León XIII

La semblanza: un papa entre dos mundos

Pecci nació el 2 de marzo de 1810 en Carpineto Romano, un pueblo del Lacio entonces incorporado al efímero imperio napoleónico. Murió el 20 de julio de 1903 en el Vaticano, tras un pontificado de veinticinco años que solo el de Pío IX, su antecesor inmediato, había superado en longitud dentro de la memoria moderna. La cifra no es anecdótica: la duración de ambos pontificados —treinta y dos años el uno, veinticinco el otro— explica en buena medida por qué la impronta del siglo XIX romano sobre la Iglesia latinoamericana fue tan honda y persistente.

León XIII heredó de Pío IX una Iglesia acorralada. La Revolución Francesa había clausurado, apenas dos décadas antes de su nacimiento, la era milenaria del pacto entre altar y trono: templos y conventos habían sido saqueados, sacerdotes y religiosos asesinados o desterrados, y en el terreno de las ideas se habían instalado con fuerza el ateísmo, el agnosticismo y una crítica racionalista de la religión que la Iglesia sintió como amenaza existencial. Pío IX había respondido con la encíclica Quanta Cura y su Syllabus de 1864, síntesis de las posiciones teológico-políticas del catolicismo contra el liberalismo: allí se condenaba la idea de que el Papa y los ministros de la Iglesia debieran excluirse de la administración de las cosas temporales y se rechazaban los principios del Estado moderno que buscaban limitar la autoridad eclesiástica.

León XIII heredó el clima defensivo del pontificado de Pío IX, pero no fue autor del Syllabus de 1864. Conservó posiciones doctrinales antiliberales y, al mismo tiempo, practicó una diplomacia más flexible: buscó acuerdos jurídicos, restableció relaciones y ensayó aproximaciones a gobiernos modernos. Esa combinación de conservadurismo doctrinal y pragmatismo diplomático ayuda a explicar su entendimiento con la Regeneración colombiana, sin reducir a Pío IX al anatema ni atribuir a Pecci una ruptura completa con su antecesor.

Los orígenes: formación romana y aprendizaje diplomático

Pecci se formó en el ambiente que había reconstruido la Iglesia después del terremoto revolucionario. Estudió en el Colegio Romano y en la Academia de Nobles Eclesiásticos, la cantera diplomática del papado, y allí adquirió las herramientas que definirían su carrera: el derecho canónico, la teología tomista y el conocimiento minucioso de los engranajes de la Curia. En 1837 fue ordenado sacerdote, y su ascenso dentro del gobierno pontificio fue rápido.

Su verdadero aprendizaje como estadista de la Iglesia ocurrió lejos de Roma. En 1843 fue enviado como nuncio a Bruselas, capital de un joven Reino de Bélgica que era, en la Europa de entonces, un laboratorio singular: un Estado católico dotado de una constitución liberal que garantizaba libertades de culto, prensa y enseñanza. En ese cargo trató directamente con un régimen que había encontrado un modo de coexistencia entre catolicismo y liberalismo constitucional, y estableció además contactos con las cortes de Londres y París. Fue una escuela que muchos de sus predecesores no habían tenido, y su huella se advertirá después en la disposición del papa a firmar concordatos allí donde el enfrentamiento frontal parecía estéril.

De regreso en Italia, Pecci fue destinado a Perugia y gobernó esa diócesis durante más de tres décadas. Fue obispo de Perugia —no arzobispo— desde 1846 hasta su elección pontificia; allí publicó cartas pastorales, impulsó iniciativas diocesanas y fue creado cardenal en 1853. En 1877, Pío IX lo nombró camarlengo, oficio que desempeñó antes del cónclave de 1878.

El 20 de febrero de 1878, apenas dos semanas después de la muerte de Pío IX, el cónclave lo eligió papa. Tenía 68 años, una edad avanzada para la época que hizo pensar a muchos electores en un pontificado de transición. Se equivocaron: reinaría un cuarto de siglo.

La trayectoria: un pontificado de veinticinco años

El pontificado de León XIII comenzó bajo la sombra de una derrota reciente e irreversible. En 1870, apenas ocho años antes de su elección, el joven Reino de Italia había ocupado Roma y anexado los Estados Pontificios, poniendo fin a más de mil años de soberanía temporal del papado. Pío IX se había declarado entonces "prisionero del Vaticano", y León XIII heredó esa condición sin resolverla: durante todo su reinado se negó a reconocer al Estado italiano y a la vez rehusó las opciones más radicales que algunos católicos intransigentes reclamaban. La llamada "cuestión romana" quedaría abierta hasta los Pactos de Letrán de 1929, ya bajo Pío XI.

Frente a los Estados, León XIII desplegó una diplomacia de reconstrucción: promovió acuerdos, restableció jerarquías y actuó como mediador en conflictos como el hispano-alemán por las islas Carolinas. En el gobierno intelectual de la Iglesia, Aeterni Patris (1879) impulsó la restauración de la filosofía cristiana siguiendo especialmente a santo Tomás de Aquino, pero el propio texto excluyó de la imitación aquello que no concordara con verdades posteriores o resultara inverosímil. También dispuso en 1881 la apertura del Archivo Vaticano a investigadores. Fue un programa fuerte de renovación tomista, no una obligación filosófica sin matices.

Su gran secretario de Estado fue el cardenal Mariano Rampolla del Tindaro, figura decisiva de la diplomacia vaticana durante buena parte del pontificado y hombre de confianza para las negociaciones más delicadas. En torno a Rampolla se organizó el aparato que trató con Colombia, con Alemania —donde el Kulturkampf de Bismarck fue negociado hasta su desactivación gradual— y con Francia, a la que León XIII pidió, en la política del ralliement, aceptar la República y trabajar dentro de ella.

El 15 de mayo de 1891 León XIII promulgó Rerum Novarum, una de las encíclicas fundacionales de la doctrina social católica moderna. El texto trató la cuestión obrera, defendió la propiedad privada frente al socialismo, reconoció la asociación de trabajadores, el descanso y la obligación de un salario suficiente, y asignó responsabilidades a patronos, trabajadores, Estado e Iglesia. No sostuvo que la caridad hubiera dejado de ser necesaria: la mantuvo como deber cristiano junto con exigencias de justicia y protección. Su recepción posterior fue plural y no debe confundirse con el nacimiento instantáneo de una tradición enteramente nueva.

Colombia entra en escena: el largo camino al Concordato

Las relaciones entre las repúblicas hispanoamericanas y la Santa Sede atravesaron tensiones desde la independencia. El breve Etsi longissimo de Pío VII fue expedido el 30 de enero de 1816 —no en 1814 ni como encíclica— y exhortó a los prelados americanos a la obediencia a la monarquía española. Después, los gobiernos republicanos buscaron reconocimiento y capacidad de presentar candidatos para las sedes episcopales. En Colombia ese proceso fue gradual y disputado; no equivale a la creación instantánea de un episcopado nacional autónomo ni puede atribuirse a una sola concesión pontificia.

Con todo, el Vaticano se mostró siempre reacio a aceptar la pretensión republicana de heredar el patronato regio: el derecho, ejercido por la Corona española desde la conquista, de nombrar obispos, intervenir en tribunales eclesiásticos, recibir diezmos y controlar el clero regular y secular. Los gobiernos colombianos del siglo XIX sostuvieron que ese derecho pasaba automáticamente al nuevo Estado; Roma se negó sistemáticamente a admitirlo.

El conflicto entre Iglesia y liberalismo se agudizó a mediados del siglo XIX con la desamortización, la tuición de cultos y las reformas educativas. Las relaciones diplomáticas se rompieron en 1861. Colombia y la Santa Sede las habían establecido en 1835 y las reanudaron en 1881, antes de la llegada de Giovanni Battista Agnozzi como delegado apostólico en 1882. Agnozzi tampoco fue el primer representante pontificio en el país: Gaetano Baluffi había ejercido desde 1836. La cronología muestra una recomposición previa al Concordato, no una apertura diplomática enteramente nueva en 1882.

La normalización fue más compleja que una negociación directa entre Agnozzi y Rafael Núñez. Hubo gestiones sucesivas de representantes colombianos y pontificios, y el desenlace correspondió a otra etapa diplomática. La situación matrimonial de Núñez aparece en correspondencia y estudios como una dificultad personal y política, pero la evidencia revisada no permite afirmar que condicionara formalmente la firma del Concordato a la anulación de su primer matrimonio. El acuerdo definitivo fue concluido por el cardenal Mariano Rampolla, en nombre de la Santa Sede, y Joaquín F. Vélez, plenipotenciario de Colombia.

La derrota del federalismo radical en la guerra civil de 1885 y la convocatoria del Consejo de Delegatarios, que elaboró la Constitución de 1886, cambiaron el escenario. El nuevo texto, redactado por representantes de los antiguos Estados en Bogotá, reemplazó el orden federal de Rionegro por un centralismo estricto y estableció un vínculo estrecho entre el Estado y la Iglesia. Su artículo 38 declaró que "la Religión Católica, Apostólica, Romana, es la de la Nación", y que los poderes públicos la protegerían y harían respetar "como esencial elemento del orden social", con la aclaración de que la Iglesia no sería formalmente oficial y conservaría su independencia. El artículo 40 permitió la libertad de cultos solo para aquellos que no fueran contrarios a la moral cristiana ni a las leyes, y el artículo 41 dispuso que la educación pública sería organizada y dirigida en concordancia con la religión católica.

El Concordato fue concluido el 31 de diciembre de 1887 y ratificado el 24 de febrero de 1888 por medio de los plenipotenciarios Mariano Rampolla y Joaquín F. Vélez. Sus artículos 12 y 13 sometieron la enseñanza pública a la religión y moral católicas y otorgaron autoridad de vigilancia a los ordinarios; otros artículos regularon los efectos civiles del matrimonio canónico y la competencia eclesiástica sobre sus causas. En materia patrimonial no devolvió simplemente los bienes desamortizados: reconoció obligaciones, compensaciones y deuda consolidada. El acuerdo amplió las prerrogativas eclesiásticas durante la Regeneración, pero su aplicación varió por institución y territorio y fue discutida y reformada en las décadas siguientes.

El Concordato de 1887 cerró formalmente una etapa del litigio entre la Iglesia y el Estado colombiano y creó un nuevo régimen de cooperación y privilegios. No recompuso “todo lo demás” ni llevó la firma personal de León XIII: lo suscribieron representantes con plenos poderes y lo ratificaron las partes. El papa respaldó la política concordataria de su pontificado, pero las cláusulas concretas fueron producto de una negociación bilateral y de la política interna de la Regeneración.

La Rerum Novarum y su travesía hacia Colombia

Cuatro años después del Concordato, León XIII promulgó la Rerum Novarum. La encíclica fue leída en Europa como respuesta al desafío del movimiento obrero organizado y como intento de sustraer a los trabajadores católicos de la órbita socialista. En Colombia, donde el proletariado industrial era aún incipiente, su recepción fue más lenta y más mediada.

La recepción colombiana de Rerum Novarum fue gradual y desigual. La Conferencia Episcopal de 1913 fue un hito nacional para la Acción Social Católica y el mutualismo, pero no el primer contacto del país con la encíclica: círculos de obreros, cajas de ahorro e iniciativas católicas habían comenzado a organizarse antes. Más que un silencio de veintidós años seguido por una difusión súbita, las fuentes muestran apropiaciones locales que adquirieron mayor coordinación institucional en la década de 1910.

Cuando la encíclica se difundió, encontró un terreno peculiar. El pensamiento social católico convergió con ciertas corrientes del pensamiento político colombiano: el propio Rafael Núñez, en sus últimos años, hallaba en las enseñanzas de León XIII una confirmación de sus críticas al liberalismo económico individualista y a la desprotección de los trabajadores. La Iglesia veía con buenos ojos las sociedades de ayuda mutua y prestó apoyo activo a su difusión.

Pero la relación entre los primeros núcleos obreros y el catolicismo institucional fue ambivalente. La clase obrera colombiana en formación integró una síntesis particular de tres tradiciones —cristianismo, racionalismo liberal y socialismo— y recogió la primera de forma crítica respecto a la Iglesia oficial: era una tradición cristiana, sí, pero no exactamente católica ni obediente. En regiones como la Costa Atlántica, donde la presencia clerical en la vida cotidiana laboral era menor que en el interior andino, la influencia eclesiástica sobre los trabajadores fue más débil, y Barranquilla mostró desde temprano una vida obrera menos permeada por el catolicismo.

La enseñanza social católica siguió influyendo en Colombia durante el siglo XX. En la formación y los escritos de Camilo Torres aparecen la tradición cristiana, la doctrina social de varios papas y una crítica a una caridad separada de transformaciones estructurales. Eso permite situarlo dentro de una historia católica más amplia, pero no establecer una línea causal directa y exclusiva desde Rerum Novarum hasta su opción armada. Entre ambos momentos mediaron otras encíclicas, movimientos sociales, debates teológicos y la experiencia política colombiana.

El Convenio de Misiones: la última consecuencia del sistema

En los últimos meses del pontificado de León XIII, el gobierno de José Manuel Marroquín y representantes de la Santa Sede concluyeron el Convenio de Misiones del 27 de diciembre de 1902, dentro del marco del Concordato de 1887. El acuerdo llegó después del Tratado de Wisconsin del 21 de noviembre, uno de los pactos que cerraron la Guerra de los Mil Días. No fue una firma personal de Marroquín con el Vaticano, sino un instrumento bilateral tramitado por sus delegados.

El Convenio reorganizó y financió territorios de misión, elevó el subsidio anual de veinticinco mil a setenta y cinco mil pesos y dispuso recursos adicionales para el Caquetá; también dio a vicarios y prefectos una influencia explícita sobre nombramientos civiles y enseñanza. La delegación posible de facultades civiles, penales y judiciales a los misioneros provenía ya del artículo 2 de la Ley 72 de 1892, mientras el artículo 3 de esa ley había autorizado un auxilio anual de cincuenta mil pesos. Distinguir norma y convenio evita atribuir a un solo documento todo el régimen misional.

En territorios como La Guajira, los Llanos, Caquetá y Putumayo, distintas órdenes religiosas asumieron tareas educativas, de reducción y mediación con autoridades. El peso de capuchinos, franciscanos y otras congregaciones cambió según región y fecha; no todas ejercieron simultáneamente justicia, policía, educación y gobierno económico, y mencionar a los consolatos para 1902 resulta anacrónico en este contexto colombiano. Más que sustituir de manera uniforme a un Estado ausente, las misiones formaron parte de modalidades estatales de incorporación territorial apoyadas por leyes, subsidios y funcionarios.

Para muchos pueblos indígenas, el régimen misional implicó internados, disciplina laboral, transformación lingüística y religiosa y controles sobre la movilidad; también operó junto a policías, colonos y autoridades. En la Amazonía, estas prácticas coincidieron temporalmente con la expansión cauchera y, en años posteriores, con atrocidades que no habían quedado atrás en 1902. Son procesos conectados por la ocupación territorial y la coerción, pero no una secuencia simple en la que las misiones reemplazaron una “era del caucho” ya terminada.

Que el pontificado de León XIII se cerrara en Colombia con este acuerdo —firmado el año anterior a su muerte— dice mucho sobre el alcance del sistema concordatario que había ayudado a construir. No se trataba solo de proteger a la Iglesia frente a un Estado potencialmente hostil, como en los concordatos europeos de su tiempo; se trataba, en la periferia colombiana, de que la Iglesia sustituyera al Estado allí donde este no llegaba o no quería llegar.

Su red: los actores del sistema concordatario

El régimen concordatario no fue obra de un solo hombre. En Roma, Mariano Rampolla encabezó la Secretaría de Estado; en Colombia actuó una sucesión verificable de representantes pontificios: Giovanni Battista Agnozzi, Luigi Matera, Antonio Sabatucci y Antonio Vico durante el pontificado de León XIII. Del lado colombiano, Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro impulsaron la Regeneración, mientras Joaquín F. Vélez representó al país en la firma del Concordato. Esta red diplomática y política es más precisa que atribuir los acuerdos a la voluntad y firma personal del papa.

En la jerarquía eclesiástica colombiana, la figura de Bernardo Herrera Restrepo —arzobispo de Bogotá durante décadas a partir de 1891— fue central para articular la política de la Iglesia con el Partido Conservador. Herrera Restrepo encarnó la aplicación práctica del sistema concordatario en el terreno pastoral y político.

Otros obispos llevaron la doctrina antiliberal a extremos que la propia jerarquía a veces prefería moderar. Ezequiel Moreno Díaz, obispo de Pasto, declaró en 1903 —el año mismo de la muerte del pontífice— que "el liberalismo es el gran enemigo de la Iglesia y de la sociedad", e impartió a su clero instrucciones sobre la absoluta incompatibilidad entre liberalismo y catolicismo. Un año antes, en julio de 1902, se había redactado un juramento para los liberales arrepentidos que quisieran reconciliarse con la Iglesia, en el que estos debían condenar "sin reserva alguna y de corazón todo tipo de liberalismo religioso o político y todas aquellas falsas libertades que amenazan y perjudican nuestra fe católica". Los sacerdotes se guiaban por textos como Las enseñanzas de la Iglesia sobre el liberalismo, que muchos obispos glosaron en sus "cuestiones de púlpito y confesionario".

Toda esta arquitectura descansaba doctrinalmente en la herencia del Syllabus de Pío IX, en las enseñanzas del Concilio Vaticano I y en el Concilio Plenario de Obispos Latinoamericanos, corpus que rechazaba los conceptos básicos de liberalismo, naturalismo, socialismo y racionalismo. León XIII no derogó nada de ese acervo: lo administró.

La huella: qué dejó, cómo se la disputa

La incidencia de León XIII en Colombia puede medirse en dos escalas. Durante su pontificado se consolidó un régimen concordatario que reforzó la presencia católica en educación, matrimonio, misiones y vida pública. En las décadas siguientes ese arreglo continuó influyendo, pero fue reinterpretado por conflictos políticos, reformas constitucionales, un nuevo Concordato y decisiones judiciales. Hablar de una marca uniforme durante todo el siglo XX ocultaría esas rupturas.

Durante varias etapas, sectores de la Iglesia católica intervinieron en la vida política, la educación y la movilización electoral, y el conflicto religioso fue una línea divisoria importante entre liberales y conservadores. La intensidad y orientación de esa intervención variaron entre diócesis, obispos y coyunturas; no toda la Iglesia actuó como un bloque ni cada conducta posterior puede deducirse del Concordato de 1887. Los estudios sobre las relaciones Iglesia-Estado permiten describir una influencia prolongada, no adjudicar al pontificado de León XIII decisiones concretas de la jerarquía colombiana medio siglo después.

La Constitución de 1886 permaneció vigente hasta 1991, pero su régimen religioso cambió antes. La reforma constitucional de 1936 reemplazó disposiciones anteriores y autorizó convenios con la Santa Sede sobre bases de recíproco respeto, más que limitarse a suprimir una sola frase. El nuevo Concordato fue suscrito en 1973 y aprobado por la Ley 20 de 1974. La Constitución de 1991 garantizó libertad e igualdad religiosa; después, la sentencia C-027 de 1993 declaró inexequibles varias normas concordatarias y decisiones posteriores han reiterado el carácter laico y pluralista del Estado. Fue una transformación por etapas, no un cambio iniciado únicamente en 1991.

Rerum Novarum fue uno de los textos usados por el catolicismo social colombiano, junto con encíclicas posteriores, pastorales locales y experiencias organizativas. Ayudó a legitimar mutualismo, asociaciones obreras y debates sobre asistencia y justicia social, pero esas corrientes fueron heterogéneas y no todas derivaron directamente del documento de 1891. En el caso de Camilo Torres, la enseñanza social de varios papas fue una de múltiples tradiciones formativas; convertirla en punto común demostrable de todo el arco hasta la teología de la liberación excedería la evidencia revisada.

La Regeneración colombiana fue contraria a la tendencia secularizadora que predominó en buena parte de la región, aunque la comparación no autoriza una excepcionalidad absoluta: Ecuador y otros países también celebraron concordatos y siguieron cronologías propias de conflicto y cooperación eclesiástica. León XIII no fue el motor interno de la Regeneración. Su gobierno fue una contraparte necesaria para celebrar un concordato con la Santa Sede, pero no una condición suficiente —ni demostrablemente indispensable— para toda la arquitectura política de 1886. El resultado surgió de la convergencia entre diplomacia pontificia, proyecto regenerador y negociadores concretos.

León XIII murió en el Vaticano el 20 de julio de 1903, a los 93 años, y fue sucedido por Pío X. En Colombia había terminado la Guerra de los Mil Días; Panamá se separaría meses después, en noviembre. El Concordato y el Convenio de Misiones siguieron influyendo durante varias generaciones, aunque modificados por nuevas leyes, acuerdos y constituciones. Su huella en la historia religiosa y diplomática colombiana fue profunda, pero no puede medirse con el superlativo indemostrable de que ningún otro papa o actor extranjero haya pesado tanto.