Industrialización antioqueña y concesiones petroleras (1905–1919)

Industrialización antioqueña y concesiones petroleras (1905–1919)

Entre 1905 y 1919 se fundieron en Colombia los dos motores que gobernarían su economía durante el siglo XX: un polo industrial endógeno en Antioquia —textiles, alimentos, cementos— alimentado por capital, técnicos y hábitos empresariales locales, y un polo extractivo en el Magdalena Medio y el Catatumbo cuyo subsuelo pasó, mediante concesiones, a manos de empresas norteamericanas. La imagen dominante —Colombia como economía cafetera de las primeras décadas del siglo— tapa esta arquitectura dual. Coltejer se fundó en Medellín en 1907; la concesión De Mares se firmó en 1905 y comenzó operación efectiva bajo la Tropical Oil Company en 1919. Entre esos dos hitos se decidió cómo iba a acumular capital el país, sobre qué territorios y con qué grado de soberanía sobre sus recursos. La respuesta se dio, en buena parte, en el mismo despacho: el del Quinquenio de Rafael Reyes.

El terreno del que brotan los dos polos

Colombia llegó a 1904 devastada. La Guerra de los Mil Días había desangrado a los dos partidos, desprestigiado al conservatismo en el gobierno y dejado al liberalismo sin directorio funcional. En noviembre de 1903 se había perdido Panamá. La deuda nacional bordeaba los veinte millones de dólares, el peso se había depreciado a diez milésimas de su valor teórico bajo emisiones sucesivas de papel moneda de curso forzoso, y en la Bolsa de Londres Colombia figuraba entre los deudores en mora.

Sobre esa ruina se levantaron, en paralelo, dos procesos con lógicas distintas.

Uno venía de largo. Antioquia había acumulado durante el siglo XIX un tipo particular de capitalismo endógeno. El oro fue el principal producto de exportación de Colombia durante los siglos XVIII y XIX, y en su extracción operaban unos 15.000 mineros en los años de máximo empleo, cuatro quintas partes de ellos mazamorreros: mineros independientes, descendientes de esclavos o mestizos, que arañaban cerca de una cuarta parte del oro exportado. Ninguna riqueza se acumuló en sus manos. La acumulación fluyó hacia los rescatantes y comerciantes que compraban el oro, lo giraban, lo prestaban. Entre 1820 y 1870, Medellín funcionaba como banquero de Bogotá: los comerciantes antioqueños prestaban a comerciantes del centro y a más de un gobierno bogotano. En 1852, el gobierno cedió el monopolio del tabaco en Ambalema a Francisco Montoya —antioqueño— por ser el mayor y más estable capitalista del país.

De esa base se desprendió una mentalidad y un método. Ya en 1852, Manuel Ancízar y Miguel Samper habían identificado en los antioqueños un "espíritu de asociación" capaz de formar compañías entre parientes y extraños, ricos y pobres, multiplicando dinero, propiedad, industria y crédito. La sociedad antioqueña combinó individualismo, autodeterminación, pequeñas unidades de producción intensamente ligadas al mercado y una mentalidad burguesa desarrollada endógenamente. La familia Ospina Hermanos es el ejemplo canónico: partiendo del comercio de oro y café, se expandió a haciendas de caña y ganado, intermediación financiera con bancos bogotanos, concesiones ferroviarias, remates de aguardiente, una fábrica de dinamita, el suministro de calzado al ejército. Cada rama del árbol dependía, a la vez, de mercado y de favor político.

En 1887 se fundó la Escuela Nacional de Minas de Medellín, que durante 85 años sería el principal centro de investigación y enseñanza de ingeniería del país. Con ella, la región completó el tejido —capital, mercado, técnica, red familiar— sobre el que se posaría, en el siglo XX, la fábrica.

El otro proceso era más nuevo, más externo y más rápido. La Revolución Mexicana, entre 1910 y 1917, puso en riesgo la extracción petrolera de las majors norteamericanas y británicas en México. Necesitaban un sustituto. Colombia —con formaciones geológicas prometedoras en el Magdalena Medio y el Catatumbo, y con un gobierno desesperado por capital extranjero— apareció en el mapa. El diferendo por Panamá, todavía sin tratado, servía de palanca: la Standard Oil presionaba en Washington para que Estados Unidos lo cerrara favorablemente y así asegurar concesiones.

Los dos polos, entonces, no partieron del mismo lugar. Uno era un capitalismo local acumulado a lo largo de un siglo. El otro era una demanda externa que buscaba territorio. El Estado colombiano, entre 1905 y 1919, tomó decisiones que los abrazaron a ambos con distinto grado de conciencia y con muy distinto grado de soberanía.

El Quinquenio como arquitectura estatal

Rafael Reyes asumió la presidencia el 7 de agosto de 1904. Su elección estuvo marcada por fraude, en particular el llamado Registro Padilla, mediante el cual el general Juanito Iguarán manipuló los resultados de Riohacha a su favor. Llegó con un programa de restauración nacional y un lema —"menos política y más administración"— que intentaba salir del ciclo de las guerras partidistas incorporando liberales destacados como Rafael Uribe Uribe y Benjamín Herrera. La concordia no fue completa, pero sí lo fue la mano dura: en 1905, ante un Congreso conservador hostil, Reyes lo disolvió y convocó una asamblea de composición bipartidista controlada, que votó la extensión de su mandato.

Ese autoritarismo era el andamiaje de un proyecto económico. Reyes subyugó desde el inicio los antiguos estados soberanos de Antioquia, Santander y Cauca para prevenir otro Panamá; en 1908 dividió el país en 34 departamentos y erigió a Bogotá como distrito especial. Sobre esa reunificación forzada montó tres piezas.

La primera, monetaria. La Ley 33 de 1903 había establecido el peso oro como unidad monetaria; la Ley 59 de 1905 fijó el tipo de cambio del papel moneda en 10.000%, estabilizando la circulación. La segunda, crediticia y diplomática: el acuerdo Holguín-Avebury de 1905, orientado a restablecer el crédito internacional del país. Jorge Holguín, negociador colombiano, insistió en que lo esencial era mantener alto el crédito y el honor nacional. La tercera, y la más decisiva para lo que vendría: el arancel de 1905.

Aquel arancel estableció un sistema proteccionista con altos derechos de aduana sobre bienes finales y bajos sobre materias primas. La lógica era transparente: encarecer lo importado terminado, abaratar los insumos para producirlo localmente. Sin proteccionismo, la industria naciente no habría resistido la competencia inglesa o alemana; con él, se abrió un margen.

En ese margen se instalaron los antioqueños. La Compañía Antioqueña de Tejidos se había fundado en 1904 en Hato-Viejo —hoy Bello—, aprovechando una caída de agua con capacidad para 300 caballos de fuerza, de los que en un principio se utilizaban 150. La crisis bancaria de 1904 hundió el proyecto original; un nuevo grupo lo tomó y hacia 1906 lo tenía funcionando con 102 telares, capacidad para 300 y 150 empleados, casi todos mujeres. En 1907 se fundó en Medellín la Compañía Colombiana de Tejidos, Coltejer. Hacia 1910, la fábrica de Bello había duplicado su capacidad, empleaba más de 500 obreros y consumía 300 caballos de fuerza generados por su cascada. Hacia 1915, Coltejer poseía activos por 470.000 pesos, operaba unos 140 telares y empleaba unos 150 obreros.

El arancel no bastaba: hacía falta la infraestructura. Reyes amplió el kilometraje del ferrocarril de Antioquia hacia Puerto Berrío, sobre el Magdalena; inició los trabajos del ferrocarril de Puerto Wilches en el Magdalena Medio santandereano; completó tramos ferroviarios menores y mejoró los vapores del río. Construyó carreteras para automóviles y camiones. La red no llegó a ser integrada —ese sería el gran cuello de botella heredado a sus sucesores—, pero se movió lo suficiente para que la producción antioqueña pudiera bajar al río, cruzar el país y salir por Barranquilla.

El cuarto pilar fue militar. La reforma de las fuerzas armadas y la creación de la Escuela Militar en 1907 apuntaban a profesionalizar un ejército que había sido, hasta la víspera, una milicia partidista. El Estado que Reyes quería construir necesitaba mano firme, moneda estable, aduana proteccionista, transporte y fuerza pública separada de las lealtades de partido.

Y necesitaba caja. Aquí es donde la arquitectura empieza a torcerse.

El subsuelo como moneda de cambio

El régimen jurídico heredado era claro. El Código Fiscal de 1873 había establecido que los tesoros del subsuelo del dominio nacional eran "propiedad perpetua inalienable de la nación". Sobre esa base, el gobierno podía otorgar el derecho a explotarlo mediante concesiones, sin ceder la propiedad. En los primeros años del siglo XX, con la geología colombiana apenas explorada y el capital doméstico sin músculo para financiar perforaciones profundas, la concesión pareció la única fórmula viable.

El 28 de noviembre de 1905, el ministro de Obras Públicas Modesto Garcés otorgó a Roberto de Mares una concesión para explotar petróleo durante treinta años en la región de Infantas, cerca de Barrancabermeja, Santander. El contrato quedó formalizado el 7 de marzo de 1906. Roberto de Mares era yerno del presidente Reyes. La ventaja familiar, más que un accidente, era el método: en un Estado que apenas empezaba a distinguir lo público de la red personal del gobernante, las concesiones se movían por los mismos canales que las haciendas o los remates de aguardiente.

Casi simultáneamente se otorgó la concesión Barco, en el Catatumbo (Norte de Santander), a Virgilio Barco Martínez. Las dos concesiones —De Mares y Barco— definieron el mapa petrolero colombiano por décadas.

Y las dos, poco después, fueron declaradas caducas por las autoridades colombianas. La razón oficial no fue técnica ni jurídica: fue de política internacional. Colombia necesitaba firmar un tratado con Estados Unidos por la pérdida de Panamá, y las concesiones petroleras eran, en la lectura del gobierno, una pieza de esa negociación. La Standard Oil presionaba en Washington para que el diferendo se resolviera. Theodore Roosevelt habría advertido que el canal podía ser atacado desde territorio colombiano y que Estados Unidos debía prohibir alianzas entre Bogotá y potencias europeas o asiáticas —lectura que en su época se leyó como amenaza militar.

El gobierno de José Vicente Concha, que sucedió al Quinquenio tras el interinato de Ramón González Valencia, jugó una partida delicada. Firmó, el 6 de abril de 1914, el Tratado Thomson-Urrutia, por el cual Estados Unidos ofrecería una indemnización a Colombia por la pérdida de Panamá; el Congreso norteamericano tardaría años en ratificarlo. Mientras tanto, Concha negoció concesiones petroleras con la casa británica Pearson como contrapeso, para incomodar a Washington. Simultáneamente, aceptó el traspaso de la concesión De Mares —que había sido declarada caduca y devuelta a operar a través de Roberto de Mares— a la Tropical Oil Company, subsidiaria norteamericana de la Standard Oil.

Roberto de Mares inició simbólicamente la explotación en junio de 1916 y gestionó el traspaso. En 1919, con el Tratado Thomson-Urrutia todavía pendiente de ratificación definitiva en Washington y la Primera Guerra Mundial recién terminada, la Tropical Oil comenzó operación efectiva. Ese año quedó fijado el modelo: subsuelo colombiano, propiedad nominal de la nación, explotado por una subsidiaria de la principal petrolera norteamericana, en un territorio donde la soberanía estatal era, en la práctica, débil.

La concesión Barco siguió una ruta paralela y más tortuosa. En 1918 se formó la Compañía Colombiana de Petróleos, con Virgilio Barco y representantes del Carib Syndicate —Carl McFadden, W.E. Griffiths y George DuBois— como accionistas. La compañía luego cedió sus derechos a la Colombian Petroleum Company, incorporada en Delaware, con los mismos accionistas norteamericanos. El nombre cambiaba; el capital, no. La concesión Barco, como la De Mares, terminó operada por norteamericanos, ahora dentro de un entramado societario que iba a hacer difícil, durante décadas, saber a quién exactamente pertenecía.

Un decreto sobre petróleos dictado durante el gobierno de Marco Fidel Suárez fue declarado inexequible por un órgano judicial, quedando como declaración y no como acto de soberanía. Abogados petroleros determinaron su anulación. La condición legal de las tierras baldías, donde era excepcional tener saneados los títulos de propiedad, constituía además un obstáculo para cualquier compañía competidora de la Tropical Oil. La ley servía a quien ya estaba dentro.

Reyes había querido usar el subsuelo para atraer capital y aliviar la crisis fiscal. Concha y Suárez lo usaron como moneda diplomática frente a Washington. Ninguno de los tres, probablemente, había planificado el resultado: que hacia 1919 el sector estratégico del futuro estuviera ya, en su totalidad, fuera del control efectivo del Estado colombiano.

Antioquia: capital, técnica, mercado

Mientras se cocinaban las concesiones, la industria antioqueña crecía sobre bases distintas.

El arancel de 1905 fue detonante, no fundamento. El fundamento venía del siglo XIX: comerciantes que sabían mover crédito entre Medellín y Bogotá, familias con capacidad de asociar parientes y extraños en compañías, una Escuela de Minas que formaba ingenieros, una economía cafetera en expansión que generaba tanto excedentes como consumidores. Los antioqueños habían sido considerados durante todo el siglo XIX los más emprendedores del país y dominaban la principal región cafetera; los beneficios del café aceleraron la modernización durante el período republicano y financiaron buena parte de la inversión industrial.

La localización de las primeras fábricas confirma la lógica endógena. La Compañía Antioqueña de Tejidos se instaló en Hato-Viejo (Bello) por su cascada. La fuerza hidráulica —300 caballos de fuerza disponibles, 150 aprovechados al inicio, los 300 completos hacia 1910— determinaba la geografía industrial. Coltejer se estableció en Medellín, en el corazón del comercio, del crédito y de la red familiar de los Echavarría. Alrededor, en Envigado, Itagüí y los demás pueblos del Valle de Aburrá, se fueron sembrando fábricas de fósforos, cigarrillos, chocolates, gaseosas, calzado, vidrio y loza. Hacia mediados del segundo decenio del siglo XX, Antioquia tenía el tejido manufacturero más denso del país.

Este crecimiento fue el que sostuvieron, con nombres y apellidos, comerciantes convertidos en industriales. Alejandro Echavarría lideró el proyecto de Coltejer; Coriolano Amador, Pepe Sierra, los Ospina, los Restrepo encarnaban la clase que había pasado del oro y el comercio al café, del café a la fábrica, de la fábrica al banco. En 1910, uno de los suyos, Carlos E. Restrepo, ganó la presidencia como cabeza de la Unión Republicana surgida tras la caída de Reyes: la burguesía antioqueña no solo producía; también gobernaba.

Décadas después, el Censo Industrial de 1945 permitiría medir el peso retrospectivo de este arranque. Las empresas fundadas entre 1890 y 1915 representaban ese año el 31,5% de todo el patrimonio empresarial del país, aunque apenas eran el 6,2% del número total. Las pioneras se fortalecieron; las nacidas después, en promedio, se mantuvieron más pequeñas. El período 1905-1919 —el momento en que se fundaron Coltejer y las principales textileras del Valle de Aburrá— fue el vivero del capital industrial colombiano.

Pero este crecimiento tenía un costo laboral que la épica industrialista suele omitir. En 1916, la jornada en las fábricas colombianas fluctuaba entre 9 y 13 horas diarias. En la industria textil, las obreras ganaban aproximadamente la mitad que los hombres. Y las obreras eran mayoría: para 1930, dos terceras partes de los 15.000 obreros fabriles del país eran mujeres. La disciplina se imponía por multas, campanas, vigilancia constante, estímulos en metálico y sanciones que iban de la suspensión a la expulsión. Hasta 1919 existían apenas 27 organizaciones obreras legalmente reconocidas en Colombia, y algunas eran más asociaciones obrero-patronales que sindicatos. Las primeras huelgas textiles registradas —la de Hilados y Tejidos Samacá en 1921, la de la Sociedad Industrial Franco-Belga de Suaita en 1924, esta última de cuatrocientas trabajadoras protestando por jornadas de trece horas, maltrato y bajos salarios— aparecerían apenas cerrado el ciclo aquí examinado.

La industria antioqueña se construyó, entonces, sobre un empresariado con capital propio, técnica propia, mercado propio y política propia, y sobre una fuerza de trabajo mayoritariamente femenina, escasamente organizada y disciplinada por la fábrica. La agencia estaba en un lado, no en el otro; pero la agencia era local.

Magdalena Medio: el enclave sobre despojo

En el Magdalena Medio se construyó otra cosa. Ahí el capital era ajeno, la técnica venía de Ohio y Pittsburgh, el mercado era global, y el territorio se despejaba a costa de sus habitantes originales.

La región no era vacía. Desde 1536, cuando Gonzalo Jiménez de Quesada llegó al poblado de Latora —hoy Barrancabermeja—, se registraron enfrentamientos con los Yariguíes, Carares y Opones, cuyas acciones bélicas respondían a la defensa de sus territorios y sementeras. Esa resistencia se prolongó durante siglos y quedó inscrita en la memoria regional. Pero la demografía indígena colapsó. Los Yariguíes eran unos 15.000 en 1860. Diez mil en 1880. Cinco mil en 1900. Mil en 1910. Quinientos en 1920. Apenas dos docenas en 1925.

Ese vaciamiento —violencia, enfermedad, desplazamiento— fue la condición material sobre la que se instaló la concesión De Mares. En 1917, cuando la Tropical Oil comenzó sus exploraciones, los indígenas prácticamente habían desaparecido como fuerza social, aunque las fricciones seguían: en 1924, El Tiempo reseñó una masacre de indígenas en el Opón perpetrada por una compañía de colonización. La violencia contra los sobrevivientes continuaba mientras la región se poblaba de campesinos colonos venidos de Santander, Boyacá y Antioquia.

La geografía del petróleo colombiano se apoyó, además, en caminos y ríos que la geografía colonial había trazado. El camino del Carare a Vélez (20 leguas), el de Barrancabermeja al Socorro (35 leguas), el de Puerto Nacional a Ocaña (14 leguas), el de Honda a Bogotá por Guaduas: rutas antiguas que habían colonizado las vertientes y valles interiores y que ahora conectarían los pozos con los puertos del Magdalena. El río, mejorado en su navegación durante el Quinquenio, se convirtió en la arteria del enclave: vapores subiendo maquinaria pesada, bajando crudo. La infraestructura hecha para exportar café y para unificar el país sirvió, sin que hubiese sido pensada para ello, a la extracción del petróleo.

Los conflictos entre la Tropical Oil y los colonos empezaron con la exploración. En 1917 se promulgó una ley en defensa de los derechos de los pequeños colonos para legalizar sus posesiones —el Estado intuía el problema—, pero la asimetría era abrumadora. La empresa, con abogados capaces de hacer inexequible un decreto entero, con recursos para mover títulos, con relaciones directas en el gobierno central, se impuso sobre pobladores cuyos derechos rara vez estaban saneados en un régimen de tierras baldías donde la excepción era el título limpio.

Las condiciones de trabajo en el enclave se prolongarían más allá del período. Los trabajadores ferroviarios de empresas extranjeras en las primeras décadas del siglo XX no tenían prestaciones, vacaciones, horas extras ni indemnizaciones. En el río Magdalena, los trabajadores comían sin platos, dormían sobre la carga y carecían de agua potable, en contraste con las comodidades del capitán y los pasajeros. Sobre esa base laboral, y sobre el vacío indígena, se levantó Barrancabermeja como capital petrolera.

Hoy, de los Yariguíes no queda sino el nombre del aeropuerto de Barrancabermeja y la denominación de la serranía —de los Cobardes, o de los Yariguíes— que domina el paisaje. Un mapa, un topónimo. La región donde la Tropical Oil empezó a bombear en 1919 era un territorio del que sus habitantes originales habían sido, literalmente, borrados. Ese borramiento no fue un daño colateral del enclave: fue su condición de posibilidad, tan constitutiva como el arancel de 1905 lo fue para las textileras de Bello. En un extremo del país, la acumulación se apoyaba en el trabajo disciplinado de miles de mujeres; en el otro, en un territorio despejado de sus dueños. Los dos mecanismos, distintos en todo, funcionaban al mismo tiempo y respondían al mismo Estado.

Dos motores, un país

Que los dos polos operaran a la vez, y que fueran ambos productos del mismo Estado, es lo que define la matriz.

El polo antioqueño tenía agencia local. Sus empresarios acumulaban dentro del país, financiaban con crédito local o con excedentes cafeteros, formaban técnicos en la Escuela de Minas, gobernaban desde la presidencia con Restrepo, invertían y reinvertían en la misma región. El excedente circulaba dentro de la economía colombiana: se convertía en fábricas nuevas, en bancos, en haciendas, en política. La explotación de sus obreras —jornadas de 13 horas, salarios a la mitad de los masculinos, disciplina fabril rigurosa— era brutal, pero el marco era nacional.

El polo petrolero no tenía agencia local. La Tropical Oil operaba desde Nueva Jersey; la Colombian Petroleum Company se registraba en Delaware. Los excedentes salían del país. El Estado colombiano conservaba la propiedad nominal del subsuelo —herencia del Código Fiscal de 1873—, pero la traducción práctica de esa propiedad, a través del régimen de concesiones, era el usufructo extranjero durante décadas. La condición territorial de la explotación era el despojo de los Yariguíes y la presión sobre los colonos.

Ninguno de los dos polos fue accidente. El arancel de 1905 no incubó por casualidad la industria antioqueña: la protegió deliberadamente. La concesión De Mares no salió del sombrero: fue firmada por un ministro de Reyes a favor de su yerno, en un país que necesitaba capital y estabilidad diplomática. La Escuela Militar de 1907, la Escuela de Minas de 1887, los ferrocarriles del Quinquenio, la Ley 59 de 1905 sobre el papel moneda: cada pieza responde a un cálculo. Pero el conjunto nadie lo diseñó como conjunto; se depositó, capa sobre capa, en las decisiones sucesivas de tres gobiernos.

Reyes cayó en 1909 en medio de la controversia sobre los tratados con Panamá; Jorge Holguín asumió transitoriamente y luego Ramón González Valencia terminó el período. La Reforma Constitucional de 1910 —abolición de la pena de muerte, prohibición de emisiones de papel moneda de curso forzoso, período presidencial de cuatro años, no reelección inmediata— consolidó buena parte del andamiaje institucional. Concha (1914-1918) y Suárez (1918-1921) heredaron la crisis de Panamá y la traducción petrolera. Ninguno diseñó la matriz dual; todos la ejecutaron.

Lo que quedó depositado

La matriz que se cerró en 1919 marcó el siglo XX colombiano, y sus términos tardaron medio siglo en empezar a discutirse en serio.

La Ley de Petróleos de 1931 prohibió conceder a empresas estatales extranjeras, perjudicando a los intereses británicos y favoreciendo a los norteamericanos: la matriz se ajustaba, pero no se rompía. Habría que esperar a la Ley 20 de 1969 para que se aboliera, por fin, la propiedad privada del subsuelo como sistema de contratación petrolera —régimen cuyas raíces se remontaban a la Colonia y la Conquista, y que había convivido con la propiedad nacional del Código de 1873 en una tensión jurídica que benefició sistemáticamente al concesionario— y se crearan las condiciones para que Ecopetrol asumiera zonas de exploración y explotación bajo contratos de asociación. Cincuenta años después de 1919, el país empezaba a desmontar los términos del enclave. Pero desmontar los términos no era desmontar la lógica: la dependencia técnica, la geografía del extractivismo, la debilidad estatal en las regiones petroleras y la asimetría contractual siguieron operando, con Ecopetrol adentro, durante el resto del siglo.

La industria antioqueña, entretanto, siguió su curva. Coltejer, Fabricato, Cementos Samper y las demás empresas fundadas en las dos primeras décadas del siglo XX se convirtieron en la columna vertebral del capital industrial colombiano. Los apellidos Echavarría, Ospina, Restrepo, Vásquez —los mismos que aparecen en los libros de socios de 1907— definieron la política y la economía nacionales durante generaciones. La misma trama familiar que había pasado del oro al café y del café a la fábrica pasaría, en la segunda mitad del siglo, de la fábrica a la banca y a los grandes conglomerados. La curva industrial se agotaría en las últimas décadas del siglo con la apertura y la crisis textil, pero la curva del capital, más plástica, encontraría otras formas.

La convivencia de los dos polos no fue simbiótica ni excluyente: fue estructural. El café y la industria antioqueña generaron un capitalismo nacional con sus contradicciones y su clase empresarial; el petróleo generó un enclave con sus regalías, sus conflictos laborales, sus disputas de soberanía. Uno acumuló sobre trabajo nacional disciplinado; el otro, sobre despojo territorial y dependencia jurídica externa. Ambas cosas ocurrieron a la vez, entre 1905 y 1919, y ambas quedaron inscritas en la manera en que Colombia produjo, exportó, negoció y gobernó durante el resto del siglo.

Reducir aquellos años a "la economía cafetera" es dejar fuera la mitad de la película. En el mismo cuarto en que se firmaban los aranceles proteccionistas y se planeaban ferrocarriles, se firmaban también las concesiones que iban a definir Barrancabermeja. En el mismo Estado que consolidaba la industria antioqueña, se aceptaba que el subsuelo saliera de las manos nacionales. Los dos motores arrancaron al tiempo, en el mismo taller, con el mismo mecánico. El país que produjeron —desigual, dual, con una industria que sí acumulaba y un extractivismo que no— es, en buena medida, el que todavía existe.