Alejandro López Restrepo

Un ingeniero que se hizo economista

López ejerció influencia desde un lugar que en Colombia todavía se estaba inventando: el del técnico que habla de política sin ser político profesional, y de economía sin ser financista. En una república cuyas élites se educaban en Derecho Canónico y disputaban su lugar en el gobierno con encíclicas, hexámetros latinos y discursos de las cámaras, él introdujo un léxico distinto: rentabilidad marginal, costo de transporte, productividad del trabajo, abono químico. No era un lenguaje neutral. Cuestionaba, desde el análisis, las premisas mismas de la economía agraria conservadora, aunque su autor jamás rompió con las formas institucionales del régimen ni encabezó una oposición frontal.

De ahí que su lugar en la historia colombiana sea singular y esquivo. No fue Rafael Uribe Uribe ni Alfonso López Pumarejo —es decir, no fue el caudillo liberal ni el reformador presidencial—, pero sin él ninguno de esos dos habría dispuesto del suelo intelectual sobre el cual pisar. Fue, en el sentido más literal, el ingeniero de una modernización que otros firmarían.

La Escuela de Minas: un origen y una escuela mental

La biografía de López comienza en Medellín, en los años finales del siglo XIX, cuando la ciudad era todavía un pueblo grande pero ya se había convertido en el laboratorio silencioso de una élite empresarial-técnica distinta de la bogotana. Antioquia contaba en el siglo XIX con alrededor de quince mil mineros de oro en los momentos de mayor empleo, de los cuales cuatro quintas partes eran mazamorreros independientes —hombres que sacaban el oro del río sin capital ni maquinaria y aportaron, sin embargo, cerca de una cuarta parte del oro exportado desde el departamento—. Aquella economía extractiva de baja escala pero alta dispersión produjo, en las décadas siguientes, una clase comerciante que reinvirtió su capital en compañías colonizadoras, apertura de caminos y fomento de cultivos de exportación, sobre todo el café. Desde 1835, en territorios como Caramanta, se tejía la infraestructura mental —no solo material— que hacia fines del siglo desembocaría en la formación técnica.

En 1887, gracias al empeño persistente de don Tulio Ospina y en virtud de una ley nacional que llevaba años sin cumplirse, se fundó la Escuela Nacional de Minas de Medellín. Durante los ochenta y cinco años siguientes sería el más importante centro de investigación y enseñanza de ingeniería del país. Su papel en la industrialización colombiana, y particularmente en la antioqueña, fue determinante: la ciudad y la Escuela pusieron el andamio técnico sobre el cual se levantaría buena parte del capitalismo industrial nacional.

Lo que definía a la Escuela no era solo la calidad de su enseñanza sino su régimen de acceso. Las becas —diez de ellas creadas por la Junta Directiva del Ferrocarril de Antioquia cuando la institución fue reabierta— exigían que el candidato fuese pobre, de buena conducta social y moral, con aptitudes intelectuales y buen carácter, todo ello certificado por el cura párroco, las autoridades locales y los maestros de la escuela de origen. La Asamblea Departamental ordenó que se distribuyeran proporcionalmente entre las once secciones escolares de Antioquia. Los becarios adquirían, como contrapartida, el compromiso de prestar servicios profesionales gratuitos. Aquel sistema —criterio de mérito, condición humilde, retorno técnico obligatorio a la región— produjo un tipo de ingeniero cuya lealtad primera no era al partido ni al gobierno central, sino al proyecto económico antioqueño.

López fue uno de los frutos tempranos de esa cantera. Al igual que Juan de la Cruz Posada (Medellín 1869-1964), uno de los primeros graduados de la Escuela que luego profundizaría sus estudios en Berkeley, los ingenieros formados allí encarnaron un perfil particular. Los de las provincias occidentales, y en especial los antioqueños, tendían a ser menos politizados y burocráticos que los bogotanos, y se apoyaban más en la empresa privada —en muchos casos la propia—. No es que la Escuela hubiera producido ese carácter por decreto: era el aire regional, la cultura de un empresariado que combinaba dinero, propiedad, industria y crédito en las mismas manos, lo que le daba forma. Ya en 1852, Pombo describía a los antioqueños con ese espíritu asociativo y especulativo que se convertiría en tópico de época.

De esa matriz emergió Alejandro López: un ingeniero de minas y ferrocarriles convencido de que los problemas del país eran problemas técnicos antes que morales, y de que se resolvían con mediciones antes que con encíclicas.

La Colombia que le tocó: Regeneración y Hegemonía

Para entender el filo del pensamiento de López hay que reconstruir el orden contra el cual —sin romperlo del todo— pensaba.

La Constitución de 1886 había reemplazado a la de 1863 tras la derrota liberal de 1885 y estableció un gobierno centralista, con presidente elegido por voto directo, período de seis años y división del país en departamentos. Su vigencia efectiva, sin embargo, hubo de esperar hasta 1910: normas transitorias de espíritu sectario impidieron durante casi un cuarto de siglo la aplicación de las disposiciones sobre libertades públicas. Durante ese lapso, la Regeneración ejerció el poder contra el liberalismo mediante una represión oficial que incluyó destierros de líderes, clausura frecuente de periódicos oposicionistas y, en momentos álgidos, fusilamientos. El papel moneda de curso forzoso se convirtió en pilar de la política económica y en blanco recurrente de las críticas liberales, que exigían su abolición. La salud y la educación públicas se subordinaron a la Iglesia Católica, que adoptó una visión cristiana de la caridad frente a la pobreza.

La intransigencia del gobierno regenerador y las actitudes belicistas de sectores del liberalismo alimentaron el clima que condujo a las guerras civiles de 1895 y, sobre todo, a la Guerra de los Mil Días. Cuando el liberalismo salió de esa catástrofe, sus líderes más lúcidos ya habían pronunciado el "adiós a las armas": la vía sería en adelante constitucional, aunque el partido mantendría teóricamente abierta, cada vez más como reserva remota, la posibilidad de otros medios.

La caída de Rafael Reyes en 1909 abrió una grieta. Una coalición bipartidista no muy sólida —conservadores antioqueños históricos, hostiles a la memoria de Miguel Antonio Caro, y sectores liberales— impulsó la reforma constitucional de 1910. Aquella reforma, con el apoyo de figuras como Pedro Nel Ospina, Benjamín Herrera, Eduardo Santos y Luis Cano, llevó a Carlos E. Restrepo a la presidencia para el período 1910-1914, con el llamado Documento Histórico como plataforma. Nacía así la Unión Republicana, en la que Antioquia jugó un papel central y sobre la cual López, con su edad y su formación, encontraría el marco natural para operar.

Ese es el contexto: una Hegemonía Conservadora que había dejado atrás sus formas más represivas pero mantenía el control del gobierno, un liberalismo replegado en la oposición parlamentaria, un republicanismo bipartidista que ofrecía un espacio intermedio, y una Antioquia que había puesto en juego a sus técnicos e industriales.

El ferrocarril como escuela política

Antes de escribir sus libros, López pensó con las piernas: caminó, midió y proyectó ferrocarriles. Ese fue el escenario donde su racionalidad se templó como pensamiento económico.

El estado del transporte colombiano en las primeras décadas del siglo era escandaloso. El primer ferrocarril nacional había sido el de Panamá, autorizado en 1850 a empresarios norteamericanos y abierto al tráfico en 1855, cuando cruzó el istmo de Colón a la Ciudad de Panamá. Medio siglo después, el país entero seguía siendo un archipiélago de valles mal conectados. En 1904 operaban aproximadamente 565 kilómetros de vías férreas; hacia 1914 se había casi duplicado esa cifra. Pero la comparación con el resto del continente era demoledora: en 1915 Colombia contaba con 1.114 km frente a los 8.476 de Chile; en 1920, con 1.318 km frente a los 33.884 de Argentina. El ritmo de ampliación antes de los años veinte era de apenas unos quince kilómetros por año. Conectar Bogotá con Cartagena por tren era, a esa velocidad, una fantasía.

La red, además, estaba mal dispuesta. Se orientaba hacia la exportación: unía puertos con centros productores de café o de banano, y no articulaba un mercado interno. Las tarifas eran tan altas que salía más barato mover carga a lomo de mula, lo que hizo que los gremios presionaran por reducciones y por la nacionalización de los ferrocarriles privados. La escasez de circulante y la ausencia de crédito bancario ahogaban toda expansión.

En ese universo se inserta la epopeya del Ferrocarril de Antioquia, iniciado bajo dirección del ingeniero cubano Francisco Javier Cisneros, uno de sus principales promotores y constructores. La obra enfrentó todos los obstáculos imaginables: enfermedades tropicales, clima hostil, dificultades del relieve. Cisneros fue sacado tres veces moribundo de los focos de pestilencia; sus amigos y su médico le rogaron reiteradamente que abandonara. Fue en ese ferrocarril —el que se abría paso por el flanco oriental de la cordillera hacia el Magdalena y Puerto Berrío— donde la Escuela de Minas se probó como institución y donde su Junta Directiva fundó el sistema de becas que reponía el capital humano necesario para completar la obra.

López fue producto y agente de esa cadena. La experiencia ferroviaria le enseñó lo que después expondría en sus libros: que el transporte no es un asunto de ingeniería sino de economía política, y que un país que no puede mover su producción no puede tenerla.

La confirmación llegaría, tardíamente, en los años veinte: las inversiones públicas en vías de comunicación, financiadas con empréstitos extranjeros, lograron en pocos años igualar en kilómetros, equipo rodante e inversión lo que los ferrocarriles cafeteros habían acumulado en más de seis décadas. Entre 1922 y 1934 la red se duplicó de nuevo. Cuando esa expansión llegó, López ya había escrito el libro que la explicaba.

Problemas colombianos: un diagnóstico

Hacia 1924, con el país saliendo del letargo económico y entrando en la llamada danza de los millones, Alejandro López publicó el diagnóstico que le daría estatura de clásico. Problemas colombianos identificaba tres ejes del atraso nacional —el agrario, el de los transportes y el de los salarios— y sostenía que todos confluían en un cuarto, verdadero centro de gravedad del país: el problema educativo. El propósito final del análisis no era la denuncia sino la propuesta: organizar y aumentar la productividad del trabajo colombiano.

El análisis agrario era el más incisivo. La causa esencial del atraso técnico de la agricultura no era la ignorancia ni la pereza, sostenía López, sino un problema de rentabilidad: el cultivo y la cultura intensivos no eran comercialmente rentables para el agricultor. El campesino y el hacendado no adoptaban técnicas más productivas —ganado extranjero con alimentación intensa, uso sistemático de abonos químicos o de establo— no porque desconocieran su eficacia agronómica, sino porque no tenían probado su resultado comercial frente a la práctica extensiva tradicional. Rechazaban el abono, insistía, no por atraso mental sino por cálculo económico.

Ese giro era enorme. Trasladaba el diagnóstico del atraso desde el terreno moral —el favorito de la Regeneración, con su ideal de campesino cristiano y su idea providencial de la pobreza— al terreno de los precios relativos y las estructuras de mercado. Si la agricultura no se modernizaba, era porque las condiciones de transporte, crédito, tierras y salarios volvían irracional modernizarla. Cambiar la conducta requería cambiar la estructura.

López había observado, con ojo de campo, que en la Sabana de Bogotá se advertía una tendencia decidida hacia la intensidad del cultivo, en contraposición a la rutina extensiva del resto de Colombia. Aquella excepción era instructiva: donde el mercado urbano lo permitía, la técnica llegaba sola. El resto del país esperaba mercados que el transporte y los salarios aún no habían creado.

De ahí que las cuatro puntas de su análisis se remitieran unas a otras. Sin transporte, no había mercados que justificasen la técnica. Sin salarios dignos, no había demanda interna que sostuviese la producción. Sin educación, no había fuerza de trabajo capaz de operar la técnica. Y sin técnica, el país seguiría exportando trabajo humano barato disfrazado de café. El diagnóstico dibujaba, como corolario, una tarea que hoy llamaríamos de política pública: fortalecer el Estado como garantía del proceso, atraer inversiones, integrar los territorios y elevar la productividad. La palabra "modernización" no era la que López usaba, pero era la que su análisis exigía.

El trabajo, su segundo libro mayor, prolongó y radicalizó ese eje: si el problema central del país era la productividad del trabajo, entonces el debate económico no podía separarse del debate sobre las condiciones laborales, la formación técnica y las relaciones entre patronos y trabajadores. En ese punto López anticipaba, sin adherir a él, el vocabulario social que la República Liberal traería después.

El liberal bajo la Hegemonía

La biografía política de López es la de un liberal reformista bajo un régimen conservador, con las limitaciones y las oportunidades que esa posición implicaba.

La reforma de 1910 había cambiado el juego. Atrajo al Partido Liberal a la legalidad, creó condiciones para su participación parlamentaria y ofreció a hombres como López un espacio donde hacer política sin renunciar al liberalismo. Carlos E. Restrepo, inspirador del republicanismo, había predicado la inutilidad de las guerras y de las exclusiones y el valor del entendimiento político. La coalición bipartidista que había derribado a Reyes descansaba en gran medida sobre el conservatismo antioqueño histórico —los Ospina— y sobre la fracción liberal que había hecho su "adiós a las armas".

En ese ambiente, la actividad parlamentaria liberal se orientó a la crítica interna del modelo. López perteneció a esa generación que ya no pensaba en guerras civiles sino en presupuestos, aranceles, ferrocarriles y códigos laborales. La Hegemonía Conservadora toleraba esa oposición porque, después de todo, no ponía en cuestión el orden institucional; y porque, en su fase antioqueña —con la presidencia de Pedro Nel Ospina entre 1922 y 1926, con Esteban Jaramillo modernizando la hacienda pública, con los empréstitos que financiarían el salto ferroviario—, el propio conservatismo estaba adoptando parte del vocabulario técnico que hombres como López venían proponiendo.

Esa es la clave para entender su posición histórica. No fue un opositor rupturista al régimen conservador; fue un crítico interno cuyo diagnóstico terminaba siendo utilizado, con matices, por el mismo régimen que criticaba. Su modernización no cuestionaba la estructura agraria tradicional. No exigía reforma agraria en el sentido pleno. No proponía una ruptura institucional. Trabajaba desde dentro del marco que la Hegemonía toleraba, y por eso pudo influir donde otros liberales, más ruidosos, no habían podido.

El liberalismo del período mantuvo, sin embargo, sus reservas. Aunque el "adiós a las armas" era la línea oficial, la posibilidad de recurrir a otros medios permaneció abierta como reserva teórica y cada vez más lejana. López, ingeniero y hombre de cifras, no militaba en esa reserva: su apuesta era enteramente institucional.

Alfonso López Pumarejo y el paso al liberalismo triunfante

La relación intelectual entre Alejandro López y Alfonso López Pumarejo es uno de los puntos más delicados y decisivos de su biografía.

López Pumarejo pertenecía a la generación centenarista, la misma de Enrique Olaya Herrera y Eduardo Santos. A diferencia de ellos, aborrecía el republicanismo: donde Olaya y Santos venían del entendimiento bipartidista, él fusionó los sentimientos liberales de la tradición sectaria con las expectativas populares de reforma social. Carlos E. Restrepo y su equipo, con un sesgo de oligarquía financiera, desconfiaron de él y —según se ha dicho— acaso inadvertidamente le cerraron puertas.

Fue precisamente ese López Pumarejo, marginado del republicanismo pero abierto a la reforma, quien encontró en la obra de Alejandro López un armazón intelectual afín. Los libros del ingeniero antioqueño y los discursos, conferencias y mensajes del futuro presidente compartieron un sentido común de "descubrimiento fructífero" —el esfuerzo por elucidar los problemas económicos que afectaban la existencia colectiva colombiana—. En el período que precedió y acompañó a la República Liberal, ambas obras aparecieron como piezas complementarias en un mismo taller intelectual, aunque no puede afirmarse que Alejandro López fuera propiamente el maestro doctrinario de López Pumarejo.

La Revolución en Marcha, iniciada por López Pumarejo en 1934, impulsó ideas y promovió cambios institucionales que abrieron un clima de debate sobre cuestiones económicas y constitucionales que hasta entonces se daban por sentadas. En ese debate, la obra de Alejandro López funcionó como fuente y como legitimación: los diagnósticos del ingeniero antioqueño ofrecían el fundamento técnico de un programa que la República Liberal presentaría como necesidad histórica. La incorporación de los territorios fronterizos —vastas regiones sin integrar, argumentaba López Pumarejo, por falta de recursos técnicos y apoyo oficial— era exactamente el tipo de problema que Alejandro López había planteado como "integración territorial" pendiente.

Alejandro López no vivió lo suficiente para ver consumada la Revolución en Marcha ni el segundo mandato de López Pumarejo. Murió en 1940, cuando el ciclo reformista comenzaba ya a agotarse. Pero para entonces su obra había cumplido su función más importante: haber prefigurado, con casi una década de anticipación, el vocabulario económico del liberalismo en el poder.

La red

Ningún pensador de su talla trabaja solo. La red de Alejandro López se despliega, en primer lugar, dentro del universo antioqueño: la familia Ospina —Tulio, promotor de la Escuela; Pedro Nel, ingeniero, senador y presidente entre 1922 y 1926; más tarde Mariano Ospina Pérez, ingeniero también, presidente entre 1946 y 1950— constituye la columna conservadora antioqueña con la cual López tuvo interlocución permanente, aunque no siempre acuerdo. Carlos E. Restrepo, el presidente republicano, encarna el marco político dentro del cual López pudo operar cómodamente.

Del lado liberal, la figura mayor es Rafael Uribe Uribe, el caudillo militar y jurista que hasta su asesinato en 1914 encarnó una versión activista del liberalismo. La distancia entre Uribe y López es la que separa al agitador del ingeniero, pero comparten un impulso: comprender económicamente al país. La segunda figura, ya mencionada, es Alfonso López Pumarejo. Y una tercera, más técnica, es Esteban Jaramillo, ministro de Hacienda y modernizador fiscal del período, cuya obra en la hacienda pública dialoga con el diagnóstico de López sobre productividad y presupuesto.

Los lugares que estructuran su geografía intelectual son cuatro. Medellín, matriz de todo: la ciudad de la Escuela, del Ferrocarril, del comercio y la industria. Antioquia entera como región testigo: la zona cafetera del occidente colombiano, el corredor Medellín-Puerto Berrío, los territorios de colonización hacia el sur. Bogotá como escenario del debate nacional y de la Sabana que sirvió a López como caso de excepción intensiva. Y Londres, como referencia obligada del pensamiento económico —López fue lector, mediado o directo, de la tradición clásica y neoclásica anglosajona, en un país cuya economía política todavía se pensaba en francés y en encíclicas—.

La huella

¿Qué queda de Alejandro López? Su influencia se movió, siempre, en dos planos.

En el corto plazo —los años treinta— fue el fondo intelectual sobre el que se dibujó la Revolución en Marcha. Sus libros y los discursos de Alfonso López Pumarejo fueron reconocidos, en su momento, como contribuciones relevantes a la comprensión de la economía colombiana en un período en que se debatían públicamente cuestiones económicas y constitucionales fundamentales, incluyendo la tensión entre libre mercado e intervención estatal. No se los caracterizó entonces como los primeros diagnósticos socio-científicos del país —una etiqueta que historiadores posteriores les asignarían—, pero funcionaron como tales.

En el mediano plazo —los años sesenta— la obra de López vivió un renacimiento silencioso. En una década en que los intelectuales colombianos, marcados por las discusiones sobre subdesarrollo, dependencia y estructura agraria, buscaban nuevas herramientas de análisis histórico-económico, se produjo un movimiento de recuperación de obras olvidadas o subestimadas sobre la historia económica colombiana. Textos de Luis Eduardo Nieto Arteta y Luis Ospina Vázquez fueron redescubiertos y reeditados; en ese ambiente, Problemas colombianos fue leído como una obra pertinente para reinterpretar la historia del país, una anticipación intuitiva de análisis que la historiografía profesional recién estaba formulando.

En el largo plazo, la marca de López está en los historiadores económicos posteriores que lo han citado. Su observación sobre la tendencia intensiva de la Sabana de Bogotá frente a la rutina extensiva del resto del país es pieza recurrente en los análisis del desarrollo capitalista agrario colombiano de principios del siglo XX. Su diagnóstico de 1924 sobre los factores que bloqueaban el desarrollo técnico agrícola ha sido calificado de "certero" en la literatura historiográfica colombiana, en reconocimiento de su capacidad para nombrar el problema estructural —la no rentabilidad comercial del cultivo intensivo— antes de que el propio problema tuviera nombre en la teoría económica.

Hay, sin embargo, un espacio en el que López no dejó huella suficiente, y ese espacio ayuda a entenderlo. No fundó escuela académica en sentido estricto. No dejó discípulos directos que continuaran su programa. La institucionalización de la economía como disciplina profesional en Colombia vino después, con otros protagonistas y en otras universidades. Fue, en ese sentido, un pensador solitario en un país que todavía no tenía economistas.

Su antioqueñidad —esa combinación de racionalidad técnica, empresa privada, catolicismo pragmático y liberalismo reformista— le dio la fuerza de su análisis y el techo de su influencia. Diagnosticó al país desde una región que era, en muchos sentidos, ya moderna, y proyectó sobre el resto un programa de puesta al día. Pero no siempre midió la resistencia que las otras Colombias —la costeña, la santandereana, la de las tierras bajas cundinamarquesas— opondrían a una modernización pensada desde el olivo antioqueño.

La mejor manera de leerlo no es como héroe ni como profeta, sino como el cronista lúcido de una modernización que solo llegaría a medias. Vio antes que casi nadie por qué el país no crecía; propuso soluciones que la Hegemonía Conservadora no quiso adoptar y que la República Liberal adoptaría solo en parte. Cuando murió, en 1940, Colombia seguía siendo un país de mulas y de sotanas mucho más de lo que sus libros habrían querido. Pero el vocabulario con el que hoy pensamos aquel atraso —transporte, rentabilidad, productividad, integración— es en buena medida el que él legó. En una historia intelectual poblada de tribunos y de místicos, Alejandro López sigue siendo el ingeniero que se atrevió a medir.