Ensayo · Constitución de 1991 · 1991–2002
El despojo narco-paramilitar y la contrarreforma agraria en Colombia (1980-2006)
Entre 1980 y 2006, entre 6,5 y 8,5 millones de hectáreas cambiaron de manos en Colombia mediante desplazamiento forzado, masacres y simulación de compraventas. El debate central es si ese despojo fue una desviación criminal del conflicto armado o la culminación violenta de una contrarreforma agraria de medio siglo que las élites terratenientes no pudieron completar por vías institucionales.
Orientación para entrar
La respuesta en breve
El despojo narco-paramilitar no fue una desviación criminal sino la convergencia oportunista de agendas heterogéneas —contrainsurgencia, lavado de narcocapital, control territorial del narcotráfico y especulación agraria— que se articularon regionalmente y se federalizaron en las AUC en abril de 1997, produciendo como resultado estructural la reconcentración latifundista más profunda del siglo colombiano. Este resultado consolidó lo que el bloqueo terrateniente había iniciado institucionalmente desde el Acuerdo de Chicoral de 1972 y la Ley 4 de 1973: la Ley 200 de 1936 tuvo aplicación limitada y benefició a los grandes propietarios al sustituir títulos coloniales por el criterio de destinación económica; la Ley 135 de 1961 llegó al Congreso ya negociada con la clase terrateniente y apenas afectó el 2% de la tierra agrícola para 1970; y el INCORA orientó su actividad a colonizar baldíos en lugar de redistribuir latifundios existentes. El narcotráfico aportó el capital que hizo viable a escala masiva lo que el bloqueo institucional había preservado, y la complicidad de funcionarios del INCORA, el INCODER, el Banco Agrario y notarías convirtió el despojo en un dispositivo sistémico, no episódico.
Una lectura trata el despojo como criminalidad de guerra: los paramilitares fueron ejércitos privados al servicio del narcotráfico y la contrainsurgencia, y la apropiación de tierras fue un subproducto funcional del objetivo militar de expulsar a las FARC y el ELN de sus retaguardias sociales; en esta clave, la Ley de Víctimas 1448 de 2011 basta como marco reparador puntual. La lectura contraria sostiene que el despojo es el continuum violento de una contrarreforma de medio siglo: la Ley 200 de 1936 empujó a los terratenientes a la ganadería extensiva para eludir la extinción de dominio; la Ley 135 de 1961 fue bloqueada desde el Congreso y el INCORA capturado por las élites; el Acuerdo de Chicoral de 1972 y la Ley 4 de 1973 formalizaron el desmonte redistributivo; y el narcotráfico concentró más tierra en quince años —estimada en 4,4 millones de hectáreas— que el INCORA en tres décadas, fijando un régimen agrario rentista comparable al que Brasil y México superaron con reformas completadas. El nudo del debate es si el despojo debe leerse como episodio o como continuum, y si la clase narco-terrateniente-ganadera resultante tiene capacidad de bloqueo institucional suficiente para neutralizar la restitución posterior a 2011, lo que determina si la Ley 1448 es una corrección viable o una reforma estructuralmente bloqueada.
Ensayo completo
La lectura
¿Fue el despojo narco-paramilitar una contrarreforma agraria o una criminalidad de guerra?
Entre 1980 y 2006, en los campos colombianos cambió de manos una superficie que las estimaciones más conservadoras sitúan en 6,5 millones de hectáreas y las más amplias en 8,5 millones; el gobierno nacional reconoció oficialmente 6,65 millones. El desplazamiento forzado, calculado en más de seis millones de personas entre 1958 y 2012, fue el instrumento principal de esa transferencia. La pregunta no es si ocurrió, sino qué tipo de fenómeno fue: ¿una desviación criminal del conflicto armado o la culminación violenta de una reconcentración de la propiedad rural que las élites terratenientes habían intentado por vías institucionales desde el Acuerdo de Chicoral de 1972, y que solo el capital narcotraficante hizo económicamente viable a la escala en que finalmente se ejecutó?
Por qué importa la respuesta
Responder importa por tres razones concretas. La primera es de justicia transicional: si el despojo fue episodio criminal, la Ley 1448 de 2011 basta como marco reparador; si fue contrarreforma estructural con complicidad institucional inscrita en los títulos, la restitución enfrenta una opacidad jurídica que ninguna sentencia individual disuelve. La segunda es de historia agraria: Colombia atraviesa el siglo XX con tres tentativas reformistas frustradas —la Ley 200 de 1936 de Alfonso López Pumarejo, la Ley 135 de 1961 impulsada por Carlos Lleras Restrepo y el paquete institucional del INCORA hasta 2003— sin haber completado nunca una redistribución comparable a la mexicana o la brasileña. La tercera es de sociología política: si el narcotráfico y el paramilitarismo produjeron una clase híbrida narco-terrateniente-ganadera con capacidad de bloqueo institucional, entonces el régimen agrario contemporáneo no descansa sobre la modernización capitalista que se anunciaba desde los años sesenta, sino sobre una acumulación violenta cuyos herederos están hoy en el Congreso, en las notarías y en los proyectos agroindustriales del Caribe.
El despojo narco-paramilitar consolidó estructuralmente lo que el bloqueo terrateniente había iniciado institucionalmente, pero no como ejecución lineal de un proyecto de clase unificado. Fue la convergencia oportunista de agendas heterogéneas —contrainsurgencia, lavado de narcocapital, control territorial del narcotráfico, especulación agraria— que se articularon regionalmente y se federalizaron en las Autodefensas Unidas de Colombia en abril de 1997, produciendo como resultado —no necesariamente como diseño previo— la reconcentración latifundista más profunda del siglo colombiano.
Los términos del debate
Dos lecturas se disputan el fenómeno. Una lo trata como criminalidad: los paramilitares fueron ejércitos privados al servicio del narcotráfico y de una guerra contrainsurgente sucia; el despojo de tierras fue un daño colateral, funcional para financiar la guerra pero secundario respecto al objetivo militar de expulsar a las FARC y al ELN de sus retaguardias sociales. En esta clave, las masacres fundacionales —Mapiripán en julio de 1997, El Aro, La Gabarra, El Salado, El Naya— fueron actos de terror contrainsurgente cuyo saldo agrario es un subproducto. La restitución se plantea entonces como corrección puntual: identificar predios, revertir títulos, indemnizar.
La otra lectura sostiene que el despojo fue el continuum violento de una contrarreforma de medio siglo. La Ley 200 de 1936 había prometido extinción de dominio sobre tierras incultas y un plazo de diez años para su explotación; en la práctica sustituyó la exigencia de títulos coloniales por el criterio de destinación económica, favoreciendo a los grandes propietarios, y empujó a muchos terratenientes a convertir predios agrícolas en ganadería extensiva —un uso apenas suficiente para cumplir el requisito legal— antes que a la modernización productiva. La Ley 135 de 1961 fue el segundo intento: llegó al Congreso ya negociada con la clase terrateniente, con criterios suavizados de expropiación e indemnizaciones aceptables, y fue aprobada con consenso bipartidista. Para finales de 1970 solo el 2% de la tierra agrícola había sido expropiada; entre 1962 y 1978, menos del 1% de la superficie total del país fue afectada por la reforma. El INCORA orientó su actividad principal a la colonización dirigida fuera de la frontera agrícola —piedemonte oriental, Magdalena Medio, Llanos Orientales, zonas de Córdoba y Antioquia—, esto es, a repartir baldíos en lugar de tocar los latifundios existentes.
El Acuerdo de Chicoral de 1972 selló el desmonte. La Ley 4 de 1973 estableció barreras de protección de 160 hectáreas contra la afectación por reforma agraria e introdujo nuevos criterios para clasificar un predio como adecuadamente explotado, dificultando la expropiación. La Ley 5 del mismo año orientó la política hacia el fomento sectorial. La liquidación del INCORA en 2003, bajo el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cerró el ciclo institucional. En paralelo, la concentración avanzó sin necesidad de decreto: entre 1960 y 1970, las explotaciones menores de diez hectáreas perdieron peso, mientras las de más de 500 hectáreas —apenas el 0,7% del total— pasaron a controlar el 40,9% de la superficie agrícola. La retórica reformista convivió con una reconcentración silenciosa.
De la primera compra narco al aparato paramilitar
A finales de los años setenta irrumpió el capital cocainero. Los narcotraficantes empezaron a comprar tierras rurales masivamente en Urabá, sur de Córdoba, Magdalena Medio, las zonas esmeralderas de Boyacá y los territorios limítrofes con los Llanos Orientales. Las compras cumplían funciones distintas y a veces superpuestas: lavado de activos, ascenso social, acceso a las élites regionales ganaderas, blindaje militar de las rutas del narcotráfico. En los Llanos, los esmeralderos habían comenzado ya desde los años sesenta a legalizar fortunas en áreas de colonización; con la llegada del narcotráfico en los ochenta, el proceso se intensificó y se generalizó.
El Cartel del Norte del Valle ilustra un patrón específico. A diferencia del Cartel de Cali —los hermanos Rodríguez Orejuela invirtieron en droguerías, bancos y equipos de fútbol, con una lógica de capital moderno—, los del norte se orientaron hacia haciendas altamente tecnificadas y ejercieron una violencia sin medida como estrategia aleccionadora para consolidar dominio territorial. Diego Montoya y Wílmer Varela representan esa vocación terrateniente del narcocapital, distinta de la vocación empresarial urbana. En el norte del Valle mismo, el capital ilegal aceleró procesos que la Federación Nacional de Cafeteros había iniciado: tecnificación ganadera, diversificación hacia piña, tomate, lulo, mora, pimentón y frutales, mejora de razas, expansión de la construcción y el comercio.
La compra de tierras, sin embargo, exigía protección armada. Las guerrillas cobraban a los narcos-terratenientes por operar en sus zonas, y la presión sobre haciendas ganaderas del Magdalena Medio, Córdoba y Urabá había hecho de la seguridad privada una necesidad estructural. Allí, en el Magdalena Medio de los primeros ochenta, convergieron las cuatro agencias que producirían las AUC: narcotraficantes en busca de blindaje —Gonzalo Rodríguez Gacha compró propiedades y financió estructuras armadas en la región—, ganaderos y terratenientes acosados por la extorsión guerrillera, oficiales militares comprometidos con la contrainsurgencia, y grupos armados privados como el MAS, las Autodefensas de Puerto Boyacá y las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio. En municipios donde operaron las ACMM, el Gini de tierras promedió 0,69, y 22 de 39 registraron valores superiores a 0,70: una radiografía de latifundio consolidado incluso para el estándar colombiano.
La segunda generación paramilitar se gestó en Córdoba y Urabá alrededor de la Casa Castaño. Los hermanos Fidel y Carlos Castaño combinaron la compra de tierras con el negocio de la coca, la ofensiva contraguerrillera y el apoyo de élites locales resentidas con la guerrilla. Su participación, aliados con el Cartel de Cali y con el Bloque de Búsqueda, en el operativo que terminó con Pablo Escobar en diciembre de 1993 los dejó fortalecidos. A mediados de los noventa consolidaron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, preámbulo directo de las AUC. El 18 de abril de 1997 se formalizó la alianza que federalizó el paramilitarismo bajo liderazgo político de Carlos Castaño, integrando a las ACCU con otras estructuras regionales.
Cómo se despojó: violencia, notaría y ventanilla
El dispositivo del despojo articuló tres capas. La primera fue la violencia expulsiva. La masacre de Mapiripán, en julio de 1997, marcó el paso del paramilitarismo expedicionario al emplazamiento y control territorial en vastas regiones del país. Junto con El Aro, La Gabarra, El Salado y El Naya, inscribió el patrón macrocriminal atribuido a la Casa Castaño: masacres sucesivas contra campesinos y trabajadores agrícolas considerados apoyo social de la guerrilla, orientadas a generar terror y a expulsar poblaciones. La entrada a La Gabarra en el Catatumbo tuvo, además, el propósito específico de arrebatar a la guerrilla el negocio de la coca en la frontera con Venezuela.
La segunda capa fue la simulación de transacciones. Los paramilitares forzaron ventas a precios irrisorios, o simplemente firmaron escrituras sin pago alguno, bajo coacción armada. Las transacciones se formalizaban en notarías de confianza que otorgaban apariencia de legalidad. Salvatore Mancuso, encargado por Carlos Castaño de crear el Bloque Norte de las AUC, articuló ganaderos, élites locales y las Convivir preexistentes; las Convivir sirvieron de bisagra entre la institucionalidad y la autodefensa ilegal en la construcción del Bloque Norte, con respaldo de comandantes de brigada y organismos de seguridad del Estado. Ganaderos como Tuto Castro sirvieron de enlace y sus propiedades como bases de operación.
La tercera capa —la más decisiva— fue la complicidad de la ventanilla estatal. En el Magdalena, el exgerente regional del INCORA José Fernando Mercado Polo fue investigado por su participación en la legalización de tierras despojadas por el Bloque Norte. Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, expulsaba a los campesinos de las veredas y luego suministraba listados de beneficiarios a quienes se asignaban las tierras arrebatadas. Entre febrero y marzo de 2003, el INCORA revocó la adjudicación de 134 predios —dos por día en promedio— argumentando abandono o incumplimiento de créditos; en los siete años anteriores, entre 1996 y 2002, apenas había revocado 80. La figura del "abandono sin justa causa" se aplicó a campesinos que habían sido expulsados por la fuerza, ignorando deliberadamente el desplazamiento.
La corrupción institucional no fue episódica sino sistemática. Además del INCORA y su sucesor el INCODER, el Banco Agrario y FINAGRO habrían participado en la legalización de tierras adquiridas ilegalmente. Subsidios del programa Agro Ingreso Seguro, bajo el segundo gobierno de Uribe, terminaron en manos de parapolíticos y terratenientes vinculados al paramilitarismo, entre ellos Eduardo Vives Lacouture y Silvestre Dangond Lacouture; el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias fue condenado, y el exdirector del INCODER Rodolfo Campo Soto fue destituido e inhabilitado. Las AUC se caracterizaron por un despojo sofisticado con complicidad de servidores públicos que registraron en notarías miles de hectáreas usurpadas e impulsaron la llegada de inversionistas para proyectos de agroindustria, minería e infraestructura.
Geografías y usos: qué se hizo con la tierra despojada
El mapa del despojo revela intenciones. En el Bajo Atrato chocoano, las tierras arrebatadas a comunidades afrocolombianas fueron sembradas con palma de aceite; personas vinculadas a Vicente Castaño, ganaderos y palmicultores articulados en torno a la infraestructura de Urapalma operaron como referente central del negocio palmero en la región. Existe una correspondencia espacial entre la expansión de cultivos de palma entre 2001 y 2013 y los picos de desplazamiento forzado entre 2001 y 2004 en Urabá, Magdalena Medio y Meta: donde retrocedía el campesino avanzaba la palma, casi surco por surco.
En El Castillo, en el Meta, la transición hacia ganadería extensiva comenzó en 2004, en plena época del desplazamiento más intenso; ganaderos externos ocuparon el vacío. En los Montes de María, el terror sobre comunidades campesinas y afrocolombianas fue instrumento explícito para despojarlas de sus tierras e imponer proyectos agroindustriales, además de usar el territorio para almacenamiento de droga. En Tibú, Norte de Santander, tras la declaración de riesgo de desplazamiento en 2002, 53.259 hectáreas relacionadas con 1.924 predios y 1.819 personas fueron amparadas con medidas de protección colectiva. En el corredor minero del Cesar y en las inmediaciones de las zonas bananeras del Magdalena, el patrón se repitió con la variante extractiva: los excomandantes del Bloque Norte se apropiaron del control de todos los eslabones del narcotráfico en el Magdalena Grande y usaron empresas de ganadería, agroindustria y minería para ocultar rentas ilegales y acumular tierras.
La distribución geográfica dibuja tres círculos concéntricos. El primero, focos originarios: Urabá, sur de Córdoba, Magdalena Medio, esmeralderas de Boyacá, borde llanero. El segundo, expansión de la segunda mitad de los noventa hacia el resto del Caribe —Montes de María, corredor minero del Cesar, zonas bananeras del Magdalena—, norte del Valle del Cauca, occidente cafetero, piedemonte llanero, sur andino y Pacífico, además del oriente y bajo Cauca antioqueños. El tercero concentra las mayores superficies reclamadas por despojo en Meta, Antioquia, Casanare, Vichada y Cesar. No es un mapa de criminalidad dispersa: es el calco casi exacto de la geografía del ganado extensivo, la palma, la minería y la coca. Donde el mapa muestra res, fruto o socavón, la memoria muestra fosa.
Contrarreforma sí, pero por convergencia
Sí, hubo contrarreforma agraria: la concentración latifundista se profundizó, medida en el aumento del peso relativo de las explotaciones de más de 500 hectáreas y en los Gini municipales; la reforma prometida por López y Lleras Restrepo fue no solo bloqueada sino revertida; y el régimen agrario resultante —fusión de ganadería extensiva, agroindustria de palma, minería y economía cocalera sobre tierra concentrada— es cualitativamente distinto del que existía antes de 1980. El narcotráfico concentró más tierra en quince años que el INCORA en tres décadas: frente a los 6,65 millones de hectáreas oficialmente reconocidos como despojados, el INCORA había afectado menos del 1% de la superficie total del país entre 1962 y 1978, y el gobierno se comprometió a restituir apenas cerca de 2,5 millones de hectáreas mediante la Ley 1448.
Pero la contrarreforma no fue la ejecución consciente de un plan de clase frustrado. Fue el resultado emergente de una convergencia de agendas. La agenda contrainsurgente de las Fuerzas Militares y de sectores del establecimiento político encontró en los paramilitares una herramienta encubierta; la agenda del narcocapital encontró en la tierra una forma de lavado, ascenso social y blindaje territorial; la agenda de las élites ganaderas y terratenientes tradicionales encontró en el paramilitarismo un instrumento para desactivar la presión guerrillera y campesina que Chicoral había prometido conjurar por vía legal sin lograrlo del todo. Ninguna de las tres agendas por separado explica la magnitud del despojo; su articulación regional —Magdalena Medio, Córdoba y Urabá, Costa Caribe— y su federalización en las AUC en 1997 sí.
Lo que hace del despojo una contrarreforma y no una simple criminalidad de guerra es la tercera pieza: el Estado. Sin la legalización fraudulenta en notarías, sin la revocación masiva de adjudicaciones del INCORA con el argumento del "abandono sin justa causa", sin los subsidios de Agro Ingreso Seguro canalizados a parapolíticos, sin la captura de funcionarios regionales, la violencia expulsiva no habría producido derechos de propiedad consolidados. La coautoría estructural del Estado —o de fracciones regionales de él— convierte al despojo en política pública encubierta: no porque hubiera un mandato central, sino porque aparatos institucionales estables funcionaron sistemáticamente para transformar violencia en título.
La clase resultante no es la terrateniente tradicional restaurada, sino algo distinto: una clase híbrida narco-terrateniente-ganadera, con capital de origen cocalero legalizado en ganadería extensiva, palma y minería, con vínculos parapolíticos y con capacidad demostrada de bloquear la restitución. El paramilitarismo es la versión "cocalera-minera-ganadera" de las técnicas de especificación de derechos de propiedad ya desplegadas por el sistema político "cafetero-ganadero" del siglo XX; el narcotráfico proveyó el financiamiento masivo que hizo prohibitivo mantener aparatos militares solo con ganadería extensiva. La continuidad estructural es real; la ruptura —la escala, el capital, la penetración institucional— también.
Los límites de la restitución
La Ley 1448 de junio de 2011, impulsada por el gobierno de Juan Manuel Santos antes de la firma del Acuerdo de Paz, reconoció formalmente la existencia del conflicto armado interno y del proceso masivo de despojo. Fue una política inédita bajo responsabilidad del Ministerio de Agricultura, con jueces especializados y sentencias judiciales de restitución. El gobierno se comprometió con 2,5 millones de hectáreas —cerca del 38% de su propia estimación de 6,65 millones despojados—, lo que ya en el punto de partida deja fuera a casi dos de cada tres hectáreas arrebatadas.
Las razones del rezago no son solo administrativas. Las notarías de confianza produjeron una cadena de titulaciones con apariencia de legalidad que traslada al reclamante una carga probatoria enorme: al campesino desplazado le corresponde demostrar, papel contra papel, que la firma que aparece bajo la venta la puso una pistola. Los mismos funcionarios del INCORA e INCODER que legalizaron el despojo dificultan hoy su reversión. Y en el proceso de Justicia y Paz, los delitos de tierras aparecieron en las versiones libres de Juancho Dique, Diego Vecino y Salvatore Mancuso apenas siete veces frente a cientos de menciones de otros crímenes: los paramilitares confesaron masacres antes que despojos, precisamente porque el despojo obliga a nombrar la red institucional que lo hizo posible. Confesar una motosierra deja al comandante en el banquillo; confesar una escritura arrastra al notario, al gerente regional y al senador.
La cuantificación fina del vínculo entre expulsión y transformación productiva sigue pendiente: en cuántas de las hectáreas despojadas se implantó efectivamente palma, ganadería tecnificada o minería, y en cuántas la tierra quedó ociosa como reserva especulativa. El peso relativo de la agencia narco frente a la agencia terrateniente tradicional varía por región: si en el norte del Valle el capital cocalero fue el motor y las élites locales socios subordinados, en el Magdalena Medio la ecuación parece invertida, y ninguna generalización nacional captura ambos casos sin distorsión. Y queda por ver si la clase narco-terrateniente-ganadera consolidada entre 1980 y 2006 mantiene hoy capacidad de veto sobre la reforma rural integral pactada en La Habana en 2016, o si el desgaste de la parapolítica y la presión judicial han erosionado esa capacidad más de lo que las cifras de restitución sugieren.
Entre 1980 y 2006 se ejecutó en Colombia la reconfiguración de la propiedad rural más profunda del siglo XX, y se hizo por la vía que la política institucional había resistido durante setenta años. No fue accidente ni fue plan; fue convergencia, y el Estado no fue víctima ni espectador, sino coautor por captura regional y por omisión estratégica. La Ley 1448 opera sobre ese terreno, no sobre uno neutro, y esa es la razón —más que la falta de voluntad de un gobierno o de otro— por la que la restitución avanza como avanza. La contrarreforma agraria colombiana no se hizo desde arriba con la firma de una ley: se hizo con motosierra, escritura pública y sello institucional, y se firmó en las notarías del Caribe y del Magdalena Medio.
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Documentos usados en esta lectura
68 documentos · 87 fragmentos de referencia01Introducción a la historia económica de ColombiaÁlvaro Tirado Mejía · 2019 · p. 445, 4752 fragmentos
[1]situación de los últimos en la medida en que la Corte Suprema de Justicia por sentencia de 1926, reiterada en 1934, había establecido que en caso de litigio, quien pretendiera ser propietario de un predio debía exhibir títulos que se remontaran a concesión de la Corona o de la República, y muchísimos terratenientes…
p. 445
[11]del nivel de vida del campesino. La división de la tierra es apenas una de las herramientas a utilizar en la lucha por elevar el nivel de vida nacional. Los estudios del Instituto Nacional de Reforma Agraria (Incora) pueden haber sorprendido a más de un técnico de escritorio, al encontrar que la situación de México en…
p. 475
02Economía y Nación: una breve historia de ColombiaSalomón Kalmanovitz · 1994 · p. 3372 fragmentos
[2]y cómo se indemnizaba a los propietarios por la pér- dida de sus rentas. Nunca se pretendió eliminar a los terratenien- tes como clase, lo cual desentraña a cabalidad el alcance de la reforma vislumbrada por la "Revolución en Marcha". Se dirimía, además, la vía para el desarrollo del capitalismo en el campo; con base…
p. 337
[3]y cómo se indemnizaba a los propietarios por la pér- dida de sus rentas. Nunca se pretendió eliminar a los terratenien- tes como clase, lo cual desentraña a cabalidad el alcance de la reforma vislumbrada por la "Revolución en Marcha". Se dirimía, además, la vía para el desarrollo del capitalismo en el campo; con base…
p. 337
03No matarás. Relato histórico del conflicto armado interno en ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 45, 4002 fragmentos
[4]las tierras improductivas, sus alcances estaban diri- gidos a estimular la productividad y la modernización rural, pero no a «adelantar una reforma agraria redistributiva» 50, lo que permitió con el tiempo perpetuar el modelo de acumulación de tierra. La aplicación de esta Ley 200, como ocurrió a lo largo del siglo…
p. 45
[55]ellas a través de mecanismos ilegales o aparentemente legales. La Comisión de la Verdad ha documentado que las AUC se caracterizaron por un despojo sofisticado al contar con la complicidad de servidores públicos para registrar en notarías las miles de hectáreas usurpadas e impulsar la creación de empresas y la llegada…
p. 400
04Manual de Historia de Colombia, Tomo IIIJaime Jaramillo Uribe (director científico), Jesús Antonio Bejarano, Darío Mesa, Miguel Urrutia Montoya, Germán Téllez Castañeda, Germán Rubiano, Rafael Gutiérrez Girardot · 1980 · p. 641 fragmento
[5]í a distributiva. Juzgada por estos prop ó sitos, la ley 200 efectivamente fue eficaz, casi.totalment é en cuanto al segundo de los prop ó sitos y un poco menos en cuanto al primero. El primer efecto fue propi ciar, a costa de las tierras agr í colas, la expansi ó n de la ganader í a como forma de “ ocupaci ó n econ ó…
p. 64
05The Agrarian Question and the Peasant Movement in Colombia: Struggles of the National Peasant Association, 1967-1981Leon Zamosc · 1986 · p. 551 fragmento
[6]of credit and technological development. 5 The approval of Law 135 of 1961, the Agrarian Social Reform Law, came as proof that a broad political consensus had been reached among the dominant classes. When the law was submitted to a Congress com- pletely controlled by Liberals and Conservatives, only the most…
p. 55
06Nueva Historia de Colombia, Vol. III: Relaciones Internacionales, Movimientos SocialesÁlvaro Tirado Mejía, Jesús Antonio Bejarano, Fernando Cepeda Ulloa, Rodrigo Pardo García-Peña, Germán Zea Hernández, Luis Vitale, Malcolm Deas, Catherine LeGrand, Mauricio Archila Neira, Rocío Londoño Botero, Pierre Gilhodes, Myriam Jimeno Santoyo · p. 3491 fragmento
[7]oriente del To- lima, fue visto como el preludio a una grave agitación agraria. A pesar de la oposición laureanista dirigida en la Cámara por Hugo Es- cobar Sierra, el proyecto fue aprobado el 23 de noviembre y sancionado por el presidente el 13 de diciembre como ley 135 de 1961, base de toda la polí- tica agraria de…
p. 349
07Revolutionary Social Change in Colombia: The Origin and Direction of the FARC-EPJames J. Brittain · 2010 · p. 831 fragmento
[8]130,000 people (Lindqvist, 1979: 102; see also INCORA, 1972). Scholars analytically studying Law 135 came to a different conclusion. They discovered that these numbers were not just greatly misleading, they contradicted the real conditions. Tad Szulc (1964: 245) noted that in its first year, the achievements of Law…
p. 83
08Análisis histórico del narcotráfico en ColombiaMaría Clemencia Ramírez, César Torres del Río, Andrés López Restrepo, Amada Carolina Pérez Benavides, Ángela Margoth Bacca Mejía · 2014 · p. 2491 fragmento
[9]puertas de crédito para la producción agraria, viéndose obligadas a acelerar los flujos migratorios campo-ciudad y a intensificar la ocupación de nuevos territorios. Machado indica que el grado de concentración de la propiedad aumentó entre 1960 y 1970 a pesar de la prolija legislación agraria promulgada alrededor de…
p. 249
09Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 264, 5012 fragmentos
[10]élites terrate - nientes bloquearon la redistribución de tierras, usando la representación directa que tenían en la legislatura, además de la captura de una parte de los funcionarios elegidos, jueces o burócratas, que respondían a la distribución paritaria entre los partidos, y al uso del clientelismo para socavar el…
p. 501
[36]Verdad Abierta. 1 de febrero de 2015. Centro Nacional de Memoria Histórica. El Estado suplantado, las autodefensas de Puerto Boyacá. Bogotá: CNMH, 2019, p. 214. 369 Informe Confidencial del DAS del 20 de julio de 1988. Citado en: Equipo Nizkor y Derechos Human Rights. Proyecto Nunca Más. 2001. los entramados del…
p. 264
10Sistemas de guerra: La economía política del conflicto en ColombiaNazih Richani · 2003 · p. 311 fragmento
[12]Aproximadan1ente 76,9% de los conflictos de tierras en 1971 ocu- rrieron en los latifundios de la costa atlántica, en los valles interandinos y en los Llanos Orientales, donde se desarrollaban los grandes latifun- dios ganaderos y el capitalisrno agrario 49. Los restantes conflictos terri- 62 Sistemas de guerra…
p. 31
11Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Ensayo introductorioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 461 fragmento
[13]Departamentos en los que la ANUC tenía una fuerza muy importante. En aplicación de la Ley 135 de 1961 el Incora dirigió durante los años sesenta la colonización del piedemonte oriental de la cordillera Oriental, el Magdalena Medio, la altillanura entre el oriente del Meta y Vichada, el sur de Córdoba y en varias…
p. 46
12Estado crítico de la propiedad colectivaDelgado Castaño, P. · 2018 · p. 9, 154 fragmentos
[14]Fondo Nacional Agrario; la clarificación desde el punto de vista jurídico de la situación de las tierras rurales del país, incluso las de carácter -privado; la promoción y la ejecución de labores de recuperación de tierras; y la promoción de la colonización, a través de la prestación de ayuda técnica y financiera en…
p. 9
[15]Fondo Nacional Agrario; la clarificación desde el punto de vista jurídico de la situación de las tierras rurales del país, incluso las de carácter -privado; la promoción y la ejecución de labores de recuperación de tierras; y la promoción de la colonización, a través de la prestación de ayuda técnica y financiera en…
p. 9
[79]técnica y financiera del Estado para hacerlos productivos, como tampoco se ocupa de los nuevos “accionistas” de los proyectos productivos, campesinos que bajo la legislación anterior eran objeto central de las políticas agrarias, entre otras cosas porque las normas en estudio se concentraron en asegurar la…
p. 15
[80]técnica y financiera del Estado para hacerlos productivos, como tampoco se ocupa de los nuevos “accionistas” de los proyectos productivos, campesinos que bajo la legislación anterior eran objeto central de las políticas agrarias, entre otras cosas porque las normas en estudio se concentraron en asegurar la…
p. 15
13Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. AmazoníaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 621 fragmento
[16]colonización cultural y territorial, que implicaron formas de violencia tanto físicas como simbólicas. 128 Becerra, «Las relaciones entre misioneros», 17. presentación 63 De la crisis de la economía campesina a la economía de la cocaína (1972—1980) 64 fiflćflThffan nexosfl. nThnflon P ara la década del 70, la promesa…
p. 62
14Historia económica de ColombiaJosé Antonio Ocampo Gaviria (compilador), Germán Colmenares, Jaime Jaramillo Uribe, Hermes Tovar Pinzón, Jorge Orlando Melo González, Jesús Antonio Bejarano Ávila, Joaquín Bernal Ramírez, Mauricio Avella Gómez, María Errázuriz Cox, Carmen Astrid Romero Baquero · 2017 · p. 5371 fragmento
[17]1961 y 1971, el Instituto adecuó 178.000 ha. Solo el 35% de los beneficiarios de estos programas lo eran también de la reforma agraria, 50% minifundistas privados y 15% propietarios medianos y grandes. Con el Acuerdo de Chicoral, se inició el desmonte de la reforma agraria y el diseño de una política alternativa de…
p. 537
15Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. El campesinado y la guerraComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 138, 1412 fragmentos
[18]el mapa 9 se pueden apreciar, por ejemplo, los municipios que presentan expansión de cultivos de palma en el periodo 2001-2013, en relación con los que registran fenómenos de desplazamiento forzado entre 2001 y 2004. Se evidencia allí una correspondencia en algunas regiones del Urabá, el Magdalena Medio o el Meta. La…
p. 138
[59]Gráfica 1. Desplazamiento forzado en Colombia Fuente: Elaboración propia, con base en el Registro Único de Víctimas. En el mapa 10 se puede observar el comportamiento regional del desplazamiento en la población rural no étnica, como una aproximación a lo campesino, por periodos, dividido por quinquenios a partir de…
p. 141
16El orangután con sacoleva: cien años de democracia y represión en Colombia (1910-2010)Francisco Gutiérrez Sanín · 2014 · p. 3111 fragmento
[19]temprano como en la célula inicial del Magdalena Medio. Pero solo se convirtió en un factor dominante a finales de la década de 1980, cuando los eos tos de mantener el aparato militar subieron de manera prohibitiva, Una economía tan ineficiente como la ganadería extensiva no podía ya sostener el esfuerzo. El…
p. 311
17"Patrones" y campesinos: tierra, poder y violencia en el Valle del Cauca (1960 – 2012)Absalón Machado Cartagena, John Jairo Rincón García · 2014 · p. 396, 4082 fragmentos
[20]tierras porque no había quien se las comparara y si se quedaban los mataban, porque es que ese exterminio fue terrible (…) 246. Al igual que en tiempos recientes, las amenazas directas e indi- rectas de los propietarios y poseedores se combinó con el asesinato, la quema de viviendas y de infraestructura. En otras…
p. 396
[86]mi casa y quedé sin nada 264. ¿Y la restitución? El gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha tratado de revertir el proceso de despojo y concentración de la tierra, no sólo 263 Entrevista_ 006 _ 33 _abril_ 05 _ 08 _Despojo de Tierras_Procesos Organizativos 264 Entrevista_ 007 _+- 55 _abril_ 6 _ 08 _Proceso Social…
p. 408
18Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Valle y norte del CaucaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 941 fragmento
[21]en bancos, en emisoras, en una universidad, en droguerías, en laboratorios, en fin, eran unos empresarios que tenían un pie en la legalidad y otro en la ilegalidad. […] Esta gente del norte cree más en que el prestigio y el nombre es producto del dinero […], lo que interesa es cuánto tiene y qué puede comprar. [...]…
p. 94
19The Para-State: An Ethnography of Colombia's Death SquadsAldo Civico · 2016 · p. 1541 fragmento
[22]a car thief but later reached legendary status. Escobar is credited with transforming the Medellín Cartel into a multinational criminal corpo- ration. Instead of using individuals as drug mules, which is how the business had worked prior to Escobar, the “ patrón of evil,” as he was nicknamed, had at his disposal…
p. 154
20Desmovilización y reintegración paramilitar. Panorama posacuerdos con las AUCÁlvaro Villarraga Sarmiento · 2015 · p. 499, 5074 fragmentos
[23]fueran concentrando en el des - pojo no quiere decir en ningún sentido que hayan dejado de ser antisubversivos o políticos, (…) Es precisamente como despojadores que los paramilitares empiezan a adquirir voz y participación directa, no mediada, en el sistema político. (…) la violencia exterminadora que se vivió en el…
p. 507
[28]fueran concentrando en el des - pojo no quiere decir en ningún sentido que hayan dejado de ser antisubversivos o políticos, (…) Es precisamente como despojadores que los paramilitares empiezan a adquirir voz y participación directa, no mediada, en el sistema político. (…) la violencia exterminadora que se vivió en el…
p. 507
[56]loco - motoras –entre ellas las del agro, la minería y la infraestruc - tura– que demandan grandes extensiones de tierra para su desarrollo. Por esta razón, los baldíos –titulados o no– y las zonas de reserva forestal han adquirido especial relevancia, como también las serias modificaciones a la Unidad Agrícola…
p. 499
[57]loco - motoras –entre ellas las del agro, la minería y la infraestruc - tura– que demandan grandes extensiones de tierra para su desarrollo. Por esta razón, los baldíos –titulados o no– y las zonas de reserva forestal han adquirido especial relevancia, como también las serias modificaciones a la Unidad Agrícola…
p. 499
21Trujillo: Una tragedia que no cesaGrupo de Memoria Histórica; Álvaro Camacho Guizado (relator); Gonzalo Sánchez G. (coordinador) · 2008 · p. 1661 fragmento
[24]que en un momen- tico resultan con unos negocios bien surtidos. Yo no creo que uno trabajando legalmente consiga plata así de fácil. Claro, no es que ellos sean mafiosos, pero sí trabajan con la plata de la mafia o son familiares, amigos o testaferros que lavan el billete, eso es otra cosa. La población ha cambiado…
p. 166
22Narcotráfico en Colombia: Economía y ViolenciaGustavo Duncan, Ricardo Vargas, Ricardo Rocha, Andrés López · 2005 · p. 681 fragmento
[25]en un principio producto de la coloniza- ción antioqueña y ligadas a la economía cafetera y a la ganadera de leche, a partir de los años setentas entraron en un proceso de diversificación de cultivos, sobre todo de frutales, promovido por la Federación de Cafeteros, proceso que fue retomado por las organizaciones de…
p. 68
23Regiones y conflicto armado. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoClara Inés García · 2018 · p. 1861 fragmento
[26]costumbres, mucho negocio como lavadero de dinero. Economía • Despojo de tierras por narcos, característica en los años 1990. • Hoy: gran productor de piña, tomate, lulo, mora, pimentón, frutales en general, buenas razas de ganado tecnificado. • “Una gran actividad comer- cial, una cantidad de plata que antes no se…
p. 186
24Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. OrinoquíaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 851 fragmento
[27]de la casa y recuerdo la charla que le dio» 254. Pero el narcotráfico se disparó con el establecimiento de los laboratorios de coca y el aprovechamiento de pistas aéreas (como las que en su momento hicieron los indígenas koreguaje para el M-19). Tanto traficantes como esmeralderos empezaron 251 Entrevista…
p. 85
25Mujeres y guerra. Víctimas y resistentes en el Caribe colombianoGrupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación · 2011 · p. 311 fragmento
[29]aspectos, el ca- pítulo ofrece los antecedentes de formación de los paramilitares y brinda elementos para comprender la manera como a partir de 1997 aplicaron un plan que buscaba constituirlos en un actor polí- tico de orden nacional y convertirlos en autoridades indisputadas en regiones de su interés. 1. La…
p. 31
26Nororiente y Magdalena Medio, Llanos Orientales, Suroccidente y Bogotá DC. Nuevos escenarios de conflicto armado y violencia. Panorama posacuerdos con AUCÁlvaro Villarraga Sarmiento (coordinador), Alberto Santos Peñuela, Lukas Rodríguez Lizcano, Luisa Fernanda Hernández Mercado, Juanita Esguerra Rezk · p. 221 fragmento
[30]y se consolidaron como grupo guerrillero predominante. Durante los años ochenta aparecieron varios grupos armados que fueron la base del paramilitarismo, entre ellos MAS (Muerte a Secuestradores), Los Tiznados y las Autodefensas de Puerto Boya - cá, quienes luego se reconformarían como ACMM (Autodefensas Campesinas…
p. 22
27Breve historia del conflicto armado en ColombiaJerónimo Ríos Sierra · 2017 · p. 1251 fragmento
[31]de convergencia, mucho más organizado, de lo que será el paramilitarismo en Colombia. Un paramilitarismo que, rápidamente, es consciente del atractivo de la violencia y el crimen organizado para consolidar su particular poder económico y territorial. De hecho, no por casualidad comienza darse en enclaves donde se…
p. 125
28Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Colombia. Historia y contexto de la ruptura y continuidad del fenómeno (I)Alfonso Insuasty Rodríguez, José Fernando Valencia Grajales, Janeth Restrepo Marín · 2016 · p. 352 fragmentos
[32]principal la misma demanda de seguridad rural de grandes propietarios, especialmente en regiones de ganadería extensiva sujetos al régimen de extorsiones y secuestros impuesto por las guerrillas a los propietarios rurales (…) La propiedad extensiva de la tierra sin seguridad estatal perdió valor y comenzó a…
p. 35
[33]principal la misma demanda de seguridad rural de grandes propietarios, especialmente en regiones de ganadería extensiva sujetos al régimen de extorsiones y secuestros impuesto por las guerrillas a los propietarios rurales (…) La propiedad extensiva de la tierra sin seguridad estatal perdió valor y comenzó a…
p. 35
29La Rochela: Memorias de un crimen contra la justiciaGrupo de Memoria Histórica, Iván Orozco Abad (Relator), Gonzalo Sánchez G. (Coordinador) · 2010 · p. 2581 fragmento
[34]Bolívar (San Pablo, Morales y Simití) y Cesar (Gamarra y San Alberto). La Rochela: memorias de un crimen contra la justicia 260 en la segunda estos provinieron principalmente del Bajo Magdale- na, Bolívar y las sabanas de Sucre y Córdoba. 3 Es imprescindible señalar que el Magdalena Medio adquirió su identidad por la…
p. 258
30Nuevos escenarios de conflicto armado y violencia. Panorama posacuerdos con AUC. Región Caribe, Departamento de Antioquia, Departamento de ChocóÁlvaro Villarraga Sarmiento, Alberto Santos Peñuela, Priscila Zúñiga Jiménez, Margarita Jaimes Velásquez, Lukas Rodríguez Lizcano, Gisela Andrea Aguirre García, Camilo Villamizar Hernández · 2014 · p. 241 fragmento
[35]por Fidel Castaño en el sur de Córdoba y Urabá, en los últimos años ochenta, de manera que su despliegue se relaciona con la compra de tierras e instalación de infraestructura del nego - cio ilegal de la coca por parte de reconocidos miembros del Car - tel de Medellín y por los propios Castaño, con la fuerte ofensiva…
p. 24
31Paramilitarismo. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoTeófilo Vásquez Delgado, Víctor Barrera · 2018 · p. 731 fragmento
[37]Tierras y territorios en las versiones de los paramilitares (CNMH, 2012c), Romero (1995 y 2003), Dun- can (2006) y Ronderos (2104) resaltan cómo la denominada Casa Castaño fue central en la transición entre la primera generación y la segunda generación paramilitar, mediante la conformación de las ACCU, a mediados de…
p. 73
32Con licencia para desplazar. Masacres y reconfiguración territorial en Tibú, CatatumboYamile Salinas Abdala, María Fernanda Pérez Trujillo, Juan Pablo Luque, Juan Manuel Zarama Santacruz · 2015 · p. 85, 1702 fragmentos
[38]reclama gestionar acuerdos de paz con los Frentes Libardo Mora Toro y Ramón Gilberto Barbosa Zambrano, disidentes del proceso de paz con el EPL, en 1991 67. 67 Ver: Bluradio.com, 2015, Iniciar diálogos con disidencia del EPL, piden personeros del Catatumbo y Verdad Abierta.com, 2014, En Catatumbo reclaman mesa con…
p. 85
[65]el CDAPD (Comité De- partamental de Atención a la Población Desplazada de Norte de Santander) –presidido por la gobernación de Norte de Santan- der– 118 declaró en el año 2002 la inminencia del riesgo de despla- zamiento, y ordenó la protección colectiva de todos los inmuebles rurales en Tibú abandonados o en riesgo…
p. 170
33Gobernar en medio de la violencia. Estado y paramilitarismo en ColombiaJacobo Grajales · 2017 · p. 771 fragmento
[39]los intercambios entre las zonas medias y bajas y la montaña. En medio del bloqueo que se establece alrededor, los habitantes de la Sierra, sobre todo los indígenas que habitan en las partes altas, sufrieron las consecuencias de las restricciones en el transporte de alimentos y medicinas. Vemos cómo, tal cual sucede…
p. 77
34Memorias de una guerra por los Llanos. Tomo I. De la violencia a las resistencias ante el Bloque Centauros de las AUCCentro Nacional de Memoria Histórica · 2021 · p. 392, 4032 fragmentos
[40]hijo de Héctor Buitrago, alias ‘Tripas’, el jefe de las au- todefensas campesinas más antiguas del Casanare que se convirtieron en paramilitares y se financiaron del narcotráfico como quedó confirmado en 2012 tras la captura de ‘Martín’ y a su hermano ‘Caballo’. En el Casanare se le atribuyen 10 mil víctimas, pero…
p. 403
[85]abordar este tema se tomaron como fuente las Sentencias de Restitución de Tierras en los departamentos de Meta, Guaviare, Casanare, Boyacá y Cundinamarca, de donde se desprende la siguiente tabla, actualizada hasta marzo de 2020, que muestra la solicitud de 11.990 sentencias de despojo y restitución de tierras…
p. 392
35Estrategias de guerra y trasfondos del paramilitarismo en el Urabá antioqueño, sur de Córdoba, bajo Atrato y Darién. Tomo ILaura Milena Ballén Velásquez, Ronald Edward Villamil Carvajal, Luisa Fernanda Hernández Mercado · 2022 · p. 1921 fragmento
[41]CÓRDOBA, BAJO ATRATO Y DARIÉN 2.2 Autodefensas Unidas de Colombia - AUC (1997-2006): consolidación de bloques Una vez se consolida el proyecto paramilitar en las regiones del Urabá antio- queño y cordobés, y en la cuenca baja y media del río Atrato en el departa- mento del Chocó, Carlos Castaño buscó expandir la…
p. 192
36Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Magdalena MedioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1221 fragmento
[42]agrupar a los grupos paramilitares que operaban en distintas zonas del país. Al proyecto se integraron las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, las Autodefensas Unidas de Santander y Sur del Cesar (AUSAC), las Autodefensas del Sur del Cesar, parte de las ACCU y…
p. 122
37Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. CaribeComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1041 fragmento
[43]de Córdoba y Urabá (ACCU). Las masacres reaparecieron con una matanza en San Pelayo, subregión del bajo Sinú, el 19 mayo de 1997. Para entonces, las Convivir y las masacres se habían extendido a otros departamentos del Caribe, auspiciadas por las ACCU. El encargado de esta tarea fue Salvatore Mancuso Gómez. En su…
p. 104
38Tierra y carbón en la vorágine del Gran Magdalena. Los casos de las parcelaciones de El Toco, El Platanal y Santa FeYamile Salinas Abdala, María Paula Hoyos, Ana María Cristancho · 2018 · p. 105, 1312 fragmentos
[44]el lavado de activos y el repobla- miento con población afín al proyecto paramilitar (CNMH, 2012, páginas 142-151). 107 3 Despojo del proyecto paramilitar de la “nueva colombia” Magdalena Grande, y Mancuso Gómez fue el encargado de darles estatus social, buscar apoyos entre las élites establecidas y emer- gentes, y…
p. 105
[54]que se expandió a recursos de enti- dades nacionales. Muestra de ello es la destinación de subsidios del Programa Agro Ingreso Seguro 197 que terminaron en manos de parapolíti- cos y terratenientes 198 como Eduardo Vives Lacouture, uno de los condenados por parapolítica, y Silvestre Dangond Lacouture 199, propietario…
p. 131
39La tierra se quedó sin su canto. Trayectoria e impactos del Bloque Norte en los departamentos de Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena. Tomo ICentro Nacional de Memoria Histórica, Lukas Rodríguez Lizcano · 2022 · p. 1371 fragmento
[45]bases de los primeros grupos paramilitares en la zona (El Heraldo, 2019). Reunirse en los territorios fue común a partir de la fecha, incluso, las ACCU de- signaron a personas encargadas de convocar a los ganaderos. Las ACCU designaron a Augusto Castro, alias Tuto, como el contacto de los ganaderos en Magdalena, y una…
p. 137
40Guerreros y campesinos. Despojo y restitución de tierras en ColombiaAlejandro Reyes Posada · 2016 · p. 2471 fragmento
[46]desplazadas abandonaron 92.047 hectáreas en el departamento 184. Las subregiones antioqueñas con mayor despojo, según funcionarios de Acción Social de Antioquia, son Urabá, Magdalena Medio y bajo Cauca 185. De las personas que acuden a la Iglesia cuando son desplazadas y manifiestan haber perdido tierras entre los…
p. 247
41La guerra vino de afuera. El Bloque Pacífico en el sur del Chocó: una herida que aún no cierraCentro Nacional de Memoria Histórica, Laura Bibiana Escobar García, Laura Catalina Tovar Bohórquez, Esteban de Jesús Caviedes Alfonso · 2022 · p. 681 fragmento
[47]ya entrada la década de los noventa, sirvieron como plataforma para el posicionamiento, a nivel nacional, de los hermanos Castaño, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); y en la dimensión regional, de los grupos paramilitares en el sur del Chocó y su costa…
p. 68
42La tierra en disputa. Memorias de despojo y resistencia campesina en la costa Caribe (1960-2010)Absalón Machado, Donny Meertens · 2010 · p. 45, 1952 fragmentos
[48]como un proceso específico en aras de distinguir analítica y conceptual- mente las etapas o pasos que lo constituyen, hace parte de proce- sos de mayor envergadura, en tanto está profundamente atado a las motivaciones y fines de los autores materiales e intelectuales que lo originan, así como a lógicas locales,…
p. 45
[87]2 1 Usurpación de tierras 2 Invasión de tierras 1 Total Tierras 7 21 5 2 1 Delitos en general 175 341 146 63 42 Fuentes: Versión Libre Juancho Dique, Diego Vecino y Mancuso Procesamiento/tabulación Cifras y Conceptos, Grupo de Memoria Histórica, CNRR, Mayo 2010. Gráfica N. 14. Cantidad de veces que el versionado…
p. 195
43La tierra se quedó sin su canto. Trayectoria e impactos del Bloque Norte en los departamentos de Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena. Tomo IICentro Nacional de Memoria Histórica · 2022 · p. 36, 432 fragmentos
[49]compra de la tierra, sin em- bargo, muchas veces no se les ofrecía nada y, en otras ocasiones, recibían sumas irrisorias por temor. Se infiere que una vez realizada la transacción de forma forzada, esta era legalizada por medio de una notaría de confian- za para el grupo armado. En el relato se mencionan a comandantes…
p. 36
[51]Verdad Abierta: (…) Entre febrero y marzo de 2003, el Incora revocó la adjudicación de 134 predios, dos en promedio por día, argumentando que los campesinos abandonaron la tierra o incumplieron con el pago de un crédito que les otorgaron quince años atrás. Se aprecia lo exagerado de la cifra, si se tiene en cuenta que…
p. 43
44Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivasComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 4431 fragmento
[50]de María. Entrevista 212-VI-00035. Víctima, hombre. 1353 Entrevista 261-VI-00055. Mujer, víctima. 1354 Informe 1306-CI-01879, Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro) et al., «Guerra contra el campesinado (1958-2019)»; Informe 1308-CI-01891, Comisión Colombiana de Juristas, «Silencios e…
p. 443
45Mujeres que hacen historia. Tierra, cuerpo y política en el Caribe colombianoGrupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación · 2011 · p. 1571 fragmento
[52]readjudicciones son Chivolo (47 casos), Ariguaní (32), Pivijay (24), Sitio Nuevo (12), Tenerife (8), Ciénaga, Santa Marta, Aracataca, Fundación y Plato con 2 casos cada uno y El Banco con 1 caso. La fiscalía abrió inves- tigaciones contra los funcionarios el INCORA/INCODER por 36 casos en las veredas Bejuco Prieto y…
p. 157
46Paramilitarism and Neoliberalism: Violent Systems of Capital Accumulation in Colombia and BeyondJasmin Hristov · 2014 · p. 1221 fragmento
[53]He submitted a letter to INCORA explaining the reason why he was leaving the parcel of land he was granted in 1987. He submitted a second letter in 1995 hoping that the institution would prevent him from losing the land, but in vain. In 2007, the land appeared registered in the name of an unknown person who had never…
p. 122
47Los retos de la justicia transicional en Colombia. Percepciones, opiniones y experiencias 2008. Panorama cualitativo y cuantitativo nacional, con énfasis en cuatro regionesIris Marín Ortiz · 2009 · p. 311 fragmento
[58]tierras abandona- dos o despojados a la población desplaza- da en Colombia. Si bien los resultados del estudio de la Comisión de Seguimiento no son comparables con los de esta encues- ta 20, sí profundizan en el tema de despo- jo de bienes y son complementarios a los hallazgos estadísticos de este informe 21. 19. Al…
p. 31
48Pueblos arrasados. Memorias del desplazamiento forzado en El Castillo (Meta)Myriam Hernández Sabogal, Catalina Riveros Gómez, Francisco Hernando Vanegas Toro, Julián Augusto Vivas García, Pablo Andrés Convers Hilarión · 2015 · p. 1481 fragmento
[60]vaciamiento del territorio. 3.7.1. Transformaciones agropecuarias Los cambios que ocurrieron en los cultivos tradicionales del municipio, sobre todo en los cultivos de arroz, sorgo, soya y café, fueron explicados tradicionalmente por las autoridades munici- pales como efecto de la política de apertura económica y…
p. 148
49Pueblos arrasados: Memorias del desplazamiento forzado en El Castillo (Meta)Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH); Catalina Riveros Gómez, Francisco Hernando Vanegas Toro, Julián Augusto Vivas García, Pablo Andrés Convers Hilarión (relatores) · 2015 · p. 1481 fragmento
[61]en arriendo. 148 Pueblos arrasados Es el caso de las veredas La Cima, Campo Alegre, Caño Embarra- do, La Esmeralda, Los Alpes, Floresta, ese ganado no es de los fin- queros (…) Los ganaderos son de Acacías, Guamal, San Martín y Villavicencio (…) les queda más fácil traer el ganado de afuera y pagar diez mil o 15 mil,…
p. 148
50La economía de los paramilitares: Redes de corrupción, negocios y políticaMauricio Romero Vidal (coordinador y editor), Ariel Fernando Ávila Martínez, Vilma Liliana Franco R., Ángela Olaya, Hernán Pedraza Saravia, Bernardo Pérez Salazar, Juan Diego Restrepo E., Diana Torres · 2011 · p. 1431 fragmento
[62]llevaba calculadora y vio que se podía aprovechar ese nicho. Entonces en ese caso llegaron los Argote, los Freigne Ochoa, los Sierra, los Ló- pez, los Ríos. Mucha gente compró cientos de hectáreas en esa zona 27. León García, Juanita, "El paso de! alemán", entrevista a Juan Rodrigo García, vocero político para e!…
p. 143
51Tierras y conflictos rurales: Historia, políticas agrarias y protagonistasRocío Londoño (coord.), Carolina Castro, Álvaro Delgado, Jaime Landinez · 2016 · p. 4921 fragmento
[63]se hicieron sobre territorios colectivos y ya existe resolución de devolución de la tierra. Sin embargo, la mayoría de las plantaciones de palma de esta zona del país fueron invadidas por la epidemia que ataca a este cultivo y por lo mismo fueron plantaciones abandonadas. Hoy tanto las tierras usadas por los…
p. 492
52Resistir no es aguantar. Violencias y daños contra los pueblos étnicos de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 3821 fragmento
[64]acciones fueron parte de una estrategia para sacar a las comunidades, despo- jarlas de sus tierras e imponer nuevos proyectos agroindustriales y usos del territorio, por ejemplo, almacenar droga 872. Esta estrategia de terror se basó también en una fuerte estigmatización de la población campesina y afrocolombiana por…
p. 382
53El Desarrollo de la Agricultura en ColombiaSalomón Kalmanovitz · 1982 · p. 501 fragmento
[66]arrendatarios. Como se verá más adelante, el grado de concentración de la pro- piedad también aumentó ostensiblemente. Se puede caracterizar así la información censal analizada: la población del campo sufrió profundas modificaciones en su composición, en su número y en su movilidad. Mientras hubo una notoria…
p. 50
54La crisis agraria en Colombia, 1950-1980Santiago Perry · 1983 · p. 911 fragmento
[67]la creciente presencia del capital monopólico internacional, usurero y comprador, configuran los rasgos característicos del semifeudalismo colombiano. 93 Cuadro No. 2. 1 CONCENTRACION DE LA TIERRA EN COLOMBIA 1960 - 1970 0-10 has + 500 has TOTAL 1960 SUPER (miles # EXPLOT. has) 2.403.7 1 1.052 27.337.8 925. 750 6.902…
p. 91
55Doble discurso, múltiples crímenes. Análisis temático de las ACMM y las ACPBCentro Nacional de Memoria Histórica, Camilo Ernesto Villamizar Hernández (coordinador) · 2021 · p. 4662 fragmentos
[68]la propiedad, el promedio de los municipios donde hubo presencia de las ACMM reporta un total de 0,69 y para los municipios de presencia de las ACPB se registra un promedio de 0,64. Esto, si bien está por debajo del pro- medio nacional (0,86) no deja de ser una cifra alta, teniendo en cuenta que en el caso de las ACMM…
p. 466
[69]la propiedad, el promedio de los municipios donde hubo presencia de las ACMM reporta un total de 0,69 y para los municipios de presencia de las ACPB se registra un promedio de 0,64. Esto, si bien está por debajo del pro- medio nacional (0,86) no deja de ser una cifra alta, teniendo en cuenta que en el caso de las ACMM…
p. 466
56Tierras. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoAlejandro Reyes Posada · 2018 · p. 1031 fragmento
[70]capturan los beneficios de la violencia median- te el despojo y acumulación de tierras. De esa ecuación surge la sospecha inmediata de que los beneficiarios –acumuladores de tierras– tuvieron mucho qué ver con quienes causaron los éxodos –actores armados–, y esa relación no es clara en muchos casos, sino que debe…
p. 103
57El poder de la carne. Historias de ganaderías en la primera mitad del siglo XX en ColombiaAlberto G. Flórez-Malagón (ed.), Luis Guillermo Baptiste, Ingrid Johanna Bolívar, Stefania Gallini, Shawn Van Ausdal · 2008 · p. 341 fragmento
[71]en los años 20, Absalón Machado y otros afirman que Colombia nunca realmente ha tenido una revolución burguesa (únicamente en los años cincuenta, el país comenzó a adoptar el llamado camino junker del desarrollo agrario capitalista desde arriba)"'. En los años 30, apunra Gómez, el latifundio ganadero estaba al frente…
p. 34
58La tierra en ColombiaEstanislao Zuleta, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) · 1973 · p. 1111 fragmento
[72]ciuda des e, incluso, de medianos propietarios, y en la ex plotación, la pauperización y la conversión en prole tariado de otra masa igualmente importante; sobre la ruina y el despojo de esta masa campesina se dio el más sustancial desarrollo capitalista del sector agropecuario colombiano a través de tres formas fun…
p. 111
59¡Basta satisfecho! Colombia: Memorias de guerra y dignidadCentro Nacional de Memoria Histórica (GMH) · 2013 · p. 1161 fragmento
[73]AUC hacia el Meta estuvo acompañado por una ofensiva sobre la zona norte del Magdalena medio: el 25 de mayo de 1998, un comando de los paramilitares incursionó en varios barrios de las comu- nas nororiental y suroriental de Barrancabermeja, donde asesinó a siete pobladores y se llevó vivos a otros 25. Esta acción…
p. 116
60Guerras RecicladasMaría Teresa Ronderos · 2014 · p. 3681 fragmento
[74]está, por ser Norte de Santander un departamento fronterizo donde los criminales comunes se habían disputado desde siempre el control de los contrabandos varios, las tasas de homicidios doblaban las del promedio nacional. 60 Por esa frontera salía cocaína colombiana a Europa vía Venezuela y también entraban…
p. 368
61La dimensión moral del conflicto armado en Colombia. Una lectura a partir de Theodor W. AdornoTulia Almanza Loaiza · 2022 · p. 3371 fragmento
[75]que en otros países de América Latina, y no tiene, ni jamás ha tenido, el monopolio de la fuerza; por ello, en las zonas alejadas del centro institucional han surgido y florecen los grupos guerrilleros de izquierda, los grupos paramilitares y los narcotraficantes. Al no haber monopolio de la fuerza por parte del…
p. 337
62La política de reforma agraria y tierras en Colombia. Esbozo de una memoria institucionalAbsalón Machado Cartagena · 2013 · p. 1241 fragmento
[76]zonas selváticas de ínfima productividad. […] el segundo gran componente de una política de ordenamiento de la población en el territorio es la urbanización planificada y ordenada de los desplazados por la violencia” [Reyes, 2009, 369-370]. La Ley de Víctimas fue expedida en noviembre de 2011 y contiene la…
p. 124
63Mi cuerpo es la verdad. Experiencias de mujeres y personas LGBTIQ+ en el conflicto armadoComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 391 fragmento
[77]leyes y políticas públicas que protegen a las mujeres víctimas se pueden destacar la Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforma el Código Penal de Procedimiento Penal y la Ley 294 de 1996, y se dictan…
p. 39
64Memorias de una guerra por los Llanos. Tomo II. El Frente Capital y el declive del Bloque Centauros de las AUCDaniel Ricardo Martínez Bernal (coordinador), Lorena Camacho Muete, Esteban Caviedes Alfonso, Laura Bibiana Escobar García, José María Gutiérrez Sierra, Daniela Moreno Arriola, Daniel Augusto Serrano Corredor, Juan Manuel Villarraga Beltrán · 2021 · p. 3891 fragmento
[78]y comunidades indígenas. 9 de diciembre de 2011. D.O. 48278. Decreto 717 de 1996. Por el cual se dictan unas medidas tendientes a la pre- servación del orden público. 18 de abril de 1996. D.O. 42769. 390 MEMORIAS DE UNA GUERRA POR LOS LLANOS Decreto 871 de 1996. Por el cual se delimita una zona especial de orden pú-…
p. 389
65Justicia. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoFrancisco Barbosa Delgado · 2018 · p. 421 fragmento
[81]legitima- ción para iniciar la acción de restitución. En segundo lugar, se evidenciará la pertinencia de los documentos menciona- dos para entender las dinámicas del paramilitarismo, especí- ficamente con respecto al despojo y al abandono forzado. En tercer lugar, se explicará por qué los informes del CNMH re- visados…
p. 42
66Petróleo, coca, despojo territorial y organización social en PutumayoEdinso Culma Vargas, Juliana Guerra Rudas, Rocío Londoño Botero · 2015 · p. 2651 fragmento
[82](municipio de San Miguel); San Isidro, El Carmen, La Kofania, La Castella- na y San Vicente de Villarrica (municipio de Villagarzón) (URT, Microfocalización Putumayo). 266 Petróleo, coca, despojo territorial y organización social en Putumayo 4.4.2. Restitución en territorios colectivos de comunidades étnicas A pesar…
p. 265
67Cuatro crisis que marcaron a Colombia: Memorias del fraude bancario de 1982, el apagón de 1992, la debacle financiera de 1999 y las negociaciones con el ELN en 2018Juan Camilo Restrepo · 2022 · p. 1501 fragmento
[83]La política de restitución de tierras, que a mi entender es la pieza de mejor implementación en cuanto toca con las políticas agrarias que ha tenido el país hasta el momento, busca fundamentalmente facilitar la recuperación de las tierras de quienes han sido despojados a sangre y fuego en las últimas décadas o por la…
p. 150
68Estrategias de guerra y trasfondos del paramilitarismo en el Urabá antioqueño, sur de Córdoba, bajo Atrato y Darién. Tomo IILaura Milena Ballén Velásquez, Ronald Edward Villamil Carvajal, Luisa Fernanda Hernández Mercado · p. 4031 fragmento
[84]una Colombia en paz con opor- tunidades y garantías para todos. Por el Gobierno Nacional: LUIS CARLOS RESTREPO Alto Comisionado para la Paz Por las Autodefensas Unidas de Colombia AUC: HERNAN HERNÁNDEZ RAMIRO VANOY LUIS CIFUENTES FRANCISCO TABARES ADOLFO PAZ JORGE PIRATA VICENTE CASTAÑO CARLOS CASTAÑO SALVATORE…
p. 403