Cristóbal de Torres

Un dominico castellano en la silla arzobispal de Santafé

Torres pertenece a esa generación de altos clérigos peninsulares para los que el arzobispado americano fue coronación y no destierro: hombres formados en las cátedras de Valladolid y Salamanca, curtidos en la predicación cortesana, enviados a Indias con el aparato ideológico de Trento ya plenamente digerido. Cuando llegó a Santafé en 1635 para ocupar la mitra vacante, tenía sesenta y dos años, un pasado como predicador del rey y una densa formación en la tradición tomista de la Orden de Predicadores. No era, por tanto, un misionero de frontera ni un pastor rural: era un letrado, escritor de tratados espirituales, familiar del mundo palaciego madrileño y consciente de que gobernar la arquidiócesis del Nuevo Reino significaba administrar simultáneamente un vasto territorio de almas y una pieza clave del engranaje del patronato regio.

Su relieve histórico descansa sobre tres pilares. El primero, su condición de arzobispo activo entre 1635 y 1654, en un período de consolidación institucional de la Iglesia neogranadina. El segundo, la fundación del Colegio Mayor del Rosario, que estableció con dinero propio y puso bajo tutela dominica. El tercero, menos visible pero decisivo, la redacción de las Constituciones del Rosario, documento normativo que fijó por décadas el perfil social, académico y confesional del claustro. Los tres se sostienen sobre una misma lógica: importar a Santafé, con las adaptaciones mínimas, el modelo salmantino-tridentino de formación de élites clericales y letradas, y hacerlo desde dentro del sistema del patronato, que subordinaba su propia autoridad arzobispal a la Corona.

Burgos, la Orden de Predicadores y la Contrarreforma española

Nacido en Burgos en 1573, Torres creció en una Castilla marcada aún por el vigor de la reforma católica del último tercio del siglo XVI. Cuando ingresó a la Orden de Predicadores era reciente el eco espiritual de Fray Luis de Granada, referente ineludible de la predicación dominica hispánica, y el aparato doctrinal del Concilio de Trento —clausurado apenas una década antes de su nacimiento— se desplegaba por las diócesis españolas con la sistematicidad de una empresa cultural de largo aliento. Trento no fue para Torres un depósito de textos: fue el aire que respiró, el marco mental desde el que entendería más tarde su oficio arzobispal.

Su formación siguió el itinerario clásico del dominico ilustrado: filosofía y teología escolástica ancladas en Aristóteles y Santo Tomás, dictatio y disputatio como métodos de estudio, criterio de autoridad más que examen crítico, ejercicio constante de la retórica sacra. Este bagaje explica, más que cualquier voluntarismo personal, la impronta que años después dejaría en las Constituciones del Rosario. Torres no eligió el modelo escolástico como estrategia pedagógica entre otras posibles: era la única gramática educativa que la Iglesia de su tiempo consideraba legítima y la única que él mismo conocía. Cuando fijó cátedras y método para su colegio santafereño, transportó a los Andes lo que Salamanca, Alcalá y Valladolid consideraban entonces la forma natural del saber.

A la formación teológica se sumó la carrera del predicador. Torres alcanzó la corte de Felipe IV como orador sagrado y publicó obras espirituales que lo instalaron en el circuito culto de la Contrarreforma castellana. El paso siguiente —designación como arzobispo de Santafé— combinaba el reconocimiento a su trayectoria y la lógica del patronato: la Corona presentaba a los prelados americanos y prefería, para las sedes principales, candidatos peninsulares vinculados a la corte, cuya lealtad al rey pesara al menos tanto como su obediencia al pontífice. Torres cumplía ese perfil con exactitud.

Del púlpito madrileño a la mitra neogranadina, 1635-1654

La sucesión arzobispal de Santafé en la que Torres se inserta permite calibrar el ritmo real de la vida institucional colonial. Bernardino de Almansa había ocupado la sede entre 1631 y 1633, y tras su muerte se abrió el hueco que Torres vendría a llenar. Después de él, y tras un largo interregno, Juan de Arguinao gobernaría entre 1661 y 1678. El dato revela que la sede no siempre estaba cubierta y que los períodos de sede vacante eran parte estructural del gobierno eclesiástico indiano: la distancia atlántica, la mortandad y los ritmos burocráticos del Consejo de Indias imponían pausas en las que los cabildos catedralicios gobernaban de facto.

Instalado en Santafé a mediados de la década de 1630, Torres se encontró con una ciudad de contornos aún modestos pero con una vida institucional en franca densificación. El Colegio de San Bartolomé, fundado por los jesuitas en 1605, era ya la principal cabeza del estudio del derecho civil y canónico en el reino; la Academia Javeriana, establecida en 1623, había ampliado la oferta de las doctrinas jesuíticas; y la presencia dominica en Santafé se remontaba a los estudios de gramática y filosofía creados por los propios frailes en 1563. En este mapa competitivo, Torres tenía dos condiciones fundamentales: era arzobispo y era dominico. El modo en que hizo confluir ambas identidades definiría su gobierno.

Los primeros años del arzobispado los dedicó a lo que se esperaba de él: visitas pastorales, ordenaciones, dirección espiritual de un clero heterogéneo, mediación en los conflictos rutinarios entre curas doctrineros y encomenderos, correspondencia con Madrid, administración de las rentas decimales. Este trabajo ordinario, del que no siempre queda huella dramática en la memoria histórica, absorbió una parte considerable de su energía. Pero muy pronto se dibujó el proyecto que lo haría célebre: dotar a Santafé —y de paso a su orden— de un colegio mayor que rivalizara con el aparato jesuita y garantizara a los criollos del reino una vía propia de formación letrada.

Las gestiones ante Madrid fueron largas. Torres solicitó a la Corona el permiso para fundar el plantel y, tras años de trámites, Felipe IV autorizó la creación del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en 1651. La puesta en marcha efectiva se sitúa en 1653, aunque las gestiones se prolongaron ese mismo año para afinar detalles. Torres tenía entonces cerca de ochenta años. La fundación fue, en sentido estricto, obra tardía: la coronación de un arzobispado que había ido acumulando prestigio, capital y una red de alianzas capaces de soportar el peso de una institución nueva.

Dos rasgos hacen singular la fundación. El primero, que Torres puso su propia fortuna al servicio del colegio: lo financió a su costa, con recursos personales y no con los caudales ordinarios de la mitra. Esta decisión, que la tradición rosarista lee como gesto de desprendimiento, tiene también una dimensión política más aguda: al fundar de peculio propio, Torres blindaba la institución frente a interferencias del cabildo eclesiástico, del clero jesuita y, en cierta medida, de futuros arzobispos. El colegio era suyo antes de ser de la Iglesia. El segundo rasgo, que lo puso explícitamente bajo la dirección de los dominicos, sin intentar el equilibrio salomónico entre órdenes que en otras ocasiones caracterizó las fundaciones episcopales. Torres fundó como arzobispo, pero también —y sobre todo— como fraile predicador.

Junto a la fundación, Torres redactó y otorgó las Constituciones del Rosario, texto que fijaría durante siglos el perfil del colegio. En ellas dispuso las cátedras principales: jurisprudencia, medicina y una tercera denominada indistintamente teología o filosofía en las fuentes de la época, según se privilegiara el contenido doctrinal o el método. La cátedra de medicina, sin embargo, no pudo iniciarse en el momento fundacional. La brecha entre lo prescrito y lo posible marcó desde el inicio la vida del colegio: sobre el papel, Torres había diseñado un plantel completo; en la práctica, Santafé no contaba con maestros que sostuvieran la enseñanza médica al nivel que las constituciones exigían, y la cátedra tardaría en materializarse.

Al gesto fundacional acompañó otro acto administrativo revelador. Torres otorgó escritura pública fijando sueldos anuales al protomédico Henríquez —trescientos cincuenta pesos—, al cirujano Gabriel de Meneses —doscientos pesos— y a un barbero —sesenta pesos—, con la condición de que prestaran servicios gratuitos a los pobres. La disposición combina piedad tridentina —el socorro a los desvalidos como marca del pastor— con lógica administrativa: el arzobispado se aseguraba servicios médicos regulares en la ciudad a cambio de una renta modesta pero garantizada. Aquí Torres actúa menos como asceta que como administrador del bien público en la clave paternalista propia del alto clero colonial.

Murió en Santafé en 1654, apenas un año después de la fundación efectiva del Rosario. La cercanía entre la creación del colegio y su muerte añade otro matiz al retrato: Torres no vivió lo suficiente para gobernar la institución que había creado. Las Constituciones fueron su testamento pedagógico; lo que el Rosario llegó a ser no dependió ya de él sino de quienes vinieron después.

Las Constituciones: qué se enseñaba, cómo y para quién

Detenerse en las Constituciones es indispensable, porque en ellas se lee con más claridad que en cualquier crónica el proyecto que Torres tenía para Santafé. El plan de estudios seguía puntualmente el patrón de los colegios y universidades coloniales de la región: filosofía escolástica y retórica como núcleos, criterio de autoridad de Aristóteles y Santo Tomás, métodos de enseñanza asentados en la dictatio —el maestro dicta, el estudiante toma nota— y en la disputatio con estructura silogística. La enseñanza a voce, más libre y basada en la exposición oral abierta, no llegó a imponerse en los claustros neogranadinos: dominó la dictatio con su cadencia repetitiva.

El modelo remoto era Salamanca. Los claustros coloniales tenían a la universidad castellana como referente principal, y su plan de estudios y método reproducían con estrecha semejanza el patrón salmantino. Torres, formado precisamente en esa tradición, no necesitó reinventar nada: adaptó lo que conocía. Esta continuidad explica el conservadurismo que caracterizó a la enseñanza colonial hasta fines del siglo XVIII. Las ciencias naturales y las matemáticas quedaron excluidas de los programas; la física se enseñó reducida a Aristóteles, sin apertura a las corrientes experimentales que ya avanzaban en la Europa del siglo XVII. El colegio de Torres no fue una excepción: fue la aplicación puntual de la norma.

El sesgo social de las Constituciones es igualmente elocuente. El acceso a los colegios-universidades de Santafé, incluido el Rosario, estaba reservado a hombres pertenecientes a la llamada república blanca. La institución se pensó como filtro y como escalera: filtro para excluir a mestizos, indios, negros y castas mezcladas del cursus letrado; escalera para elevar a los hijos de las familias criollas hacia los cargos administrativos, jurídicos y eclesiásticos que la Corona toleraba en manos criollas. La contrafigura tardía y periférica es ilustrativa: cuando en Mompox se redactaron las Constituciones del Colegio-Universidad de San Pedro Apóstol, se dispuso expresamente que no se opusieran reparos a los aspirantes a beca respecto a hidalguía y limpieza de sangre, admitiendo incluso a gentes de color o condición baja. El contraste marca los límites de lo que Torres estaba dispuesto a hacer: su Rosario era, por diseño, un colegio nobiliario.

Este dato tiene consecuencias historiográficas. La tradición ha querido leer la fundación del Rosario como acto ilustrado, como semilla de una modernidad que germinaría con la Expedición Botánica y la Independencia. La lectura es anacrónica. El Rosario que Torres imaginó no era un puente hacia la modernidad ilustrada: era una fortaleza contrarreformista destinada a reproducir la jerarquía colonial mediante la formación selectiva de élites letradas. Que dentro de sus muros se gestaran más tarde, en el siglo XVIII, otras cosas, no dice nada sobre las intenciones del fundador.

Un episodio posterior confirma la rigidez del molde. Cuando en la segunda mitad del siglo XVIII el fiscal Francisco Antonio Moreno y Escandón intentó implantar un nuevo plan de estudios en los colegios de San Bartolomé y el Rosario, la Junta de Estudios explicó a Madrid las razones por las cuales dicho plan no había podido aplicarse plenamente y dispuso medidas para reencauzar la enseñanza. El intento de reforma chocó con la inercia acumulada de más de un siglo de escolástica consolidada. La estructura que Torres había fijado —con toda la fuerza normativa de las Constituciones— resistió los embates ilustrados con notable eficacia. En esto también fue Torres arquitecto: en la duración del edificio.

Dominicos, jesuitas, Corona: las tensiones de un arzobispado indiano

Ninguna fundación colonial se entiende sin la red que la sostiene y la disputa. La del Rosario se levantó en el punto exacto donde se cruzaban tres fuerzas: la Orden de Predicadores, la Compañía de Jesús y el patronato regio.

Los dominicos llevaban en el Nuevo Reino más de un siglo cuando Torres llegó. La orden había desembarcado tempranamente en el Caribe: veinte misioneros presididos por fray Tomás de Ortiz, con el título de protector de los indios, se establecieron en Santa Marta en 1528. Desde entonces habían construido un tejido de conventos, doctrinas y estudios que les daba, en el siglo XVII, un peso considerable en la vida religiosa y cultural del reino. En Santafé, habían fundado estudios de gramática y filosofía en 1563; junto a los franciscanos, ocupaban un lugar central en la evangelización y en la administración pastoral de las poblaciones indígenas. Torres, al fundar el Rosario, no llevaba a los dominicos a un terreno nuevo: fortalecía una posición que ya ocupaban.

La Compañía de Jesús, más joven en el reino pero implantada con energía característica, había impuesto en Santafé una hegemonía educativa difícil de disimular. El Colegio de San Bartolomé, inaugurado en 1605, se había convertido en sede del estudio del derecho civil y canónico, y desde 1623 la Academia Javeriana funcionaba como el otro gran centro de las doctrinas jesuíticas. Dominicos y jesuitas habían recibido de la Corona facultad de graduar en sus colegios, pero no la de fundar universidad pública; ambas órdenes gestionaron durante décadas la posibilidad de una universidad plena en Santa Fe sin éxito completo. Sobre este suelo, el Rosario apareció menos como un acto solitario de generosidad episcopal que como pieza de una partida ya en juego: al dotar a los dominicos de un colegio mayor con Constituciones propias y con cátedras equivalentes a las jesuíticas, Torres reequilibraba el mapa educativo de la ciudad a favor de su orden.

Este dato reformula la significación de la fundación. Toda la retórica rosarista posterior se ha concentrado en el gesto benevolente del arzobispo que funda para el bien del reino. La lectura completa exige añadir que Torres fundaba también como fraile predicador en un escenario donde la Compañía de Jesús había ganado posiciones. El Rosario fue, en parte, una respuesta corporativa: el bastión educativo que los dominicos no habían logrado construir con su solo esfuerzo lo obtuvieron por vía del arzobispo dominico. La coincidencia entre la identidad religiosa del fundador y la orden beneficiaria no es azarosa: es la clave.

La tercera fuerza, el patronato regio, condicionó todo el proyecto. Desde las bulas papales otorgadas a la Corona de Castilla a fines del siglo XV y comienzos del XVI, los monarcas españoles ejercían en América tres derechos fundamentales: autorizar la construcción de templos, ejercer el patronato propiamente dicho, y presentar a las personas idóneas para iglesias catedrales, monasterios, dignidades, colegiatas y otros beneficios eclesiásticos. La raíz jurídica se remontaba incluso más atrás, a las Partidas de Alfonso X, que ya en el siglo XIII definían el patronato como derecho que se adquiría por proveer el suelo, edificar el templo y dotarlo con heredamiento para el sostenimiento de los clérigos. Torres, al financiar el Rosario de su peculio, cumplía en el orden educativo lo que las Partidas prescribían en el eclesiástico: quien pone suelo, edificio y dote adquiere patronato.

Pero el patronato tenía otra cara, más restrictiva. Bajo el sistema, los monarcas españoles controlaban directamente el clero secular y regular, y los altos dignatarios eclesiásticos —generalmente de procedencia española como el propio Torres— se relacionaban más estrechamente con el rey de España que con el pontífice de Roma. Los virreyes, presidentes de audiencias y gobernadores actuaban como vicepatronos, marcando pautas de organización y gobierno de la Iglesia indiana. La autoridad arzobispal de Torres se ejercía, por tanto, dentro de un marco que la subordinaba a Madrid con firmeza. Fundar el Rosario requirió permiso real; funcionar según sus constituciones dependía del visto bueno de la Corona; incluso su propia designación como arzobispo procedía de la presentación regia. El operador político-eclesiástico que fue Torres se movía con destreza dentro de estos límites, no fuera de ellos.

Los conflictos jurisdiccionales fueron la moneda común del gobierno eclesiástico colonial. Arzobispos y obispos chocaban frecuentemente con las órdenes religiosas por cuestiones de doctrinas, exenciones, rentas y prelacías; en el ámbito civil, la Real Audiencia se desgarraba por disensiones internas en las que cada oidor se apoyaba en su facción clientelar. El precedente santafereño es elocuente: el arzobispo fray Juan de los Barrios, en el siglo XVI, había mantenido conflictos con los dominicos por su mundano vivir y por la suntuosidad de la iglesia que construían, y recibió continuas quejas ante el Consejo de Indias. Torres, dominico él mismo y arzobispo a la vez, se encontraba en el vértice de tensiones estructurales que ninguna virtud personal podía eliminar: al elevar a su orden en Santafé, alimentaba de manera inevitable las suspicacias de las demás.

Criollos, peninsulares y la república blanca

Torres gobernó en un Santafé cuya sociedad se organizaba como un sistema de jerarquías graduadas según posición social, familiar y pertenencia a un cuerpo o corporación, expresadas públicamente a través de la figura de la preeminencia. Cada acto colectivo —una procesión, un funeral, un acto de universidad— era una escenografía del orden social. En este marco, la norma general del siglo XVII era que los españoles peninsulares ejercían el mando mientras los criollos sobrevivían en una posición subordinada, y el clero se extendía vertiginosamente. Los conflictos abiertos entre criollos y españoles no cristalizarían hasta la segunda mitad del siglo XVIII; en tiempos de Torres, los funcionarios metropolitanos se integraban a la sociedad local mediante alianzas, complicidades y matrimonios que la Corona formalmente prohibía pero que la práctica cotidiana consagraba.

Los criollos, por regla general, no accedían a los altos cargos políticos. Se les toleraban, en cambio, funciones más modestas pero no desdeñables: administradores de rentas, funcionarios del tesoro, abogados litigantes ante la Audiencia y, para unos pocos, corregimientos y asesorías gubernamentales. El camino principal hacia estos cargos era el estudio del derecho. Aquí encaja con precisión el proyecto rosarista de Torres. Su Colegio Mayor formaría precisamente a los hombres capaces de ejercer esas funciones: jurisprudencia como cátedra central, admisión restringida a la república blanca, formación tomista compatible con la ortodoxia tridentina que la Corona exigía. El Rosario canalizaba las aspiraciones criollas hacia los únicos huecos que el sistema colonial les tenía reservados. Ni más ni menos.

Esta lectura permite calibrar el alcance real del gesto fundacional. Torres no democratizó el acceso al saber ni abrió puertas nuevas: profundizó el molde existente y le dio arquitectura duradera. La sociedad criolla neogranadina del siglo XVII no presentaba una separación nítida entre encomenderos, mineros, propietarios, comerciantes y funcionarios; estas categorías se superponían dentro de las mismas familias patricias. El Rosario, al formar juristas y teólogos con criterio nobiliario de admisión, servía al circuito completo de esas familias, no a una fracción de él. Reproducía el orden y a la vez lo consolidaba.

Trento en los Andes

La otra clave para entender a Torres es el marco doctrinal de la Contrarreforma. El Concilio de Trento había impulsado, mediante su Catechismus ad Parochos, la creación de catecismos manuales de uso universal y una obra de instrucción doctrinal sistemática. En Hispanoamérica, el texto que mejor condensó las propuestas tridentinas y que alcanzó mayor difusión fue la Doctrina Christiana con su breve declaración por preguntas y respuestas del jesuita Gaspar Astete, cuya influencia en la formación de los católicos latinoamericanos se extendería hasta mediados del siglo XX. Torres se movía dentro de este universo pedagógico: la fe se enseñaba mediante repetición, memorización y catecismo, no mediante razonamiento libre.

En Cartagena de Indias, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, instalado desde comienzos del siglo XVII, vigilaba la ortodoxia con especial dureza. Sus competencias incluían el control de libros prohibidos, la persecución de blasfemias, brujerías, satanismo, delitos sexuales y, con particular ahínco, el reformismo protestante: procesó a ochenta y dos personas por reformismo, entre luteranos, calvinistas y hugonotes, cuya presencia era más extendida por la naturaleza comercial del puerto. Torres no dirigía la Inquisición —era un tribunal autónomo— pero convivía y colaboraba con ella en la vigilancia de la ortodoxia. Un arzobispo dominico y un tribunal inquisitorial compartían horizonte doctrinal: la unidad católica de las Indias.

La escolástica de Aristóteles y Santo Tomás, el catecismo tridentino, el índice de libros prohibidos, la enseñanza por dictado, la exclusión de las ciencias experimentales: todos estos rasgos formaban un sistema coherente. Torres no fue su inventor —lo era la Iglesia europea de la Contrarreforma— pero fue uno de sus ejecutores más eficaces en el Nuevo Reino. Su obra debe leerse como aplicación local de una empresa ideológica de escala imperial.

Al lado de esta rigidez, la Contrarreforma española produjo también sus místicos, cuya intensidad espiritual desbordaba la teología manualizada. San Juan de la Cruz y Santa Teresa en la Península, la Madre Josefa del Castillo en la Nueva Granada —contemporánea tardía de la generación posterior a Torres— muestran que dentro del catolicismo tridentino cabía una zona de experiencia interior que se aproximaba a la poesía. Torres, más letrado que místico, más administrador que contemplativo, no pertenece a ese linaje; pero su Iglesia sí, y su Rosario formaría a hombres que convivirían con ambas dimensiones de la fe.

La huella: el mito rosarista y su lectura crítica

Lo que dejó Cristóbal de Torres al morir en 1654 es más complejo de lo que la memoria institucional del Rosario ha querido consagrar. Dejó, en el orden material, un colegio funcionando en sus primeros pasos, con cátedras parcialmente activas y con una cátedra de medicina prescrita pero no iniciada. Dejó, en el orden normativo, unas Constituciones que fijaron con vigor el perfil del claustro por al menos un siglo y medio. Dejó, en el orden simbólico, la figura del arzobispo-fundador que las generaciones sucesivas convertirían en patrono del saber neogranadino.

La lectura crítica exige desmontar tres capas del mito. La primera, la imagen del gran arquitecto solitario. Torres fundó en el marco de un proceso que lo excedía: los dominicos llevaban desde 1563 impartiendo estudios superiores en Santafé, la demanda criolla de titulación jurídica preexistía a su llegada, el modelo salmantino era el único horizonte institucional disponible. Torres no inventó la educación superior en el Nuevo Reino: le dio, en un momento oportuno, forma jurídica, dote y prestigio arzobispal.

La segunda capa, la imagen del santo desprendido. Que financiara el colegio de su peculio es cierto, y no menor; pero el gesto tenía también dimensión política: aseguraba control sobre la institución, reforzaba a su orden y consagraba su nombre para la posteridad. La generosidad y el cálculo institucional no son incompatibles; en un arzobispo del siglo XVII, marchaban de la mano.

La tercera capa, la imagen del precursor ilustrado. La escolástica que Torres consagró en las Constituciones no era una etapa provisional hacia una modernidad futura: era el modelo definitivo que él consideraba correcto. Cuando el plan de Moreno y Escandón intentó reformar la enseñanza más de un siglo después, chocó con la inercia acumulada de la estructura que Torres había fijado. El Rosario no fue cuna de la Ilustración porque su fundador lo quisiera así: lo fue —y solo en parte— porque, en el siglo XVIII, generaciones distintas encontraron en sus muros el espacio para pensar cosas que las Constituciones no habían previsto.

Frente a este balance, la lectura no puede caer en el iconoclasmo fácil. Torres construyó, con dinero, tiempo y autoridad, una institución que efectivamente formó a las élites letradas del Nuevo Reino durante generaciones. Lo hizo dentro de los límites de su época y de sus categorías —la república blanca, la escolástica, el patronato— y no fuera de ellos. Es a la vez agente y prisionero de las estructuras que movilizó: agente porque su fundación tuvo consecuencias reales y duraderas; prisionero porque no podía haber fundado un colegio radicalmente distinto del que fundó sin dejar de ser el hombre que era y sin salirse del sistema del que dependía. En esta doble condición reside la exactitud histórica de su figura, y también su interés: Torres no es un santo ni un villano, es un operador competente del orden colonial católico, cuyo mayor logro —el Rosario— reprodujo con eficacia notable las jerarquías del reino y sobrevivió a su fundador con una densidad institucional que muy pocos actores del siglo XVII neogranadino alcanzaron. La historia de Colombia no puede escribirse sin él, pero tampoco debe escribirse desde la retórica que la tradición rosarista consagró en su nombre.