Discontinuidad del campo intelectual colombiano

¿Cuánto de la discontinuidad del campo intelectual colombiano es hecho histórico y cuánto es artefacto de producción?

Hay una figura que se repite en los relatos sobre Colombia: la de un país que empieza de nuevo cada tanto. El movimiento estudiantil habría nacido con Rafael Uribe Uribe en 1909, muerto con Gonzalo Bravo Pérez, resucitado con Camilo Torres Restrepo en los sesenta, extinguido con la represión de los ochenta, reaparecido con la Séptima Papeleta en 1989 y refundado con la MANE en 2011. La historiografía habría surgido de una sola vez con la Nueva Historia de los años setenta, sin genealogía previa digna de mención. La Iglesia colonial habría sido un bloque monolítico, la Inquisición un aparato uniforme, el conflicto armado una cosa que empezó en un año preciso —1946, 1964, 1982, según quien hable. Cada objeto llega al lector partido en episodios que no se comunican.

La pregunta admite una respuesta contraintuitiva: muchas de esas discontinuidades no son hechos históricos sino efectos de producción. El archivo institucional decide qué se conserva; la fragmentación generacional del campo académico decide qué se lee; la utilidad política de cada coyuntura decide qué genealogía se rescata. Y sin embargo hay discontinuidades reales, ancladas en el enclaustramiento clerical hasta 1930, en la violencia sobre las universidades, en la dependencia crónica del campo intelectual respecto de árbitros externos —Iglesia, partidos, Estado contrainsurgente. Separar lo uno de lo otro es la tarea.

El movimiento estudiantil y el problema de la genealogía

La memoria del estudiantado colombiano se organiza alrededor de mártires y fechas trágicas: las jornadas de 1909 que contribuyeron a la caída de Rafael Reyes, la muerte de Gonzalo Bravo Pérez en 1929, la de Uriel Gutiérrez el 8 de junio de 1954 en la Ciudad Universitaria a manos de la Policía Nacional, las movilizaciones de 1971 por la autonomía universitaria, el impulso a la Constituyente en 1989-1990, la MANE en 2011. Muchas de las protestas posteriores son, literalmente, conmemoraciones de esos hechos, aunque la prensa las registre como si carecieran de motivo.

Esa estructura conmemorativa produce, más que refleja, la sensación de continuidad. El movimiento de 1929 invocó las jornadas de 1909. El de 1971 se leyó a sí mismo a través del Mayo francés y de las movilizaciones latinoamericanas contemporáneas, pero también a través de una línea nacional que rescataba a Camilo Torres y a los universitarios que ingresaron al ELN desde comienzos de los sesenta. La MANE, en 2011, se presentó como el mayor levantamiento estudiantil de las últimas cinco décadas y trazó su propia genealogía hasta la Séptima Papeleta y más atrás.

¿Continuidad o construcción retrospectiva? Ambas cosas. Las demandas centrales —financiación, autonomía, representación estudiantil, calidad de la enseñanza, antiimperialismo, democracia— reaparecen en cada ciclo con una constancia que no puede reducirse a operación narrativa. Pero la selección de qué mártir se recuerda, qué fecha se conmemora y qué predecesor se reivindica es una operación política deliberada, no un registro pasivo. La discontinuidad que se percibe desde fuera —comparada con la FUA argentina o la FECh chilena, con sus estructuras federativas de larga duración— es en parte real: el estudiantado colombiano nunca consolidó una organización nacional estable equivalente. Pero es también efecto de que la historiografía académica dejó de estudiarlo. Los trabajos sobre movimientos sociales en Colombia crecieron casi geométricamente hasta comienzos de los noventa y luego se estancaron, mientras la actividad social continuaba. El silencio del campo académico se confundió con el silencio del movimiento.

A esto se suma la violencia sobre los universitarios como condición material de fragmentación: al menos 339 crímenes documentados contra universitarios, con 1988 como año pico —58 casos—, un 33% con responsables desconocidos y un 20% atribuido a paramilitares. Una generación asesinada o exiliada no transmite su experiencia a la siguiente por vías normales. La memoria estudiantil colombiana es intermitente en parte porque sus portadores fueron eliminados.

De ahí que la tesis de la dependencia partidista del estudiantado —síntoma de una sociedad civil débil incapaz de emanciparse del bipartidismo ni de la izquierda organizada— deba matizarse. Es verdad que el estudiantado colombiano no consolidó la autonomía sectorial de sus pares del Cono Sur. Pero atribuirlo a debilidad congénita de la sociedad civil ignora que las condiciones de posibilidad de esa autonomía —continuidad institucional universitaria, ausencia de eliminación física, campo intelectual capaz de acompañar la reflexión sectorial— fueron activamente destruidas. La dependencia no es solo síntoma; es también resultado.

La ruptura de los setenta y la producción del olvido

El Manual de historia de Colombia, publicado en 1978 bajo la dirección científica de Jaime Jaramillo Uribe con patrocinio de Colcultura, y la Nueva Historia de Colombia dirigida por Álvaro Tirado Mejía con Jorge Orlando Melo y Jesús Antonio Bejarano como asesores, marcaron un antes y un después. La irrupción vino acompañada de tensión abierta con la Academia Colombiana de Historia, que respondió con animadversión desde su Boletín de Historia y Antigüedades, casi siempre desde el desconocimiento de las corrientes historiográficas que atacaba. En 1984 se declaró el fin de la hegemonía del manual de Jesús María Henao y Gerardo Arrubla en el ámbito educativo. La renovación era real: la historia dejó de ser crónica de gobernantes y padres de la patria para volverse análisis de estructuras económicas, clases sociales, movimientos populares.

La operación tuvo un costo. Al desplazar la historia eclesiástica —dominada hasta entonces por la tradición apologética que arrancaba en José Manuel Groot, quien escribió su Historia Eclesiástica y Civil de la Nueva Granada explícitamente para defender a la Iglesia de las "imposturas de los historiadores liberales"— la Nueva Historia no la reemplazó con una historia crítica del clero regular y de las órdenes coloniales, sino que en buena medida la abandonó como objeto. La producción hagiográfica sobre figuras como Eduardo Ospina S.J., el obispo Builes o los cuatro arzobispos de Agudelo Giraldo quedó intacta —útil apenas como fuente de datos fácticos, sin análisis crítico— porque la historiografía renovada tenía otras prioridades: el café, la industria, las clases, la violencia.

El empobrecimiento se pagó en la comprensión de la sociedad colonial. Durante la Colonia, la norma interna del catolicismo era norma legal: los desórdenes morales eran delitos perseguibles de oficio por alcaldes, alguaciles y párrocos, y la ortodoxia cristiana era condición para el prestigio social. Las órdenes religiosas se concentraron en los grandes centros de poder económico y político, con presencia muy reducida en regiones como Antioquia y Santander durante los siglos XVI a XVIII, lo que tuvo consecuencias medibles en la organización social de esos territorios. La historiografía tendió, además, a extrapolar datos del siglo XVI al XVII como si fueran una misma época, aplanando ritmos y particularidades. Sin una historia crítica del clero regular, esos matices quedaron ilegibles.

El caso del Tribunal de la Inquisición de Cartagena de Indias ilustra la economía política de la memoria histórica colonial. En el siglo XVIII el Santo Oficio estaba en declive global y el tribunal cartagenero solo juzgó a treinta y dos personas de ascendencia africana en ese siglo; las penas —cien o doscientos azotes— eran, sin embargo, sistemáticamente más violentas para negros y esclavizados que para libres de etnias mixtas. Ese detalle —el declive institucional coexistiendo con violencia racial diferenciada— es lo que se pierde cuando cada generación política refunde la imagen del Santo Oficio para legitimar su agenda frente a la Iglesia contemporánea. Los liberales del XIX lo agrandaron para atacar a la Regeneración; los conservadores lo minimizaron; ciertos revisionismos contemporáneos lo agrandan de nuevo para otras batallas. El siglo XVII y el XVIII, como objetos históricos autónomos, casi nunca son el punto.

Nieto Arteta y la recepción diferida como norma del campo

Luis Eduardo Nieto Arteta (1913-1956) publicó Economía y cultura en la historia de Colombia en 1941. Fue el primer intento en el país de una historia sociológicamente orientada, la primera aplicación —incipiente, mecánica, con generalizaciones típicas del marxismo vulgar— del método marxista al pasado nacional. Privilegió los procesos y las estructuras sobre los gobernantes y los héroes, y abrió el terreno donde una generación posterior sembraría. Redactó Café en la sociedad colombiana en 1948; la obra apareció una década después, hacia 1958, cuando su autor ya había muerto. Luis Ospina Vásquez publicó en 1955 su trabajo pionero sobre historia económica colombiana. Ninguna de las dos obras tuvo divulgación inmediata: fue en los años sesenta cuando empezaron a leerse con seriedad.

Este patrón —obra pionera, silencio de una década, recepción tardía cuando una nueva generación necesita ancestros— es la norma, no la excepción. La Reforma de López Pumarejo de 1935 permitió que corrientes distintas del pensamiento conservador clerical ingresaran a los claustros universitarios, pero el terreno tardó en volverse fértil. Hasta 1930, la educación media y universitaria estaba casi en su totalidad dominada por el pensamiento conservador de tendencia clerical, y el enclaustramiento cultural bloqueaba el contraste entre marcos teóricos. Nieto Arteta escribió en un país que no podía leerlo. Los sesenta lo leyeron porque necesitaban un ancestro colombiano para la crítica que ya venía haciéndose desde el marxismo internacional y la teoría de la dependencia, con Cardoso y Faletto en 1969 y con Daniel Pécaut en Política y sindicalismo en Colombia de 1973 como uno de los pocos usos directos de esa teoría en el caso colombiano.

Entre 1962 y 1964, Mario Arrubla publicó en la revista Estrategia la serie de artículos que después se convertirían en libro y que introdujeron con fuerza la crítica del subdesarrollo en el debate colombiano. Orlando Fals Borda, en su Escrutinio sociológico de la historia colombiana (1956) y en obras posteriores, situó a Nieto Arteta en una línea de "tratados sobre la nacionalidad" que arrancaba en De cómo se ha formado la nación colombiana de Luis López de Mesa (1934). Esa lista es, ella misma, una operación de canonización: fabrica retrospectivamente una tradición que los propios autores no habrían reconocido necesariamente como tal.

El canon no se construye por valor intrínseco sino por utilidad. Nieto Arteta se vuelve fundacional cuando la Nueva Historia necesita demostrar que la historiografía crítica colombiana tenía raíces locales y no era un injerto extranjero. Ospina Vásquez se vuelve pionero cuando la historia económica requiere legitimarse frente a la historia política tradicional. Y sin embargo la obra de Nieto Arteta contenía efectivamente lo que la generación posterior encontró en ella. La recepción diferida no fue una lectura arbitraria; fue una lectura tardía de algo que estaba ahí. El artefacto no es la existencia del ancestro sino su descubrimiento oportuno.

El campo intelectual bajo tutela: Iglesia, bipartidismo, Estado

La autonomía del campo intelectual colombiano ha sido siempre condicional. La Constitución de 1886 y el Concordato de 1887 entregaron a la Iglesia el control de la educación pública —el Artículo 41 estableció que "la educación pública será organizada y dirigida en concordancia con la Religión Católica"— y la capacidad de vigilar la privada, durante los siguientes cincuenta años. Mientras varios países latinoamericanos avanzaban en el siglo XIX hacia la independencia del Estado frente al poder eclesiástico, Colombia siguió el rumbo inverso con la Regeneración. El clero colombiano tenía —y ha tenido— la reputación de ser más conservador, política y teológicamente, que el clero latinoamericano en general, y en alianza estrecha con el Partido Conservador intervino en política, lanzó anatemas contra el liberalismo y orientó comicios.

La guerra civil de 1876 se gestó, entre otras razones, por el rechazo del Partido Conservador y la Iglesia a las reformas educativas laicas del liberalismo radical desde 1870, incluida la contratación de una misión pedagógica alemana. Es la señal más clara de que el campo educativo era, ya entonces, un campo de batalla político-religioso, no un espacio autónomo. La Reforma de 1935 abrió parcialmente ese cerrojo. Pero la tutela no desapareció: se transformó.

A partir de los treinta, la modernización capitalista —industrialización, expansión del mercado interno, crecimiento urbano, irrupción de las masas trabajadoras— creó nuevas condiciones para el pensamiento crítico. La Nueva Historia de los setenta fue posible porque hubo universidades, revistas, editoriales, un público lector. Pero fue también un proyecto negociado: el Manual de 1978 se hizo con patrocinio estatal a través de Colcultura, en el marco del impulso gubernamental a publicaciones de gran tiraje. La renovación historiográfica se hizo con el Estado, no contra él. Su relación con la Academia Colombiana de Historia fue de conflicto abierto, pero su relación con el aparato cultural oficial fue de alianza. Esa dependencia estructural es lo que hace que la autonomía del campo sea siempre condicional: cambia el árbitro externo —la Iglesia hasta 1930, el bipartidismo después, el Estado contrainsurgente durante el conflicto armado— pero no desaparece.

Buena parte de la historiografía sobre Colombia se hizo, además, fuera del país: tesis doctorales en Sevilla bajo Luis Navarro García, trabajos como el de Tomás Gómez en Francia, la tesis magistral de Juan Villamarín sobre la encomienda en Santa Fe en Estados Unidos. La trayectoria de Marco Palacios —Bogotá, 1944, con formación entre la Universidad Libre, El Colegio de México y Oxford, investigador en Londres, dos veces rector de la Nacional entre 1984 y 2005— condensa un patrón: los historiadores colombianos de su generación se formaron afuera para poder pensar el país adentro. La institucionalización de la sociología muestra un campo cuya autonomía llegó tarde y siempre por la vía de la circulación internacional.

Las categorías del conflicto: campo semántico, campo estratégico

Ningún objeto revela mejor la falta de autonomía del campo intelectual colombiano que el conflicto armado. Las categorías con las que se lo piensa no son producto de una discusión académica interna; son armas.

Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se proscribieron denominaciones como "guerrilleros" o "subversivos" y se sustituyeron por "terroristas", "narcoterroristas" o "bandidos". La operación era doble. De un lado, descalificar al oponente. De otro, negar la existencia misma de un conflicto armado interno: si Colombia tenía una democracia sólida, cualquier levantamiento armado carecía por definición de origen político legítimo. Esta guerra semántica tenía un antecedente largo. Tras el fin de la Guerra de los Mil Días en 1903, la doctrina dominante cerró la posibilidad de reconocer el carácter político de la rebelión armada y envió a los rebeldes al espacio de la ilegalidad junto con la delincuencia común. La tendencia a criminalizar al rebelde tiene raíces profundas en la tradición jurídica colombiana.

La distinción entre "alzamiento armado" y "guerra civil" —trabajada por Rafael Pardo Rueda entre otros— no es una descripción sociológica neutral: es un artefacto discursivo del Estado negociador para fijar asimetrías en la mesa. Reconocer una guerra civil implica reconocer beligerancia; hablar de alzamiento armado permite negociar desde la superioridad moral y jurídica del Estado. Las categorías académicas replican, con menos vergüenza de la que deberían, esas necesidades estratégicas. Cuando se discute si el conflicto empezó en 1946 con la Violencia o en los sesenta con las guerrillas posrevolución cubana, se discute también, aunque no se diga, si el Estado bipartidista tiene o no responsabilidad originaria. El origen, la periodización y la naturaleza del paramilitarismo siguen siendo objeto de disputa; el paramilitarismo fue legal en Colombia entre 1965 y 1989, amparado en la doctrina de Seguridad Nacional, lo que hace insostenible la fábula de que fue un fenómeno puramente insurgente contra el Estado.

Esa disputa se libra hoy en instituciones distintas y con métodos distintos, y por eso arroja resultados distintos. El ¡Basta ya! del Grupo de Memoria Histórica documentó cerca de 220.000 muertes entre 1958 y 2012, y la producción posterior del Centro Nacional de Memoria Histórica —talleres con comunidades, análisis del uso de "listas" como mecanismo de violencia selectiva, informe conjunto con el IEPRI de la Nacional sobre la trayectoria de las FARC— buscó autonomía académica desde dentro del aparato estatal. El CINEP eligió el camino inverso: desde 1987 sistematiza eventos del conflicto cruzando más de diez fuentes de prensa nacional y regional con registros propios y con los boletines de la Vicepresidencia, en un archivo hoy custodiado por el Archivo de Bogotá. Las metodologías divergen y por eso divergen los resultados. No hay ni habrá cifra única del conflicto colombiano, y quien la busca no ha entendido el problema: lo que se comparan son tendencias, distribuciones, comportamientos espaciales y temporales de la violencia.

Esa diferencia de método no es ajena a la pregunta por el artefacto. Cada institución produce el conflicto que puede medir, y las categorías que le sirven para medirlo se vuelven categorías con las que el país se piensa. La formulación de Francisco Gutiérrez Sanín sobre "élites vulnerables" ilustra ese desplazamiento: mueve la pregunta marxista clásica —quién se beneficia— hacia otra empíricamente más manejable, quién está expuesto y tiene medios para responder. Escapa así del determinismo de la teoría de clase pura y del voluntarismo de la explicación biográfica. Contra el culturalismo fácil de la "intolerancia bipartidista heredada" —explicación circular que atribuye a la cultura lo que no logra explicar por mecanismos— la sociología política del conflicto ha ganado terreno cuando ha preguntado por incentivos, costos estratégicos y arquitecturas institucionales. La legitimidad social del uso de la violencia para determinar la política —confabularse con paramilitares para arreglar elecciones ameritaba, bajo el Código Penal de 1980, apenas catorce meses de prisión— es un dato institucional, no cultural.

Queda por fuera del análisis, casi siempre, la dimensión comunicativa del conflicto. La información como campo estratégico —qué saben los actores armados, qué transmiten, qué ocultan, cómo procesan inteligencia, cómo se comunican con las poblaciones que controlan mediante listas o repertorios simbólicos— rara vez entra en el marco. Sin ella, la historiografía del conflicto sigue tratando a los armados como agentes irracionales o puramente ideológicos, y pierde la racionalidad estratégica que efectivamente organizó sus decisiones. Las FARC en el Caguán usaron la negociación tácticamente más que como voluntad genuina de paz; esa instrumentalización de la mesa como herramienta de guerra es información pública, pero raramente se integra al análisis de conjunto.

La élite técnica y la otra continuidad

El argumento sobre el artefacto tendría un flanco débil si se aplicara solo a lo crítico. Contra la fragmentación aparente del campo intelectual disidente hay una continuidad casi invisible que sostiene, silenciosamente, el edificio: la de la élite técnica que administra las crisis económicas. Y esta continuidad no es artefacto: es rigurosamente histórica, verificable en los nombres, las trayectorias y las decisiones.

La tecnocracia colombiana forma una red personal e ideológica que atraviesa 1982, 1992, 1999 y 2018 con estabilidad notable de diagnóstico y de recetas. Los mismos apellidos circulan entre el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional, Fedesarrollo y las cátedras de los Andes; los mismos marcos —ortodoxia macroeconómica, apertura gradual, disciplina fiscal— sobreviven a los cambios de gobierno con una placidez que ningún otro sector de la vida intelectual colombiana conoce. Esa continuidad explica dos cosas a la vez: la relativa estabilidad macroeconómica colombiana en un continente turbulento, y la incapacidad para reformas estructurales que toquen la distribución del ingreso, la propiedad de la tierra o el régimen tributario. Lo que se preserva y lo que se bloquea son la misma cosa vista desde dos lados. La red técnica que impidió que Colombia siguiera el guion argentino de 2001 es la misma que ha hecho impensable, durante cuatro décadas, una reforma agraria seria.

La discontinuidad, entonces, es selectiva, y aquí el análisis del artefacto se cierra sobre sí mismo. Mientras el movimiento estudiantil, el clero regular, la memoria del conflicto y la recepción del canon crítico se fragmentan y refundan cíclicamente, la administración económica muestra un hilo firme. La sociedad civil que se percibe intermitente lo es en ciertas capas —las populares, las críticas, las contestatarias— y persistente en otras —las técnicas, las administradoras del orden. Colombia coexistió durante décadas con violencia armada y democracia formal simultáneas: elecciones regulares, tribunales independientes, crecimiento económico, tecnocracia estable. Esa paradoja —modernización institucional y guerra persistente— dificultó que las élites urbanas reconocieran la devastación del conflicto, y produjo un campo intelectual escindido: quienes estudiaban la violencia rara vez conversaban con quienes administraban la economía, y viceversa. La discontinuidad de un lado del campo es la condición de la continuidad del otro.

Qué es artefacto y qué es historia

La discontinuidad del movimiento estudiantil colombiano es, en parte importante, un artefacto compuesto: efecto del sesgo apologético de los archivos de la Academia, de la fragmentación generacional del campo académico, de la refundación estratégica de genealogías que cada nuevo ciclo estudiantil hace para legitimarse. Pero es también, irreductiblemente, el resultado de la eliminación física de sus portadores, del enclaustramiento confesional del país hasta 1930 y del bloqueo persistente a la circulación de marcos teóricos alternativos. El artefacto amplifica una realidad; no la inventa.

La recepción diferida de Nieto Arteta es artefacto cuando su canonización responde a la utilidad que la Nueva Historia encontró en él dos décadas después de su muerte; es historia real cuando reconocemos que su obra de 1941 contenía efectivamente los gérmenes que la generación posterior identificó. La disputa semántica sobre el conflicto armado es artefacto puro cuando se pretende neutral —"terrorista" versus "guerrillero" no es una distinción académica sino una posición jurídico-política— e historia real cuando reconoce que las categorías con que se piensa la violencia son parte de la violencia misma.

La imagen de un país que empieza de nuevo cada tanto es, en buena medida, el país que el propio campo intelectual ha necesitado producir para pensarse. Y quizá la pregunta que sigue no es cómo desmontar el artefacto —los artefactos no se desmontan, se sustituyen por otros— sino qué haría un campo intelectual que se atreviera a pensarse sin esa muleta: sin la refundación cíclica, sin el ancestro descubierto justo a tiempo, sin la genealogía a la medida de la coyuntura. Probablemente descubriría que la continuidad soterrada de la tecnocracia y la discontinuidad exhibida de la crítica no son fenómenos independientes sino los dos rostros del mismo pacto. Reconocerlo bastaría, por ahora, para dejar de escribir el próximo capítulo como si fuera el primero.