Productividad política inversa de la coerción borbónica en la Nueva Granada

¿Produjeron los dispositivos disciplinarios borbónicos en la Nueva Granada (1770-1810) los sujetos políticos que pretendían suprimir?

Entre la ejecución de José Antonio Galán el 1 de febrero de 1782 y el 20 de julio de 1810, el aparato colonial español ensayó en el Virreinato de la Nueva Granada tres maquinarias de sometimiento que, examinadas juntas, plantean una pregunta incómoda para la historia política colombiana: ¿cada una produjo, por la lógica interna de su propio funcionamiento, al sujeto que pretendía suprimir? El patíbulo de Galán, distribuido en cinco pueblos de la provincia del Socorro, ¿borró al comunero o lo cartografió? El juicio a Antonio Nariño por imprimir los Derechos del Hombre, ¿silenció al letrado criollo o lo alertó de sí mismo? Las milicias segregadas de pardos en Cartagena, ¿contuvieron a la casta más numerosa de la costa Caribe o le entregaron fuero, uniforme y conciencia corporativa?

La pregunta se despliega en tres frentes —el castigo ejemplar sobre el cuerpo plebeyo, el juicio de imprenta sobre la palabra letrada, la segregación miliciana sobre el cuerpo racializado— y busca establecer si esos dispositivos generaron efectos de subjetivación política inversa, y qué dice esa productividad no buscada sobre los límites del reformismo borbónico en América.

Lo que se juega en la pregunta

La historiografía colombiana ha tendido a leer la última fase colonial en clave de antecedentes: los Comuneros como "precursores" de 1810, Nariño como "precursor" de la independencia, las milicias como reserva de los ejércitos patriotas. Esa lectura teleológica achata el problema. ¿Lo que ocurrió entre 1770 y 1810 fue una acumulación lineal de agravios que desembocó en la ruptura, o algo más inquietante: el aparato estatal borbónico, al desplegar sus tecnologías disciplinarias, fabricó involuntariamente las gramáticas políticas —el sacrificio cívico, el plebeyismo mártir, la movilidad racial armada— con las que después se pensaría la independencia? La pregunta, entonces, no es si estos episodios "anticipan" 1810, sino cómo el propio dispositivo represivo pudo generar los materiales simbólicos y las posiciones sociales que terminaron rebasándolo.

Se juega aquí algo más amplio que la periodización de la independencia. Se juega la naturaleza misma del poder colonial tardío: ¿fue una máquina eficaz que solo cedió por presión externa —la invasión napoleónica de 1808, la crisis de la monarquía— o su propia lógica interna venía generando, dispositivo por dispositivo, las condiciones de su descomposición? De la respuesta depende cómo se lee la independencia neogranadina: como accidente geopolítico o como consumación tardía de contradicciones que el mismo aparato borbónico incubó.

Los términos del debate

Cuatro tesis se disputan el sentido de estos episodios, y ninguna resulta suficiente por sí sola.

La primera sostiene que la violencia ritual sobre los cuerpos comuneros fue una estrategia calculada del Estado borbónico para reafirmar la soberanía frente a una insurrección plebeya. La sentencia contra Galán —horca, descuartizamiento, distribución de las partes del cuerpo en cinco poblaciones, declaración de infamia sobre su descendencia, confiscación de bienes, demolición de la casa, sembrado de sal sobre el terreno— tiene toda la gramática del suplicio soberano premoderno: no busca corregir, busca inscribir el poder en los cuerpos y en el territorio. La lectura describe la intención sin ver el efecto.

La segunda afirma que las milicias segregadas de pardos operaron como vehículo de subjetivación política afrodescendiente. Al reconocer que ninguna reorganización militar efectiva en Cartagena era posible sin incorporar a los pardos —el grupo demográfico más numeroso de la ciudad— y sin extenderles el fuero militar, las propias autoridades coloniales admitieron una contradicción: necesitaban militarizar a la casta que la jerarquía racial mantenía subordinada. Esta tesis capta el potencial estructural del dispositivo, pero puede sobreestimarlo si no atiende a los límites de la conciencia corporativa parda antes de 1810.

La tercera propone que el martirologio nariñista estructuró un imaginario duradero del periodismo y la palabra impresa como sacrificio cívico. La trayectoria de Nariño —imprenta clandestina, condena, calabozos de Cádiz, fuga, reincidencia, cadenas en Cartagena— proporcionó a la cultura política neogranadina una figura arquetípica del letrado perseguido. Pero las genealogías culturales demasiado limpias se sostienen mal: la conversión de Nariño en símbolo fue más tardía y más disputada de lo que la tesis supone.

La cuarta, la más ambiciosa, afirma que la represión judicial colonial cumplió una función performativa de constitución del sujeto político criollo, contradiciendo su finalidad disciplinaria. Al perseguir a Nariño y alertar formalmente a Quito, Caracas y otras ciudades del virreinato sobre la existencia de un texto sedicioso, el aparato colonial amplificó institucionalmente lo que quería suprimir. Es probablemente la clave analítica más productiva, pero tampoco es completa: la constitución del sujeto criollo no dependió solo de la represión sino también, y quizá más, de la Expedición Botánica, del Papel Periódico, del Semanario del Nuevo Reino de Granada y de la sociabilidad ilustrada.

Las cuatro apuntan a un mismo fenómeno desde ángulos distintos. Ninguna es falsa; ninguna es autosuficiente. La tarea es tejerlas.

Socorro, 1781: la anatomía política del suplicio

El 16 de marzo de 1781, Manuela Beltrán arrancó en la oficina de impuestos del Socorro un bando que anunciaba las nuevas exacciones fiscales. El gesto es demasiado célebre para no ser examinado con cuidado. Lo que Beltrán rasgaba no era solo un papel: era la culminación de un programa fiscal iniciado por el regente visitador Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres desde 1778, que había restablecido el impuesto de la armada de Barlovento y extendido la alcabala a nuevos productos —sal, tabaco, textiles, algodón, aguardiente— en una región cuya estructura productiva era particularmente sensible al arbitrio impositivo.

El Socorro no era una parroquia cualquiera. Su tejido económico —agricultura de pequeños y medianos propietarios blancos, artesanado numeroso, producción textil de lienzos, bayetas y colchas que se exportaban al resto del virreinato— configuraba una economía mercantil más desarrollada y con mayor división del trabajo que las zonas dominadas por la hacienda. La especificidad importa: la protesta comunera no fue una jacquerie campesina contra la miseria absoluta, sino la reacción de una sociedad de productores mercantiles ante un aparato fiscal que amenazaba con estrangular su circulación económica. De ahí que la rebelión articulara con relativa rapidez una alianza policlasista: criollos propietarios como Juan Francisco Berbeo, artesanos, mestizos, indígenas —unidos por una homología de posición dominada frente al visitador, no por una identidad social compartida.

La marcha hacia Zipaquirá reunió a cerca de cuatro mil hombres. Allí, con el virrey Manuel Antonio Flórez ausente en Cartagena supervisando la defensa contra corsarios ingleses, el arzobispo Antonio Caballero y Góngora negoció y firmó con Berbeo las Capitulaciones: reducción del precio del aguardiente, ajustes a la alcabala, preferencia de americanos en cargos, reducción del tributo indígena a cuatro pesos anuales. Berbeo aceptó, fue nombrado corregidor con sueldo anual de mil pesos, y los comuneros iniciaron el retorno a sus pueblos. Solo entonces el virrey desautorizó las Capitulaciones, argumentando que habían sido negociadas bajo amenaza de violencia —defecto, dijo, incorregible. Llegaron refuerzos de tropa desde Cartagena. Con los rebeldes desmovilizados y confiados, comenzó el castigo.

La ejecución de Galán el 1 de febrero de 1782 no puede leerse como reacción defensiva de un Estado acorralado: cuando ocurre, la rebelión ya estaba disuelta y Berbeo integrado al aparato colonial. El suplicio fue una operación política deliberada sobre un cuerpo simbólico. La cabeza de Galán fue enviada a Guaduas; la mano derecha, expuesta en el Socorro; la izquierda, en San Gil; el pie derecho, en Charalá —su lugar de nacimiento—; el pie izquierdo, en Mogotes. Los pueblos de la rebelión recibieron, cada uno, un fragmento del líder que había rechazado las Capitulaciones. La declaración de infamia sobre la descendencia, la confiscación total de bienes, la demolición de la casa y el sembrado de sal completan un programa punitivo cuyo propósito explícito era, según reza la sentencia, borrar la memoria.

Aquí se cumple, y a la vez fracasa, la primera tesis. Cumple: la violencia fue efectivamente ritual, calculada, soberana. Fracasa: el efecto no fue de puro sometimiento. La distribución geográfica de los restos —pensada como advertencia— funcionó también como cartografía involuntaria de la insurgencia. Cada pueblo tuvo desde entonces un fragmento del hombre que se había negado a transigir. La operación de olvido tuvo, en efecto, éxito de corto plazo: la gesta comunera permaneció en la sombra durante casi un siglo, y el primer texto historiográfico de peso, Los comuneros de Manuel Briceño, no apareció hasta 1880. Pero la memoria local del suplicio nunca se extinguió del todo en los pueblos que habían recibido un pie o una mano. El aparato borbónico produjo, sin quererlo, una geografía sacrificial que el siglo XIX recuperaría cuando le hiciera falta un mártir plebeyo.

La represión comunera fue, además, una operación de recomposición de la alianza entre Corona y élite criolla. Berbeo, comandante de los comuneros, terminó corregidor. Caballero y Góngora, negociador de unas Capitulaciones que su propio bando anuló, fue nombrado virrey poco después. Muchos futuros líderes de la Independencia estuvieron, en 1781, del lado de la Corona. La alianza policlasista comunera se reveló entonces como lo que estructuralmente era: coalición transitoria de posiciones dominadas, no identidad política duradera. El sujeto plebeyo que Galán encarnaba —el que rechazó las Capitulaciones desde el principio por no creer en las promesas del arzobispo, el que quiso continuar la marcha— quedó políticamente huérfano en el mismo momento en que era descuartizado. Su productividad simbólica sería diferida, no inmediata.

Santafé, 1793-1794: el juicio como red de difusión

El 13 de diciembre de 1793, Antonio Nariño imprimió en su Imprenta Patriótica, en Santafé de Bogotá, la traducción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El texto provenía, aparentemente, de un libro de Christophe-Félix de la Touloubre —Galart de Montjoie— que había llegado a sus manos a través de un oficial de la guardia del virrey Ezpeleta. La procedencia importa: no era literatura clandestina de contrabando, sino un libro circulante en los propios entornos del poder virreinal, transcrito por un autor conservador francés hostil a la Revolución. La subversión estaba, por así decirlo, en el propio archivo del régimen.

La reacción de las autoridades fue desproporcionada respecto al alcance real del folleto. El oidor Joaquín de Mosquera y Figueroa dirigió el proceso; la defensa quedó en manos del criollo José Antonio Ricaurte. La publicación fue calificada de sediciosa y asociada a una conspiración anti-hispánica más amplia, vinculada con pasquines aparecidos en la capital. Y aquí se produce el efecto crucial: las autoridades coloniales, para prevenir el contagio, alertaron formalmente a Quito, Caracas y otras ciudades del virreinato sobre la existencia del documento. La represión, para funcionar, tuvo que nombrar aquello que quería suprimir. El aparato judicial actuó, involuntariamente, como red de distribución institucional del texto que pretendía neutralizar.

Entre los acusados figuraron Francisco Antonio Zea —catedrático de ciencias naturales en San Bartolomé y miembro de la Expedición Botánica— y el doctor Manuel Ignacio Fróes de Carvalho, visitador de boticas cuya ausencia forzada abrió un vacío tan concreto que durante 1794 los curanderos Ignacio Orenes, Francisco Muñoz y Manuel Alfaro pudieron ejercer públicamente la medicina en Santafé. El detalle no es anecdótico: muestra hasta qué punto la represión desarticuló una red de profesionales ilustrados cuya reconstitución la Corona no controlaba.

La condena a Nariño fue draconiana: diez años de cárcel, extrañamiento perpetuo de América, confiscación de todos sus bienes. La biblioteca confiscada —clásicos griegos y latinos, filosofía, teología, matemáticas, ciencias naturales, derecho, enciclopedistas franceses— es, por sí sola, un inventario del mundo intelectual que el criollo ilustrado había construido en Santafé, y su expropiación material vale como emblema de lo que el aparato borbónico intentaba desmantelar. Nariño comenzó a cumplir la pena en 1796 en los calabozos de Cádiz, se fugó al año siguiente, viajó a Inglaterra y Francia buscando apoyo, regresó a la Nueva Granada, exploró la región de Palogordo —entre Barichara y Simacota— calculando cuántos hombres podría movilizar en días de mercado con apoyo de cabildos y curas, fue nuevamente apresado en el contexto de la rebelión de Quito, y trasladado a Cartagena, donde durante varios meses se le mantuvo encadenado. El 20 de julio de 1810 lo encontró cerca de la libertad tras años de cautiverio intermitente.

La tercera y la cuarta tesis se cumplen aquí, pero con matices. Nariño no fue simplemente un mártir cívico: fue un letrado criollo cuya persecución reiterada lo convirtió, por acumulación, en algo más que un individuo. Su biografía carcelaria funcionó como forma de existencia política: no un episodio, sino un estado permanente. Al regresar al país en 1821, Bolívar lo recibió con expresiones de júbilo. Ese júbilo reconocía una figura que las décadas de persecución habían tallado. La Corona, al perseguirlo primero por imprimir los Derechos del Hombre y luego por conspirar, produjo el material biográfico con el que se construiría después el arquetipo del periodista-mártir.

El martirologio nariñista, sin embargo, no fue efecto automático del suplicio judicial. Requirió una operación posterior de canonización que solo el siglo XIX republicano —cuando la prensa política se consolidó como campo de batalla— pudo realizar. Lo que el juicio de 1794 hizo fue proporcionar la materia prima: un letrado criollo cuya palabra impresa había sido perseguida, cuyos bienes habían sido confiscados, cuyo cuerpo había sido encadenado. La forma "periodista como sacrificio cívico" que estructura la cultura política colombiana hasta bien entrado el siglo XX se apoya sobre esa materia, aunque no derive mecánicamente de ella.

Hay un efecto adicional que las medidas represivas contra Nariño y otros sospechosos produjeron entre 1808 y 1810: al empujar toda la oposición a la clandestinidad, radicalizaron el ambiente político previo al 20 de julio. La lógica es clara: cuando el aparato disciplinario no puede distinguir entre disidencia moderada y subversión, las trata como equivalentes, y con ello fabrica la equivalencia que temía.

Cartagena y la costa Caribe: el fuero como grieta

La tercera pieza de esta arquitectura disciplinaria opera con una lógica distinta. No es castigo espectacular ni persecución judicial: es organización militar. Las reformas milicianas borbónicas concentraron las milicias disciplinadas en la costa Caribe neogranadina —Cartagena sobre todo— por razones estratégicas evidentes: amenaza continua de potencias europeas, piratería, contrabando. El interior del virreinato, en contraste, careció prácticamente de estas fuerzas. Esta distribución territorial de la militarización tuvo consecuencias sociales que la Corona intuyó pero no pudo controlar.

Las propias autoridades españolas reconocieron que cualquier reorganización efectiva de la milicia en Cartagena requería no solo incorporar a los pardos —el grupo demográfico más numeroso de la ciudad— sino extenderles el fuero militar. Sin fuero, no había incentivo para el servicio; sin servicio, no había defensa. La ecuación era ineludible. Pero el fuero militar era, en el orden colonial, algo más que un privilegio jurídico: era reconocimiento corporativo, capacidad de sustraerse a la jurisdicción ordinaria, pertenencia a un cuerpo con derechos. Extendérselo a los pardos significaba admitir, contra la lógica de la sociedad de castas, que había una vía de dignidad legal que no pasaba por la blancura.

El arrabal de Getsemaní, habitado por descendientes libres de esclavos dedicados a oficios artesanales y domésticos, consolidó su estatus especial gracias precisamente a los servicios de milicia prestados a la Corona en momentos de peligro. La lealtad militar, en Cartagena, funcionó como mecanismo de negociación de estatus: el pardo miliciano no era, socialmente, el pardo civil. Y esa diferencia importó cuando la crisis de 1810 abrió el juego. En el período revolucionario cartagenero, líderes como el menor de los Piñeres predicaban la igualdad social y política para negros y mulatos, lo que generó alarma entre las élites criollas —García de Toledo, José Manuel Restrepo— que lo consideraban un demagogo peligroso. La cultura miliciana previa había preparado el terreno para que esa prédica no cayera en el vacío.

La segunda tesis se sostiene, entonces, con una precisión: las milicias de pardos no fueron simplemente el "vehículo" de una subjetivación afrodescendiente preexistente, sino que la produjeron en parte. La conciencia corporativa parda —el saberse cuerpo con fuero, con uniforme, con capacidad de defender la ciudad— fue efecto del propio dispositivo militar. En Venezuela y en la costa Caribe existía además una cultura militar patricia en la que los soldados participaban en la vida social —tertulias, bailes, recepciones—, e incluso accedían al matrimonio con familias establecidas, en contraste marcado con el interior granadino donde la tradición miliciana era débil. La militarización costera generó una porosidad social que la jerarquía formal de castas no había previsto.

Estructuralmente, este dispositivo fue quizás el de mayor potencial desestabilizador, porque operó sobre una contradicción irresoluble del orden colonial: la Corona necesitaba militarizar a los pardos para defender el imperio, pero al hacerlo les otorgaba fuero, reconocimiento corporativo y cultura militar que erosionaban desde abajo la jerarquía de castas. La tensión no admitía solución dentro del marco borbónico: cualquier retracción del fuero desmantelaba la defensa; cualquier consolidación del fuero desmantelaba la jerarquía. Las élites criollas heredaron esa tensión en 1810 sin lograr resolverla —de ahí las oscilaciones cartageneras entre alianzas plebeyas y reacciones patricias durante la primera república, y de ahí también las palabras de alarma de Restrepo ante los Piñeres.

La respuesta: subjetivaciones fragmentadas y diferidas

Los tres dispositivos produjeron sujetos políticos por inversión performativa, pero cada uno operó sobre un estrato social distinto, y sus efectos fueron fragmentarios y en gran medida diferidos. El aparato borbónico generó materiales —lenguajes de sacrificio, plebeyismo, movilidad racial— que la independencia neogranadina heredó simultáneamente sin poder sintetizarlos, precisamente porque provenían de circuitos sociales que no se comunicaban entre sí.

El patíbulo de Galán produjo una figura plebeya sacrificial cuya potencia simbólica fue bloqueada durante casi un siglo por la propia recomposición de la alianza entre Corona y élite criolla que la represión selló. Berbeo corregidor, Caballero y Góngora virrey, futuros independentistas del lado realista en 1781: la subjetivación plebeya quedó subordinada a intereses criollos que la contuvieron dentro del orden colonial. La memoria de Galán solo emergió como recurso político cuando el siglo XIX republicano necesitó un ancestro plebeyo, es decir, cuando ya no comprometía a nadie.

El juicio a Nariño produjo un letrado criollo cuya trayectoria carcelaria proporcionó, más que un mártir inmediato, un arquetipo disponible para articulaciones posteriores. La eficacia de este dispositivo fue menos la fabricación de un símbolo terminado que la amplificación institucional involuntaria del texto perseguido —al alertar sobre los Derechos del Hombre a las principales ciudades del virreinato— y la radicalización del ambiente político por vía de empujar la disidencia a la clandestinidad. La constitución del sujeto criollo, en cualquier caso, no fue obra exclusiva de la represión: la Expedición Botánica de José Celestino Mutis desde 1761, el Papel Periódico dirigido por Manuel del Socorro Rodríguez entre 1791 y 1797, el Semanario del Nuevo Reino de Granada de Caldas entre 1808 y 1811, las tertulias y las sociedades económicas hicieron su parte —y quizá la mayor. La represión no creó al sujeto criollo ilustrado; agudizó su distancia respecto de la Corona.

Las milicias de pardos, finalmente, produjeron una conciencia corporativa afrodescendiente cuyo alcance político efectivo antes de 1810 fue limitado pero cuya potencia estructural era, entre los tres dispositivos, la más profunda. La contradicción entre necesidad defensiva y jerarquía racial no podía resolverse dentro del marco colonial, y esa irresolubilidad se transfirió íntegra al proceso independentista.

Lo que emerge no es un sujeto político unificado producido por la represión, sino tres sujetos distintos y mutuamente desconfiados —el plebeyo martirizado, el letrado perseguido, el pardo militarizado— cuya coincidencia parcial en 1810 fue precaria y cuya síntesis nunca se consumó del todo. La independencia neogranadina heredó los tres lenguajes sin poder integrarlos: de ahí que la revolución criolla no fuera guerra popular, que los indígenas frecuentemente la rechazaran, que las élites cartageneras oscilaran entre alianza y contención respecto de las castas armadas, y que la memoria de Galán durmiera un siglo. Los dispositivos disciplinarios borbónicos fueron productivos, sí, pero su producción fue segmentada, y esa segmentación explica tanto la potencia simbólica de esos lenguajes como la incapacidad del proceso independentista para articular una ruptura social profunda.

Lo que queda abierto

La tesis de la productividad inversa tiene sus flancos. Uno: no todo efecto no buscado del aparato colonial fue subversivo. Berbeo aceptó el corregimiento; Caballero y Góngora aceptó el virreinato; buena parte de la élite criolla aceptó, hasta 1808, la lógica del pacto con la Corona. La represión también reconstituyó lealtades, no solo produjo disidencias. Cuánto pesó cada efecto es difícil de calibrar con precisión.

Dos: el papel del reformismo ilustrado —Expedición Botánica, plan de estudios frustrado de Caballero y Góngora, prensa periódica— en la formación de la subjetividad criolla probablemente pesó más que la represión judicial. Nariño fue perseguido porque era ilustrado, no ilustrado porque fue perseguido. Atribuir a los dispositivos disciplinarios la constitución del sujeto criollo corre el riesgo de invertir la relación causal.

Tres: la subjetivación parda en las milicias caribeñas requiere estudios más finos sobre su articulación efectiva con los movimientos de 1810-1815. La contradicción estructural del fuero está clara; sus efectos políticos concretos, en cambio, se desdibujan en los momentos precisos en que las élites cartageneras negociaron —y contuvieron— la irrupción de las castas armadas.

Cuatro: la periodización misma es problemática. Fijar el ciclo en 1770-1810 es útil pero arbitrario: los dispositivos milicianos venían de antes, los efectos del juicio de Nariño se prolongaron hasta 1821, la memoria de Galán solo se activó políticamente en 1880 con Manuel Briceño. La productividad inversa no operó con el tiempo del acontecimiento sino con temporalidades diferidas que la historiografía todavía no ha cartografiado del todo.

Queda, con todo, una certeza sobre la que vale la pena volver: los tres dispositivos borbónicos —patíbulo, juicio de imprenta, milicia segregada— no fueron simplemente instrumentos de represión que fracasaron. Fueron máquinas que, al funcionar exactamente como estaban diseñadas, generaron los residuos simbólicos y las posiciones sociales que rebasaron su intención. Comprender la independencia neogranadina exige aceptar esa ironía estructural: el Estado colonial fabricó, por la lógica misma de su disciplina, los materiales con los que después sería impugnado. Y exige aceptar también su límite: esos materiales llegaron a 1810 fragmentados, y la república nació con la tarea imposible de sintetizarlos.