La Ley 975 de 2005 (Justicia y Paz)

La Ley 975 de 2005 (Justicia y Paz)

¿Fue Justicia y Paz una máquina de verdad o una fábrica de impunidad? La Ley 975 del 21 de junio de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, fue el marco jurídico transicional que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez diseñó para procesar la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. Ofrecía a los excombatientes una pena alternativa de entre cinco y ocho años de prisión —en sustitución de las sanciones ordinarias por crímenes atroces— a cambio de confesión, entrega de bienes y colaboración con la justicia. Durante los diez años siguientes procesó a 2.199 postulados que confesaron 39.546 hechos, produjo el corpus documental más extenso jamás reunido sobre el paramilitarismo colombiano y, al mismo tiempo, dejó impunes o apenas rozadas las tramas de tierra, violencia sexual y complicidad civil, empresarial y militar que sostuvieron a las AUC. La pregunta por su naturaleza define hoy el debate sobre el modelo de justicia transicional colombiano y, por extensión, sobre lo que la Jurisdicción Especial para la Paz heredó de ella.

Justicia y Paz no fue una amnistía ni un tribunal ordinario. Fue algo nuevo: el primer procedimiento colombiano que subordinó formalmente el castigo retributivo a la producción de verdad. Esa inversión —penas cortas a cambio de confesión detallada— define su ambigüedad. Quienes la defienden sostienen que sin ella no existiría el archivo que hoy permite mapear masacres, fosas, cadenas de mando y complicidades regionales del paramilitarismo. Quienes la impugnan responden que ese archivo está viciado en origen: fue construido por y para los propios victimarios, filtrado por sus intereses y organizado alrededor de lo que ellos aceptaron nombrar.

¿Y si la respuesta condicionara el juicio sobre el conjunto del modelo transicional? Si la Ley 975 produjo verdad histórica genuina, el sacrificio de la justicia retributiva se justifica como paso hacia la reparación; si produjo una verdad procesalmente negociada que blindó a los aliados civiles, entonces la JEP creada por el Acuerdo de 2016 heredó no solo un método sino también sus zonas ciegas. En el debate que atravesó al país tras el plebiscito de 2016, partidarios y opositores del acuerdo con las FARC invocaron el marco antiimpunidad internacional para legitimar sus posiciones: el fantasma de Justicia y Paz —su promesa y su fracaso— fue la referencia común, aunque no siempre explícita.

Detrás de la pregunta jurídica hay una pregunta epistemológica: ¿qué tipo de conocimiento sobre un fenómeno criminal produce un procedimiento que depende de la voluntad confesional de sus protagonistas? Y una política: ¿a quién protege ese conocimiento por lo que decide no iluminar?

Conviven cinco lecturas en la evaluación del modelo, no siempre en diálogo cordial. La primera sostiene que el aporte histórico de la ley fue la producción de archivo, no la sanción penal, y que esa inversión fue una innovación que prefiguró la lógica de la JEP. Sus defensores —negociadores del proceso, académicos como Eduardo Pizarro Leongómez, sectores institucionales del Centro Nacional de Memoria Histórica— argumentan que ningún proceso penal ordinario en América Latina ha reunido un volumen comparable de confesiones sobre criminalidad organizada, y que sin la palanca de la pena alternativa los jefes paramilitares nunca habrían hablado.

La segunda impugna la calidad de esa verdad: el archivo refleja los intereses narrativos de los postulados más que la experiencia de las víctimas. Y los números respaldan la crítica. En los bloques de los Llanos Orientales, los hechos confesados apenas cubrían entre la cuarta parte y la mitad de los enunciados por víctimas y bases judiciales. La confesión fue selectiva, y lo selectivo no es azaroso.

La tercera lectura, defendida por juristas como Michael Reed Hurtado, Rodrigo Uprimny y Gustavo Gallón, y por la Comisión Colombiana de Juristas, describe la ley como una máquina de impunidad relativa cuyas tensiones con el control constitucional interno y con la Corte Interamericana obligaron a un ajuste permanente. La Sentencia C-370 de 2006 corrigió parcialmente el diseño original; los decretos reglamentarios lo reblandecieron; la extradición de 2008 lo desbordó. Cada movimiento reconfiguró el equilibrio, y esa oscilación se volvió método.

La cuarta, más específica, sostiene que los silencios no fueron accidentes sino arquitectura: la ley protegió la acumulación paramilitar de tierra y el orden patriarcal bajo el ruido de la confesión homicida. La escasa aparición de delitos contra la tierra en las versiones libres de Salvatore Mancuso, Éver Veloza (HH), Diego Vecino y Juancho Dique, contrastada con la abundancia de homicidios confesados, sugiere que los postulados —y sus aliados no procesados— sabían qué convenía nombrar.

La quinta, transversal, propone que aplicar justicia transicional sin transición efectiva ni cierre del conflicto produjo un híbrido inviable: ni justicia plena ni paz consolidada, sino una contradicción trasladada a los territorios, donde los grupos posdesmovilización retomaron los mismos enclaves de Urabá, Córdoba, Catatumbo y el Bajo Cauca.

Las cinco lecturas no son mutuamente excluyentes. La cuestión es cómo se ponderan y cuál explica mejor la lógica interna del proceso.

El proceso comenzó antes de que existiera la ley. El Pacto de Ralito, firmado en julio de 2001 en Santa Fe de Ralito, corregimiento de Tierralta, Córdoba, había sellado ya la alianza entre jefes paramilitares —Jorge 40 (Rodrigo Tovar Pupo) figura entre los firmantes documentados— y gobernadores, congresistas, alcaldes, concejales y ganaderos de Sucre, Córdoba, Cesar y Magdalena, con el propósito declarado de "refundar la patria". Cuando el gobierno Uribe abrió negociaciones formales con las AUC, el Alto Comisionado Luis Carlos Restrepo operó sobre una arquitectura política ya construida: la Ley 782 de 2002 había eliminado el requisito del reconocimiento político para dialogar con grupos armados ilegales, habilitando jurídicamente conversaciones que antes habrían exigido calificar a las AUC como interlocutor político.

El proyecto que derivó en la Ley 975 fue redactado por el equipo de Restrepo. Su discusión legislativa se extendió casi dos años y estuvo cruzada por la propuesta —eventualmente descartada— de tipificar la actividad paramilitar como sedición, lo que habría abierto beneficios propios de los delitos políticos. Organismos de derechos humanos advirtieron desde antes de la sanción que la ley ofrecía beneficios amplios sin contraprestaciones adecuadas, carecía de mecanismos claros para verdad y reparación, y equivalía en su formulación original a una invitación a la impunidad. La comunidad internacional, las ONG, los movimientos sociales y sectores de las élites políticas tradicionales resistieron el diseño advirtiendo los riesgos de la alianza paramilitar-política para la democracia.

Entre finales de 2005 y mediados de 2006 se desmovilizaron formalmente más de doce mil hombres, y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA contabilizó 36 estructuras paramilitares que entregaron armas. Casi de inmediato aparecieron señales de que el proceso había sido inflado. Iván Roberto Duque (Ernesto Báez) reconoció en versiones libres que en los listados se incluyeron trabajadores de fincas que no eran combatientes; fuentes críticas denunciaron que delincuentes comunes y desempleados fueron pagados para figurar como paramilitares y entregar armas inservibles. Desde la zona de concentración de Ralito, algunos comandantes mantuvieron estructuras armadas en la retaguardia.

La Corte Constitucional, en la Sentencia C-370 de mayo de 2006, condicionó el beneficio de la pena alternativa a la cooperación plena en la revelación de la verdad y a la restitución suficiente, so pena de sujeción al derecho penal ordinario y de extradición. Los jefes paramilitares leyeron la sentencia como una traición: sus expectativas eran penas leves, conservación de bienes y evasión de la extradición. En agosto de 2006 fueron recluidos en el centro de La Ceja, Antioquia, y en diciembre trasladados a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí en medio de rumores de fuga. Grabaciones telefónicas publicadas en mayo de 2007 mostraron que continuaban dirigiendo redes criminales, cargamentos de cocaína y órdenes de asesinato desde reclusión.

La arquitectura de Justicia y Paz articuló una Unidad de la Fiscalía General de la Nación y una Sala especializada del Tribunal Superior, con un procedimiento centrado en la versión libre —la confesión del postulado— y la subsiguiente imputación parcial de cargos. Los operadores judiciales tendieron a "ordinarizar" el proceso, aplicando los códigos de procedimiento penal comunes a lo que era en rigor el juzgamiento de aparatos organizados de poder. La formulación de cargos se hizo por tramos, jefe por jefe, delito por delito, sin macro-imputaciones sistémicas al menos en las primeras etapas.

Dos decretos reglamentarios modelaron el proceso en dirección opuesta a la Sentencia C-370. El Decreto 3391 de 2006 introdujo la fórmula "en la medida de sus posibilidades de cooperación", que diluyó la obligación de confesión completa: probar que un postulado tenía "conocimiento cierto" de un hecho concreto era casi imposible, de modo que la confesión parcial pasó a ser jurídicamente suficiente. El mismo decreto restableció una reducción de dieciocho meses sobre las penas alternativas para contar el tiempo pasado en zonas de concentración. El Decreto 317 de 2007 restringió la participación de las víctimas: debían acreditar previamente el daño directo, escuchaban las versiones libres en sala separada y no podían interrogar al postulado sino solo sugerir preguntas al fiscal. La Comisión Colombiana de Juristas y la Comisión Interamericana denunciaron el efecto acumulado: una verdad depositada casi por completo en la palabra del victimario, con una víctima convertida en espectadora acreditada.

Los números son el argumento más incómodo. De los 2.199 postulados y los 39.546 hechos confesados, el delito de desaparición forzada dejó una aritmética brutal: más de tres mil quinientos hechos confesados, apenas cinco condenas y cincuenta y una víctimas reparadas. Las versiones libres de Mancuso, Vecino, Juancho Dique y HH mencionaron delitos contra la tierra —usurpación, invasión, desplazamiento forzado— de modo residual comparado con los homicidios. HH llegó a reconocer que el despojo pudo haber beneficiado a socios, financiadores y apoyos políticos del paramilitarismo, aunque negó que los bloques hubieran desplazado con el propósito deliberado de quedarse con las tierras.

El caso del Bajo Atrato ilustra lo que quedó en la penumbra. Detrás de las masacres había una geografía agroindustrial: procesadoras de palma de aceite, sociedades familiares que controlaban firmas como Urapalma y Palmura, y un agente organizador del despojo —Vicente Castaño— que articulaba a los paramilitares con quienes iban a sembrar palma en las tierras vaciadas. Esa trama, que combinaba escrituras, tractores y fusiles, no fue el foco de las confesiones ni de las imputaciones tempranas. El Tribunal Superior de Justicia y Paz solo llegó a ella en 2014, en su sentencia contra Mancuso y otros, cuando exhortó a la Unidad para las Víctimas a presentar iniciativa legislativa para afectar el patrimonio de personas jurídicas colaboradoras del fenómeno paramilitar y ordenó investigar a agentes económicos vinculados como fundadores, patrocinadores o auspiciadores del Bloque Catatumbo. Nueve años después de la ley, apenas se abría la puerta que el diseño había mantenido cerrada.

La violencia sexual y el reclutamiento forzado aparecieron con frecuencia notablemente menor a la que las víctimas —y organizaciones como el MOVICE, coalición articulada en 2005— venían denunciando. Sin proponérselo del todo, el proceso confirmó una asimetría: los postulados hablaban de sus muertos con relativa fluidez y guardaban silencio sobre lo que involucraba tierras, cuerpos femeninos y corporaciones.

En la madrugada del 13 de mayo de 2008, el gobierno colombiano levantó la suspensión de extradición y despachó a Estados Unidos a catorce jefes paramilitares desmovilizados: Salvatore Mancuso, Jorge 40, Don Berna (Diego Fernando Murillo) y once más, incluido Hernán Giraldo Serna, quien había participado en versiones libres entre junio de 2007 y febrero de 2008 desde la Cárcel Modelo de Barranquilla. El contexto era el desbordamiento del pacto: los jefes seguían delinquiendo desde prisión, según las grabaciones filtradas el año anterior, y el escándalo de la parapolítica —que hasta 2010 acumularía procesos contra 107 congresistas, veintiuno ya condenados, más tres gobernadores— había alcanzado en 2007 su punto de máxima revelación, con implicaciones sobre el propio uribismo, cuyos partidos concentraban 84 de los congresistas comprometidos.

La justificación oficial fue el incumplimiento del pacto por parte de los extraditados. Las víctimas, la oposición y organizaciones de derechos humanos denunciaron el efecto real: cerrar el acceso a los principales confesores antes de que agotaran sus versiones. No existía convenio de cooperación judicial con Estados Unidos, y el acceso posterior fue precario. El fiscal general adjunto estadounidense Gary G. Grindler comunicó recién en julio de 2010 al ministro Fabio Valencia Cossio un plan para aumentar la frecuencia de acceso de funcionarios colombianos a los extraditados. Hubo negación de visas a fiscales de Justicia y Paz y restricciones del Buró Federal de Prisiones. Mancuso anunció que suspendería su colaboración; Don Berna declaró que no había garantías para él ni su familia y propuso colaborar en procesos de parapolítica a cambio de rebajas de pena en Estados Unidos.

Si el diseño original de la ley había filtrado la verdad, la extradición la cortó. Sea cual fuere el motivo dominante, el resultado objetivo fue que las revelaciones sobre la trama política del paramilitarismo se detuvieron cuando estaban en su punto más productivo.

Mientras la maquinaria procesal avanzaba en Bogotá, Barranquilla y Medellín, en los territorios el desmonte era ficción. En la zona del Bloque Bananero la tasa de homicidios aumentó más de la mitad entre 2004 y 2005. Entre 2005 y 2009 emergieron en Urabá, Córdoba y Norte de Santander grupos posdesmovilización articulados a la cadena productiva y de comercialización de la coca, reproduciendo los enclaves territoriales de las AUC. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia consolidaron entre 2012 y 2017 su hegemonía en el Bajo Cauca antioqueño. Un excomandante del Bloque Norte condenado en Justicia y Paz recuperó la libertad en 2016 y conformó una nueva organización armada en El Palmor, corregimiento de Ciénaga, Magdalena, usando incluso esquemas de protección estatales. La desmovilización desarmó a algunos combatientes; no desmontó la estructura económica ni territorial del paramilitarismo.

¿Produjo entonces Justicia y Paz verdad histórica sobre el paramilitarismo? Sí, y esa verdad quedó estructuralmente sesgada por el diseño del pacto, y el sesgo no fue defecto lateral sino la condición misma que hizo posible el archivo.

La producción documental es real: decenas de miles de hechos confesados, la identificación de estructuras, cadenas de mando, alianzas regionales, ubicación de fosas comunes. Ningún otro instrumento habría obtenido de Mancuso, HH o Ramón Isaza el detalle que las versiones libres arrojaron sobre operaciones concretas —Mapiripán, El Salado, las masacres del Catatumbo, la expansión hacia los Montes de María y el Magdalena Medio—. La tesis del aporte archivístico se sostiene, y prefiguró la apuesta de la JEP por priorizar verdad y reconocimiento sobre castigo retributivo.

Pero la tesis del sesgo estructural es la que mejor explica la forma del archivo. Los homicidios entraron al registro con densidad; el despojo, la violencia sexual y los terceros civiles quedaron en la penumbra. Esto no obedeció a una omisión técnica que decretos posteriores hubieran podido corregir: la Ley 975 limitó formalmente su ámbito a los excombatientes postulados de las AUC, dejando fuera a militares, funcionarios civiles, empresarios financiadores y mandos medios no incluidos. Los postulados sabían que confesar homicidios cumplía su cuota sin comprometer las redes que los habían sostenido. Mancuso lo describió ante la Comisión de la Verdad: el paramilitarismo articuló "autodefensas legales" (las Convivir) con "autodefensas ilegales", con respaldo de comandantes de brigada, división, batallón, policía, DAS e incluso Fiscalía, y se expandió recorriendo despachos de gobernadores y reuniéndose con alcaldes, congresistas, empresarios y ganaderos. Nombrar homicidios era saldar la deuda judicial; nombrar tierras y cómplices era destruir el mundo social del que provenían. El Decreto 3391, al permitir la confesión parcial, blindó jurídicamente esa selectividad.

Lo que hizo la extradición de mayo de 2008 fue congelar el archivo antes de que llegara a sus zonas más peligrosas. El contexto —grabaciones telefónicas, control criminal desde prisión, escándalo de la parapolítica en su clímax— admite varias hipótesis sobre el motivo dominante, pero la consecuencia efectiva coincidió con lo que buena parte de las víctimas y las organizaciones internacionales denunciaron: los principales narradores potenciales quedaron fuera del alcance de los fiscales colombianos justo cuando la parapolítica exigía sus revelaciones.

La ley no eligió entre verdad e impunidad: administró las dos a la vez. Produjo verdad sobre lo que los postulados aceptaron nombrar y produjo impunidad relativa sobre lo que quedó estratégicamente fuera del contrato confesional. El ruido de las masacres confesadas cubrió el silencio sobre las palmeras plantadas en tierras despojadas y sobre los senadores que habían firmado en Ralito.

Y aun con ese sesgo, el archivo resultante ha sido —y seguirá siendo— la materia prima indispensable para comprender el paramilitarismo colombiano. Cuando la Comisión de la Verdad y la JEP se propusieron estimar el universo de víctimas del conflicto entre 1985 y 2018, integraron 112 bases de 42 entidades, incluido el Sistema de Información Interinstitucional de Justicia y Paz. Sin la Ley 975, esa estimación sería más pobre. Reconocerlo no absuelve al modelo: exige leerlo como lo que fue, una máquina de archivo negociada cuya productividad y cuyos silencios responden al mismo diseño.

¿Qué queda entonces por saldar? Al menos tres cosas, y ninguna se resuelve desde la certeza. Primero, la intencionalidad de la extradición de mayo de 2008: ¿respuesta al descontrol criminal desde las cárceles o cierre preventivo de la línea de revelación sobre la parapolítica? Los elementos coexisten y se disputarán largo tiempo: las grabaciones de 2007, el escándalo político en su ápice, la sorpresa con que se ejecutó la operación, la ausencia de convenio judicial previo. El contexto está documentado; la ponderación causal, no. Segundo, el balance de largo plazo de las macro-sentencias del Tribunal Superior de Justicia y Paz, especialmente el destino del llamado de 2014 a investigar a los agentes económicos: ¿produjo avances sustantivos en el esclarecimiento de la responsabilidad empresarial, o se trasladó como deuda intacta a la JEP y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas? Tercero, y más grande, la pregunta que Justicia y Paz formuló sin resolver: ¿es posible aplicar justicia transicional en medio de un conflicto no cerrado, con estructuras armadas que se rearman apenas termina el proceso, sin que el modelo termine legitimando la reproducción de aquello que decía superar? Los grupos posdesmovilización que hoy operan en Urabá, Bajo Cauca, Catatumbo y la Sierra Nevada de Santa Marta son la respuesta empírica más incómoda.

La JEP hereda de Justicia y Paz un método, un archivo y una advertencia sobre el precio de lo negociado. Si esa herencia se administra como legado crítico o como plantilla repetida es, todavía, una pregunta abierta.