Antioquia bajo Pedro Justo Berrío: laboratorio conservador dentro del federalismo radical (1864-1873)

Antioquia bajo Pedro Justo Berrío: laboratorio conservador dentro del federalismo radical (1864-1873)

Entre enero de 1864 y su muerte en 1873, el Estado Soberano de Antioquia estuvo gobernado por el conservador Pedro Justo Berrío bajo el paraguas paradójico de una Constitución —la de Rionegro— redactada por sus adversarios liberales radicales. En esa contradicción operativa cabe casi todo lo que importa del período: un gobernador católico y de partido opuesto al de Bogotá administrando un estado que la propia carta federal reconocía como soberano; una política eclesiástica que esquivó los rigores de la desamortización nacional; una expansión escolar que llevó a Antioquia al primer lugar del país en escolaridad; la fundación de la Universidad de Antioquia en 1871; el inicio del Ferrocarril de Antioquia en 1874, al año siguiente de su muerte. Estos años, leídos con detenimiento, revelan menos una anomalía provinciana que un ensayo temprano —forzado por la geografía política más que planeado— de las piezas que Rafael Núñez articularía después como Regeneración: pacto con la Iglesia, obras públicas como cemento de Estado e instrucción confesional como formación de ciudadanía. Antioquia fue, durante nueve años, el reverso conservador funcionando dentro de la máquina radical.

La Constitución de Rionegro, sancionada en 1863, dividió al país en nueve estados soberanos, redujo drásticamente el poder del Ejecutivo nacional, otorgó amplias libertades individuales y permitió a cada estado adoptar sus propios códigos. Fue la carta más descentralizada de la historia colombiana y la expresión política del liberalismo radical triunfante en la guerra de 1860-1862, aquella que Tomás Cipriano de Mosquera había ganado contra la Confederación Granadina. En el mismo pulso, y como Presidente Provisorio de los Estados Unidos de Nueva Granada, Mosquera había decretado el 9 de septiembre de 1861 la desamortización de bienes de manos muertas: la expropiación de tierras, casas y edificios de las comunidades religiosas, con orden de cierre para los conventos que desacataran la medida. Rionegro mantuvo vigentes esas leyes y añadió una reforma educativa orientada a limitar la influencia católica en las aulas.

De los nueve estados de la nueva federación, siete quedaron bajo control liberal. Los dos restantes —Antioquia y Tolima— pertenecían al conservatismo. La disputa por los siete definió la política nacional durante dos décadas, pero los dos islotes conservadores plantearon un problema distinto: cómo tolerar, dentro de un régimen federal, gobiernos estatales ideológicamente contrarios al proyecto radical. La respuesta liberal fue, en principio, respetar la soberanía; en la práctica, la desconfianza mutua alimentó cada elección y cada crisis.

En Antioquia, el orden liberal fue de corta duración. El gobernador Pascual Bravo, del partido radical, murió en enero de 1864 en el combate del Cascajo durante una sublevación de fuerzas conservadoras. Pedro Justo Berrío, jefe de esa insurrección, se posesionó del cargo. El problema de legitimidad fue inmediato: Antioquia había votado antes por el representante del liberalismo radical en el gobierno federal, y el desenlace por las armas resultaba inadmisible para Bogotá. Cualquier intervención central, sin embargo, se leía como violación del pacto de Rionegro, y las propuestas para crear un mecanismo constitucional que permitiera al gobierno nacional supervisar elecciones estatales fueron rechazadas como incompatibles con la soberanía federal. La desconfianza en la imparcialidad del ejecutivo nacional era generalizada. Berrío quedó instalado en un cargo obtenido por la fuerza y protegido por la letra de la Constitución que sus enemigos habían escrito.

Sobre este suelo se construyó todo lo demás. La contradicción no era retórica: era el marco operativo del período. La soberanía radical amparaba a un gobierno conservador que la usaba para desactivar, dentro de sus fronteras, buena parte del programa radical.

El primer frente fue el eclesiástico. La desamortización de 1861 había sido diseñada para golpear una estructura de propiedad —los bienes de comunidades religiosas concentrados sobre todo en regiones de tradición colonial fuerte, como Cundinamarca, Boyacá y el Cauca— que en Antioquia nunca existió con el mismo peso. Durante el período colonial, la Iglesia antioqueña había dependido de las diócesis de Popayán y Cartagena, y hacia esas ciudades fluían los diezmos de la provincia. Esa dependencia dificultó el florecimiento de latifundios eclesiásticos en la región. Cuando Berrío llegó al poder, la desamortización tuvo por tanto menos qué morder allí que en cualquier otra parte del país, y su aplicación fue diversa, en contraste con los estados liberales donde la operación se facilitó en las zonas de mayor presencia de bienes eclesiásticos.

Esta diferencia estructural es decisiva para entender el pacto de Berrío con la Iglesia. No inventó una alianza que en el resto del país habría sido imposible: administró una situación en la que la Iglesia local era socialmente central pero económicamente modesta, y donde la religiosidad común a todos los grupos sociales —de comerciantes liberales a arrieros y mineros conservadores— hacía del catolicismo el único cemento social disponible frente a la debilidad crónica del Estado republicano. En el resto del país, la Iglesia gozaba de gran aceptación entre las masas populares y su autoridad era casi universalmente reconocida; en Antioquia, esa aceptación era además transversal. La desamortización se aplicó allí de manera menos agresiva, y la Iglesia conservó una posición que en otros estados había sido erosionada. Cuando, años más tarde, surgió un plan para colonizar territorios antioqueños con ingleses, al parecer fue abandonado por las objeciones eclesiásticas al establecimiento de protestantes en la que se llamaba, con orgullo defensivo, la "fortaleza católica de Antioquia".

El segundo frente fue el educativo, y allí el gobierno de Berrío obtuvo su resultado más medible. La reforma educativa radical de 1870 —que impulsó la instrucción pública, buscó desligarla de la enseñanza religiosa y contrató profesores extranjeros para las escuelas normales— fue vivida por los conservadores como una invasión del Estado en un terreno que consideraban propio de la religión y de la familia. Miguel Antonio Caro y otros intelectuales conservadores denunciaron esa imposición doctrinaria. Antioquia, sin embargo, no rechazó la expansión escolar: la abrazó, pero bajo contenido propio. Las autoridades conservadoras antioqueñas, pese a sus diferencias con la reforma de 1870, impulsaron la escuela elemental en el estado y le imprimieron una orientación doctrinaria distinta a la radical.

El resultado fue paradójico. Antioquia se convirtió en el estado de mayor crecimiento educativo del período radical y en 1873 registraba el nivel más alto de escolaridad del país, con un 5,4% de escolares sobre el total de la población. La seguían a distancia Cundinamarca con 4,6% y Santander con 3,1%, mientras Bolívar y Boyacá quedaban en la retaguardia. El estado gobernado por un conservador aventajaba, en la cifra estrella de la reforma liberal, a los propios estados liberales. La educación fue confiada más a pedagogos que a políticos, y el conflicto entre Iglesia y Estado —tan corrosivo en otras regiones— quedó atenuado por la religiosidad compartida entre los grupos sociales antioqueños. Contenidos católicos, gestión eficaz, resultados cuantificables: la fórmula que la Regeneración adoptaría como bandera nacional después de 1886 ya funcionaba en Antioquia una década antes.

La coronación de esa política fue la Universidad de Antioquia, fundada en 1871. En la década siguiente ofrecía formación profesional que iba de literatura y filosofía a ingeniería, jurisprudencia, ciencias políticas y ciencias naturales, con un abanico de facultades pensado para nutrir de cuadros al propio estado. Bajo el gobierno de Berrío, la institución mantuvo controlados a los "elementos díscolos" —la fórmula es de la época— y funcionó como aparato formativo alineado con el orden conservador-católico regional. Su fundación coincidió con el período en que el gobierno nacional asumía la responsabilidad de la instrucción pública y promovía reformas favorables a las ciencias; Antioquia hizo lo mismo, pero por su cuenta y con su marco doctrinal, aprovechando la tolerancia federal para producir un modelo institucional que no dependía del centro ni le pedía permiso.

El tercer frente fue el fiscal y de infraestructura. La Constitución de 1863 había otorgado a los estados soberanos amplia autonomía para determinar tributos y organizar gastos, en el marco de una tendencia a la descentralización fiscal iniciada en 1850. Antioquia aprovechó ese margen. Sus gastos se clasificaban por departamentos —deuda pública, gobierno, justicia, interior, hacienda e instrucción pública—, en una estructura que evolucionó entre 1859 y 1867 y que refleja una racionalización administrativa temprana.

Sus ingresos combinaban las rentas típicas de la época —aguardientes, tabaco, degüello, peajes y pontazgos— con una fuente propia y distintiva: la renta de minas. Esa singularidad diferenciaba fiscalmente al estado del resto del país y le daba una base menos expuesta a los vaivenes del comercio exterior. La renta de aguardientes, administrada como en casi todos los estados mediante remates de patentes entre particulares, arrastraba una larga historia de irregularidades que los observadores de la época describían como "historia de la corrupción política en las provincias"; Antioquia no era excepción en ese punto.

Con esos recursos, Berrío gobernó un estado que ya en 1869 contaba con una empresa siderúrgica en Amagá, capaz de reducir importaciones de hierro y considerada en 1870 "la empresa de más porvenir que se ha acometido en el Estado". El proyecto ferroviario, sin embargo, fue el más ambicioso. El Ferrocarril de Antioquia, línea Medellín-Puerto Berrío, buscaba resolver el problema estructural de la comunicación del estado con el río Magdalena, atravesando una geografía que hacía del transporte una empresa dependiente de recuas de mulas y cargueros humanos. Las montañas que rodeaban la provincia y los pasos de río convertían cualquier viaje en penitencia. La obra se inició en 1874, ya muerto Berrío, pero fue concebida y proyectada en sus años de gobierno.

Su construcción reveló las dimensiones del reto. La zona de arranque combinaba profundos pantanos por cuatro leguas hacia el interior, miasmas palúdicos, plagas de insectos día y noche, y ausencia total de chozas o labranzas en diez leguas a la redonda: la mano de obra y los víveres debían traerse desde fuera. Las enfermedades tropicales estuvieron cerca de detener la empresa. Cuando el ingeniero cubano Francisco Javier Cisneros tomó a su cargo el proyecto en 1883, tras varios intentos previos, fue sacado tres veces moribundo de los focos de pestilencia; sus amigos y su médico le pidieron reiteradamente abandonar los trabajos.

A ese ritmo lento y costoso avanzaba la obra: para 1885 apenas se habían tendido 45 kilómetros de vía, y a finales del siglo XIX estaba prácticamente terminada con excepción del tramo de La Quiebra, que resistiría durante décadas. En paralelo, Cisneros construyó el Ferrocarril del Magdalena, tramo Honda-La Dorada, cuyo desembolso —cercano a los 700.000 pesos, unos 150.000 por legua, con subsidio nacional de 4.200 pesos por kilómetro— da la medida de lo que costaba entonces mover una tonelada de rieles selva adentro.

Estas obras superaron con creces el gobierno de Berrío, pero se concibieron dentro de la lógica que él inauguró: usar la autonomía fiscal del estado soberano para dotar al territorio de infraestructura que ningún otro proyecto —radical o no— estaba dispuesto a construir en Antioquia. El comercio interno colombiano del siglo XIX vivió atrapado por la carencia de vías, y el bajo desempeño del comercio exterior en el mismo período tuvo allí una de sus causas. Berrío entendió, antes que la mayoría de sus contemporáneos, que sin caminos el resto del programa no tenía dónde asentarse.

La causa estructural más profunda del islote antioqueño fue social antes que política. Antioquia era una sociedad étnicamente más homogénea que las otras regiones del país, con una densa red de propietarios pequeños y medianos surgida de la colonización de frontera, un ethos patriarcal y patrimonial conservador, y una religiosidad compartida por todos los estratos. El Partido Conservador fue mayoría en la región por lo menos hasta mediados del siglo XX, y esa base electoral no era producto de manipulación desde arriba sino condición previa que cualquier gobernador debía asumir. El proyecto antioqueño de siglo XIX incluía la conformación de un mercado regional basado en la ampliación de la base propietaria y una red vial en crecimiento; Berrío heredó ese proyecto y lo aceleró.

A esa homogeneidad social se sumaba una estructura eclesiástica peculiar: la escasa acumulación de propiedad de manos muertas hacía de la desamortización un asunto de baja intensidad en el estado. Y se sumaba también una economía diversificada por el peso singular de la minería, que daba al gobierno estatal una renta que otros no tenían y una base fiscal menos dependiente del comercio internacional. Homogeneidad religiosa, Iglesia sin gran patrimonio y minería tributable: tres piezas que en ninguna otra región del país se combinaban del mismo modo.

Las causas coyunturales fueron dos. La primera, el marco constitucional de Rionegro: sin la soberanía estatal que la carta radical garantizaba a sus adversarios, un gobierno conservador antioqueño habría enfrentado presión federal continua. La segunda, la muerte de Pascual Bravo en enero de 1864, que abrió la puerta a Berrío en el momento preciso en que el radicalismo consolidaba su hegemonía nacional. La sublevación conservadora aprovechó una ventana estrecha y la convirtió en nueve años de gobierno.

El islote no fue un bloque homogéneamente reaccionario. En Medellín existía un fuerte núcleo comercial liberal, y la actividad de importación y banca se dividía entre los dos partidos pese a la mayoría conservadora del estado. La coexistencia entre un gobierno católico-conservador y una élite comercial parcialmente liberal fue una de las peculiaridades del período, y explica por qué Berrío pudo sostener obras de infraestructura que interesaban tanto a comerciantes liberales como a productores conservadores.

El gobierno de Berrío tuvo consecuencias inmediatas medibles y consecuencias de largo plazo que exceden por mucho su horizonte biográfico. En lo inmediato, dejó un estado con la mayor tasa de escolaridad del país, una universidad recién fundada con varias facultades en marcha, una siderúrgica en producción, un proyecto ferroviario en fase de arranque y una administración que había resistido el desmantelamiento de la presencia católica en la vida pública sin romper con el gobierno federal. No es poco para nueve años.

Sus consecuencias mediatas fueron ambivalentes. La consolidación de Antioquia como plaza conservadora dentro del régimen radical alimentó las tensiones que estallaron en la guerra civil de 1876. El presidente Aquileo Parra, posesionado el 1 de abril de ese año, enfrentó a los tres meses una insurrección conservadora provocada, en buena medida, por su proyecto de educación laica. Los clérigos de Palmira, Cartago y Tuluá abanderaron la causa antirreformista que precedió al conflicto; en el Cauca y el Tolima se libró la guerra durante once meses. Los conservadores esperaban aprovechar la división entre parristas y nuñistas para volver al poder, pero las dos facciones del liberalismo se unieron brevemente para derrotarlos. El costo fue enorme: la guerra equivalió al 118% del presupuesto nacional aprobado para ese año. Once meses de conflicto en un solo teatro habían consumido más de un presupuesto entero.

La derrota conservadora en 1876 tuvo para Antioquia una dimensión especial. El estado, que bajo Berrío había gozado de estabilidad y realizaciones prácticas, entró en lo que se describió entonces como un "paréntesis de degradación política". La Universidad de Antioquia fue cerrada varias veces por los gobiernos radicales posteriores y reorientada hacia un enfoque más secular; su matrícula cayó dramáticamente y las familias conservadoras temían enviar a sus hijos allí. La atmósfera de aislamiento del islote, poco favorable a la circulación de ideas con horizonte más amplio, se profundizó después de la derrota militar. El aparato educativo que había sido la joya del período berriísta se convirtió, en pocos años, en campo de batalla simbólico entre los dos proyectos, y perdió buena parte de la eficacia que lo había hecho notable.

El gobierno de Julián Trujillo (1878-1880) intentó una descompresión: levantó las sanciones contra los obispos de Popayán, Pasto, Antioquia y Medellín que Parra había expulsado, y eliminó la ley sobre sanciones a la intervención política de la Iglesia. Era la señal de que el modelo puramente radical había tocado sus límites. La guerra de 1876, costosa y violenta, funcionó como demostración empírica —negativa, dolorosa, cara— de que el enfrentamiento frontal entre el proyecto liberal-secular y el conservador-católico era insostenible. Núñez, cuando llegó a la presidencia en 1880 y sobre todo cuando articuló la Regeneración a partir de 1885, no partió de cero: partió de esa demostración.

Antioquia no le proveyó a Núñez un plano sino una prueba de viabilidad: la articulación entre Iglesia, escuela e infraestructura podía producir resultados medibles dentro de un marco constitucional dado. La Constitución de 1886 abandonó el federalismo, restauró el centralismo, negoció con la Santa Sede el Concordato de 1887 —que no pudo, sin embargo, revertir las desamortizaciones ya adelantadas— y llevó al plano nacional una lógica que ya había sido ensayada en un estado. La descentralización administrativa de 1886 reconoció a los departamentos, sucesores de los estados soberanos, precisamente las rentas de aguardientes, tabaco, degüello, peajes y pontazgos —y, en el caso antioqueño, la renta de minas— que habían sostenido experiencias como la de Berrío.

Núñez tomó la lógica del modelo, no su contexto. Antioquia había podido sostener el pacto con la Iglesia sin gran fricción porque allí la Iglesia no era una gran propietaria; había podido expandir la escolaridad porque su base social era religiosamente homogénea; había podido proyectar obras porque su renta minera le daba autonomía fiscal. Ninguna de esas condiciones existía en el resto del país. La Regeneración importó el programa pero debió aplicarlo sobre sociedades más heterogéneas, con estructuras eclesiásticas de propiedad más pesadas y con conflictos regionales más agudos. Los resultados serían, por eso mismo, más desiguales.

También hubo tensiones dentro del conservatismo antioqueño respecto de la Regeneración. En 1891 una facción disidente, centrada en Antioquia y liderada por Marceliano Vélez, se separó del Partido Nacionalista y postuló a Vélez como candidato presidencial propio. La región que había ofrecido la plantilla no se reconoció completamente en la síntesis regeneradora, y el desencuentro apuntaba a algo que ya se insinuaba en tiempos de Berrío: el proyecto antioqueño tenía una lógica regional que resistía su absorción por proyectos nacionales, aunque esos proyectos se le parecieran. Figuras como Vicente Restrepo, miembro de la Asamblea Nacional de Delegatarios y uno de los fundadores de la Sociedad Católica de Medellín, articularon en cambio al conservatismo antioqueño con la Regeneración; el partido se fracturó entre esas dos actitudes.

El período de Berrío cuestiona la lectura habitual del federalismo de Rionegro como bloque radical uniforme. Los Estados Unidos de Colombia no fueron una república radical con dos apéndices conservadores tolerados: fueron un régimen cuya arquitectura federal permitió la coexistencia efectiva de proyectos ideológicos opuestos en su interior, y esa coexistencia produjo resultados que ninguno de los dos proyectos por separado habría logrado. La cifra de 5,4% de escolaridad en Antioquia en 1873 —la más alta del país— es el emblema estadístico de esa paradoja: la reforma educativa radical produjo su mayor éxito en el estado que la aplicaba con contenido doctrinal opuesto al suyo.

Se desplaza también la conversación sobre los orígenes de la Regeneración. Se suele buscar el origen del proyecto nuñista en la trayectoria personal de Núñez —su paso del liberalismo al conservatismo, su lectura del fracaso radical, sus años en Europa— o en el agotamiento del federalismo después de 1876. Sin restar peso a esos factores, el período de Berrío añade otro: la Regeneración no solo respondió al fracaso del modelo radical; también contó con la evidencia empírica de que un modelo alternativo era operativamente viable. Esa evidencia se produjo en Antioquia entre 1864 y 1873, y su portador político fue un gobernador que murió sin ver la Regeneración pero cuyas realizaciones prácticas la anticiparon en dimensiones específicas.

Se muestran, además, los límites de exportar un modelo regional al plano nacional. Antioquia funcionó como funcionó porque era Antioquia: una sociedad de propietarios medianos, homogénea religiosamente, con una economía minera que le daba autonomía fiscal y una Iglesia históricamente modesta en propiedad territorial. La Regeneración tomó la fórmula política —alianza con la Iglesia, obras públicas, educación confesional, centralismo administrativo con reconocimiento de rentas locales— pero no pudo trasladar el contexto. Que el Concordato de 1887 no lograra revertir las desamortizaciones adelantadas por los radicales es un buen ejemplo de esa asimetría: en el plano nacional, la reversión completa era ya imposible; en Antioquia, la desamortización nunca había tenido mucho qué revertir.

Y se revela cómo los aprendizajes políticos en Colombia han circulado desde las regiones hacia el centro con más frecuencia de la que suele admitirse. El caso antioqueño de Berrío corrige la imagen habitual del país como un territorio donde Bogotá dicta y las regiones aplican: aquí una región produjo un modelo, lo probó durante nueve años, lo defendió con armas en 1876, lo perdió militarmente y lo vio resucitar después bajo forma nacional en 1886. La secuencia no es lineal ni edificante: incluye derrotas, degradaciones políticas y fracturas dentro del propio conservatismo. Pero es la secuencia real, y explica por qué la Regeneración, cuando llegó, no encontró en Antioquia un terreno virgen sino uno donde ya se había plantado, cosechado y perdido una versión temprana de sí misma.

Pedro Justo Berrío murió en 1873, un año antes de que empezara la construcción del ferrocarril que había proyectado, tres antes de la guerra que su modelo político ayudó a provocar, trece antes de la Constitución que recogería en el plano nacional la lógica que él había ensayado en el suyo. Su gobierno duró nueve años y dejó un estado transformado: un laboratorio conservador operado dentro de la máquina radical, cuyos ensayos —pacto eclesiástico, escuela confesional, renta minera puesta al servicio del riel— definirían, sin que él alcanzara a verlo, buena parte de la Colombia posterior a 1886.