Reconocimiento diplomático de la Nueva Granada por la Santa Sede (1835)

Reconocimiento diplomático de la Nueva Granada por la Santa Sede (1835)

El 26 de noviembre de 1835, el Estado Pontificio, gobernado por Gregorio XVI, reconoció a la República de la Nueva Granada como interlocutor soberano y designó a su primer internuncio en Bogotá. El acto, discreto en su forma protocolar y despojado de la solemnidad que había acompañado los reconocimientos británico y estadounidense de la década anterior, saldaba catorce años de gestiones diplomáticas iniciadas por Simón Bolívar en plena campaña independentista, y abría —al mismo tiempo que cerraba— un capítulo decisivo. Cerraba, porque la República católica que se había desprendido de España obtenía por fin el sello de Roma sin el cual su vida religiosa no podía normalizarse: nombramiento de obispos, provisión de curatos, gobierno de las diócesis. Abría, porque la Santa Sede reconocía a la Nueva Granada sin exigirle la renuncia al Patronato republicano, ese conjunto de prerrogativas heredadas del monarca español que el Estado neogranadino se había arrogado y que Roma no había aceptado nunca. La ambigüedad quedó consagrada en un acto de reconocimiento. De esa ambigüedad —una soberanía civil que se comportaba también como autoridad eclesiástica, y una autoridad pontificia que trataba con ella sin cederle sus derechos canónicos— nació el ciclo largo de conflictos jurisdiccionales que estructurará el siglo XIX colombiano hasta el Concordato de 1887.

La herencia colonial: patronato regio y soberanía compartida

El objeto en disputa venía del siglo XVI. Durante las primeras décadas de la presencia castellana en América, una serie de bulas otorgadas por Roma a la Corona configuraron el patronato regio indiano: la Corona obtuvo el derecho exclusivo para autorizar la construcción de templos mayores, el patronato en su sentido castellano tradicional y el derecho de presentación de personas idóneas para los cargos eclesiásticos. Sobre esa base, los reyes de Castilla nombraron obispos y beneficiarios en todos los niveles de la jerarquía, intervinieron en tribunales eclesiásticos, recaudaron diezmos en nombre de la Iglesia, autorizaron o vetaron misiones y controlaron directamente al clero secular y regular. Las prerrogativas se extendieron a virreyes, presidentes de audiencia y gobernadores, que ejercían como vicepatronos en sus jurisdicciones.

El resultado fue una arquitectura peculiar. En América, los altos dignatarios eclesiásticos —en su gran mayoría españoles de origen— se relacionaban más con Madrid que con Roma. Los monarcas aparecían de hecho como jefes de la Iglesia en las Indias. La contrapartida era una obligación real efectiva: edificar y sostener las iglesias necesarias y sufragar los gastos del culto y del clero. La evangelización, presentada como uno de los principales justificantes del dominio castellano, articulaba jurídicamente esa fusión entre poder político y poder eclesiástico; la religión operó como instrumento central de dominación sobre indígenas y esclavizados, y el patronato fue el andamiaje institucional que la sostuvo.

En el siglo XVIII, los Borbones intensificaron esa lógica en dirección regalista. Revisaron la política conciliar, restringieron la comunicación directa entre los episcopados americanos y la Santa Sede, y en 1767 expulsaron a los jesuitas confiscándoles sus bienes. Hacia el final del período colonial, las tensiones entre la Iglesia y la Corona ya se habían hecho visibles, y la fiscalidad borbónica —con sus consolidaciones y sus exacciones sobre capellanías y obras pías— había empezado a erosionar la solidez económica del clero.

Ese fue el legado que las repúblicas americanas recibieron en 1810 y en 1819: no una Iglesia separada del Estado, sino una Iglesia estructuralmente entretejida con el poder civil por medio del patronato. La pregunta que se abría con la independencia era técnicamente sencilla y políticamente explosiva: si las prerrogativas del patronato pertenecían al rey de España, ¿pasaban al nuevo soberano —el pueblo, la nación, el Congreso, el presidente— o revertían a la Santa Sede que las había concedido originalmente? Los republicanos respondieron una cosa; Roma, otra.

Las gestiones de Bolívar y Sánchez de Tejada: catorce años ante Roma

Desde 1820, mientras aún se combatía en Nueva Granada y Venezuela, Bolívar emprendió gestiones ante la Santa Sede para que reconociera a la Gran Colombia como jurisdicción religiosa autónoma. El objetivo inmediato era pragmático: las diócesis estaban vacantes, los sacerdotes españoles se marchaban, las parroquias quedaban sin cura. Sin comunicación regular con Roma no había obispos consagrados, y sin obispos no había ordenaciones ni gobierno eclesiástico. La independencia política amenazaba con producir, si no se resolvía, una parálisis religiosa.

El agente encargado de esas gestiones fue Ignacio Sánchez de Tejada, granadino de larga trayectoria en la diplomacia peninsular y europea, que se instaló en Roma con el propósito de tramitar el reconocimiento pontificio y atender los asuntos eclesiásticos de la joven república. Su posición era delicada. España seguía negándose a admitir la pérdida de sus colonias y presionaba a través del nuncio en Madrid para que Roma no reconociera a las nuevas repúblicas. El compromiso al que se llegó fue característicamente vaticano: el nuncio en Madrid obtuvo el beneplácito español para que la Santa Sede pudiera recibir a los diplomáticos americanos en calidad de agentes privados con fines exclusivamente eclesiásticos, sin implicar reconocimiento político. Sánchez de Tejada quedaba así en un limbo funcional que le permitía tratar asuntos concretos —provisión de sedes, dispensas, indultos— sin comprometer a Roma frente a Madrid.

El resultado inicial fue apreciable en el orden canónico y mudo en el orden político. León XII, que ocupó el trono pontificio entre 1823 y 1829, aceptó a los candidatos presentados por el gobierno colombiano y nombró los primeros obispos para las sedes vacantes, encabezados por Fernando Caycedo y Flórez como arzobispo de Bogotá. León XII y su sucesor Pío VIII concedieron a Colombia la existencia de un episcopado nacional independiente de las disposiciones de la Corona española, lo que en la práctica rompía en silencio el monopolio patronal madrileño. Pero el Vaticano, atento a la doctrina, siguió reacio a aceptar la ley de patronato que el Congreso colombiano había expedido en los años veinte para asumir las prerrogativas eclesiásticas del antiguo monarca. Roma proveía obispos; se negaba a admitir que la República fuera quien los presentase por derecho propio.

Esa asincronía —cooperación práctica sin reconocimiento jurídico ni doctrinal— se prolongó a lo largo de la década. La disolución de la Gran Colombia entre 1830 y 1831, con la separación de Venezuela y Ecuador, complicó aún más el mapa: la interlocución que Sánchez de Tejada había construido para una Gran Colombia perdía su sujeto político original. La Convención se reunió en Bogotá entre el 20 de octubre de 1831 y el 29 de febrero de 1832 y dio nacimiento a la República de la Nueva Granada. La Constitución sancionada en 1832 suprimió los departamentos, restableció el régimen provincial autónomo y organizó un sistema representativo. Bajo ese sistema, el Congreso eligió primer presidente a Francisco de Paula Santander, entonces en el exilio a raíz de las acusaciones derivadas de la conspiración del 25 de septiembre de 1828 contra Bolívar. La república que negociaba con Roma tenía ahora un nombre nuevo, un territorio reducido y un jefe de Estado que había hecho de la construcción del orden civil republicano su bandera. Sánchez de Tejada siguió en Roma, adaptando el objeto de la negociación a las nuevas fronteras.

La carta de Santander y el acto del 26 de noviembre de 1835

El desenlace vino de una gestión directa. Santander dirigió al pontífice una carta en la que solicitaba el reconocimiento y la normalización de la comunicación con la Sede Apostólica. Gregorio XVI, elegido papa en febrero de 1831 y conocido por su cautela política, respondió el 3 de octubre del año anterior al reconocimiento y ofreció remediar las necesidades de la Iglesia y de los fieles granadinos. Un año después, el 26 de noviembre de 1835, se produjo el reconocimiento formal.

Los términos fueron los previsibles y, a la vez, los más elocuentes por lo que callaban. La Santa Sede aceptó a la Nueva Granada como Estado soberano con el que mantendría relaciones diplomáticas regulares y designó el primer internuncio ante Bogotá, inaugurando así una representación permanente que hasta entonces solo había existido bajo la forma equívoca del "agente privado" de Sánchez de Tejada en Roma. El acto no venía acompañado, sin embargo, de una aceptación de la ley de patronato republicano. Roma reconocía al Estado; no reconocía las prerrogativas que ese Estado se atribuía sobre la Iglesia. La cuestión de fondo —quién presenta obispos, quién autoriza construcciones, quién administra diezmos, quién juzga a los prelados— quedaba deliberadamente al margen del reconocimiento, es decir, viva.

El año 1835 no fue anodino en la Nueva Granada. Coincidió con la toma del primer censo republicano, que arrojó una población de 1.570.900 habitantes, y con la instauración de sistemas nacionales que consolidaban el andamiaje administrativo del Estado. El reconocimiento pontificio se insertó en un momento de asentamiento institucional, cuando la joven república acababa de completar los reconocimientos internacionales que le faltaban: Estados Unidos había reconocido a Colombia en junio de 1822 y Gran Bretaña lo había hecho tras una larga gestión que involucró a Francisco Antonio Zea, José Rafael Revenga y, desde 1823, agentes confidenciales británicos ante el gobierno de Bogotá. La adhesión de Roma, la última potencia europea de peso simbólico que faltaba —los Estados Pontificios eran ante todo una autoridad moral—, cerraba el círculo del reconocimiento internacional para la República católica.

Había además un antecedente interno que hacía urgente la regularización: en 1834, el gobierno neogranadino había presentado a Manuel José Mosquera como arzobispo de Bogotá mediante el derecho de Patronato Republicano, esto es, como si el Estado hubiese heredado sin discusión las prerrogativas del rey de España. Que Roma aceptara ese arzobispo y estableciera relaciones con el Estado que lo había presentado sin oficializar por escrito el reconocimiento del patronato constituía un modus vivendi elegante: cada parte se comportaba como si su versión de la relación fuera la vigente, y evitaba la confrontación doctrinal que habría hecho imposible el trato práctico.

Las causas: estructura heredada y contingencia diplomática

Ese resultado tiene dos capas de explicación. La estructural viene del patronato colonial y de sus dilemas al momento de la independencia. La contingente viene de la habilidad —y de las omisiones— de los negociadores.

En lo estructural, el reconocimiento de 1835 fue posible porque la crisis eclesiástica interna hacía impostergable un entendimiento. Al momento de la independencia, las diócesis de Santa Marta, Quito y Cuenca, así como la arquidiócesis de Santafé, estaban vacantes de prelado. Cartagena y Santa Marta pasaron años sin obispo durante el republicanismo temprano. La mayoría de los sacerdotes y misioneros españoles había abandonado el territorio, y las parroquias quedaron desatendidas, con una presencia clerical debilitada en las zonas apartadas. Para el Estado, que consideraba la religión católica un factor de cohesión social —los propios sacerdotes argumentaban ser agentes indispensables para enseñar, prevenir crímenes y sostener el orden en ausencia de escuelas y funcionarios—, el vacío episcopal era una amenaza al orden público antes que un asunto doctrinal. Para Roma, aceptar la desatención espiritual de millones de fieles católicos por celo hacia Madrid resultaba insostenible más allá de un plazo razonable. El reconocimiento se produjo cuando la insostenibilidad se hizo evidente para ambas partes.

En lo contingente, la Convención de 1831-1832 y la Constitución neogranadina habían dotado al Estado de un rostro institucional más presentable ante Roma que el que había tenido la Gran Colombia bolivariana. Santander, presidente electo bajo un sistema representativo y no un caudillo militar en armas, resultaba un interlocutor más aceptable para un pontífice como Gregorio XVI, receloso de las revoluciones liberales europeas pero pragmático frente a los Estados constituidos. La carta directa de Santander al Papa —gesto entre soberanos— y la respuesta de octubre facilitaron un acuerdo que las gestiones dispersas de Sánchez de Tejada, obligadas por España a fingir informalidad, no habían logrado formalizar en catorce años.

No se trata, sin embargo, de un acto fundador. La tensión Iglesia-Estado no nació en 1835. Había estallado ya en el Congreso de Cúcuta de 1821, cuando se decretó la nacionalización de los conventos con menos de ocho miembros para convertirlos en escuelas secundarias. Había producido en los años veinte una ley de patronato eclesiástico, promovida en el Congreso por figuras como el presbítero Juan Nepomuceno Azuero Plata, que otorgaba al Estado control sobre asuntos internos de la Iglesia. Se había manifestado también en la asimetría estructural entre un Estado republicano débil —de rentas exiguas, cobertura territorial precaria y legitimidad frágil— y una Iglesia de mayor solidez financiera, gran aceptación popular y presencia efectiva en las regiones. Sectores de las élites políticas percibieron esa asimetría como un peligro y respondieron con acciones estatales sistemáticas de control, limitación y reducción del poder eclesiástico. El reconocimiento de 1835 no creó ese conflicto: lo institucionalizó en un nivel diplomático del que ya no había marcha atrás.

Ese es el punto. Antes de 1835, el conflicto sobre el patronato era, en términos jurídicos internacionales, una disputa interna de un Estado que Roma no reconocía. Después de 1835, se convirtió en un desacuerdo entre dos soberanías reconocidas mutuamente —la pontificia y la republicana—, cada una con argumentos formales, canónicos o constitucionales, para sostener su posición. La ambigüedad de origen fue heredada; la formalización de la ambigüedad como conflicto entre iguales fue el resultado propio de 1835.

Los efectos inmediatos: la ley de responsabilidad de prelados y la guerra de los supremos

Los años siguientes confirmaron que el reconocimiento no había resuelto nada de fondo. La primera manifestación del choque vino con una ley que sometía a los arzobispos y prelados de la Nueva Granada a responsabilidad ante la justicia civil por mala conducta en el ejercicio de las funciones atribuidas por las leyes de la República. La norma establecía que los prelados respondían ante tribunales civiles y eclesiásticos según sus competencias respectivas, y contemplaba penas como el extrañamiento y la ocupación de temporalidades, es decir, el destierro y la incautación de los bienes ligados al beneficio eclesiástico. Para el Estado, la ley era una consecuencia natural del patronato: quien tiene el derecho de presentar tiene el deber de vigilar. Para Roma, era una intromisión inaceptable en el fuero eclesiástico.

Gregorio XVI envió una carta al presidente de la Nueva Granada en la que solicitaba la revocatoria de la ley. El gobierno neogranadino no accedió a la petición pontificia. Se producía así, apenas unos años después del reconocimiento, la primera confrontación formal entre las dos soberanías que 1835 había puesto en contacto diplomático. La Santa Sede reclamaba con base en el derecho canónico; el Estado respondía con base en el patronato republicano. Ninguna de las dos partes tenía instrumentos para imponer su interpretación sobre la otra, y el conflicto se resolvió como se resolverían muchos otros durante el siglo: en la práctica cotidiana, con arreglos parciales y sin claridad jurídica.

La segunda manifestación fue más violenta. En mayo de 1839, el Congreso aprobó la extinción de cuatro conventos menores en Pasto por tener cada uno menos de ocho sacerdotes, aplicando la lógica de la ley de conventos de Cúcuta de 1821. La medida, conocida entonces como "supresión de los conventos menores", había sido solicitada en parte por la propia jerarquía eclesiástica, deseosa de racionalizar una red conventual empobrecida. Pero en Pasto —región de tradición religiosa profunda y de lealtades políticas incómodas para el centro— la aplicación encendió la mecha. Estimulados por un cura local, los pastusos se levantaron contra el gobierno del presidente José Ignacio de Márquez, y el conflicto se extendió por buena parte del territorio comprometiendo a caudillos regionales de peso. Por su origen en aquella supresión conventual, el episodio pasó a conocerse también como "guerra de los conventos"; su nombre más difundido en la historiografía colombiana es el de guerra de los supremos, por los caudillos —autodenominados "jefes supremos"— que fueron sumándose a la revuelta.

La guerra de los supremos fue el primer episodio armado en que el problema del patronato saltó del plano jurídico al plano bélico. No fue una guerra religiosa en sentido estricto —había en ella lealtades regionales, disputas de caudillos y motivaciones económicas—, pero tuvo como chispa una medida estatal sobre bienes eclesiásticos, y mostró que la disputa Iglesia-Estado tenía capacidad de movilización popular en las regiones. Los debates circularon por periódicos, hojas volantes y panfletos; los prelados fijaron posiciones en pastorales; el conflicto se hizo público y masivo. La cuestión eclesiástica había pasado de las cancillerías al foro y al campo de batalla.

El horizonte: de López a la Regeneración

El ciclo abierto en 1835 no se cerró en la década siguiente ni en la posterior. En 1850, el presidente José Hilario López rompió frontalmente con la tradición del patronato al adoptar el principio liberal de "Iglesia libre en el Estado libre", tomado de Cavour. Al mismo tiempo introdujo la inspección o tuición de cultos, que sometía a la Iglesia a vigilancia y dependencia del poder civil, prescindía de la intervención de la Santa Sede en los asuntos administrativos del culto y exigía a los clérigos jurar obediencia a la Constitución so pena de destierro sin proceso judicial. La paradoja es reveladora: en nombre de la separación entre Iglesia y Estado, López intensificó el control estatal sobre la Iglesia. El patronato republicano alcanzaba su forma más radical.

El choque llegó pronto y con nombres propios. En 1851, una ley sobre la elección de curas enfrentó directamente al gobierno con el arzobispo Manuel José Mosquera, aquel mismo prelado que en 1834 había sido presentado por patronato republicano y a quien Roma había recibido sin objetar el mecanismo de su nombramiento. Mosquera resistió: sostuvo que la designación de párrocos correspondía a la autoridad eclesiástica y no al poder civil, y respondió a la ley con instrucciones al clero de su arquidiócesis. López reaccionó con el extrañamiento: el arzobispo de Bogotá fue desterrado, junto con los obispos de Cartagena y Pamplona. Mosquera murió en el exilio en 1853, en Marsella, sin haber podido volver a su sede. El caso condensó como pocos la lógica interna del patronato republicano llevado hasta el final: el arzobispo que el Estado había elegido dentro de la propia lógica patronal terminaba expulsado por ese mismo Estado cuando se atrevía a interpretar sus deberes en clave romana. Presentar y desterrar eran dos caras del mismo derecho reclamado por la República.

Diez años después, Tomás Cipriano de Mosquera —primo del arzobispo desterrado, y en las antípodas políticas suyas— llevó el ciclo liberal a su punto culminante con el decreto de desamortización de bienes de manos muertas del 9 de septiembre de 1861. La medida combinó objetivos fiscales —amortizar la deuda interior— con objetivos políticos y religiosos: reducir el poder económico de la Iglesia. La red conventual quedó desarticulada, las propiedades urbanas y rurales de origen eclesiástico entraron al mercado y el Estado obtuvo un ingreso extraordinario que en gran medida no logró capitalizar. Las reformas liberales radicales debilitaron a la Iglesia, pero no la desalojaron de su lugar en la sociedad ni resolvieron el problema de fondo abierto en 1835: la duplicidad de soberanías sobre el hecho religioso.

Ese problema solo encontró un cierre —parcial, discutido, duradero— en la Regeneración. Rafael Núñez llegó a la presidencia por segunda vez en 1884, promovió la Constitución de 1886 y firmó con la Santa Sede el Concordato de 1887. El nuevo pacto invirtió el principio liberal de López: declaró al catolicismo religión de la nación, organizó la educación pública en concordancia con la Iglesia, otorgó efectos civiles al matrimonio católico y abolió el divorcio. Como compensación por la deuda derivada de los bienes desamortizados, el gobierno se comprometió a pagar a la Iglesia una renta destinada preferentemente a diócesis, cabildos, seminarios y misiones, susceptible de aumentar equitativamente según la situación fiscal. La Iglesia cedió sus derechos económicos sobre los bienes desamortizados a cambio del monopolio sobre el aparato educativo público, y ganó frente al Estado mayor independencia de la que había tenido bajo el patronato colonial y republicano. El vínculo entre Estado e Iglesia se estrechó en materia simbólica y educativa, pero la duplicidad de soberanías que 1835 había institucionalizado se resolvió, esta vez sí, por vía de un tratado en forma. La Constitución de 1886 y el Concordato de 1887 se mantendrían en esencia hasta 1991.

Por qué importa 1835

Cuesta encontrar un acto diplomático colombiano del siglo XIX cuya sencillez formal contraste tanto con la magnitud de sus efectos. El reconocimiento del 26 de noviembre de 1835 no vino acompañado de un tratado, no resolvió los puntos en disputa, no produjo un texto que la historiografía haya podido convertir en documento fundacional. Y sin embargo cambió el estatuto del problema. Los Estados se reconocen no cuando resuelven sus diferencias, sino cuando aceptan tratarlas como diferencias comunes. Antes de 1835, la disputa sobre el patronato era un asunto interno de un Estado que Roma se negaba a ver; después de 1835, quedó fijada como desacuerdo entre dos soberanías reconocidas, cada una con doctrina para sostener su posición y sin instrumentos para imponerla.

Ahí reside la ironía del acto. Sánchez de Tejada, Santander y Gregorio XVI no clausuraron la tensión Iglesia-Estado en Colombia: le dieron el marco formal en el que se libraría durante medio siglo. La ley de responsabilidad de prelados, la guerra de los supremos, la tuición de cultos, el destierro de Mosquera, la desamortización y, finalmente, la Constitución de 1886 y el Concordato de 1887 son estaciones sucesivas de una misma pregunta aplazada aquella tarde de noviembre en Roma: si el patronato del rey había pasado al Estado republicano o si la independencia política implicaba también devolver a Roma las prerrogativas canónicas que había concedido en el siglo XVI a un monarca hoy inexistente. Cada régimen del siglo dio su respuesta; ninguno la impuso hasta que Núñez y León XIII firmaron un texto que las partes acordaron obedecer. Reconocer, en 1835, fue elegir por dónde pasaría el conflicto sin decidir cómo terminaría.