Juan de los Barrios

La semblanza: un obispo en el filo de la conquista

Barrios llegó a Santafé en julio de 1553, quince años después de la fundación hispana de la ciudad. La conquista seguía alterando profundamente la sociedad muisca y el dominio colonial todavía se organizaba mediante encomiendas, cabildos, gobernadores y una Real Audiencia de instalación reciente. Las Leyes Nuevas de 1542 habían abierto un conflicto persistente sobre el trato y la tributación de los indígenas, mientras la Corona intentaba delimitar las atribuciones de encomenderos, funcionarios civiles y autoridades eclesiásticas. Ese marco institucional, todavía inestable, explica buena parte de los acuerdos y disputas que atravesaron el episcopado de Barrios.

La llegada de un obispo residente reforzó una organización eclesiástica que hasta entonces dependía en gran medida de vicarios, clérigos, franciscanos y dominicos. Barrios no partió de cero ni se limitó a disputar jurisdicciones. Trasladó a Santafé parte del capítulo de Santa Marta, reclamó ministros para las doctrinas, promovió visitas y convocó el sínodo de 1556 para ordenar sacramentos, enseñanza, disciplina clerical y obligaciones hacia los indígenas. Las fuentes también registran conflictos severos y resultados desiguales. No existe, sin embargo, una base cuantitativa para afirmar que las conversiones fueron pocas o renuentes, ni para reducir su memoria a un temperamento litigante.

Su actuación se desarrolló dentro del patronato regio. La Corona presentaba candidatos a las sedes, financiaba y autorizaba parte de la organización material de la Iglesia y encargaba a sus funcionarios la ejecución de numerosas disposiciones. Los obispos, a su vez, reclamaban jurisdicción espiritual, disciplinaria y patrimonial sobre clérigos, templos y doctrinas. Barrios colaboró con la Audiencia en asuntos como la instrucción indígena y chocó con ella cuando consideró invadidos los fueros eclesiásticos. Esa alternancia entre cooperación y conflicto describe mejor su gobierno que la idea de una resistencia continua o excepcional frente al poder civil.

Los orígenes: Pedroche, la Orden y el peso de una designación tardía

Juan de los Barrios nació hacia 1496 en Pedroche, en la actual provincia de Córdoba. Las noticias sobre su juventud son escasas y no permiten reconstruir con seguridad su educación, sus lecturas ni una supuesta mentalidad formada directamente por la guerra de Granada. Pedroche pertenecía a la Corona de Castilla y su biografía se inscribe en el catolicismo peninsular del siglo XVI, pero trasladar al personaje una «gramática de la Reconquista» como explicación de toda su conducta excede la documentación disponible.

Ingresó en la Orden de Frailes Menores, dentro de la provincia franciscana de Los Ángeles. Las reconstrucciones no coinciden en todos los detalles de su formación y algunas tradiciones lo sitúan en misiones del Perú, dato que no cuenta con el mismo respaldo documental que sus nombramientos episcopales. En 1547 el papa Paulo III lo nombró primer obispo de Asunción del Río de la Plata por presentación de Carlos V. El episodio muestra que su trayectoria americana comenzó antes de su relación con Santa Marta y Santafé, y que su designación formó parte de la expansión de las diócesis bajo patronato real.

Desde Aranda de Duero expidió en enero de 1548 el auto de erección de la diócesis de Asunción, pero no llegó a tomar posesión efectiva: una travesía frustrada lo devolvió a España. La Corona lo presentó para Santa Marta en 1551 y fue nombrado obispo de esa sede en 1552. Zarpó de Sanlúcar de Barrameda el 4 de noviembre de 1552 y, tras un viaje afectado por temporales, pérdidas de naves y corsarios, arribó a Santa Marta en febrero de 1553. En julio subió a Santafé siguiendo una orden real que pedía al obispo residir donde se concentraba mayor población y atender la conversión y el buen trato de los indígenas.

La trayectoria: de obispo a arzobispo en el Nuevo Reino

La cronología institucional tiene dos momentos distintos. El 11 de septiembre de 1562 la sede episcopal fue trasladada de Santa Marta a Santafé y Barrios pasó a ser obispo de Santafé. Luego, mediante la bula In suprema dignitatis apostolicae specula del 22 de marzo de 1564, Pío IV elevó la diócesis a arquidiócesis metropolitana, con Cartagena y Popayán como sufragáneas. Una equivocación en el nombre del prelado dentro de la documentación pontificia demoró el reconocimiento práctico; a comienzos de 1566 ya firmaba como arzobispo. Ejerció esa dignidad hasta su muerte en 1569.

El conflicto más grave con la Real Audiencia no fue una alianza de Barrios contra el oidor Juan Montaño por la residencia de Miguel Díez de Armendáriz. La crisis documentada se produjo en 1561–1562 alrededor de Juan Sánchez Muñoz, provisor nombrado por el obispo y requerido por la Audiencia de Lima. Cuando los oidores lo sacaron preso de una iglesia donde se había refugiado, Barrios impuso censuras eclesiásticas contra la Audiencia y salió de Santafé hacia Cartagena. Las fuentes difieren sobre si se marchó por voluntad propia o fue desterrado. Presentó su renuncia, pero la Corona la rechazó el 21 de marzo de 1563 y le ordenó continuar en su sede.

Durante su gobierno llegaron al Consejo de Indias quejas del cabildo eclesiástico, de religiosos y de la Audiencia. Se le acusó de imponer capítulos sin suficiente libertad, tratar con dureza a clérigos, usar censuras e interferir en competencias civiles. Esas denuncias prueban la existencia y la recurrencia de conflictos, pero no convierten cada imputación en un hecho demostrado ni bastan para diagnosticar un «patrón de personalidad». También sobrevivieron testimonios favorables sobre su predicación, austeridad y ayuda a los pobres. La valoración histórica debe conservar la procedencia interesada y a veces contradictoria de esas voces.

Otro frente de disputa fueron las órdenes religiosas. Dominicos y franciscanos administraban doctrinas y conventos antes de la llegada del obispo y defendían privilegios de exención frente al ordinario diocesano. Las fuentes recogen críticas de Barrios a la vida y las construcciones de algunos religiosos, así como la negativa de comunidades regulares a aceptar visitas episcopales. El conflicto involucraba disciplina, doctrinas, rentas y jurisdicción; no demuestra por sí solo una ira permanente ni puede explicarse únicamente como rivalidad por diezmos. Tampoco anuló la participación de religiosos de ambas órdenes en la evangelización y en el sínodo de 1556.

Una de sus principales empresas materiales fue la catedral. En octubre de 1553 ordenó contratar una iglesia de tapia que sustituyera la parroquia de bahareque y paja. En 1556 varios maestros advirtieron que los muros eran demasiado estrechos; pese a demoras y sobrecostos, la obra fue terminada a fines de 1565. Se desplomó antes de estrenarse, en la víspera de su dedicación; algunas cronologías sitúan el derrumbe en 1565 y otras en 1566. Barrios reanudó los preparativos, pero murió antes de ver un templo estable. La tercera catedral comenzó el 12 de marzo de 1572 bajo el gobierno del deán Francisco Adame, durante la sede vacante.

Su obra pastoral mejor documentada fue el primer sínodo diocesano de Santafé. Comenzó el 24 de mayo de 1556 y sus constituciones fueron promulgadas el 3 de junio, no en 1558. Reunió a miembros del cabildo, clérigos, religiosos y representantes del poder real, y produjo 228 constituciones distribuidas en diez títulos. Reguló doctrina, sacramentos, disciplina clerical, templos, diezmos y obligaciones hacia los indígenas. Las normas encontraron oposición de encomenderos y de la Audiencia y su aplicación fue desigual, pero no quedaron simplemente en el papel: dieron un marco duradero a la organización religiosa y a las doctrinas.

La red: encomenderos, oidores, órdenes y muiscas

Ninguna trayectoria eclesiástica del siglo XVI puede leerse al margen del entramado de poderes en que se inscribe. La red de Barrios incluyó cooperación y conflicto con encomenderos, oidores, cabildos, clérigos, órdenes religiosas y comunidades indígenas. Las posiciones variaron según el asunto: quienes respaldaban una obra o una norma podían oponerse a otra. Reducir esa red a enemistades permanentes oscurece la negociación cotidiana que permitió instalar el capítulo, celebrar el sínodo, financiar la catedral y administrar doctrinas.

Los encomenderos. La encomienda vinculaba tributación, trabajo y obligación de sostener la doctrina cristiana de las comunidades indígenas encomendadas. El sínodo de 1556 exigió a los encomenderos proporcionar instrucción religiosa y contempló restituciones cuando hubieran cobrado por encima de la tasa o tomado bienes de manera injusta. Barrios también participó en retasas destinadas a limitar exacciones. Estas medidas formaban parte del orden colonial y no eliminaron la subordinación indígena, pero sí contradicen la idea de que el obispo fuera indiferente a su trato. La resistencia de encomenderos y cabildos a las cargas sinodales fue uno de los motivos de la disputa con la Audiencia.

Los oidores y oficiales reales. La Real Audiencia representaba la justicia del rey y también actuaba como vicepatrona en asuntos eclesiásticos. En enero de 1556 acordó exigir a los encomenderos ministros para la instrucción indígena, una medida convergente con las preocupaciones del obispo. Meses después admitió recursos contra capítulos sinodales y limitó censuras eclesiásticas que juzgó invasoras de su jurisdicción. La crisis por Juan Sánchez Muñoz llevó el desacuerdo al extremo en 1562. Barrios no fue, por tanto, un aliado fijo ni un opositor constante de los oidores, y las fuentes revisadas no vinculan su principal conflicto con Alonso de Zorita o con la residencia de Armendáriz.

Las órdenes religiosas. Franciscanos y dominicos suministraban gran parte de los misioneros y doctrineros en un territorio con muy poco clero. Sus privilegios de exención y sus líneas internas de gobierno chocaban con la pretensión episcopal de visitar, examinar y disciplinar a quienes ejercían cura de almas. Barrios pidió más religiosos a la Corona, pero también denunció conductas de algunos frailes y encontró resistencia cuando intentó visitar sus doctrinas. La pugna fue real, aunque coexistió con colaboración pastoral y no puede presentarse como el único eje de la política eclesiástica.

Las comunidades indígenas. En el altiplano cundiboyacense, numerosas comunidades muiscas sostenían economías agrícolas, redes de intercambio y autoridades políticas y religiosas propias. La conquista, la encomienda, la tributación y la congregación en pueblos alteraron esas relaciones. Las categorías coloniales «muisca» y «chibcha» no describen de manera intercambiable una sociedad única y uniforme, y las equivalencias simples entre dioses, astros o cargos pueden distorsionar tradiciones diversas. Para la biografía de Barrios, lo decisivo es que sus normas pretendieron reorganizar la vida indígena mediante doctrinas, sacramentos, disciplina espacial y vigilancia religiosa.

La evangelización fue a la vez una práctica religiosa y una herramienta del dominio colonial. La doctrina podía imponer asistencia, trabajo, contribuciones y abandono de rituales propios; también creaba obligaciones materiales para encomenderos y doctrineros y ofrecía un lenguaje jurídico limitado para reclamar restituciones o mejor trato. Barrios no fue un arzobispo distante de ese proceso. Escribió sobre la escasez de ministros, promovió tasaciones, reunió el sínodo y trató de ordenar las doctrinas. No ejecutó personalmente cada norma en el territorio, y la eficacia de sus visitas es discutida, pero sí intervino de forma concreta en el diseño de la evangelización.

El proyecto misional y sus límites

La evangelización formó parte del proyecto de la monarquía y de la legitimación religiosa del dominio colonial, pero no fue una política ejecutada por un solo actor. Corona, obispos, Audiencias, encomenderos, clérigos, órdenes y autoridades indígenas intervinieron con intereses distintos. El patronato daba al rey amplias facultades sobre la organización eclesiástica, mientras los prelados reclamaban potestad espiritual y disciplinaria. El sínodo de 1556 fue una herramienta episcopal dentro de ese sistema: buscó uniformar creencias, ritos, sacramentos y conductas, y al mismo tiempo fijó deberes para quienes explotaban el tributo y el trabajo indígena.

Sobre el terreno, la falta de ministros, las grandes distancias y los conflictos entre jurisdicciones limitaron la cobertura pastoral. En cartas de 1553 y 1554, Barrios pidió clérigos y religiosos y describió iglesias sin curas y ministros de formación insuficiente. La enseñanza cristiana sostenida se expandió en el altiplano durante la década de 1550, pero con intensidades distintas según la región y la comunidad. Las fuentes permiten hablar de escasez y desigualdad; no ofrecen una medida que atribuya a su gobierno toda la debilidad evangelizadora de la costa, Popayán, el Magdalena o el Cauca.

La gestión de Barrios no resolvió esas limitaciones, pero tampoco puede describirse como ajena a la organización misional. El sínodo de 1556 fue el primer instrumento local para coordinar doctrina, sacramentos y disciplina; dispuso una cartilla común, reguló a curas y doctrineros y trató de someter su actividad a la autoridad episcopal. Luis Zapata de Cárdenas profundizó después la organización parroquial y diocesana mediante su Catecismo de 1576, en un contexto político distinto. La investigación reciente presenta ambos programas como fases relacionadas de una transformación, no como el contraste entre un obispo sin vocación pastoral y otro que por fin edificó la Iglesia por dentro.

Un temperamento, una época

Las fuentes transmiten retratos incompatibles de su carácter. Quejas dirigidas al Consejo lo presentan riguroso, autoritario y propenso a las censuras; Esteban de Asensio, franciscano que lo conoció, lo describió como predicador, austero, caritativo y firme frente al poder secular. Ambas imágenes proceden de actores situados y no deben convertirse sin más en diagnóstico personal. Lo verificable son sus decisiones: reclamó jurisdicción, sancionó a la Audiencia, intentó renunciar, volvió a la sede, sostuvo obras y continuó gobernando hasta su muerte.

La defensa de los fueros eclesiásticos fue una parte central de su gobierno, pero no excluyó otras funciones. Como protector de los indígenas recibió de la Corona el encargo de visitar, procurar buen trato y vigilar el cumplimiento de las ordenanzas; sus constituciones ordenaron doctrina y restituciones, y sus retasas buscaron contener cobros excesivos. Estas actuaciones no lo convierten en un defensor moderno de derechos ni eliminan el carácter coercitivo de la cristianización. Sí impiden separar de forma absoluta al prelado jurisdiccional del obispo pastoral y protector.

No es posible establecer que su personalidad, y no las disputas de patronato, exención religiosa, encomienda y gobierno colonial, determinara el ritmo de la institucionalización eclesiástica. Tampoco la sede vacante de 1569–1573 o el gobierno posterior de Zapata demuestran qué habría logrado un prelado hipotéticamente más negociador. La comparación útil es documental: Barrios creó una primera legislación sinodal y una estructura todavía dependiente de religiosos; Zapata actuó después en un contexto de fortalecimiento diocesano y nuevas directrices reales. Esa secuencia muestra cambios de política e instituciones, no una prueba contrafactual sobre temperamentos.

La huella: la sede que quedó

Cuando Barrios murió, la nueva catedral se había derrumbado, faltaban ministros y persistían tensiones con autoridades civiles y religiosas. Pero el balance visible no era nulo. Existían un capítulo catedralicio instalado, reglamentos de coro, constituciones sinodales, prácticas de visita y retasa, una casa destinada al Hospital de San Pedro y una sede que ya tenía rango metropolitano. El alcance cotidiano de esas medidas fue irregular y la evangelización siguió siendo incompleta y coercitiva, pero describir toda la obra pastoral como un fracaso contradice los rastros institucionales conservados.

Quedó, ante todo, la sede metropolitana. Su fundamento jurídico no fue una elevación única en 1563: la sede de Santa Marta se trasladó a Santafé en 1562 y la arquidiócesis fue erigida en 1564. Con Cartagena y Popayán como sufragáneas, Santafé pasó a encabezar una provincia eclesiástica. Barrios fue su primer metropolitano, aunque los errores y demoras de las bulas limitaron el tiempo en que ejerció el título de manera efectiva. Esa precisión no reduce su condición fundacional; la sitúa en el proceso documental por el cual se separaron y jerarquizaron las diócesis del Nuevo Reino.

También dejó instituciones de escala local. Hacia 1558 quedó instalado solemnemente el capítulo catedralicio y en 1560 promulgó las Consuetas que regularon el coro y los oficios. En octubre de 1564 cedió casas de su propiedad para el Hospital de San Pedro, destinado a atender pobres de la ciudad. Estas iniciativas no deben confundirse con obras de arzobispos del siglo XVII, como el Colegio Mayor del Rosario de Cristóbal de Torres, ni presentarse como consecuencia directa de Barrios. Su legado verificable está en lo que promovió durante su propia vida, no en toda la expansión educativa y sanitaria posterior de la mitra.

La catedral resume tanto los límites como la continuidad de su proyecto. Barrios contrató la segunda fábrica en 1553 y la vio desplomarse antes de su dedicación. Tras su muerte, Francisco Adame, deán y gobernador de la sede vacante, puso la primera piedra de la tercera catedral el 12 de marzo de 1572; Luis Zapata de Cárdenas llegó al año siguiente y continuó la obra. Esa secuencia permite hablar de continuidad institucional, pero no atribuir a Barrios edificios, diseños urbanos o templos que no vio. Su contribución fue establecer y sostener la sede que hizo necesaria una catedral metropolitana.

Su huella está en la estructura y también en una primera política pastoral escrita. Fue el obispo que trasladó el centro efectivo de la diócesis a Santafé, reunió el sínodo de 1556, intentó ordenar doctrinas y clero, impulsó catedral y hospital y se convirtió en el primer arzobispo metropolitano. Lo hizo dentro de un proyecto colonial que buscaba transformar creencias y formas de vida indígenas, y sus normas encontraron resistencia y cumplimiento desigual. También defendió obligaciones de instrucción, restitución y buen trato que limitaron, al menos jurídicamente, a encomenderos y doctrineros. Esa combinación de coerción, protección limitada, organización y conflicto ofrece un retrato más preciso que el de un fundador sin catequesis y definido únicamente por sus pleitos.