La Guerra de las Escuelas (1876-1877)

La Guerra de las Escuelas (1876-1877)

La guerra civil de 1876-1877, conocida como la Guerra de las Escuelas, enfrentó al gobierno liberal radical de Aquileo Parra con un levantamiento conservador desatado en el estado del Cauca en julio de 1876 y liquidado militarmente once meses después. Su detonante inmediato fue el rechazo clerical y conservador a la reforma educativa laica impulsada por los radicales desde 1870; su desenlace, una victoria de las armas liberales que costó al erario el equivalente al 118% del presupuesto nacional de 1878, expulsó del país a cuatro obispos y precipitó, sin proponérselo, el desgaste político del propio radicalismo que la había ganado. Entre sus escombros nació el argumento con el que Rafael Núñez, Julián Trujillo y los liberales independientes construirían primero una política de rectificaciones y, después, la Regeneración.

El mundo del que brota la guerra

La contienda de 1876 no cae sobre un país en paz. La Constitución de Rionegro de 1863 había dividido a la República en nueve estados soberanos, había recortado al Ejecutivo central hasta dejarlo casi ornamental y había entregado a las entidades federadas amplias libertades legislativas. Sobre el papel, el sistema garantizaba una República de repúblicas; en la práctica, produjo una fragmentación en la que el propio gobierno de la Unión intervenía con frecuencia de manera ilegal en los conflictos internos de los estados, apoyando con la guardia nacional a las facciones afines o derribando gobiernos incómodos, y en la que los estados a su vez maniobraban para influir en la política de sus vecinos. José María Samper contaría más tarde que en un cuarto de siglo de vida federal se habían registrado alrededor de cuarenta y dos constituciones locales o revueltas armadas: termómetro de una inestabilidad que corroía al régimen desde dentro.

A esa fragilidad institucional se sumaban vicios más concretos. Las aduanas internas erigidas entre estados rivales frenaban el comercio interior y despedazaban el mercado nacional. El ejército libertador se había desmontado en beneficio de tropas paramilitares regionales al mando de caudillos, terratenientes y curas, cuyos comandantes accedían al grado de general por padrinazgo, parentesco o vínculo con el poder local. El fraude electoral era práctica común tanto de los poderes locales como del gobierno federal, y cada división del Partido Liberal —que gobernaba de manera hegemónica desde 1861-62— se convertía en incentivo para golpes y levantamientos. La justicia funcionaba mal, las cárceles peor, y las rentas nacionales dependían en un grado alarmante de las aduanas exteriores y de un puñado de productos agrícolas expuestos a las oscilaciones del precio internacional. La República vivía con el pulso permanentemente acelerado.

Sobre ese suelo movedizo, los radicales apostaron por una transformación que ninguna facción anterior había osado con tal alcance: el Decreto Orgánico de Instrucción Pública de 1870, que puso en marcha un sistema nacional de educación primaria gratuita, obligatoria y neutral en materia religiosa. Los resultados fueron tangibles: los 22.000 alumnos que a mediados de siglo poblaban las escuelas elementales se convirtieron en 60.000 en 1870, en 70.000 en 1874 y en 79.123 en 1876, distribuidos en 1.464 establecimientos. Para dirigir las escuelas normales, el gobierno contrató a una misión de pedagogos alemanes, muchos de ellos protestantes, encargados de formar a los futuros maestros de la República.

Aquí se cruzaron dos programas incompatibles. El liberal Aníbal Galindo declaró que el objetivo de la educación pública era formar liberales, rechazando cualquier eclecticismo ideológico en el aula universitaria. Del otro lado, Miguel Antonio Caro acusó al Estado liberal de confundir su obligación de educar con el derecho de la Iglesia a adoctrinar, y de invadir "con escándalo y violencia" los derechos de la religión imponiendo sus sesgos en la instrucción. Para los conservadores no era una disputa curricular: era una batalla por el alma de las próximas generaciones. Y la temían por buenas razones. Si los maestros formados en las normales financiadas por el gobierno liberal salían leales al Partido Liberal, la hegemonía radical dejaría de depender del voto y pasaría a reproducirse en la escuela.

En Antioquia, donde la Iglesia tenía músculo social intacto, el clero identificaba desde el púlpito liberalismo con masonería y presentaba las ideas liberales como herejía. La palabra "liberal" se volvió sinónimo de hereje; quienes no abjuraban debían emigrar. En el Cauca, los clérigos de Palmira, Cartago y Tuluá encabezaron la causa antirreformista mucho antes de que sonaran los primeros disparos. El conservatismo, alejado del poder ejecutivo nacional desde 1861-62 y hostil a la política eclesiástica de los radicales desde 1864, encontró en el rechazo a las escuelas laicas una bandera capaz de movilizar párrocos, hacendados y campesinos por igual.

A la fisura entre partidos se sumó una fractura dentro del liberalismo. Las elecciones presidenciales de 1875 enfrentaron al radical Aquileo Parra con el costeño Rafael Núñez, que representaba una corriente más pragmática y menos anticlerical, conocida como los independientes o nuñistas. Algunos estados maniobraron para limitar los votos favorables a Núñez, y Parra terminó imponiéndose. La desconfianza entre parristas radicales y nuñistas independientes quedó instalada como dato permanente del sistema. Fue esa división la que los conservadores leyeron como oportunidad: si el liberalismo se peleaba consigo mismo, un levantamiento oportuno podía devolverles el poder ejecutivo.

La guerra: del Cauca a Los Chancos

Aquileo Parra se posesionó como presidente de los Estados Unidos de Colombia el 1 de abril de 1876. Tres meses después estaba en guerra. El levantamiento comenzó en el estado del Cauca, encabezado por una facción conservadora que se propuso, sin disimulo, tomar el control del gobierno nacional. La reforma educativa fue la bandera declarada; el objetivo, la Casa de Nariño.

Los conservadores habían calculado bien la aritmética política y mal la militar. La división entre parristas y nuñistas, que parecía inhabilitar al liberalismo para responder unido, se cerró apenas empezaron los disparos: radicales e independientes hicieron causa común frente a la amenaza clerical-conservadora, aunque la reconciliación fuera coyuntural y no cicatrizara las heridas de fondo. El gobierno de la Unión movilizó un ejército de 25.000 hombres para enfrentar guerrillas conservadoras que brotaron en casi todos los estados, aunque el teatro principal se concentró en el Cauca y el Tolima.

El episodio militar más recordado fue la derrota del ejército conservador antioqueño cuando intentaba penetrar en territorio caucano. La batalla, librada en la región de Los Chancos y conocida también como Garrapata, cerró las esperanzas rebeldes de imponerse en el sur. Antioquia, bastión conservador y católico, había puesto sobre la mesa su capacidad militar; el fracaso de la operación dejó al levantamiento sin su columna más disciplinada. Julián Trujillo, general liberal, se cubrió allí de un prestigio castrense que dos años después lo llevaría a la presidencia.

La otra imagen que sobrevivió fue la de Cali en la Nochebuena de 1876. Las tropas liberales que operaban en el Cauca —predominantemente negras y mulatas, reclutadas en los pueblos ribereños y en las haciendas del Valle— ocuparon y saquearon la ciudad, destruyeron propiedades y atacaron a hacendados conservadores. La guerra, que en Bogotá se discutía en términos de laicismo y patronato, en el Cauca se libraba también como ajuste sociorracial: los subalternos de siempre, armados por el Estado liberal, se cobraban en una noche décadas de humillaciones. Los propietarios conservadores caucanos no olvidarían nunca esa Navidad, y su memoria alimentaría durante décadas el rencor regional contra el radicalismo.

Once meses duró la campaña. En términos estrictamente militares, la victoria del gobierno fue rotunda: los ejércitos rebeldes fueron desarticulados uno tras otro, las guerrillas se disolvieron, los cabecillas cayeron presos o huyeron al exilio. En términos fiscales, el costo fue devastador. El gobierno se financió como pudo —emisión monetaria, empréstitos extranjeros, impuestos ordinarios y contribuciones forzosas aplicadas a los enemigos, es decir, a los conservadores y a la Iglesia—, y esa financiación misma dejó heridas que la política civil tendría que administrar durante años. Las contribuciones forzosas, en particular, funcionaron como sanción política encubierta: fortunas caucanas y antioqueñas quedaron mermadas, monasterios y curatos vieron confiscadas rentas y bienes, y la sensación de que el Estado liberal usaba el fisco como arma partidista se instaló como agravio permanente en los sectores golpeados.

Los niños en la tropa y los campesinos en los montes

Toda guerra civil se cuenta de dos maneras: por las batallas y por lo que hacen los ejércitos cuando no están batallando. La de 1876 tuvo, en su dimensión social, rasgos que la historiografía posterior ha subrayado.

El reclutamiento fue en gran medida forzado. Los campesinos huían para evitar que sus hijos fueran alistados: los escondían en los montes durante la noche y los dejaban salir de día para las faenas agrícolas, en una coreografía de la sobrevivencia que se repetiría casi idéntica un cuarto de siglo después en la Guerra de los Mil Días. La leva no distinguía edades. No era extraño ver marchar entre las tropas a niños de doce o catorce años: unos, llegados voluntariamente desde las aulas, arrastrados por el prestigio de figuras militares heroicas; otros, fugados de sus casas; los más, atrapados a la fuerza por reclutadores de uno y otro bando. Se los describía cargando fusiles que superaban su estatura, o llevando órdenes y cartuchos entre las líneas de combate.

Los ejércitos que se enfrentaron no tenían la pulcritud de las láminas litográficas. La guerra colombiana del siglo XIX combinaba uniformes heterogéneos del lado gubernamental con vestimenta campesina del lado revolucionario, aunque la distinción podía invertirse según el color político del bando. Los combatientes, elementales y apasionados, respondían más a lealtades locales, familiares y religiosas que a doctrinas de partido. Los generales, hechos por padrinazgo antes que por academia, dirigían tropas que a menudo apenas los conocían.

La escuela pagó una factura particularmente alta. La misma reforma educativa que había desencadenado la guerra vio sus establecimientos cerrados, sus maestros movilizados o expulsados, sus normales convertidas en cuarteles. Las heridas que el conflicto dejó en la escuela primaria no se cerrarían del todo en los años siguientes: el crecimiento sostenido de la matrícula, que había llevado a 79.123 el número de alumnos en 1876, se interrumpió, y con él buena parte del argumento estadístico que los radicales podían esgrimir en defensa de su programa. Los pedagogos alemanes contratados para dirigir las normales vieron su misión reducida a la mínima expresión: unos regresaron a Europa, otros se dispersaron por oficios más pacíficos, y el proyecto de trasplantar un modelo pestalozziano a la República quedó truncado antes de arraigar del todo.

La Iglesia en armas y el castigo del Estado

Ninguna otra guerra civil colombiana del siglo XIX tuvo una dimensión religiosa tan marcada como la de 1876. No se trató solo de que los conservadores usaran a la Iglesia como aliada: la Iglesia misma fue actor beligerante. Los clérigos de Palmira, Cartago y Tuluá encabezaron la causa antirreformista en el Cauca antes del estallido. El clero antioqueño llevaba años preparando el terreno desde el púlpito, equiparando liberalismo con masonería y herejía. Los obispos, en varios estados, bendijeron el levantamiento o le prestaron infraestructura moral y material. En algunas parroquias del Cauca y del Tolima, los propios curas encabezaron partidas armadas o sirvieron de enlace entre jefes rebeldes; en otras, los templos funcionaron como depósitos de pertrechos y las sacristías como cuartel general de reclutadores conservadores.

La respuesta del gobierno de Aquileo Parra, apenas apagada la insurrección, fue severa y sin precedentes. Cuatro obispos —los de Popayán, Pasto, Antioquia y Medellín— fueron expulsados del país como represalia por su participación política y militar en la contienda. En Santander, los liberales locales promulgaron en 1877 legislación anticlerical que desembocó en el destierro del obispo de Pamplona y en el arresto de párrocos desafectos. El Congreso aprobó ese mismo año una ley general que sancionaba la intervención política de la Iglesia y facultaba al Ejecutivo para actuar contra los clérigos sediciosos.

Sobre el papel, el Estado liberal había ganado dos veces: en el campo de batalla y en el ordenamiento jurídico. En la vida real, se había echado encima un enemigo que no combatía con fusiles pero que llegaba, todos los domingos, a cada pueblo del país. La Iglesia, humillada pero no derrotada, empezó a esperar. La espera duraría poco.

Por qué estalló: causas de fondo y causas del momento

El detonante inmediato de la guerra fue el rechazo conservador-clerical a la educación laica y a la posibilidad de que las escuelas normales, con sus pedagogos alemanes protestantes, formaran una generación de maestros liberales. Ese fue el pretexto y también, en buena medida, la causa real: el proyecto educativo tocaba el nervio central de la disputa por la reproducción ideológica de la sociedad, y ninguno de los dos bandos podía permitirse perderlo.

Pero por debajo de ese detonante corrían fuerzas más profundas. La primera era la crisis del sistema federal de Rionegro. Un Estado central desprovisto de herramientas para gobernar, estados que legislaban en direcciones contradictorias, aduanas internas que estrangulaban el comercio, ejércitos regionales al servicio de caudillos antes que de la República, y un fraude electoral generalizado: el régimen federal había producido, en trece años, las condiciones para que cualquier chispa incendiara el edificio. El propio Samper, radical arrepentido, midió esa inestabilidad recordando las cuarenta y dos constituciones o revueltas locales del período.

La segunda fuerza era la fractura del propio Partido Liberal. La disputa entre radicales y nuñistas, cristalizada en las elecciones de 1875, había convencido a los conservadores de que era el momento de intentarlo. Erraron el cálculo militar —las dos facciones se unieron para pelear— pero acertaron el diagnóstico político: el liberalismo estaba dividido, y ni la victoria común en el campo cerraría esa grieta.

La tercera era la lucha entre dos concepciones de la relación entre Estado y sociedad. El liberalismo radical creía en un Estado laico, educador, ilustrado, que abriera la República al pensamiento moderno y arrancara del monopolio eclesiástico las conciencias. El conservatismo, y con él una parte muy amplia de la sociedad colombiana, creía en una comunidad ordenada por la fe, en la que la Iglesia no era una asociación privada sino la argamasa moral de la nación. La educación era el terreno donde esas dos visiones no podían coexistir. La guerra no fue un accidente: fue la forma que adoptó una incompatibilidad estructural.

Las guerras civiles colombianas del siglo XIX, más que motivadas por factores estrictamente económicos, respondieron a esa mezcla de objetivos religiosos, étnicos, educativos y regionales. La de 1876 es el ejemplo más nítido: se peleó por escuelas, por púlpitos, por el derecho a definir qué era Colombia.

Después de las armas: el gobierno de Trujillo y la política de rectificaciones

El 1 de abril de 1878, Julián Trujillo tomó posesión de la presidencia de la Unión Colombiana. Su prestigio militar, ganado en la campaña de 1876-1877, lo había puesto al frente de la República con el respaldo de Rafael Núñez, quien —desde la presidencia del Senado— había sabido leer que el país no aguantaría otro cuatrienio radical. En el acto de posesión, Núñez pronunció la frase que quedaría asociada a todo un proceso: "regeneración administrativa fundamental o catástrofe". En 1878, sin embargo, la expresión no anunciaba la sustitución del sistema federal ni un cambio político profundo; Núñez la entendía como una reforma dentro del marco constitucional vigente, y aún en 1884 seguiría considerando que un cambio político profundo no era ni practicable ni necesario.

El gobierno de Trujillo (1878-1880) llegó con promesas de conciliación y contrarreformas, y las cumplió en lo esencial. Levantó las sanciones que pesaban sobre los cuatro obispos exiliados por Parra y les permitió regresar al país y a sus diócesis. Derogó la ley de 1877 que sancionaba la intervención política de la Iglesia. La política de rectificaciones no era una traición al liberalismo, sostenían sus arquitectos, sino el reconocimiento de que la guerra recién ganada había costado demasiado como para no aprender nada de ella. Que el general vencedor de Los Chancos fuera el mismo que levantaba las sanciones anticlericales indicaba hasta qué punto la lectura política del conflicto había mutado.

El gobierno de Trujillo no fue tranquilo. Tuvo problemas con los estados de Cauca, Magdalena y Antioquia, cuyos ejércitos regionales seguían siendo actores autónomos capaces de desafiar al centro. Pero su rumbo era claro: sacar al país del ciclo de guerras liberándolo del anticlericalismo militante que había producido la última.

Dentro del liberalismo, mientras tanto, algo se movía en las cabezas. José María Samper, antes furibundo anticlerical, se convirtió en uno de los capitanes más visibles de la corriente de acercamiento a los antiguos enemigos, y poco después se incorporó al conservatismo. Salvador Camacho Roldán, Camilo A. Echeverri, Ramón Santodomingo Vila, Nicolás Pereira Gamba y otros siguieron trayectorias parecidas, algunos sumándose a los independientes, otros directamente a la orilla conservadora. La guerra les había servido para revisar el guion.

El ascenso de Núñez y la fractura definitiva

En 1880, Rafael Núñez ganó la presidencia. Ese mismo año murió Manuel Murillo Toro, líder histórico del radicalismo, y con él se apagó la voz mayor de la generación que había construido el sistema de Rionegro. La combinación de la muerte de Murillo y la victoria electoral de Núñez selló la suerte del régimen radical. El programa de retorno a la autoridad central y de fortalecimiento del gobierno de la Unión, articulado por Núñez en estrecha alianza con el Partido Conservador y su ideólogo Miguel Antonio Caro, encontró eco en regiones y sectores hartos de la inestabilidad federal.

Núñez tenía argumentos que la guerra le había regalado. Podía señalar el resquebrajamiento del mercado interior producido por las aduanas entre estados. Podía invocar la pérdida de seguridad de la vida y la propiedad —los saqueos, las contribuciones forzosas, los reclutamientos violentos— como consecuencia inevitable del federalismo radical. Podía presentar la política de rectificaciones no como concesión al enemigo sino como necesidad de una República que había estado a punto de deshacerse. El pico bélico de 1876 le proporcionó todo el material retórico y político que necesitaba.

En septiembre de 1883, Núñez triunfó fácilmente sobre el candidato radical Solón Wilches, con la mayoría de los estados a su favor, y tomó posesión el 7 de agosto de 1884. La coalición de liberales independientes y conservadores que lo respaldaba se consolidó como fuerza dominante. Los radicales, arrinconados, intentarían un último levantamiento armado en 1885; su derrota abriría camino a un nuevo proceso constituyente y al ocaso definitivo del edificio de Rionegro.

Por qué la Guerra de las Escuelas sigue importando

La contienda de 1876-1877 fue, mirada desde el campo de batalla, una victoria del radicalismo. Mirada desde la política, fue una victoria pírrica. El costo fiscal dejó las finanzas exhaustas hasta el punto de comprometer la operación ordinaria del Estado durante los años siguientes. El saqueo de Cali, el reclutamiento forzado, los niños en las filas y las expulsiones de obispos alimentaron un imaginario de desorden que la propaganda regeneradora convertiría en su capital político principal. La escuela laica, epicentro simbólico del conflicto, vio interrumpido su crecimiento y su prestigio.

La guerra les entregó a los adversarios del radicalismo el argumento decisivo: el programa laico, tal como había sido concebido, no podía imponerse sin producir guerras caras y divisivas. Ese argumento —que ni Trujillo ni Núñez inventaron, pero que ambos capitalizaron— convirtió la política de rectificaciones en algo distinto a una traición: la presentaron como aprendizaje. La coalición de liberales independientes y conservadores moderados que sostendría la Regeneración se hizo posible porque la guerra le dio a Núñez la palanca moral para presentarse no como el liquidador del liberalismo sino como su corrector.

Conviene matizar. La fractura entre radicales e independientes precedía a 1876: las maniobras de 1875 ya la habían agudizado, y la unión momentánea de las dos facciones frente al levantamiento conservador demostró que el radicalismo conservaba cohesión y músculo militar suficientes como para que su agotamiento fuera más un proceso político gradual que una consecuencia directa de la guerra. La contienda aceleró más que creó: transformó una fractura latente en fractura irreversible, y convirtió los costos del programa laico en argumento utilizable.

Queda una segunda lectura. La guerra fue, además de una disputa ideológica entre élites, una movilización de las tensiones sociorraciales de una sociedad que el marco liberal-conservador no alcanzaba a contener. Las tropas negras y mulatas del Cauca que saquearon Cali, los campesinos que escondieron a sus hijos en los montes, los niños arrastrados entre las filas: todos participaron de una guerra cuyos términos oficiales —educación laica sí o no, patronato sí o no— no explicaban ni contenían sus motivos. La Regeneración heredó ese fondo social sin resolverlo, y la Guerra de los Mil Días, veinticuatro años después, lo devolvería a la superficie con violencia multiplicada.

La Guerra de las Escuelas es, por eso, el acontecimiento bisagra del siglo XIX colombiano. Cerró el ciclo largo de la hegemonía liberal iniciado en 1849 y abrió el ciclo, igualmente largo, de la reacción conservadora que culminaría en la Constitución de 1886. Enseñó que una reforma educativa podía incendiar un país, y que en Colombia la escuela, el púlpito y el fusil pertenecían al mismo escenario. La Regeneración no habría sido posible sin ella; y buena parte de lo que Colombia discutió durante el siglo XX —el lugar de la Iglesia, el papel de la educación pública, la relación entre el Estado central y las regiones— quedó planteada, en sus términos duraderos, en aquellos once meses que empezaron en el Cauca en julio de 1876.