Faccionalismo y violencia interna de la Real Audiencia de Santafé (1550-1564)

Faccionalismo y violencia interna de la Real Audiencia de Santafé (1550-1564)

Entre la instalación de la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada en 1550 y el arribo del primer presidente togado, Andrés Díaz Venero de Leiva, en 1564, el más alto tribunal de la periferia neogranadina no gobernó el territorio: se sobrevivió a sí mismo. Sus oidores se enemistaron hasta el envenenamiento político, sus visitadores fueron arrastrados a bandos, sus juicios de residencia se convirtieron en armas contra colegas, y un miembro del propio cuerpo —el licenciado Juan de Montaño— terminó preso en Santafé, embarcado bajo escolta a España con un expediente de 256 cargos y ejecutado en el cadalso. La historia de aquellos catorce años no es la de una institución débil que se fue consolidando, sino la de un aparato jurídico que operó desde el comienzo como escenario de facciones, y que en esa condición reveló los límites empíricos del proyecto Habsburgo en la conquista tardía. La imagen habitual de la Audiencia como pieza serena de la maquinaria imperial procede de su etapa posterior; su primera década y media dice otra cosa: cuenta cómo el gobierno letrado, al aterrizar en un territorio dominado por encomenderos armados y por sus propios séquitos clientelistas, no impuso orden sino que multiplicó el desorden con papel sellado.

El mundo del que brotó la Audiencia

En 1550 los historiadores han convenido en fechar el paso de la Conquista a la Colonia en el Nuevo Reino de Granada. La fecha simplifica una realidad más turbia: la guerra seguía en muchas comarcas, los pueblos indígenas resistían con levantamientos que amenazaban ciudades como Vélez y Tunja, y buena parte del territorio se gobernaba de facto por la voluntad de encomenderos que se sabían dueños del trabajo indígena y de los cabildos. Lo que la fecha registra es un cambio de mirada de la Corona: desde entonces las autoridades españolas empezaron a ver el Nuevo Reino como tierra de pobladores más que de guerra. Ese cambio de mirada trajo instituciones.

La Real Audiencia se instaló en Santafé como tribunal de segunda instancia. En primera instancia decidían los alcaldes ordinarios —salvo en delitos graves, para los que se despachaba un juez comisionado—, y solo ciertas causas podían suplicarse al Consejo Real y Supremo de las Indias, creado en 1523 como órgano centralizador de la política y la legislación de ultramar. Sobre el papel, la arquitectura era impecable: los alcaldes abajo, la Audiencia en el medio, el Consejo de Indias como cúpula. En la práctica, la apelación a Madrid ocurría con poca frecuencia, y la Audiencia concentraba en las mismas personas funciones administrativas y judiciales que en Europa se venían separando, lo que producía conflictos de competencia continuos con gobernadores y cabildos.

El propio derecho que aplicaban los magistrados era, además, flexible. Podían fallar conforme a la costumbre o a la equidad, sin ceñirse estrictamente a la letra de la ley: era un rasgo del oficio letrado en la tradición castellana, no un vicio, y no equivalía a poder caprichoso. Pero esa discrecionalidad, sumada a la fórmula política —bien conocida en toda América— del se obedece pero no se cumple, dibujaba un tablero peculiar. La fórmula, lejos de ser sedición, era un principio de realismo con que las autoridades locales respondían a disposiciones metropolitanas que chocaban con la realidad territorial: se obedecía la orden como signo de sujeción y se suspendía su cumplimiento cuando prometía desaciertos. En la Nueva Granada, el Cabildo de Bogotá había hecho exactamente eso desde 1546 con las Leyes Nuevas de 1542, que limitaban la encomienda a dos generaciones y buscaban un trato más benigno a los indios: aquellas leyes habían provocado guerra civil en el Perú, y la Corona misma había suspendido su aplicación en la Nueva Granada. Cuando la Audiencia se instaló en 1550, encontró un territorio donde la ley protectora estaba ya oficialmente obedecida y oficialmente incumplida.

Encima de ese suelo llegaron los oidores. Y con los oidores, sus séquitos.

Un rasgo estructural, muchas veces pasado por alto, explica buena parte de lo que vino: cada funcionario real que desembarcaba en la Nueva Granada llegaba acompañado de familiares y dependientes a quienes favorecía con encomiendas. El aparato enviado a corregir el clientelismo de los conquistadores reproducía el patrón que decía combatir. La primera generación de encomenderos del Nuevo Reino ya estaba compuesta, en parte, por hombres de las expediciones de Gonzalo Jiménez de Quesada, de Sebastián de Belalcázar y de Jerónimo Lebrón, pero también por integrantes de los séquitos del adelantado Alonso Luis de Lugo y del licenciado Miguel Díaz de Armendáriz. A esa base se añadieron las clientelas de oidores, visitadores y fiscales. El resultado fue que las acciones de los emisarios de la Corona pesaban tanto en la propagación del desorden como en el establecimiento de la autoridad real.

Esta duplicidad no era sutil. Los oficiales reales y los clérigos que llegaban a las colonias realizaban con frecuencia operaciones comerciales, aprovechando su exención del impuesto de almojarifazgo para importar artículos de uso personal y revenderlos en empresas especulativas. Las denuncias por esa práctica se acumularon al menos hasta principios del siglo XVII. Los intereses vinculados a las encomiendas, entretanto, no solo pesaban en las decisiones judiciales: eran el eje mismo de las alianzas políticas. Los cambios en el poder, en el Nuevo Reino, habían revestido la forma de una imposición: Lebrón, Luis de Lugo, Montalvo de Lugo. Cada uno arrastró su facción. La Audiencia, al llegar, se sumó al juego sin saber que le pertenecía.

Montaño y Briceño: la primera guerra interna

Los dos primeros oidores cuyos nombres cristalizan la disensión temprana fueron el licenciado Juan de Montaño y el licenciado Francisco Briceño. Sus enemistades se instalaron pronto y no cedieron. Briceño encarnaba la conexión con la alta clase del Nuevo Reino, es decir, con la red de encomenderos y notables que había echado raíces en Santafé desde los años de Jiménez de Quesada. Montaño, en cambio, entró en el papel del funcionario celoso: el que quería reformar, el que se creía llegado a Indias con un mandato de corrección.

El primer episodio grave de proyección extraterritorial de esa rivalidad fue el viaje de Montaño a Popayán. La Audiencia lo despachó para atender una situación preocupante: el levantamiento de Álvaro de Oyón se sumaba a la rebelión del cacique de Saboyá, que amenazaba Vélez y Tunja. Montaño salió con encargo institucional, pero no lo cumplió como el cuerpo esperaba. Cuando Briceño lo llamó de regreso a Santafé, Montaño desobedeció. Siguió camino a Cartago y luego a Cali. Allí hizo algo que selló su suerte: apoyó al obispo indigenista Juan del Valle en su lucha contra los encomenderos de la gobernación de Popayán.

Aquel apoyo lo enemistó definitivamente con la alta clase del Nuevo Reino, cuyo vocero en la Audiencia era precisamente Briceño. Montaño había cruzado la línea que separaba al reformador tolerable del reformador peligroso. El costo del viaje —unos 2.000 pesos— sería después objeto de reclamación. Pero el costo político fue mayor: al regresar, Montaño encontró un tablero donde su enemigo interno tenía aliados en el obispo de Santafé, Juan de Barrios, en los oficiales reales y en los miembros más prominentes de la sociedad santafereña. La red se cerró.

El siguiente episodio fue Cartagena. Montaño había recibido desde España el encargo de proseguir la residencia contra Juan Díaz de Armendáriz. Al llegar, encontró que el fiscal de la Audiencia, Juan de Maldonado, ya actuaba allí como juez de residencia contra el gobernador Pedro de Heredia. Los roces entre Montaño y Maldonado fueron tan graves que Montaño terminó dejando las diligencias contra Armendáriz —quien, por lo demás, ya estaba en España— en manos del fiscal. El viaje que debía servir para consolidar su autoridad sirvió para acumular otro frente de enemistades.

De vuelta en Santafé, la Audiencia comenzó a preparar su residencia. El encargo recayó en el oidor Grajeda. Antes de que el juicio se abriera formalmente, apareció una denuncia mayor: se acusó a Montaño de haber querido sublevarse contra la Corona y huir con la riqueza acumulada hacia el Amazonas, al mítico Dorado. La acusación era la más grave que podía formularse contra un funcionario real. En febrero de 1558, la Audiencia arrestó a Montaño y lo envió bajo escolta a España con un expediente de 256 cargos. Tras un largo proceso, fue sentenciado a muerte en el cadalso. A sus familiares y hermanos les quitaron las encomiendas y los oficios.

La cifra —256 cargos— es la marca del método. No era una acusación puntual; era una acumulación paciente. Los frentes de enemistad se habían coaligado para producir un expediente demoledor. La Audiencia, cuya función era administrar justicia, había fabricado contra uno de los suyos un dossier del volumen de un pleito imperial.

La encomienda como campo de batalla

Detrás de los nombres y los expedientes había un asunto material: la encomienda, y con ella los tributos y el trabajo indígena. Ese era el eje sobre el que giraba toda la política del Nuevo Reino, y ninguna facción interna de la Audiencia se explica sin él.

Antes de 1550, los tributos que debían pagar los indios no estaban tasados: los cobraban arbitrariamente los encomenderos, en especies muy diversas —mantas de algodón, cabuya, coca, venados, sal, pescados, cal, cebada— y con uso frecuente de indios como cargueros. La conmutación de oro por mantas era práctica común. La tasación oficial —el establecimiento de límites cuantitativos claros a lo que un cacique, en representación de su comunidad, debía entregar— era el instrumento fundamental para acotar el poder encomendero. Y era, precisamente, lo que no se lograba.

El propio Jiménez de Quesada había señalado en 1549 que la tasación, tantas veces ordenada, no había podido llevarse a cabo. El gobernador Miguel Díaz de Armendáriz había confesado su impotencia al respecto al rey en carta de febrero de 1547. Cuando la Audiencia se instaló, ella misma se reservó la legislación sobre tasación de tributos, encomienda, trabajo indígena, jurisdicción sobre el gobierno ciudadano y repartición de tierras en la sabana. Asumió formalmente, en otras palabras, las materias centrales de la economía política del Nuevo Reino. Formalmente. Porque la resistencia encomendera —expresada a través del cabildo, dominado desde el comienzo por los encomenderos principales— hizo que la tasación tardara décadas en implementarse de verdad.

Cuando un oidor como Montaño se acercaba al obispo Juan del Valle en Cali —un obispo que era voz de los indios contra los encomenderos—, no realizaba un gesto humanitario abstracto: tocaba el nervio material sobre el que reposaba el poder de la clase dominante criolla. Los encomenderos entendieron el gesto exactamente como era. Cuando los pleitos por linderos de encomiendas y por indios encomendados se acumulaban —los títulos carecían con frecuencia de datos precisos y la Audiencia no lograba zanjar las rivalidades—, cada fallo del tribunal era una asignación de riqueza. Y cuando un funcionario intentaba ejecutar las Leyes Nuevas, ya obedecidas y no cumplidas desde 1546, era el orden económico entero el que se levantaba contra él.

La tensión de fondo era estructural y llegaba desde el otro extremo del imperio. A la Corona le convenía preservar la población indígena como fuente duradera de tributos; a los encomenderos, explotarla intensamente en el corto plazo. Esa contradicción produjo conflictos entre autoridades reales y encomenderos en toda América. Pero en la Nueva Granada de los años cincuenta, sin presidente togado, con oidores que no lograban ponerse de acuerdo y con un cabildo capturado, la contradicción no se dirimió: se enquistó dentro de la propia Audiencia.

Los juicios de residencia como arma

En teoría, el juicio de residencia era un mecanismo de rendición de cuentas: cada funcionario, al terminar su cargo, debía someterse a una revisión pública de su gestión, en la que quien tuviera queja podía presentarla. En la práctica, entre 1550 y 1564, la residencia funcionó en el Nuevo Reino como algo distinto: como el arma preferida de las facciones.

El caso de Sebastián de Belalcázar lo había prefigurado. Su residencia debía conducirla Miguel Díaz de Armendáriz, pero se suspendió por los sucesos de las Leyes Nuevas. En 1550, ya instalada la Audiencia, fue Francisco Briceño quien retomó el proceso y decretó la suspensión de funciones del conquistador de Popayán. La residencia dejó de ser un cierre administrativo para volverse un instrumento de reconfiguración política: quien la conducía redistribuía poder.

Con Montaño, la lógica se llevó al extremo. La residencia contra él no fue una revisión rutinaria; fue el vehículo que canalizó todas las enemistades acumuladas —Briceño, Barrios, los oficiales reales, la sociedad santafereña, Maldonado desde Cartagena, los encomenderos de Popayán— en un solo expediente formal. La denuncia de sublevación —el rumor del Dorado como destino de una fuga con la riqueza acumulada— fue el detonante que legitimó el arresto antes incluso de que la residencia comenzara. La forma jurídica cubrió una operación política.

El patrón no fue excepcional en la Nueva Granada. Los visitadores enviados con poderes extraordinarios que intentaron introducir reformas capaces de vulnerar los intereses del patriciado criollo se vieron arrastrados a luchas de facciones: ese destino les cupo a Monzón, Prieto de Orellana, Saldierna de Mariaca y Juan Cornejo entre los visitadores, y a los oidores Egas de Guzmán y Luis Henríquez. La secuencia se repetía: llegaba un funcionario celoso, tocaba intereses encomenderos, cosechaba enemigos, y los enemigos usaban las herramientas jurídicas —cargos, denuncias, contravisitas, residencias— para neutralizarlo. Un modo faccional de operar la Audiencia se estabilizó como regla.

Santafé, Cartagena, Popayán: el conflicto se derrama

Un rasgo distintivo del faccionalismo audiencial entre 1550 y 1564 es que no se contuvo en Santafé. Las rivalidades internas del tribunal se proyectaron sobre las gobernaciones vecinas y arrastraron a otras autoridades, generando un tejido de conflictos cuyo mapa iba de la sabana al Caribe y del Caribe al valle del Cauca.

En Cartagena, la residencia contra Pedro de Heredia estaba en manos del fiscal Juan de Maldonado cuando llegó Montaño con encargo español de proseguir la residencia contra Juan Díaz de Armendáriz. Los roces fueron inmediatos. Cartagena, sede episcopal, puerto y cabeza de una gobernación estratégica, era además un espacio donde el poder de la Corona se ejercía bajo cédulas específicas: al gobernador Heredia se le había ordenado respetar la libertad de los indios y tratarlos como libres una vez pagados sus tributos. Las quejas contra Heredia se acumularon pronto, señal de hasta qué punto la letra de la ley y la práctica local se habían separado.

En Popayán, el viaje de Montaño a Cartago y Cali cristalizó el drama. La gobernación era el frente más álgido de la lucha por los indios: el obispo Juan del Valle había hecho de la defensa indigenista un programa. Cuando Montaño lo respaldó, no solo se enemistó con los encomenderos payaneses; se enemistó con toda la red criolla del Nuevo Reino, porque los intereses estaban entrelazados y porque el gesto se leyó, con razón, como una toma de partido de clase. La sincronía es reveladora: en 1555 se celebró el sínodo eclesiástico de Popayán, en 1556 el de Cartagena, en 1558 el de Santafé. La Iglesia intentaba organizarse mientras la Audiencia se despedazaba, y las autoridades civiles y eclesiásticas se cruzaban en cada disputa, aliándose y enfrentándose según el asunto.

El faccionalismo audiencial no era, por tanto, un pleito entre togas encerradas en Santafé. Era la manifestación santafereña de un sistema de poder policéntrico donde cada oidor tenía relaciones —de deber, de deuda, de parentesco, de conveniencia— con actores dispersos por miles de kilómetros. Cuando Montaño viajó a Popayán, no viajó como enviado neutro de un tribunal: viajó como pieza que sus enemigos podían capturar en cada uno de sus movimientos.

El cabildo, el gobernador, la Audiencia: tres cabezas para un cuerpo

Otra fuente de conflicto permanente estaba en la arquitectura misma del gobierno colonial. Antes de la Audiencia, el cabildo y el gobernador eran las autoridades principales de las poblaciones españolas del Nuevo Reino. La creación del tribunal alteró esa estructura sin sustituirla: le superpuso una tercera cabeza que competía por las mismas materias.

El cabildo de Santafé no era una institución representativa popular. Los regidores habían sido nombrados inicialmente por el gobernador entre los encomenderos principales, y en algunos casos el monarca nombraba regidores perpetuos; coexistían varios sistemas de provisión, pero todos convergían en el mismo resultado. Los cabildantes eran encomenderos, escogidos dentro del mismo círculo con el que se asignaban las encomiendas. Cuando desde 1546 el Cabildo de Bogotá obedeció formalmente las Leyes Nuevas y decidió no cumplirlas, la decisión no la tomaba un cuerpo neutral: la tomaba la propia clase encomendera protegiendo sus derechos de explotación.

Que la Audiencia se hubiese reservado la legislación sobre encomienda, tributos, trabajo indígena, gobierno ciudadano y tierras de la sabana significaba, entonces, un choque frontal con ese cabildo. Y la fricción no era solo legislativa: bajaba a la calle. Por decreto de 1558, los alguaciles de la Audiencia y los de la ciudad tenían obligación de patrullar Santafé de noche, compartiendo un mismo empedrado que también compartían para pelearse. Los estrados se llenaban de rivalidades entre encomenderos por linderos y entre ciudades por límites jurisdiccionales y ejidos, y en cada uno de esos pleitos el derecho de facto se imponía sobre las leyes metropolitanas.

Solo hacia el final del siglo XVI la pérdida acelerada del poder encomendero, sostenido en la tributación indígena, se traduciría en pérdida de influencia de ese sector en el cabildo capitalino, manifestada en el ausentismo y el abandono de puestos. Entre 1550 y 1564 esa erosión aún no había ocurrido. El cabildo era fuerte, encomendero y hostil a las reformas. La Audiencia entraba en ese terreno, y en ese terreno se libró buena parte de su primera guerra.

Por qué se pudrió el sistema

Ese mismo terreno —un cabildo capturado, una Audiencia recién llegada, gobernadores con jurisdicciones solapadas— es el que explica que el desorden de aquellos catorce años no pueda cargarse a las personas. Atribuirlo al carácter difícil de Montaño, a la ambición de Briceño o a la impericia colectiva de los primeros oidores sería un error. Los rasgos personales pesaron —sin las enemistades específicas de Montaño con Briceño, con Maldonado, con el obispo Barrios, la secuencia habría sido distinta—, pero operaron sobre un suelo estructural que hacía altamente probable, casi inevitable, algún resultado semejante.

Ese suelo tenía cuatro capas superpuestas. La primera era la confusión de funciones administrativas y judiciales en las mismas personas, que producía conflictos de competencia continuos con gobernadores y cabildos. Sobre ella se asentaba la práctica clientelista de los propios funcionarios reales, que llegaban con séquitos a los que colocaban en encomiendas y así reproducían el patrón que debían corregir. Más arriba pesaba la resistencia del patriciado encomendero, capaz de arrastrar a luchas de facciones a cualquier reformador —lo demostraron caso tras caso los visitadores Monzón, Prieto de Orellana, Saldierna de Mariaca y Cornejo, y los oidores Egas de Guzmán y Henríquez—. Y como cielo del edificio, la fórmula política del se obedece pero no se cumple, que operaba desde Madrid como principio reconocido de realismo y desde Santafé como licencia efectiva para la desobediencia selectiva.

Sobre esas cuatro capas, los detonantes fueron ordinarios: un viaje mal llevado, un llamado desobedecido, un obispo apoyado, una denuncia de sublevación con la riqueza rumbo al Dorado, un fiscal celoso encontrado en el puerto equivocado. Sin las capas de fondo, esos detonantes no habrían encendido nada. Con ellas, cualquier chispa bastaba.

Queda un elemento adicional. Las contradicciones entre la política colonial española y los conquistadores se habían manifestado muy temprano en toda América: los procesos contra Cristóbal Colón, contra Hernán Cortés y contra los Pizarro las documentan. La Nueva Granada de los años cincuenta no inventó el faccionalismo colonial; heredó una gramática ya escrita. Lo específico del caso santafereño fue la intensidad y la simultaneidad: en pocos años, la Audiencia entera —y no solo un funcionario aislado— quedó atrapada en el juego, hasta el punto de que uno de sus oidores terminó en el cadalso.

Lo que quedó después de 1564

La llegada de Andrés Díaz Venero de Leiva en 1564, como primer presidente togado, cierra la etapa. Venero era miembro del Consejo de su Majestad y ostentaba el título de presidente y gobernador e Capitán General del Nuevo Reino de Granada. Su autoridad bastaba para ordenar fundaciones de villas por medio de tenientes, y siguió bastando incluso años después de su etapa más activa: en junio de 1572, Hernán Suárez de Villalobos, teniente de gobernador de Tunja y Vélez, tomó posesión de una fundación en lugar y por el presidente, en nombre de Dios y del rey, ante españoles e indígenas y con presencia del escribano que daba fe. Ese detalle protocolar dice mucho: la autoridad presidencial había llegado a un punto en que podía delegarse con la naturalidad de un acto de fe pública.

No conviene idealizar el cambio. La Audiencia solo alcanzaría una consolidación relativa en la década de 1570, bajo la presidencia de Francisco Briceño —el mismo Briceño que había protagonizado, dos décadas antes, la primera guerra interna con Montaño—. Y hasta el último tercio del siglo XVI el monopolio de la mano de obra indígena por los encomenderos seguiría siendo causa permanente de conflictos, hasta empujar a la Corona a nuevas reformas. Pero algo cambió después de 1564: el faccionalismo interno del tribunal dejó de ser el motor principal de la política neogranadina. La institución empezó a parecerse más a la imagen convencional que la historiografía le atribuye.

Las consecuencias del período 1550-1564 fueron, sin embargo, duraderas. En lo inmediato, el caso Montaño estableció un precedente formidable: un oidor podía terminar en el cadalso, y sus familiares podían perder encomiendas y oficios. El aviso circuló. En el mediano plazo, la incapacidad de la Audiencia para imponer la tasación de tributos consolidó el poder de facto de los encomenderos hasta que su base económica misma empezó a erosionarse a fines del siglo XVI. Y en el largo plazo, el faccionalismo audiencial de estas décadas dejó instalada una forma de operar la justicia colonial —el uso del expediente jurídico como arma de facción— que reaparecería en visitas y residencias posteriores durante los tres siglos de dominio colonial.

Los 256 cargos contra Montaño son la prueba doble de que el tribunal existía —tenía escribanos, tenía procedimientos, tenía la capacidad de embarcar a un reo hasta Sevilla— y de que sus instrumentos servían para dirimir enemistades tanto como para administrar justicia. La Audiencia que salió de aquellos años, la que Venero de Leiva empezó a componer y Briceño terminó de asentar, arrastró consigo la memoria —y los métodos— de la primera guerra que libró contra sí misma.