Guerra de los Supremos

La Guerra de los Supremos

Entre 1839 y 1842, la Nueva Granada vivió la primera contienda civil que desbordó los límites de una comarca y arrastró a caudillos de casi todas sus provincias contra el gobierno de Bogotá. Comenzó como una revuelta local en Pasto por la supresión de cuatro conventos menores, se convirtió en una insurrección de jefes regionales que se autoproclamaron supremos de sus territorios, y terminó con la victoria del gobierno de José Ignacio de Márquez y la consolidación de una alianza entre liberales moderados y antiguos bolivarianos que sería el embrión del futuro Partido Conservador. Pero decir lo que fue es apenas empezar: la guerra desnudó la fragilidad de un Estado central sin rentas, sin ejército propio y sin legitimidad plena, sobre un territorio donde la Iglesia tenía más autoridad que la República y donde los caudillos regionales gobernaban sus comarcas como feudos apenas mediados por la ley. Su desenlace no fue una pacificación duradera sino un punto de inflexión: en la Constitución de 1843, en la formación de los partidos tradicionales y en el patrón de guerras civiles que atravesaría el siglo XIX, la Guerra de los Supremos dejó una huella que Colombia tardaría décadas en descifrar.

El país frágil que heredó Márquez

Cuando José Ignacio de Márquez asumió la presidencia en 1837, la Nueva Granada llevaba apenas siete años como república independiente tras la disolución de la Gran Colombia. Era un Estado en obra negra: rentas fiscales exiguas, deuda externa pesada, aparato administrativo precario y una legitimidad que no terminaba de asentarse en las provincias. El censo levantado durante el gobierno de Márquez arrojó cerca de 1.816.518 habitantes distribuidos en un territorio quebrado por cordilleras y sin caminos, donde la autoridad de Bogotá se diluía a pocos días de marcha de la capital.

Frente a esa debilidad, la Iglesia Católica era una institución cuyo peso social, político y económico no admitía comparación. Su situación financiera era sólida, su aceptación entre las masas populares casi universal. Obispos y curas gozaban de una cercanía con el pueblo que los funcionarios republicanos ni soñaban. Tener un hijo cura o una hija en el convento era práctica extendida en familias numerosas desde hacía más de trescientos años; la vida familiar y la vida eclesiástica se habían entrelazado hasta hacerse indistinguibles en muchas regiones. El Estado republicano pretendía mantener sobre esa institución el patronato heredado de la Corona española, pero le faltaban los medios y el prestigio para ejercerlo sin resistencia.

Márquez llegó al poder con un gesto que definió su gobierno: incorporó al ejercicio del poder a antiguos bolivarianos, aquellos que en la crisis de 1828-1830 habían sostenido al Libertador contra los santanderistas. Esa apertura conciliadora, razonable desde el interés del Estado, le costó cara. Francisco de Paula Santander, ícono todavía vivo del liberalismo granadino, tomó distancia. Sus seguidores más ardientes, los liberales intransigentes, vieron con alarma cómo la administración se poblaba de rostros que ellos habían combatido pocos años antes. Ya en la segunda mitad de la década de 1830 existían en la Nueva Granada dos agrupaciones políticas identificables que concurrían con coherencia a las elecciones: los ministeriales, partidarios del gobierno, y los liberales, seguidores de Santander y de Vicente Azuero. Los ministeriales mismos estaban divididos: los moderados civilistas que rodeaban a Márquez, a José Manuel Restrepo y a Luis Pombo convivían con un ala de fanáticos religiosos que en 1838 habían fundado la Sociedad Católica y que veían en cualquier medida de control sobre la Iglesia una agresión al orden natural de las cosas.

Ese era el país en 1839: un Estado pobre y disputado, una Iglesia poderosa y arraigada, unas facciones políticas que apenas empezaban a articular ideología con lealtad, y unas provincias donde los caudillos regionales llevaban dos décadas acostumbrados a mandar sin que nadie desde Bogotá pudiera contradecirlos.

La chispa de Pasto

En mayo de 1839, el Congreso aprobó la extinción de cuatro conventos menores de Pasto, casas religiosas que albergaban cada una menos de ocho sacerdotes y que, según los cánones que la propia jerarquía eclesiástica invocaba, podían suprimirse por insuficiencia de comunidad. La medida había sido en parte solicitada por la misma Iglesia, lo que en un cálculo de gabinete parecía blindarla contra cualquier reproche. Los bienes de esos conventos irían a financiar misiones y educación en el sur. Nada, en apariencia, más razonable.

Pasto no lo leyó así. La ciudad y su comarca eran, desde la Independencia, un territorio donde la palabra republicana levantaba desconfianza. Bolívar había hablado en 1821 de los indómitos pastusos, enumerándolos junto a caribes, bogas y bandidos como parte de la población más refractaria a la nueva autoridad. En 1822 había sitiado y tomado la provincia por medios que historiadores posteriores considerarían al límite del derecho de guerra. Hasta 1825 la resistencia armada persistió en la región de los Pastos, con la facción de Benavides derrotada finalmente por el coronel Juan José Flores en coordinación con el gobernador Farfán. Un funcionario republicano de la época, José Félix Valdivieso, había llegado a escribir que la única solución duradera para Pasto era sustituir por completo a su población. Era la comarca donde la República no había logrado enterrar el pasado.

Sobre ese fondo cayó la ley de conventos. Un cura local encendió el ánimo del vecindario y la reacción fue frontal. Lo que el gobierno había planeado como una medida técnica se convirtió en una revuelta que muy pronto tomó nombre propio: la guerra de los conventos. Márquez había buscado la paz por la vía del acuerdo con la jerarquía; encontró la guerra por la vía del cura de parroquia. La distancia entre el patronato tal como lo pensaban los letrados de Bogotá y la religiosidad tal como la vivían los pueblos del sur se hizo insalvable en cuestión de semanas.

De la revuelta local a la insurrección nacional

El gobierno envió tropas a sofocar el foco. Y ahí ocurrió el desplazamiento decisivo: lo que era una protesta religiosa comarcana empezó a articularse con agravios y ambiciones que nada tenían que ver con los conventos. El 26 de enero de 1840, el general José María Obando, en compañía del comandante Gregorio Sarria, se lanzó a la insurrección y cercó Popayán. La revuelta pastusa pasaba a tener un jefe militar de estatura nacional y un teatro de operaciones en el corazón del suroccidente.

Obando no era un rebelde cualquiera. Payanés de origen ilegítimo pero de familia de clase alta, había combatido bajo bandera realista entre 1819 y 1822 antes de pasarse al bando republicano; en 1828 se había alzado contra Bolívar tomando oro destinado a la casa de moneda y saqueando haciendas. Su trayectoria estaba hecha de saltos y de cálculo. En 1840, además, cargaba con un fantasma judicial: el asesinato del mariscal Antonio José de Sucre, ocurrido en Berruecos en 1830, en el que su nombre había quedado envuelto por sospechas que él siempre negó. La comitiva de Sucre había sido interceptada cuando se acercaba al Volador; el propio Gregorio Sarria había entablado en la posada de La Venta una conversación intimidatoria con el mariscal, lo bastante alarmante como para que Sucre sospechara que había una prevención contra él, probablemente ligada a un saqueo que había ordenado en Pasto.

Ese caso, semienterrado durante casi una década, se reactivó a finales de 1839 con la captura del jefe guerrillero José Erazo, cuya declaración volvía a comprometer a Obando. En Bogotá, mientras tanto, el Congreso agitaba un debate paralelo sobre la participación de Santander en las muertes de París y Sardá. La política se estaba judicializando y la justicia se estaba politizando al mismo tiempo. Obando resolvió inicialmente entregarse a las autoridades para aclarar su inocencia, pero pronto tomó el camino contrario. Los rebeldes leyeron —y él con ellos— que el gobierno usaba el proceso para hundir a un adversario en beneficio de Tomás Cipriano de Mosquera y Pedro Alcántara Herrán, los dos hombres fuertes del bando ministerial en el suroccidente. Fuese o no cierto, el temor bastaba: Obando tenía más que perder ante un juez que en el campo de batalla.

Cuando el caudillo de Popayán se alzó, la revuelta dejó de ser pastusa y se hizo nacional. En los meses siguientes, jefes regionales de casi todas las provincias imitaron el gesto y se atribuyeron el título de supremos de sus territorios: de ahí el nombre con el que la contienda pasaría a la historia. La geografía de la insurrección dibujó un mapa que ninguna ideología unificaba. En el Cauca y Popayán mandaba Obando, con la vieja compañía de armas de José Hilario López —que en esta ocasión, sin embargo, se abstuvo de sumarse y trató de mediar—. En la Costa se alzó Francisco Carmona, quien llegó a proclamar un Ejército Unido de los Estados Federales de la Costa, socialmente heterogéneo, con terratenientes, comerciantes y vecinos libres pobres de Barlovento marchando bajo la misma bandera. Salvador Córdoba se movió en Antioquia; Manuel González, Reyes Patria y otros jefes menores encendieron focos en Vélez, en el Socorro, en Tunja, en Casanare, en el sur del Neiva. Francisco Farfán y Juan A. Gutiérrez de Piñeres agitaron por su lado.

Los reclamos eran variados y difusos. Descentralización, federalismo, defensa de los fueros eclesiásticos, agravios personales, reivindicaciones de grupos trabajadores —incluidos esclavos que vieron en la revuelta una posibilidad de fuga o de emancipación— y, sobre todo, la sensación compartida entre los jefes provincianos de haber perdido importancia frente al dominio centralista de Bogotá. No había un programa común, y precisamente esa ausencia reveló la naturaleza del conflicto: no era una guerra ideológica sino una descomposición de la soberanía del Estado, en la que cada caudillo se levantaba por sus razones y firmaba, cuando le convenía, alianzas con los otros.

En la región costeña, el patrón se hizo particularmente visible. Las facciones no se identificaban con ideologías partidistas ni con clases sociales precisas, sino con el interés económico afectado y con la naturaleza personal de los enfrentamientos locales. Los elementos directivos de esas facciones se llamaban gamonales o caciques, y bajo cada gamonal se reunían gentes de todas las condiciones económicas y sociales. De cómo se coligaran esos gamonales dependería, más adelante, la articulación regional de los partidos nacionales y su estructura policlasista. La Guerra de los Supremos no creó ese sistema; lo hizo visible, y lo dejó legible para quien quisiera leerlo.

La respuesta del Estado

Márquez respondió con los recursos que tenía, que no eran muchos. La amenaza militar lo empujó a estrechar todavía más la alianza con los antiguos bolivarianos, con quienes ya compartía el poder desde el inicio de su gobierno. Los dos hombres que llevaron el peso militar de la campaña gubernamental fueron precisamente dos exbolivarianos de primer orden: Pedro Alcántara Herrán y Tomás Cipriano de Mosquera. Ambos payaneses, ambos con experiencia de guerra desde la Independencia, ambos convencidos de que la revuelta era, en el fondo, un intento de los liberales intransigentes por recuperar por las armas lo que habían perdido en las urnas.

Santander se negó a respaldar la insurrección. Fue un gesto que dividió a los suyos: la mayoría de sus seguidores más ardientes y de los liberales más intransigentes sí apoyaron a los rebeldes, mientras el patriarca prefería, desde la sospecha o desde el cálculo, no jugarse en una aventura que veía perdida. José Hilario López, viejo compañero de armas de Obando en la rebelión de 1828 contra la dictadura de Bolívar, se abstuvo con visibilidad y trató de mediar. La rebelión no logró, así, la bendición de las dos figuras liberales que habrían podido darle unidad de propósito.

Sobre el terreno, la campaña fue larga y fragmentaria, hecha de encuentros locales en geografías difíciles. El gobierno concentró sus fuerzas contra los focos más peligrosos: primero el suroccidente de Obando, después la Costa de Carmona. Carmona intentó una operación ambiciosa: avanzar desde la Costa hacia el interior, al menos hasta Ocaña y desde allí hacia Cúcuta, para coordinarse con otros jefes. Fue derrotado en la hacienda de Tescua, en el Norte de Santander, en un enfrentamiento que rompió la posibilidad de una campaña costeña sostenida hacia el corazón del país. Otros focos fueron cayendo por agotamiento, por falta de coordinación, por la deserción de aliados que veían inclinarse la balanza. Obando terminó fugándose al Ecuador, donde encontró refugio bajo la sombra del general Juan José Flores, ya presidente de aquella república: los caudillos del suroccidente granadino y los del norte ecuatoriano eran, al fin y al cabo, gentes que se conocían desde las guerras de Independencia y que se habían combatido y protegido alternativamente por décadas.

En 1841, la iniciativa militar estaba ya en manos del gobierno. En 1842 se apagaban los últimos focos. Herrán, elegido presidente en el intervalo, recogió los frutos políticos de la victoria.

Las causas y las causas de las causas

Explicar por qué estalló la Guerra de los Supremos exige separar planos que en la experiencia de los contemporáneos se vivieron juntos. En el fondo, había una crisis estructural. El Estado central no tenía los medios materiales ni simbólicos para integrar un territorio inmenso, quebrado y culturalmente heterogéneo. Sus rentas no alcanzaban, su ejército era escaso, su burocracia mínima, su legitimidad reciente y disputada. Los caudillos regionales, forjados en las guerras de Independencia y consolidados durante la Gran Colombia, seguían siendo los verdaderos amos de sus comarcas, y no habían sido subordinados nunca del todo: la República no los había derrotado, se había limitado a acomodarlos. La región de Cundinamarca y Boyacá, con sus haciendas familiares y patrimoniales consolidadas desde el siglo XVII, era el corazón del poder político nacional, y precisamente por eso el resto de las provincias resentía su primacía. No es casual que la mayor parte de las guerras civiles del siglo XIX se librara sobre ese eje.

Sobre esa base estructural operaban tensiones más específicas. La relación entre Iglesia y Estado era una fractura latente: un Estado pobre y sin legitimidad popular pretendía controlar una institución con base financiera sólida y aceptación casi universal, y las élites republicanas se dividían sobre hasta dónde llevar ese control. Un sector veía el poderío eclesiástico como un peligro que había que limitar; otro —los fanáticos de la Sociedad Católica— consideraba cualquier limitación una traición al orden cristiano. La ley de conventos de mayo de 1839 fue el punto donde esa asimetría se volvió insostenible.

Y sobre ambos planos, el estructural y el eclesiástico, operaron los detonantes contingentes: la reactivación del caso Sucre a partir de la captura de Erazo, que empujó a Obando a la insurrección por razones de supervivencia política más que de convicción; el cálculo de gamonales costeños con agravios locales; el debate paralelo en el Congreso sobre Santander y las muertes de París y Sardá, que polarizó a la clase política letrada; la abstención mediadora de López, que privó a los rebeldes de un liderazgo unificado; la decisión de Márquez de gobernar con los exbolivarianos, que había prendido la mecha de la desconfianza santanderista mucho antes de que sonara el primer tiro en el sur.

Ninguna de estas causas explica sola la guerra. Ninguna es prescindible. La crisis estructural volvía posible el conflicto; los detonantes contingentes lo desencadenaron en la forma y el momento en que se dio. El Estado central descubrió, entre 1839 y 1842, que su soberanía sobre el territorio era más nominal que real, y que bastaba un cura de Pasto y un caudillo acorralado en Popayán para hacer temblar todo el edificio.

El sedimento: la Constitución de 1843 y la formación de los partidos

Ganada la guerra, el gobierno emprendió la tarea que ninguna administración anterior había podido acometer: dotar al Estado de un marco constitucional que impidiera la repetición del cataclismo. La Constitución de 1843 se elaboró bajo la presidencia de Herrán, con participación directa de Mariano Ospina Rodríguez desde su cartera ministerial. Fue una carta centralista y autoritaria, pensada para dar al Ejecutivo los medios que le habían faltado a Márquez: mayor concentración del poder, mayor capacidad de intervención en las provincias, más orden. No logró reducir la inestabilidad política —las guerras civiles del siglo XIX siguieron su curso—, pero sí contribuyó, junto con las cartas centralistas que la seguirían, a consolidar mecanismos de poder regional y grupos políticos de alcance nacional que a comienzos del siglo XX terminarían compartiendo un cierto consenso sobre las reglas del juego.

El sedimento más duradero, sin embargo, no fue jurídico sino político. La alianza entre los liberales moderados que habían seguido a Márquez y los antiguos bolivarianos —Herrán, Mosquera y su círculo— se endureció en el fuego de la guerra y ya no se deshizo. Esa coalición, que había gobernado desde 1837 por conveniencia, se descubrió a sí misma como un cuerpo político con intereses, símbolos y adversarios compartidos. Del otro lado, los santanderistas más intransigentes, que habían apostado por la rebelión o al menos la habían aplaudido, quedaron marcados como oposición irreconciliable. Cuando en 1848 Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro fundaran formalmente el Partido Conservador, y cuando poco antes se articulara el Partido Liberal, ambas formaciones no nacerían de la nada: recogerían identidades, lealtades y enemistades que la Guerra de los Supremos había fundido y decantado.

El origen del bipartidismo colombiano se remonta más atrás, a la ruptura entre Santander y Bolívar tras la Convención de Ocaña, cuando alrededor del primero se articuló un grupo opositor al Libertador con Azuero, José Vargas Tejada, Florentino González y —significativamente— el mismo Ospina Rodríguez que dos décadas después estaría en el bando opuesto. Pero fue entre 1839 y 1842 cuando esas identidades embrionarias se pusieron a prueba en el campo de batalla y salieron endurecidas. En muchas comarcas del país, las lealtades familiares y municipales hacia los partidos liberal y conservador se remontan justamente a mediados de la década de 1830, forjadas en la primera de la larga serie de guerras civiles que atravesaría el país entre 1831 y 1902.

Sería una simplificación decir que la Guerra de los Supremos fue una guerra entre liberales y conservadores. Los partidos, tal como los conocería el siglo XX, no existían todavía. Fue, más bien, la contienda en la que las fuerzas que darían origen a esos partidos se reconocieron a sí mismas por primera vez como fuerzas distintas y enfrentadas. La asociación posterior entre centralismo y conservatismo, entre federalismo y liberalismo, sería además engañosa: en 1858 sería una constituyente de estirpe conservadora la que promovería por primera vez el federalismo en Colombia. Las identidades políticas colombianas nacieron menos de doctrinas que de lealtades y enemistades, y ese rasgo, forjado en la Guerra de los Supremos, marcaría durante más de un siglo la vida pública del país.

Por qué sigue importando

La Guerra de los Supremos suele ocupar un lugar discreto en la memoria colombiana, opacada por conflictos posteriores de mayor mitología —la guerra de los Mil Días, la Violencia, el conflicto armado contemporáneo—. Y sin embargo es, en muchos sentidos, la matriz. Aquí aparecen por primera vez, ya reconocibles, los rasgos que definirían la vida política del país durante más de siglo y medio: un Estado central que no controla plenamente su territorio; unas regiones donde los caudillos, los gamonales o sus herederos son los verdaderos mediadores del poder; una Iglesia que compite con la República por la lealtad del pueblo; unos partidos que se articulan menos por ideología que por herencia familiar, agravio local y memoria de guerra; una alternancia entre insurrección y constituyente, entre violencia y pacto, que se repetiría casi como fórmula durante todo el siglo XIX.

Márquez creyó gobernar un país; descubrió que gobernaba una capital rodeada de provincias con dueños propios. Obando creyó rebelarse contra un proceso judicial; se encontró convertido en símbolo de un federalismo difuso que no había buscado encarnar. Carmona creyó liderar una federación de la Costa; terminó derrotado en una hacienda de Tescua sin haber alcanzado a Cúcuta. La Iglesia creyó proteger sus conventos; contribuyó a desencadenar una guerra que le dejaría, en las décadas siguientes, adversarios más resueltos y despojos más severos. Nadie obtuvo lo que quería. Todos aportaron, sin proponérselo, a la configuración de un país cuya estructura política nacía de la conjunción azarosa de esas frustraciones.

Comprender la Guerra de los Supremos es entender el momento en que la Nueva Granada dejó de ser una promesa republicana para convertirse en el país que Colombia sería: fragmentado, disputado, católico, caudillista, bipartidista, hecho de regiones que negocian con Bogotá más que obedecerla. Todo eso ya estaba, en germen, entre los conventos de Pasto y las haciendas de Tescua. La guerra fue el momento en que el país aprendió, por primera vez, quién era realmente.