La guerra civil de 1860-1862 y el triunfo de Mosquera

La guerra civil de 1860-1862 y el triunfo de Mosquera

Entre 1859 y 1862, la República se rompió por un pliegue que estaba cosido con hilos flojos desde 1858: el que unía la soberanía de los estados federales con las competencias residuales del gobierno central. La Confederación Granadina, apenas nacida, no soportó la primera puesta a prueba. El gobernador del Cauca, Tomás Cipriano de Mosquera, veterano de las guerras de los años cuarenta y cincuenta, se levantó contra el gobierno conservador de Mariano Ospina Rodríguez y, tras dos años de campañas que recorrieron el Cauca, Antioquia, la costa Caribe, Santander, Boyacá y la sabana de Bogotá, entró triunfante a la capital, decretó la desamortización de los bienes de manos muertas, extinguió conventos, confinó al arzobispo y convocó la Convención de Rionegro. En ese arco quedó clausurado el nombre de Nueva Granada y quedó abierto el régimen federal radical que gobernaría al país durante las dos décadas siguientes. La guerra fue, a la vez, crisis estructural del pacto de 1858 y operación deliberada del caudillo caucano: sin las provocaciones centralistas de Ospina no habría tenido legitimidad, y sin la agencia personal de Mosquera —con su decreto del 8 de mayo de 1860, sus alianzas oportunistas y su uso simultáneo de la desamortización como arma fiscal, militar e ideológica— no habría tenido desenlace.

El pacto federal de 1858 y sus grietas de origen

La Constitución de 1858 remató legalmente un proceso que venía desde 1855, cuando el Congreso comenzó a otorgar por ley categoría de estado federal a las antiguas provincias: Panamá en 1855, Antioquia en 1856, y en 1857 Cauca, Cundinamarca, Bolívar, Magdalena y Santander. La carta consolidó ese esquema, bautizó al país como Confederación Granadina y organizó la república en ocho estados. Suprimió la vicepresidencia, la sustituyó por tres designaturas y estableció una libertad de imprenta ilimitada. Reconoció a los estados un amplio ámbito de autonomía —todo lo no reservado expresamente al centro— y enumeró en su artículo 15 las competencias exclusivas del gobierno general: crédito nacional, Ejército y Marina, relaciones exteriores, legislación marítima y de comercio exterior, entre otras.

El diseño arrastraba una contradicción de fondo. La soberanía estatal era amplia pero incompleta: el centro conservaba resortes decisivos —lo electoral entre ellos— y podía, con una mayoría en Bogotá, disciplinar a los estados por vía legislativa. La ambigüedad venía de más lejos, del ensayo confederal de 1810, cuando las provincias se declararon "libres, independientes y soberanas" sin definir cómo se articulaban entre sí ni con el todo. En 1858 esa herencia mal resuelta se reprodujo en un marco nuevo, y bastó un gobierno decidido a usar el centro contra las mayorías liberales de los estados para que la máquina crujiera.

Mariano Ospina Rodríguez, presidente conservador, fue ese gobierno. Bajo su influjo, un Congreso ultraconservador aprobó una ley electoral que transfirió a los poderes nacionales —retirándosela a los estados— la intervención en los escrutinios para el Congreso y la Presidencia. El Partido Liberal elevó una protesta violenta: leyó la medida como amenaza directa a su existencia política, pues ponía en manos del gobierno central la fabricación de las mayorías futuras. A esa ley se sumó otra, de orden público, que confería al centro facultades para imponerse a los gobiernos estatales e incluso suspenderlos en sus funciones. Y a las leyes se sumaron los hechos: Ospina auxilió dos revoluciones conservadoras contra los gobiernos de Santander y Cauca. Aunque ambas fueron sofocadas, el mensaje quedó claro: la Confederación funcionaría como marco unilateral de disciplinamiento de los estados liberales.

Cuando el gobernador de Santander, Eustorgio Salgar, denunció el apoyo del gobierno central a los alzados conservadores en su estado, la Confederación lo acusó y condenó por injurias contra el presidente. Poco después decretó la guerra formal al Estado de Santander, envió fuerzas que vencieron en la batalla de El Oratorio y remitió a Salgar y a los miembros de su gobierno a Bogotá como prisioneros para ser juzgados. Ese episodio, más que cualquier otro, mostró a los estados liberales —Santander, Bolívar, Magdalena, Cauca— que el pacto de 1858 no los protegía. Empezaron a pensar en voz alta que solo las armas podían salvarlos.

El Cauca de Mosquera: feudo, élite y agravio

El Cauca no era un estado cualquiera y Mosquera no era un gobernador cualquiera. La élite payanesa —sustentada durante siglos en la minería aurífera y el trabajo esclavo— había sido una de las más influyentes del virreinato y conservó su peso durante la Independencia y buena parte del siglo XIX. Las redes familiares de Mosqueras, Valencias y Arboledas encarnaban la sociedad señorial heredada de la Colonia. Pero esa élite ya no era homogénea. Junto a los terratenientes tradicionales había cuajado, desde la Independencia, una élite ilustrada de carácter supralocal, comprometida con el liberalismo popular y decidida a liquidar el orden colonial: la esclavitud, el terraje indígena, el poder económico de la Iglesia. José María Obando y José Hilario López habían dado el ejemplo décadas atrás al preferir la carrera militar y política a la condición de amos.

El propio Mosquera venía de la primera facción y terminó, sobre la marcha, encabezando la segunda. Sobre su cabeza pesaba la geografía humana del suroccidente: en el Cauca de 1850 la población blanca no pasaba del 20%, la indígena era menos del 10%, la negra o afrocolombiana rondaba el 13% y los mestizos superaban el 50%. Los propietarios del Valle del Cauca vivían rodeados y superados en número por descendientes de esclavos y por campesinos negros, mulatos y blancos pobres que se habían apropiado de tierras abandonadas tras el cierre del primer ciclo minero. Los pueblos indígenas del alto Cauca, especialmente los paeces, habían aprendido a defender resguardos mediante protestas, dilaciones legales, resistencia pasiva y alianzas con líderes regionales del liberalismo. Popayán, Cali, Palmira, Buga, Caloto y Buenaventura se disputaban la hegemonía comercial y política de la región en una rivalidad permanente. Todo eso era el Cauca sobre el que Mosquera gobernaba en 1859.

En ese escenario, el descontento de Mosquera con Ospina se fue afilando. Amenazó al gobierno central con asumir la "soberanía popular" y declaró que el Cauca no continuaría haciendo parte de la Confederación. La comunicación con Bogotá era lenta, las leyes se ignoraban en las regiones lejanas, y Mosquera calculó —con un realismo que la historiografía posterior no le regatea— que las condiciones para un desafío frontal eran favorables. Al mismo tiempo, buscó aliados en el mapa liberal. El más significativo fue el general Juan José Nieto, jefe liberal en Bolívar, que había sido enemigo suyo en 1841 y 1854. Presionado por el conflicto inminente, Nieto ofreció respaldo a Mosquera contra el gobierno central. Esa alianza —entre un caudillo caucano de la vieja élite señorial y un jefe costeño mulato del liberalismo popular— fue una de las operaciones políticas más audaces del período: señal de que la guerra por venir no obedecería a una sola lógica.

Del decreto del 8 de mayo a la campaña del río Cauca

El decreto que Mosquera expidió el 8 de mayo de 1860 desconoció formalmente al gobierno de la Confederación y marcó el inicio de la guerra civil. Fue un acto simultáneamente jurídico y militar: el gobernador del Cauca negaba autoridad al centro y comprometía en el conflicto la maquinaria política y militar del estado más extenso y poblado del país.

La guerra se libró en varios frentes casi al mismo tiempo. En el sur, el jefe militar conservador Julio Arboleda —de la vieja estirpe caucana enfrentada a Mosquera— operó como cabeza de las fuerzas del gobierno en el sur del Cauca y dirigió, durante los primeros veinticuatro días de diciembre de 1860, el asedio a Santa Marta, extendiendo así el conflicto a la costa Caribe. En Bolívar, Juan José Nieto controló buena parte del territorio y sostuvo la campaña costeña. En Santander, la reacción liberal encontró terreno abonado por el precedente de Salgar. En Boyacá, Santos Gutiérrez triunfó, junto a Rafael Reyes, en Hormazaque, sumando otro estado al frente rebelde. Antioquia y Panamá quedaron, en la práctica, del lado del gobierno o al margen del conflicto en su fase decisiva.

En diciembre de 1860, apenas siete meses después del decreto inicial, las partes intentaron un entendimiento. En Santa Ana se celebraron conferencias extraoficiales que sondearon bases de acuerdo. Ospina las rechazó. La guerra continuó. En su transcurso se firmaron, entre las tropas en campaña, acuerdos que atenuaron la barbarie: el Pacto de Chinchiná, la Esponsión de Manizales y el Armisticio de Chaguaní, tres documentos que testimonian que aun en medio del enfrentamiento se buscó preservar formas mínimas de derecho de gentes.

El giro decisivo llegó en septiembre de 1861, cuando Mosquera entró a Bogotá. El 20 de ese mes, en la capital, los plenipotenciarios de siete estados —Bolívar, Santander, Tolima, Cauca, Cundinamarca, Boyacá y Magdalena— firmaron el Pacto de Unión de los Estados Unidos de Colombia. El documento reconoció a Mosquera como presidente provisional y a Juan José Nieto como vicepresidente. Antioquia, bajo la conducción conservadora que después encarnaría Pedro Justo Berrío, y Panamá quedaron fuera del pacto inicial. El nombre del país cambió: la Confederación Granadina se convirtió, en un tránsito de dos años, en los Estados Unidos de Nueva Granada, antes de que la Constitución de 1863 le devolviera la palabra Colombia.

Las operaciones militares se prolongaron durante casi todo 1862 en un rosario de combates que barrieron Cundinamarca, Boyacá, el Tolima, el norte del Cauca y Antioquia. La caída del gobierno de Ospina no cerró la guerra: los conservadores resistieron en varios frentes, y la pacificación exigió meses adicionales de campañas. Solo hacia julio de 1862 el poder de Mosquera quedó consolidado en la práctica, con Ospina depuesto, Arboleda muerto poco después en el sur y las guarniciones conservadoras rendidas o dispersas.

La desamortización: un arma de tres filos

El 9 de septiembre de 1861, en su condición de Presidente Provisorio de los Estados Unidos de Nueva Granada, Mosquera firmó el decreto de desamortización de bienes de manos muertas. La medida adjudicó a la nación los bienes pertenecientes a corporaciones civiles o eclesiásticas y estipuló que esos activos debían producir a sus antiguos propietarios un rédito del 6% anual, en un mecanismo de compensación diferida que en la práctica pocas veces se cumplió.

El decreto no llegó solo. Vino acompañado y seguido por un conjunto de medidas anticlericales: expulsión de los jesuitas, expropiación de bienes de corporaciones eclesiásticas, extinción de conventos, confinamiento del arzobispo Antonio Herrán. La Iglesia católica, principal propietaria territorial de la Nueva Granada durante tres siglos y principal poder ideológico sobre la vida cotidiana, fue desarticulada en pocos meses como potencia económica.

La medida fue polémica en su momento y sigue siéndolo en la historiografía. Mosquera la justificó como arbitrio fiscal de emergencia, tomado en medio de una guerra costosísima que había vaciado las arcas del nuevo gobierno. Se apoyó en antecedentes internacionales: las medidas de Luis XIV contra ciertas corporaciones religiosas, el gabinete español desamortizador de 1837, las leyes recientes de México. La primera gran desamortización en países católicos había ocurrido durante la Revolución francesa, y desde entonces se había convertido en el instrumento clásico del liberalismo continental para aliviar el fisco y debilitar a la Iglesia al mismo tiempo. La desamortización granadina se inscribió en esa corriente y no fue una invención local.

Pero reducirla a un mero arbitrio fiscal es insuficiente. Fue arma de tres filos. Fiscalmente, permitió a Mosquera financiar la consolidación de la victoria y las campañas que se prolongaron hasta 1862; los bienes eclesiásticos incautados se subastaron y sus rentas alimentaron al Estado en campaña. Militarmente, privó a la Iglesia del respaldo material con que podría haber apoyado una reacción conservadora futura: al desamortizar, Mosquera desmontaba el sustrato económico del enemigo ideológico. Ideológicamente, cumplió el programa de los liberales radicales —desde Manuel Murillo Toro hasta los publicistas más jóvenes de la generación de Rionegro— que veían en el poder eclesiástico el gran obstáculo para la modernización del país. La desamortización fue, en simultáneo, medida de guerra, medida de gobierno y medida de programa.

El costo social fue inmediato. Las medidas anticlericales exacerbaron los ánimos en los hogares del país. Los conflictos de orden religioso resquebrajaron la aparente calma de la vida familiar. La Iglesia perdió edificios, tierras, conventos y capacidad institucional; ganó, en cambio, una posición de víctima que le permitiría, décadas más tarde, convertirse en aliada natural de la Regeneración. El Concordato de 1887, negociado con la Santa Sede durante el gobierno de Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro, no pudo revertir la desamortización de 1861 —los bienes ya se habían dispersado en manos privadas—, pero sí restableció relaciones armónicas entre la Iglesia y el Estado. La herida quedó, sin embargo, en la memoria política del país: la Iglesia colombiana entró al siglo XX convencida de que el liberalismo era su enemigo constitutivo, y esa convicción alimentaría décadas de conflicto.

La Convención de Rionegro y el diseño del régimen radical

La Convención se instaló en Rionegro, Antioquia, en febrero de 1863. Mosquera llegó a la villa acompañado de una división militar leal. La precaución no era vana: la composición de la asamblea no le sería del todo favorable. Buena parte de los delegados —los liberales independientes, luego llamados radicales— desconfiaban del caudillo caucano tanto como habían desconfiado de Ospina, aunque por razones distintas. Habían aceptado a Mosquera como espada de la revolución, pero no estaban dispuestos a entregarle el diseño constitucional. Manuel Murillo Toro, Manuel Ancízar y otros publicistas del radicalismo llegaron a Rionegro con un programa propio, y el propio Mosquera hubo de aceptar que el texto resultante no sería el que él habría escrito.

La Constitución promulgada en 1863 dividió la nación en nueve estados soberanos, restauró el nombre de Colombia bajo la forma de Estados Unidos de Colombia y llevó el federalismo al extremo. Los estados podían ejercer cualquier función no reservada expresamente al gobierno central. Convocaban sus propias asambleas constituyentes y legislativas. Dictaban sus códigos. Definían los derechos de sufragio en su territorio. Mantenían milicias propias, sin que el gobierno federal conservara el monopolio de los medios de violencia. La carta garantizó libertad religiosa, libertad de expresión e imprenta, y mantuvo la abolición de la pena de muerte. Estableció, además, un mecanismo de reforma constitucional excepcionalmente rígido: solo podía enmendarse mediante el consentimiento unánime de todos los estados, umbral que en la práctica hacía imposible cualquier ajuste.

La Convención mantuvo y prolongó las medidas anticlericales de Mosquera. Impulsó una reforma educativa dirigida a reducir la influencia de la Iglesia sobre la formación de las nuevas generaciones. La educación laica, la tuición de cultos y la desamortización quedaron consagradas como pilares del nuevo orden.

Rionegro tuvo, sin embargo, contradicciones internas que la historiografía posterior ha señalado con precisión. Al dejar a cada estado la definición del sufragio, más de la mitad de los nueve retrocedió respecto al sufragio masculino universal conquistado en los años cincuenta, introduciendo restricciones de edad, estado civil y otras. El federalismo radical, en nombre de la soberanía estatal, permitió retrocesos democráticos en varias regiones. Y al permitir que los conservadores controlaran políticamente los estados donde eran mayoría —Antioquia bajo Berrío, luego el sur del Cauca, Tolima intermitentemente—, el régimen radical construyó, sin quererlo, los bastiones regionales desde los que la reacción conservadora se rearmaría en las dos décadas siguientes.

Causas: la contradicción estructural y el hombre concreto

La guerra de 1860-1862 tuvo dos capas de causalidad que conviene no confundir.

Como causa estructural, operó la contradicción constitutiva del federalismo de 1858. La Confederación Granadina otorgó soberanía a los estados sin resolver el arbitraje entre esa soberanía y las competencias centrales. Cuando un gobierno conservador se instaló en Bogotá con voluntad de disciplinar a los estados liberales —a través de la ley electoral, la ley de orden público, la intervención en Santander y Cauca—, la máquina reveló su falla de diseño. No había institución para arbitrar el conflicto entre estados y gobierno central. Los estados liberales concluyeron, correctamente desde su punto de vista, que las armas eran su único recurso.

Esa contradicción no era abstracta. Se apoyaba en una fractura social más honda, especialmente visible en el Cauca: el antagonismo entre una sociedad señorial heredera de la Colonia —esclavista, católica, terrateniente— y una élite ilustrada aliada con sectores populares, indígenas paeces, campesinos negros y mulatos, que buscaba liquidar ese orden. La guerra fue también, y sobre todo en el Cauca, la expresión armada de esa fractura social. Sin ella, ni la desamortización habría tenido apoyo social operativo ni las alianzas de Mosquera con Nieto y con los liberales radicales del interior habrían prosperado.

Como causa próxima, operó la agencia deliberada de Mosquera. El caudillo caucano leyó las provocaciones de Ospina como oportunidad y no solo como amenaza. Su decreto del 8 de mayo de 1860 no fue reacción refleja sino cálculo político: el momento en que el descontento regional difuso podía convertirse en refundación estatal bajo su dirección. Mosquera fue tanto producto como agente de la crisis: sin la estructura, su rebelión habría sido aventura; sin su agencia, la estructura habría producido, quizá, otra cosa —una negociación, una reforma parcial, una fragmentación—, pero no la conquista militar del país seguida de la refundación constitucional en Rionegro.

Ninguna de las dos capas explica sola el desenlace. La lectura que reduce la guerra a la ambición de un caudillo desatiende la crisis institucional real que la hizo posible y legítima ante los ojos de estados enteros. La lectura que la reduce a maduración doctrinaria del federalismo desatiende que el desenlace concreto —la dictadura provisional de Mosquera, la desamortización por decreto, el confinamiento del arzobispo, el diseño de Rionegro— llevó la firma personal del caudillo caucano.

Consecuencias inmediatas y de largo plazo

En lo inmediato, la guerra dejó al país con un nuevo nombre —Estados Unidos de Colombia—, una nueva constitución, un nuevo orden territorial dividido en nueve estados soberanos, una Iglesia desarticulada como poder económico y un ejército nacional debilitado en favor de milicias estatales. Los conservadores, derrotados, conservaron bastiones regionales, especialmente en Antioquia bajo Berrío, y desde allí sostuvieron durante dos décadas una oposición que combinaba política y armas.

A mediano plazo, la Constitución de 1863 produjo la inestabilidad crónica que el propio contemporáneo José María Samper contabilizó con exactitud: en los veinticinco años que siguieron a la implantación del federalismo radical hubo cerca de cuarenta y dos constituciones o revueltas armadas de carácter local o estatal. La imposibilidad de reformar la carta —el requisito de unanimidad— condenó al país a hacer sus ajustes por vía de guerra. El desmonte del ejército nacional favoreció la proliferación de tropas paramilitares al servicio de caudillos regionales, terratenientes y curas, en un tejido de "generales" hechos por padrinazgo político y no por mérito militar.

En lo económico, las rivalidades entre estados soberanos llegaron a producir, durante la década de 1870, aduanas internas que frenaban el comercio interior y resquebrajaban el mercado nacional. En lo político, la incapacidad del gobierno central de intervenir en los estados y los intentos de unos estados por manipular la política de sus vecinos produjeron un desgaste institucional que terminaría siendo, en la lectura de los contemporáneos, insostenible.

De ese diagnóstico brotó la Regeneración. Rafael Núñez, formado políticamente en el liberalismo pero convencido —como Samper— de que el federalismo radical había llevado al país a la ingobernabilidad, articuló desde 1880 una alianza con el Partido Conservador y con figuras como Miguel Antonio Caro que condujo al relevo de los liberales radicales en las elecciones de ese año y, tras la guerra de 1885, al reemplazo de la Constitución de Rionegro por la carta centralista de 1886. El ciclo abierto por Mosquera en 1860 se cerró un cuarto de siglo después con un giro completo: centralismo en lugar de federalismo, Concordato en lugar de desamortización, Regeneración en lugar de radicalismo.

Pero el cierre no fue completo. La Constitución de 1863, pese a su fracaso institucional, difundió entre amplios sectores de la población colombiana valores que sobrevivieron a su derogatoria: la igualdad de derechos, la libertad de expresión, el origen popular del poder político, la libertad religiosa. Esos principios dejaron de ser patrimonio de una estrecha élite educada y se convirtieron en parte de la ideología política nacional, disponibles para las luchas del siglo siguiente. Rionegro perdió como diseño institucional y ganó como legado cultural.

Por qué esta guerra sigue importando

La guerra de 1860-1862 es la bisagra que cierra el ciclo neogranadino y abre la Colombia contemporánea. Antes de ella, el país todavía se llamaba Nueva Granada y arrastraba, con nombres diversos, la arquitectura política heredada de la Independencia. Después, el país se llamó Colombia y ensayó, en dos formatos sucesivos —el federal radical entre 1863 y 1886, el centralista regenerador desde 1886—, las respuestas modernas al problema de gobernarse a sí mismo.

La guerra dejó también planteados los tres grandes problemas que Colombia arrastraría durante el siglo XX: cómo articular soberanía regional y autoridad central sin que una anule a la otra; cómo separar poder político y poder eclesiástico sin que la separación se convierta en guerra cultural; cómo procesar el desacuerdo político por vías institucionales y no por vías armadas. Los tres siguen abiertos.

Y dejó la figura de Mosquera como emblema de una forma colombiana de hacer política: la del caudillo regional que convierte una base territorial —el Cauca, en su caso— en plataforma de refundación nacional, mediante una combinación de fuerza militar, alianzas oportunistas y programa ideológico ajustado al momento. Esa figura reaparecería, con otros nombres y otras banderas, a lo largo de la historia posterior. El molde lo forjó, entre 1859 y 1862, el gobernador del Cauca que un 8 de mayo desconoció al gobierno de la Confederación y decidió, con esa firma, que la República se llamara de otra manera.