Las periferias colombianas y la exclusión territorial deliberada

¿Son las periferias colombianas producto de un Estado ausente o de una exclusión territorial deliberada?

La pregunta parece técnica pero es política de raíz. Colombia tiene hoy un mapa que se lee dos veces: en la primera lectura, cerca de dos centenares de municipios concentran más del 60% del territorio nacional y apenas una fracción menor de la población; en la segunda, ese mismo trazado coincide con las fronteras de colonización que la república fue empujando entre 1850 y 1950 hacia el Magdalena Medio, el Carare, el Caquetá, Urabá y el Darién. Sobre ese calco se superponen los mapas del país contemporáneo: el del minado antipersonal, el del secuestro, el de los desplazados que llegan a Ciudad Bolívar y Bosa, el de las regalías petroleras y auríferas, el del corredor de exilio que hoy atraviesa el Tapón del Darién hacia Panamá. Sobre esta coincidencia se juega la pregunta: la respuesta cómoda desde el centro —"el Estado no llegó"— presenta como fatalidad geográfica lo que fue, en buena parte, arquitectura política. La periferia colombiana no es un residuo pasivo del subdesarrollo institucional sino el sedimento de decisiones positivas de exclusión territorial, tomadas y reiteradas durante un siglo largo, que hicieron del desplazamiento y de la frontera inacabada componentes constitutivos —no excepcionales— del orden nacional.

La pregunta y por qué importa

Lo que está en juego al responder no es la historia sino el presente. Si las periferias son abandono, la política pública procede por adición: llevar carreteras, jueces, escuelas, catastro, batallones. Si son producto de una exclusión activa, entonces las mismas rutas, catastros y batallones han sido, en distintas coyunturas, instrumentos del problema. La diferencia entre las dos hipótesis se juega en la vida cotidiana de más de ocho millones y medio de personas que a comienzos de 2022 figuraban en el Registro Único de Víctimas como desplazadas forzosamente, una cifra comparable a la población total de Suiza y más del doble de la de Panamá. Se juega también en la manera de interpretar los mapas de la Unidad de Restitución de Tierras, los del minado, los de las disputas por regalías y los del corredor Chocó-Urabá-Darién, donde conviven más de un centenar de consejos comunitarios afro y más de un centenar y medio de resguardos indígenas de los pueblos Wounaan, Embera Dobidá, Chamí, Katío, Eyabida y Eperara Siapidara con economías extractivas seriales y con actores armados que llevan décadas operando.

No es una disputa académica: es la disputa por el significado del país.

Los términos del debate

La primera lectura, dominante hasta bien entrado el siglo XX y todavía viva en el sentido común oficial, es la del Estado ausente. Colombia, según esta versión, no logró proyectar sus instituciones sobre un territorio quebrado por tres cordilleras y dos selvas; allí donde el centro no llegó prosperaron colonos, guerrillas, paramilitares y narcotraficantes. La periferia sería entonces una geografía de la carencia: falta de vías, falta de catastro, falta de jueces, falta de escuelas. La violencia contemporánea derivaría casi mecánicamente de esa ausencia. La receta, en consecuencia, es más Estado.

La segunda lectura, más reciente y más incómoda, plantea que la ausencia no fue negligencia sino diseño. El Estado colombiano —y las élites agrarias que lo instrumentalizaron— tomaron entre 1850 y 1950 decisiones positivas de exclusión: rutas de poblamiento que descargaron población excedente de las cordilleras hacia las tierras bajas, adjudicaciones de baldíos que favorecieron a empresarios y compañías sobre los colonos que habían abierto la selva, infraestructuras diseñadas para extraer recursos sin integrar a los habitantes, y una arquitectura administrativa que en regiones enteras sustituyó la policía civil por el ejército. La Constitución de Rionegro de 1863 llegó al extremo de legislar formalmente esa impotencia: prescindió del ejército nacional, negó al gobierno central el derecho a intervenir en asuntos departamentales y, unos años después, obligó a la Unión a observar "estricta neutralidad" entre bandos beligerantes en conflictos internos. La periferia, en esta lectura, no es lo que quedó afuera del Estado; es aquello que el Estado produjo al configurarse.

Entre ambas hipótesis se abre paso una tercera vía: la marginalidad estatal fue simultáneamente resultado de decisiones y de incapacidad, y ese carácter mixto es lo que la hizo irreversible. Ni omisión pura ni conspiración coherente: un orden territorial que se sedimentó a fuerza de repetirse.

La evidencia: cómo se hizo la periferia

La colonización antioqueña, en la segunda mitad del siglo XIX, avanzó sobre la Cordillera Central hacia el sur y quedó fijada en la historiografía como epopeya de la pequeña propiedad cafetera. Pero fue solo una de las rutas. En paralelo, entre 1860 y 1925, el Magdalena Medio santandereano vivió un despoblamiento indígena catastrófico: los Yariguíes pasaron de 15.000 personas en 1860 a apenas 500 en 1920, y a dos docenas cinco años después. La fiebre de la quina, primero, y las compañías de colonización armadas después, condujeron ese exterminio. Hacia 1920-1930 el mismo Magdalena Medio contaba con unos 100.000 habitantes campesinos que habían llegado a ocupar el vacío dejado por el despojo previo. La región no se pobló porque el Estado llegara; se pobló porque el Estado permitió, y en muchos casos amparó, que otros llegaran primero.

El Caquetá y el piedemonte llanero repiten la fórmula con variantes. Campesinos pobres sin tierra fundaban pequeñas fincas, tumbaban monte, sembraban, y luego —por endeude, por presión, por violencia— transferían sus mejoras a comerciantes, prestamistas o ganaderos. La economía de esas zonas quedó dominada por la ganadería y el latifundio; en Amazonas y Putumayo predominaron, en cambio, la explotación cauchera y de quina. Una segunda oleada colonizadora, iniciada en los años cincuenta, llevó al piedemonte oriental y al sur del Meta a núcleos de campesinos comunistas y liberales que huían de la violencia bipartidista en Huila, Cundinamarca y Tolima. Se organizaron en las llamadas "columnas de marcha" bajo esquemas de autodefensa influenciados por el Partido Comunista, y de esas comunidades armadas surgirían las FARC tras la Operación Marquetalia en 1964.

Urabá se pobló también por descarga: campesinos desplazados de zonas de latifundio del interior antioqueño y del Caribe abrieron tierras en la selva buscando propiedad. Sobre esa colonización popular se montó, desde la segunda mitad del siglo XX, la economía de enclave bananero de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá, orientada a la exportación. La región se proyectó además como corredor estratégico continental —vía panamericana, puente interoceánico entre el Pacífico y el Caribe—, lo que convirtió la tierra en activo geopolítico antes de que fuera activo agrario para los colonos. La colisión entre frontera abierta por campesinos, agricultura de enclave y ambición estratégica del centro dejó a Urabá como uno de los epicentros del conflicto armado de las últimas cuatro décadas.

El Chocó ofrece la evidencia más nítida del enclave extractivo puro. Entre 1916 y 1930, la Chocó Pacífico, compañía minera norteamericana, fue la principal beneficiaria del auge del platino en Colombia y operó sin pagar impuestos al gobierno colombiano. La secuencia posterior —maderas, oro, coca, narcotráfico— repitió el patrón: bonanzas seriales, extracción intensiva, ninguna acumulación local significativa. El Estado central mantuvo con el Chocó y el Medio Atrato una lógica de absentismo combinada con extractivismo: ausencia de servicios sociales equivalentes a otras regiones, presencia sostenida de explotaciones intensivas. La infraestructura estatal en estas regiones —carreteras, ferrocarriles, concesiones— fue diseñada para facilitar la salida de recursos, no para integrar a las poblaciones locales, generando la paradoja de una inaccesibilidad producida por la inversión misma.

El patrón se replica en las periferias internas: Caquetá, Putumayo, Vichada, Magdalena Medio han sostenido economías centradas en la extracción serial de quina, caucho, zarzaparrilla, maderas, metales preciosos, petróleo, coca y amapola. Es la lógica de la bonanza que llega, arrasa y se retira. Y es también la explicación de por qué el mapa de las regalías petroleras, mineras y auríferas del país reproduce, con precisión inquietante, el mapa de las viejas fronteras de colonización: los departamentos que hoy discuten con el centro cuánto les toca del subsuelo son los mismos que fueron colonizados sobre despojo indígena y campesino, y son los mismos que reciben ahora la mayor parte del minado antipersonal y de las masacres.

Cuando el Estado sí llegó, llegó armado

La lectura del "Estado ausente" tropieza con un hecho persistente: en las periferias el Estado sí estuvo, pero llegó en su forma más estrecha. En el Magdalena Medio, la ausencia jurisdiccional se tradujo en una presencia reducida al ámbito militar, con una sustitución funcional de la policía por el ejército. La consecuencia fue que el conflicto entre terratenientes y campesinos, en lugar de tramitarse por vía judicial y policial, degeneró en violencia armada; el vacío de regulación civil abrió la puerta a organizaciones irregulares que intervinieron en las disputas por la tierra. La región adquirió su identidad territorial precisamente por la dinámica de estos conflictos, y la movilización social se desplegó al margen del bipartidismo, con la excepción de La Dorada y Puerto Salgar.

El Estado también llegó como colonizador planificado. Desde mediados del siglo XX promovió colonias agrícolas planificadas y colonias penales agrícolas para poblar territorios periféricos, canalizando migración hacia zonas consideradas disponibles —una manera oblicua de decir cómo veía el centro a la población preexistente en esas tierras. Estas iniciativas complican la tesis de la exclusión puramente intencional: hubo impulsos estatales de ocupación, pero se ejecutaron sobre la matriz previa de exclusión, es decir, sobre territorios ya representados como vacíos o salvajes.

Esa representación fue el trabajo cultural que hizo posible todo lo demás. Las fronteras internas colombianas —Caquetá, Putumayo, Magdalena Medio, Darién, Chocó, Llanos— fueron construidas discursivamente desde el centro como espacios vacíos, tierras de nadie o territorios salvajes. Sobre esa cartografía imaginaria se autorizaron acciones civilizatorias, colonizadoras y pacificadoras basadas en la violencia. No es casualidad que los cultivos de coca hayan prosperado precisamente en los territorios sobre los cuales se ejercieron durante un siglo esas acciones civilizatorias: el discurso de la marginalidad produjo las condiciones para la ilegalidad futura.

Los mapas superpuestos

Cuando se coloca el mapa de los municipios periféricos sobre el de las regiones de colonización histórica, la superposición es casi total. Cuando encima se coloca el mapa del minado antipersonal, aparece la misma geografía: piedemonte oriental, Magdalena Medio, Catatumbo, Urabá, Nariño, Chocó. Cuando se añade el mapa de los 56 municipios donde se concentró históricamente el secuestro, la mancha coincide de nuevo. Y cuando se agrega el mapa de la restitución de tierras —con cerca de doce mil solicitudes concentradas solo entre Meta, Guaviare, Casanare, Boyacá y Cundinamarca—, la superposición se completa.

La coincidencia no prueba una relación causal simple entre pasado y presente, pero sí una continuidad estructural. El minado no aparece donde hay Estado ausente; aparece donde hubo, durante un siglo, exclusión activa: adjudicaciones favorables al gran propietario, extracción serial, sustitución del monopolio civil de la fuerza por su expresión militar. El secuestro, entendido como economía de guerra, se instaló en los mismos corredores por donde circularon primero la quina y el caucho, después el ganado, y hoy la coca. El Estado colombiano nunca ha tenido el monopolio de la fuerza a diferencia de otros países latinoamericanos, y esa carencia —histórica, no coyuntural— es lo que ha permitido el florecimiento sucesivo de guerrillas, paramilitares y narcotraficantes en zonas alejadas del centro institucional. Entre 1958 y 2012 el conflicto armado produjo aproximadamente 220.000 personas muertas, especialmente en masacres perpetradas por guerrillas y paramilitares, y más de seis millones de desplazados. Esa cifra no es el saldo de una guerra: es el saldo de un orden territorial.

El Darién: una frontera que fue decidida

El Tapón del Darién es el caso extremo. Su intransitabilidad se presenta habitualmente como fatalidad geográfica: selva impenetrable, ciénagas, fauna hostil. Pero es también resultado de decisiones políticas que lo mantuvieron como frontera y no como corredor. La región del Darién y del bajo Atrato se convirtió, a lo largo del siglo XX, en zona de disputa estratégica para actores armados y en enclave de extracción de oro, platino, madera y narcotráfico. Hoy funciona además como ruta de exilio forzado hacia Panamá para poblaciones colombianas que huyen de la violencia. Los testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad documentan travesías de días sin agua, restos humanos en la selva y amenazas directas de muerte por parte de actores armados. En 1999, Carlos Castaño envió una carta a la presidenta panameña Mireya Moscoso acusando a la policía de ese país de permitir a la guerrilla consolidarse en territorio panameño y exigiéndole mayor seguridad en la frontera: un jefe paramilitar dictando la política fronteriza de dos Estados, en el mismo territorio que la geografía oficial declaraba impenetrable.

El Darién muestra la paradoja completa. Impenetrable para el Estado y para la carretera panamericana; transitable, en cambio, para el narcotráfico, las armas, los paramilitares, la guerrilla y ahora los migrantes africanos, haitianos, venezolanos y cubanos que lo cruzan hacia el norte. La intransitabilidad no fue una condición natural: fue una decisión sostenida durante décadas por dos Estados, decisión que canaliza flujos forzados sin regularlos.

La respuesta: exclusión positiva, no ausencia

Las periferias colombianas no son producto de un abandono pasivo. Son el sedimento de decisiones positivas de exclusión territorial tomadas entre 1850 y 1950 y reiteradas durante otro medio siglo: rutas de poblamiento que descargaron población excedente hacia tierras bajas, adjudicaciones de baldíos favorables al gran propietario, infraestructuras extractivas que no integraron a los habitantes, sustitución militar de la policía civil, representación cultural de vastas regiones como espacios vacíos que autorizó su ocupación violenta. El desplazamiento forzado, en consecuencia, no es una anomalía del orden nacional: es uno de sus componentes constitutivos, presente desde el exterminio de los Yariguíes hasta los millones de desplazados contemporáneos.

Esa continuidad estructural, sin embargo, no debe leerse como conspiración coherente. El Estado colombiano no fue un agente planificador único capaz de ejecutar un proyecto de exclusión durante siglo y medio. Fue, más bien, un centro institucionalmente débil que —por incapacidad, por decisión, o por ambas cosas en distintos momentos— consolidó un orden territorial en el que la exclusión se reprodujo por inercia y por sedimentación. La Rionegro de 1863 es evidencia de debilidad legislada; las colonias planificadas y penales son evidencia de impulsos de ocupación. Lo que quedó no fue negligencia pura ni conspiración pura, sino algo peor y más difícil de desmontar: una arquitectura de la exclusión que se volvió autosostenida, alimentada por las bonanzas seriales, por la violencia paramilitar y guerrillera, y por la propia forma en que el centro imaginó el territorio.

Ese orden produjo dos cosas simultáneamente. Produjo victimización extrema: los muertos del conflicto, los desplazados, la cadena documentada de despojo que va del acto de violencia al abandono del predio, de allí a la apropiación por terceros y finalmente a la concentración de tierras en pocas manos. Pero produjo también, como respuesta adaptativa, formas de autogobierno comunitario que no habrían existido sin esa exclusión: la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC), que instauró la neutralidad activa como principio de organización social frente a la presión simultánea de paramilitares, ejército y guerrillas en los años ochenta; los consejos comunitarios afro y los resguardos indígenas del corredor Chocó-Urabá-Darién; las columnas de marcha que se convirtieron en autodefensas campesinas antes de convertirse en insurgencia. La periferia colombiana es también, entonces, espacio donde comunidades enteras produjeron territorialidades propias, precisamente porque el centro nunca terminó de cerrarles el paso ni de integrarlas.

Bogotá: la periferia también se produce dentro

La misma lógica se reproduce en la escala urbana. La periferia sur de Bogotá —Ciudad Bolívar, Soacha, Bosa, Usme, Kennedy— se pobló en tres oleadas de migración forzada superpuestas: la de la Violencia bipartidista de mediados del siglo XX, que llevó a los desplazados a asentamientos de invasión; la del conflicto armado de los años ochenta y noventa, que trajo a familias enteras del Magdalena Medio, Urabá y el piedemonte; y la de la crisis rural continuada del siglo XXI. En 2005, el 76% de los hogares de Ciudad Bolívar estaba en situación de pobreza y el 25% en pobreza extrema. Los desplazados llegaban primero donde familiares o conocidos y en poco tiempo se instalaban en zonas periféricas o de invasión, trabajando como vendedores ambulantes, en construcción o en servicio doméstico.

En 1998 aparecieron grafitis en Usme anunciando la llegada de paramilitares provenientes de Urabá y Córdoba —uno de los primeros registros documentados de esa presencia en la periferia sur de Bogotá—. En 2004, en Ciudad Bolívar y Altos de Cazucá, los paramilitares cobraban "cuotas de seguridad", amenazaban de muerte a jóvenes señalados como "mariguaneros, sapos y guerrilleros" y asesinaban a líderes de organizaciones de desplazados, produciendo un segundo desplazamiento de decenas de familias. Tras la desmovilización de las AUC, estructuras herederas mantuvieron presencia urbana con tráfico de estupefacientes, extorsiones y amenazas a líderes sociales.

La aparente pacificación de Bogotá en las últimas dos décadas oculta, en su periferia, una reconfiguración del régimen de violencia hacia formas más difusas y capilares que las métricas cuantitativas de homicidio no siempre capturan. La conflictividad de Bosa, Ciudad Bolívar y Soacha no es solo herencia del conflicto rural: es sedimentación de tres oleadas de poblamiento informal donde el Estado llegó tarde, cuando llegó, y donde el patrón de exclusión territorial del Magdalena Medio y de Urabá se replicó a escala metropolitana. El 40% de los predios de las grandes ciudades colombianas carece de títulos de propiedad: la territorialidad difusa no es exclusiva de la selva.

La fórmula de "más Estado" tomada como remedio universal desconoce que en la periferia colombiana el Estado ya estuvo, muchas veces, en su forma más excluyente: como adjudicador de baldíos al gran propietario, como concesionario de extracción sin impuestos, como ejército sin policía, como carretera que saca recursos y no integra habitantes. Cerrar la frontera inacabada no consiste en llevar a la periferia el Estado que tuvo el centro. Consiste en reconocer que la periferia y el centro se produjeron mutuamente, y que rehacer uno exige rehacer al otro.