Establecimiento de la Casa de la Moneda de Santafé (1621)

Establecimiento de la Casa de la Moneda de Santafé (1621)

En los años finales del reinado de Felipe III y los primeros de Felipe IV, la Corona autorizó en Santa Fe de Bogotá una casa de moneda destinada a acuñar el oro del Nuevo Reino de Granada. La real cédula que la ordenaba data de 1620-1621; las primeras acuñaciones documentadas y la estabilización operativa de la ceca se produjeron hacia 1627, bajo la gestión de Salvador Ricaurte y Francisco Sarasúa. El acto parecía técnico —fundir, ensayar, marcar, cuñar—, pero reordenó la geografía fiscal de un territorio cuya economía dependía casi por entero de un solo producto de exportación. Al ofrecer una tasa preferencial del cinco por ciento sobre el oro declarado, la nueva ceca atrajo hacia la capital metal que hasta entonces fluía —cuando fluía— por las cajas reales de Cartago, Anserma, Cali, Zaragoza o Popayán, y ancló en Santafé un nodo de regularización aurífera que precedió en dos siglos al centralismo republicano. Fue la primera ceca con acuñación efectiva y sostenida en tierra firme americana, y el dispositivo que traduce, en circulante metálico y en registro contable, la conversión de Santa Fe en centro económico y no solo en sede de la Real Audiencia.

El mundo del oro antes de la ceca

Entre 1570 y 1620, el Nuevo Reino de Granada se convirtió en el principal productor de oro de América. La afirmación es literal y estructural: el metal no era el rubro dominante de las exportaciones sino, para efectos prácticos, el único, y con él se pagaban los productos españoles que consumían los pobladores. A fines del período colonial, el oro representaba más del 85% de las exportaciones neogranadinas, y ese peso relativo ya estaba consolidado en las primeras décadas del siglo XVII. Los distritos antioqueños —Zaragoza, Remedios, Cáceres, Guamocó— alcanzaron su pico de producción hacia 1600.

El distrito de Santa Fe registró legalmente 1.349.705 pesos de oro de 22,5 quilates en el quinquenio 1595-1599. La cifra, traducida a promedio anual, ronda los 270.000 pesos: una magnitud considerable si se recuerda que un jornal indígena tasado se contaba en fracciones de peso y que una encomienda mediana rendía anualidades muy inferiores. Es el techo documentado para la región antes de que la curva empezara a inclinarse, y ofrece el orden de magnitud sobre el cual operaría, dos décadas después, la ceca capitalina. Cada uno de esos pesos había sido lavado en batea, fundido en tejuelo, transportado a lomo de mula o de espalda indígena por caminos que apenas merecían ese nombre, y presentado en una caja real donde un oficial de dudosa formación técnica calibraba el quilataje. La cadena era larga, costosa y llena de mermas.

Ese oro tributaba al rey por el llamado quinto real, un gravamen del veinte por ciento sobre el metal extraído. El aparato para cobrarlo consistía en una red de casas de fundición dispersas por el territorio: Cartago, Anserma, Cali y otras plazas contaban con instalaciones cuyo único objeto era fundir el oro en barras o tejuelos y recaudar el quinto, previniendo la fuga ilícita del metal sin previo pago de derechos fiscales. No acuñaban moneda: eran oficinas de control, no cecas. En 1578, el presidente Lope Díez Aux de Armendáriz había reglamentado la acuñación —o más bien la circulación normalizada— de tejuelos de oro en el Nuevo Reino, evidencia de que el metal circulaba internamente en formas cercanas al lingote, sin haber pasado por cuños oficiales de moneda.

El sistema fallaba por dos flancos. La tasa era alta y el incentivo a evadirla, considerable: la producción real de oro fue entre un tercio y la mitad mayor que la cantidad efectivamente acuñada, lo que arroja una evasión estructural muy por encima del margen tolerable. Desde 1580 en adelante, la producción calculada en la Nueva Granada superó con creces las cifras de oro llegado a Sevilla; la diferencia entre lo extraído y lo asentado en la Casa de Contratación remite, con altísima probabilidad, al contrabando y a la evasión del monopolio sevillano. Regiones como el Chocó eran territorios de fuga permanente, y la administración española invirtió durante décadas en instalar y sostener cajas reales que rara vez controlaban el flujo real del polvo de oro. La geografía conspiraba contra el fisco: ríos navegables hacia el Pacífico, trochas hacia Cartagena que evitaban los puestos oficiales, complicidades locales entre mineros y comerciantes portugueses o extranjeros que compraban el polvo sin preguntar por su origen.

A ese cuadro se sumó, hacia 1620, un factor coyuntural decisivo: el receso minero. La producción aurífera del Nuevo Reino inició un declive sostenido cuya extensión precisa se documenta mejor para los distritos antioqueños, donde hacia 1630 se producía la mitad de lo que había rendido el pico de 1600, y hacia 1660 apenas una décima parte. En el distrito de Santa Fe la caída del oro legalmente registrado a lo largo del período 1595-1644 fue continua. Las razones se combinaban: el agotamiento de yacimientos como Guamocó y Zaragoza, que se acercaban al final de su curva a mediados del siglo; el decrecimiento demográfico indígena, que reducía la mano de obra disponible; y el desplazamiento sucesivo de las fronteras mineras hacia comarcas cada vez más remotas y menos controlables. La Corona se encontró, hacia 1620, con un impuesto que se evadía masivamente sobre una base productiva que además comenzaba a contraerse. La Casa de la Moneda de Santafé nace en ese cruce.

De la cédula al primer cuño

La arquitectura jurídica del acto era la habitual del Imperio. El Consejo Real y Supremo de las Indias, creado en 1523, concentraba la potestad legislativa suprema sobre las colonias y despachaba las reales cédulas que ordenaban la creación de instituciones. Las cecas americanas —México (1535), Lima (1568), Potosí (1574)— se habían establecido siguiendo ese trámite, y la de Santafé se inscribe en la misma lógica: una decisión imperial refrendada por cédula, ejecutada localmente por el presidente de la Audiencia. Juan de Borja, presidente del Nuevo Reino entre 1605 y 1628, gestionó desde Santa Fe la instalación material de la ceca. Antonio González había sido, décadas antes, uno de los presidentes que preparó el terreno normativo del control aurífero regional; hacia los años 1620, los oficiales reales que reciben el encargo de montar la ceca son Salvador Ricaurte y Francisco Sarasúa, con Francisco Beltrán de Caicedo entre los notables santafereños vinculados a los primeros años de la operación.

La cédula fundacional se emite en 1620-1621, en los últimos meses de Felipe III y el inicio del reinado de Felipe IV. La distancia entre la orden real y la puesta en marcha efectiva de la ceca —dos noticias históricas separadas por unos seis años— refleja el tiempo material necesario para levantar el edificio, adquirir prensas, cuños, hornos de afinación y crisoles, y sobre todo para asegurar el personal técnico calificado: ensayadores, fundidores, balanzarios, tallistas de cuños. Las primeras acuñaciones documentadas de la Casa de Moneda de Santafé corresponden a 1627, bajo la gestión de Ricaurte y Sarasúa, y desde ese año la ceca aparece en las series estadísticas como un registro autónomo de la producción aurífera oficial del Reino.

El régimen monetario en el que se inserta la nueva ceca es el bimetalismo imperial: la Corona emitía monedas de oro y plata a una tasa de cambio fija entre ambos metales, y aplicaba una política de acuñación libre según la cual los poseedores privados de metales podían llevarlos a la casa de moneda en cantidades irrestrictas y recibir a cambio moneda, a un precio de casa fijado por reglamento. El peso de ocho reales de plata —371 granos de plata pura al final del siglo XVIII— era la moneda principal del sistema en toda la América hispánica; el oro se acuñaba en escudos y sus múltiplos. En principio, todo oro y plata extraídos de las minas debían ser acuñados obligatoriamente, obligación que servía tanto para imponer ciertos impuestos como para facilitar la percepción de otros al forzar el paso del metal por una ventanilla estatal.

En la práctica, ese ideal no se cumplía. El oro acuñado en Santafé no circulaba internamente como moneda corriente en la mayor parte del virreinato: se exportaba. Solo en regiones mineras excéntricas como el Chocó y Antioquia existían usos monetarios locales del oro en polvo o en tejuelos, al margen del cuño oficial. La ceca operaba menos como surtidor de circulante interno que como estación de paso obligada del metal camino de España: fundía, ensayaba, marcaba —dejando su cuño y su ensayador identificables en cada pieza— y con ello formalizaba el flujo, tributaba al rey y remitía la moneda a Cartagena, puerta atlántica del sistema. Cada moneda salida de Santafé llevaba impresas las marcas de la casa: iniciales del ensayador, marca de ceca, indicación del monarca reinante. Esas marcas permiten hoy reconstruir series de acuñación y trazar la actividad de la institución a lo largo de décadas, aun cuando los libros contables se hayan perdido o dañado.

La captura del oro no declarado

Lo decisivo, lo que convierte a la Casa de la Moneda de Santafé en algo más que una oficina técnica, es la política fiscal que la acompaña. La ceca cobraba solo el cinco por ciento de derechos reales sobre el oro declarado, mientras que en ciertas regiones se mantenía el quinceavo —aproximadamente 6,67%— aplicado por las cajas reales, y los llamados cobos o derechos de fundición, del orden del 2,5%, se sumaban en esas mismas cajas. La diferencia neta entre declarar en una caja regional y declarar en Santafé podía superar los cuatro puntos porcentuales del valor del metal, en un contexto en que la carga total del quinto había vuelto onerosa la declaración legal.

A esa ventaja arancelaria se sumó una segunda disposición decisiva. Cualquier persona podía llevar oro a la Casa de la Moneda de Santafé y declararlo allí sin haber declarado previamente en el sitio de extracción. No se incurría en sanción legal por esa omisión. La ceca operaba, en los hechos, como una amnistía fiscal permanente. Un minero de Zaragoza o de Popayán que hubiera esquivado la caja real local podía trasladar su polvo hasta Santafé, someterlo al ensayador de la ceca, pagar el cinco por ciento y salir con moneda legal —o con constancia de haber acuñado— sin que se le exigiera cuenta del pecado original de la evasión regional.

El efecto era doble. Para la Corona, significaba recuperar tributo sobre metal que de otro modo se habría fugado al contrabando: mejor cobrar un cinco por ciento sobre un flujo capturado que aspirar al veinte por ciento sobre un flujo perdido. Las estadísticas de acuñación de la Casa de la Moneda reflejan esa captación adicional: la ceca lograba registrar oro que las cajas reales ni siquiera veían pasar. Para Santafé, la consecuencia fue estructural: la ciudad se convertía en la única plaza del Reino donde un minero podía blanquear su producción con una carga fiscal aceptable y sin preguntas, y ese privilegio la volvía nodo obligado del circuito del oro.

Las cajas reales periféricas no desaparecieron. Siguieron cobrando derechos sobre el metal declarado en su jurisdicción y sosteniendo la ficción del control local, pero perdieron atractivo comparativo frente a la ceca capitalina. La red de casas de fundición —Cartago, Anserma, Cali, Zaragoza, Remedios, Mariquita, Popayán— siguió operando con una función desplazada: recaudar sobre operadores de menor cuantía, sobre quienes por costos de transporte o por vínculos locales no llegaban hasta Santa Fe. La captura no fue total: el contrabando de oro en polvo hacia el exterior, sobre todo desde el Chocó y la costa Caribe, siguió siendo un problema perenne y por definición no aparecía en registro alguno. Pero la centralización del oro declarable en Santafé fue real y creciente.

Conviene registrar la fragilidad de la construcción. La ventaja de la ceca dependía enteramente del diferencial arancelario respecto de las cajas regionales; cuando ese diferencial se erosionara —cuando la Casa de la Moneda dejara de cobrar el cinco por ciento privilegiado frente a las tasas regionales—, su capacidad para atraer oro se reduciría en la misma proporción. La primacía económica que Santafé consolidaba en los años 1620 y 1630 tenía, por tanto, un componente contingente: no era la expresión de una supremacía natural del altiplano, sino el efecto administrativo de un tipo impositivo comparativamente bajo aplicado en un solo punto del territorio. Bastaba con que la Corona igualara las tasas en el conjunto del Reino para que la ventaja desapareciera. Que esa igualación tardara siglo y medio en llegar dice mucho sobre la inercia administrativa del Imperio, y también sobre la eficacia relativa del arreglo santafereño para las finanzas reales.

Por qué en Santafé

La elección de Santa Fe de Bogotá como sede de la ceca no era arbitraria, pero tampoco derivaba de una supremacía económica preexistente. Santafé se había impuesto sobre Tunja en la disputa por la capitalidad del Nuevo Reino gracias a su situación de cruce de caminos y a una localización más estratégica, con la barrera de las montañas como elemento defensivo. Durante todo el siglo XVI, Tunja y Santafé rivalizaron como centros de poder, y solo las visitas sucesivas de los oidores lograron coartar la autonomía de los vecinos encomenderos. Hacia los años 1620, esa competencia estaba resuelta a favor de Santafé, sede de la Real Audiencia y centro administrativo del Reino.

La Audiencia se había reservado la legislación sobre los asuntos centrales del funcionamiento económico del altiplano: tasación de tributos indígenas, régimen de la encomienda, definición del trabajo indígena en servicios personales y conducciones, relaciones con el cabildo, jurisdicción sobre el gobierno ciudadano y repartición de tierras en la sabana. Esa concentración de competencias había convertido a Santafé en el nodo jurídico-administrativo obligado del Reino, aunque su primacía económica era menos evidente. De la ciudad dependían nodos secundarios que articulaban el territorio: Mompós en la transición costa-interior, Pamplona en la frontera nororiental con Venezuela, Popayán en el sur como intermedio con la Audiencia de Quito, Santa Fe de Antioquia en el occidente como cabecera minera. Casi la mitad del territorio ocupado del Nuevo Reino caía, no obstante, bajo la jurisdicción de la gobernación de Popayán, en los confines de la Audiencia de Quito, y esa división jurisdiccional limitaba el alcance directo de la autoridad santafereña sobre las zonas mineras más productivas del sur.

Instalar la ceca en Santafé, y no en Cartagena —puerto de salida— ni en Popayán —zona minera productora—, respondía a una lógica de doble seguridad. Santa Fe estaba tierra adentro, protegida por las cordilleras de los ataques de corsarios que asolaban el Caribe; el traslado del oro acuñado hacia Cartagena podía escoltarse por rutas conocidas y controladas. Popayán habría sido una opción productivamente más eficiente —hacia 1678 se extraía allí más oro que en el conjunto de los restantes distritos mineros del Nuevo Reino, y esa preponderancia ya se anunciaba décadas antes—, pero políticamente inadecuada: la gobernación pertenecía a la órbita quiteña, y radicar allí la ceca habría transferido a otra Audiencia el control del oro neogranadino. Santafé era el punto donde convergían la seguridad geográfica, la jurisdicción de la Audiencia local y la infraestructura administrativa preexistente.

A la vez, hacia finales del siglo XVI la pérdida acelerada del poder encomendero sustentado en la tributación indígena había debilitado la influencia de las élites locales santafereñas en el cabildo, con episodios de ausentismo y abandono de puestos por parte de los vecinos. La Casa de la Moneda llegó a una ciudad cuyo poder tradicional —encomienda, cabildo, servicio personal indígena— estaba en declive, y le ofreció un nuevo eje de gravitación económica: el oro que ya no producía la sabana llegaba desde las minas periféricas para ser cuñado, tributado y despachado desde Santafé. La ceca no reemplazó la vieja economía de encomienda, pero contribuyó a redefinir el papel económico de la capital en un momento en que este debía reinventarse. Familias enteras cambiaron de vocación económica: encomenderos empobrecidos, o hijos segundones de encomenderos, buscaron cargos en la ceca y en la administración fiscal derivada, y con ello inauguraron una modalidad de reproducción social en la que el vínculo con el aparato estatal reemplazaba a la renta tributaria indígena. Ese desplazamiento silencioso —de la encomienda al oficio real, del tributo indígena al salario o al derecho de casa— fue una de las transformaciones sociales duraderas que la instalación de la ceca contribuyó a acelerar en la sociedad santafereña, y explica en parte por qué apellidos que en el siglo XVI habían sido de encomenderos aparecen en el XVII y XVIII asociados a cargos técnico-administrativos en el aparato colonial.

Fundar en la contracción

La coincidencia cronológica es tan cargada de sentido que exige detenerse: la Casa de la Moneda de Santafé se establece justo cuando la producción aurífera del Reino inicia su declive de largo plazo. El pico documentado se sitúa hacia 1600. Hacia 1608, muchos mineros se habían desplazado hacia Guamocó buscando yacimientos frescos. En 1620 —el año de la cédula fundacional— la curva ya se inclinaba a la baja, y para 1630 los distritos antioqueños producían la mitad del oro que habían rendido en su pico. Hacia 1660, con el agotamiento de Guamocó y Zaragoza, apenas rendían una décima parte.

Este receso imprimió a toda la economía neogranadina del siglo XVII un carácter recesivo, y afectó también a las empresas agrarias —como la Dehesa de Bogotá y otras estancias de la sabana— que se habían expandido durante el siglo XVI al calor de la demanda minera y de la mano de obra indígena, ahora en decrecimiento demográfico. La ceca operó, por tanto, sobre una base productiva menguante. Sus estadísticas de acuñación del distrito de Santa Fe caen sostenidamente a lo largo del período 1595-1644, y los valores más bajos coinciden con los primeros años de operación efectiva de la Casa de la Moneda. Sería un error atribuir esa caída a la ceca —el declive es anterior, generalizado y explicable por el agotamiento de yacimientos y la caída demográfica—, pero es forzoso registrar que la institución no logró revertir la tendencia recesiva del metal en su propio distrito.

Lo que sí hizo la ceca fue capturar una porción mayor del oro que efectivamente circulaba, restándole al contrabando y a las cajas periféricas parte del flujo. Las series de la Casa de la Moneda pudieron registrar oro que habría escapado por completo al monopolio fiscal, gracias al bajo derecho cobrado, pero incluso así las cifras oficiales excluyen el contrabando de oro en polvo, que siguió su ruta al margen de todo cuño. Las estadísticas de la ceca son, en consecuencia, un indicativo de tendencias más que una medición exacta: subestiman la producción real, aunque menos que las cajas reales regionales lo habrían hecho.

Este cuadro obliga a matizar la imagen de un dispositivo triunfante de centralización. La Casa de la Moneda de Santafé no capturó el oro neogranadino en abstracto, sino una porción creciente de un flujo total declinante. Su poder relativo aumentó mientras el poder absoluto de la economía aurífera del Reino se contraía. Bajo esa luz, la primacía económica santafereña que la ceca ancla en el siglo XVII no es la de una capital enriquecida por el metal, sino la de una capital que administra su decadencia con más eficiencia fiscal que sus rivales regionales. La distinción importa porque desmiente una tentación historiográfica frecuente: la de leer la primacía bogotana como el reflejo de una riqueza acumulada. Fue más bien lo contrario: una eficacia administrativa aplicada a un flujo que se secaba, un privilegio arancelario que atraía el oro justo cuando el oro empezaba a escasear.

Consecuencias inmediatas y de largo aliento

La década posterior a 1627 dejó tres efectos verificables. La ceca disminuyó el impacto de los fraudes en los quintos reales al ofrecer un canal legal atractivo para regularizar oro que de otro modo se habría evadido, y con ello mejoró marginalmente la posición fiscal de la Corona sobre un producto en retroceso. Consolidó además a Santafé como estación obligada del circuito aurífero interno del Reino: mineros, mercaderes y transportistas ajustaron sus rutas y sus prácticas contables a la existencia de la ceca, y la ciudad ganó una función económica —la de nodo de regularización monetaria— que no derivaba de la producción local sino de la concentración jurisdiccional de un privilegio arancelario. Generó, por último, una infraestructura técnica y burocrática —ensayadores, fundidores, oficiales del cuño, escribanos de la casa— que se sedimentó como oficio hereditario en algunas familias santafereñas, entre ellas los Ricaurte, cuyo apellido reaparecería en la vida pública neogranadina hasta la Independencia.

A lo largo del resto del siglo XVII y buena parte del XVIII, la ceca funcionó de modo intermitente y con problemas técnicos recurrentes, pero su existencia mantuvo a Santafé como referente monetario del Reino incluso cuando la producción aurífera se desplazaba geográficamente hacia Popayán y hacia los distritos del Pacífico. La eventual reducción del impuesto minero, que en 1777 llegaría al 3% del valor de la producción como parte de la política de fomento minero borbónica, erosionó el diferencial fiscal que había dado sentido original a la ceca santafereña: cuando toda la producción aurífera tributaba a tasas bajas, la ventaja específica de acudir a Santafé se diluía. La Casa de la Moneda de Popayán, que había operado paralelamente desde el siglo XVIII, ganó peso en el circuito. Pero para entonces la primacía administrativa de Santafé estaba consolidada por otras vías —virreinato instalado en 1739, aparato colonial completo—, y la ceca capitalina había cumplido su función histórica: haber servido como uno de los primeros mecanismos concretos por los cuales el altiplano central se posicionó como cabeza económica del Reino, y no solo como sede judicial.

Más allá del siglo, la Casa de la Moneda de Santafé forma parte de la infraestructura silenciosa sobre la que se construyó la centralidad bogotana en la historia colombiana. El discurso republicano tradicional atribuye esa centralidad al centralismo político del siglo XIX —a las constituciones de 1821, 1832, 1843, 1886— y a la voluntad de las élites bogotanas de concentrar el poder tras la Independencia. Ese relato es incompleto. La primacía económica de Bogotá tenía raíces coloniales concretas: la Audiencia primero, la ceca después. La Casa de la Moneda de 1621-1627 fue uno de los dispositivos materiales por los cuales el flujo del principal producto de exportación del Reino —el oro que sostenía toda la economía externa neogranadina— pasó a ordenarse en torno a Santafé. Cuando llegó la República, la primacía bogotana no fue una invención de los constitucionalistas centralistas: fue la ratificación política de una geografía económica que llevaba dos siglos siendo modelada por instituciones como la ceca. Los mapas fiscales del siglo XVII prefiguraron los mapas políticos del XIX con una precisión que los constituyentes de Cúcuta o de Rionegro difícilmente habrían reconocido, y que sin embargo condicionaba sus deliberaciones más de lo que ellos mismos podían advertir.

La huella larga de una fundación técnica

Fundar una casa de moneda parece, visto desde lejos, un asunto técnico: prensas, cuños, ensayadores, marcas de casa. La Casa de la Moneda de Santafé enseña que las instituciones fiscales más discretas pueden operar como dispositivos silenciosos de reordenación territorial. Al desplazar hacia la capital el punto de regularización del oro neogranadino mediante el simple recurso de una tasa preferencial, la Corona —sin proponérselo como proyecto explícito de hegemonía regional— fijó en Santafé un centro económico que la geografía productiva no había asignado allí y que la producción aurífera declinante del siglo XVII apenas justificaba en términos cuantitativos.

La ceca de 1621 no fue diseñada para hacer de Bogotá una capital económica; fue diseñada para reducir el fraude en los quintos reales sobre un oro que se estaba yendo por la puerta de atrás. Lo que consiguió, sin proponérselo, fue algo mayor y menos visible: convirtió a Santafé en el punto por el que pasaba obligatoriamente el metal que sostenía la economía externa del Reino, y con ello sentó una de las bases materiales sobre las que se construiría, dos siglos más tarde, el argumento político del centralismo bogotano. La distancia entre la intención fiscal y el efecto geopolítico mide, con inusual claridad, la capacidad de las instituciones administrativas para producir, a lo largo del tiempo, consecuencias que exceden por completo el horizonte de quienes las diseñaron.