Insurrección de Barule en el Chocó (1728)

Insurrección de Barule en el Chocó (1728)

En julio de 1728, en el partido minero de Nóvita, sobre la vertiente del río San Juan, el esclavo Barule encabezó una sublevación de cuadrillas que puso en vilo el orden colonial del Chocó y obligó al cabildo abierto de Popayán, reunido el 1 de junio de ese año, a autorizar una guarnición armada de veinte hombres, por el término de un año, para sofocar el movimiento. La rebelión, protagonizada por esclavos entre los que figuraban bozales recién introducidos por el asiento inglés y criollos con vínculos jamaicanos, estalló en el momento de mayor rentabilidad de la minería aurífera chocoana y expuso, con crudeza, un régimen extractivo en el que la Corona había cedido la coerción sobre los esclavos a los propios mineros de Popayán, dueños simultáneos de las cuadrillas, del gobierno delegado de la provincia y de la respuesta represiva. Aunque el movimiento fue rápidamente sofocado, sus repercusiones se prolongaron en los procesos judiciales, denuncias de contrabando y crisis administrativas que sacudieron el Chocó hasta 1730.

El mundo del oro y las cuadrillas: el Chocó entre 1690 y 1728

El Chocó donde estalló la rebelión de Barule era una periferia minera de reciente conquista. Selva húmeda articulada por los ríos San Juan y Atrato, apenas integrada al orden colonial, era vista desde Popayán como frontera de expansión aurífera. Los indígenas de la región habían resistido durante décadas: en 1640 no solo cerraron las minas chocoanas sino que cruzaron la cordillera occidental para saquear e incendiar los pueblos españoles de Anserma, Arma y Cartago. Los jesuitas, que habían llegado al río San Juan hacia 1624, tardaron cerca de treinta años en obtener algún fruto misional; los franciscanos que intentaron establecerse en el Atrato fueron rechazados desde la década de 1640 durante casi tres décadas. Las reducciones de mediados de la década de 1660, encomendadas a Simón Amigo y Luis Antonio de la Cueva, fracasaron en parte porque los indígenas, familiarizados desde antes con bienes europeos por otras vías de contacto, tenían pocos incentivos para someterse al régimen misional y sostener a los frailes.

Solo hacia 1670 empresarios del Cauca comenzaron una minería de pequeña escala en la cuenca del San Juan, mientras los antioqueños se aventuraban por algunos tributarios del Atrato. Una insurrección indígena en 1684 volvió a sacudir ambos distritos, y hacia 1686 los españoles habrían sometido, con alcance desigual, el territorio chocoano. Desde ese momento la explotación se intensificó, y el trabajo minero pasó a depender crecientemente de esclavos africanos: la mano de obra indígena, diezmada por la caída demográfica y protegida en teoría por restricciones renovadas, fue reemplazada hacia finales del siglo XVII por cuadrillas de negros traídos desde Cartagena.

La ocupación había sido, además, jurisdiccionalmente confusa desde el principio. Una real orden de 1666 confió el sometimiento del Chocó simultáneamente a las audiencias de Quito y Santa Fe y a las gobernaciones de Popayán, Antioquia, Panamá y Cartagena, sembrando el terreno para conflictos de competencia que se extenderían durante décadas. En la práctica, el Chocó cayó bajo la órbita administrativa y económica de Popayán, cuya élite (los hermanos Cristóbal, Jacinto y Nicolás Mosquera Figueroa, Francisco de Arboleda Salazar, Bernardo Alonso de Saa) acumuló allí las mayores explotaciones. Estos propietarios reunían conjuntamente cerca de doscientos esclavos negros en el Chocó, mientras que los mineros más importantes de la región alcanzaban apenas sesenta o setenta; en toda la provincia había entonces alrededor de setecientos esclavos negros.

La coincidencia entre esta consolidación oligárquica y el ciclo aurífero fue temprana y decisiva. El agotamiento de los distritos de Guamocó y Zaragoza en Antioquia hacia 1660 había marcado el fin del primer ciclo minero neogranadino, y el desplazamiento de cuadrillas hacia el Pacífico abrió un segundo ciclo cuyo motor fue el Chocó. Las cifras de quintos muestran una producción de oro en Popayán muy baja entre 1660 y 1700 y una recuperación sostenida en las primeras décadas del siglo XVIII, hasta alcanzar en el quinquenio 1725-1729 los 533.710 pesos oro de 22,5 quilates, el pico visible de la serie. La rebelión de Barule estalló, no por casualidad, en la cresta misma de ese auge.

La cuadrilla: unidad productiva y semilla de la insurrección

Para entender lo que ocurrió en Nóvita en 1728 hay que comprender la unidad social sobre la cual se levantaba el edificio minero: la cuadrilla. Una cuadrilla oscilaba normalmente entre 50 y 200 esclavos, aunque algunas llegaron a varios cientos. No era solo un instrumento de trabajo, sino una comunidad: los esclavos eran vendidos, heredados o trasladados entre minas casi siempre como cuadrillas enteras, y la mayoría formaba familias dentro de esa misma unidad. Los propietarios distinguían internamente a la gente "útil", los trabajadores activos, de la "chusma", los niños, enfermos y ancianos, cuya presencia sugiere una cierta reproducción interna de la población esclava en el Chocó.

Solo las cuadrillas más numerosas podían autoabastecerse, pues la división del trabajo que exigía cultivar, pastorear y extraer oro simultáneamente requería un elevado número de brazos. En las minas autosuficientes el costo anual de manutención por esclavo era de 16 a 17 patacones de oro; en las que dependían de comerciantes externos, ese costo se disparaba a 30 patacones, en una región donde los alimentos, carnes, aves y comestibles no se cultivaban ni criaban localmente y debían entrar a hombros de cargueros por caminos ásperos y a precios excesivos. El transporte era tan arriesgado que los comerciantes testaban y se confesaban antes de emprenderlo. La lógica productiva empujaba, por tanto, hacia cuadrillas grandes y concentradas, capaces de absorber esa carga logística.

Esa lógica tuvo una consecuencia no calculada: la concentración misma de esclavos multiplicó la capacidad de acción colectiva. El superintendente de Nóvita lo formuló con precisión al advertir que en su partido había "muchas y numerosas cuadrillas, inmediatas unas de otras, de tal suerte que en dos horas podían unirse más de mil esclavos". La geografía del oro, con sus placeres aluviales dispersos a lo largo de los ríos, había producido un archipiélago de cuadrillas contiguas, cada una una comunidad, y todas ellas capaces, dado el aviso adecuado, de converger.

La composición étnica de esas cuadrillas era diversa y en principio fragmentaria. En 1728 aparecían entre los rebeldes apellidos que remitían a distintas procedencias africanas —Chalá, Nongo, Mina, Nanga, Barule—, con raíces sugeridas en pueblos de habla yoruba y akan. Pero la cuadrilla tenía un poder cohesionador que superaba las afiliaciones étnicas originarias: los esclavos formaban en ella sus familias, aprendían el español, se transmitían saberes, y algunas mujeres alcanzaban posiciones de autoridad reconocidas tanto en el ámbito doméstico como en la unidad productiva. La rebelión de Barule no procedió de una etnia enfrentada a otra, ni fue una insurrección importada desde África: estalló como comunidad forjada en el interior mismo del sistema minero.

Utrecht, el asiento inglés y la llegada de los bozales

El elemento coyuntural que precipitó la crisis vino de la política atlántica. El Tratado de Utrecht, firmado en 1713, entregó a los ingleses el monopolio de la trata de esclavos hacia las colonias españolas. El asiento había pasado antes brevemente a los franceses tras la instalación borbónica en el trono, y ahora abría el período más intenso de introducción de africanos al Chocó, que se extendió aproximadamente entre 1715 y 1740. La coincidencia con el pico de producción aurífera de Popayán fue exacta.

Cartagena de Indias funcionó, como venía haciéndolo desde el siglo XVI, de puerto distribuidor. Desde allí los esclavos ascendían por el Magdalena y el Cauca hacia Santa Fe, Antioquia, Cali, Popayán y el Chocó. Los navíos ingleses de permisión aprovechaban el tráfico legal para introducir simultáneamente mercancías de contrabando, un doble comercio que erosionaba el monopolio hispánico y multiplicaba los circuitos ilegales que atravesarían todo el ciclo chocoano. Los precios variaban según los asientos: bajo el asiento portugués un esclavo adulto en Cartagena costaba en promedio 270 pesos, y las cifras se movieron marcadamente durante el asiento inglés.

Entre los esclavos comprometidos en la insurrección de Nóvita figuraban Antonio y Matheo Mina, que hablaban tanto inglés como español, un bilingüismo que apuntaba a una asociación previa con Jamaica, principal factoría inglesa en el Caribe, y a un tiempo relativamente largo de residencia en el Chocó. La designación "insurrección de bozales" con la que a veces se ha rotulado el movimiento simplifica lo que fue en realidad una mezcla: africanos de reciente entrada junto a esclavos que ya habían circulado por otras jurisdicciones coloniales, hablaban lenguas europeas y conocían de cerca la trata inglesa. La cuadrilla los había amalgamado.

Esa amalgama, sin embargo, no bastaba para explicar la respuesta institucional. Para entender por qué el aviso del superintendente activó un cabildo abierto en Popayán y no una intervención de la Corona, hay que subir un piso en la arquitectura del poder.

El régimen delegado: Popayán como matriz política del Chocó

Formalmente la región estaba bajo la Corona; en la práctica, la administración local operaba como una extensión de los intereses mineros de Popayán. Los hermanos Mosquera, Francisco de Arboleda Salazar y Bernardo Alonso de Saa, los mayores propietarios de esclavos en el Chocó, ejercieron cada uno a su turno el gobierno delegado de la provincia payanesa. El poder político y el poder económico coincidían en las mismas personas, y su monopolio sobre las minas chocoanas derivaba simultáneamente de la magnitud de sus cuadrillas y de la posición institucional que ocupaban.

Las tierras bajas del Pacífico, el Chocó y Barbacoas, eran explotadas mediante minería esclavista por estos propietarios payaneses, y las haciendas del valle del Cauca les proveían de alimentos y bastimentos. Popayán, como capital de la gobernación, se consolidó en la primera mitad del siglo XVIII como un centro esclavista, terrateniente y minero, cuya cercanía a las autoridades metropolitanas facilitaba tanto la protección legal de sus intereses como la evasión fiscal. Que los propietarios de las minas chocoanas controlaran simultáneamente la administración local creó las condiciones para que el fraude fiscal alcanzara, en palabras del propio período, proporciones escandalosas: las cifras de quintos son unánimemente reconocidas como indicadores de tendencia y no de producción real, y la producción efectiva pudo ser entre la mitad y un tercio mayor de la acuñada oficialmente. El impuesto sobre el oro, ante la evidencia del contrabando incontenible, fue reducido progresivamente hasta llegar al 3% en 1777.

La Corona intentó intervenir. Desde 1713 el oidor Aramburu fue comisionado para asentar poblamiento y establecer una Caja Real en el Chocó; al llegar observó, con la sorpresa de quien constata un vacío, que la provincia parecía no haber sido pisada por españoles a pesar de casi cuarenta años de explotación aurífera. La región fue erigida sucesivamente en superintendencia bajo control de la Audiencia de Santa Fe y luego en gobernación, esfuerzos administrativos que buscaban recuperar soberanía directa y contener el contrabando. El resultado fue paradójico: los propios agentes enviados a controlar la periferia fueron capturados por sus circuitos ilegales. El oidor don Mateo de Yepes y de la Cuadra sería acusado abiertamente por mineros del Chocó de introducir más de cien tercios de mercancías de contrabando durante un período de diez años sin galeones ni armada en América. Y en marzo de 1730, dos años después de la rebelión de Barule, el gobernador Francisco Ibero sería aprisionado por el oidor Martínez Malo, denunciado por mineros y comerciantes tras el desembarco de un navío holandés en las bocas del Atrato y las negociaciones que había iniciado con los extranjeros en Citará. La facción que actuó contra Ibero estaba encabezada por don Julián Trespalacio, antiguo superintendente de Nóvita: los mismos actores que en 1728 habían pedido guarnición contra los esclavos, en 1730 movían el aparato judicial contra el gobernador.

La insurrección: Nóvita, Tadó, Barule

Fue en ese entramado (cuadrillas grandes y contiguas, boom aurífero, entrada masiva de bozales por el asiento inglés, administración capturada por los mineros de Popayán) donde estalló la rebelión de 1728. Los detalles conservados son parcos pero elocuentes. El foco principal se ubicó en el partido de Nóvita, sobre la cuenca del San Juan; Tadó y Citará, esta última sobre el Atrato, aparecen como los otros vértices del espacio minero involucrado. El líder fue Barule, esclavo de una de las cuadrillas del partido. Los apellidos de los protagonistas identificados —Chalá, Nongo, Mina, Nanga— sugieren una coalición que atravesaba distintas procedencias africanas, unificadas por la vecindad geográfica y la comunidad de trabajo.

La alarma del superintendente de Nóvita fue inmediata y precisa. En su reporte a Popayán no describió una insurrección en curso a gran escala sino la capacidad latente de movilización: en dos horas podían unirse más de mil esclavos. Esa cifra, comparada con la totalidad de setecientos esclavos negros que la provincia tenía apenas décadas antes, muestra el crecimiento acelerado de la población esclava del Chocó bajo el asiento inglés y expone al mismo tiempo la desproporción entre la masa esclavizada y las fuerzas coercitivas disponibles. El superintendente no podía sofocar el movimiento con sus propios medios: pidió a Popayán que los mineros contribuyeran a mantener veinte hombres de guarnición permanente.

El pedido fue procesado por la vía que definía al régimen delegado. El 1 de junio de 1728 se celebró en Popayán un cabildo abierto, la reunión ampliada de vecinos con derecho a voz en asuntos de la ciudad, para discutir la solicitud. Los mismos propietarios que poseían las cuadrillas rebeladas, o cuadrillas contiguas a ellas, deliberaron sobre la represión de sus propios esclavos. Aprobaron la guarnición, pero solo por el término de un año, condicionada a revisión posterior según las circunstancias. La decisión revela la mecánica del sistema: la Corona no pagaba la fuerza; los mineros la costeaban directamente, y por eso la dosificaban. La represión era un gasto operativo de la explotación, no una función del Estado.

La suerte precisa de Barule y sus compañeros no quedó registrada en detalle, pero el marco legal era inequívoco. Las autoridades coloniales castigaban con la muerte los delitos graves de los esclavos —rebelión, fuga armada— y la ejecución no buscaba solo eliminar al culpable sino producir terror general: el descuartizamiento del cuerpo, la exhibición de los restos en la picota o su arrojamiento a los ríos formaban parte de una pedagogía del miedo dirigida a las cuadrillas vecinas. En un partido donde mil esclavos podían unirse en dos horas, la disuasión era el único cerrojo disponible.

Suicidio, infanticidio, sublevación: la gramática de la resistencia

La rebelión de Barule expresó, en su forma más visible, un repertorio amplio de resistencia esclava en el Chocó. Los casos de infanticidio y suicidio se registraban con frecuencia; los inculpados declaraban ante las autoridades que actuaban para librarse a sí mismos, o para liberar a sus hijos, de la esclavitud. Muchos esclavos se suicidaban al ser capturados en África para evitar el cautiverio, y durante la travesía atlántica los barcos negreros llegaron a instalar redes para impedir que los cautivos se lanzaran al mar. El suicidio y el infanticidio eran actos individuales; la fuga y la sublevación, colectivos. Todos formaban parte de la misma ecuación.

Los movimientos amplios de esclavos del siglo XVIII apuntaban a provocar una insurrección general de la población de color, con eventual participación indígena, contra la esclavitud y las autoridades coloniales. Hacia 1721, don Juan de Herrera expresaba desde Cartagena el temor a una sublevación en la ciudad, en un contexto en que las comunidades palenqueras cercanas representaban una amenaza permanente. El horizonte de la insurrección general estaba, así, en la conciencia de las autoridades cuando estalló Nóvita siete años después.

Pero el Chocó tenía una topografía distinta al Caribe. Los palenques del entorno de Cartagena eran comunidades cimarronas estables, insertas en un paisaje agrícola y en rutas comerciales controlables. En el Chocó, la selva era casi impenetrable, la fuga individual era relativamente fácil pero la formación de palenques estables se veía dificultada por la propia geografía —ríos que exigen canoa, terreno inundable, ausencia de tierras aptas para cultivo permanente en muchas áreas— y por la dependencia alimentaria de los mismos circuitos que abastecían las minas. La resistencia chocoana tomó, por eso, la forma que Barule encarnó: no la fuga a un palenque, sino la conjunción de cuadrillas contiguas para golpear el sistema por dentro.

Rentabilidad, contrabando y los límites del crecimiento

La rebelión ocurrió en el momento en que la economía chocoana producía más oro que nunca. Los cálculos sobre rentabilidad de la minería en el Chocó del siglo XVIII arrojan resultados que dependen críticamente de los supuestos sobre contrabando. Sin considerar salidas ilegales, la rentabilidad alcanzó el 9% en 1724, pero fue negativa o inferior al 5% en otros períodos. Si se asume que la mitad de la producción salía como contrabando, hipótesis altamente probable dada la documentación de la época, la tasa de 1724 se eleva al 34,32%. La minería fue en conjunto rentable, con fluctuaciones importantes.

El contrabando operaba como motor, no como grieta. Los altos costos de abastecimiento, el patacón contra el patacón, treinta contra dieciséis, consumían buena parte de las ganancias declaradas, y solo la evasión del quinto (20% del producto) permitía márgenes atractivos para los mineros de Popayán. El Chocó mantenía contactos permanentes con contrabandistas franceses, ingleses y holandeses; en la última década del siglo XVII, piratas ingleses ya operaban en el Atrato en busca de oro, y la práctica no cesó. El caso del gobernador Ibero en 1730 fue la punta visible de una red establecida.

El fiscal Moreno y Escandón, décadas más tarde, formularía con lucidez el diagnóstico estructural: los altos costos de abastecimiento agrícola consumían las ganancias del minero, impidiéndole acumular capital para aumentar la saca de oro, engrosar cuadrillas o financiar nuevos descubrimientos. La minería chocoana, aluvial e intensiva en mano de obra esclava, tenía un techo estructural que el aumento paulatino de esclavos no lograba superar. La coyuntura de máxima rentabilidad de 1725-1729 presionaba, por eso mismo, hacia una explotación más intensa de cuadrillas ya numerosas: es plausible que esa intensificación, en un momento de entrada masiva de bozales todavía no plenamente adaptados a la disciplina minera, haya reducido los márgenes de negociación informal entre amos y esclavos que en tiempos de menor presión permitían amortiguar la tensión.

Después de 1728: mita abolida, gobernador preso, régimen intacto

La rebelión de Barule fue sofocada, pero sus repercusiones se prolongaron. En 1729 la Corona abolió definitivamente la mita minera, un cambio que afectó más a los mineros de plata de Mariquita y Pamplona que a los del Cauca, Antioquia y Chocó: estos últimos, con su combinación ya consolidada de trabajo esclavo negro y trabajo indígena residual, sortearon mejor la transición. El fin de la mita reforzó, de hecho, la centralidad del esclavo africano en el modelo productivo chocoano, y con ella la centralidad del asiento inglés y de los circuitos de Cartagena.

En marzo de 1730, dos años después del cabildo abierto que había autorizado la guarnición, el gobernador Francisco Ibero fue apresado por el oidor Martínez Malo tras la denuncia de los mineros. El desembarco de un navío holandés en las bocas del Atrato y los negocios iniciados por el gobernador con los extranjeros en Citará fueron los cargos concretos, pero el proceso estaba impulsado por la facción de Julián Trespalacio, antiguo superintendente de Nóvita, el mismo puesto desde el cual, dos años antes, se había pedido a Popayán la guarnición contra Barule. El mismo tejido de actores administraba la represión de los esclavos y la disciplina interna del bloque minero.

El resultado neto fue una preservación del régimen. Los intentos coronarios de recuperar soberanía directa —comisión de Aramburu, superintendencia, gobernación, abolición de la mita— fracasaron en su objetivo declarado: la administración del Chocó siguió capturada por los intereses de Popayán, el contrabando continuó, y las cuadrillas siguieron creciendo hasta un techo que solo décadas después se manifestaría con claridad. La rebelión de Barule no cambió el sistema; lo iluminó.

Por qué importa

La insurrección de 1728 no fue una revuelta como las que estallarían en el Caribe francés a finales del siglo, ni una gesta cimarrona como la de Benkos Biohó en San Basilio. Fue algo más modesto y, precisamente por eso, más revelador: una amenaza de acción colectiva, sofocada antes de convertirse en batalla, que obligó al sistema a exhibir sus mecanismos.

Lo que quedó expuesto fue una arquitectura peculiar. El Estado español no gobernaba directamente el Chocó: no lo poblaba, no lo policiaba, no lo abastecía, y apenas cobraba, mal, sus quintos. La coerción sobre los esclavos, condición misma de la extracción aurífera, había sido delegada de hecho a los propietarios de las cuadrillas, que ejercían simultáneamente el gobierno delegado de la provincia y pagaban de su bolsillo la fuerza represiva. Cuando esa delegación se mostró insuficiente, el mecanismo institucional de respuesta fue el cabildo abierto de Popayán, donde los mismos propietarios votaron la financiación de veinte hombres armados, y solo por un año. En el Chocó de 1728, el Estado era el nombre que tomaba el acuerdo entre los mineros de Popayán.

Barule y los suyos actuaron en el punto exacto donde esa arquitectura producía su contradicción interna: la misma proximidad de cuadrillas que hacía viable la producción hacía posible la conjura. Que la respuesta se limitara a veinte hombres por doce meses no revela mezquindad sino cálculo: los propietarios sabían medir hasta dónde llegaba el riesgo, y hasta dónde su bolsillo. Un año fue el precio que estimaron para el susto. Trespalacio, dos años más tarde, usaría el mismo aparato para deshacerse del gobernador Ibero. El engranaje seguía aceitado.

De la vida posterior de Barule no queda constancia. Queda, sí, la frase del superintendente sobre las dos horas y los mil esclavos, la fecha del cabildo, los apellidos Chalá y Nongo y Mina y Nanga en los expedientes, el inglés hablado por Antonio y Matheo. Materiales magros para reconstruir una biografía, suficientes para fijar el momento en que una periferia aurífera se miró a sí misma en el espejo de sus esclavos y reconoció, sin decirlo, que su orden se sostenía sobre un equilibrio de dos horas.