Barule

Un hombre sin biografía

De Barule no se conoce fecha ni lugar de nacimiento, ni ruta trasatlántica, ni el nombre con que llegó al Chocó. En 1728 estaba adscrito a una cuadrilla minera del partido de Tadó, en la cuenca alta del río San Juan, y compartía la condición de esclavizado con hombres cuyos apellidos étnicos —Chalá, Nongo, Mina, Nanga— apuntan a procedencias diversas del África occidental, principalmente de matriz yoruba y akan. Su propio apellido, Barule, figura entre esas denominaciones y probablemente indica una filiación étnica antes que un patronímico familiar. En la mecánica de nombramiento colonial, esos apellidos operaban como marcadores de origen impuestos por los tratantes o los amos, no como genealogías reconocidas; que hayan sobrevivido en el expediente da idea, sin embargo, de la heterogeneidad africana que convivía en una sola cuadrilla del Chocó.

Dos de sus compañeros, Antonio y Matheo Mina, hablaban tanto inglés como español, lo que sugiere una permanencia relativamente prolongada en el Chocó y una trayectoria previa en dominios británicos del Caribe, muy probablemente Jamaica. El uso compartido del inglés entre los rebeldes es el indicio más consistente de que la insurrección de Tadó no fue un acto puramente local: los hombres que Barule encabezó habían circulado por el Atlántico esclavista y traían consigo repertorios de fuga y organización aprendidos antes de llegar al San Juan. Cuánto de eso pesó en la rebelión no puede reconstruirse con precisión, pero el dato altera de raíz cualquier lectura que quiera reducir la insurrección a una reacción mecánica al régimen de cuadrillas.

Todo lo demás sobre Barule —su edad, su oficio dentro de la cuadrilla, sus vínculos familiares, la forma exacta en que ejerció el liderazgo— es silencio o inferencia. La ficha biográfica que puede escribirse sobre él es, en rigor, la ficha del mundo que lo produjo y contra el que se levantó. Reconstruirla obliga a rastrear la trama material, humana e institucional del Chocó de 1728 en los pliegues de un expediente que lo quiso mudo.

El Chocó minero como espacio de rebelión latente

Cuando Barule se sublevó, la provincia del Chocó llevaba apenas cuatro décadas bajo dominio colonial efectivo. La rebelión indígena de 1684, que perturbó gravemente la minería en los distritos del San Juan y del Atrato, fue sofocada dos años después; solo entonces los españoles consolidaron el control del territorio y pudieron expandir la explotación aurífera con cuadrillas de esclavos africanos. La violencia previa había sido considerable: en 1640, indígenas rebeldes del Chocó cruzaron la cordillera y saquearon e incendiaron los pueblos españoles de Anserma, Arma y Cartago. El sometimiento fue tardío y precario, y el Chocó del siglo XVIII conservó siempre el aspecto de una frontera minera.

La estructura extractiva montada sobre ese territorio pacificado tenía rasgos muy definidos. Desde la última década del siglo XVI, el esclavo africano había venido sustituyendo al indígena en las labores mineras, y hacia comienzos del XVIII esa sustitución era ya dominante en el Pacífico. Los empresarios más importantes no eran chocoanos: la provincia dependía administrativamente de Popayán, y desde allí, o desde Buga, Cartago, Cali, Anserma y Santa Fe de Bogotá, los grandes mineros controlaban a distancia sus haberes. El clima húmedo era considerado insalubre para los blancos, y ese pretexto climático encubría una lógica más honda: los amos no vivían donde extraían la riqueza. La familia Mosquera de Popayán, asociada con Francisco de Arboleda Salazar y Bernardo Alonso de Saa, llegó a poseer cerca de doscientos esclavos negros en el Chocó, cifra muy superior a la de otros mineros importantes de la región, que apenas contaban con sesenta o setenta.

El asentamiento típico de este régimen era el real de minas: un caserío provisional, levantado en las inmediaciones de la explotación, compuesto sobre todo por las casas de los esclavos y un puñado de instalaciones para el mayordomo o el administrador. Su precariedad escandalizaba a los funcionarios reales, para quienes los centros urbanos representaban el orden político y el control sobre la población dispersa. Hacia 1712 o 1713, el oidor Aramburu, comisionado para establecer una Caja Real en la provincia de Nóvita y fundar el pueblo de San Felipe de Tamana, observó el estado lamentable de la región: no parecía, escribió, que hubieran pisado allí españoles a pesar de llevar casi cuarenta años siendo explotada. Esa ausencia física del poder blanco es un dato central para entender la rebelión de 1728: quienes debían vigilar a las cuadrillas no estaban en el lugar donde las cuadrillas vivían.

A esa fragilidad institucional se sumaba la porosidad atlántica. El contrabando fue un problema estructural del Chocó colonial: los contactos permanentes con contrabandistas franceses, ingleses y holandeses eran conocidos por las autoridades, y en 1679 piratas ingleses, entre ellos los capitanes John Coxon y John Cooke, habían navegado por el Atrato hasta Quibdó en busca de oro. El Chocó no era un enclave aislado del mundo atlántico esclavista, sino uno de sus bordes activos. Por sus ríos entraban y salían mercancías, oro en polvo, y también hombres —esclavizados de segunda venta, marineros africanos, contrabandistas— que traían noticias, lenguas y experiencias de otros dominios coloniales. El inglés que hablaban Antonio y Matheo Mina no era, en ese contexto, una anomalía: era la huella de un Atlántico permeable.

Cuadrillas: la unidad social que hizo posible la revuelta

La cuadrilla era la célula del régimen minero chocoano, y comprenderla es indispensable para entender a Barule. Las cuadrillas del Pacífico oscilaban normalmente entre cincuenta y doscientos esclavos, aunque algunas podían albergar varios centenares. Dentro de ellas, los propietarios distinguían entre la gente "útil" —los que laboraban efectivamente en el mazamorreo y las labores mineras— y la "chusma": niños, enfermos y ancianos que no producían directamente pero formaban parte del inventario. Esa contabilidad brutal define el horizonte material de la vida esclava en las minas.

Pero la cuadrilla no era solo una unidad de trabajo. Era también, y sobre todo, una unidad social. Los esclavizados formaban familias dentro de su cuadrilla, y cuando eran trasladados, heredados o vendidos, generalmente lo eran como cuadrillas enteras y no como individuos. Esa continuidad forzosa producía una cohesión particular: los vínculos de parentesco, compadrazgo y afinidad se anudaban en el mismo espacio en que se sufría el trabajo forzado. La lealtad a la cuadrilla llegó a tener, para muchos esclavizados, más fuerza cohesionadora que otras formas de afiliación, incluidas las de origen étnico africano.

El costo de mantener una cuadrilla dependía de su tamaño. Las minas que se autoabastecían gastaban entre dieciséis y diecisiete patacones anuales por esclavo; las que dependían de comerciantes externos, hasta treinta. Solo las cuadrillas más numerosas lograban autoabastecerse, mediante una división interna del trabajo que incluía cultivos y pastoreo. Los esclavizados disponían, además, de un día a la semana —usualmente el sábado— para trabajar por su propia cuenta en minería o agricultura; lo que producían les pertenecía, y algunos usaban ese margen para ahorrar y pagar su libertad. En ese resquicio se abría una economía paralela, minúscula pero real, que introducía una diferenciación interna entre los esclavizados y sostenía formas embrionarias de autonomía.

La geografía del Chocó minero potenciaba las condiciones de una rebelión de gran escala. En el partido de Nóvita, la proximidad de las cuadrillas era tal que el superintendente advertía a las autoridades de Popayán que en dos horas podían reunirse más de mil esclavos. Esa cifra, más que un dato estadístico, es una señal del pánico institucional: los funcionarios coloniales veían en la densidad demográfica de las minas una amenaza permanente. El superintendente había solicitado ante el Cabildo de Popayán una guarnición militar permanente de veinte hombres, sostenida por los mineros, y un cabildo abierto celebrado el primero de junio aprobó la petición, aunque solo por un año y con condiciones adicionales. Que la autoridad regional considerara necesaria una fuerza permanente, y que los mineros tuvieran que financiarla, dice mucho sobre el clima de temor que precedió a 1728.

Ese temor tenía fundamento. Para 1782, la población negra representaría casi el 75% de los aproximadamente 35.000 habitantes del Chocó, mientras los blancos apenas alcanzaban el 2% y el resto eran indígenas. La desproporción era estructural: el Chocó era, demográficamente, un territorio negro gobernado a distancia por una minoría blanca ausente. En 1728, cuando estalló la rebelión de Tadó, esa proporción era ya el rasgo definitorio del paisaje humano de las minas.

1728: la insurrección de Tadó

La rebelión estalló en un momento preciso del ciclo económico. La provincia de Popayán —bajo cuya jurisdicción operaba el Chocó— vivía el pico de su producción aurífera. Los quintos reales, que en el quinquenio 1675-1679 habían sido de 51.590 pesos, subieron sostenidamente hasta alcanzar 533.710 pesos en el quinquenio 1725-1729, el máximo registrado del período. Esa curva ascendente significó, en la práctica, una presión creciente sobre las cuadrillas: más esclavos comprados a plazo, más exigencia de extracción, más ausencia efectiva de unos amos absorbidos por la administración a distancia y por los negocios en las ciudades del interior. El Chocó de 1728 era una máquina productiva tensada al límite.

Los detalles minuciosos del alzamiento —cronología día a día, geografía exacta de los ataques, número de rebeldes involucrados— no han llegado con nitidez. Lo que puede reconstruirse es la trama humana. Barule encabezó, junto con otros esclavizados cuyos nombres el expediente registró parcialmente —los Mina, un Chalá, un Nongo, un Nanga—, una sublevación que rompió la disciplina de al menos una cuadrilla en la zona de Tadó y buscó extenderse a otras. El grupo compartía el inglés como lengua vehicular, lo que sugiere que la comunicación interna del movimiento se apoyaba en códigos que los amos españoles no entendían: los rebeldes hablaban entre sí en un idioma opaco para el poder colonial. Ese detalle, aparentemente menor, es decisivo. La rebelión pudo organizarse porque quienes la protagonizaban disponían de un espacio lingüístico propio.

La diversidad étnica de los sublevados es otro dato central. Yorubas y akan compartían cuadrilla y compartían proyecto: la unidad no se hizo sobre una identidad africana común, que no existía, sino sobre la experiencia común de la esclavitud minera y sobre los vínculos construidos en el trabajo cotidiano. Ahí operó la cuadrilla como matriz cohesionadora. Pero esa misma cohesión tenía un doble filo: la lealtad intra-cuadrilla, que hizo posible el alzamiento inicial, también podía dificultar su expansión a cuadrillas vecinas, cuyas propias solidaridades internas no coincidían automáticamente con las de los rebeldes de Tadó. La sublevación fue, por eso, poderosa en su núcleo y vulnerable en sus bordes.

La represión llegó desde Popayán, con el peso institucional que el régimen reservaba a las rebeliones esclavas. Los delitos de sublevación y fuga armada eran castigados con la pena de muerte, y las autoridades aplicaban fórmulas concebidas para producir terror general: descuartizamiento del reo, exhibición de trozos del cuerpo en la picota pública, ocasionalmente arrojar los restos a los ríos. El objetivo declarado era la disuasión, y la ejecución de Barule se inscribió en esa lógica. El expediente que lo condenó personalizó la rebelión en su figura de cabecilla, en parte porque el procedimiento judicial colonial exigía identificar responsables individuales, en parte porque a las autoridades les convenía simbólicamente reducir una amenaza colectiva a un nombre propio. Ejecutar a Barule permitía, al menos en la retórica del poder, extinguir la insurrección con él.

Esa personalización, sin embargo, no debe engañar al lector contemporáneo. La rebelión de Tadó fue posible porque el régimen de cuadrillas concentraba a cientos de esclavizados en condiciones de proximidad, comunicación e insatisfacción compartida. Barule fue el rostro visible; la red que lo sostuvo era estructural.

Una red que el expediente no nombra

La escasa documentación sobrevivida sobre 1728 revela, más por sus silencios que por sus afirmaciones, la existencia de una trama cimarrona más amplia. Varios indicios lo sugieren.

El primero es el uso del inglés. Que hombres esclavizados en el Chocó hablaran inglés implica trayectorias previas por dominios británicos, y la referencia más plausible es Jamaica, isla donde el cimarronaje maroon había alcanzado en las primeras décadas del siglo XVIII una organización militar considerable. Es imposible reconstruir con precisión cómo llegaron esos hombres al San Juan —si por venta secundaria legal, si por contrabando de esclavos, si por captura en operaciones de pirateo—, pero su presencia en Tadó indica que el Chocó estaba conectado con circuitos atlánticos de circulación humana que traían consigo experiencias insurrectas foráneas. Barule pudo haber conocido, a través de sus compañeros, las prácticas del cimarronaje jamaicano; y esa transferencia de saberes, aunque indocumentada, es más probable que la generación espontánea de un repertorio de resistencia.

El segundo indicio es institucional. Antes de 1728, las autoridades ya temían una insurrección de gran escala. La solicitud del superintendente de una guarnición permanente, la aprobación limitada del Cabildo de Popayán, las advertencias reiteradas sobre la posibilidad de reunir mil esclavos en dos horas: todo eso configura un clima de expectativa. Los funcionarios sabían que las condiciones del Chocó minero podían producir un levantamiento, y actuaban en consecuencia. Cuando ocurrió, la rebelión de Tadó no los tomó por sorpresa; los confirmó en sus peores presagios.

El tercero es la geografía cimarrona más amplia del suroccidente. En el valle del Patía, no muy lejos del corredor Popayán-Chocó, surgieron por esos años palenques de esclavos fugitivos. Uno de ellos, El Castigo, fue objeto en 1732 de un intento de reducción pacífica por la Real Audiencia de Quito, que ofreció a sus habitantes paz, libertad y el derecho de vivir tranquilos a condición de no admitir nuevos prófugos —condición que los palenqueros nunca cumplieron. Trece años después, en 1745, una expedición armada al mando de Juan Álvarez Uría y Tomás Hurtado fue enviada contra ese palenque, y en junio de ese año, día de Corpus, el franciscano fray José Joaquín de Barrutieta logró que los fugitivos se rindieran mediante persuasión, en el marco de la operación militar del gobernador José Francisco Carreño. Fray Juan de Santa Gertrudis dejó una versión colonial según la cual El Castigo habría sido fundado por ladrones que, tras hurtar un situado de plata del rey que bajaba de Pasto a Popayán, se habrían refugiado en el paraje guiados por indios de Taminango. Esa versión es parcial y hostil, como todas las de su tiempo, pero confirma que el suroccidente neogranadino estaba salpicado de asentamientos de esclavos fugitivos que las autoridades combatían alternando exterminio y negociación.

Barule no operó en un vacío. Su alzamiento fue un punto en un mapa más amplio de resistencia que incluía palenques del Patía, cuadrillas insubordinadas, cimarronajes individuales y colectivos difícilmente contabilizables. Que el expediente de 1728 no lo nombre así —que lo presente como cabecilla individual de un motín localizado— es una elección del archivo colonial, no un reflejo de la realidad histórica.

El régimen que produjo a Barule

La rebelión de Tadó permite mirar de cerca el régimen esclavista chocoano en su momento de mayor tensión. Es un régimen definido por varias contradicciones internas.

La primera es la del ausentismo. Los grandes mineros no vivían en las minas, y esa distancia física generaba un vacío de autoridad cotidiana que solo parcialmente llenaban administradores, mayordomos y curas. La disciplina descansaba, más que en la presencia armada, en la costumbre, en la coerción intermitente y en la amenaza del castigo ejemplar. Ese sistema funcionó durante décadas, pero produjo también las condiciones para su propio desafío: donde el amo no está, la posibilidad de organizarse crece.

La segunda es la del abastecimiento. Solo las cuadrillas grandes lograban autoabastecerse mediante cultivos y pastoreo internos; las pequeñas dependían de comerciantes externos, y ese flujo introducía intermediarios, mercancías y noticias que atravesaban continuamente los reales de minas. El día libre semanal, en que los esclavizados trabajaban por cuenta propia, abría además una zona de intercambio con la economía regional que erosionaba lentamente la clausura del régimen. La cuadrilla no era una prisión hermética: era una unidad porosa por donde entraban y salían recursos, palabras y personas.

La tercera contradicción es la fiscal. El quinto real, originalmente del 20% sobre la producción minera, fue reduciéndose progresivamente como estímulo a la producción hasta llegar al 3% en 1777. Esa política estimulaba la extracción, pero también el fraude y el contrabando de oro en polvo, y los grandes propietarios payaneses que ejercían el gobierno delegado de la provincia participaban activamente en esa economía sombría. El Chocó estaba atravesado por una lógica de acumulación privada que operaba en los márgenes de la ley colonial, y esa misma lógica —que privilegiaba el volumen extraído sobre cualquier otra consideración— presionaba a las cuadrillas hasta el límite de lo soportable.

En ese régimen contradictorio se produjo Barule. No fue un accidente ni un héroe solitario: fue la manifestación de tensiones estructurales que el sistema mismo había acumulado durante décadas. El pico productivo del quinquenio 1725-1729 no solo generó los mayores ingresos fiscales del ciclo aurífero payanés; también empujó a las cuadrillas a una presión de trabajo que terminó rompiéndose en Tadó.

Después de la horca: los cimarronajes del siglo XVIII

La ejecución de Barule no cerró el problema que su rebelión había expuesto. El cimarronaje siguió siendo, durante el resto del siglo XVIII, una realidad persistente del Pacífico y sus zonas aledañas. En el valle del Patía, paralelamente al avance de la minería y la consolidación de la hacienda ganadera, familias afrodescendientes se apropiaron de predios vacíos entre las haciendas mediante platanares —pequeñas parcelas o unidades económicas domésticas ubicadas al margen de las haciendas o a orillas de los ríos. Junto a esos asentamientos surgieron también palenques, y ambas formas —la parcela intersticial y la comunidad fugitiva— configuraron un mosaico de resistencia territorial que las autoridades nunca lograron erradicar del todo.

La respuesta institucional osciló entre extremos. En 1619, en el Caribe colombiano, algunos grupos de negros cimarrones habían sido declarados libres y se les habían facilitado tierras para laborar; a fines del siglo XVII, en cambio, se había ordenado el exterminio total de palenqueros en otras zonas. Ese vaivén entre negociación y aniquilación siguió operando en el XVIII: la Real Audiencia de Quito ensayó la reducción pacífica de El Castigo en 1732, y trece años después el mismo palenque fue objeto de una expedición militar. Los cimarrones eran, para las autoridades, un problema técnico —cómo devolverlos al trabajo forzado o suprimirlos— antes que un adversario político legítimo.

Hacia 1721, don Juan de Herrera expresó el temor a una sublevación en Cartagena, y las autoridades reconocían que las comunidades de cimarrones generaban gran inquietud, aunque los expedientes rara vez desarrollaban por escrito la profundidad de ese miedo. En los grandes movimientos de esclavos del siglo XVIII se leyó, con recurrencia, la posibilidad de una insurrección general de la población de color, con eventual concurso indígena, contra la esclavitud y las autoridades coloniales. Ese horizonte —temido por unos, quizá vislumbrado por otros— estaba inscrito en la propia demografía del Chocó y del suroccidente, y da la medida política en que operaban rebeldes como Barule.

Los cimarronajes del XVIII no formaron un movimiento unificado. Fueron insurrecciones locales, fugas individuales, palenques dispersos, resistencias cotidianas dentro de las cuadrillas. Pero configuraron un sedimento histórico sobre el que se construyó, después de la abolición de 1852, la segunda etapa de poblamiento afrodescendiente del Pacífico, cuando las comunidades negras expandieron sus actividades hacia la explotación del caucho, la tagua y otros recursos en los ríos que las cuadrillas no habían colonizado. La libertad legal encontró, en esa geografía, un tejido humano previo que ya había aprendido a habitar los márgenes del régimen esclavista.

La huella de un nombre

Barule sobrevivió en la memoria por vías indirectas. El expediente que lo condenó fue, paradójicamente, el vehículo que llevó su nombre hasta la historiografía contemporánea del cimarronaje. Sin ese archivo hostil no sabríamos de él, y sin embargo el archivo hostil es también lo que hace difícil escribir su biografía: cada dato disponible pasó por el tamiz del poder que lo mató.

La historia afrocolombiana del siglo XX y XXI ha reclamado a Barule como referencia central de la agencia negra en la Colonia. Esa recuperación coincidió con procesos jurídicos y políticos de largo aliento: la Constitución de 1991 y la Ley 70 de 1993 marcaron un hito en el acceso a la propiedad colectiva de la tierra para las comunidades negras colombianas, cuyos procesos de poblamiento se remontan a la llegada forzada desde África y encuentran en el cimarronaje una genealogía política reivindicada. Hoy, en el Pacífico colombiano, más de 850.000 afrodescendientes viven organizados en territorios colectivos de comunidades negras que abarcan varios millones de hectáreas. Esa cartografía contemporánea no es descendiente directa de la rebelión de Tadó, pero se inscribe en la misma línea larga de disputa por la autonomía territorial y política que empezó, entre otros nudos, en el Chocó de 1728.

Nombrar a Barule tiene, en esa línea, un peso específico. No se trata de convertirlo en símbolo descarnado ni en héroe fundacional de una identidad estable —esas operaciones repiten, invertidas, la lógica del expediente colonial que lo personalizó—. Se trata de reconocer que su rebelión, con todas sus opacidades documentales, con sus vínculos jamaicanos indescifrables, con la mezcla de matrices africanas que reunió y con el desenlace violento que la clausuró, forma parte constitutiva de la historia colombiana. Barule no fue un episodio marginal del Chocó minero: fue una consecuencia previsible, y a la vez irreductible, del régimen que las coronas europeas montaron sobre los ríos del Pacífico.

La escasez de datos sobre él no debe traducirse en silencio ni en invención compensatoria. La biografía que puede escribirse sobre Barule es, por necesidad, oblicua: se apoya en la estructura del régimen esclavista, en la red de sus compañeros, en la geografía del San Juan y del Atrato, en los ecos que su rebelión dejó en las autoridades coloniales y en las resistencias posteriores. En esa oblicuidad reside también su fuerza. Barule pertenece a esa clase de figuras históricas cuya importancia se mide no tanto por lo que se puede saber de ellas como por lo que su sola existencia obliga a replantear en la narrativa general. En su caso, obliga a mirar el ciclo aurífero payanés no solo como una etapa de la economía neogranadina sino como un régimen de dominación humana que produjo, en su propio centro y contra su propia voluntad, las condiciones de su desafío.

De la horca de 1728 al mapa de los territorios colectivos del Pacífico contemporáneo hay tres siglos y muchas violencias intermedias. La línea que conecta esos dos extremos no es recta ni continua, pero pasa por Tadó. Pasa por un hombre del que apenas conocemos el nombre y que, con eso, basta para que la historia de Colombia lo tenga que contar.