Ley 55 de 1905 y la disolución de los resguardos indígenas del Caribe

Ley 55 de 1905 y la disolución de los resguardos indígenas del Caribe

El 25 de abril de 1905, la Asamblea Nacional Constituyente convocada por Rafael Reyes sancionó una ley breve, de redacción administrativa, que ordenaba transferir a los municipios las tierras de los antiguos resguardos indígenas para que las remataran a particulares como si fueran baldíos. La Ley 55 de 1905 no inventó el despojo —los resguardos venían siendo desmantelados desde el siglo XVIII— pero le dio su forma jurídica definitiva en la costa Atlántica. Sobre los zenúes de las sabanas de Córdoba y Sucre, y en particular sobre el antiguo resguardo colonial de San Andrés-Mexión, Chinú y Pinchorroy, la ley operó como acta de defunción: al reclasificar las tierras comunitarias como propiedad municipal rematable, cerró la puerta legal a la existencia del pueblo zenú como sujeto territorial y abrió la de las grandes haciendas ganaderas que, desde entonces, definirían la fisonomía agraria del Caribe. Su sombra alcanza hasta 1991, cuando la nueva Constitución obligó al Estado a reconocer lo que la Ley 55 había borrado.

El resguardo zenú antes de 1905: tres siglos de erosión

El resguardo que la Ley 55 desmantelaría había sido creado casi tres siglos antes. En 1611, el visitador Juan de Villabona y Zubiaurre concedió el resguardo de tierras para los caseríos de San Andrés-Mexión, Chinú y Pinchorroy —lo que hoy corresponde a San Andrés de Sotavento, Chinú y Chima—, agrupando bajo una misma unidad territorial a poblaciones zenúes que hasta entonces habían estado bajo régimen de encomienda. La encomienda de San Andrés-Mexión había pasado sucesivamente por Rodrigo Méndez de Montalvo, su hijo Andrés y su nieta Ana Vitalina de Fuentes entre 1580 y 1649, y culminaría, tras la última encomienda del marqués de Villa Alta, con el paso del pueblo a la Real Corona.

El título fue confirmado por Jacinto de Vargas Campuzano en 1675 y ratificado nuevamente por el gobernador Roque de Quiroga en 1773. Estos tres actos —1611, 1675, 1773— constituyen el andamiaje documental sobre el cual los zenúes fundaron durante siglos su derecho a la tierra, y al cual regresarían en el siglo XX para probar que existían. La institución del resguardo, en su lógica colonial, sustituía la encomienda por el corregidor de indios como receptor del tributo destinado a la Corona, organizando a los nativos dentro de un territorio de propiedad comunitaria. Pero esa propiedad colectiva cargaba desde su origen con una fractura: concentraba en una misma unidad a poblaciones de distintos orígenes y tradiciones, y los indígenas así reunidos no se resignaban a la pérdida de sus tierras originarias.

Desde el siglo XVIII, en paralelo al remate de baldíos a particulares, comenzó un ataque sistemático contra los resguardos: se redujeron sus extensiones y se concentraron varios en uno solo —generalmente en tierras de menor calidad y alejadas de los centros urbanos— para vender las áreas desocupadas. La institución venía en descomposición bajo la presión conjunta del latifundismo, la economía monetaria y las ventas de tierra que la propia Corona autorizaba. Cuando terminó el dominio colonial, esa descomposición no se detuvo: se aceleró.

La genealogía republicana del despojo

Uno de los rasgos más notables del siglo XIX colombiano fue la coincidencia entre grupos sociales, partidos e ideologías opuestos en materia de legislación sobre resguardos. Liberales y conservadores, federalistas y centralistas, radicales y regeneradores mostraron un fervor semejante por la extinción del régimen comunitario, aunque discreparan en casi todo lo demás. La ideología liberal concebía la propiedad colectiva como obstáculo al desarrollo de las manufacturas, al mercado de trabajo libre y al comercio; los conservadores compartían, con distinto ropaje, el mismo horizonte de asimilación. La política indígena oficial, desde el período republicano temprano hasta los años sesenta del siglo XX, buscó incorporar a los indígenas a la población general mediante mezcla biológica y asimilación cultural, y la propiedad comunal era vista como un lastre en ese proyecto de construcción nacional.

El proceso culminó hacia mediados del siglo XIX. La mayoría de los resguardos fueron expropiados y sus tierras tendieron a quedar en manos de terratenientes y élites no indígenas, empujados por la voracidad latifundista, la presión de colonos y mestizos, y un Estado de criterio fiscalista. La descomposición generó una masa de indígenas desposeídos que, junto a otros campesinos sin tierra, se incorporaron como peones, aparceros y arrendatarios al servicio de los terratenientes bajo diferentes sistemas de producción.

La Ley 89 de 1890, promulgada por los conservadores entonces en el poder, frenó parcialmente esa disolución. Reconoció a las parcialidades indígenas como personas jurídicas con cabildo propio, declaró inembargables e imprescriptibles las tierras de resguardo y sometió su eventual división al cumplimiento de un procedimiento reglado. Sobre ese armazón, los pueblos indígenas conservaban un asidero legal para resistir la extinción. Ese equilibrio duraría apenas quince años. La Ley 55 de 1905 operó por una vía distinta y complementaria: en lugar de tocar directamente el régimen de la Ley 89, reclasificó las tierras de los antiguos resguardos coloniales como propiedad de los municipios, autorizados a rematarlas al modo de los baldíos. La personalidad jurídica de la comunidad quedaba en pie, pero sin territorio sobre el cual ejercerla; los títulos coloniales que la Ley 89 había asumido como fundamento del régimen especial dejaban de producir efectos frente al remate municipal. El reconocimiento comunitario de 1890 sobrevivió como cascarón sin suelo.

El Quinquenio: un régimen a medida del despojo

La Ley 55 no puede entenderse sin el régimen que la sancionó. El Quinquenio de Rafael Reyes (1904–1909) fue una dictadura de carácter autoritario-modernizador. Reyes había disuelto el Congreso legítimo y lo había reemplazado por una Asamblea Nacional Constituyente nombrada por él mismo, con representación de dos conservadores y un liberal por departamento. Esa misma Asamblea, en 1905, extendió su período presidencial hasta el 31 de diciembre de 1914.

El proyecto de Reyes articuló los intereses de las clases poseedoras —hacendados en primer lugar— con el Estado central, y resolvió así el divorcio que había existido entre el partido Conservador nacionalista y esas clases, comprometiéndolas en acciones concretas de gobierno. Su política de reorganización territorial dividió los departamentos existentes para debilitar a los caudillos regionales y centralizar el poder ejecutivo; entre las nuevas unidades creadas figuraron Nariño, Atlántico y Valle. Bajo la misma lógica, el gobierno promovió la expansión del ferrocarril de Santa Marta hasta Fundación —95 kilómetros que permitirían disparar la exportación bananera del Caribe.

La legislación agraria de esos años funcionó como sistema, y conviene leerla como partitura antes que como catálogo. La Ley 55 cedía las tierras de los antiguos resguardos a los municipios para su remate. La Ley 56 del mismo año condicionaba el otorgamiento de títulos de baldíos a colonos a que los terrenos estuvieran previamente explotados, y consagraba al cabildo municipal como intermediario obligado en las solicitudes de cesión de baldíos a poblaciones. La Ley 25 de 1908 acentuaría el manejo centralista de la administración de las tierras baldías. Vistas en conjunto, las tres normas dibujan una arquitectura donde el Estado central fija las reglas, el municipio administra el remate y el hacendado con capital e influencia adquiere la tierra.

En el lenguaje del régimen, la división territorial buscaba impedir que el poder se refugiara en las grandes haciendas y entre los propietarios terratenientes. En la práctica costeña ocurrió lo contrario: la Ley 55 puso a disposición de esos mismos propietarios el mayor botín territorial disponible.

El mecanismo: cómo funcionó la Ley 55

El artificio jurídico era simple. Los antiguos resguardos —incluidos aquellos con títulos coloniales confirmados en varias oportunidades, como el de San Andrés-Mexión— eran declarados extinguidos y sus tierras transferidas a los municipios respectivos, que quedaban facultados para rematarlas. Con esa operación, las tierras comunitarias zenúes de Córdoba y Sucre pasaron a ser tratadas como baldíos, es decir, como tierras sin dueño legítimo. La existencia de títulos de origen colonial no era un obstáculo: la ley simplemente los ignoraba, y la aritmética del remate público hacía el resto.

Las tierras rematadas quedaron en manos de hacendados y jefes políticos locales con mucha capacidad económica e influencia política. No era casualidad. En las primeras décadas del siglo XX en la Costa Atlántica, el poder político regional estaba articulado en redes de base hacendil: el gamonal articulaba sus intereses con letrados, comerciantes y burócratas pueblerinos, conformando poderes locales con los que el Estado central se vio obligado a negociar. El municipio, encargado por la Ley 55 de administrar el remate, era precisamente el escalón donde esas redes concentraban su fuerza. El cabildo municipal —que la Ley 56 investía como interlocutor privilegiado ante la Nación en materia de tierras— era, en las sabanas del Sinú y el San Jorge, el instrumento cotidiano de los mismos hombres que iban a comprar.

El resultado no fue una simple redistribución de propiedad: fue una recomposición completa del régimen agrario. Las sabanas del río San Jorge y el Sinú, que ya albergaban actividades ganaderas desde mediados del siglo XIX, vieron consolidarse tras 1905 un latifundio ganadero de escala regional. La ganadería extensiva transformó la fisonomía de la Costa Atlántica. A ello contribuyó una lógica económica adicional: la escasez de mano de obra en la costa dificultaba el desarrollo de proyectos de agricultura comercial, pues el alto costo relativo del trabajo —agravado por la competencia de obras públicas, exploración petrolera y navegación fluvial— ponía en desventaja esa actividad frente a la ganadería, que requería menos trabajadores. Un latifundio con pocas reses y grandes extensiones era, en el Caribe de las primeras décadas del siglo XX, la forma más rentable de aprovechar la tierra recién adquirida.

Los zenúes bajo la ley: de comuneros a terrajeros

Sobre las comunidades zenúes de San Andrés de Sotavento, Chinú, Sampués y Tuchín, la Ley 55 tuvo un efecto doble. Por un lado, las despojó materialmente de sus tierras comunitarias, que pasaron al remate y de allí a manos de los grandes propietarios de la región. Por otro, y quizá más grave a largo plazo, las despojó jurídicamente de su existencia como pueblo: si el resguardo dejaba de existir en el papel, el sujeto colectivo que lo habitaba dejaba también de tener sitio en el ordenamiento legal republicano.

Los zenúes desposeídos siguieron habitando las mismas tierras, pero bajo un estatuto radicalmente distinto. Desde los años veinte del siglo XX, las grandes haciendas tabacaleras y ganaderas de Córdoba y Sucre aglutinaban a la población campesina e indígena como terrajeros o arrendatarios. El terraje —la obligación de trabajar para el hacendado a cambio de acceso a una parcela— convirtió al comunero en peón adherido a la hacienda. El indígena que hasta hacía una generación había sido copropietario colectivo de su tierra pasaba a pagar con trabajo el derecho a permanecer en ella. Ese conflicto estructural por la tierra, sembrado por la Ley 55 y consolidado en los años veinte, precedería la llegada de guerrillas y paramilitares medio siglo después.

La incursión de familias antioqueñas sobre haciendas de Córdoba —los Ospina Vásquez sobre Marta Magdalena, Santa Helena y Cañaflecha desde 1920— añadió un ingrediente adicional. La colonización antioqueña introdujo elementos de modernización en la estructura hacendataria de Córdoba, dándole una configuración sociodemográfica algo diferente a la de Sucre y Bolívar, sin reemplazar del todo las relaciones sociales tradicionales. El resultado fue una hacienda de propietarios ausentes con administradores locales, población zenú convertida en fuerza de trabajo adscrita, y una red de poder político-hacendil que unía Montería con Bogotá.

Ideología y coartada: mestizaje, degeneración, progreso

La Ley 55 no fue solo un acto de despojo material; fue también la traducción jurídica de una manera de imaginar la nación. Para las élites criollas de principios del siglo XIX, el mestizaje era percibido como un proceso precario, y las razas negra e indígena eran vistas como amenazas al proyecto de construcción de una nación basada en valores occidentales. El mestizaje fue más un proyecto central del siglo XIX que una realidad acabada, asociado al tipo de nación que la élite criolla quería construir. El indio, como sujeto colectivo con tierras propias y régimen legal diferenciado, era incompatible con la nación que se quería.

Esa gramática se prolongó y endureció hacia el cambio de siglo. Desde finales del XIX, ciertos discursos presentaban a los indígenas como sujetos que debían ser conducidos hacia la civilización, la ciudadanía y la productividad a través de misiones y colonias agrícolas. Cuando la Ley 55 ya llevaba trece años en vigor, el debate racial dio un paso más explícito: en 1918, el médico Miguel Jiménez López abrió la discusión sobre la "degeneración racial" en Colombia con la tesis "Nuestras razas decaen"; el psiquiatra Luis López de Mesa respaldó esa lectura, y como salida se propuso la inmigración de poblaciones del norte para "regenerar" la sangre colombiana. Lo que en el XIX había sido un ideal de asimilación se convertía, en la posguerra del Quinquenio, en diagnóstico patológico.

El argumento económico-liberal se solapaba con esta gramática racial. Los resguardos eran presentados como obstáculo al desarrollo de manufacturas y a la libre disposición de la fuerza de trabajo, al mantener al indígena atado a la posesión forzosa de la tierra sin posibilidad de venderla. Los latifundistas promovieron la supresión de los resguardos no solo para apoderarse de la tierra sino para forzar a los indígenas a vender su fuerza de trabajo en las haciendas a salarios reducidos, construyendo para ello el estereotipo del "indio perezoso" que había que obligar a trabajar. Rafael Uribe Uribe, en el otro extremo del arco político, propuso una política de incorporación productiva de las tierras baldías y de frontera a partir de la asimilación de la población indígena, apoyándose en Darwin y resaltando el vasto mestizaje de la población para contrariar las teorías de superioridad blanca. La divergencia era sobre el método, no sobre el destino: la desaparición del indio como sujeto colectivo era el horizonte común.

Los propios zenúes intuyeron con precisión la lógica del asunto. La destrucción del resguardo era percibida por ellos como condición de la desaparición de la raza, pues la colectividad indígena proporcionaba la seguridad y resistencia necesarias dada la precariedad de sus medios de producción y su posición desprotegida en la sociedad moderna. Perder el resguardo no era perder unas hectáreas: era dejar de existir como pueblo.

El contraste andino: por qué el Cauca resistió lo que el Caribe no pudo

La aplicación de la Ley 55 sobre las comunidades zenúes tuvo una intensidad que no encontró equivalente exacto en los resguardos andinos, y la comparación ilumina las razones. Las provincias sureñas de Popayán y Pasto, de alta concentración poblacional indígena, se beneficiaron de un relativo aislamiento geográfico —barreras cordilleranas, cañones y ríos— que permitió a sus resguardos resistir con mayor éxito las presiones de disolución republicana. Las sabanas de Córdoba y Sucre, planas y accesibles, no ofrecían refugio equivalente.

A la geografía se sumó la política institucional regional. La Legislatura del Cauca se opuso a la política nacional de división de resguardos hasta 1886, cuando la nueva Constitución modificó el marco. Esa resistencia institucional protegió parcialmente los resguardos andinos de la disolución formal, aunque no impidió la invasión de tierras por colonos blancos. En la Costa Atlántica no existió contrapeso legislativo equivalente: los poderes locales que hubieran podido oponerse eran precisamente los interesados en el remate.

A esa geografía protectora se sumó una tradición andina de resistencia legal organizada, aliada muchas veces con sectores del liberalismo regional, que combinó protesta, dilación en los tribunales, resistencia pasiva y negociación política. Los guambianos no obtuvieron el título completo de sus tierras hasta 1966, tras décadas de usurpaciones por parte de familias blancas que establecieron haciendas sobre su resguardo; el dato mide bien la lentitud del pulso, pero también su persistencia. Nada de eso —o mucho menos de eso— tuvieron los zenúes en 1905. La geografía costeña era hospitalaria para el latifundio ganadero; el aparato político-hacendil regional era homogéneo en su apetito por la tierra; la Ley 55 aplicó con eficacia porque encontró el terreno preparado.

Resistencia soterrada: títulos enterrados y viajes a Bogotá

Que la ingeniería jurídica de 1905 fuera eficaz no significa que fuera absoluta. Bajo la fachada de la desaparición jurídica, los zenúes conservaron una memoria territorial obstinada. Un comunero guardó clandestinamente un título colonial enterrado debajo de su cama, en una lata, por temor a que los "blancos" se lo quitaran si lo sacaba a la luz. La imagen resume medio siglo de resistencia silenciosa: el documento que probaba la existencia legal del pueblo debía ocultarse para no desaparecer con él. La preservación clandestina de los títulos respondía al miedo generado por la violencia terrateniente y a la negación de la existencia del pueblo zenú como pueblo originario, negación que también erosionaba el autorreconocimiento identitario de sus propios miembros.

Desde 1959, el líder zenú Feria viajó a Bogotá para defender los derechos del pueblo ante despachos presidenciales y ministeriales, gestionando entre otras cosas el rechazo al cobro ilegal del impuesto de catastro en un resguardo cuya existencia el Estado alternativamente ignoraba y gravaba. La gestión ilustra la paradoja legal en que la Ley 55 había dejado a los zenúes: eran cobrables como propietarios cuando convenía al fisco, e inexistentes como comunidad cuando reclamaban tierras.

Ese mismo año 1959, la Ley Segunda sobre economía forestal añadió una vuelta de tuerca al declarar los terrenos baldíos como zonas de reserva forestal, con lo cual afectó los territorios de posesión ancestral indígena sin titulación. Para comunidades que carecían de títulos vigentes tras el desmantelamiento de 1905, la reclasificación forestal era una segunda expropiación sobre la primera.

De 1905 a 1991: la larga duración del despojo

El régimen agrario que la Ley 55 consolidó marcó al Caribe colombiano durante todo el siglo XX. Las haciendas ganaderas de Córdoba y Sucre, con su población de terrajeros y arrendatarios, fueron el escenario donde se libraron —desde los años veinte— las luchas campesinas costeñas: las de Juana Julia Guzmán, las expresiones locales de la quintinada liderada por Manuel Quintín Lame en clave más andina, y más tarde el movimiento por la recuperación de tierras que atravesó los años sesenta y setenta.

En las décadas finales del siglo, esa estructura agraria heredada estalló como conflicto armado, y lo hizo sobre el mismo mapa que la Ley 55 había dibujado. Las guerrillas se instalaron en Córdoba, Sucre y Bolívar apoyándose en el reservorio de campesinos sin tierra que el régimen hacendil venía produciendo desde los remates de 1905. Su presencia detonó la formación de grupos paramilitares dirigidos inicialmente por Fidel Castaño Gil, cuya expansión coincidió con el interés de los mismos ganaderos herederos de aquel régimen por proteger la tierra acumulada. La violencia paramilitar en Córdoba durante 1976-1990 golpeó asentamientos campesinos y persiguió a líderes agrarios precisamente donde las disputas por la tenencia se remontaban, línea directa, a los remates municipales.

Las masacres y el desplazamiento forzado que siguieron completaron, un siglo después, la operación iniciada en 1905: si la ley había vaciado el resguardo por vía administrativa, la violencia vació ahora las veredas por vía armada, sobre los mismos territorios estratégicos —el Nudo del Paramillo, los Montes de María, La Mojana, los valles del Sinú y el San Jorge, la hidroeléctrica de Urrá, Cerromatoso, el oleoducto Coveñas— cuyo control seguía definiendo la economía regional. El desplazamiento no fue un episodio: fue una temporalidad. En los Montes de María se sostuvo con intensidad alta entre 1997 y 2003, sin remitir; en el sur de Córdoba, Urabá y Chocó dibujó una curva de dientes de sierra —pico en 1997 y 1998, descenso en 1999-2000, nuevo repunte en 2001-2002— que trazaba, en cada oscilación, el mapa de la disputa por lo que quedaba del botín de las tierras rematadas casi un siglo antes.

La restitución del sujeto borrado: 1991 y después

La Constitución de 1991 fue, entre muchas cosas, la respuesta tardía del Estado colombiano a lo que la Ley 55 había hecho ochenta y seis años antes. El nuevo texto incorporó el reconocimiento del carácter pluriétnico y multicultural de Colombia y consagró derechos territoriales explícitos para las comunidades indígenas. Para los zenúes, ese reconocimiento significaba la restitución de una existencia jurídica que la ingeniería legal del Quinquenio había suprimido: podían, otra vez, ser un pueblo ante la ley.

Sectores del indigenismo colombiano habían preparado ese momento desde antes. En los años cuarenta, el Instituto Indigenista Colombiano se había aliado con Quintín Lame y con comunidades del Cauca y el Sibundoy en defensa de los resguardos, en oposición a posiciones como la de Sergio Elías Ortiz, que favorecía la división. La recuperación de tradiciones ancestrales indígenas en los años previos a 1991 tuvo un carácter político deliberado de reivindicación identitaria y produjo efectos positivos para los pueblos indígenas tras la nueva Constitución.

El reconocimiento constitucional no cerró la disputa: la reabrió en otros términos. La aplicación de políticas derivadas del reconocimiento pluriétnico añadió un ingrediente más a las disputas sobre territorios y recursos entre diferentes sectores de la sociedad. En reuniones posteriores, actores zenúes invocarían los títulos coloniales de 1611, 1675 y 1773 como fundamento de legitimidad superior a los títulos republicanos, y sostendrían que la Constitución de 1991 obligaba a clarificar dichos títulos coloniales, algo que, según los propios comuneros, no se había hecho efectivamente. Ya bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, los zenúes argumentarían que el Plan de Desarrollo requería consulta previa; ante la imposibilidad de realizarla en el plazo disponible, la Presidencia propuso crear una comisión, sin que ese cauce derivara en definiciones sustantivas. La línea de la disputa, sin embargo, es nítida: un pueblo que la Ley 55 declaró inexistente vuelve a exigir, con títulos coloniales bajo el brazo, lo que le fue quitado por decreto.

Por qué sigue importando la Ley 55

La Ley 55 de 1905 fue mucho más que un detalle técnico del derecho agrario colombiano. En un mismo instrumento se combinaron una ideología asimilacionista de larga duración, compartida por liberales y conservadores, que veía en la propiedad comunal indígena un obstáculo a la nación mestiza; un oportunismo latifundista estructural, encarnado en las redes hacendiles de Córdoba, Sucre y Bolívar; y la ingeniería territorial de un régimen autoritario que buscaba articular las clases poseedoras con el Estado central. La reclasificación de las tierras zenúes como baldíos y la consiguiente invisibilización jurídica del pueblo no fue nombrada como proyecto racial en la letra de la ley, pero eso importa poco: aplicada sobre comunidades que, a diferencia de las andinas, carecían de aislamiento geográfico, de contrapesos institucionales regionales y de una tradición documentada de resistencia legal organizada, la norma produjo exactamente el efecto que su arquitectura permitía anticipar.

Durante casi noventa años, el Estado colombiano pudo afirmar que en el Caribe no había indígenas —solo campesinos, terrajeros, jornaleros de hacienda— porque una ley de 1905 lo había establecido así. El resurgimiento zenú posterior a 1991, con sus cabildos reactivados y sus títulos coloniales exhumados de las latas enterradas bajo las camas, no es una invención identitaria ni un oportunismo de nuevo cuño: es la restitución de un sujeto jurídicamente borrado, la reaparición de un pueblo que la ingeniería legal del Quinquenio había expulsado del ordenamiento sin lograr expulsarlo del territorio. Entender la Ley 55 es entender por qué esa restitución era necesaria, y por qué sigue, un siglo después de su sanción, sin haberse completado.