Estados Unidos de Colombia

Estados Unidos de Colombia

Entre 1863 y 1885, Colombia se llamó de otra manera y funcionó bajo otras reglas. Los Estados Unidos de Colombia fueron el experimento federal más radical de su historia: nueve estados soberanos —Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima— unidos "a perpetuidad" bajo una Constitución, la de Rionegro, que llevó al extremo la autonomía territorial y las libertades individuales. Cada estado tuvo su código civil, su código electoral, su milicia propia, sus sellos postales y su definición de quién podía votar. El gobierno central, deliberadamente débil, disponía de un mandato presidencial de apenas dos años sin reelección inmediata. La educación se secularizó, los bienes de manos muertas se desamortizaron, las comunidades religiosas fueron expulsadas o restringidas, y la prensa y los cultos gozaron de una libertad inusual para la América hispana del siglo XIX. Fue, en su ambición, una utopía liberal-federalista; en su desenlace, un sistema desarmado por las guerras civiles que no supo contener y por la fractura interna del propio partido que lo había creado. El 15 de mayo de 1885, tras la derrota liberal en La Humareda, Rafael Núñez pronunció desde el balcón del Palacio de San Carlos las palabras que sellaron el período: la Constitución de 1863 había dejado de existir.

El panorama: un pacto de vencedores

El período comienza con una guerra ganada. Entre 1860 y 1862, Tomás Cipriano de Mosquera, hasta entonces la principal fuerza política y militar del Cauca, se rebeló contra el gobierno conservador de Mariano Ospina Rodríguez y arrastró tras de sí al liberalismo radical. Aquella guerra civil fue excepcional: en toda la historia colombiana del siglo XIX, entre 1810 y 1900, solo esa contienda logró derrocar un gobierno mediante guerra abierta. Los vencedores no se contentaron con reemplazar al presidente; quisieron rediseñar el país desde la raíz.

Mosquera convocó una convención constituyente en Rionegro, población antioqueña que eligió por razones de seguridad: gente amable con su causa y suficientemente lejos de los focos conservadores. Llegó casi un mes antes de la instalación, acompañado de una división armada fiel. La Convención abrió sesiones el 4 de febrero de 1863 y el 14 de mayo lo nombró presidente de los Estados Unidos de Colombia. La Constitución que salió de allí es el documento fundacional del período y también su acta de defunción anticipada.

La tensión central del régimen queda dicha en una sola cláusula: la Constitución de 1863 solo podía reformarse con el consentimiento unánime de todos los estados. Cualquier corrección posterior quedaba fuera del alcance del propio sistema. Bastaba que un estado se opusiera para congelar el orden. A eso se sumaba la ausencia de mecanismos legales para que el gobierno central interviniera en asuntos de los estados soberanos: no había arbitraje federal, no había garantía nacional de elecciones limpias, no había forma pacífica de resolver las disputas entre estados o entre facciones dentro de un estado. Todo conflicto que rebasara la política local tenía que ir a la guerra o quedarse sin cauce.

El período se cierra veintidós años después, en 1885, cuando la rebelión de los liberales radicales contra la Regeneración de Núñez fracasó militarmente y abrió la puerta a la Constitución de 1886. En el medio quedan al menos ocho presidentes, dos guerras civiles nacionales de gran calado —la de 1876-1877 y la de 1885— y cerca de 42 constituciones o revueltas armadas de carácter local o estatal en el cuarto de siglo posterior a 1863.

Las fuerzas en juego

El experimento federal no cayó del cielo. Venía de un movimiento de federalización iniciado en 1855, cuando el Congreso reformó la Constitución para dotar a Panamá de estatuto federal y abrir la puerta a la creación de nuevos estados por ley ordinaria. Entre 1856 y 1857 se crearon los estados de Antioquia, Cauca, Cundinamarca, Bolívar, Magdalena y Santander, y en 1858 una Constituyente —paradójicamente de mayoría conservadora— dio al país el nombre de Confederación Granadina y organizó ocho estados con amplia autonomía. La Constitución de 1858 incluía todavía un mecanismo de control de constitucionalidad: la Corte Federal podía suspender actos de las legislaturas estatales contrarios a la Constitución, sujetos a la revisión final del Senado. Ese contrapeso desapareció en 1863.

Rionegro operó como un salto adelante dentro de una trayectoria que ya venía dibujada. Pero lo que en 1858 era un federalismo con arbitrajes se convirtió en 1863 en un federalismo sin frenos. Los estados podían ejercer cualquier función que la Constitución no reservara expresamente al gobierno central. Podían levantar milicias, emitir estampillas, imponer aranceles internos, decidir quién votaba y quién no, redactar sus códigos mineros y de tierras. El poder central quedó reducido a las relaciones exteriores, la moneda, el ejército permanente —pequeño y frecuentemente desbordado por las guardias estatales— y las materias explícitamente delegadas.

Bajo esa arquitectura convivían fuerzas que empujaban en direcciones distintas. La economía del período fue agroexportadora, cíclica y frágil. El tabaco había tenido su gran expansión hasta 1857, se recuperó entre 1864 y 1869 y cayó abruptamente desde 1875. La quina tuvo un primer auge a fines de los años cincuenta y otro más tarde, antes de esfumarse. El algodón floreció por accidente, aprovechando la guerra civil estadounidense entre 1861 y 1865, y desapareció con la paz de Appomattox; su producción para exportación estaba concentrada en el Estado Soberano de Bolívar. El oro, más sereno, se mantuvo como primer o segundo renglón exportador durante buena parte del período. A esa base económica volátil se sumaba el efecto directo de las guerras civiles: fuga de capitales hacia Europa, empréstitos forzosos, desconfianza en el gobierno, aduanas internas entre estados que fragmentaban el mercado interior.

La sociedad no correspondía al modelo político. El liberalismo radical era un proyecto de élites letradas —abogados, periodistas, catedráticos, algunos comerciantes— sin una clase media autosuficiente que lo sostuviera. El Partido Conservador, en cambio, tenía arraigo popular a través de la Iglesia católica y de un campesinado que respondía a la parroquia antes que a la ideología. Los partidos colombianos del siglo XIX no tenían conciencia de clase: integraban indistintamente a explotadores y explotados, terratenientes y peones, letrados y analfabetas. Las guerras civiles eran, con excepciones puntuales como la artesanal de 1854, formas de reproducción de las élites y sus jerarquías, no proyectos de transformación social. El pueblo movilizado era clientela armada antes que actor autónomo.

Anticlericalismo y desamortización: el eje del conflicto

Ninguna dimensión del período estuvo tan cargada como la relación con la Iglesia católica. La ruptura de la tradición del patronato había empezado antes, en 1850, cuando el gobierno de José Hilario López adoptó el principio de separación Iglesia-Estado bajo la fórmula de Cavour: "Iglesia libre en el Estado libre". A partir de allí, las reformas anticlericales se acumularon.

Mosquera las llevó al extremo. El 9 de septiembre de 1861, todavía antes de Rionegro, decretó la desamortización de bienes de manos muertas: las propiedades de corporaciones civiles y eclesiásticas quedaban sujetas a embargo, inventario y administración por la Junta Suprema del Crédito Público, para su adjudicación posterior. La motivación primaria fue fiscal —aliviar la deuda pública y los costos de las guerras civiles—; el anticlericalismo, aunque real, fue secundario. Mosquera se defendió invocando precedentes: Luis XIV, la España de 1837, la Reforma mexicana. Argumentaba la necesidad de liberar la propiedad de las trabas del pasado y devolverla a la circulación.

En la práctica, la desamortización tuvo efectos desiguales. En Antioquia, los ingresos por venta de bienes eclesiásticos fueron sorprendentemente bajos: la Iglesia local era menos rica que en otras regiones y los propietarios antioqueños, temerosos de la reprobación clerical, se resistían a redimir los censos ante el tesoro nacional. En otras zonas, la operación reconfiguró la propiedad urbana y rural sin producir la revolución agraria que algunos esperaban.

A la desamortización se sumó la tuición de cultos, también decretada por Mosquera durante su segunda presidencia, y la expulsión de los jesuitas y otras comunidades religiosas. La Convención de Rionegro prolongó estas medidas y ratificó sus efectos. La Constitución de 1863 consagró la libertad de cultos, la libertad de expresión y de imprenta, y mantuvo la abolición de la pena de muerte. Los diputados impulsaron además una reforma educativa orientada a arrebatar a la Iglesia el control de la enseñanza.

El conflicto quedó así trenzado con todo lo demás. Cada guerra civil del período tuvo un componente religioso; cada elección conservadora fue leída como restauración clerical; cada avance liberal, como afrenta al catolicismo popular. La Iglesia fue, de hecho, el gran movilizador de la resistencia contra el orden radical.

La cronología vivida

Los años de los Estados Unidos de Colombia se dejan agrupar en tres tiempos: la instalación del régimen y los primeros gobiernos radicales; el apogeo del Olimpo Radical y su reforma educativa; y la crisis que se abre en 1876 y se cierra en La Humareda.

Mosquera presidió del 14 de mayo de 1863 al 1 de abril de 1864. Durante ese tercer mandato libró en el sur la batalla de Cuaspud, el 6 de diciembre de 1863, contra el ejército ecuatoriano del general Juan José Flores, y firmó el tratado de Pinsaquí el 30 de enero de 1864. Le sucedieron Manuel Murillo Toro y una serie de presidencias breves —dos años, sin posibilidad de reelección inmediata— que fueron rotando entre las figuras del liberalismo triunfante: Santos Acosta, Santos Gutiérrez, Eustorgio Salgar, Manuel Murillo Toro por segunda vez, Aquileo Parra, Julián Trujillo, Francisco Javier Zaldúa, José Eusebio Otálora, Rafael Núñez. El diseño obligaba a la rotación, pero también fragmentaba la capacidad de gobierno y multiplicaba las oportunidades de fraude.

El propio Mosquera intentó volver al primer plano. En 1866 asumió su cuarto mandato, ya sin la fuerza de antes y en tensión creciente con el liberalismo civilista que había ayudado a instalar. En mayo de 1867 fue derrocado en un golpe rápido y sin sangre; asumió Santos Acosta, segundo designado. El caudillo caucano —figura ambigua, mitad general de guerra, mitad reformador civil— salía de escena, aunque su sombra siguió pesando.

El apogeo del régimen coincidió con la reforma educativa. Bajo la presidencia de Eustorgio Salgar, en 1870, el gobierno impulsó un decreto que estableció el carácter obligatorio de la escuela elemental y la neutralidad religiosa en la educación pública, y contrató una misión pedagógica alemana para organizar escuelas primarias de niños, niñas y normalistas en todos los estados. Los resultados fueron tangibles: entre 1870 y 1876 el número de escolares creció de 60.000 a 79.123, y las escuelas en funcionamiento llegaron a 1.464 en 1876. En cuatro años, más de 27.000 nuevos niños escolarizados y más de 327 nuevas escuelas. Para un país de recursos escasos y territorio quebrado, la cifra era considerable.

Esa reforma tocó nervio. El Partido Conservador y la Iglesia católica la interpretaron como un asalto directo a la fe y a la familia. En 1876 estalló la guerra civil que enfrentó al gobierno de la Unión contra guerrillas conservadoras surgidas en casi todos los estados. El conflicto duró once meses y se libró principalmente en Cauca y Tolima. El gobierno reunió un ejército de 25.000 hombres. Las fuerzas antioqueñas fueron derrotadas en la batalla de Los Chancos, en la región de Garrapata, cuando se disponían a penetrar en el Cauca y marchar sobre Bogotá. El costo fue devastador: en 1878 la guerra había consumido el 118% del presupuesto nacional aprobado para ese año. La educación misma —la causa aparente del conflicto— sufrió el mayor golpe: aulas convertidas en cuarteles, libros destruidos, clases suspendidas. La Universidad Nacional cerró el 21 de agosto de 1876 y reabrió el 22 de febrero de 1877.

El gobierno ganó la guerra pero perdió el país. Tras la derrota conservadora, los liberales santandereanos promulgaron legislación anticlerical dura: destierro del obispo de Pamplona, arresto de párrocos desafectos. La reacción no tardó. El propio liberalismo empezó a partirse. El 1 de abril de 1878, cuando el general Julián Trujillo tomó posesión como presidente, Rafael Núñez —en su calidad de presidente del Senado de Plenipotenciarios— pronunció la frase que quedaría como partida de nacimiento de la Regeneración: "Hemos llegado a un punto en que estamos confrontando este preciso dilema: regeneración administrativa fundamental o catástrofe." En ese momento Núñez todavía hablaba de reforma administrativa dentro del orden constitucional, no de sustituirlo. Pero la línea estaba trazada.

El desenlace se aceleró. Núñez fue elegido presidente por primera vez en 1880, con el apoyo del ala independiente del liberalismo y de un Partido Conservador que veía en él la oportunidad de volver al gobierno sin tener que ganar solo. Ese mismo año murió Manuel Murillo Toro, el gran timonel del radicalismo, y la orfandad ideológica del sector se hizo evidente. En julio de 1882 Núñez advirtió públicamente sobre la "rigidez" de la Constitución de 1863 y el peligro de una "poderosa reacción" irrefrenable. En septiembre de 1883 obtuvo su segunda elección presidencial, esta vez frente al candidato radical Wilches, apoyado por la mayoría de los estados. Tomó posesión el 7 de agosto de 1884. Todavía entonces no juzgaba practicable un cambio político profundo.

Los radicales ya no lo esperaron. En 1884-1885 se lanzaron a la rebelión contra el gobierno de Núñez. La guerra terminó pronto y mal para ellos. La batalla decisiva se libró en 1885 en las orillas del río Magdalena, cerca de Tamalameque, en un paraje llamado La Humareda. El ejército federalista liberal sufrió allí una derrota mayor. El 15 de mayo de 1885, desde el balcón del Palacio de San Carlos, Núñez proclamó ante la multitud que la Constitución de 1863 había dejado de existir. Convocó entonces un Consejo Nacional de Delegatarios, con tres representantes por estado, para redactar una nueva carta. El resultado fue la Constitución de 1886, obra en gran medida de Miguel Antonio Caro, y con ella el fin del período federal.

Los actores

Ningún nombre ordena tanto el período como el de Mosquera al comienzo y el de Núñez al final. Mosquera fue caudillo antes que civilista: general caucano nacido en Popayán en 1798, hombre de armas y de campaña, herido en la mandíbula durante las guerras de Independencia —el defecto en el habla lo acompañaría toda la vida—, tres veces presidente antes de 1863 y una cuarta después. Su base territorial en el Cauca le dio la fuerza para rebelarse en 1860 y la autoridad para convocar Rionegro en 1863. Su anticlericalismo fue simultáneamente convicción, cálculo fiscal y arma política: el mismo hombre que había sido protector de la Iglesia en su primera presidencia terminó firmando los decretos de tuición y desamortización. Su caída en 1867, apenas cuatro años después de haber diseñado el nuevo orden, mostró que la Constitución que él había impulsado no toleraba figuras de su tamaño. Murió en 1878 en Coconuco, en su hacienda caucana, escribiendo memorias y correspondencia hasta el final.

Entre Mosquera y Núñez transcurre la galería del Olimpo Radical. Manuel Murillo Toro, nacido en Chaparral, dos veces presidente (1864-1866 y 1872-1874), es la figura mayor: hombre de ideas, formado en el utilitarismo de Bentham y en la economía liberal de Bastiat y Say, defensor de las libertades individuales y del correo público como servicio del Estado, impulsor de la reforma postal que llevó las estampillas nacionales a rincones donde nunca había llegado la administración. Fundó y sostuvo periódicos —El Tiempo, La Opinión, El Neogranadino— y desde ellos hizo escuela. Se decía de él que gobernaba con el bolsillo lleno de recortes de prensa.

A su alrededor, una constelación reconocible. Salvador Camacho Roldán, santandereano, ministro de Hacienda con Murillo, economista antes de que la palabra circulara en Bogotá, autor de las Notas de viaje que fijaron una manera de mirar el país. Florentino González, ideólogo del librecambio, redactor de la Constitución de 1853 y voz temprana del liberalismo doctrinario. Aníbal Galindo, hacendista y polemista, hombre de finanzas y de cátedra. José María Samper, tolimense, prolífico hasta la exageración —cronista, historiador, congresista, novelista—, cuya trayectoria dibuja por sí sola las mudanzas del período: liberal radical en los años sesenta, moderado hacia los setenta, católico conservador al final. José María Rojas Garrido, orador temido en el hemiciclo, capaz de improvisar durante horas sobre cualquier asunto; se decía que Bolívar lo había profetizado. Santiago Pérez, presidente entre 1874 y 1876, hombre austero, maestro antes que político, redactor del código de instrucción pública. Ezequiel Rojas, viejo tronco del liberalismo, redactor del programa de 1848, catedrático de derecho en el Colegio del Rosario, formador de dos generaciones. Casi todos escribían en periódicos, casi todos enseñaban, casi todos alternaban cargos públicos con actividad intelectual. Vivían en las mismas calles del centro de Bogotá, se cruzaban en las tertulias del café Le Petit, se casaban entre sí, se dedicaban libros, se retaban a duelos que rara vez terminaban en sangre. Algunos tenían fortunas personales; muchos vivieron modestamente del ejercicio profesional. Su cultura política era libresca, europeizante, orgullosa de su racionalismo. Su debilidad, la ausencia de una base social propia que no dependiera de la coyuntura militar.

Del otro lado, el conservadurismo mantuvo una nómina coherente. José Eusebio Caro, muerto joven en 1853, había fundado la tradición doctrinaria y le había dado un lenguaje: catolicismo, orden, autoridad, propiedad. Su hijo Miguel Antonio Caro, humanista, latinista, traductor de Virgilio, llevó esa tradición al terreno constitucional y la conjugó con un catolicismo militante; sería el arquitecto principal de 1886. Sergio Arboleda, caucano, terrateniente y hombre de letras, encarnó la ortodoxia sureña: hacendado esclavista antes de la abolición, defensor del régimen colonial como matriz de la nacionalidad. Manuel María Mallarino, presidente entre 1855 y 1857, representó una versión moderada de la misma corriente. Mariano Ospina Rodríguez, presidente derrotado por Mosquera en 1862, escribió desde el exilio guatemalteco páginas que definirían el conservadurismo colombiano para el resto del siglo.

Rafael Núñez es el gran cruce del período. Cartagenero, nacido en 1825, iniciado en el liberalismo, ministro de Mosquera en las primeras horas del régimen federal, largamente residente en Europa como diplomático —Le Havre, Liverpool—, lector de Spencer y de Comte, casado en segundas nupcias con Soledad Román en un matrimonio que la Iglesia católica no reconocía y que sería fuente permanente de escándalo. Retornó convertido en un liberal independiente que terminaría gobernando con los conservadores y muriendo, en 1894, como pilar del nuevo orden. Escribió versos, editó periódicos, redactó el himno nacional. Su figura resume la ambigüedad del período: liberal que enterró el liberalismo, escritor que gobernó con generales, cartagenero que rehizo Bogotá.

El territorio también fue actor. Antioquia y Tolima quedaron pronto en manos conservadoras dentro del sistema federal, lo que convirtió la disputa por los siete estados restantes en el eje permanente de la política nacional. Panamá tuvo su vida propia, con crisis recurrentes que llegaron al punto de intentos de anexión a otro país; el ferrocarril transístmico, terminado en 1855, la conectaba más con Nueva York que con Bogotá. Santander fue laboratorio radical y también santuario del anticlericalismo más duro: allí gobernaron los Wilches, los Solón Wilches, los Aquileo Parra, y allí se libraron los pulsos más ásperos con el clero. Cauca fue campo de batalla obligado, con Popayán como capital tradicional y Cali como centro emergente, con población indígena, afrodescendiente y mestiza en proporciones que ningún otro estado igualaba. Bolívar, con Cartagena y Barranquilla, dinamizó el comercio caribeño y el algodón exportador; el ascenso de Barranquilla sobre la Cartagena estancada define la geografía económica del período. Cundinamarca alojó la capital y sus intrigas, con Bogotá como escenario de todas las conspiraciones. Boyacá conservaba el peso demográfico del altiplano y una tradición conservadora arraigada. Magdalena orbitaba entre las fuerzas mayores, con Santa Marta lánguida y el río como columna vertebral.

Las disfunciones del sistema

La arquitectura federal produjo, casi de inmediato, tres disfunciones que el propio sistema no supo corregir.

La primera fue el fraude electoral generalizado. Tanto los poderes locales como el gobierno de la Unión lo practicaban para asegurar resultados. Como el gobierno central no tenía mecanismo legal para garantizar elecciones limpias en los estados —las propuestas para crearlo fueron rechazadas por contrariar el pacto constitucional—, cada bando recurría a lo que tuviera a mano. En la práctica, esto se traducía en apoyo ilegal, incluido el uso armado de la guardia nacional, para sostener o derribar gobiernos estatales según las preferencias del momento. Más de la mitad de los estados, además, retrocedió del sufragio universal masculino recientemente establecido, restringiendo por vía constitucional local el derecho al voto. La democracia radical, en su implementación, resultó menos incluyente de lo que su discurso prometía.

La segunda disfunción fue la fragmentación del mercado interior. Los estados imponían aduanas internas, gravaban el paso de mercancías, disputaban jurisdicciones fiscales. Un país que dependía de exportaciones cíclicas —tabaco, quina, algodón, oro— y necesitaba integrar sus regiones para amortiguar los choques externos, se dedicaba a levantar barreras internas. El resultado fue una economía nacional que funcionaba mal en los ciclos altos y peor todavía en los bajos. A ello se sumaba el drenaje permanente de las guerras civiles: capitales que huían a Europa, préstamos forzosos, confianza pública erosionada.

La tercera disfunción fue la reproducción de las guerras. En el cuarto de siglo posterior a 1863 se produjeron cerca de 42 constituciones o revueltas armadas de carácter local o estatal. El orden de magnitud dice lo esencial: bajo Rionegro, la violencia política menor se hizo endémica. Y a las guerras locales se sumaron dos conflictos nacionales de gran calado: 1876-1877 y 1884-1885. Cada uno dejó al Estado central más débil, al erario más lastimado y al régimen más aislado.

Sobre esta base, la fractura interna del propio liberalismo fue el golpe final. La guerra de 1876-1877, ganada por el gobierno, mostró que la victoria militar no bastaba para gobernar. La intransigencia radical suscitó una reacción en favor de los liberales independientes, encabezados por Núñez. Cuando estos se aliaron con el Partido Conservador, el eje del poder se desplazó. La muerte de Murillo Toro en 1880 y la elección de Núñez ese mismo año sellaron el desenlace.

Las transformaciones

Sería injusto reducir el período a sus fracasos. Los Estados Unidos de Colombia produjeron transformaciones reales, algunas duraderas más allá de su fin institucional.

En materia de libertades civiles, el marco de 1863 fue el más amplio que Colombia había conocido y que volvería a conocer en mucho tiempo. Libertad de imprenta prácticamente absoluta, libertad de cultos, libertad de expresión, abolición sostenida de la pena de muerte para delitos políticos, garantías procesales exigentes. Esas libertades no fueron formales: la prensa del período fue combativa, plural y en ocasiones injuriosa; los cultos no católicos —protestantes, judíos, masónicos— pudieron organizarse con menos trabas que en cualquier país vecino. Colombia recibió misiones presbiterianas norteamericanas desde 1856, y el primer colegio protestante, el Colegio Americano de Bogotá, abrió en 1869 bajo la dirección de Kate McFarren. La libertad de imprenta produjo un ecosistema periodístico como no volvería a verse: en Bogotá circulaban simultáneamente decenas de cabeceras, algunas efímeras, otras longevas, casi todas beligerantes. Los diputados de Rionegro podían jactarse, sin exageración excesiva, de haber redactado la constitución más libertaria del continente. El costo fue una polarización creciente; el beneficio, un pluralismo real que dejó huella en la cultura política colombiana.

En materia educativa, la reforma de 1870 marcó una ruptura. Por primera vez el Estado asumió la escuela primaria como responsabilidad pública, obligatoria y neutral en materia religiosa. La misión pedagógica alemana —Ernst Röthlisberger, Christian Siegert, Gotthold Weiss y otros nueve maestros llegados entre 1872 y 1873— introdujo el método pestalozziano, formó normalistas en las escuelas de Bogotá, Popayán, Tunja, Medellín, y abrió una red escolar que crecía año tras año. Se editaron manuales, se reglamentó la formación docente, se separó por primera vez la educación de niñas de la caridad conventual. Que la guerra de 1876-1877 haya destruido buena parte del sistema y que la Constitución de 1886 haya devuelto la educación al control de la Iglesia no borra el hecho de que, entre 1870 y 1876, Colombia vivió un ensayo genuino de escolarización pública laica. La Universidad Nacional, fundada en 1867 durante la presidencia de Santos Acosta, dio al país por primera vez una institución de educación superior de vocación laica y nacional, articulada en facultades de Derecho, Medicina, Ciencias Naturales, Ingeniería y Filosofía y Letras. De sus aulas saldrían las promociones que gobernarían el país hasta bien entrado el siglo XX, incluidos varios de los propios regeneracionistas.

En materia económica, la desamortización de manos muertas modificó la estructura de la propiedad urbana y rural en varias regiones, aunque con resultados desiguales. La política liberal de librecambio, con aranceles bajos y apertura a la exportación, insertó a Colombia en los flujos mundiales, con las ventajas y los riesgos de una economía primaria abierta al exterior. Los ciclos del tabaco, la quina y el algodón dejaron huellas duraderas en las regiones productoras: Ambalema, Palmira, El Carmen de Bolívar, La Mesa. La navegación a vapor por el Magdalena, aunque azarosa e intermitente, se consolidó como columna del comercio exterior; el ferrocarril hizo sus primeros tramos —Bolívar, Panamá, Cauca, Antioquia— con capitales mixtos y contratos irregularmente cumplidos. Los Bancos —el de Bogotá en 1870, luego el de Colombia, el de Antioquia y otros más pequeños— aparecieron por primera vez con vocación de establecimientos privados de crédito, en un país que hasta entonces había vivido del préstamo eclesiástico y del usurero.

En materia jurídica, cada estado adoptó su propio código civil, minero, de tierras y electoral. Esa multiplicidad, denostada por los regeneracionistas como "anarquía jurídica", fue también un experimento de adecuación normativa a realidades regionales distintas. El código civil del Estado Soberano de Cundinamarca, redactado por Manuel Ancízar sobre la base del código de Bello, fue adoptado por varios estados y sirvió luego de matriz al código civil unificado de 1887. La Constitución de 1886, al unificar los códigos, ganó en simplicidad pero perdió en flexibilidad.

En materia política, el período consolidó al Partido Liberal y al Partido Conservador como los dos ejes de la vida colombiana, con sus periódicos, sus caudillos regionales, sus rituales de movilización. Las sociedades masónicas, democráticas y de artesanos sirvieron de plataforma al liberalismo; la parroquia y la cofradía, al conservadurismo. Esa estructura bipartidista, forjada bajo Rionegro, sobreviviría al federalismo mismo y organizaría la política colombiana durante todo el siglo XX.

El legado

La derrota de La Humareda en 1885 no fue solo un revés militar de los liberales radicales: fue el certificado de defunción de un orden institucional que había perdido, mucho antes, su capacidad de autocorrección. La cláusula de unanimidad para reformar la Constitución, pensada como blindaje del pacto federal, se había convertido en su condena. Todo cambio necesario tenía que hacerse por fuera del texto. Y cuando el cambio por fuera del texto se hizo por las armas, los diseñadores del sistema perdieron.

La Constitución de 1886, redactada por el Consejo Nacional de Delegatarios y en gran medida obra de Miguel Antonio Caro, extinguió la forma federal y convirtió los estados soberanos en departamentos. El Concordato de 1887 restableció relaciones armónicas entre el Estado y la Iglesia, devolvió el control de la educación pública al clero y otorgó a la jerarquía católica la capacidad de vigilar incluso la enseñanza privada. Los estados perdieron sus milicias, sus códigos, su autonomía electoral. El presidente pasó a nombrar gobernadores, y estos a nombrar alcaldes. El país cambió de nombre: ya no Estados Unidos de Colombia sino República de Colombia. El ciclo se cerraba.

Pero la Regeneración no revertió todo. La desamortización ya ejecutada no se deshizo: los bienes que habían pasado a particulares siguieron en manos de particulares. Las libertades civiles perdieron amplitud pero conservaron su lenguaje. El bipartidismo forjado en el período federal continuó estructurando la vida política. Y la memoria del experimento —de sus logros y de sus catástrofes— quedó como referencia obligada de todos los debates constitucionales posteriores: en 1910, en 1936, en 1957, en 1991. Colombia nunca volvió a ser federal, pero nunca dejó de recordar que lo había sido.

El juicio sobre el período se movió con las décadas. La generación regeneracionista vio en el orden federal solo anarquía, desorden fiscal y ataque impío contra la Iglesia. El liberalismo del siglo XX lo reivindicó como edad de oro de las libertades. Lecturas posteriores han subrayado la coherencia intelectual del proyecto radical y la debilidad de su base social, la excepcionalidad relativa de las guerras civiles colombianas —numerosas pero limitadas, con excepciones como 1899-1902— y el desfase entre una economía agroexportadora frágil y una arquitectura estatal débil. La crisis del federalismo fue tanto fiscal y económica como constitucional. La Regeneración, en esa lectura, no fue solo victoria ideológica: fue la respuesta a un agotamiento estructural.

Entre 1863 y 1885, Colombia se dio a sí misma el régimen político más ambicioso y más frágil de su historia. Fue federal hasta el extremo, laica hasta el escándalo, libre hasta el desorden. Sus arquitectos creyeron que las libertades bastarían para sostener el orden y que la soberanía de los estados haría innecesaria la autoridad del centro. Se equivocaron, pero su error fue el error de una época que quería creer en el poder civilizador de las instituciones. Cuando el edificio cayó, en La Humareda y en el balcón de San Carlos, no cayó solo por los golpes de sus enemigos: cayó también porque sus constructores lo habían diseñado sin puertas de emergencia. El experimento terminó, pero su pregunta central —cuánta autonomía territorial cabe en un Estado nacional sin que el conjunto se disuelva— siguió abierta mucho después de que Núñez pronunciara sus palabras, y sigue abierta todavía.