Modelos regionales de acumulación en el siglo XIX: Antioquia y el Valle del Cauca

¿Fueron Antioquia y el Valle del Cauca modelos endógenos de acumulación en el siglo XIX, o variantes locales de una misma inserción capitalista periférica?

Entre 1820 y 1900 dos regiones colombianas construyeron trayectorias económicas que después servirían de emblema: la Antioquia de comerciantes-mineros que colonizó hacia el sur y desembocaría en el complejo industrial de Medellín, y el Valle del Cauca de hacendados esclavistas que se transformó, a partir de la adquisición de La Manuelita por Santiago Eder en 1864, en el corazón agroindustrial del azúcar colombiano. La pregunta no es si estas trayectorias existieron —existieron y dejaron huellas duraderas— sino si expresaron modelos endógenos de acumulación, brotados de un ethos regional autónomo, o si fueron variantes locales de una inserción capitalista periférica viabilizada por redes transnacionales, liquidez monetaria contingente y captura del aparato estatal. La respuesta importa porque de ella depende cómo se cuenta el origen del capitalismo colombiano: como fruto de virtudes culturales regionales o como efecto de dispositivos materiales cuya distribución geográfica fue tan desigual como la riqueza que produjeron.

Por qué la pregunta pesa

El debate ha oscilado durante décadas entre dos polos. De un lado, la tradición que arranca con Ospina Vásquez y encuentra en Hagen su formulación más ambiciosa: existió una mentalidad burguesa antioqueña, desarrollada endógenamente y en relativo aislamiento político-económico, que explica por qué Medellín y no otra ciudad se convirtió en el principal polo industrial del país. Del otro, la crítica que Safford sistematizó al insistir en que no hace falta ninguna teoría psicológica especial: basta con la contabilidad del oro. A fines de la Colonia, Antioquia tenía el 8% de la población nacional y producía el 40% o más de las exportaciones auríferas del virreinato. Esa desproporción bastaba para dotar a un puñado de comerciantes de la liquidez que otras regiones sencillamente no tenían.

Planteado así, el debate parece un asunto de historia intelectual. Pero se juega algo más grande: si la respuesta es cultural, la excepcionalidad paisa es replicable donde se cultive un ethos análogo; si es material, lo que hubo fue un accidente geológico e institucional cuyos beneficiarios construyeron después la narrativa cultural que los legitimaba. Y en el Valle, la pregunta gemela: ¿la modernización azucarera de la segunda mitad del siglo XIX fue un despertar de la vieja élite terrateniente caucana, o un trasplante técnico y financiero traído por extranjeros como Eder, viabilizado por la abolición de 1851 y la posterior política estatal de baldíos, aranceles y ferrocarriles? De la respuesta depende cómo se lee el conjunto del capitalismo agrario colombiano.

Conviene recordar que la disputa no es meramente académica. Buena parte de la política pública colombiana del siglo XX se ha escrito sobre la premisa de que hay una fórmula paisa exportable —trabajo, familia, empresa, asociación— cuya aplicación en otras regiones bastaría para revertir el atraso relativo. Si esa fórmula fue en realidad efecto de una configuración material irrepetible, las políticas que la invocan como plantilla operan sobre un espejismo. Del mismo modo, si la modernización vallecaucana fue trasplante y no despertar, el modelo agroindustrial que se ha ofrecido como prueba del ingenio caucano exige leerse bajo otra luz: la de una alianza específica entre capital extranjero, tierra post-esclavista y protección estatal.

Los términos del debate

Las tesis en pugna pueden ordenarse con cierta nitidez, aun cuando en la práctica sus defensores rara vez las sostengan en estado puro.

La lectura endógena antioqueña sostiene que a mediados del siglo XIX ya estaba consolidado un ethos comercial y asociativo específico. La expresión de época era el espíritu de asociación: la práctica de asociarse entre parientes y extraños, ricos y pobres, para hacer valer simultáneamente dinero, propiedad, industria y crédito en diferentes empresas. Ese ethos habría prefigurado las prácticas de acumulación familiar que hicieron de Medellín, ya en la década de 1920, la ciudad con industrias consolidadas de cerveza, gaseosas, galletas, cigarrillos y textiles, y con empresas como Coltabaco y Postobón proyectándose a mercado nacional. Hagen llegó a comparar esta ética individualista y empresarial con la calvinista o puritana europea, y en ello encontró el ingrediente que Weber había atribuido a la revolución industrial —con la peculiaridad de que en Antioquia el sustrato religioso era católico, no protestante. El caso, en esa lectura, desafía a Weber: produjo mentalidad burguesa sin reforma, mediante mecanismos endógenos de aislamiento geográfico y densidad familiar.

La lectura materialista responde con cifras. El oro fue durante todo el siglo XVIII el principal producto de exportación de la Nueva Granada, y esa situación no varió sustancialmente en la primera mitad del XIX hasta la irrupción del tabaco, la quina y el café. Antioquia concentró una parte desproporcionada de esa producción. La mayor oferta monetaria propició una estructura de salarios, precios y ganancias favorable, y el capital acumulado por los comerciantes —no por los mineros directos— financió las etapas siguientes. No hace falta invocar un alma paisa: hace falta una cuenta de caja.

En el Valle, la disputa tiene contornos distintos pero equivalente carga interpretativa. Una lectura señala continuidad: las haciendas coloniales del valle geográfico del río Cauca, que en el siglo XVIII no correspondían exactamente al modelo puro de hacienda ni al de plantación —empleaban mano de obra esclava pero orientaban su producción al mercado minero del Chocó—, habrían evolucionado hacia la agroindustria cañera del siglo XX en un proceso de modernización interna. La lectura opuesta subraya la ruptura: la vieja élite señorial caucana —redes familiares de Mosqueras, Valencias y Arboledas— se opuso a los cambios que beneficiaran a sus subalternos, y fue una nueva élite urbano-mercantil, con presencia decisiva de extranjeros como Santiago Eder, la que introdujo la refinación azucarera, la experimentación agrícola y la lógica de exportación tropical. En esta lectura, la modernización vallecaucana fue trasplante antillano, no despertar autóctono.

El oro como atajo y su reparto desigual

El punto de partida material del caso antioqueño es innegable. Durante el siglo XVII la producción aurífera antioqueña sufrió una profunda depresión: hacia 1660 el rendimiento de los distritos —incluidos Zaragoza y Guamocó— había caído a aproximadamente una décima parte del pico de 1600. La recuperación del XVIII y la expansión del XIX volvieron a colocar a Antioquia como la principal proveedora aurífera del país.

En los años de máximo empleo del siglo XIX, la región contaba con cerca de 15.000 mineros de oro. Cuatro quintas partes eran mazamorreros: mineros libres, trabajando con batea de madera tallada, azada manual, almocafre y barretón, sin capital ni maquinaria, en su mayoría descendientes de esclavos o mestizos huidos de los trabajos onerosos de la agricultura de tierras altas. Aproximadamente una tercera parte eran mujeres. Ese universo de mazamorreros —libres, precarios, dispersos— habría extraído una cuarta parte del oro exportado desde Antioquia durante el siglo XIX. La minería de veta comenzó a hacerse común después de la Independencia y representaba el 25% de la producción regional a mediados de la década de 1860; el aluvión, sin embargo, siguió siendo dominante durante casi todo el siglo.

Lo decisivo es qué pasaba con ese oro una vez extraído. La acumulación no se quedó en los mazamorreros, que apenas subsistían, ni en la mayoría de las empresas mineras, que frecuentemente no ganaban o perdían. Se concentró en manos de un pequeño grupo de comerciantes que abastecían los distritos mineros dispersos, cambiaban oro por mercancías importadas y controlaban el circuito monetario regional. El oro fue importante para Antioquia no por elevar el nivel de vida general —la riqueza estaba concentrada— sino porque facilitó la acumulación de grandes capitales en pocas manos, permitiéndoles emprender negocios dentro y fuera de la región.

El oro es dinero, no cosecha. No requiere almacenamiento, no se pudre, no depende de arriería para llegar al puerto en condiciones vendibles, y se convierte directamente en crédito internacional. Mientras un hacendado cundiboyacense o caucano necesitaba movilizar mercancías perecederas por caminos precarios para acceder a divisas, el comerciante antioqueño operaba con un producto que era ya la divisa misma. Ese atajo en la acumulación originaria —minería, comercio, remesas hacia Londres y Jamaica— no era replicable en las economías hacendarias del Cauca o de la Sabana. No por carencia de virtud empresarial, sino por diferencia de producto.

El resultado es visible entre 1871 y 1881: en Antioquia se fundaron trece o catorce bancos de circulación, establecimientos hasta entonces desconocidos tanto en el estado como en la nación. Esa densidad bancaria no surgió del ethos. Surgió de la existencia previa de capital líquido dispuesto a ser intermediado.

La colonización como dispositivo dirigido

La segunda pieza del caso antioqueño es la colonización hacia el sur, que a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX se extendió sobre la Cordillera Central y las laderas de la Occidental que bordean el Valle del Cauca, ocupando lo que hoy son el Eje Cafetero, el norte del Valle y el sur del Tolima. La imagen tradicional es la de un movimiento espontáneo de familias campesinas libres que fundaron una sociedad de pequeña propiedad democrática, culturalmente homogénea y culinariamente estable, portadora de un mismo paquete migratorio replicable: familia numerosa, matrimonio católico, hacha, azadón, fríjol, maíz, café.

La estructura demográfica que impulsó ese movimiento es documentable. La parcela familiar antioqueña alcanzaba para el padre que la trabajaba, pero al crecer los hijos —ocho o más en familias numerosas— las cuatro o cinco hectáreas resultaban insuficientes y obligaban a emigrar. La alta fecundidad, asociada al predominio del matrimonio católico y a la juventud de las madres, actuó como mecanismo estructural de expulsión continua. En cada nueva frontera se reproducía el patrón: pequeña propiedad, familia extensa, cultivo mixto, y de nuevo expulsión de la generación siguiente. Ese carácter repetitivo del paquete migratorio explica la notable homogeneidad cultural del área colonizada —una subcultura paisa que, aun con rasgos propios adquiridos, mantiene la raíz de origen— y contribuye a explicar por qué esa formación regional pudo llegar a disputar en el siglo XX la primacía cultural y económica a Bogotá.

Pero la imagen de la colonización espontánea se desmorona cuando se examinan los conflictos de tierras. Especuladores y empresarios territoriales tuvieron un papel decisivo en la dirección del proceso, apropiándose de tierras valorizadas por el trabajo de los colonos y controlando el procesamiento y mercadeo de sus cosechas. Comerciantes medellinenses establecidos en compañías colonizadoras y constructoras de caminos —como los dueños del territorio de Caramanta en 1835— participaron desde temprano en la ocupación del sur, con interés explícito en fomentar productos comerciales como el café para exportarlos a Europa y Estados Unidos. La Concesión Burila, con sede en Manizales y encabezada por la familia Caicedo, reclamaba aproximadamente 130.000 hectáreas que cubrían la mitad del sur del Quindío y parte del norte del Valle del Cauca, apoyándose en una merced real de 1641; los pleitos con colonos se prolongaron hasta los años treinta del siglo XX. Los Aranzazu operaron con dispositivos análogos.

La Ley 61 de 1874, al reconocer jurídicamente el principio de adjudicación de baldíos nacionales a los cultivadores, mejoró la posición legal de los colonos, pero no eliminó la asimetría. Los números del reparto son elocuentes: entre 1901 y 1931, los concesionarios de más de 1.000 hectáreas fueron apenas un 5% del total de adjudicatarios y se llevaron cerca del 57% de la superficie adjudicada por el Estado. En la década anterior, los baldíos entregados a cambio de bonos de deuda pública habían absorbido la enorme mayoría del total, mientras la fracción que llegaba a colonos o pequeños propietarios apenas oscilaba entre un dígito y otro. Los bonos territoriales, que se vendían a entre 25 y 35 centavos por hectárea en 1873, seguían costando lo mismo medio siglo después: quien tuviera ahorros y conexiones en Bogotá adquiría grandes extensiones a bajo costo.

En zonas próximas al trazado de ferrocarriles, los especuladores buscaban excluir completamente a los colonos para capturar la plusvalía de la tierra sin necesidad de mano de obra. Eso ocurrió en Yolombó en la década de 1890 con el ferrocarril Medellín-Puerto Berrío. En contraste, en partes de Caldas algunas familias prominentes promovieron activamente la colonización para subdividir y vender sus tierras a los campesinos. La colonización antioqueña no fue un proceso ni democrático ni autoritario en abstracto: fue un dispositivo dirigido en el que las élites comerciales medellinenses controlaron el crédito rural, el mercadeo del café y la valorización territorial. A comienzos del siglo XX, los grandes exportadores de Medellín entablaron una guerra comercial con la principal casa compradora de café en Cundinamarca y Tolima, la de Pedro A. López, cerrándole el paso y convirtiendo a los notables municipales del área colonizada en empleados informales de las casas de Medellín. La supuesta democracia cafetera fue funcional a la hegemonía comercial antioqueña, no antitética a ella.

El Valle: trasplante antillano y captura estatal

La trayectoria vallecaucana tiene otra textura. Las haciendas del siglo XVIII, articuladas al complejo mina-hacienda que abastecía al Chocó, sostenían una alta densidad esclavista: en 1851, cuando la ley del 21 de mayo declaró libres a todos los esclavos del territorio de la República a partir del 1 de enero de 1852, el 60% de los 16.500 esclavos manumitidos se encontraba en las haciendas del Valle del Cauca. Los disturbios en torno a la abolición fueron especialmente agudos en la región, y las leyes no concedieron tierra ni herramientas a los liberados: el Estado indemnizó a los propietarios y propició el peonaje de negros sin tierra mediante el sistema del terraje. Los palenques de fugitivos que habían subsistido de cultivos, caza y pesca mantuvieron con las haciendas una relación mayoritariamente violenta, con excepciones puntuales como Amaime y El Bolo.

Sobre ese sustrato —haciendas descapitalizadas por la desestructuración del sistema esclavista, mano de obra proletarizada sin tierra, élite señorial resistente al cambio— se produjo la operación decisiva. En 1864, James Eder, conocido como Santiago o Don Santiago, adquirió la hacienda La Manuelita, entonces dedicada a ganadería extensiva, e inició un proceso de modernización agroindustrial que incluyó experimentación agrícola e inversión en industrias de exportación tropical. La refinación de azúcar en el ingenio Manuelita se introdujo en 1952, y ese momento coincide con el cierre de una fase de expansión horizontal en la que, entre 1922 y 1952, las empresas azucareras adquirieron 332 propiedades con una extensión de 47.049 plazas. La superficie controlada por los ingenios al término de esa fase sumaba 62.333 plazas —aproximadamente 49.866 hectáreas—, de las cuales el 62,9% estaba cultivada en caña.

La operación Eder no fue endógena. Representó a una nueva élite urbano-mercantil que aportó capital cultural relacionado con el sistema comercial y financiero internacional, mientras las élites caucanas aportaban capital monetario, conocimiento de la región y capital político para negociar con el Estado. Los extranjeros usaban su nombre como razón social de las empresas para proteger los bienes de posibles expropiaciones durante los conflictos políticos internos. La modernización azucarera vallecaucana fue un híbrido extranjero-criollo: la ingeniería técnica y las redes financieras internacionales vinieron de fuera; la tierra, la mano de obra post-esclavista y la protección política vinieron de dentro.

El capitalismo caucano dependió estructuralmente de la captura del Estado. La política de baldíos, los aranceles proteccionistas, las concesiones ferroviarias y la garantía estatal de la propiedad privada y la disciplina laboral fueron condiciones sin las cuales la agroindustria no habría sido viable. El Estado colombiano financiaba indirectamente el modelo agroexportador entregando tierras baldías, construyendo ferrocarriles y garantizando la disciplina laboral, aunque empresarios y publicistas presentaban ese éxito como resultado exclusivo del laissez faire. La expansión azucarera contribuyó, desde mediados del siglo XX, a la disminución de la tenencia de tierra por parte de campesinos negros y a un proceso gradual de proletarización rural reforzado por la llegada de inmigrantes como mano de obra.

Dos variantes, un mismo molde

Las dos regiones representan variantes del mismo patrón: inserción capitalista periférica con acumulación oligárquica concentrada. Pero los mecanismos de reproducción fueron estructuralmente distintos, y esa diferencia importa.

Antioquia canalizó la liquidez aurífera hacia redes comerciales familiares que financiaron después la colonización dirigida hacia el sur y, a fines del siglo XIX y comienzos del XX, la proto-industria de Medellín. La Escuela Nacional de Minas, creada en 1887 y activa durante 85 años, proveyó el conocimiento técnico. El arancel de 1905 del gobierno de Rafael Reyes, con derechos altos para bienes finales y bajos para materias primas semielaboradas, proveyó la protección. Entre 1902 y 1909 se fundaron o reactivaron fábricas —Textil de Bello, Fábrica de Fósforos Olano— con apoyo estatal en forma de empréstitos, subvenciones y exenciones para importar maquinaria. La combinación de acumulación aurífera previa, colonización controlada por comerciantes, densidad bancaria, institución técnica y política arancelaria produjo la apariencia de un dinamismo difuso y endógeno. Fue, más bien, el resultado de un encadenamiento cuyo primer eslabón —la disponibilidad de oro monetizable— no dependía de virtud alguna.

El Valle del Cauca, sin liquidez comparable y con una élite señorial refractaria, externalizó la ingeniería modernizadora y dependió más abiertamente de la captura estatal. La alianza entre familias caucanas tradicionales, empresarios extranjeros como Eder y una nueva élite urbano-mercantil produjo una agroindustria viable pero estructuralmente enclave: excluyente para la población negra post-abolición, dependiente de trabajo proletarizado, articulada a través de casas comerciales al mercado externo. El molde resultante se reprodujo con notable estabilidad hasta el siglo XX.

Que ambas trayectorias hayan producido concentración oligárquica no significa que fueran equivalentes. Antioquia generó una burguesía comercial-industrial con capacidad de proyectarse a escala nacional; el Valle produjo una agroindustria de terratenientes-industriales anclada regionalmente. Pero en las dos, la excepcionalidad narrada como fruto de un ethos —paisa o caucano— fue posterior al hecho: la construyeron las mismas élites que se beneficiaron de los dispositivos materiales, y sirvió para legitimar como mérito lo que en origen había sido oro monetizable, baldíos capturables, esclavos manumitidos sin tierra y aranceles negociables en Bogotá.

El caso antioqueño desafía a Weber, sí, pero no como pretende la lectura culturalista. Lo desafía al mostrar que la mentalidad burguesa puede producirse sin sustrato religioso protestante, siempre que existan las condiciones materiales adecuadas: liquidez monetaria concentrada, aislamiento geográfico protector de mercados locales, expulsión demográfica sostenida y política estatal favorable en el momento oportuno. La ética individualista antioqueña, comparable en sus formas a la calvinista, fue efecto y no causa; el sustrato católico no fue obstáculo alguno.

Ninguna de las dos regiones fue lo que su propia narrativa dijo de sí misma. Antioquia no fue una democracia de pequeños propietarios laboriosos: fue un dispositivo comercial concentrado que dirigió colonización, capturó plusvalía territorial y construyó a fines del XIX la infraestructura bancaria e institucional que la llevaría a la industria. El Valle no fue el despertar de una élite tradicional modernizada: fue un trasplante técnico extranjero injertado sobre una estructura post-esclavista mediante alianza con la élite señorial y captura del Estado. Que hayan producido ferias, cocinas y estampas tan reconocibles no prueba autonomía cultural: prueba que las élites beneficiadas por el oro, los baldíos y los aranceles tuvieron después el tiempo y los medios para hacer del privilegio una tradición, y de la tradición un argumento.