León XIII

La semblanza: un papa entre dos mundos

Pecci nació el 2 de marzo de 1810 en Carpineto Romano, un pueblo del Lacio entonces incorporado al efímero imperio napoleónico. Murió el 20 de julio de 1903 en el Vaticano, tras un pontificado de veinticinco años que solo el de Pío IX, su antecesor inmediato, había superado en longitud dentro de la memoria moderna. La cifra no es anecdótica: la duración de ambos pontificados —treinta y dos años el uno, veinticinco el otro— explica en buena medida por qué la impronta del siglo XIX romano sobre la Iglesia latinoamericana fue tan honda y persistente.

León XIII heredó de Pío IX una Iglesia acorralada. La Revolución Francesa había clausurado, apenas dos décadas antes de su nacimiento, la era milenaria del pacto entre altar y trono: templos y conventos habían sido saqueados, sacerdotes y religiosos asesinados o desterrados, y en el terreno de las ideas se habían instalado con fuerza el ateísmo, el agnosticismo y una crítica racionalista de la religión que la Iglesia sintió como amenaza existencial. Pío IX había respondido con la encíclica Quanta Cura y su Syllabus de 1864, síntesis de las posiciones teológico-políticas del catolicismo contra el liberalismo: allí se condenaba la idea de que el Papa y los ministros de la Iglesia debieran excluirse de la administración de las cosas temporales y se rechazaban los principios del Estado moderno que buscaban limitar la autoridad eclesiástica.

León XIII no abandonó esa fortaleza doctrinal —el Syllabus seguía siendo suyo—, pero modificó la táctica. Donde Pío IX se atrincheró, Pecci negoció; donde su antecesor había preferido el anatema, él prefirió el concordato. Sin renunciar a ninguna condena de fondo, buscó recomponer con los Estados modernos vínculos jurídicos que salvaran a la Iglesia de la marginación. Esta doble condición —heredero del Syllabus y arquitecto de una diplomacia paciente— explica su capacidad singular para tratar con gobiernos como el de la Regeneración colombiana: pudo bendecir su proyecto sin traicionar la doctrina antiliberal que lo sostenía.

Los orígenes: formación romana y aprendizaje diplomático

Pecci se formó en el ambiente que había reconstruido la Iglesia después del terremoto revolucionario. Estudió en el Colegio Romano y en la Academia de Nobles Eclesiásticos, la cantera diplomática del papado, y allí adquirió las herramientas que definirían su carrera: el derecho canónico, la teología tomista y el conocimiento minucioso de los engranajes de la Curia. En 1837 fue ordenado sacerdote, y su ascenso dentro del gobierno pontificio fue rápido.

Su verdadero aprendizaje como estadista de la Iglesia ocurrió lejos de Roma. En 1843 fue enviado como nuncio a Bruselas, capital de un joven Reino de Bélgica que era, en la Europa de entonces, un laboratorio singular: un Estado católico dotado de una constitución liberal que garantizaba libertades de culto, prensa y enseñanza. En ese cargo trató directamente con un régimen que había encontrado un modo de coexistencia entre catolicismo y liberalismo constitucional, y estableció además contactos con las cortes de Londres y París. Fue una escuela que muchos de sus predecesores no habían tenido, y su huella se advertirá después en la disposición del papa a firmar concordatos allí donde el enfrentamiento frontal parecía estéril.

De regreso en Italia, fue nombrado en 1846 arzobispo de Perugia, sede que ocupó durante más de tres décadas y que le sirvió de retiro relativo durante los años más beligerantes del pontificado de Pío IX. Allí gobernó una diócesis, publicó cartas pastorales de tono social —anticipando temas que luego cristalizarían en la Rerum Novarum— y quedó a resguardo de las tormentas romanas. En 1853 fue creado cardenal. En 1877, Pío IX lo llamó de vuelta a Roma como camarlengo, el cardenal encargado de administrar los asuntos temporales de la Iglesia durante la sede vacante.

El 20 de febrero de 1878, apenas dos semanas después de la muerte de Pío IX, el cónclave lo eligió papa. Tenía 68 años, una edad avanzada para la época que hizo pensar a muchos electores en un pontificado de transición. Se equivocaron: reinaría un cuarto de siglo.

La trayectoria: un pontificado de veinticinco años

El pontificado de León XIII comenzó bajo la sombra de una derrota reciente e irreversible. En 1870, apenas ocho años antes de su elección, el joven Reino de Italia había ocupado Roma y anexado los Estados Pontificios, poniendo fin a más de mil años de soberanía temporal del papado. Pío IX se había declarado entonces "prisionero del Vaticano", y León XIII heredó esa condición sin resolverla: durante todo su reinado se negó a reconocer al Estado italiano y a la vez rehusó las opciones más radicales que algunos católicos intransigentes reclamaban. La llamada "cuestión romana" quedaría abierta hasta los Pactos de Letrán de 1929, ya bajo Pío XI.

Frente al mundo, sin embargo, León XIII no se replegó. Su estrategia diplomática fue de reconstrucción metódica: firmó concordatos, restableció jerarquías eclesiásticas, arbitró conflictos internacionales —como el que enfrentó a Alemania y España por las islas Carolinas en 1885— y buscó situar al papado como interlocutor moral de los Estados incluso cuando estos le negaban soberanía territorial. En su gobierno interno de la Iglesia, promovió el tomismo con la encíclica Aeterni Patris de 1879, que fijó a santo Tomás de Aquino como referencia filosófica obligatoria del catolicismo moderno, y abrió los Archivos Vaticanos a los investigadores, un gesto que transformó la historiografía religiosa.

Su gran secretario de Estado fue el cardenal Mariano Rampolla del Tindaro, figura decisiva de la diplomacia vaticana durante buena parte del pontificado y hombre de confianza para las negociaciones más delicadas. En torno a Rampolla se organizó el aparato que trató con Colombia, con Alemania —donde el Kulturkampf de Bismarck fue negociado hasta su desactivación gradual— y con Francia, a la que León XIII pidió, en la política del ralliement, aceptar la República y trabajar dentro de ella.

Pero el acto que lo inscribió de modo permanente en la historia del siglo XX fue la promulgación, el 15 de mayo de 1891, de la encíclica Rerum Novarum. En un documento extenso y meditado, León XIII abordó por primera vez desde la cátedra pontificia la "cuestión obrera": condenó los abusos del liberalismo económico individualista, rechazó igualmente el socialismo revolucionario y su negación de la propiedad privada, defendió el derecho de los trabajadores a asociarse, a recibir un salario justo y a descansar los domingos, y estableció el principio de que la caridad no bastaba: hacía falta justicia social. La encíclica dio nacimiento a lo que se llamaría "doctrina social de la Iglesia" y proveyó a los católicos de todo el mundo, durante décadas, el vocabulario con el que discutieron el capitalismo industrial y la organización de los trabajadores.

Colombia entra en escena: el largo camino al Concordato

Cuando León XIII fue elegido en 1878, las relaciones entre Colombia y la Santa Sede llevaban décadas de vaivenes. Los antecedentes eran ásperos. Pío VII había publicado en 1814, en plena guerra de independencia, una encíclica exhortando a los hispanoamericanos a mantener obediencia y sumisión al gobierno español; una década después, León XII adoptó una actitud semejante. Estos documentos, favorables a la Corona, fueron poco difundidos en América y a veces se los interpretó como falsificaciones o se los acomodó a la nueva situación política. El propio Simón Bolívar hizo gestiones ante la Santa Sede para que reconociera a la Gran Colombia como jurisdicción religiosa autónoma, y los papas León XII y Pío VIII concedieron finalmente la creación de un episcopado nacional independiente de las disposiciones de la Corona, nombrando los primeros obispos —encabezados por Fernando Caycedo y Flórez como arzobispo de Bogotá— entre los candidatos presentados por el gobierno colombiano.

Con todo, el Vaticano se mostró siempre reacio a aceptar la pretensión republicana de heredar el patronato regio: el derecho, ejercido por la Corona española desde la conquista, de nombrar obispos, intervenir en tribunales eclesiásticos, recibir diezmos y controlar el clero regular y secular. Los gobiernos colombianos del siglo XIX sostuvieron que ese derecho pasaba automáticamente al nuevo Estado; Roma se negó sistemáticamente a admitirlo.

El conflicto escaló durante los gobiernos liberales de mediados de siglo. En 1861, Tomás Cipriano de Mosquera decretó la desamortización de bienes de manos muertas, adjudicando a la nación los bienes y rentas de las corporaciones eclesiásticas. El mismo gobierno impuso la tuición de cultos, que obligaba a los sacerdotes a jurar obediencia a la Constitución y las leyes como condición para ejercer, con pena de destierro sumario en caso de desobediencia. Muchos curas respondieron cerrando iglesias y negándose a administrar sacramentos. En los años setenta, los liberales radicales instituyeron la educación laica y obligatoria, que se convirtió en un nuevo frente de choque. Las relaciones diplomáticas con la Santa Sede se rompieron y solo se reanudaron en 1882, bajo la presidencia de Francisco Javier Zaldúa, con la llegada del primer legado pontificio: monseñor Juan Bautista Agnozzi.

Agnozzi no fue una elección afortunada. No tuvo buenas relaciones con Rafael Núñez, entonces figura ascendente de la política colombiana, y aparentemente no comprendió la trascendencia del movimiento que este encabezaba. Cuando Núñez, ya en su segunda presidencia iniciada en 1884, encargó a José María Quijano Wallis negociar en el Vaticano los términos de un concordato, el primer intento fracasó. Núñez había condicionado el acuerdo a la anulación de su primer matrimonio con Dolores Gallego —requisito personal que enredó, por vías indirectas, la negociación institucional— y la incomodidad entre el legado y el presidente contribuyó al bloqueo.

La derrota del federalismo radical en la guerra civil de 1885 y la convocatoria del Consejo de Delegatarios, que elaboró la Constitución de 1886, cambiaron el escenario. El nuevo texto, redactado por representantes de los antiguos Estados en Bogotá, reemplazó el orden federal de Rionegro por un centralismo estricto y estableció un vínculo estrecho entre el Estado y la Iglesia. Su artículo 38 declaró que "la Religión Católica, Apostólica, Romana, es la de la Nación", y que los poderes públicos la protegerían y harían respetar "como esencial elemento del orden social", con la aclaración de que la Iglesia no sería formalmente oficial y conservaría su independencia. El artículo 40 permitió la libertad de cultos solo para aquellos que no fueran contrarios a la moral cristiana ni a las leyes, y el artículo 41 dispuso que la educación pública sería organizada y dirigida en concordancia con la religión católica.

Sobre esa base constitucional se negoció el Concordato, firmado en 1887 durante la presidencia de Núñez y bajo el pontificado de León XIII. Fue el paso jurídico que faltaba: el Estado colombiano, en la voz de los regeneradores, y la Santa Sede, en la de León XIII, acordaron un régimen de relaciones que reforzaba el vínculo constitucional, devolvía a la Iglesia propiedades confiscadas por los gobiernos liberales —aunque no logró revertir la desamortización de 1861—, ataba la educación pública a los preceptos eclesiásticos, abolía el divorcio civil y otorgaba a la Iglesia prerrogativas sobre el estado civil de las personas. En su artículo 12, el Concordato estableció que en universidades, colegios, escuelas y demás centros de enseñanza la instrucción pública se organizaría conforme a los dogmas y la moral de la religión católica. Los efectos serían inmediatos y duraderos: la Iglesia tendría el control efectivo de la educación pública colombiana al menos hasta 1930, cuando los gobiernos liberales iniciaron la lenta recuperación de las prerrogativas estatales.

El Concordato de 1887 puso fin, al menos formalmente, al largo litigio entre la Iglesia y el Estado colombiano que había atravesado buena parte del siglo XIX. No revirtió la desamortización, pero recompuso todo lo demás. Y lo hizo bajo la firma de un papa que, sin haber pisado nunca América, se convirtió por vía diplomática en pieza fundamental del andamiaje republicano colombiano.

La Rerum Novarum y su travesía hacia Colombia

Cuatro años después del Concordato, León XIII promulgó la Rerum Novarum. La encíclica fue leída en Europa como respuesta al desafío del movimiento obrero organizado y como intento de sustraer a los trabajadores católicos de la órbita socialista. En Colombia, donde el proletariado industrial era aún incipiente, su recepción fue más lenta y más mediada.

La Iglesia colombiana no difundió la encíclica de inmediato. Habrían de pasar más de veinte años desde su promulgación —y diez desde la muerte del pontífice— para que la Conferencia Episcopal, en 1913, decidiera divulgarla entre los trabajadores como parte del impulso a la Acción Social Católica y del respaldo a la creación de sociedades mutuarias. Este retraso es significativo: revela que la Rerum Novarum llegó a Colombia no como impulso directo del papado sino como decisión de una jerarquía nacional que empezaba a preocuparse por la "cuestión social" ante el surgimiento de núcleos obreros propios.

Cuando la encíclica se difundió, encontró un terreno peculiar. El pensamiento social católico convergió con ciertas corrientes del pensamiento político colombiano: el propio Rafael Núñez, en sus últimos años, hallaba en las enseñanzas de León XIII una confirmación de sus críticas al liberalismo económico individualista y a la desprotección de los trabajadores. La Iglesia veía con buenos ojos las sociedades de ayuda mutua y prestó apoyo activo a su difusión.

Pero la relación entre los primeros núcleos obreros y el catolicismo institucional fue ambivalente. La clase obrera colombiana en formación integró una síntesis particular de tres tradiciones —cristianismo, racionalismo liberal y socialismo— y recogió la primera de forma crítica respecto a la Iglesia oficial: era una tradición cristiana, sí, pero no exactamente católica ni obediente. En regiones como la Costa Atlántica, donde la presencia clerical en la vida cotidiana laboral era menor que en el interior andino, la influencia eclesiástica sobre los trabajadores fue más débil, y Barranquilla mostró desde temprano una vida obrera menos permeada por el catolicismo.

La huella doctrinal de León XIII se extendería, sin embargo, mucho más allá de su siglo. Décadas después, sacerdotes como Camilo Torres invocarían las encíclicas sociales de la Iglesia —empezando por la Rerum Novarum— para sostener que la justicia social debía prevalecer sobre la simple caridad como expresión del amor cristiano, y que la misión sacerdotal debía asumir posiciones definidas ante la desigualdad, más allá de la administración rutinaria de sacramentos. Que un papa del siglo XIX proveyera el fundamento canónico para la teología social del sacerdote guerrillero es una de las paradojas más elocuentes de la historia colombiana.

El Convenio de Misiones: la última consecuencia del sistema

El pontificado de León XIII se cerró, en lo que respecta a Colombia, con un acuerdo de consecuencias aún más radicales que las del Concordato. En 1902, apenas cesados los combates de la Guerra de los Mil Días, el presidente José Manuel Marroquín firmó con el Vaticano el Convenio de Misiones, negociado dentro del marco general del Concordato de 1887.

El Convenio delegó a las órdenes religiosas la autoridad para gobernar, policiar y educar a los pueblos indígenas en los territorios de misión, es decir, en las vastas regiones amazónicas y llaneras que el Estado colombiano nunca había integrado efectivamente. Concedió a las misiones cantidades significativas de baldíos para promover la colonización, elevó el subsidio oficial anual a setenta y cinco mil pesos y destinó, en su artículo 7°, un rubro adicional de cincuenta mil pesos a la misión del Caquetá —entendida como la región bañada por los ríos Putumayo, Caquetá, Amazonas y sus afluentes— para construcción de edificios y gastos de establecimiento. Y estipuló, quizá la cláusula más reveladora, que ninguna persona inaceptable para los misioneros podría ser nombrada en cargo de autoridad civil: en la práctica, intendentes y demás funcionarios territoriales quedaban sometidos a los deseos de vicarios y prefectos apostólicos.

En regiones como el Caquetá, el Putumayo, la Guajira o los Llanos, la Iglesia se convirtió así en sustituto del Estado. Órdenes capuchinas, franciscanas y consolatas asumieron funciones que en cualquier definición moderna corresponden al poder civil: administración de justicia, policía, educación pública, gobierno económico. Los liberales protestaron —el convenio fue firmado en medio de sus objeciones—, pero el resultado quedó consumado.

Para los pueblos indígenas de la Amazonía, el Convenio de Misiones fue la continuación de una tragedia. La era del caucho había significado, apenas años antes, muerte masiva, esclavitud y desarraigo. La "civilización" misionera, respaldada canónicamente por León XIII y jurídicamente por el Estado colombiano, prolongó la sujeción bajo formas distintas: un proyecto de transformación de las formas de vida indígenas que se extendería durante décadas.

Que el pontificado de León XIII se cerrara en Colombia con este acuerdo —firmado el año anterior a su muerte— dice mucho sobre el alcance del sistema concordatario que había ayudado a construir. No se trataba solo de proteger a la Iglesia frente a un Estado potencialmente hostil, como en los concordatos europeos de su tiempo; se trataba, en la periferia colombiana, de que la Iglesia sustituyera al Estado allí donde este no llegaba o no quería llegar.

Su red: los actores del sistema concordatario

El sistema que se cristalizó bajo León XIII no fue obra de un solo hombre. Del lado romano, la diplomacia vaticana tuvo en Rampolla del Tindaro su cabeza permanente y en una sucesión de legados apostólicos en Bogotá —desde Agnozzi hasta figuras posteriores como Sardi y Mocenni— sus operadores locales. Del lado colombiano, la arquitectura confesional fue el proyecto de una alianza política precisa: Rafael Núñez, presidente y estratega, y Miguel Antonio Caro, ideólogo del conservatismo, gramático y latinista, arquitecto intelectual de la Constitución de 1886 y presidente en ejercicio durante buena parte de la aplicación temprana del Concordato.

En la jerarquía eclesiástica colombiana, la figura de Bernardo Herrera Restrepo —arzobispo de Bogotá durante décadas a partir de 1891— fue central para articular la política de la Iglesia con el Partido Conservador. Herrera Restrepo encarnó la aplicación práctica del sistema concordatario en el terreno pastoral y político.

Otros obispos llevaron la doctrina antiliberal a extremos que la propia jerarquía a veces prefería moderar. Ezequiel Moreno Díaz, obispo de Pasto, declaró en 1903 —el año mismo de la muerte del pontífice— que "el liberalismo es el gran enemigo de la Iglesia y de la sociedad", e impartió a su clero instrucciones sobre la absoluta incompatibilidad entre liberalismo y catolicismo. Un año antes, en julio de 1902, se había redactado un juramento para los liberales arrepentidos que quisieran reconciliarse con la Iglesia, en el que estos debían condenar "sin reserva alguna y de corazón todo tipo de liberalismo religioso o político y todas aquellas falsas libertades que amenazan y perjudican nuestra fe católica". Los sacerdotes se guiaban por textos como Las enseñanzas de la Iglesia sobre el liberalismo, que muchos obispos glosaron en sus "cuestiones de púlpito y confesionario".

Toda esta arquitectura descansaba doctrinalmente en la herencia del Syllabus de Pío IX, en las enseñanzas del Concilio Vaticano I y en el Concilio Plenario de Obispos Latinoamericanos, corpus que rechazaba los conceptos básicos de liberalismo, naturalismo, socialismo y racionalismo. León XIII no derogó nada de ese acervo: lo administró.

La huella: qué dejó, cómo se la disputa

La incidencia de León XIII en Colombia se mide en dos escalas de tiempo. En la escala del pontificado, dejó consolidado un régimen concordatario que hizo del catolicismo pieza fundamental del andamiaje estatal, con efectos inmediatos en los planos educativo, moral, social y cultural. En la escala larga, sus decisiones marcaron el país durante todo el siglo XX.

La Iglesia católica, amparada en el Concordato y aliada con el Partido Conservador, intervino de modo directo en la vida política: orientó el voto de los fieles, condenó al liberalismo desde el púlpito, apoyó candidatos y modeló la vida cultural. Todavía en 1955 —medio siglo después de la muerte del papa— la jerarquía eclesiástica colombiana consideraba que el liberalismo estaba condenado por defender la libertad de enseñanza, la escuela laica, el matrimonio civil, el divorcio, la libertad de cultos y la separación de Iglesia y Estado. La cuestión religiosa fue línea divisoria central entre liberales y conservadores en Colombia durante generaciones, incluso cuando ambos partidos coincidían en el modelo económico agroexportador.

La Constitución de 1886 se mantuvo en lo esencial vigente hasta 1991, aunque conoció reformas relevantes. La de 1936, bajo el liberalismo, suprimió el artículo que declaraba al catolicismo religión de la nación. Solo la Constitución de 1991 transformó de raíz el vínculo entre Estado e Iglesia, avanzando hacia un modelo pluralista en materia religiosa. El Concordato mismo fue renegociado en 1973 y sometido después a decisiones de la Corte Constitucional que fueron desmontando sus disposiciones más incompatibles con el nuevo orden. Un siglo largo, por tanto, separó la firma bajo León XIII de su reforma sustancial.

La Rerum Novarum, por su parte, tuvo una vida más ambigua. Sirvió a la Iglesia para animar el mutualismo católico, el sindicalismo confesional y, más tarde, para dotar de fundamentación teológica a corrientes tan distintas como el conservadurismo social, el reformismo liberal-católico de la posguerra y la teología de la liberación en su vertiente colombiana. Camilo Torres invocando las encíclicas sociales contra la simple caridad; los obispos difundiendo sociedades mutuarias en 1913; el clero antioqueño impulsando cooperativas: todo ese arco heterogéneo tuvo en el texto de 1891 un punto común de apoyo.

Colombia siguió, gracias a este engranaje, un rumbo distinto al de la mayoría de sus vecinos latinoamericanos. Mientras México, Ecuador, Chile o Uruguay avanzaron durante el siglo XIX o principios del XX hacia la separación entre Iglesia y Estado, la Regeneración implicó una supeditación del poder civil al eclesiástico que algunos historiadores han descrito como excepcional. León XIII no fue el motor causal de esa anomalía —la Regeneración respondió a una lógica política interna, a la necesidad de Núñez y Caro de derrotar al federalismo radical y refundar el orden—, pero fue su condición necesaria: sin el aval canónico del pontífice romano, la arquitectura jurídica del Concordato y del Convenio de Misiones carecía de fundamento. Su firma legitimó lo que las élites políticas colombianas habían decidido; y esa firma, dada por un papa que negoció con la modernidad sin ceder en la doctrina, marcó al país mucho más allá de su propio siglo.

León XIII murió en el Vaticano el 20 de julio de 1903, a los 93 años. Le sucedió Pío X, de sensibilidad más intransigente. Para entonces, en Colombia, la Guerra de los Mil Días había terminado, Panamá estaba a semanas de separarse, y el sistema confesional que llevaba su firma se instalaba, con el Convenio de Misiones ya vigente, para durar varias generaciones. Ningún otro papa dejó una huella semejante en la historia política colombiana. Y pocas figuras extranjeras pesaron tanto sobre lo que Colombia fue, durante un siglo, en materia de escuela, de matrimonio, de fronteras y de política.