Formación de los partidos Liberal y Conservador y elección de José Hilario López (1848–1850)

Formación de los partidos Liberal y Conservador y elección de José Hilario López (1848-1850)

Entre 1848 y 1850, la Nueva Granada asistió a la codificación programática de dos corrientes políticas que llevaban dos décadas disputándose el legado de la Independencia y que ahora, forzadas por la crisis europea de febrero de 1848 y por una elección presidencial resuelta bajo presión popular, se dieron nombre, doctrina y prensa propia. Ezequiel Rojas firmó el programa liberal en julio de 1848; Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro articularon las bases conservadoras y las difundieron desde La Civilización. El 7 de marzo de 1849, en una sesión tormentosa del Congreso rodeada por artesanos armados, el general José Hilario López fue elegido presidente pese a no haber alcanzado mayoría absoluta en las urnas. En los dieciocho meses siguientes, su gobierno expulsó a los jesuitas, redujo tarifas aduaneras, preparó la abolición del estanco del tabaco y anunció el fin de la esclavitud. Ese arco corto —dos años— fijó las coordenadas del bipartidismo que estructuraría la política colombiana durante más de un siglo, y planteó desde el inicio una pregunta que aún hoy sigue abierta: si los partidos nacieron como cristalización de dos ideologías o como gramática política de fracturas sociales y regionales que ya estaban abiertas.

El país que Mosquera dejó abierto

El gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, extendido entre 1845 y 1849, es la plataforma sin la cual el arco 1848-1850 resulta ininteligible. Payanés, empresarial, obsesionado con caminos, vapores e instrucción pública, Mosquera encarnó una modernización que rompía con el legado hispánico y buscaba alinear la Nueva Granada con el influjo comercial inglés. Su instrumento decisivo fue el nombramiento de Florentino González —antiguo santanderista, doctrinario del liberalismo económico— como secretario de Hacienda.

En 1847, González impulsó una reforma arancelaria que redujo drásticamente las tarifas y adoptó el libre cambio como eje de la política económica. El giro fue brusco: Santander y Márquez habían mantenido tarifas altas por temor al hueco fiscal, y de un año para otro los artesanos de Bogotá, Socorro y Vélez —tejedores, sastres, herreros, talabarteros— quedaron expuestos a la competencia de manufacturas europeas más baratas. La medida, celebrada por importadores y comerciantes de Cartagena, fue leída como una amenaza existencial por los productores urbanos de la sabana andina.

A la reforma arancelaria se sumó, en abril de 1848, la Ley 1834 sobre tierras baldías, que autorizó al Ejecutivo a adjudicar hasta diez fanegadas al granadino que las hubiera cultivado; una ley complementaria del 28 de marzo de 1849 refinó el mecanismo. La política de tierras, la política aduanera y el programa de infraestructura formaban una misma pieza: sacar a la nación del espectro económico colonial e insertarla en la órbita de la economía mundial liberal.

El costo político fue que Mosquera, sin proponérselo del todo, creó las condiciones sociales de su propia sucesión conflictiva. Los artesanos empezaron a organizarse. La Sociedad de Artesanos de Bogotá, cuyo primer dirigente fue Ambrosio López, había nacido como asociación de protección aduanera con antecedentes que se remontaban a 1838, cuando Lorenzo María Lleras fundó una Sociedad democrático-republicana de artesanos y labradores progresistas con filiales en Tunja y Villa de Leiva. Hacia 1847-1848, con las tarifas de González encima, la Sociedad se politizó a marchas forzadas.

Al mismo tiempo, en las universidades y en los cafés bogotanos, una generación joven leía por entregas la Historia de los girondinos de Lamartine —publicada en El Censor de Medellín desde noviembre de 1848— y esperaba noticias de París. Cuando el 24 de febrero de 1848 cayó la monarquía de los Orléans, la onda expansiva llegó a la Nueva Granada casi antes de que llegara el barco: Salvador Camacho Roldán registraría en sus Memorias que la noticia impulsó repentinamente el movimiento hacia grandes reformas sociales. El pensamiento romántico francés, radical y utópico, se instaló como lengua franca de la juventud reformista. En el bando contrario, el temor al comunismo europeo se convirtió en argumento católico para que los ricos apoyaran proyectos sociales estatales y evitaran una revolución criolla equivalente.

Sobre este suelo agrietado —artesanos amenazados, juventud radicalizada, élites divididas entre importadores librecambistas y propietarios inquietos— se escribieron, casi simultáneamente, los dos programas fundacionales.

Los programas: Rojas, Ospina, Caro

Ezequiel Rojas firmó en julio de 1848 el texto que la tradición reconoce como acta programática del liberalismo. En paralelo, y sobre todo tras el 1 de marzo de 1848, Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro pusieron en circulación La Civilización, periódico bogotano donde se decantaron las bases del conservatismo. En ese órgano publicó Caro, en 1849, "La libertad y el partido Conservador", texto que ordenó la doctrina en seis oposiciones: libertad contra opresión, igualdad legal contra privilegio, tolerancia religiosa efectiva, propiedad privada contra comunismo y socialismo, seguridad contra ilegalidad, civilización contra barbarie.

La formulación de Caro es reveladora por lo que dice y por lo que calla. Reivindica la libertad, la igualdad legal y la tolerancia religiosa —vocabulario que un liberal moderado habría firmado sin objeción—, pero introduce dos ejes que definen la especificidad conservadora: la defensa de la propiedad frente al espectro socialista, respuesta directa al 1848 europeo, y la defensa de la civilización frente a la barbarie, manera de codificar la desconfianza hacia la movilización plebeya y el radicalismo democrático. El programa conservador, en manos de Ospina y Caro, sostenía que el librecambio y la soberanía del mercado eran compatibles con —y de hecho exigían— un orden social jerárquico anclado en la tradición cultural hispánica. Esa combinación —economía moderna, sociedad jerárquica— fue su contradicción interna y su fuerza política.

El programa liberal, por su parte, se construyó sobre una antropología distinta: la sociedad como suma de individuos racionales y jurídicamente iguales, y el Estado como instrumento para desmontar las instituciones coloniales que inmovilizaban capital y trabajo. Manumisión, resguardos, diezmos, estancos, alcabalas, mayorazgos eclesiásticos: todo el andamiaje heredado del virreinato debía caer para liberar las fuerzas productivas. En esta lógica, la abolición de la esclavitud y la partición de resguardos indígenas no eran solo actos humanitarios sino operaciones económicas.

Conviene, sin embargo, no leer estos programas como espejos ideológicos puros. Los nombres mismos —Liberal, Conservador— no entraron en uso regular hasta mediados de siglo, y las organizaciones partidistas permanentes con alcance nacional recién aparecerían hacia 1880. Lo que se produjo en 1848-1849 no fue la fundación de dos aparatos, sino la publicación simultánea de dos gramáticas que permitían a fracciones ya existentes reconocerse, coaligarse y disputarse el Estado. Bajo ese vocabulario compartido convivían intereses muy distintos: importadores costeños y artesanos del Socorro cabían, por razones opuestas, en el mismo campo liberal; hacendados esclavistas del Cauca y clérigos antioqueños convivían en el conservador.

Marzo de 1849: el Congreso bajo presión

La elección presidencial de 1849 llegó a un Congreso con mayoría conservadora. El liberalismo, ya unificado en torno a la candidatura del general José Hilario López —veterano de la Independencia, prestigio militar del sur—, enfrentó a dos candidatos del oficialismo: el vicepresidente Rufino Cuervo, hombre de Mosquera, y Joaquín José Gori, antiguo bolivariano respaldado por sectores eclesiásticos preocupados por las medidas que se avecinaban contra la Iglesia.

En la votación popular, López obtuvo la mayor cantidad de sufragios, pero no alcanzó la mayoría absoluta. La Constitución obligaba entonces a que el Congreso decidiera. La sesión se convocó para el 7 de marzo de 1849.

Lo que ocurrió ese día es uno de los episodios más discutidos del siglo XIX colombiano. La Sociedad de Artesanos de Bogotá se congregó frente al recinto del Congreso. Sus miembros, muchos de ellos armados, presionaron a los diputados durante la deliberación. La descripción canónica habla de un pueblo vociferante y tal vez armado; otras versiones son más categóricas y hablan directamente de artesanos armados que influyeron de manera decisiva. La sesión fue calificada, incluso por observadores simpatizantes, como tormentosa.

El Congreso, mayoritariamente conservador, terminó eligiendo a López. La decisión fue una ruptura fuerte con el pasado inmediato: sin la presión de la calle, la aritmética parlamentaria habría llevado a Cuervo o Gori a la presidencia, y la agenda reformista habría seguido un calendario distinto —o no habría existido con la radicalidad que tuvo—. Los conservadores derrotados registraron el 7 de marzo como una violación del orden institucional; los liberales lo celebraron como triunfo popular. La lectura posterior lo ha situado como el momento en que la movilización plebeya urbana entró, por primera vez desde la Independencia, como actor con capacidad de veto sobre una elección presidencial.

La consecuencia inmediata sobre la Sociedad de Artesanos fue paradójica. Nacida para pedir protección arancelaria, salió del 7 de marzo transformada en club político del partido que la había convocado. Cambió de nombre —pasó a llamarse Sociedad Democrática— y pronto se multiplicó en filiales por otras ciudades. El propio López simpatizó secretamente con la Sociedad Democrática de Bogotá y asistió a al menos una de sus sesiones. El gobierno liberal comprendió rápidamente la utilidad de disponer de organizaciones populares armadas, dispuestas a defender el régimen: las Sociedades Democráticas incluyeron desde entonces ejercicios militares en sus actividades y sus miembros mantuvieron sus armas.

Los artesanos, que habían entrado al Congreso el 7 de marzo para defender la protección de sus talleres, salieron convertidos en base electoral y milicia de un partido cuya élite dirigente —Florentino González continuaba escribiendo, Manuel Murillo Toro empezaba a ganar posiciones— era doctrinariamente librecambista. La contradicción quedó incubada. Estallaría cinco años después, cuando en 1854 la propia Sociedad Democrática, dirigida entonces por Ambrosio López, respaldaría el golpe del general José María Melo contra el gobierno de Obando en oposición a una nueva reducción de tarifas.

López en la presidencia: la aceleración reformista

José Hilario López llegaba al poder con una biografía que lo autorizaba ante todos los sectores. Prisionero de los españoles durante la Independencia, había sido condenado a muerte por quintamiento el 18 de agosto de 1816 junto con Rafael Cuervo, Mariano Posse y Alejo Sabaraín. Al escuchar la sentencia, refieren las crónicas, lió un cigarrillo con toda tranquilidad. Como prisionero fue obligado a formar parte del pelotón que fusiló a Policarpa Salavarrieta y a empedrar la plaza mayor de Bogotá. Recuperó la libertad por un indulto concedido el 24 de julio de 1819 con ocasión del cumpleaños del virrey Sámano, apenas dos semanas antes de Boyacá. Acompañó a Bolívar en la campaña venezolana de 1820-1821 y desde 1822 combatió en el sur contra las huestes realistas del caudillo Agualongo.

Ese pasado —serenidad ante el pelotón, disciplina bajo el cautiverio, campañas del sur— le daba autoridad militar en Popayán y Cali, ascendiente entre los oficiales veteranos, y una imagen republicana ilustrada. Sobre esa base política construyó un gabinete que expresaba la coalición: Manuel Murillo Toro en Hacienda, doctrinario librecambista; ministros con simpatías hacia el reformismo radical; una relación cercana, aunque nunca formal, con las Sociedades Democráticas.

Las medidas se sucedieron con velocidad. En mayo de 1850, López expulsó a los jesuitas de la Nueva Granada, medida cargada de simbolismo antiaristocrático y anticorporativo. En materia económica, redujo las tarifas aduaneras en un quinto, profundizando la ruta abierta por González en 1847, y preparó la abolición del estanco del tabaco, medida técnicamente arriesgada por ser el tabaco una de las principales fuentes de ingresos del Estado, pero programáticamente coherente con el desmonte de los monopolios coloniales. Uno tras otro cayeron gravámenes de origen colonial: la alcabala, los derechos de exportación, los diezmos, el impuesto al aguardiente, el de hipoteca y registro.

Murillo Toro sintetizó la lógica: las aduanas eran una necesidad transitoria de carácter fiscal, y su horizonte era la supresión. La época librecambista, se diría después, se había iniciado tímidamente con Florentino González y decididamente con Murillo Toro. La abolición del estanco del tabaco, ejecutada más tarde, permitiría que la producción creciera de manera sostenida y que el tabaco se convirtiera en un renglón mayor de exportación, sentando bases para las grandes empresas comerciales de la década siguiente.

En el frente eclesiástico, el gobierno preparó lo que sería la ley del 27 de mayo de 1851, que atacaría el control eclesiástico estimulando la participación de la feligresía —a través de los cabildos civiles— en la elección de párrocos. La medida, cuando llegó, provocaría un cisma en Antioquia y el destierro del arzobispo Manuel José Mosquera de Bogotá y de los obispos de Cartagena y Pamplona. En la Cámara de Representantes, el sacerdote y diputado Juan Nepomuceno Azuero llegaría a plantear un cisma total de la iglesia granadina para separarla de Roma, propuesta inusitada que dio la medida del clima anticlerical del momento.

El paquete se completaría con la abolición de la esclavitud, sancionada el 21 de mayo de 1851 para tener efecto el 1 de enero de 1852. Hacia 1850, la población esclava había descendido a unos 17.000 individuos —menos del 1% de la población nacional, frente al 4% de 1825— por efecto acumulado del cimarronaje, la huida, la participación en guerras civiles y algunas manumisiones. Entre 1843 y 1849, las poblaciones esclavas de Cartagena y Santa Marta se redujeron a la mitad. La ley de 1851 no liberó, en rigor, a una masa demográfica enorme; liberó a un sistema jurídico y económico ya erosionado, pero lo hizo con un simbolismo político que enfureció a los propietarios del Cauca y del Patía, para quienes la medida no solo lesionaba intereses sino que anunciaba un orden social invertido.

En conjunto, las reformas de 1850-1851 —expulsión de los jesuitas, libre cambio, desmonte de gravámenes coloniales, elección popular de párrocos, abolición de la esclavitud, partición de resguardos, sufragio masculino universal— fueron más radicales que las adoptadas contemporáneamente en el resto de América Latina. México llegaría a algo equivalente solo con la Reforma de Juárez, casi una década después; Argentina y Chile mantuvieron por décadas más el orden confesional y corporativo que López estaba desmontando en dos años.

Fracturas: qué había debajo de los programas

Para leer bien lo que ocurrió, conviene volver a la pregunta de fondo. ¿Los partidos de 1848-1849 reflejaron dos ideologías o codificaron conflictos sociales previos?

Hicieron ambas cosas, pero no de manera simétrica. Los programas de Rojas y de Ospina-Caro no fueron destilaciones neutras de intereses de clase: reordenaron esos intereses, los cruzaron y, en el caso liberal, construyeron una coalición internamente contradictoria.

Las fracturas eran reales y previas. Los artesanos urbanos —protecionistas por necesidad— se enfrentaban a los importadores costeños —librecambistas por vocación—: una fractura de intereses económicos directos activada por la reforma de González en 1847. Los propietarios esclavistas del Cauca, temerosos desde antes de las manumisiones aisladas de las décadas de 1820 y 1830, se oponían a los sectores urbanos abolicionistas: una fractura regional y moral. Los gólgotas —fracción radical del liberalismo, alimentada por Lamartine y por las noticias de París— disputaban con los draconianos —liberales más moderados, cercanos al ejército y a la protección artesanal— la orientación del propio partido liberal. El centro andino, con Bogotá como núcleo administrativo, mantenía una relación tensa con las periferias: Antioquia católica y comerciante, la costa importadora, el Cauca esclavista, Pasto realista de tradición.

Ninguna de estas fracturas encajaba limpiamente en la oposición Liberal-Conservador. Los importadores costeños y los artesanos bogotanos, adversarios económicos directos, terminaron ambos en el campo liberal —los primeros como financistas del programa, los segundos como músculo electoral y militar—. Los hacendados esclavistas caucanos y los clérigos antioqueños, con proyectos vitales muy distintos, coincidieron en el campo conservador. La afinidad electiva entre programa e interés era, por eso, un artefacto político: se construía en cada coyuntura, no derivaba mecánicamente de la posición social.

La contradicción más elocuente estaba en el propio partido liberal. Los artesanos que empujaron a López al poder el 7 de marzo de 1849 eran proteccionistas; el gobierno que ejecutaron desde ese día en adelante fue librecambista. La rebaja aduanera de un quinto, la abolición del estanco del tabaco, la supresión de gravámenes internos: cada una de esas medidas favorecía a los importadores y perjudicaba a los talleres urbanos. La coalición liberal se sostuvo mientras las reformas anticlericales y antiesclavistas dieron a los artesanos motivos simbólicos y militares para seguir movilizados. Cuando el programa librecambista mordió, la coalición estalló: primero en las tensiones internas entre gólgotas y draconianos, luego en el golpe melista de 1854.

Esta lectura no niega la importación ideológica. La revolución francesa de febrero de 1848 fue decisiva. Proveyó a los gólgotas su lenguaje —romántico, radical, plebeyo, alimentado por Lamartine y por los debates de la Segunda República— y proveyó a los conservadores su argumento estelar: el fantasma del comunismo europeo, útil para persuadir a las élites católicas de que sin caridad organizada las clases desheredadas replicarían en Bogotá lo que había ocurrido en París. Los programas de Rojas y Ospina-Caro fueron, en ese sentido, adaptación criolla de debates europeos superpuesta a tensiones locales. La lengua fue en parte prestada; la sintaxis y la gramática se armaron con materia propia.

Y sin embargo, la contingencia también pesó. Sin la presión física de los artesanos armados en el Congreso el 7 de marzo, la mayoría conservadora habría elegido a Cuervo o a Gori, y el arco reformista habría sido otro —más gradual, más negociado, quizá menos anticlerical, casi con seguridad menos abolicionista en sus tiempos—. Reconocerlo no relativiza las fracturas estructurales: las confirma, mostrando que necesitaron una coyuntura precisa para volverse Estado. La estructura hace posible el evento; el evento realiza la estructura.

Lo que quedó fijado

Al cerrarse 1850, la Nueva Granada tenía dos partidos con programas escritos, prensa propia, base electoral movilizada, memoria política reciente y agravios mutuos suficientes para durar un siglo. Tenía un presidente con legitimidad militar y con una coalición que empezaba a mostrar sus grietas internas. Tenía un Estado que había decidido desmontar aceleradamente el orden colonial —fiscal, eclesiástico, servil— y una élite conservadora que veía en ese desmonte no una reforma sino una ruptura civilizatoria.

Las consecuencias de largo plazo se ordenan en cuatro planos. En lo político, quedó instalado el bipartidismo que atravesaría el siglo XIX y buena parte del XX, con nombres, símbolos y adhesiones hereditarias que sobrevivirían a la Constitución de 1853, a la de 1863, a la Regeneración, a la Guerra de los Mil Días y a la Violencia. En lo social, quedó incorporada la movilización popular urbana como actor con capacidad de intervenir en las decisiones nacionales —una incorporación que las élites de ambos partidos leerían con desconfianza y que las Sociedades Democráticas encarnarían hasta su dispersión tras 1854—. En lo económico, quedó fijado el rumbo librecambista, con la aduana como necesidad transitoria y el tabaco como primera apuesta exportadora sostenida. En lo cultural, quedó establecida la antinomia civilización-barbarie como matriz interpretativa: los liberales la usaron contra el orden colonial; los conservadores contra el radicalismo plebeyo. Ambos hablarían el mismo idioma para decir cosas opuestas.

Queda también la pregunta sin cerrar. El bipartidismo colombiano no fue el reflejo de dos filosofías puras enfrentándose en el terreno de las ideas, ni fue el mero disfraz de intereses económicos irreconciliables. Fue una operación política en la que dos gramáticas —una liberal, una conservadora— capturaron y reordenaron fracturas previas, prometieron a coaliciones diversas cosas parcialmente incompatibles, y ganaron la capacidad de disputarse el Estado post-santanderista con vocabularios reconocibles. En esa captura hubo verdad y hubo engaño, ideología y cálculo, importación y invención. Y hubo, sobre todo, el 7 de marzo de 1849: una fecha en que la política colombiana se decidió por primera vez con las galerías del Congreso llenas de artesanos armados, y en que quedó fundado el modo en que este país discutiría, durante generaciones, quién manda y en nombre de qué.