Juan José Nieto, primer presidente afrodescendiente de Colombia (1861)

Juan José Nieto Gil

Entre el 25 de enero y el 18 de julio de 1861, la Confederación Granadina tuvo un presidente pardo. Se llamaba Juan José Nieto Gil, había nacido en Baranoa en 1805, y firmó desde Barranquilla el decreto que lo instalaba en el ejecutivo nacional, invocando un tratado suscrito en Cartagena con el general Tomás Cipriano de Mosquera. Fue el único mulato que llegó a ocupar la primera magistratura de la república en toda su historia. También fue, por eso mismo, uno de los mandatarios más rápidamente olvidados: la historiografía andina lo dejó fuera del panteón, y una tradición cartagenera que Orlando Fals Borda recogería un siglo después sostiene que su retrato oficial fue blanqueado para hacer tolerable su fisonomía a los ojos de quienes debían recordarlo. Nieto no fue una anomalía pintoresca del federalismo colombiano. Fue la punta visible de una élite afrocaribeña que, entre las reformas borbónicas y la guerra civil de 1860-1862, había construido poder real —militar, institucional y electoral— dentro del marco liberal, y cuya derrota política y simbólica a manos del centralismo posterior explica buena parte del silencio que hoy lo rodea.

Getsemaní, las milicias pardas y el arrabal como cantera política

El mundo del que sale Nieto no es una excepción biográfica sino una geografía social con historia larga. Cartagena de Indias había sido, durante todo el siglo XVIII, una ciudad de mayoría afrodescendiente cuya defensa militar dependía de la Corona borbónica en un grado que las reformas de la segunda mitad del siglo terminaron por consagrar. La creación de milicias disciplinadas incorporó a los pardos como cuerpo armado reconocido, con fuero militar propio, aprovechando su peso demográfico en la plaza. Ese fuero no era un adorno: significaba jurisdicción, honor institucional y una vía de reconocimiento social que la sociedad de castas negaba por otras puertas.

Getsemaní, el arrabal extramuros donde se asentaban descendientes libres de esclavos dedicados a oficios artesanales, fue el laboratorio de esa política. Allí se templó el liderazgo del mulato cubano Pedro Romero, artesano y capitán de la revolución de 1811, y allí creció su hijo Mauricio José Romero, quien en 1832 llegaría a ser vicepresidente de la Convención Constituyente que erigió el Estado de la Nueva Granada y segundo firmante de su Carta. La región cartagenera y el valle del río Magdalena constituían, en la Era de la Revolución, un espacio donde las personas de ascendencia africana eran mayoría demográfica y donde su papel político y militar era decisivo. No un accidente: la matriz.

Nieto no salió de Getsemaní, pero salió de esa matriz. Nacido en 1805 en Baranoa, en la sabana atlántica al sur de Cartagena, era un pardo claro de familia modesta. Su formación fue autodidacta —el detalle importa porque no procedía ni de los colegios de doctores bogotanos ni del seminario cartagenero— y su ascenso combinó tres palancas que la República había hecho posibles sin haberlas nivelado del todo: el comercio, la escritura política y la carrera de las armas. Los datos sobre sus primeros años son escasos y proceden en buena medida de una autodefensa que él mismo redactó en 1855, dato que ya dice algo sobre la relación de la historiografía posterior con su figura: para reconstruirlo hay que oírlo defenderse.

La asimilación: matrimonios, folletos y grado militar

El paso de artesano-comerciante letrado a político de alcance nacional se hizo por tres vías precisas. La primera fue matrimonial. Nieto se casó sucesivamente con Antonia María Ferrer, de la familia Palacio —comerciantes cartageneros—, y luego con Teresa Cavero y Núñez, cuya familia pertenecía a la burocracia virreinal de segundo rango; ambas se habían declarado por la Independencia. En una sociedad donde la posición se heredaba por antepasados, raza y costumbres, casarse con estas dos familias fue, para un pardo de Baranoa, más que una boda: fue una operación de asimilación al patriciado local que su talento intelectual y comercial hacía posible pero no automática.

La segunda vía fue la letra impresa. En 1834 publicó Derechos y deberes del hombre en sociedad, un folleto donde sostuvo principios democráticos y republicanos con firmeza. El gesto es doble: no negó su origen de clase, pero tampoco lo tematizó racialmente. Escribió como republicano abstracto, no como pardo. Esa evasión sistemática del asunto racial sería una de las claves del éxito y también del olvido: Nieto se ganó el derecho a ser oído en el idioma universalista del liberalismo, un idioma en el que su cuerpo desaparecía. Lo aceptaron porque no obligó a nadie a mirarlo.

La tercera vía fueron las armas. En la Guerra de los Supremos, hacia 1840, ganó el rango de general. Bajo la presidencia de José Hilario López, iniciada en 1849, fue gobernador de la provincia de Cartagena. Para el momento en que la Constitución de 1858 reorganice el país como Confederación Granadina y erija a Bolívar en estado federal, Nieto llevaba dos décadas siendo, en su región, cuadro dirigente del liberalismo y militar con mando propio. No era un recién llegado que la marea federal encumbrara: era el hombre que la marea encontró.

La Confederación Granadina y el margen que abrió el federalismo

La Constitución que Mariano Ospina Rodríguez sancionó el 22 de mayo de 1858 organizó la república bajo el nombre de Confederación Granadina y estableció un régimen federal repartido en ocho estados: Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá y Santander. El diseño, paradójicamente firmado por un presidente conservador, entregó a los estados un margen sustantivo. Cada uno podía legislar sobre asuntos mercantiles terrestres —en su defecto seguían rigiéndose por el Código de Comercio de 1853—, tenía su gobierno propio y sus propias milicias, y solo cedía al gobierno central materias enumeradas en el artículo 15: legislación marítima, comercio exterior y costanero, libertad de comercio entre estados, crédito nacional, Ejército y Marina, y relaciones exteriores. La Constitución suprimió además la vicepresidencia y la sustituyó por tres designaturas, es decir, por un sistema en que el Congreso elegía tres reemplazos posibles del ejecutivo. Ese detalle técnico sería decisivo para Nieto tres años después.

El federalismo de 1858 hizo dos cosas a la vez. Consolidó, sobre el papel, la primacía del gobierno central en las materias estratégicas; y creó, en la práctica, ocho arenas políticas donde las élites regionales podían construir maquinarias propias sin negociar cada movimiento con Bogotá. En la costa Caribe, donde la mayoría demográfica afrodescendiente y la tradición miliciana parda venían del siglo XVIII, esa autonomía se tradujo en un espacio político que los liberales cartageneros y samarios ocuparon rápidamente. Nieto fue elegido presidente del Estado Soberano de Bolívar en 1859. Gobernaba, con ejército propio y aduana propia, uno de los ocho estados de la Confederación.

Ese arreglo no duró. Entre 1859 y 1860, las tensiones entre el gobierno conservador de Ospina y los estados liberales —Santander, Bolívar, Magdalena y Cauca— se agudizaron alrededor de dos leyes que las provincias liberales leyeron como golpe centralista: la ley electoral y la ley de orden público. Los cuatro estados concluyeron que solo el poder de las armas podía salvarlos. El liberalismo federal iba a defenderse haciendo lo mismo que había hecho el conservador Ospina en 1854: recurrir a la guerra.

La costa en guerra: Santa Marta, Arboleda y los soldados de color

La guerra civil de 1860-1862 se libró en varios frentes, pero el Caribe tuvo el suyo con una intensidad particular. En julio de 1860, los conservadores de Riohacha invadieron y ocuparon Santa Marta, capital del Estado de Magdalena, en una operación que abrió meses de combates entre los más mortíferos del conflicto. La toma no fue simbólica: fue militar. Los liberales solo lograron retomar la ciudad en diciembre, tras un enfrentamiento en el que murieron cientos de personas y la capital samaria quedó gravemente dañada. Durante los primeros veinticuatro días de ese mes, el general conservador Julio Arboleda —caucano, esclavista, poeta— asedió Santa Marta al frente de sus tropas.

En ese asedio ocurrió una escena cuyo peso conviene medir. Arboleda había acompañado su campaña en la costa con acusaciones racistas contra las tropas liberales. Los liberales replicaron señalando lo obvio: que la mayoría de los propios soldados de Arboleda eran hombres de color. Poco después, el general conservador abandonó Santa Marta. Ambos ejércitos peleaban con soldados negros y mulatos; la diferencia estaba en quién los mandaba y en nombre de qué causa. Los generales podían discutir sobre la raza de las tropas ajenas como si la propia fuera invisible.

Mientras Mosquera avanzaba desde el Cauca hacia el altiplano —una campaña que le tomaría meses y culminaría con la toma de Bogotá el 18 de julio de 1861—, Nieto operaba en Bolívar como jefe militar del estado. Ospina, en diciembre de 1860, todavía desestimaba las operaciones caribeñas como un "asunto de policía". Se equivocaba en la escala. Las tropas de Nieto retomaron Santa Marta, la asamblea del Magdalena rechazó una moción de secesión que habría abierto el frente costero hacia la fragmentación, y en diciembre los conservadores samarios se abstuvieron de las elecciones por temor a la violencia. La costa liberal se consolidaba mientras el gobierno central se derrumbaba en Bogotá. Los últimos conservadores del Caribe se rendirían a finales de 1862, cerrando allí tres años de guerra.

El decreto del 25 de enero de 1861

El acto fundacional de la presidencia de Nieto fue un decreto expedido en Barranquilla el 25 de enero de 1861. En sus considerandos invocó tres elementos: el Tratado de Unión celebrado en Cartagena el 10 de septiembre de 1860 entre el Estado de Bolívar y el del Cauca; la ausencia de paradero fijo del general Mosquera, designado para ejercer el poder ejecutivo; y las dificultades en las relaciones internacionales de los estados de Bolívar y Magdalena. Sobre esa base, se declaró encargado del gobierno de la Confederación como designado.

Conviene detenerse en la arquitectura jurídica del gesto. El Tratado de Unión de septiembre de 1860 había ligado a Bolívar y Cauca en una alianza militar y política contra Ospina; era, en la práctica, el pacto que estructuraba la rebelión liberal en dos de sus estados más fuertes. Al invocarlo como fundamento del ejecutivo nacional, Nieto no estaba pretextando un cargo: estaba diciendo que la Confederación legítima ya no era la que gobernaba Ospina en Bogotá, sino la que el tratado había constituido de facto. La supresión de la vicepresidencia por la Constitución de 1858 hacía necesario acudir a la figura del designado; Mosquera lo era, pero estaba en campaña y sin sede fija. Nieto, como jefe del ejecutivo de Bolívar y firmante del tratado, asumía en su lugar.

Del 25 de enero al 18 de julio de 1861 —día en que Mosquera tomó Bogotá— ejerció el poder ejecutivo de la Confederación desde la costa. Era una situación sin precedentes en la historia de la república: el país tenía su gobierno legítimo, para los liberales, en Barranquilla y en manos de un pardo cartagenero.

El Pacto de Unión y el desplazamiento

La entrada de Mosquera en Bogotá el 18 de julio de 1861 cambió la geografía del poder. En cuestión de semanas, la coalición liberal victoriosa se reorganizó institucionalmente. El 20 de septiembre de 1861, en Bogotá, los plenipotenciarios de Bolívar, Santander, Tolima, Cauca, Cundinamarca, Boyacá y Magdalena firmaron el Pacto de Unión de los Estados Unidos de Colombia. Un pacto transitorio anexo reconoció a Mosquera como presidente provisional y a Nieto como vicepresidente.

La lectura formal del arreglo es que Nieto conservó altura nacional. La lectura política es distinta. En enero había sido el ejecutivo; en septiembre era el número dos de un ejecutivo mosquerista. La sede del poder se desplazó de Barranquilla a Bogotá; la autoridad se concentró en manos del caudillo caucano; y Nieto quedó en una posición subordinada. Mosquera ejercería el gobierno provisional entre 1861 y 1863, sería nombrado por la Convención de Rionegro el 14 de mayo de 1863 primer presidente de los Estados Unidos de Colombia, y ejercería el cargo hasta el 1 de abril de 1864. Durante todo ese ciclo debió lidiar con la resistencia conservadora de Julio Arboleda en el sur del Cauca y de Leonardo Canal en Santander, lo que lo mantuvo activo como jefe militar nacional. La segunda presidencia de Mosquera se caracterizó, además, por un duro anticlericalismo cuyo emblema fue el decreto de tuición de cultos.

Nieto no reapareció en el escenario nacional con protagonismo comparable. La Constitución de Rionegro de 1863 organizó el país como Estados Unidos de Colombia y llevó el federalismo a un extremo notable: nueve estados soberanos, cada uno con facultad de levantar sus propias milicias, emitir sus propios sellos postales, determinar quién tenía derecho al voto y ejercer cualquier función no expresamente reservada al gobierno central. Ese diseño reforzaba, sobre el papel, la autonomía regional que había hecho posible a Nieto. Sin embargo, para entonces Bolívar se había reintegrado al pulso nacional en términos que ya no lo tenían a él en la cima. Fue desalojado de la presidencia del estado cuando las provincias costeras se reintegraron a la nación bajo el nuevo orden.

Por qué no fue accidente: la lógica del ascenso caribeño

La pregunta que este itinerario obliga a plantear es doble. Por qué fue posible Nieto; y por qué, siendo posible, terminó siendo excepcional. La respuesta a la primera está en la matriz caribeña que las reformas borbónicas, la Independencia y el federalismo liberal habían ido conformando. La respuesta a la segunda está en los límites de esa matriz.

Del lado de la posibilidad, los elementos son concretos. Cartagena y Getsemaní producían, desde el siglo XVIII, cuadros pardos con experiencia militar y política: Pedro y Mauricio José Romero, la generación que hizo la revolución de 1811, la que llegó a la Convención de 1832. El Magdalena era, en términos demográficos, un espacio de mayoría afrodescendiente donde las milicias regionales tenían tradición y peso. La Constitución de 1858, al federalizar el país, entregó a estas élites regionales el gobierno de sus propios estados, con recursos, tropas y capacidad de contratar alianzas. La guerra de 1860-1862 hizo del respaldo militar caribeño un activo decisivo para la coalición liberal: sin Bolívar y Magdalena en armas, sin las tropas que retomaron Santa Marta, la campaña de Mosquera desde el Cauca habría sido más difícil y más lenta. Nieto no fue elevado por generosidad de nadie; ocupó la presidencia porque su estado era una pieza necesaria del tablero y porque un tratado suscrito con Mosquera lo autorizaba a hacerlo.

Del lado del límite, las mismas fuentes revelan la trampa. El ascenso de Nieto exigió asimilación completa al código republicano de las élites blancas liberales: matrimonios con familias Palacio y Cavero, folleto abstracto de 1834, evasión sistemática del asunto racial. Las élites católico-liberales del siglo XIX colombiano —incluida la liberal, no solo la conservadora— sostenían imágenes despreciativas de negros, mulatos e indígenas, tanto por su fenotipo como por sus costumbres, y concebían el proyecto liberal como batalla contra el atraso y la barbarie. Para ascender había que dejar de ser visto como parte de aquello contra lo que se luchaba. Nieto lo logró; el precio fue no representar como pardo sino como republicano. Y cuando el pacto de septiembre de 1861 reorganizó el poder, esa asimilación no lo protegió: el marco institucional que lo había elevado permitió que Mosquera —caudillo blanco, aristócrata caucano, general de la campaña ganadora— lo desplazara sin ruptura, dejándolo como vicepresidente subordinado y luego como expresidente de un estado reintegrado.

Hay, además, una tensión que este arco pone en evidencia. La movilización armada afrocaribeña que sostuvo la guerra tenía lógicas propias. Los soldados negros y mulatos de Bolívar y Magdalena, herederos de la tradición miliciana parda, peleaban en un conflicto que sus generales enmarcaban como pulso entre federalismo y centralismo, entre liberalismo y conservadurismo, pero que en la costa tenía además una dimensión de defensa comunitaria contra un adversario —Arboleda, esclavista— cuyo racismo era explícito. Nieto canalizó esa movilización; no la creó. El federalismo fue el marco que la hizo visible sin resolver la contradicción de fondo: una república cuyo idioma era el de la igualdad, y cuyas jerarquías raciales seguían operando bajo el idioma.

El silencio: historiografía, retrato y memoria

Nieto murió sin haber recuperado la altura nacional que tuvo en 1861. La historiografía colombiana lo trató con una indiferencia sostenida: los repertorios de mandatarios lo omitieron o lo relegaron a nota al pie, las biografías extensas no llegaron sino tardíamente, y la memoria pública nacional lo mantuvo fuera del panteón. Su recuperación fue tarea de Orlando Fals Borda, quien en El Presidente Nieto lo trajo de vuelta desde una perspectiva crítica que la reseña de Mauricio Archila —Creamos— matizaría al puntualizar que Nieto no puede caracterizarse como caudillo, dado su carácter profundamente republicano y urbano. Fals Borda lo describió como un líder que prefería ceder el poder antes que perpetuarse en él, y enumeró gestos de generosidad y tolerancia política como evidencia de un temperamento no autoritario.

El caso no es único. La primera biografía extensa sobre Luis A. Robles, el jurista y político guajiro afrodescendiente de la segunda mitad del siglo XIX, fue publicada tardíamente mediante una ley especial del Congreso colombiano dictada expresamente para honrar su memoria; y su autor, afro-costeño, atribuyó el ascenso excepcional de Robles a rasgos de carácter que lo diferenciaban de los costeños, reproduciendo estereotipos raciales incluso en el gesto de homenaje. El patrón se repite: las figuras afrocaribeñas que llegaron alto son recordadas como excepciones a una regla que se sigue dando por buena, no como síntomas de una alternativa política que existió.

Con Nieto, sin embargo, opera una capa adicional. Los colombianos lo citan con frecuencia como prueba de la ausencia de racismo en la nación —hubo un pardo presidente, luego no hay problema—. La tradición cartagenera del retrato blanqueado señala en sentido contrario: si su fisonomía tuvo que ser corregida al óleo para el archivo, la nación que lo cita como prueba de igualdad fue la misma que necesitó aclararle la piel para poder mirarlo.

Por qué sigue importando

Nieto no fue el único mulato con poder en el Caribe del siglo XIX, ni el primero: la línea que va de Pedro Romero en 1811 a Mauricio José Romero en 1832 y de allí a Nieto en 1861 traza una continuidad de casi medio siglo. Fue, sin embargo, el que llegó más alto y el que dejó, en la brevedad de su ejecutivo nacional, la evidencia más nítida de que la costa afrocaribeña había construido un poder político capaz de gobernar el país, no solo una provincia. Que ese ejercicio haya durado seis meses, y que el arreglo posterior lo redujera a vicepresidente antes de reintegrarlo al llano, no lo invalida como dato histórico. Lo cualifica.

La historia constitucional colombiana del siglo XIX suele contarse desde Bogotá: la Confederación de 1858, la guerra de 1860-1862, la Constitución de Rionegro de 1863, la Regeneración de 1886. En esa narración, las capitales regionales aparecen como escenarios subordinados y los presidentes provisionales del período liberal se resumen en Mosquera. Nieto obliga a otra lectura: la de un federalismo que fue, durante un momento breve pero real, la plataforma desde la cual una élite afrocaribeña ejerció autoridad nacional. Que esa plataforma se desmontara —primero por el Pacto de Unión, luego por la reintegración de las provincias costeras, finalmente por la Regeneración centralista de fin de siglo— no borra el hecho de que existió.

Queda, para el archivo, la pregunta sobre el retrato. Si la imagen oficial de Nieto fue blanqueada, y si la historiografía andina lo mantuvo fuera del panteón durante más de un siglo, entonces el relato nacional colombiano se construyó suprimiendo activamente la alternativa caribeña que Nieto encarnó. No por descuido: por trabajo. Ese trabajo también es historia, y el hecho de que hoy pueda deshacerse —que se pueda contar a Nieto sin blanquearlo, con la piel que tuvo y el estado que gobernó y el decreto que firmó en Barranquilla— es lo que hace que este sujeto siga importando. No como excepción que confirma la regla, sino como el síntoma de una regla distinta que estuvo, por seis meses del año 1861, a punto de escribirse.