamente en el aire.

Para los campesinos del Sinú, la sentencia fue un descubrimiento estratégico. Colonos y arrendatarios entendieron que quienes los cercaban no podían demostrar títulos legítimos, y el movimiento pasó de la defensiva —resistir el desalojo, aguantar el cerco— a la ofensiva. Los arrendatarios de las zonas de frontera reciente empezaron a argumentar que no eran arrendatarios sino colonos, y que la tierra que ocupaban no era privada sino pública. El repertorio de la protesta cambió: a la queja y la resistencia se sumó la ocupación, sostenida por un argumento jurídico. Que las protestas agrarias colombianas fueran legalistas —que apelaran a la legislación de baldíos, que reclamaran adjudicaciones, que llevaran expedientes— no era timidez sino estrategia: la ley protegía al colono, y los campesinos lo sabían.

La ofensiva no fue pacífica. Contra las sociedades y las ocupaciones se desplegó, en el Sinú y en las sabanas, un aparato de coerción que combinaba el cerco privado con la fuerza pública. La policía colombiana mantuvo carácter local hasta su nacionalización en 1960, y en el intervalo funcionó como brazo armado de los hacendados: gobernadores departamentales daban instrucciones explícitas para que se procediera "como si toda la tierra fuera propiedad privada", órdenes que sobre el terreno se traducían en desalojos, arrestos y disparos. En la región de Loba, la compañía norteamericana antes mencionada sobornaba prefectos y alcaldes, pagaba agentes del orden para enfrentarlos a los campesinos y contaba con abogados como Dávila Flórez para las manipulaciones judiciales.

En el bajo Sinú, los "señores de la tierra" ejercieron formas arbitrarias que la memoria oral y los expedientes municipales recogen sin ambigüedad: extensión paulatina de cercas hacia parcelas campesinas y hacia baldíos, ganado soltado deliberadamente sobre los cultivos de los parceleros para arruinarlos, amenazas, y la exigencia —tras 1920— de títulos legales que los propios campesinos no poseían, mecanismo por el cual miles fueron despojados. Quienes perdían la tierra por esta vía podían quedarse en ella, pero pagando "arriendo" en trabajo al nuevo propietario titulado: la desposesión no expulsaba necesariamente, encadenaba.

Los repertorios campesinos frente a esto fueron múltiples. El primero fue el legalismo: expedientes, memoriales, apelaciones a la ley de baldíos, alegatos de que la tierra era pública. Cuando el trámite se estancaba —y la lentitud de la administración era la regla—, se pasaba a la acción directa. La ocupación de tierras incultas, la resistencia a los desalojos —a veces pacífica, a veces armada—, la persistencia contra el desahucio: ese conjunto de tácticas caracterizó la protesta agraria del Sinú y de otras regiones del país. En muchos casos, la persistencia funcionó: los colonos terminaron obteniendo la adjudicación legal de los predios que habían defendido con el cuerpo.

Hubo también, en 1927, un episodio que la memoria regional recogió como signo, y que ayuda a medir la temperatura social de aquellos años. En San Marcos, sobre el San Jorge, un profeta errante proclamó el fin del mundo y millares de campesinos convergieron al llamado, en lo que parece haber sido un movimiento milenarista incipiente. La forma religiosa —el profeta, la convergencia, el anuncio apocalíptico— era un lenguaje viejo, heredado de las crisis rurales del siglo XIX, pero la disposición de miles de campesinos a moverse en masa hablaba de una tensión social a punto de reventar, y hablaba también del mismo suelo humano que las sociedades de Montería estaban organizando en clave socialista pocos kilómetros más al oeste. Detrás del profeta y detrás del Comité Socialista, la misma población empujaba por salir del cerco.

El movimiento de 1918-1928 tuvo raíces largas y detonantes precisos. Las causas estructurales están todas en el suelo agrario. La usurpación acumulada de baldíos durante medio siglo dejó a la mayoría de los hacendados sin títulos originales, condición que los volvía vulnerables una vez el argumento jurídico circuló. La aparcería de "pasto por tierra" y la secuencia de tres pasos —colono, intermediario, terrateniente— configuraron una relación laboral extractiva en la que el trabajo del colono se convertía sistemáticamente en patrimonio del patrón. La disolución legal de los resguardos zenú por la Ley 55 de 1905 privó a comunidades enteras de la propiedad colectiva heredada de la colonia y las lanzó a un mercado de tierras controlado por hacendados y jefes políticos. La policía local, subordinada al poder departamental y municipal, funcionaba como fuerza privada de los propietarios. Sobre esa acumulación de agravios se apoyaba todo lo demás.

Las causas coyunturales pesan tanto como las estructurales. La oleada de posguerra —"esperanzas mesiánicas, sentimientos revolucionarios"— que Mariátegui describió para toda América Latina alimentó desde 1918 un clima de movilización obrera y campesina en Colombia. La fundación en Montería, ese mismo año, de la Sociedad de Obreros y Artesanos y del Comité Socialista dio forma organizativa al descontento. Las giras de María Cano desde 1925 y la fundación del PSR en 1926 conectaron el Sinú con una red nacional que le prestó vocabulario, prensa y sentido de escala. Y la sentencia de la Corte Suprema en 1926, al exigir a los hacendados un título que casi ninguno tenía, transformó una queja moral en un arma jurídica. Ninguna de las dos series por separado habría producido el ciclo: la aparcería llevaba décadas funcionando sin desatar insurgencia, y el fallo jurídico sin organización previa habría quedado en papel. Fue la coincidencia entre la Sociedad de Obreras Redención de la Mujer, la retórica del PSR, la ley de baldíos y la sentencia de 1926 lo que empujó a colonos y arrendatarios de una posición defensiva a una ofensiva de ocupación.

El material acumulado entre 1918 y 1928 se descargó en los años siguientes. En 1931, las elecciones en Montería dejaron 69 muertos y 146 casas arrasadas hasta los cimientos. Las autoridades locales, al informar al gobierno departamental, no atribuyeron la violencia a pasiones partidistas: hablaron de "problemas sociales subyacentes", eufemismo que en el Sinú de entonces significaba una sola cosa, la disputa por la tierra.

En los meses siguientes al episodio electoral, las ocupaciones organizadas empezaron en serio. Grupos de entre 100 y 300 campesinos invadieron latifundios en varios municipios del Sinú. La consigna —"la tierra para el que la trabaja"— sintetizaba una década de experiencia: los ocupantes sabían que las haciendas invadidas no podían mostrar títulos originales, sabían que la ley de baldíos les daba derecho como colonos, y sabían también que el desalojo llegaría con la guardia departamental y que habría que resistir. A comienzos de 1932, el alcalde de Montería informó al gobernador que el problema de dominio y posesión de la tierra en el Sinú se presentaba "con caracteres alarmantes". Las autoridades no exageraban.

La Ley 200 de 1936 clausuró parcialmente el ciclo. Sustituyó la exigencia del título original por el criterio de la destinación económica —la explotación productiva del predio—, con lo cual aliviaba la presión jurídica que la sentencia de 1926 había puesto sobre los hacendados. Al mismo tiempo, estableció ciertas trabas para el desalojo de colonos ocupantes, con lo que reconocía en el papel algunos de los derechos que las invasiones habían defendido en el terreno. La ley no fue sólo una respuesta al conflicto agrario: respondía también a las nuevas exigencias del capitalismo agrario y al principio de función social de la propiedad que se abría paso en el pensamiento jurídico de la época. Fue, en la práctica, un acuerdo que reordenó el conflicto sin resolverlo.

Del lado de las organizaciones populares, la década siguiente trajo desgaste. El Partido Socialista Revolucionario se fracturó y fue absorbido, a comienzos de los años treinta, por la fundación del Partido Comunista de Colombia. Juana Julia Guzmán siguió en Montería, presente en la memoria oral pero fuera del relato nacional durante casi medio siglo. Las sociedades de obreros y obreras del Caribe se diluyeron o se transformaron en otras figuras organizativas, pero el hilo del movimiento agrario costeño no se cortó del todo: reapareció en los años treinta con las ligas campesinas, y volvió con fuerza mucho mayor en los años setenta con la ANUC en los Montes de María y en municipios cordobeses como Chima, Ciénaga de Oro, Chinú y Chimá. Entre el Comité Socialista de 1918 y las tomas de tierras de la ANUC hay más continuidad que ruptura: los mismos municipios, familias campesinas emparentadas, un repertorio jurídico y de acción directa que se transmite por vía oral y por vía de práctica.

La historia colombiana del siglo XX construyó su relato del ciclo insurgente de los años veinte alrededor de dos ejes: el movimiento obrero urbano —ferroviario, portuario, petrolero— y la huelga bananera de 1928 en la zona del Magdalena. Barrancabermeja, Ciénaga y el ferrocarril del Pacífico fueron los escenarios canónicos; Mahecha y María Cano, las figuras de fondo; el 6 de diciembre de 1928 en Ciénaga, el hito. El bajo Sinú, con sus sociedades de obreras, sus colonos zenú, sus ocupaciones y sus 69 muertos electorales, quedó fuera del marco.

La invisibilización tuvo razones específicas. Fue rural en una historiografía que definía al sujeto revolucionario como obrero moderno. Fue mestizo-zenú en un país que había legislado en 1905 la desaparición del indígena costeño y prefería, en su relato oficial, no verlo reaparecer. Fue liderado por una mujer sin partido nacional detrás, en un canon donde las mujeres populares aparecen como excepción o como auxiliar, no como organizadoras centrales. Y fue legalista antes que insurreccional en la superficie, aunque su fondo fuera profundamente conflictivo: los expedientes de baldíos no producen la iconografía de una huelga, aunque produzcan efectos mayores.

Leído sólo por su cara obrera y bananera, el ciclo insurgente colombiano de 1918-1928 pierde la mitad del cuadro. El conflicto agrario por baldíos y resguardos usurpados era estructuralmente más masivo, geográficamente más extenso y socialmente más profundo que la protesta industrial, y en el Caribe rural existía una capacidad organizativa —articulada por artesanos, mujeres y colonos, con lenguaje socialista y raíz zenú— comparable a la de los enclaves modernos. La huelga bananera fue el episodio visible; el Sinú de Juana Julia Guzmán fue la corriente sostenida.

Un siglo después, la geografía del despojo que enfrentaron las sociedades de Montería sigue siendo reconocible. Córdoba, Sucre y Bolívar concentran algunos de los conflictos por la tierra más persistentes del país. La región Caribe, con cerca de una cuarta parte de la población nacional, aporta una fracción claramente mayor de las víctimas del conflicto armado, sobrerrepresentación que no es azar: descansa sobre una estructura agraria cuyas capas —baldíos usurpados, resguardos liquidados, aparcería extractiva, coerción local— fueron descritas hace un siglo por los organizadores del Comité Socialista y estudiadas más tarde por la sociología rural colombiana. Los apellidos hacendatarios que hoy figuran en los pleitos de restitución son, en buena parte, los mismos que aparecían en los expedientes de baldíos de los años veinte, y las parroquias donde se remataron los resguardos son las mismas donde un siglo después las comunidades zenú siguen litigando por tierras que nunca dejaron de considerar suyas.

Está también la figura misma de Juana Julia Guzmán, cuya recuperación historiográfica —tardía y aún parcial— empezó a producirse a partir de los años setenta. Nombrarla como lo que fue —organizadora central de un movimiento agrario de dimensión regional, no auxiliar ni acompañante— obliga a reescribir la geografía del feminismo popular colombiano y a reconocer que, en el Caribe rural mestizo-zenú de los años veinte, hubo una experiencia de mujeres organizadas por la tierra y por la emancipación que precedió por décadas a los feminismos urbanos e ilustrados que el canon sí registró. La Sociedad de Obreras Redención de la Mujer no fue apéndice del Comité Socialista: fue una de las columnas que lo sostuvieron, y su borradura del relato dice tanto de la política del siglo XX como del propio archivo que no supo, o no quiso, guardarla.

Lo que ocurrió entre 1918 y 1928 en el bajo Sinú no fue el ensayo local de una historia mayor escrita en otra parte. Fue una insurgencia campesina con su propia densidad, su propio liderazgo y sus propios repertorios, cuya invisibilización dice menos de lo que faltó en el Sinú que de lo que faltó en la mirada con que Colombia contó su siglo XX.