El federalismo radical y la Regeneración

¿Era viable el federalismo radical? La Humareda y el desenlace de 1886

En junio de 1885, cerca de Tamalameque, sobre el río Magdalena, un ejército liberal de aproximadamente dos mil hombres embarcados por la fuerza en seis vapores libró la que sería su última batalla contra el gobierno de Rafael Núñez. La Humareda —así llamada por la explosión que consumió la mayor parte de la munición y armamento liberales, junto con seis de sus mejores jefes— fue el golpe que quebró la revolución radical de ese año. Tres meses después, el gobierno declaró nula la Constitución de Rionegro. En agosto de 1886 se sancionó una carta antitética: centralista, confesional, presidencialista, restrictiva del sufragio y del porte de armas, que rigió hasta 1991.

¿Clausuró aquella derrota militar un experimento federal que aún podía sostenerse, o era la Regeneración el destino ya inscrito en las contradicciones del régimen de 1863? La pregunta ha ocupado a la historiografía colombiana durante más de un siglo. Lo que sigue es un examen de esa encrucijada: qué se hundió en La Humareda y qué venía hundiéndose desde antes.

El asunto tiene dos caras. De un lado, cuánto pesa la agencia —la decisión de Núñez de abandonar el reformismo dentro del marco de 1863, el fracaso táctico de Ricardo Gaitán Obeso en el Magdalena, la muerte de Manuel Murillo Toro en 1880— frente a las fuerzas estructurales: el colapso del tabaco desde 1875, la ausencia constitucional de ejército nacional, las cuarenta y dos constituciones o revueltas locales que José María Samper contabilizó en veinticinco años de régimen federal. Del otro, si aquella Colombia dispersa en nueve estados soberanos era un país plausible o un artefacto sin base social ni económica que lo sostuviera. La respuesta orienta cómo se entiende el siglo XX colombiano entero, porque la Constitución de 1886 y el Concordato de 1887 —con la educación entregada a la Iglesia, el fuero eclesiástico restablecido, la abolición del divorcio civil, el catolicismo declarado religión de la nación— fijaron un marco institucional cuya sombra alcanza hasta la Asamblea Constituyente de 1991.

Cuatro lecturas se disputan el desenlace, y ninguna es descartable.

La primera sostiene que el federalismo radical era un camino institucional viable, no una anomalía, y que la Regeneración fue una respuesta política contingente, no una necesidad histórica. La Constitución de 1863 había consagrado un catálogo audaz de libertades individuales —libertad religiosa, de expresión e imprenta, abolición de la pena de muerte, inviolabilidad de la vida humana— y había roto con siglos de invocación ritual al ser la primera carta colombiana que no comenzaba "En nombre de Dios". Ese laicismo, esa apuesta por la soberanía estatal y por un Ejecutivo débil de dos años sin reelección inmediata, no era un capricho: era una arquitectura pensada contra el caudillismo que había asolado el continente. Si el proyecto colapsó, fue porque una coyuntura específica —la enfermedad y muerte de Murillo, el giro personal de Núñez, la derrota táctica de junio de 1885— desactivó su capacidad de autocorrección.

La segunda invierte el énfasis: la Regeneración respondió a determinantes estructurales que ninguna victoria militar liberal habría podido revertir. El tabaco, columna exportadora del régimen radical, se derrumbó a partir de 1875; la quina siguió el mismo curso; el café aún no despegaba con fuerza. Sin base fiscal exportadora, el régimen radical perdió la materia con que sostenía su hegemonía. La guerra de 1876-1877 costó más que todo el presupuesto nacional aprobado para 1878. En ese contexto, cualquier actor con un programa de orden, proteccionismo moderado y reconstitución del monopolio estatal habría capitalizado el vacío; que fuera Núñez es un accidente biográfico, no una explicación.

La tercera —quizá la más sutil— sostiene que federalismo radical y Regeneración fueron reflejos mutuamente constitutivos. El extremo de Rionegro —nueve soberanías, cuarenta y dos revueltas locales, la Ley 20 de 1867 obligando al gobierno de la Unión a la "más estricta neutralidad" cuando ciudadanos de un estado se levantaran contra su gobierno, aduanas internas entre estados— generó la percepción de anarquía que legitimó, después, el péndulo autoritario. Sin el radicalismo llevado hasta la abolición del monopolio de la violencia, no habría existido masa crítica social e ideológica para aceptar una carta ultracentralista, confesional y restrictiva del sufragio. La Regeneración necesitaba, para existir, el espantajo que combatía.

La cuarta apunta al talón estructural del proyecto: el federalismo era inviable no por coyuntura sino porque su lógica política contradecía la integración económica que requerían sus propias élites. Tanto liberales como conservadores compartían el consenso agroexportador —producir tabaco, quina, café para el mercado mundial era, decían, cuestión de supervivencia civilizada—, pero ese modelo exigía un mercado nacional unificado, aduanas externas coherentes, infraestructura de transporte y crédito, contratos ejecutables entre regiones. Rionegro entregaba lo contrario: aduanas internas que frenaban el comercio, códigos civiles y mineros distintos en cada soberanía, sistemas tributarios fragmentados. Las guerras del último tercio del siglo —incluida la que instauró la Regeneración— terminaron paradójicamente sentando las bases del mercado nacional al abolir esas aduanas internas y unificar regímenes jurídicos. El federalismo, en esta lectura, era la envoltura política que las propias élites exportadoras terminarían rompiendo, con o sin Núñez.

Ninguna de estas cuatro lecturas es refutable con lo que se sabe, pero cada una carga con hechos que la sostienen y con hechos que la incomodan.

A favor de la viabilidad del federalismo hay un dato incómodo para el determinismo: hasta 1884, el propio Núñez —quien acabaría siendo el sepulturero de Rionegro— no creía practicable ni necesario un cambio político profundo. Cuando en su discurso del 1 de abril de 1878, al asumir Julián Trujillo la presidencia, enunció el célebre dilema "regeneración administrativa fundamental o catástrofe", pensaba en reformas dentro del marco constitucional vigente, no en su demolición. Él mismo lo reconoció después. El giro autoritario, la instrumentalización del sentimiento religioso como control social, el rechazo a la política plebeya —los elementos que definirían la Regeneración— se consolidaron en su pensamiento a finales de 1884 y sobre todo tras el fracaso radical de 1885. Es decir: el ideólogo mayor de la Regeneración se convirtió a ella tarde, empujado por acontecimientos, no impulsado por un plan de dos décadas. Si el arquitecto vaciló hasta el último momento, la inevitabilidad se vuelve dudosa.

El gobierno de Trujillo entre 1878 y 1880 avanzó, además, una rectificación anticlerical mesurada: levantó las sanciones y el exilio de varios obispos, y derogó la ley sobre intervención política de la Iglesia aprobada en 1877. Ese pragmatismo mostraba que el régimen tenía capacidad de aprender del desastre de 1876-1877, moderar aristas y buscar una convivencia con la Iglesia sin renunciar al laicismo constitucional. La convergencia entre liberales independientes y conservadores moderados alrededor de Núñez en 1880 podría haberse consolidado como coalición reformista dentro de Rionegro, no contra ella.

Pero la evidencia estructural es tenaz. Las cuarenta y dos revueltas o constituciones locales que Samper contabilizó no eran ruido: eran la señal de que el país no lograba producir orden mediante los mecanismos institucionales que la carta ofrecía. La Constitución de 1863 no contemplaba un ejército nacional; el Estado central no tenía derecho a intervenir en los asuntos internos de los estados. A finales de la década de 1850, el aparato militar legal se había reducido a una fracción exigua del presupuesto y a apenas unos cientos de efectivos. La Ley 20 de 1867 llevó al plano legislativo la renuncia al monopolio de la violencia: si una porción de ciudadanos se levantaba contra su gobierno estatal, la Unión debía observar "estricta neutralidad". Un Estado que legisla su propia inhibición ante la insurrección local no es un Estado incompleto; es un Estado que ha renunciado a serlo. La derogación de esa ley en 1880 —bajo el primer gobierno de Núñez— es reveladora: los propios independientes reconocieron que sin monopolio de la fuerza no había orden posible.

A la fragilidad institucional se sumaba la fragilidad material. Los ciclos de auge y colapso del tabaco, del añil, del algodón, de la quina se sucedieron sin que ninguno se estabilizara. Cuando el tabaco cayó a partir de 1875, la base fiscal y política del liberalismo empezó a evaporarse, y las exportaciones siguieron descendiendo durante el segundo gobierno de Núñez. La guerra civil de 1876-1877 había demostrado que el Estado federal no podía sostener un conflicto mayor sin quebrarse fiscalmente: destruía capital, elevaba tasas de interés, generaba fuga hacia Europa, préstamos forzados, empobrecimiento generalizado. Ese círculo —crisis exportadora, déficit fiscal, guerra civil, más crisis— era autoalimentado.

La lectura de la constitución mutua encuentra apoyo en un punto que ambas partes rara vez discuten: el fraude electoral generalizado y las divisiones internas del Partido Liberal generaban incentivos permanentes a golpes y revoluciones. Los liberales independientes se aliaron con conservadores para respaldar a Núñez frente a los radicales precisamente porque el sistema institucional no procesaba la competencia política por vía electoral confiable. Y cuando Núñez fue elegido para 1884-1886 derrotando al general Solón Wilches, candidato radical, con votos conservadores y de independientes, los radicales respondieron por la vía militar. El extremismo de cada bando validaba al otro. Hubo quienes, desde el propio liberalismo, verían más tarde con lucidez el pecado original de Rionegro: la fe en el poder mágico de los textos escritos, la creencia en que una Constitución perfecta bastaría para producir felicidad colectiva, ignoraba que la "constitución social" —hábitos, creencias, estructuras cotidianas— es más determinante que la escrita. Rionegro fue, en ese sentido, un texto sin sociedad.

La lectura estructural-económica tiene, por su parte, un anclaje robusto. El consenso agroexportador, compartido por conservadores como Ospina Rodríguez y por liberales como Salvador Camacho Roldán, requería un mercado interior integrado que las aduanas internas frenaban. Las medidas proteccionistas iniciadas por Núñez en su primer gobierno apuntaban ya en dirección de la integración. La Constitución de 1886 completaría la operación: centralización radical del poder y país dividido en departamentos, con un ejecutivo fuerte y un sufragio restringido por alfabetismo y propiedad. Las guerras que instauraron ese orden abolieron aduanas y pontazgos internos, igualaron regímenes jurídicos, comerciales, aduaneros y tributarios. La élite exportadora obtuvo así el mercado nacional que necesitaba. Que ese mercado se consolidara bajo un régimen confesional, autoritario y con la Iglesia dueña de la educación pública no era, en esta lectura, la esencia de la Regeneración: era el precio político pagado a la coalición que hizo posible la centralización.

¿Cuál de las cuatro lecturas resiste mejor el peso conjunto de la evidencia? Ninguna en solitario. La Regeneración requirió tanto las tensiones estructurales acumuladas como la contingencia decisiva de 1885, y sin esta última —sin La Humareda— no habría tomado la forma constitucional, confesional y ultracentralista que tomó. El terreno estaba preparado; la ruptura, no.

La evidencia del pragmatismo tardío de Núñez es decisiva aquí. Un hombre que en 1878 pensaba en "regeneración administrativa" dentro de Rionegro, que en 1884 aún no creía practicable un cambio político profundo, y que en 1886 se negó a firmar la Constitución que llevaba su nombre —considerando que "defraudaba justas aspiraciones nacionales" y que "en ella quedaban envueltas futuras guerras civiles"— no es el estratega frío de una operación de veinte años. Es un político pragmático arrastrado por la lógica de una guerra que él no inició y cuya derrota liberal le entregó un poder que no había planeado ejercer así. Las tensiones estructurales del federalismo hacían insostenible el régimen tal cual estaba. Pero de esa insostenibilidad no se seguía necesariamente el marco de 1886.

La derrota liberal en La Humareda fue el desenlace de una campaña que había venido acumulando reveses en varios estados. Ricardo Gaitán Obeso, capturado, fue trasladado secretamente a Panamá y ejecutado. Con él, con los seis jefes de La Humareda, y ya antes con la muerte de Manuel Murillo Toro en 1880 y la pérdida previa de figuras como Mosquera y Juan José Nieto, el liberalismo perdió la generación de dirigentes capaces de sostener una política de movilización popular. Cuando el gobierno declaró en septiembre de 1885 nula la Constitución de Rionegro, la resistencia intelectual y organizativa a la restauración conservadora estaba decapitada.

¿Habría salvado al federalismo una victoria liberal en el Magdalena? Probablemente no, tal como estaba. Las contradicciones económicas y militares del régimen de 1863 exigían una reforma profunda que ni siquiera los propios liberales podían seguir postergando: la derogación de la Ley 20 en 1880, hecha por Núñez cuando todavía era independiente reformista, había mostrado que el diagnóstico sobre el monopolio de la fuerza era transversal. Pero una victoria radical habría abierto la posibilidad de una reforma dentro del marco liberal —una centralización moderada, un ejército nacional bajo control civil, integración fiscal— que preservara el laicismo, las libertades individuales, la separación Iglesia-Estado. La Colombia posterior a 1886 no habría sido federal; pero tampoco habría sido confesional ni ultracentralista. El Concordato de 1887, con su entrega de la educación a la Iglesia, sus efectos civiles al matrimonio católico, la abolición del divorcio, la protección estatal contra la competencia de otras iglesias, requirió específicamente la derrota militar del liberalismo, no solo su agotamiento político. Miguel Antonio Caro, ideólogo ultramontano de la Regeneración, escribió su carta sobre el cadáver del ejército liberal del Magdalena.

Dicho esto, la lectura de la constitución mutua ilumina algo que no debe perderse: el radicalismo de Rionegro —su renuncia legislada al monopolio de la violencia, sus aduanas internas, su Estado central de funciones mínimas— aportó los materiales con los que el pensamiento conservador construiría después la crítica que legitimó la Regeneración. Los conservadores nacionalistas que gobernarían el país tras 1886 basaron su discurso en la idea de que "el cuarto de siglo de anarquía" bajo la Constitución de 1863 era resultado directo de las libertades civiles y del débil gobierno central del liberalismo radical. Ese diagnóstico —exagerado pero no infundado— solo era políticamente eficaz porque el radicalismo había ido efectivamente hasta el extremo que denunciaba. Un federalismo más contenido, con ejército nacional y sin Ley 20, habría privado al conservadurismo de la mitad de su munición ideológica. En este sentido preciso, sí: Rionegro y 1886 se hicieron el uno al otro.

Hay flancos donde la respuesta se vuelve más incierta, y conviene nombrarlos. ¿Habría bastado una recuperación de las exportaciones —posible bajo un ciclo distinto de precios mundiales— para restaurar la legitimidad del régimen? La respuesta no es obvia. Los conflictos de fondo eran también políticos, institucionales, culturales; el dinero solo pospone ciertas crisis, no las resuelve. Aislar el peso relativo de la coyuntura económica sobre la caída del régimen sigue siendo un problema abierto para la historiografía económica del período.

Otro flanco es la cuestión clerical, y toca menos al Estado que a la sociedad. La reforma educativa laica y obligatoria de la década de 1870 fue el detonante inmediato de la guerra de 1876-1877: clérigos de Palmira, Cartago y Tuluá abanderaron la causa antirreformista. La Iglesia era, en la Colombia rural del último tercio del siglo XIX, una institución mucho más capilar que cualquier partido político; disputarle la formación de las conciencias sin un aparato estatal capaz de reemplazarla en escuelas, registro civil, asistencia social, era una apuesta que el liberalismo probablemente no podía ganar con la relación de fuerzas de la época. Aun con victoria militar radical en 1885, esa asimetría social —el hecho de que la Iglesia estuviera en cada pueblo y el Estado radical apenas en algunas capitales— habría seguido operando. La Regeneración no restauró un vínculo Iglesia-Estado que el liberalismo hubiera destruido plenamente: reconoció formalmente un poder social que nunca había desaparecido.

Y queda la pregunta sobre la coalición dirigente, que precede a la batalla. La convergencia entre conservadores y liberales independientes que sostuvo a Núñez desde 1880 no fue producto de La Humareda: la precedió. Esa nueva clase dirigente —más cohesionada, con base social más amplia, con programa proteccionista y de orden— estaba lista para gobernar antes del 17 de junio de 1885. La derrota liberal aceleró la formalización constitucional de una hegemonía que ya se estaba constituyendo. En este sentido, quienes insisten en la agencia de Núñez tienen razón parcial: sin él —sin su capacidad de articular esa coalición, sin su prestigio en la costa, sin su tránsito personal del radicalismo al centralismo— la restauración conservadora habría tomado otra forma. Pero habría tomado alguna. La contingencia opera dentro de un rango, no sobre una tabla rasa.

La Humareda, entonces, no decidió si Colombia sería federal o centralista —eso ya se inclinaba desde 1875— sino con qué severidad y bajo qué forma constitucional se cerraría el ciclo abierto en Rionegro. La alternativa que la derrota liberal clausuró no era Rionegro salvado, sino una centralización liberal que preservara el laicismo y las libertades individuales conquistadas en 1863. Su ausencia, más que la caída del federalismo en sí, es lo que marca el largo siglo colombiano que se abrió con la Constitución de 1886.