Monumento a la Paz de Montería

El Monumento a la Paz de Montería

En 1999, en el corazón de Montería, capital del departamento de Córdoba, se inauguró una escultura pública bautizada Monumento a la Paz: un campesino tendiendo la mano a un soldado sin insignia. El gesto —presentado como reconciliación entre el hombre del campo y el hombre de armas— fue leído por Carlos Castaño Gil, comandante de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, como una invitación al ciudadano común a incorporarse a las filas paramilitares. La obra se levantó en el año de mayor consolidación del dominio paramilitar sobre Córdoba, cuando las masacres, el desplazamiento forzado y la articulación con estructuras económicas legales habían convertido al departamento en el laboratorio y capital simbólica de las Autodefensas Unidas de Colombia. Antes de que existiera memorial alguno para las víctimas del conflicto en el Caribe, antes del Acuerdo de Santa Fe de Ralito de 2003, antes de la Ley de Justicia y Paz de 2005, el victimario ya se había esculpido en piedra como pacificador. El monumento no fue un accidente ornamental: fue la cristalización pública de una hegemonía. La memoria pública, en Montería, se disputó y se perdió años antes de que las víctimas pudieran siquiera pronunciar la palabra memoria.

El sur de Córdoba antes del monumento

Para entender por qué en 1999 se pudo levantar en la capital cordobesa una escultura que celebraba, con lenguaje cívico, a un ejército irregular, hay que reconstruir cómo Córdoba había dejado de ser un departamento del Estado colombiano en sentido estricto. El proceso no comenzó con los hermanos Castaño ni terminó con ellos, pero encontró en su figura la síntesis más acabada.

Desde los años setenta, el Ejército colombiano promovió en el sur de Córdoba la creación de juntas de autodefensa y grupos de defensa civil, amparadas en el Decreto 3398 de 1965, que permitía armar a la población civil como auxiliar de la fuerza pública en la lucha contrainsurgente. Ganaderos y terratenientes de la subregión —una tierra de haciendas extensas, conflictos agrarios crónicos y presencia guerrillera activa— fueron los primeros beneficiarios de ese arreglo. La ecuación fue simple y duradera: la tierra debía defenderse con armas privadas donde el Estado, a juicio de sus propietarios, no llegaba con la contundencia suficiente. Esa arquitectura, tolerada y a menudo alentada desde los cuarteles, precedió en más de una década a los Castaño.

A comienzos de los años ochenta se produjo la mutación decisiva. Fidel Castaño Gil, hermano mayor de Carlos y Vicente, socio del Cartel de Medellín y enriquecido en la economía del narcotráfico, invirtió esa fortuna en propiedades rurales del sur de Córdoba. No fue un hecho aislado: respondió a una lógica más amplia de colonización empresarial antioqueña sobre el Caribe cordobés, en la que capitales del narcotráfico buscaban simultáneamente lavar dinero, ganar aceptación social en la ruralidad y asegurar territorios estratégicos para la cadena productiva de la coca. En 1981, las FARC secuestraron y asesinaron al padre de los Castaño; el episodio alimentó el odio de los hermanos hacia la guerrilla y quedó incorporado a la mitología familiar como una motivación original, aunque el proyecto que después desplegaron desbordaba con creces la venganza personal.

En ese entramado —ganaderos con antecedentes de autodefensa, narcotraficantes convertidos en terratenientes, un Ejército tolerante— surgió el fenómeno que la sociología del conflicto nombraría como narco-ganadería: un sector social nuevo, con capital armado propio, intereses agrarios consolidados y proyección política regional. La conexión orgánica entre paramilitares y ganaderos, ya existente desde los setenta, no se rompió con la irrupción del narcotráfico; se transformó y se hizo más densa. El sur de Córdoba, con sus fincas y sus corredores hacia el Nudo de Paramillo y Urabá, fue el escenario donde esta alianza alcanzó su forma más completa.

La creación formal de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá se produjo en un arco entre 1994 y 1996, con Fidel, Carlos y Vicente Castaño Gil como fundadores y con Carlos como cabeza visible y estratega político. Las ACCU se autodefinieron desde el comienzo como un movimiento político-militar antisubversivo, no como una banda armada ni como un cartel: la ambición era propiamente política. Un factor decisivo aceleró la mutación en esos años: la desmovilización del Ejército Popular de Liberación en 1991 y la ofensiva posterior de las FARC contra los antiguos militantes de esa guerrilla —los llamados esperanzados— empujaron a numerosos exguerrilleros del EPL a las filas de las ACCU. Ese trasvase introdujo en la estructura paramilitar un mimetismo organizacional y político-militar que le permitió imitar formas de trabajo comunitario, propaganda y presencia territorial propias de las guerrillas a las que combatía.

Hacia mediados de los noventa, las ACCU habían dejado de ser una fuerza local. Se expandieron por la Costa Caribe y avanzaron hacia el departamento del Chocó, y el 18 de abril de 1997, en Urabá, los jefes de nueve organizaciones paramilitares dispersas por el país se reunieron para constituir las Autodefensas Unidas de Colombia, con dirección única, estado mayor conjunto y una definición común: "un movimiento político-militar de carácter antisubversivo en ejercicio del derecho a la legítima defensa". La aglutinación nacional se hacía desde Córdoba y con la impronta cordobesa. Ese detalle no es menor para leer lo que ocurriría dos años después en la plaza pública de Montería.

Montería como capital paramilitar

En vísperas de la inauguración del monumento, Montería no era simplemente la sede administrativa de un departamento golpeado por la violencia: era la ciudad receptora de los desplazados que producían las mismas estructuras que se paseaban por sus clubes sociales. Familias enteras venidas de Valencia, de Tierralta, del Alto Sinú y del San Jorge se hacinaban en barrios de invasión al tiempo que en los barrios elegantes las páginas sociales del diario El Meridiano de Córdoba registraban las fiestas de la élite regional. Entre los rostros habituales de esa élite figuraban Doménico Mancuso —investigado por financiar grupos paramilitares— y Pascual Mancuso, policía cívico y presunto financiador de las AUC, parientes cercanos de Salvatore Mancuso, para entonces ya comisario político de las ACCU. La normalización pública de esas figuras en la sociabilidad monteriana fue una condición previa —silenciosa, cotidiana, elegante— del monumento.

La estructura de dominación de las ACCU sobre Córdoba descansaba en tres pilares. El primero era el terror militar: masacres, castigos ejemplarizantes, desplazamientos. El segundo era un aparato de inteligencia y vigilancia rural y urbana que hacía del departamento un territorio observado. El tercero era la alianza con los dueños de los centros económicos regionales: ganaderos, comerciantes, industriales, políticos. Los tres pilares no operaban por separado: se reforzaban. El terror hacía tolerable —o inevitable— la alianza; la alianza hacía rentable y sostenido el terror; la vigilancia garantizaba que ni el terror ni la alianza fueran contestados.

Sobre esa base, las ACCU ejercieron un control social que fue mucho más allá de la coerción armada. En zonas urbanas y rurales del departamento intervinieron en la resolución de conflictos familiares, en el control de la delincuencia común, en la imposición de códigos morales sobre vestido, corte de pelo y celebración de fiestas públicas. En algunos casos, presionaron a la población del Alto Sinú y del San Jorge para participar en paros dirigidos a exigir al gobierno nacional obras viales y recursos: la movilización cívica misma quedó capturada. La lógica era transparente y despiadada: quien no estaba con las autodefensas estaba contra ellas, y esa dicotomía se aplicaba lo mismo a un guerrillero que a un vecino que rehusara sumarse a una marcha convocada por el bloque local.

El engranaje incluía, además, una pieza que hacía porosa la frontera entre lo legal y lo ilegal: las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada, conocidas como Convivir, autorizadas por el Estado colombiano en los años noventa. Salvatore Mancuso declararía años después ante la Comisión de la Verdad que Carlos Castaño le encomendó crear el Bloque Norte de las AUC apoyándose en las Convivir, a las que definió como "bisagra entre la institucionalidad y la autodefensa ilegal". La articulación no fue clandestina: se hizo con el respaldo de comandantes de brigada del Ejército, mediante pactos concretos para enfrentar de manera conjunta al "enemigo de la nación". Fusiles del Estado, cooperativas legales y comandantes paramilitares operaban dentro de un mismo circuito.

El resultado, hacia 1998 y 1999, era que Córdoba funcionaba como territorio administrado. No había gobierno paralelo en sentido estricto: había un gobierno superpuesto, con sus propias reglas, sus propios impuestos, sus propios mecanismos de sanción y sus propios símbolos. En 1998, la firma del Acuerdo del Nudo de Paramillo había marcado, además, la apertura mediática del proyecto paramilitar; a partir de allí, Carlos Castaño intensificó una estrategia de visibilidad pensada para dar cobertura política a un conjunto disperso de grupos armados que operaban de facto como uno solo. Faltaba dar el paso siguiente: inscribirse en el paisaje.

La escultura y su gramática

En 1999, en el espacio público de Montería, se inauguró el Monumento a la Paz. La composición era, en apariencia, austera y legible: un campesino, con los signos convencionales de la ruralidad cordobesa, tendía la mano a un soldado. El soldado carecía de insignia. Ese detalle —una omisión, no una adición— es la clave de la obra.

En la iconografía militar colombiana, la insignia distingue: identifica al ejército regular, define la jerarquía, ancla al portador en una institución del Estado. Un soldado sin insignia es un hombre armado sin filiación oficial; puede ser cualquier combatiente, y por lo tanto puede ser el combatiente que el espectador quiera —o deba— reconocer. En Córdoba, en 1999, ningún ciudadano necesitaba explicación adicional para completar la imagen. El soldado del monumento era, para todo el que caminara por Montería, el paramilitar que había impuesto el orden vigente en el departamento.

Carlos Castaño lo dijo sin ambages: la escultura era una invitación al ciudadano a extender la mano y sumarse a las autodefensas. La lectura del comandante coincidía con la gramática de la obra. El campesino no le pedía protección al soldado ni negociaba con él: le daba la mano, en un gesto igualitario, de alianza, casi de reclutamiento. La paz representada no era el silencio de las armas: era la incorporación del hombre común al proyecto armado que decía traerla.

La operación simbólica era doble. Por un lado, borraba al Ejército de Colombia del cuadro: al despojar al soldado de insignia, el monumento reconocía implícitamente que la fuerza armada que había pacificado a Córdoba no era la constitucional. Por otro, ocultaba a la víctima: en la escena no aparecía ni un muerto, ni un desplazado, ni una comunidad indígena, ni un campesino expulsado de Las Tulapas. La paz se representaba desde el punto de vista de sus artífices autoproclamados, y el precio de esa paz —los más de 150.000 homicidios y desapariciones forzadas y los más de 3,5 millones de desplazados que la expansión paramilitar produciría en el país entre 1997 y 2004— quedaba fuera del encuadre.

La escultura no era una alegoría ambigua abierta a lecturas plurales: era un enunciado político nítido, dirigido a una ciudadanía que llevaba años aprendiendo a leerlo. Su eficacia dependía de una condición previa —el terror ya sedimentado en Córdoba— y producía un efecto propio: convertir la victoria paramilitar en paisaje, en materia común, en algo que se atraviesa a pie sin advertirlo. La violencia dejaba de ser acontecimiento y pasaba a ser fondo.

La complicidad como argamasa

Un monumento no se levanta solo. Necesita permisos, financiación, un emplazamiento, una inauguración. Necesita, sobre todo, que ninguna voz con suficiente autoridad local lo impugne en el momento en que se instala. En Montería, en 1999, esas condiciones estaban dadas.

La élite cordobesa había sostenido activamente el proyecto paramilitar durante toda la década. El Fondo Ganadero de Córdoba, presidido por Benito Antonio Osorio Villadiego entre 1997 y 2007, compró a Sor Teresa Gómez —testaferra del clan Castaño— predios que las ACCU habían expropiado mediante amenazas a campesinos de Las Tulapas, obligados a vender sus tierras a precios irrisorios. La Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SP2866-2018/48031 de julio de 2018, se pronunciaría sobre este entramado al examinar el caso de Benito Molina Velarde, miembro de la junta directiva del Fondo Ganadero. La principal institución gremial del sector ganadero cordobés operó como comprador de tierras despojadas por las ACCU. Ganaderos del Bajo Cauca y del San Jorge reconocerían años más tarde, en un episodio ampliamente comentado, haber apoyado a las autodefensas, sin que ese reconocimiento suscitara mayor incomodidad en las esferas del poder político nacional.

El silencio complaciente venía acompañado de sociabilidad. Los Mancuso —una familia de la élite social monteriana— aparecían en las páginas sociales de El Meridiano de Córdoba mientras uno de sus integrantes, Salvatore, dirigía la construcción del Bloque Norte de las AUC. La convivencia era, literalmente, pública. No había disociación entre el orden armado del departamento y el orden social de su capital: eran el mismo orden.

En ese contexto se inscribe la escultura. El monumento no fue una imposición sobre una ciudad hostil: fue un gesto que la ciudad —al menos la que contaba, la que decidía y la que se dejaba fotografiar— pudo recibir sin escándalo. La complicidad no fue únicamente pasiva. Salvatore Mancuso calificaría después al paramilitarismo como un "fenómeno cultural" de gran magnitud en la sociedad cordobesa, caracterización que el alto comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo compartiría años más tarde al hablar de las "raíces culturales" de las autodefensas y de una "mentalidad de autodefensa" propia del país. El propio Álvaro Uribe Vélez, ya siendo presidente, al recibir en su hacienda El Ubérrimo el reconocimiento de los ganaderos del Bajo Cauca y el San Jorge sobre su apoyo a las autodefensas, se limitaría a invitarlos a confiar en el Estado, sin cuestionar el hecho.

Estas coincidencias no son anecdóticas. Muestran que el discurso que dotaba de sentido al Monumento a la Paz —el paramilitarismo como respuesta orgánica de una sociedad y no como aparato de terror— se enunciaba también, con otras palabras y en otros registros, desde el Estado. La escultura era la traducción en piedra de una tesis que circulaba por la política, por los medios y por los discursos públicos de altos funcionarios: que la violencia contrainsurgente no era una anomalía criminal sino una expresión cultural. Un monumento a la paz, en Montería y en 1999, formalizaba esa tesis en el espacio común.

Una estrategia mediática convertida en piedra

El Monumento a la Paz no fue un episodio aislado dentro de la trayectoria pública de las ACCU y las AUC. Fue una pieza —quizás la más literalmente material— de la estrategia mediática que Carlos Castaño desplegó a partir de la reconfiguración paramilitar de 1997. Esa estrategia se apoyó en varios frentes convergentes.

Castaño, a diferencia de su hermano Fidel —que siempre rehusó ser fotografiado y conceder entrevistas—, asumió la vocería política del proyecto y se abrió al escrutinio mediático controlado. Concedió una entrevista televisada en el programa La Noche de RCN, presentado por Claudia Gurisatti, en la que se presentó como actor político legítimo. Puso en funcionamiento una página web de las autodefensas. Recibió delegaciones políticas, gremiales y académicas en zonas bajo control paramilitar para explicar los objetivos del movimiento y justificar sus acciones contrainsurgentes. En 2001, tras entrevistas con el periodista Mauricio Aranguren, se publicaría Mi confesión, un libro autobiográfico que consolidaba la construcción de su figura pública.

Fernando Cubides observaría que esa apertura mediática, iniciada con el Acuerdo del Nudo de Paramillo en 1998, tuvo un doble sentido: un significado político hacia afuera y un sentido organizacional hacia adentro, encaminado a dar cobertura a grupos dispersos bajo una identidad común. El Monumento a la Paz funcionaba en ambos registros. Hacia afuera, hacia la opinión pública nacional y hacia el Estado, decía: aquí hay un actor político, con símbolos propios, con capacidad para inscribirse en el espacio público como un igual entre iguales, con quien se podrá eventualmente negociar. Hacia adentro, hacia los cuadros paramilitares y sus bases sociales, decía: hemos ganado, este territorio es nuestro, nuestra victoria es visible.

La operación tenía antecedentes en la propia definición jurídica que se daban las AUC: "un Movimiento Político-Militar de carácter antisubversivo en ejercicio del derecho a la legítima defensa". La escultura traducía esa autodefinición al lenguaje del monumento cívico. El campesino y el soldado sin insignia sellaban, en piedra, la fórmula del "derecho a la legítima defensa" que las AUC reivindicaban en sus documentos. Si la palabra impresa podía ser leída por unos pocos, el monumento estaba destinado a todos los que atravesaran la plaza.

Hay un rasgo estratégico adicional: cuando se inauguró el monumento, faltaban cuatro años para el Acuerdo de Santa Fe de Ralito. La escultura precedía —y de algún modo preparaba— el escenario en el que las AUC se sentarían a negociar con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez como interlocutores políticos. Cuando el 15 de julio de 2003 Salvatore Mancuso, Carlos Castaño, Vicente Castaño, Ramiro Vanoy, Hernán Hernández, Luis Cifuentes, Francisco Tabares, Adolfo Paz y Jorge Pirata firmaron con el alto comisionado Luis Carlos Restrepo el acuerdo que abriría paso a la Ley 975 de 2005, no llegaban a la mesa como una banda de criminales derrotados: llegaban con años de construcción pública de su condición de actores políticos. El monumento de Montería fue una de las columnas de esa construcción.

Contramemoria: lo que no había en 1999

Para dimensionar la anomalía histórica del Monumento a la Paz, conviene contrastarlo con las iniciativas de memoria de las víctimas del conflicto armado colombiano, casi todas posteriores y muchas todavía en gestación en 1999.

El Parque Monumento de Trujillo, en el Valle del Cauca, había comenzado a construirse en 1996 con aportes de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Amnistía Internacional de Holanda y organizaciones populares locales, sin recursos del presupuesto nacional. Era —y sigue siendo— reconocido como el centro de gravedad de la memoria de las víctimas en esa región. Pero fue posible porque contó con la protección de la sociedad civil organizada y con acompañamiento internacional; y aun así, generó y sigue generando sentimientos contradictorios en su propia comunidad.

En Segovia, para 1995, las iniciativas de memoria en torno a la masacre de 1988 incluían una peregrinación y dos murales —uno junto a la parroquia, otro en un muro de la alcaldía— explícitamente inspirados en el modelo de Trujillo. En Medellín, tras la Operación Orión de 2002, colectivos sociales de la Comuna 13 intervendrían el cementerio La América con la iniciativa Galería Viva, con murales, placas, plantas y rituales. También en Medellín, el llamado Pájaro herido del Parque San Antonio, escultura dañada por un atentado, acumularía en sus grietas monedas, estampitas y medallas ofrendadas por los ciudadanos, en un uso devocional espontáneo que lo convertiría en referente popular de memoria. El Monumento a las Víctimas de El Salado se levantaría más tarde, condensando la solidaridad entre las víctimas de El Salado y La Sierra, y reivindicando un proceso completo de violencia y no solo un acontecimiento aislado. En El Castillo, Meta, en 2012, María Eugenia Castro instalaría una placa en el lugar donde fue abandonado el cuerpo de su hermano, el personero Mario Castro Bueno, a diez años de su homicidio.

Todas esas iniciativas comparten rasgos: son posteriores, dependen del esfuerzo autónomo de organizaciones de víctimas, se sostienen sobre recursos propios o de la cooperación internacional, buscan la visibilidad en el espacio público como acto reparador. Ninguna cuenta con el respaldo institucional que sí tuvo el Monumento a la Paz de Montería. Ninguna, sobre todo, pudo instalarse antes de 1999 en la capital del departamento donde se producía la violencia.

Ese es el hallazgo incómodo. En Córdoba, cuando el victimario ocupó el espacio público, no había allí un memorial previo de víctimas al que oponerse ni al que desplazar: el terreno estaba disponible porque las víctimas —campesinos desplazados de Las Tulapas, indígenas del Alto Sinú, dirigentes asesinados en las masacres que reaparecieron con la matanza de San Pelayo el 19 de mayo de 1997, activistas LGBTIQ+ amenazadas y expulsadas, personas trans como Yuricar, oriunda de Montería, sometida a múltiples violencias en el marco del conflicto armado— no tenían voz, ni presencia organizada suficiente, ni protección para reclamar espacio simbólico. El monumento no ganó una batalla de memoria: ocupó un terreno vacío que el propio terror paramilitar había producido.

El cierre del ciclo y lo que quedó

La secuencia posterior es conocida en sus líneas gruesas. Entre 1997 y 2000, los grupos paramilitares cometieron más de 250 masacres que dejaron cerca de 1.700 muertos, en episodios como Mapiripán, El Aro, La Granja, El Salado y Chengue, con evidente omisión del Estado. La expansión continuó durante los diálogos del Caguán, en el momento de mayor intensificación del conflicto armado nacional. El Acuerdo de Santa Fe de Ralito, firmado el 15 de julio de 2003 con facilitación de la Iglesia Católica —Monseñor Germán García, Monseñor Julio César Vidal y el Padre Leonidas Moreno—, abrió el camino a la Ley 975 de 2005, la llamada Ley de Justicia y Paz, que ofreció condiciones especiales de juzgamiento a los desmovilizados a cambio de la entrega de armas y la confesión de crímenes.

El proceso de Justicia y Paz, alimentado por versiones libres y por la información obtenida del computador de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, terminó revelando lo que en Córdoba se sabía desde siempre: que el paramilitarismo era, además de una empresa armada, una red política. Las investigaciones por parapolítica alcanzaron a concejales, alcaldes, gobernadores y cerca del 30% del Congreso de la República. Muchos de los nombres que aparecían en esas investigaciones habían asistido, en algún momento, a las mismas fiestas que las páginas sociales de El Meridiano de Córdoba fotografiaban.

Para entonces, el Monumento a la Paz llevaba años en Montería. Su gramática —el paramilitar como pacificador, el ciudadano como llamado a sumarse, la víctima como ausencia— había sedimentado en el paisaje. Cuando las víctimas cordobesas comenzaron a organizarse y a reclamar memoriales, verdad y reparación en el marco de la justicia transicional, el espacio público de la capital departamental ya estaba escrito. La memoria pública no era una hoja en blanco: era una hoja ocupada.

Ese es el sentido histórico duradero del monumento. No importa tanto la calidad estética de la obra ni la biografía particular de sus autores materiales: importa la operación que hizo posible y que consumó. Un victimario inscribió su victoria en el espacio común antes de que sus víctimas pudieran nombrarse a sí mismas como víctimas. Y lo hizo en alianza con las élites locales, con la aquiescencia de sectores del Estado y con la complicidad —a veces activa, a veces silenciosa— de una sociedad que había aprendido, bajo el terror, a convivir con el orden paramilitar como si fuera el orden natural de las cosas.

La memoria pública, en Colombia, se piensa habitualmente como un campo que se abrió con la Ley de Víctimas de 2011, con la Ley 975 de 2005 o con la creación del Centro Nacional de Memoria Histórica en 2011. El Monumento a la Paz de Montería recuerda que ese campo ya se había disputado —y perdido en ciudades enteras— mucho antes. El paramilitarismo comprendió, con lucidez estratégica, que la victoria armada era incompleta si no se traducía en victoria simbólica, y que el espacio público era un campo de batalla tan decisivo como el rural. Mientras las víctimas colombianas seguían enterrando a sus muertos en fosas comunes sin nombre, el victimario ya se había esculpido a sí mismo tendiendo la mano al campesino.

Esa asimetría fundacional pesa todavía. Cada vez que una comunidad discute hoy la instalación de un memorial de víctimas del conflicto, cada vez que un colectivo social interviene un muro para pintar los rostros de los asesinados, cada vez que un artista propone en una plaza colombiana una obra que nombre a los ausentes, la pregunta no es solo qué recordar y cómo hacerlo. Es también, silenciosamente, contra qué otras memorias —ya instaladas, ya naturalizadas, ya convertidas en paisaje— se está trabajando. Montería enseñó, en 1999, que el victimario puede llegar primero. La labor larga de la memoria de las víctimas colombianas ha sido, en buena medida, la de llegar después.