República de la Nueva Granada (1831–1862)

República de la Nueva Granada

Entre 1831 y 1862, el territorio que hoy llamamos Colombia se organizó como República de la Nueva Granada y, en su tramo final, como Confederación Granadina. Nació de las ruinas del proyecto grancolombiano —Venezuela y Ecuador se habían separado en 1830, Bolívar había renunciado en mayo de ese año y muerto en diciembre— y terminó cuando la victoria militar de Tomás Cipriano de Mosquera dio paso, en 1863, a los Estados Unidos de Colombia. En esos treinta y dos años cabe la construcción entera de un Estado republicano moderno: cinco constituciones, media docena de guerras internas mayores y menores, la abolición de la esclavitud, la expulsión de los jesuitas, la desamortización de los bienes de la Iglesia, la adopción del librecambio, la primera exploración científica del territorio y el nacimiento formal de los partidos Liberal y Conservador. Fue el laboratorio donde las élites criollas ensayaron —a golpe de convenciones y de balas— qué tipo de nación construir sobre el fracaso bolivariano, y donde los artesanos de Bogotá, los pastusos anticlericales, los caudillos del Cauca y las comunidades indígenas del altiplano recordaron a esas élites que ningún experimento se hace en el vacío.

La disolución de la Gran Colombia había dejado a Nueva Granada en una situación paradójica. Era el corazón geográfico del proyecto bolivariano —Bogotá había sido su capital— pero también su parte más reticente al modelo centralista y militarista del Libertador. La Constitución Admirable de 1830, redactada cuando ya Venezuela y Ecuador se separaban y Bolívar renunciaba, nació muerta: no tuvo territorio real sobre el cual regir. El general venezolano Rafael Urdaneta ocupó el vacío de poder en Bogotá y ejerció una dictadura militar breve, contra la que se levantaron los partidarios de Francisco de Paula Santander. De esa guerra civil de 1830-1831, y de los caudillos regionales que se abrieron paso en ella, salió la Convención que sesionó en Bogotá entre el 20 de octubre de 1831 y el 29 de febrero de 1832.

El 17 de noviembre de 1831 se constituyó formalmente la República de la Nueva Granada, incluso antes de que la nueva carta fuese promulgada. La Constitución del 29 de febrero de 1832 bautizó al país con ese nombre en su artículo primero, suprimió los departamentos grancolombianos, dividió el territorio en provincias autónomas y estableció que los funcionarios públicos son "agentes de la Nación y responsables de sus actos". Era una fórmula intermedia: ni el centralismo férreo de Bolívar ni un federalismo pleno, sino una república unitaria con provincias fuertes, un Consejo de Estado ratificado como órgano consultivo y un ejecutivo civil que buscaba, por fin, sacar al ejército del centro de la política.

La tensión central del período quedó fijada desde ese inicio: cómo distribuir el poder entre el gobierno de Bogotá y las provincias, cómo pagar el Estado sin las rentas coloniales, qué hacer con la Iglesia católica —principal terrateniente y prestamista del país— y cómo integrar un territorio quebrado por la cordillera, con poblaciones que en muchos casos se sentían más leales a su cabildo que a la República. Cada una de esas preguntas produjo, en algún momento entre 1832 y 1862, una guerra.

La sociedad neogranadina de mediados de siglo era predominantemente rural, católica y jerárquica. La Iglesia, además de organizar la vida cotidiana desde el bautismo hasta el entierro, era el mayor terrateniente del país: hacia 1861, sus propiedades se avaluaban en diez millones de pesos, cuando el presupuesto nacional del Estado era de apenas dos millones. Esa desproporción es la cifra clave del período: explica por qué el conflicto religioso no fue una disputa doctrinal marginal sino la pelea económica y política central.

La economía se sostenía sobre bases coloniales que las reformas fueron desmontando por partes. El oro, extraído en el Cauca y Antioquia, seguía siendo la exportación más constante y solo sería superado por el café en 1890. El tabaco, sujeto al estanco —monopolio estatal que era una de las principales fuentes de ingreso fiscal—, esperaba su liberación para convertirse en el primer gran producto de exportación republicano. Entre 1850 y 1875, ya abolido el estanco, las exportaciones de tabaco promediarían entre dos y tres millones de pesos oro anuales. Las quinas, el añil, el algodón —este último por el vacío que dejó la guerra civil estadounidense entre 1861 y 1865— completaban un patrón de auges cortos y monoexportadores, orientados a aprovechar escaseces del mercado mundial más que a construir sectores estables.

Los artesanos urbanos —sastres, herreros, carpinteros, zapateros de Bogotá, Cali, Popayán, Socorro— formaban un sector protegido por tarifas que oscilaron entre el 17% y el 20% para textiles importados entre 1831 y 1840. Su lugar en el orden productivo era precario. La navegación a vapor por el Magdalena, que comenzó a expandirse a mediados de siglo, y la llegada masiva de manufacturas europeas y estadounidenses al abrirse las aduanas los pondrían frente a una competencia que ya no era solo comercial sino tecnológica. Serían, en la década de 1850, la única base popular urbana con capacidad de organizarse políticamente y de tomar las armas.

Los indígenas conservaban resguardos comunales heredados de la Colonia, especialmente en el altiplano cundiboyacense, en Nariño y en el sur del Cauca. Pagaban tributo hasta que Santander lo abolió durante su presidencia. Los esclavos —descendientes de africanos concentrados en las minas del Pacífico y en las haciendas del Cauca y del bajo Magdalena— habían sido beneficiados por la ley de libertad de vientres del Congreso de Cúcuta de 1821, pero la esclavitud como institución sobreviviría treinta años más, sostenida por la resistencia de los hacendados caucanos y por una demografía servil que renovaba sus filas más rápido de lo que la ley las liberaba.

Sobre esa sociedad se movían dos élites que, aunque compartían origen criollo, formación jurídica y estilo de vida, discrepaban cada vez más sobre el modelo de país. La primera se agrupaba en torno a Santander y a su idea de una república legalista, civilista, gradualmente reformadora, centralista con concesiones a las provincias, tolerante con la Iglesia pero decidida a subordinarla al Estado. La segunda, heredera del bolivarianismo, defendía un orden más jerárquico, una alianza más estrecha con la Iglesia y —tras un desvío inicial librecambista— acabaría representando a los grandes terratenientes. De la fricción entre ambas, y de las divisiones internas de cada una, nacerían el Partido Liberal y el Partido Conservador.

Santander había ganado las elecciones presidenciales estando exiliado, acusado por la conspiración del 25 de septiembre de 1828 contra Bolívar. Aceptó el cargo desde Nueva York, regresó y se posesionó en 1832 como primer presidente de la Nueva Granada. Su gobierno, que se extendió hasta 1837, fue el asentamiento institucional de la República. "El adalid de las leyes", lo llamaron sus contemporáneos: impulsó la educación pública, la agricultura, la industria naciente, las relaciones diplomáticas con las nuevas repúblicas americanas y con Europa. Abolió el tributo indígena. Creó el Colegio de La Merced para la educación de las mujeres. En el terreno político, sin embargo, no logró impedir que la sucesión se convirtiera en el primer conflicto abierto entre facciones: al terminar su mandato, entregó la presidencia a José Ignacio de Márquez, candidato al que se había opuesto por sus gestos conciliadores hacia los antiguos bolivarianos.

La presidencia de Márquez (1837-1841) heredó todas las tensiones no resueltas. En mayo de 1839, el Congreso aprobó extinguir cuatro conventos menores de Pasto que contaban con menos de ocho sacerdotes, medida legal y aparentemente administrativa. Los pastusos, ferozmente católicos, se levantaron en armas. Lo que había empezado como una rebelión regional se contagió: caudillos de distintas provincias —que se autodenominaron "supremos"— se sumaron con reclamos difusos que iban del federalismo a la protesta contra las condiciones de miseria de trabajadores y esclavos, pasando por ajustes de cuentas locales. Parte de los rebeldes se movilizó bajo la idea de que el gobierno buscaba perjudicar al general José María Obando en beneficio de los intereses de Pedro Alcántara Herrán y Tomás Cipriano de Mosquera. Obando quedó en el centro del huracán, en una posición ambigua que lo marcaría el resto de su vida.

La Guerra de los Supremos (1839-1842) fue el primer gran cataclismo del período. Santander se opuso a la revuelta y se negó a respaldarla, pero la mayoría de sus seguidores más intransigentes la apoyaron. José Hilario López optó por la abstención y la mediación. El gobierno, sostenido por los antiguos bolivarianos —Herrán y Mosquera entre las figuras principales—, se impuso militarmente. La consecuencia política fue de largo aliento: los liberales moderados y los bolivarianos, aliados en el bando gubernamental, se consolidaron en una coalición de gobierno con inclinaciones centralistas y conservadoras, expresada en la Constitución de 1843. Los liberales más intransigentes, derrotados, quedaron marcados. En esa bifurcación —los que se alinearon con el orden y los que se alinearon con la rebelión— hay que buscar el embrión de los partidos que se nombrarían formalmente una década más tarde.

La presidencia de Mosquera (1845-1849) trajo el giro económico decisivo. Su secretario de Hacienda, Florentino González —un liberal doctrinario, formado en la lectura de Bastiat, Say y el utilitarismo de Bentham—, impulsó en 1847 la reforma arancelaria que adoptó el librecambio como doctrina de Estado. Era el fin del proteccionismo colonial. La Nueva Granada apostaba por integrarse al mercado mundial vendiendo materias primas y comprando manufacturas.

El 7 de marzo de 1849 tuvo lugar el episodio que fija la bisagra del período. En una sesión tormentosa, después de que ninguno de los candidatos hubiera obtenido mayoría absoluta en las elecciones cantonales, el Congreso tuvo que elegir presidente entre las opciones disponibles. Alrededor del recinto, y presionando visiblemente sobre los electores, se apostaron los artesanos bogotanos organizados. Tras al menos dos votaciones y una tensión enorme, resultó elegido el general José Hilario López. La irrupción popular sobre el proceso institucional inauguraba una nueva fase.

El gobierno de López (1849-1853) desató la mayor tanda de reformas del siglo XIX colombiano, y lo hizo con un vértigo que difícilmente encuentra paralelo. En 1850 expulsó a los jesuitas, apenas recién readmitidos en el país, y ordenó ese mismo año la disolución de los resguardos indígenas para partir sus tierras comunales: los indios serían, por decreto, propietarios individuales, y por la lógica del mercado, muy pronto ex propietarios frente a hacendados y compradores atentos. Cayó la alcabala, cayeron los diezmos, cayó el impuesto al aguardiente, cayó el estanco del tabaco —la joya del fisco heredado— y con ellos el andamiaje entero de las rentas coloniales. El 21 de mayo de 1851, una ley terminó lo que Cúcuta había apenas empezado treinta años antes y declaró abolida la esclavitud. Seis días después, el 27 de mayo, otra ley entregó a los cabildos civiles la elección de párrocos: un ataque frontal a la autonomía eclesiástica que produjo un cisma en Antioquia y llevó al destierro al arzobispo Manuel José Mosquera de Bogotá y a los obispos de Cartagena y Pamplona, que se negaron a obedecerla.

En 1853, ya bajo la presidencia de José María Obando (1853-1854), se proclamó el 21 de mayo una nueva Constitución. Establecía por primera vez la libertad de cultos, el sufragio universal masculino sin restricciones de alfabetismo ni riqueza, el federalismo de facto —las provincias podrían redactar sus propias constituciones y elegir gobernadores— y eliminaba la personería jurídica de la Iglesia católica. Era, en el papel, uno de los textos más radicales del continente en su momento.

Pero el liberalismo triunfante ya se estaba partiendo por dentro. La abolición del estanco del tabaco y las tarifas bajas favorecían al sector exportador y comerciante, no al artesano. Los gólgotas, radicales librecambistas ligados al comercio, chocaban con los draconianos, defensores del proteccionismo y con base social en artesanos y manufactureros. Obando, elegido con apoyos que incluían a los draconianos, quedó atrapado entre ambos. Las Sociedades Democráticas —originalmente Sociedades de Artesanos que buscaban protección aduanera, transformadas en clubes políticos por el gobierno liberal— se militarizaban: practicaban ejercicios y sus miembros se mantenían armados.

El 17 de abril de 1854, el general José María Melo, jefe militar de la guarnición de Bogotá, dio un golpe con apoyo de las Sociedades Democráticas y de amplios sectores artesanales. Era la primera vez que la coalición militar-artesanal tomaba el poder en Colombia. Obando, presidente constitucional, se negó a legitimar la asonada y fue depuesto. La coalición entre conservadores y gólgotas —la comunidad de intereses que se había reconocido oficialmente ya en las elecciones de 1853, cuando el liberal Florentino González fue adoptado como candidato conservador— se rearmó para combatir el gobierno de Melo. Tras varios meses de guerra, aplastó a los rebeldes. Los artesanos fueron desarmados, muchos deportados a Panamá y al Chagres. Melo salió al destierro. Las tarifas no cambiaron de manera brusca —seguirían siendo bajas hasta los años ochenta—, pero la posibilidad política de un giro proteccionista quedó enterrada bajo los cuerpos de aquella derrota.

Sobre las ruinas de esa alianza, el país siguió deslizándose hacia el federalismo. En 1855, el Congreso reformó la Constitución de 1853 para conceder estatuto federal a Panamá como excepción, y autorizó a crear otros estados federales por ley simple. En 1856 se creó el estado de Antioquia. En 1857 nacieron los de Cauca, Cundinamarca, Bolívar, Magdalena, Santander y Bogotá. Cuando en 1858 se promulgó la Constitución Política de la Confederación Granadina, bajo la presidencia del conservador Mariano Ospina Rodríguez, no hizo sino formalizar un federalismo que las provincias ya habían impuesto desde abajo. La Confederación se organizaba en ocho estados —Antioquia, Bolívar, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y el estado de Bogotá o su equivalente—; el gobierno general se reservaba las relaciones exteriores, el ejército y la marina, la legislación marítima, el crédito nacional, el comercio exterior y costanero y la libertad de comercio entre estados. Todo lo demás quedaba a los estados, que podían legislar hasta en materia mercantil terrestre.

El experimento federal apenas duró en paz. En 1859-1860 estalló una nueva guerra civil, la más grave del período. Los liberales, comandados por Mosquera —que había cruzado la línea partidaria y ahora se enfrentaba a sus antiguos aliados conservadores— se levantaron contra el gobierno de Ospina Rodríguez. La guerra se libró entre 1860 y 1861 con episodios que quedaron nombrados por sus acuerdos: el Pacto de Chinchiná, la Esponsión de Manizales, el Armisticio de Chaguaní. El 9 de septiembre de 1861, en medio del conflicto, Mosquera expidió el decreto de desamortización de bienes de manos muertas, expropiando las propiedades de corporaciones civiles y eclesiásticas en favor de la nación. Era la última pieza del ciclo reformista y, en términos fiscales, la más audaz: la Iglesia, con sus diez millones de pesos en propiedades frente a los dos millones del presupuesto nacional, quedaba desapoderada de golpe. La motivación principal fue fiscal —aliviar el tesoro agobiado por deudas y guerras—, aunque sus efectos económicos y sociales excedieron con mucho ese propósito.

Los liberales ganaron la guerra. En 1863, en Rionegro, una Convención adoptó la nueva Constitución de los Estados Unidos de Colombia, con nueve estados soberanos, milicias propias, un ejecutivo débil y un federalismo llevado a extremos sin paralelo en la historia constitucional latinoamericana. Con ese texto, y con la victoria liberal que lo hizo posible, terminaba el período de la Nueva Granada.

Los actores

Francisco de Paula Santander presidió la República entre 1832 y 1837 con el aura del civilista que había resistido al militarismo bolivariano, y sus contemporáneos lo llamaron "el adalid de las leyes" con razón: bajo su mano se pusieron los primeros marcos administrativos duraderos del Estado. Pero fue también, con la misma mano, el hombre que dividió a su propia clase entre santanderistas intransigentes y moderados dispuestos a convivir con los antiguos bolivarianos. Esa fractura le sobrevivió más de lo que él mismo habría deseado.

Después de él, la política del período gira sobre seis presidentes que se cruzan, se traicionan y se reciclan: José Ignacio de Márquez, José Hilario López, José María Obando, Pedro Alcántara Herrán, Mariano Ospina Rodríguez y Tomás Cipriano de Mosquera. Mosquera es el más difícil de encasillar y por eso el más elocuente. Bolivariano de origen, presidente conservador entre 1845 y 1849 —bajo cuyo gobierno se adoptó el librecambio—, jefe militar de la revolución liberal de 1860, autor de la desamortización, presidente después de los Estados Unidos de Colombia: su biografía es la de un partido entero que cambia de piel según la década. Los partidos existían menos como estructuras firmes que como coaliciones cambiantes de caudillos, intereses regionales y programas de ocasión.

Obando encarna la ambigüedad draconiana. Su nombre aparece en el origen de la Guerra de los Supremos —no como combatiente confirmado, sino como bandera cuya defensa movilizó a los rebeldes—, y su presidencia de 1853-1854 lo dejó atrapado entre las facciones liberales hasta que el golpe de Melo, que él se negó a legitimar, lo derribó. José María Melo, por su parte, fue el general que en abril de 1854 intentó lo imposible: convertir al ejército y a los artesanos en la base de un gobierno alterno al de las élites civiles.

En la trastienda ideológica del período aparecen figuras que valen más por sus escritos que por sus batallas. Florentino González fue el arquitecto intelectual del librecambio granadino, y el hombre cuya coherencia doctrinaria explica que un liberal terminara siendo candidato conservador en 1853. Ezequiel Rojas puso en fórmula doctrinal el credo liberal; Manuel Murillo Toro, publicista del radicalismo, proyectaría su influencia sobre todo hacia la etapa posterior. Del lado conservador, Julio Arboleda —poeta, hacendado esclavista del Cauca, políglota— fue la voz más elocuente del partido; José Eusebio Caro y Mariano Ospina Rodríguez formularon su doctrina fundacional. Los tres —Ospina, Arboleda, Caro— habían defendido inicialmente el librecambio; solo con el impacto de las revoluciones europeas de 1848 y del radicalismo plebeyo local acentuaron la dicotomía entre libertad económica y democracia social, y sostuvieron que el mercado y la jerarquía podían ser compatibles dentro de la tradición cultural hispánica. Juan José Nieto, desde Cartagena, encarnó el liberalismo costeño en su vertiente popular. Rafael Núñez, en cambio, apenas asomaba: en los años cincuenta militaba entre los liberales, sin saber todavía que sería él quien clausurara el ciclo dos décadas más tarde.

Esos hombres actuaban sobre un mapa que ponía condiciones tan firmes como sus doctrinas. Bogotá, capital administrativa y centro de las conspiraciones, era todavía una ciudad fría y provinciana donde una revuelta artesanal podía condicionar una elección presidencial; Cartagena, puerto glorioso de la Colonia, arrastraba una decadencia visible desde la Independencia y encontraba en Juan José Nieto su voz política. Popayán mandaba en el Cauca con la aristocracia culta y esclavista que dio a Mosquera y a Arboleda. Pasto rezaba y se sublevaba con la misma convicción, y una decisión sobre cuatro de sus conventos bastó para incendiar el país en 1839. Antioquia labraba, por debajo de la política nacional, la identidad regional minera y mercantil que estallaría más tarde. Casanare aportaba llaneros y caudillos. Y el río Magdalena, arteria imprescindible, se convertía —vapor a vapor, cargamento de tabaco tras cargamento de tabaco— en el eje material sobre el que las reformas se hacían posibles o imposibles.

Las transformaciones

Lo que cambió realmente entre 1831 y 1862 fue el pacto fundamental sobre el que se sostenía la sociedad. Primero, se abolió la esclavitud: la ley del 21 de mayo de 1851 completó el ciclo abierto en Cúcuta treinta años antes y liberó a decenas de miles de personas, particularmente en el Cauca y el Pacífico, no sin resistencia de los hacendados y con compensación estatal a los antiguos amos. Segundo, se abolió el tributo indígena y, con la ley de 1850, se disolvieron los resguardos y se dividieron sus tierras comunales, empujando a las comunidades hacia el mercado en condiciones desfavorables. Tercero, se desmontaron las rentas coloniales —alcabala, diezmos, impuesto al aguardiente— y el estanco del tabaco, sustituyendo el sistema fiscal barroco por uno basado en aduanas y contribuciones directas provinciales.

Cuarto, y quizá el cambio de mayor consecuencia, se subordinó a la Iglesia. La expulsión de los jesuitas en 1850, la elección popular de párrocos en 1851, la eliminación de la personería jurídica de la Iglesia en la Constitución de 1853, la libertad de cultos en el mismo texto y la desamortización de 1861 constituyen, en conjunto, la mayor transformación del vínculo entre poder espiritual y poder civil ocurrida en Colombia hasta la Constitución de 1991. La Iglesia perdió el monopolio del culto, buena parte de su base económica y su condición de socio institucional del Estado. El Concordato de 1887 restauraría parte de sus prerrogativas, pero nunca la totalidad de lo perdido.

Quinto, se rehízo la organización territorial. Se pasó de una república unitaria con provincias (1832) a una república unitaria descentralizada (1853), a una confederación de ocho estados (1858) y a los Estados Unidos de Colombia con nueve estados soberanos (1863). Al final del período, la Iglesia había sido desapoderada, los esclavos manumitidos, los resguardos disueltos y el poder desconcentrado hasta el extremo. Los conservadores estaban derrotados y los liberales, tras haber gobernado apenas una parte del período, iban a dominar la escena política durante dos décadas.

Sexto, se transformó la economía. La adopción del librecambio en 1847, la abolición del estanco del tabaco y la expansión de la navegación a vapor por el Magdalena integraron a Colombia al mercado mundial como exportador de materias primas. El tabaco se convirtió en el primer gran producto de exportación no aurífero: entre 1850 y 1875, sus exportaciones promediaron entre dos y tres millones de pesos oro anuales. Se sumaron ciclos breves —quinas, algodón durante la guerra estadounidense, añil— y el oro siguió como base constante. Nació una clase de grandes comerciantes importadores enriquecida por las aduanas. Pero el patrón era frágil: auges cortos de un solo producto, sin diversificación y sin construcción de infraestructura sostenida. El valor per cápita de las exportaciones a mediados de siglo era similar o inferior al de comienzos, y la incorporación al mundo moderno resultó, en palabras de los propios contemporáneos, extremadamente penosa.

Séptimo, se hizo por primera vez un intento sistemático de conocer el país. La Comisión Corográfica, establecida por la Ley 29 de 1849 durante la administración de López, operó entre 1850 y 1859 bajo la dirección del ingeniero italiano Agustín Codazzi. Con Manuel Ancízar, José Jerónimo Triana, Manuel María Paz y Felipe Pérez, entre otros, recorrió provincia por provincia levantando mapas, describiendo climas, poblaciones, cultivos y costumbres. Fue el primer proyecto científico institucional colombiano, deudor de la influencia de Alexander von Humboldt sobre la unidad geográfica en la multiplicidad de paisajes. Codazzi murió de fiebre amarilla en 1859, en la localidad que hoy lleva su nombre. La Comisión dejó los materiales sobre los cuales durante décadas se pensaría el territorio nacional.

Octavo, en el istmo de Panamá se ensayó una relación distinta con el mundo, y ese ensayo condicionó la política nacional en un plano que iba mucho más allá del comercio. El Tratado Mallarino-Bidlack, firmado el 12 de diciembre de 1846, otorgó a Estados Unidos los mismos privilegios comerciales que tenían los ciudadanos granadinos en todos los puertos —incluido el istmo— a cambio de que Washington garantizara la neutralidad del Istmo de Panamá, el libre tránsito entre los océanos y la soberanía granadina sobre el territorio. Ese pacto encajaba perfectamente con la lógica del librecambio adoptado en 1847: era su expresión geopolítica. Pero en la práctica, la compañía del ferrocarril estadounidense —construido a mediados de siglo— ejercía una soberanía de facto sobre la franja atlántica: sus decisiones tenían fuerza de ley y la autoridad granadina era apenas tolerada. Que Panamá fuera el primer territorio con estatuto federal en 1855 no es accidente: la excepcionalidad panameña —istmo, tránsito, capital extranjero, autonomía— fue, en muchos sentidos, el laboratorio del federalismo que después se extendería al resto del país. La misma ambigüedad, útil mientras se sostuvo el equilibrio, sembró la semilla de la crisis que estallaría en 1903.

El legado

Nueva Granada dejó vibrando varias herencias. La primera es institucional: en poco más de tres décadas se ensayaron cinco constituciones (1832, 1843, 1853, 1858 y, en su desenlace, 1863). Ese hábito de disolver conflictos mediante nuevas cartas fundamentales —en lugar de reformar las existentes— marcaría la historia constitucional colombiana durante otro siglo largo. La Nueva Granada enseñó a las élites que el diseño institucional era el terreno privilegiado de la lucha política.

La segunda es la formación de los partidos. Aunque los nombres "Partido Liberal" y "Partido Conservador" no se consolidaron formalmente sino hacia mediados de siglo, sus programas y sus bases sociales se decantaron en las guerras y reformas del período. El Conservador representó a los grandes terratenientes con apoyo de la Iglesia; el Liberal aglutinó a comerciantes, artesanos, pequeños agricultores e intelectuales, dividido internamente entre gólgotas librecambistas y draconianos proteccionistas. La distinción sobre el papel de la Iglesia fue, más que ningún otro clivaje, la línea que separó y unió lealtades a lo largo del siglo XIX y buena parte del XX.

La tercera es el conflicto religioso como eje. Desde la extinción de conventos que detonó la Guerra de los Supremos hasta la desamortización de 1861, cada gran crisis política del período tuvo dimensión eclesiástica. La Iglesia era demasiado grande —económica, social, culturalmente— para no ser el terreno donde se librara la pelea. Cuando la Regeneración de Núñez reconstruyera el Estado en la década de 1880, lo haría sobre la reconciliación con Roma consagrada en el Concordato de 1887. Y cuando en el siglo XX las reformas de López Pumarejo y luego la Constitución de 1991 volvieran sobre la relación Iglesia-Estado, retomarían argumentos formulados en Bogotá entre 1849 y 1861.

La cuarta herencia es la geografía política. Los estados de la Confederación Granadina —Antioquia, Bolívar, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander— son la matriz de la organización departamental posterior. Los nombres, los límites, las identidades regionales que hoy reconocemos como colombianas se fijaron en gran medida entre 1855 y 1858.

La quinta es económica y ambigua. La apuesta por el librecambio y la exportación de materias primas, formulada por Florentino González en 1847 y sostenida por liberales y conservadores por igual —hubo consenso bipartidista inicial en torno a la liberalización—, definió el rumbo de la economía colombiana hasta el café. Pero también condenó al artesanado a una lenta decadencia, expuso a los indígenas al despojo de sus tierras, ató las finanzas del Estado a los vaivenes de los mercados mundiales y produjo una modernización desigual y penosa. El colapso del ciclo tabacalero a mediados de la década de 1870 minaría la base material del liberalismo y prepararía el ascenso conservador de 1885-1886.

La sexta y última es más difusa. Nueva Granada mostró que las guerras civiles no eran interrupciones de la política sino su prolongación armada: la Guerra de los Supremos, la revuelta de 1854, la guerra de 1860-1861 formaban parte del funcionamiento normal del sistema, junto con las elecciones y los debates parlamentarios. El hábito de resolver las diferencias políticas mediante las armas, cuando las otras vías se agotaban, se transmitió al resto del siglo XIX y, con transformaciones, al XX. Es una herencia que ninguna constitución alcanzó a extinguir.

Cuando en 1863 los liberales reunidos en Rionegro proclamaron los Estados Unidos de Colombia, firmaron el acta de una victoria que muchos vivieron como consumación. Habían abolido la esclavitud, expropiado a la Iglesia, desmontado el orden colonial, adoptado el federalismo pleno y derrotado militarmente a sus adversarios. Y sin embargo, mientras en Rionegro se discutían los artículos de la nueva carta, los antiguos esclavos del Cauca seguían buscando cómo comer, los resguardos disueltos se transformaban en haciendas ajenas, los curas destituidos volvían al púlpito por la puerta de atrás y las tierras desamortizadas empezaban a cambiar de dueño más que de destino. La República que salía de Rionegro tenía nueve banderas, nueve ejércitos y un solo problema irresuelto: cómo hacer que las leyes escritas en la mesa alcanzaran a gobernar la vida en el campo, en el puerto, en la mina. Las respuestas a esa pregunta iban a llenar el siglo siguiente, y a costar, con creces, más sangre de la que había costado formularla.