La Hegemonía del Olimpo Radical (1863–1885)

El Olimpo Radical

Entre 1863 y 1885, un grupo reducido de hombres letrados dirigió Colombia bajo el nombre de Estados Unidos de Colombia y bajo una Constitución —la de Rionegro— que consagró el federalismo más extremo que haya conocido el país. La historiografía los bautizó Olimpo Radical: pertenecían al ala doctrinaria del Partido Liberal, ejercían la política como sacerdocio, alternaban la presidencia con la cátedra y el periodismo, y creyeron que Colombia podía refundarse a golpe de código, escuela y librecambio. Su hegemonía duró veintidós años y produjo la reforma educativa más ambiciosa del siglo XIX, la desamortización de los bienes eclesiásticos, la separación tajante entre Iglesia y Estado y la incorporación plena del país al ciclo agroexportador. Se disolvió en 1885 no por un golpe conservador, sino por la implosión de su propia coalición: cuando el auge del tabaco que había financiado el proyecto se derrumbó y las rigideces de la Constitución de Rionegro impidieron reformarlas, un sector del propio liberalismo —los independientes de Rafael Núñez— se alió con los conservadores y liquidó al régimen que había ayudado a levantar.

El liberalismo antes de Rionegro

El Olimpo no nació en 1863. Sus dirigentes se habían formado en las escuelas de derecho de Bogotá durante las décadas anteriores, cuando el benthamismo era la filosofía política oficial de la enseñanza universitaria. Un decreto del general Francisco de Paula Santander, expedido el 8 de noviembre de 1825, había instituido el Tratado de legislación de Jeremy Bentham como obra de estudio obligatorio en las facultades de jurisprudencia; fue la primera filosofía política sistemática enseñada con carácter oficial en las universidades de la Nueva Granada, y su presencia se prolongó a lo largo del siglo XIX. Antes de 1848, la defensa o el ataque a Bentham había cristalizado en identidad partidista: los liberales asumieron la causa del inglés; los conservadores se convirtieron en sus opositores más firmes.

Sobre esa base se depositaron otras capas. Los dirigentes leyeron a Frédéric Bastiat y a Jean-Baptiste Say para su economía política, y absorbieron el pensamiento radical francés que llegó a la juventud universitaria y a la clase artesanal de Bogotá tras la revolución de 1848. Entre 1850 y 1870, la cultura política neogranadina estuvo marcada por una ascendente influencia francesa que permeó todos los matices de la política nacional. Los liberales compraron libros, viajaron para observar de primera mano las organizaciones económicas y políticas del mundo liberal, y volvieron con la convicción de que la sociedad era la suma de individuos racionales y jurídicamente iguales, y que los hombres libres para perseguir sus intereses intelectuales y materiales contribuirían al progreso de la civilización.

Ese perfil sociológico define al Olimpo con más precisión que cualquier programa: eran políticos e ideólogos ante todo, y cuando no ocupaban cargos públicos se dedicaban a la enseñanza y al periodismo. Manuel Murillo Toro, oriundo de Chaparral, pudo cursar el bachillerato gracias a la caridad de su madrina Ana Toro —cuyo apellido añadió al suyo en agradecimiento— y obtuvo su título en la Escuela de Derecho de Bogotá; en septiembre de 1847 fundó en Santa Marta el semanario La Gaceta Mercantil, uno de los primeros del país en suministrar noticias internacionales frescas, y desde sus páginas se pronunció por la libertad absoluta de imprenta. El caso de Isidoro Parra, fundador liberal de la villa del Líbano en el Tolima, ilustra la sociabilidad letrada de la generación: mandaba a buscar libros de todo el mundo, los leía y los discutía con sus amigos, y expresaba ideas heterodoxas sobre la necesidad de una doctrina más acorde con la razón humana y el progreso científico.

El brillo intelectual no equivalía a hegemonía social. El debate entre liberales y conservadores era un asunto intraélite: los dirigentes marchaban al frente de ejércitos campesinos cuyos integrantes eran clientes antes que co-ideólogos. El liberalismo radical representaba los intereses de una burguesía comercial no productiva, intermediaria entre polos con distintas relaciones sociales, sin voluntad de transformar revolucionariamente el campo. Esa fue su fuerza —la modernidad jurídica y económica— y también su debilidad estructural: nunca tocó la propiedad de la tierra en un país agrario.

La Constitución de Rionegro

El pacto fundacional se firmó tras el triunfo militar de Tomás Cipriano de Mosquera sobre el gobierno conservador. La Convención de Rionegro se instaló el 4 de febrero de 1863 y excluyó a los conservadores del diseño del nuevo orden constitucional. El texto que salió de ella dividió al país en nueve estados soberanos —Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima— que se unieron y confederaron a perpetuidad bajo el nombre de Estados Unidos de Colombia. La palabra clave era soberanía: cada estado podía ejercer todas las funciones no expresamente reservadas al gobierno central, levantar sus propias milicias, emitir sus propios sellos postales y determinar quiénes tenían derecho al voto. Más de la mitad de los estados usó esta última facultad para retroceder del sufragio masculino universal que se había ensayado en la década anterior.

La Constitución de 1863 fue la primera en la historia colombiana que no comienza En nombre de Dios, sino con una fórmula secular que invocaba el mandato y la autorización del pueblo. Garantizó la libertad religiosa, la libertad de expresión e imprenta y mantuvo la abolición de la pena de muerte. Sobre el papel, era la carta más avanzada del hemisferio; sobre el terreno, contenía tres decisiones que sellarían su destino.

La primera fue el requisito de unanimidad para su reforma: cualquier modificación del texto exigía el consentimiento de todos los estados, lo que en la práctica lo blindó contra los ajustes que la realidad iría reclamando. La segunda fue la multiplicación legislativa: cada estado podía adoptar sus propios códigos —civil, electoral, minero, de tierras— y el país se fragmentó en un mosaico de legislaciones locales. La tercera fue la militarización del federalismo: al reconocer milicias estatales sin contrapeso, el gobierno central quedó privado de árbitro efectivo en las disputas entre facciones, y las guerras locales se convirtieron en el mecanismo ordinario de resolución política.

La Constitución, con todo, cumplió una función que sus artífices reivindicaron: difundió como valores de amplia aceptación nacional el origen popular del poder político y la igualdad de derechos de los ciudadanos con independencia de su condición económica, social y étnica. Esos principios dejaron de ser propiedad de una estrecha élite educada y pasaron a formar parte de la ideología política del país. Fue, quizá, el legado más duradero del Olimpo.

La desamortización y el pulso con la Iglesia

Antes incluso de Rionegro, Mosquera había preparado el terreno con dos golpes contra la Iglesia. En 1861 expidió el decreto de desamortización de bienes de manos muertas, por el cual se adjudicaron a la nación las propiedades y censos pertenecientes a corporaciones civiles o eclesiásticas; su administración quedó en manos de la Junta Suprema del Crédito Público. Ese mismo año ordenó el cierre de conventos que desacataran las disposiciones oficiales. La escala del asunto se aprecia en el dato: la Iglesia católica era entonces el mayor terrateniente del país, con propiedades avaluadas en diez millones de pesos, mientras que el presupuesto nacional apenas alcanzaba los dos millones. Los bienes eclesiásticos quintuplicaban el erario que Mosquera aspiraba a alimentar con su remate.

Mosquera justificó la medida no solo como acto anticlerical sino como arbitrio fiscal para aliviar un erario agobiado por deudas y guerras civiles, e invocó los precedentes de Luis XIV, España en 1837 y México. La Constitución de 1863 mantuvo la desamortización y garantizó la libertad religiosa; durante el segundo gobierno de Mosquera se adoptaron además medidas que sometían a los prelados a jurisdicción civil y contemplaban penas de extrañamiento contra quienes desacataran la autoridad del Estado.

El resultado social contradijo cualquier retórica popular. Los bienes se sacaron a remate en forma indivisa, y los principales beneficiarios fueron los acaudalados: comerciantes liberales que se apoderaron legalmente de las propiedades eclesiásticas. La operación exigía capital líquido, redes de información y disposición a asumir el estigma clerical, tres recursos escasos y desigualmente distribuidos que actuaron como filtro implícito sobre la puja. En Antioquia, donde predominaba el gobierno conservador y donde la Iglesia había acumulado menos riqueza que en otras zonas, los rendimientos fueron sorprendentemente bajos, en parte porque los compradores potenciales temían la desaprobación eclesiástica. En los estados con gobierno liberal, la operación fluyó y consolidó fortunas mercantiles. La desamortización no democratizó la tierra: concentró su propiedad en manos distintas.

El pulso con la Iglesia tenía una racionalidad que iba más allá del principio. El Estado liberal era débil fiscal y administrativamente, mientras la Iglesia poseía una situación financiera sólida, gran aceptación entre las masas populares y presencia en los rincones más apartados del país. Controlar a la Iglesia era, para los radicales, condición de posibilidad del proyecto modernizador: se trataba de arrancarle la infraestructura material —tierras, censos, capellanías— que le permitía funcionar como una segunda administración paralela al Estado. Pero la operación tuvo un costo político que se cobraría más tarde: el clero, especialmente en Antioquia y en el suroccidente, convirtió la retórica antiliberal en obligación pastoral. El arzobispo definió la participación política del clero como deber para combatir a los liberales, presentados como enemigos del orden, del Estado y de la Iglesia.

La reforma educativa y la misión alemana

Si la desamortización fue el golpe contra la Iglesia como institución económica, la reforma educativa de 1870 fue el intento de disputarle su hegemonía cultural. El Decreto Orgánico de Instrucción Pública de ese año consagró en Colombia principios de educación primaria universal, con elementos de gratuidad y neutralidad religiosa en la escuela pública. Fue la empresa educativa más ambiciosa del siglo XIX, aunque probablemente desproporcionada para los recursos económicos y humanos del país.

Para dar cuerpo al proyecto, el gobierno contrató una misión pedagógica alemana que introdujo métodos de raíz prusiana y pestalozziana, basados en la actividad de los alumnos por inducción y en la disciplina del amor reflexivo. Para fines de 1872, la misión había organizado escuelas normales masculinas y femeninas en todos los estados. La revista semanal La Escuela Normal, creada como soporte doctrinario y práctico de la reforma, se publicó durante ocho años y se convirtió en el eje de la cultura pedagógica colombiana de la segunda mitad del siglo.

Los resultados en matrícula fueron notables. El número de escolares en escuelas elementales pasó de cifras en torno a 22.000–29.000 a mediados del siglo, a unos 60.000 en 1870, y a más de 79.000 en 1876, con 1.464 escuelas funcionando ese último año. Antioquia, paradójicamente, fue el estado de mayor crecimiento educativo bajo el régimen radical, impulsado por el esfuerzo de sus propias autoridades conservadoras, que aceptaron el marco general pero lo llenaron con contenidos afines a su horizonte cultural.

El punto de fractura fue la contratación de maestros protestantes alemanes para dirigir las escuelas normales. Los conservadores vieron en ellos no pedagogos sino agentes doctrinarios; los obispos denunciaron desde el púlpito la corrupción de la juventud; el clero de Palmira, Cartago y Tuluá encabezó una movilización que ligaba escuela laica y descristianización. En un país donde la Iglesia era la principal red institucional presente en el territorio, imponer una escuela neutra desde Bogotá con maestros extranjeros de otra confesión era una apuesta que exigía más Estado del que había. La reforma de 1870 tensó gravemente el consenso político nacional y preparó el escenario de la guerra civil de 1876.

Federalismo en la práctica: las guerras y el fraude

La arquitectura de Rionegro nunca produjo la paz que sus artífices anunciaron. José María Samper, uno de los propios letrados del período, estimó que durante los veinticinco años de vigencia del sistema federal se produjeron alrededor de cuarenta y dos constituciones o revueltas armadas de carácter local o estatal. La cifra, más allá de la precisión, describe un régimen en el que la violencia era el modo ordinario de decidir cargos, alianzas y códigos.

El fraude electoral era estructural. Tanto los poderes locales como el gobierno de la federación lo practicaban, y a falta de mecanismos legales de garantía, el gobierno central apoyaba ilegalmente —a veces con la guardia nacional— a las facciones estatales de su preferencia. La geografía política agravaba el problema: de los nueve estados, dos estaban dominados por los conservadores —Antioquia y Tolima—, lo que convertía la disputa por los otros siete en una guerra permanente y hacía que cualquier división del liberalismo se tradujera en incentivo inmediato para golpes y revoluciones. A esto se sumó una fragmentación económica dañina: la rivalidad entre estados llevó a la imposición de aduanas internas que frenaban el comercio interior en un país que ya sufría de altos costos de transporte.

El momento bisagra fue la guerra civil de 1876-1877. Los conservadores se alzaron contra el gobierno liberal de Aquileo Parra en oposición, entre otros motivos, a su proyecto de educación laica; el clero encabezó la movilización en el suroccidente. La guerra duró once meses y se libró principalmente en el Cauca y el Tolima. Su costo equivalió al 118% del presupuesto nacional aprobado para 1878. Las tropas liberales, predominantemente negras y mulatas, destruyeron propiedades de conservadores conocidos: la ocupación y saqueo de Cali en la Nochebuena de 1876 quedó grabada en la memoria regional como cifra del terror. En Antioquia, el gobierno del radical caucano Tomás Rengifo fue descrito como azote de comerciantes y banqueros de Medellín, sometidos a expropiaciones y humillaciones a las que no estaban acostumbrados.

Los liberales ganaron la guerra, pero perdieron la posguerra. La victoria militar radical no consolidó su poder: profundizó una fractura interna que ya se manifestaba durante el conflicto, la escisión entre parristas —radicales— y nuñistas —independientes—. Los conservadores comprendieron que esa división era, para su regreso al poder, una oportunidad enorme.

La economía del proyecto

El Olimpo dispuso durante buena parte de su hegemonía de una base material tangible. Las reformas liberales iniciadas hacia 1850 habían suprimido el monopolio estatal del tabaco y adoptado formalmente el librecambio, vinculando la economía colombiana al mercado mundial. Las exportaciones de tabaco, producidas en un pequeño enclave del Magdalena Medio, promediaron entre dos y tres millones de pesos oro anuales entre 1850 y 1875. Ese ingreso —al que se sumaron los auges sucesivos del añil, el algodón y la quina— sostuvo al Estado, financió a los comerciantes que constituían la base social del radicalismo y dio verosimilitud al credo librecambista. El circuito era virtuoso mientras duró: los mismos comerciantes que exportaban tabaco importaban manufacturas europeas, financiaban campañas electorales, editaban periódicos doctrinarios y ocupaban escaños en los congresos estatales.

El consenso económico entre liberales y conservadores era, en el fondo, más amplio de lo que los debates políticos sugerían. Ambos partidos coincidían en impulsar las exportaciones, atraer capitales extranjeros y construir obras públicas orientadas al mercado externo, sin prestar interés significativo al desarrollo del mercado interior. La modalidad agroexportadora era, para las dos élites, cuestión de principio y de supervivencia. Las diferencias se libraban sobre la Iglesia, la escuela y el federalismo; sobre la estructura productiva, había una convergencia silenciosa.

El problema fue que el ciclo se agotó. Los productos de exportación del período —tabaco, añil, algodón, quina— experimentaron auges breves y sucesivos, pero perdieron rentabilidad en los mercados europeos por escasez de capitales locales, técnicas rudimentarias y altos costos de transporte. El tabaco colombiano, cultivado sin selección varietal ni control de calidad, cedió ante la producción holandesa de Sumatra; la quina, extraída por recolección silvestre, fue desplazada por las plantaciones asiáticas; el añil sucumbió a los primeros colorantes sintéticos alemanes. Desde 1875, el tabaco se derrumbó, y con él la quina; los otros productos no alcanzaron a tomar el relevo. Para 1885, el secretario de Fomento Napoleón Borrero describía una grave anemia industrial y ligaba la crisis económica a la inestabilidad política.

La descentralización fiscal profundizó el efecto. La Constitución de 1863 había otorgado a los estados amplia autonomía tributaria porque el gobierno nacional tenía funciones muy limitadas en campos como educación y vías de comunicación. Cuando la renta exportadora empezó a secarse, el Estado central se encontró sin herramientas para responder: ni podía aumentar sustancialmente sus ingresos, ni podía redistribuir los que había, ni podía reformar el pacto fiscal sin la unanimidad imposible de Rionegro. La misma arquitectura que había protegido la libertad de los estados los volvía inmanejables en crisis.

Los conflictos civiles agravaron todo. Cada guerra provocaba fuga de capitales hacia Europa, empobrecía a los consumidores y minaba los acervos de capital. La base material del Olimpo se erosionaba mientras el régimen entraba en su fase de división interna. Y fue precisamente en ese punto —cuando el credo librecambista dejó de tener detrás una renta que lo sostuviera y cuando la ortodoxia federal impidió cualquier corrección desde el centro— donde la cohesión ideológica del liberalismo empezó a resquebrajarse. La escisión que estallaría después de 1876 no fue un accidente de temperamentos, sino la traducción política de un agotamiento económico.

La escisión: radicales contra independientes

El liberalismo colombiano nunca fue monolítico, pero hasta mediados de la década de 1870 sus tensiones internas se procesaban dentro del partido. Después de la guerra de 1876-1877, la ruptura se hizo estructural. Los Radicales —herederos del Olimpo clásico, agrupados en torno a Aquileo Parra— defendían la ortodoxia de Rionegro: federalismo estricto, librecambio dogmático, laicismo militante. Los Independientes, encabezados por Rafael Núñez, sostenían que el país requería un Estado más fuerte, alguna forma de proteccionismo y una reconciliación con la Iglesia.

Núñez formuló originalmente su programa en 1878 como regeneración administrativa fundamental, sin contemplar en un principio la sustitución del sistema federal ni un cambio político profundo; aún en 1884 no juzgaba practicable esa transformación. Pero el deterioro de la seguridad y de la propiedad bajo el federalismo, la crisis exportadora y la propia intransigencia radical fueron desplazando su proyecto hacia posiciones cada vez más rupturistas. Miguel Antonio Caro, ideólogo del conservatismo nacionalista y católico, se convirtió en aliado estrecho y en arquitecto doctrinario del giro. La alianza entre un liberal costeño desengañado del federalismo y un gramático bogotano ultramontano habría sido impensable una década antes; en 1884 era el eje del nuevo mapa político.

El gobierno del general Julián Trujillo, entre 1878 y 1880, prefiguró el nuevo rumbo. Trujillo levantó el exilio de los obispos expatriados en 1872 y derogó la ley que limitaba las actividades políticas de la Iglesia. Era el inicio del desmantelamiento del proyecto radical, ejecutado no por los conservadores sino por un general liberal de transición.

La muerte de Manuel Murillo Toro en 1880 selló la suerte del régimen. Murillo había sido la figura moral y política más influyente del radicalismo, el hombre en cuya biografía convergían la escuela de derecho de Bogotá, el periodismo militante de La Gaceta Mercantil, la doctrina del librecambio y la lealtad al pacto federal. Su desaparición dejó al Olimpo sin centro. Ese mismo año, Rafael Núñez fue elegido presidente por primera vez, con el apoyo de los independientes y de sectores conservadores.

La facción radical se opuso a las reformas económicas de Núñez: los ajustes arancelarios y la creación del Banco Nacional con poder exclusivo de emisión afectaban directamente los intereses de los comerciantes y banqueros que constituían su base social. El monopolio de emisión era, en particular, una declaración de guerra contra las casas mercantiles que hasta entonces habían operado como emisoras privadas y como prestamistas del Estado. Pero los radicales ya no tenían fuerza para bloquear el proceso. Para 1885, el Partido Liberal, dividido y desacreditado, ofreció apenas resistencia simbólica a la restauración conservadora que se aproximaba.

Antioquia: el contrapoder territorial

Durante buena parte del siglo XIX, Antioquia fue un islote conservador dentro del sistema federal, y su comportamiento durante el período radical demuestra que la hegemonía del Olimpo nunca fue territorial en sentido pleno. El aislamiento físico de Medellín —que persistiría hasta la era de la aviación— alimentó una mentalidad proteccionista y una identidad regional donde el catolicismo era componente central de la cultura política, no ornamento.

Bajo la Constitución de Rionegro, Antioquia hizo un uso peculiar de la soberanía estatal. Sus autoridades conservadoras impulsaron la expansión educativa hasta convertir al estado en el de mayor crecimiento escolar del país bajo el régimen radical, pero llenaron ese crecimiento con contenidos afines a su horizonte cultural. La desamortización tuvo allí efectos limitados, tanto por la menor acumulación eclesiástica previa como por el temor social a desafiar la reprobación de la Iglesia. Y desde el púlpito antioqueño se irradió al resto del país buena parte de la retórica antiliberal que preparó el terreno de la Regeneración.

La guerra de 1876 tuvo en Antioquia consecuencias particulares. El gobierno del caucano Tomás Rengifo, impuesto tras la derrota conservadora local, humilló a las élites mercantiles medellinenses y abrió un paréntesis de degradación política que se prolongaría al período siguiente. Cuando Núñez ofreció una alternativa que combinaba autoridad central, proteccionismo y reconciliación con la Iglesia, Antioquia estaba lista para respaldarla. El estado que la Constitución de 1863 había blindado como soberano fue, en la práctica, el gran contrapoder territorial que esperó su momento para ayudar a liquidar el régimen.

Herencias

La caída del Olimpo Radical se explica por la convergencia de dos procesos que ninguno de sus protagonistas controlaba enteramente. Por un lado, el diseño institucional de Rionegro —unanimidad para reformar, milicias estatales, códigos múltiples, fragmentación fiscal— produjo un régimen incapaz de arbitrar sus propios conflictos y de adaptarse a las crisis; el anticlericalismo militante alienó bases populares que la escuela laica no alcanzó a reconquistar, y el librecambio dogmático quedó sin defensa cuando el ciclo exportador se derrumbó. Por otro lado, el colapso de los precios internacionales del tabaco, el añil y la quina desde 1875 erosionó la base material del proyecto antes de que cualquier corrección política interna pudiera surtir efecto. Ni el agotamiento endógeno ni el shock exógeno bastaron por sí solos; juntos hicieron de la escisión nuñista no un golpe desde afuera, sino la implosión de una coalición que ya no podía reproducirse.

La Constitución de 1886 y el Concordato de 1887, impulsados por Núñez y Caro, centralizaron el poder político en el Estado nacional y restablecieron la alianza entre el Estado y la Iglesia católica, desmontando pieza por pieza el modelo federal. Los Estados Unidos de Colombia dejaron de existir; los nueve estados soberanos se convirtieron en departamentos administrativos; la fórmula constitucional volvió a invocar a Dios. En dos décadas, el país había pasado del laicismo más rotundo de América Latina al régimen católico más denso de la región.

Y sin embargo, buena parte del legado del Olimpo sobrevivió. Los valores que Rionegro contribuyó a difundir —el origen popular del poder político, la igualdad de derechos con independencia de la condición económica, social o étnica— quedaron incorporados al vocabulario político nacional. La reforma educativa de 1870, aunque desmantelada, dejó una tradición pedagógica y una red de escuelas normales que ninguna Regeneración pudo suprimir del todo. La libertad de prensa y de palabra, ensayadas durante veinte años en condiciones de conflicto casi permanente, se convirtieron en referencia contra la cual medir todo restablecimiento posterior de la autoridad. Los conservadores hallaron en la ideología de los propios radicales los principios que después usarían para denunciar las violaciones del nuevo orden.

El Olimpo Radical no fue un experimento aislado ni una desviación en la historia colombiana. Fue el primer intento sistemático de construir un Estado liberal, laico y federal en un país agrario, católico y regionalmente fragmentado. Su fracaso mostró que la modernidad institucional no se decreta desde un texto constitucional si carece de bases sociales que la sostengan y de un Estado capaz de arbitrarla; que el librecambio no produce por sí solo la prosperidad que sus apóstoles anuncian; que ninguna reforma educativa se impone contra la red cultural más densa del territorio sin pagar el precio de la guerra; y que las coaliciones políticas se rompen desde dentro cuando dejan de repartir beneficios, porque los proyectos hegemónicos duran lo que dura su base material. En 1885, cuando el tabaco ya no financiaba nada y Murillo Toro había muerto, la Regeneración no tuvo que derribar al Olimpo. Solo tuvo que recoger sus escombros.