Restablecimiento del Virreinato de la Nueva Granada y gobierno de Eslava (1739–1750)

Restablecimiento del Virreinato de la Nueva Granada y gobierno de Eslava (1739–1750)

En 1739, tras quince años de haber sido suprimido, el Virreinato del Nuevo Reino de Granada fue restablecido por la Corona española. La decisión, adoptada en vísperas de una guerra con Inglaterra que estallaría ese mismo año, no fue un ajuste burocrático sino una respuesta militar y fiscal: el Caribe hispano estaba a punto de ser atacado y Santafé necesitaba una autoridad capaz de coordinar la defensa, articular las rentas dispersas y proyectar el poder real sobre un territorio inmenso e insubordinado. El primer virrey nombrado tras la reinstauración, Sebastián de Eslava y Lazaga, llegó a Cartagena y desde allí gobernó los años decisivos: resistió con Blas de Lezo el sitio de Edward Vernon en 1741, alentó la fundación de veintidós pueblos en el Bajo Magdalena, dejó una relación de mando —la de 1751— que se convertiría en uno de los documentos más citados del siglo, y sometió el resto de su actuación al escrutinio del juicio de residencia. Entre 1739 y 1750, el Estado colonial en la Nueva Granada se militarizó, extendió su presencia territorial y quedó, sin embargo, atrapado en las mismas trabas fiscales que ya habían hundido al primer virreinato: contrabando, fraude minero, evasión de estancos y una hacienda perpetuamente insolvente.

El primer virreinato y su fracaso: la herencia de 1717–1724

El Virreinato del Nuevo Reino de Granada había sido creado en 1717 como primera gran manifestación del reformismo borbónico en la administración indiana. La medida respondía a dos preocupaciones simultáneas: la guerra —y el temor a nuevas guerras— con Inglaterra, que exigía consolidar el mando en el Caribe suroccidental, y el desorden crónico de la Audiencia de Santafé, un tribunal desgarrado por disensiones internas en el que cada oidor veía a sus colegas como rivales y se apoyaba en su propia facción clientelar de comerciantes, terratenientes y allegados provinciales. Jorge de Villalonga, primer virrey reconocido, llegó a la sede en 1719 con jurisdicción sobre el occidente de la actual Colombia y gran parte de los territorios de los actuales Ecuador y Venezuela, y capital en Santafé de Bogotá.

Casi de inmediato, el Cabildo de Cartagena representó ante la Corona en 1719 que la cabeza del virreinato debía funcionar en su ciudad y no en Santafé. El argumento era geopolítico: el verdadero eje del dominio debía ser caribeño e integrar Caracas, Cumaná, Margarita, Trinidad, la isla Española, Tierra Firme, Panamá y Veraguas, con Cartagena como nudo. El altiplano andino, aislado y de acceso penoso, quedaba lejos de las rutas atlánticas y de la amenaza inglesa. El debate no se saldó a favor de la costa, pero fijó una fractura que atravesaría todo el siglo: la sede administrativa quedó en la sabana, mientras el nervio militar y comercial siguió latiendo en el puerto.

Villalonga gobernó poco y mal. Su rivalidad con Antonio de la Pedrosa y Guerrero, comisionado regio previo a su llegada, dividió a la élite santafereña: Pedrosa culpaba a los Flórez y su parentela de irregularidades administrativas, mientras Villalonga consideraba a los habitantes de la Nueva Granada excesivamente sumisos para haber participado en golpe alguno. Más grave fue su diagnóstico final: en carta a Madrid, el propio virrey recomendó suprimir la institución alegando la escasa infraestructura de la región, a la que describió como la colonia más pobre del Imperio español. La recomendación se impuso. En 1724 el virreinato fue disuelto y Antonio Manso Maldonado asumió como presidente de Nueva Granada; la autoridad administrativa volvía, como antes de 1717, a residir en la presidencia asociada a la Audiencia.

La supresión dejó una lección incómoda: la Corona podía crear un virreinato con la firma de una cédula, pero no podía dotarlo de las rentas necesarias para sostenerlo. La colonia era, en efecto, pobre —o, más exactamente, aparentaba serlo—: los quintos del oro no llegaban a las cajas, los estancos rendían poco, el contrabando corría por costas y ríos, y las cajas reales, que habían crecido de catorce en 1608 a veintiocho en 1628 para controlar la percepción de tributos en regiones remotas, se sostenían con dificultad allí donde la minería había decaído, como en Cartago, Remedios, Cáceres y Zaragoza. El Estado no podía pagarse a sí mismo.

El detonante caribeño: guerra, Utrecht y contrabando

Lo que devolvió sentido político al virreinato fue la guerra. Desde el Tratado de Utrecht de 1713, España había salido debilitada del reordenamiento europeo, obligada a ceder territorios y a conceder a Inglaterra el derecho de abastecer de esclavos a las Indias mediante el llamado asiento. El privilegio incluía la autorización para que un buque de abastecimientos acompañara a los negreros, y ese buque —siempre el mismo en el papel, siempre renovado en los hechos— se convirtió en la puerta legal por la que el contrabando británico entró en el Caribe hispano. La pérdida de control comercial fue simultánea a la pérdida de reputación militar: Utrecht había señalado a España como imperio vulnerable, y los ingleses, dueños del asiento, veían las Indias hispanas como un mercado a medio conquistar.

En 1739 estalló la Guerra del Asiento —conocida en la historiografía anglosajona como War of Jenkins' Ear—, primera fase de un conflicto que se prolongaría hasta 1748. La estrategia inglesa era clara: golpear los grandes puertos hispanos del Caribe para desarticular el sistema de flotas y galeones, y el objetivo prioritario era Cartagena de Indias, llave del comercio suramericano y sede de la Casa de Contratación local. Frente a ese horizonte, Felipe V y sus ministros —en particular José del Campillo y Cossío, y luego el marqués de la Ensenada— comprendieron que la presidencia de Santafé no bastaba. Se requería un virrey con autoridad militar plena, capaz de residir donde hiciera falta y de coordinar tropas, rentas y milicias desde una sola mano. El virreinato fue restablecido por real cédula de 1739 y Sebastián de Eslava y Lazaga, militar de carrera, fue nombrado virrey. Su primera decisión fue significativa: en vez de dirigirse a Santafé, se instaló en Cartagena.

El sitio de 1741: la prueba del virreinato

En marzo de 1741, la flota del almirante Edward Vernon apareció ante Cartagena. Era la mayor armada que hasta entonces había cruzado el Atlántico contra una posesión española: más de ciento ochenta buques, cerca de veintisiete mil hombres, más de siete soldados ingleses por cada defensor. La ciudad disponía de apenas cuatro mil hombres entre blancos, indios y negros. El mando militar estaba en manos de don Blas de Lezo, comandante de la plaza, veterano al que las crónicas del período llamaron el hombre más averiado de todas las milicias del mundo por las mutilaciones acumuladas en cuarenta años de guerras; había combatido en Gibraltar en 1704, curiosamente en el bando contrario al de Vernon.

Que el virrey se encontrara en Cartagena durante el sitio era una anomalía institucional. La costumbre indicaba que residiera en la capital administrativa; su presencia en la ciudad amenazada fue calificada por los contemporáneos como cosa inusitada, y elevó tanto la moral de los defensores como el interés ofensivo de los ingleses, que veían a su alcance la cabeza del virreinato entero.

El avance inicial de Vernon fue arrollador: cayeron las baterías exteriores, se abrió paso por Bocachica y sus tropas desembarcaron en las inmediaciones del Castillo de San Felipe de Barajas, baluarte estratégico que dominaba la ciudad. En Inglaterra, la noticia del avance provocó celebraciones prematuras: se acuñaron monedas con la efigie de Vernon, se bautizaron plazas con su nombre, se dio por hecho el dominio inminente del Caribe. Pero el asalto final al castillo se estrelló. Tras un cañoneo intenso los ingleses no lograron abrir brecha; cuando lanzaron el ataque con escalas, éstas resultaron cortas —el foso era más profundo de lo calculado— y una carga de bayoneta ordenada desde la fortaleza rechazó a los asaltantes. Las bajas fueron cuantiosas. La flota, diezmada además por la fiebre amarilla que estalló en sus tripulaciones, se retiró.

La defensa de Cartagena tuvo consecuencias que excedieron el episodio. Reafirmó ante Madrid que la sede virreinal debía sostenerse con recursos militares serios; justificó a posteriori el restablecimiento de 1739 y sepultó cualquier tentación de suprimir de nuevo el virreinato; y trasladó a Santafé, en los años siguientes, a los primeros virreyes permanentes, que rindieron informes alarmantes sobre las precarias condiciones defensivas del interior. La victoria de 1741 no era garantía: si Vernon había fallado, otro podía intentarlo, y las defensas de Portobelo, Panamá, Santa Marta y Riohacha eran mucho más frágiles que las de Cartagena.

Eslava gobernador: entre el mando militar y la firma administrativa

Terminado el sitio, Eslava continuó gobernando desde Cartagena. Su virreinato se organizó, en la práctica, como un mando bifronte: en la costa se concentraban las decisiones militares, diplomáticas y comerciales; en Santafé, la Audiencia y la presidencia despachaban lo cotidiano bajo su firma remota. Los nombramientos, las provisiones y los autos que llevan el sello de Eslava aparecen suscritos en Cartagena a lo largo de toda la década de 1740, y ese hecho —aparentemente menor— refleja una decisión política: mientras durara la guerra con Inglaterra, el centro de gravedad del virreinato estaría en el Caribe.

La firma más significativa de esos años lleva fecha del 26 de octubre de 1743: en Cartagena, Eslava nombró a José Fernando de Mier y Guerra maestre de campo con mando en toda la provincia de Santa Marta. Mier y Guerra era rico hacendado y comandante de las milicias urbanas de la provincia; el nombramiento formalizaba una alianza entre la Corona y una figura de la aristocracia regional que ya ejercía, en los hechos, un poder considerable sobre el Bajo Magdalena. El sucesor de Eslava, José Alfonso Pizarro, confirmaría el nombramiento el 13 de octubre de 1752, señal de que la fórmula funcionaba.

Al margen del frente militar, el gobierno de Eslava dio continuidad a las prácticas administrativas de siempre. En sus autos aparece el repartimiento de indios para labores de minas —de oro, plata y azogue— y para chácaras, práctica vigente que sería después objeto de examen en el juicio de residencia: los interrogatorios preguntaron sistemáticamente si en dichos repartimientos se había guardado justicia, sin favoritismos ni perjuicios a terceros. La pregunta, formulada como rutina, revelaba lo obvio: el repartimiento se prestaba a abuso, y la Corona lo sabía.

El poblamiento del Bajo Magdalena: gobernar delegando

El proyecto más ambicioso del gobierno de Eslava no fue militar sino territorial. A partir de 1744, alentado por el virrey, Mier y Guerra emprendió una campaña de concentración de la población dispersa —los llamados arrochelados— a lo largo del Bajo Magdalena. La lógica era doble: reunir a los habitantes en pueblos donde pudieran ser controlados por el Estado y la Iglesia, sujetos a tributación, doctrina y milicia; y poner fin a los ataques de indígenas contra las haciendas ribereñas y contra las embarcaciones que subían y bajaban por el río, arteria comercial que unía Cartagena con Santafé.

El primer hito llegó el 2 de febrero de 1744. En el sitio de Nuestra Señora de la Candelaria del Banco, en la desembocadura del Cesar, Mier y Guerra congregó a 134 vecinos —623 personas—, trazó calles y plaza, y comenzó la construcción del templo, refundando un caserío que no había prosperado. El virrey celebró el hecho con una fórmula que recogen sus informes: el pueblo había recibido nuevo ser como si nuevamente se plantase. La imagen condensaba la ambición: el Estado no colonizaba tierras vírgenes, replantaba una presencia que se había marchitado.

En 1747 hubo una fundación en la región del brazo de Mompox. En 1749 se sumaron al menos tres poblaciones en la región del Cesar: Cascajal el 5 de abril, Chimichagua el 15 de agosto y Chiriguaná ese mismo año. El 20 de enero de 1750 fue el turno de Menchiquejo. En abril, mayo y julio de 1750, en pocas semanas, Mier y Guerra fundó tres poblaciones más: San Zenón el 12 de abril, San Fernando de Oriente el 30 de mayo y Santa Ana el 26 de julio. La cadencia era vertiginosa. Entre 1744 y 1770 —extendiéndose bastante más allá del gobierno de Eslava, pero con el mismo impulso original— se levantaron cerca de veintidós pueblos en la región, muchos de ellos sobre la margen oriental del río.

Esta política revelaba, sin proclamarlo, un rasgo estructural del virreinato borbónico: el Estado no tenía cuadros propios para gobernar el interior. Los pueblos se fundaban delegando en un hacendado local —Mier y Guerra— que aportaba prestigio, milicianos, capital y relaciones. La Corona ponía la firma, el título de maestre de campo, la autoridad simbólica; el terrateniente ponía todo lo demás. El orden social del Bajo Magdalena, concentrado en pueblos y sujeto al río, quedaría por décadas en manos de esa aristocracia regional que Eslava supo cooptar en vez de disciplinar.

La máquina fiscal: quintos, estancos y contrabando

Mientras Eslava gobernaba desde Cartagena y Mier y Guerra plantaba pueblos, el problema de fondo del virreinato seguía intacto: el Estado colonial no lograba drenar las economías regionales. La estructura tributaria era, sobre el papel, robusta. Alcabala sobre las ventas. Quinto real sobre la minería, ya rebajado desde el 20% inicial hasta un 3% para fomentar la actividad. Estancos, derechos aduaneros, tributos indígenas, diezmos eclesiásticos. En la práctica, casi todos esos ingresos se filtraban antes de llegar a las cajas.

El caso del oro era ejemplar. La minería aurífera de la Nueva Granada, principal exportación colonial del siglo XVIII, se concentraba en el Chocó, Antioquia y Popayán. Era fundamentalmente de aluvión, intensiva en mano de obra esclava en Chocó y Cauca, y sostenida por mineros independientes en Antioquia. Tras el colapso demográfico y productivo de 1700 —cuando la producción registrada cayó desde los dos millones de pesos plata anuales de comienzos del XVII a casi nada—, la recuperación había empezado hacia 1690 con el crecimiento de las poblaciones mestizas, negras y mulatas. La provincia de Popayán alcanzó un pico en el quinquenio 1725–1729, con más de medio millón de pesos oro registrados en quintos.

Pero registrar y producir no eran lo mismo. Los mineros evadían el pago del quinto absteniéndose de declarar el metal, o pagando a comerciantes en oro en polvo que lo sacaban del distrito para declararlo bajo condiciones más favorables, cuando no directamente de contrabando. La producción real pudo haber sido entre un tercio y la mitad mayor que la acuñada. Y aquí aparecía el nudo político: los grandes propietarios de esclavos del Chocó —los hermanos Mosquera, Francisco de Arboleda, otros personajes con influencia en Popayán— ejercían, cada uno a su turno, el gobierno delegado de la provincia. Los mismos hombres que debían recaudar el quinto real eran los que más se beneficiaban de eludirlo. El fraude fiscal en las regiones auríferas no era una desviación del sistema: era el sistema.

Ni siquiera la infraestructura destinada a impedirlo funcionaba. Las casas de fundición establecidas en Cartago, Anserma, Cali y otras localidades tenían por único objeto fundir el oro y recaudar el quinto, previniendo la fuga ilegal del metal. Sin embargo, el oro en polvo circulaba con facilidad, y en regiones excéntricas como el Chocó y Antioquia parecía cumplir funciones cuasi monetarias que lo mantenían al margen de las cajas. Hacia fines de la Colonia, el oro representaría más del 85% de las exportaciones del Nuevo Reino, y el Estado captaba una fracción menor de ese flujo.

Los estancos ofrecían un panorama parecido. El del aguardiente, establecido por real cédula del 23 de septiembre de 1700 y administrado inicialmente por arrendamiento, había topado desde el principio con la resistencia de una red de productores —muchos de ellos poderosos, dueños de trapiches— que preferían la ganancia del contrabando al pago del monopolio. Las prohibiciones y las excomuniones fracasaron sistemáticamente porque el consumo se extendía y la demanda pagaba. El estanco del tabaco enfrentaba dificultades similares.

Juntos, tabaco y aguardiente concentraban las mayores críticas de comerciantes y agricultores, que los consideraban la mayor restricción a la libertad de comercio y el ejemplo más claro de la política monopolista española. Y aun así —esa era la paradoja— eran los rubros más productivos. En la última década del dominio español, los ingresos promedios de la Corona en la Nueva Granada alcanzaron los 2,4 millones de pesos, y unos 770.000, alrededor del 32%, provenían de los estancos. El monopolio odiado sostenía casi un tercio del fisco: sin él, el edificio se venía abajo; con él, la Corona se enemistaba con quienes precisamente podían hacer funcionar el reino.

El contrabando, entretanto, se practicaba con descaro y osadía, favorecido por los enormes gastos de recaudación, la ignorancia y mala fe de los empleados y la incomunicación de vastos territorios. La hacienda vivía en un desgreño casi cómico si no hubiera sido crónico: el fisco colonial no producía ingresos adecuados para cumplir sus obligaciones y apenas alcanzaba a sostener una burocracia mal pagada e ineficiente y a cubrir los cuantiosos gastos militares que un imperio en guerra permanente exigía.

Oriente, Sabana, Llanos: las trabas fiscales del territorio

La incapacidad fiscal no era uniforme; se declinaba distinto según la región. Hacia mediados del siglo XVIII, el virreinato mostraba una división regional del trabajo bastante nítida. Los distritos mineros —Antioquia, Chocó, Cauca— generaban el grueso de la riqueza exportable pero la sustraían masivamente a la tributación. Los centros artesanales del Oriente —Socorro, San Gil, la actual Santander— producían lienzos y tejidos de algodón que abastecían al altiplano y a las regiones mineras, y sostenían una economía campesina densa en la que la fiscalidad chocaba con la dispersión de los productores; el estanco del tabaco allí acumularía, décadas más tarde, la energía que estallaría en el movimiento de los Comuneros. En la Sabana de Bogotá y su altiplano circundante se producían trigo, cebada y papa, se engordaba ganado y se concentraba una burocracia virreinal de altos ingresos, cuyos consumos eran atendidos por circuitos comerciales que también drenaban rentas hacia particulares. Los Llanos de Casanare y Meta, ganaderos y semiselváticos, mantenían una economía de misión y hato con contactos comerciales hacia Venezuela y Guayana, donde el control fiscal era prácticamente nominal.

En cada una de estas regiones el Estado tropezaba con obstáculos distintos. En las zonas mineras, con el poder de las élites propietarias que además ejercían cargos de gobierno. En Oriente, con la dispersión productiva y la resistencia campesina al monopolio. En la Sabana, con la porosidad de una burocracia entrelazada con el comercio: desde fines del siglo XVI ya había denuncias contra oficiales reales que aprovechaban sus privilegios de importación libre de almojarifazgo para operar como comerciantes especulativos, como el oidor Mateo de Yepes y de la Cuadra, acusado de transportar más de cien tercios de mercancías en diez años sin que hubiera llegado armada ni galeones a América. En los Llanos, con la incomunicación y la frontera abierta.

Sostener el virreinato en esas condiciones exigía una arquitectura institucional que, en teoría, existía. El Consejo Real y Supremo de las Indias, creado en 1523, era el máximo órgano centralizador de la política y la legislación, y actuaba como última instancia de los procesos provenientes de las Reales Audiencias. Los recursos jurídicos —amparo, suplicación, apelación— permitían encauzar los conflictos por vías formales. La visita, ordenada sin sujeción a períodos fijos, servía para obtener informes amplios sobre la marcha de la administración, la hacienda y la situación de la población indígena. El juicio de residencia sometía a los funcionarios al escrutinio de su gestión al concluir el período. Pero en el sistema colonial no existía separación funcional ni independencia del operador jurídico respecto de la administración central: el control era una derivación del concepto medieval de justicia retenida, ejercido por servidores de índole administrativa y no por jueces de carrera. Muchos juicios de residencia se prolongaban indefinidamente, se neutralizaban con influencias o se cerraban sin sentencia. Un virrey rico, astuto y con apoyos podía gobernar con impunidad sin temor a la residencia.

El juicio de residencia y la relación de mando

El propio Eslava fue sometido a juicio de residencia al término de su gobierno. Los fragmentos conservados muestran los interrogatorios de rigor: si en los repartimientos de indios para minas de oro, plata, azogue y otros efectos se había guardado justicia, si no había habido favoritismos, si no se había perjudicado a terceros. Las preguntas se formulaban en el vacío de un procedimiento que rara vez se cerraba con condena. Del juicio no salió una sanción de peso; salió, en cambio, un archivo que permite hoy reconstruir la trama administrativa del período.

Más importante que la residencia fue la relación de mando redactada por el oidor Berástegui en 1751, poco después de terminado el gobierno de Eslava. Ese documento, junto con las relaciones que rendirían los virreyes siguientes —Solís en 1760, Messía de la Zerda en 1772, Guirior en 1776, Caballero y Góngora en 1789, Ezpeleta en 1796, Mendinueta en 1803, Montalvo en 1818— constituye uno de los conjuntos más valiosos que dejó el gobierno colonial para el estudio de la situación social, económica y política del virreinato en su última centuria. Las relaciones no eran, formalmente, complemento del juicio de residencia; funcionaban más bien como memoria de gestión y guía para el sucesor. La de Berástegui sobre Eslava es, en ese sentido, la primera pieza de una serie que documenta, año tras año, cómo el Estado borbónico intentó gobernar la Nueva Granada y hasta dónde llegó realmente.

Causas y consecuencias: por qué el virreinato quedó a medias

Restablecer el virreinato en 1739 fue, ante todo, una decisión de guerra. La causa próxima fue la ruptura con Inglaterra y la certeza de que Cartagena sería atacada; el sitio de 1741 confirmó, sangrientamente, que la Corona había acertado en anticipar el frente. Pero las causas estructurales eran anteriores y más profundas: la incapacidad de la Audiencia para administrar por sí sola un territorio de esa extensión, la fragmentación regional de las rentas, la extensión del contrabando desde Utrecht en 1713, el poder autónomo de las oligarquías mineras y agrícolas. El virreinato fue creado para atender lo urgente y para intentar, secundariamente, lo estructural.

En lo urgente cumplió. Cartagena resistió. Las defensas se reforzaron. Los primeros virreyes permanentes se instalaron en Santafé una vez terminada la guerra, y desde allí rindieron informes cada vez más precisos —y más alarmantes— sobre las condiciones del interior. El poblamiento del Bajo Magdalena consolidó un corredor de control sobre la principal arteria fluvial del reino, y la delegación en figuras como Mier y Guerra permitió llevar la presencia estatal a zonas donde la Corona sola no habría podido llegar.

En lo estructural, en cambio, el virreinato de Eslava dejó las cosas donde las encontró. Los quintos siguieron evadiéndose, los estancos siguieron siendo combatidos por sus propios contribuyentes, el contrabando siguió corriendo por costas y ríos, y las cajas reales siguieron produciendo menos de lo que consumía el mismo aparato burocrático. La razón no era administrativa sino política: desmantelar el fraude fiscal habría requerido romper el pacto tácito con las élites regionales que sostenían el orden colonial en las provincias. La Corona no estaba en condiciones —ni parece que estuviera dispuesta— a librar esa batalla. Prefirió cooptar antes que disciplinar, y ese cálculo dejó el virreinato en un equilibrio inestable: más visible en el Caribe, más presente en el territorio, no más solvente.

Por qué importa el tramo 1739–1750

Los años del restablecimiento del virreinato y del gobierno de Eslava son la bisagra entre dos épocas de la Nueva Granada. Antes de 1739, el reino era gobernado por una presidencia sujeta a las limitaciones de la Audiencia, con Cartagena militarmente frágil y las regiones fiscalmente inasibles. Después de 1750, la Corona ensayaría con creciente decisión las reformas borbónicas maduras que culminarían en la visita de Gutiérrez de Piñeres, la expedición botánica, el reordenamiento de estancos y, finalmente, la crisis política de fines del siglo, prefigurada en 1781 por la insurrección de los Comuneros. En el medio, el tramo 1739–1750 fija tres hechos duraderos: la institución virreinal deja de ser experimental y se consolida como forma permanente de gobierno; el eje militar del reino se desplaza al Caribe y allí queda anclado hasta la Independencia; y el problema fiscal de fondo —la desproporción entre lo que las regiones producían y lo que las cajas recibían— queda expuesto como límite estructural del Estado colonial, un límite que ninguna reforma posterior lograría vencer del todo.

Hay una ironía última en el gobierno de Eslava, y quizá sea su lección más honda. El virrey que rechazó a Vernon con cuatro mil hombres nunca logró recaudar lo que valía una sola fragata inglesa hundida en la bahía. Pudo salvar la ciudad porque en Cartagena, y solo en Cartagena, el poder militar de la Corona coincidía —por unos meses, contra un enemigo concreto— con el interés vital de las élites locales, que veían amenazadas sus casas y sus almacenes. En el resto del reino, esa coincidencia no existía: gobernar significaba negociar con hacendados, mineros y contrabandistas cuyos intereses corrían en sentido contrario al fisco. El virreinato borbónico aprendió a poblar el Bajo Magdalena, a defender el Caribe y a producir archivos admirables; no aprendió a cobrar. Y como no aprendió a cobrar, todo lo demás que hizo quedó suspendido sobre un vacío que ni Solís ni Messía ni Caballero y Góngora conseguirían llenar. En Cartagena, en 1741, Eslava ganó la guerra que se podía ganar. La otra, la callada, la de las cajas y los quintos y los estancos, la había perdido antes de empezar.