Desamortización de manos muertas y tuición de cultos

Desamortización de manos muertas y tuición de cultos

El 9 de septiembre de 1861, en medio de una guerra civil que aún no terminaba, Tomás Cipriano de Mosquera firmó desde su condición de Presidente Provisorio de los Estados Unidos de Nueva Granada el decreto que ordenaba la desamortización de los bienes de manos muertas. Semanas antes, otro decreto —el de tuición de cultos— había sometido a todo sacerdote a la obligación de jurar obediencia a la Constitución y las leyes antes de ejercer su ministerio. Con esos dos actos, el Estado liberal en armas se apropió al mismo tiempo del patrimonio y del gobierno interno de la Iglesia católica: le exigió sus rentas y le exigió sus lealtades. La operación —fiscal en su justificación, disciplinaria en su ejecución, humillante en su carga simbólica— fue el punto más alto de la ofensiva anticlerical del liberalismo radical colombiano. Alrededor de ella se organizó, en la década siguiente, la alianza entre la Iglesia y el Partido Conservador que estallaría en la guerra civil de 1876-1877. Este es el arco de ese ciclo: del decreto firmado en pleno alzamiento a la derrota conservadora en Los Chancos, pasando por la Convención de Rionegro, la reforma educativa radical y el destierro de los obispos.

Un decreto en tiempo de guerra

El decreto de desamortización no salió de un parlamento sereno. Salió de un cuartel. Mosquera se había levantado en armas contra el gobierno conservador de Mariano Ospina Rodríguez y firmaba como jefe militar de una revolución todavía inconclusa; la guerra iniciada en 1860 solo terminaría con su victoria en 1862. La medida se justificó, en sus considerandos, con una fórmula de raíz liberal clásica: uno de los mayores obstáculos para la prosperidad del país era la falta de movimiento y libre circulación de una gran parte de las propiedades raíces, retenidas por corporaciones y congregaciones religiosas que —se decía— no podían legítimamente poseerlas a perpetuidad.

El argumento, sin embargo, era menos doctrinario que urgente. Lo que apremiaba era la caja. La motivación principal fue fiscal: aliviar las penurias de un tesoro público desangrado por la deuda acumulada y por el costo corriente de las guerras civiles. El anticlericalismo pesaba, pero como capa secundaria sobre la necesidad de financiar la revolución en marcha.

Mosquera envolvió la medida en un linaje respetable. Se remitió a antecedentes en la Francia de Luis XIV, en el gabinete español de 1837 y en México, presentando la desamortización colombiana como una operación más dentro de una tradición larga que atravesaba a los países católicos y llegaba hasta la Revolución francesa. No era una ocurrencia local: era la puesta al día de una reforma pendiente.

El decreto de tuición de cultos iba por otro carril. Expedido en los mismos meses de la segunda presidencia iniciada en julio de 1861, golpeaba más hondo: sometía a la Iglesia a la vigilancia del poder civil, restablecía de hecho el patronato estatal y prescindía de la Santa Sede en los asuntos administrativos del culto. Cada ministro del clero debía solicitar permiso a las autoridades civiles para ejercer sus funciones y jurar obediencia a la Constitución y las leyes como condición previa. Quien desobedeciera podía ser desterrado sin procedimiento judicial. A esos dos decretos se sumaron otros: la extinción de conventos y comunidades religiosas y la expulsión de los jesuitas, a quienes Mosquera había tolerado en su primer mandato y ahora, en su fase provisional, sacó del país.

No era una medida. Era un programa. Desamortización, tuición, extinción de conventos, expulsión de jesuitas: un paquete expedido por un presidente provisorio en plena guerra que la Convención de Rionegro elevaría a Constitución dos años después.

Rionegro: la constitucionalización del programa

La Convención abrió sesiones en febrero de 1863 en una población antioqueña que Mosquera había elegido por razones de seguridad personal. De ella salió la Constitución que rebautizó al país como Estados Unidos de Colombia y lo dividió en nueve estados soberanos con facultades tan amplias que podían mantener milicias propias, emitir sellos postales y determinar quiénes tenían derecho al voto dentro de su territorio. La constitución solo podía enmendarse con el consentimiento unánime de los nueve estados: una arquitectura pensada para hacer irreversible el proyecto federal.

También fue la primera constitución colombiana que no comenzó "En nombre de Dios". Se abrió en cambio "En nombre y por autorización del pueblo y de los Estados Unidos Colombianos". El gesto era deliberado. La relación entre la Iglesia y el Estado había sido uno de los temas centrales del debate constituyente, y la fórmula inaugural marcaba la distancia. Rionegro mantuvo en vigor las leyes anticlericales sancionadas por Mosquera en 1861 —la expropiación de tierras, casas y edificios de las comunidades religiosas, el cierre de conventos que desacataran las órdenes, la tuición— y consagró la libertad religiosa, la libertad de expresión e imprenta y la abolición de la pena de muerte.

La Convención, sin embargo, no fue el triunfo unánime del mosquerismo. Los liberales radicales, sabiendo que la composición de la asamblea no le sería enteramente favorable al general, aprovecharon el momento para imponer restricciones al poder presidencial. La tensión entre Mosquera y los radicales, latente en Rionegro, no se disolvió: se congeló. Estallaría en 1867, cuando un golpe del 23 de mayo derrocó a Mosquera bajo el argumento de que su gobierno había degenerado en dictadura y que era necesario restaurar el orden constitucional para evitar otra guerra civil. A partir de ese momento, el liberalismo radical consolidó su dominio; Manuel Murillo Toro, entre otros, encarnó la línea de gobierno de esa fase.

El federalismo de Rionegro tuvo efectos que sus autores no calibraron. Al blindar la autonomía estatal, protegió también los bastiones conservadores. En Antioquia, Pedro Justo Berrío asumió el gobierno tras derrocar al liberal Pascual Bravo —muerto en el combate del Cascajo en enero de 1864— e instauró una administración conservadora que el poder liberal nacional consideraba inadmisible, pero que la Constitución obligaba a respetar. Murillo Toro, cuya postura frente a los asuntos eclesiásticos difería de la de Mosquera, reconoció el gobierno de Berrío. El federalismo, pensado como blindaje del proyecto liberal, terminó siendo el marco jurídico dentro del cual el conservatismo sobrevivió y se organizó territorialmente.

En el plano económico, el federalismo extremo produjo consecuencias más ásperas. Las rivalidades entre los estados llevaron a establecer aduanas internas que frenaban el comercio interior y resquebrajaban el mercado nacional. Miguel Samper describiría más tarde la Constitución de 1863 como "un verdadero logogrifo" que organizaba la anarquía, y denunciaría el poder de caudillos regionales que mantenían la sociedad en perpetua lucha y vandalaje. El diagnóstico, hecho desde el propio liberalismo, anticipaba el desgaste del modelo.

Un decreto que no llegó a la tierra

La desamortización, ya elevada a norma constitucional, encontró en su ejecución los límites que su retórica no había previsto. Las tierras eclesiásticas directamente expropiadas representaban apenas cerca del 1,5% del área entonces explotada: contra lo que el peso simbólico del decreto haría suponer, el impacto sobre la estructura agraria colombiana no fue muy grande.

La aplicación fue geográficamente fragmentada. En el distrito de La Mesa, en la región del Tequendama, no se remató ninguna propiedad; la Iglesia tenía allí un papel muy reducido como prestamista. En Antioquia el resultado fue igualmente pobre. Durante el período colonial, la Iglesia antioqueña había sido dependiente de las diócesis de Popayán y Cartagena, hacia donde fluían los diezmos, y eso había impedido el florecimiento de latifundios eclesiásticos en la provincia. La mayor parte de la propiedad de manos muertas en Antioquia consistía en censos —créditos hipotecarios sobre tierras y casas— más que en bienes raíces directos, en contraste con Bogotá, donde la Iglesia poseía una proporción significativa de la propiedad inmueble urbana. Tras el decreto de Mosquera, solo unos pocos censos antioqueños fueron redimidos ante el tesoro nacional. Los propietarios locales se sintieron confundidos y temieron la desaprobación eclesiástica: había menos qué desamortizar y quienes podían hacerlo no quisieron. En el suroeste antioqueño —Fredonia, Amagá— el papel de la Iglesia como prestamista fue casi nulo.

Donde sí hubo bienes eclesiásticos considerables y donde el gobierno estatal se mantuvo liberal, la desamortización se ejecutó, aunque con un patrón redistributivo muy específico. Los bienes expropiados fueron sacados a remate en forma indivisa: en lotes grandes, sin fraccionar, lo que puso el precio de entrada fuera del alcance de campesinos y pequeños propietarios. El resultado fue previsible. Los rematadores fueron los acaudalados —principalmente comerciantes liberales que se apoderaron legalmente de los bienes eclesiásticos— y los perdedores fueron los campesinos pobres, que no tuvieron cómo participar. La tenencia de la tierra no varió sustancialmente: cambió de manos en unos pocos sitios, pero no de escala. La desamortización operó, allí donde operó, como una transferencia entre élites: de la élite eclesiástica a una élite mercantil laica y políticamente afín al régimen.

El balance fiscal fue igualmente moderado. La operación no resolvió las penurias del tesoro que la habían justificado. Lo que quedó, más que un rediseño de la propiedad o un saneamiento de las cuentas, fue un acto de soberanía del Estado liberal sobre la Iglesia. Y ese acto, precisamente por su carga simbólica —expropiar, rematar, subastar en la plaza pública lo que había sido inalienable durante siglos—, iba a tener consecuencias políticas mayores que sus resultados económicos.

La resistencia clerical y el confinamiento de los prelados

El decreto de tuición fue el que provocó el choque más duro. Muchos sacerdotes, ante la obligación de jurar obediencia a la Constitución y las leyes como condición previa para ejercer, cerraron sus iglesias. La extinción de los conventos y comunidades religiosas, decretada durante el gobierno provisional, y la expulsión de los jesuitas completaban el cuadro: la Iglesia, como institución con vida propia frente al Estado, quedaba en entredicho.

La represión sobre la jerarquía fue explícita. El arzobispo Antonio Herrán fue confinado por Mosquera. Al arzobispo Vicente Arbeláez, Mosquera lo acusó ante el Papa de ordenar desobediencia a la autoridad pública. Escribió a Pío IX solicitándole que los prelados colombianos permanecieran en sus diócesis y acataran la autoridad civil, argumentando que su ausencia generaba división entre los fieles. El Papa, por su parte, envió a Mosquera una carta pidiendo la revocatoria de la ley de patronato republicano —que colocaba la jurisdicción episcopal bajo tribunales civiles y eclesiásticos e imponía penas de extrañamiento y ocupación de temporalidades—; la petición no fue atendida.

En 1864, el Syllabus de Pío IX condenó como errores un conjunto de principios liberales sobre la relación entre la Iglesia y el poder civil, incluyendo la exclusión del Papa y de los ministros de la Iglesia de la administración de los asuntos temporales. El texto llegaría a Colombia en 1869, publicado como Apéndice al Concilio Primero Provincial Neogranadino, y ofrecería al clero y al conservatismo un marco doctrinal para nombrar como error de fe lo que hasta entonces era solo agravio político.

Las consecuencias sociales de la ofensiva se sentían en la vida cotidiana. Las medidas anticlericales caldeaban los ánimos en los hogares. El problema religioso surgido por las normas de tuición y de manos muertas generó alteraciones del orden público que debió afrontar el gobierno de Manuel Murillo Toro entre 1864 y 1866, junto con otras perturbaciones heredadas de la revolución de 1860. La Iglesia, en el contexto colombiano de mediados del siglo, era una institución con recursos que ningún otro cuerpo social igualaba: financiación sólida, gran aceptación entre las masas populares y clero suficiente para hacer presencia en los rincones más apartados del país. Los Estados que la enfrentaron, en cambio, eran débiles en lo fiscal, en lo administrativo y en su propia legitimidad. La asimetría no era la que el decreto suponía.

El agravio se vuelve partido

El anticlericalismo liberal no inventó al Partido Conservador católico —Mariano Ospina Rodríguez ya había mantenido relaciones muy íntimas con la Iglesia y auspiciado el reingreso de los jesuitas para dirigir planteles públicos—, pero lo consolidó como frente común. Miguel Antonio Caro articularía en la década siguiente la defensa doctrinal de la alianza: la religión y un Estado fuerte eran, en su lectura, las únicas garantías del orden social frente a lo que consideraba la disolución moral promovida por el liberalismo. Sergio Arboleda contribuiría al mismo frente desde otras posiciones.

Circulaba, en esos años, un documento de movilización religiosa-conservadora en el que los firmantes se comprometían a sostener el culto católico con sus propias fortunas, a no apoyar partidos que hostilizaran los intereses religiosos y a emplear sus recursos para revocar las leyes antieclesiásticas. Era una plataforma de acción: la defensa del culto se convertía en programa político y los recursos privados se movilizaban para revertir la legislación del Estado. La alianza dejaba de ser afinidad ideológica para volverse compromiso material.

En el Cauca, la reacción propietaria adquirió una dimensión particular. Los ataques liberales a la propiedad y al poder crediticio de la Iglesia desde la década de 1850 habían generado alarma entre los propietarios, que temían una ruptura del orden social y la erosión de su posición en una región donde se encontraban rodeados y superados en número por la población esclavizada y sus descendientes. La defensa de la Iglesia se entretejió allí con la defensa del orden racial y social: no eran causas separables. Y fue en ese cruce entre doctrina, propiedad y color donde la próxima ofensiva liberal iba a encontrar el terreno más inflamable.

La escuela como frente de guerra

Porque a la ofensiva sobre los bienes y sobre los sacerdotes iba a sumarse, a partir de 1870, una tercera —la que apuntaba al corazón de la reproducción social del catolicismo: la escuela—. El gobierno contrató una misión pedagógica de origen alemán para crear un sistema de escuelas primarias y escuelas normales en todos los estados de la Federación. Se introdujeron los métodos pestalozzianos —enseñanza por inducción, actividad del alumno, disciplina del amor reflexivo— y se organizó una escuela normal y una elemental modelo anexa. Fue el movimiento pedagógico más importante del período.

Los resultados cuantitativos fueron notables. Entre 1870 y 1876 el número de escolares creció de 60.000 a 79.123, y para 1876 funcionaban 1.464 escuelas, con un incremento de más de 327 planteles respecto a 1872. El Estado radical estaba construyendo, por primera vez, un sistema de instrucción pública laica de alcance nacional.

La reacción fue inmediata. Miguel Antonio Caro denunció que el Estado, "armado con la espada de la ley", invadía con escándalo y violencia los derechos de la religión y la ciencia al imponer sus doctrinas en la educación. Los sectores más tradicionalistas rechazaron como insuficientes las garantías de instrucción religiosa contempladas en la reforma. Del otro lado, Aníbal Galindo defendió abiertamente que la educación pública debía enseñar doctrinas liberales para formar liberales, y rechazó cualquier eclecticismo entre el pensamiento católico y el utilitarismo benthamista. No había, en ninguno de los dos campos, disposición a la neutralidad.

La conexión entre las reformas era también material. Propiedades del monasterio de la Concepción en Chiquinquirá, expropiadas por la desamortización, fueron destinadas a la educación pública. La lógica del proyecto encajaba: los bienes que se habían sacado a la Iglesia servirían para construir la escuela que la desplazaría de la formación de las conciencias. Ese doble movimiento —privar de bienes y de alumnos— era el que la jerarquía y el conservatismo estaban dispuestos a resistir por las armas. Y a las armas fueron.

La guerra de 1876-1877

La guerra estalló en 1876, bajo la presidencia de Aquileo Parra, precipitada por el desacuerdo del Partido Conservador y la Iglesia católica con las reformas educativas laicas y obligatorias impuestas desde 1870. Duró aproximadamente once meses y se libró principalmente en el Cauca y el Tolima. Desde la Independencia hasta esa fecha, el Gran Cauca había sido el principal teatro de conflicto armado en Colombia: la diversidad racial, social y productiva de la región lo convertía en un espacio especialmente conflictivo.

El componente socio-racial fue determinante. Las tropas liberales en el Cauca eran predominantemente negras y mulatas, y la guerra tuvo una dimensión de violencia socio-racial que incluyó destrucción de propiedades y ataques a propietarios conservadores. En la Nochebuena de 1876, las tropas liberales ocuparon y saquearon Cali. La causa antirreformista había sido abanderada localmente por los clérigos de Palmira, Cartago y Tuluá, que operaron como agitadores religiosos entrelazados con la tensión racial y social prevaleciente.

Antioquia, bastión conservador, entró en la guerra. Sus fuerzas fueron derrotadas en la batalla de Los Chancos cuando intentaban penetrar en el territorio liberal del Cauca; también fueron derrotadas en Garrapata al intentar el mismo movimiento hacia la Cordillera Central. En 1877, ya en la fase final del conflicto, los liberales santandereanos promulgaron legislación anticlerical que derivó en el destierro del obispo de Pamplona y el arresto de clérigos. El gobierno de Aquileo Parra expulsó del país a los obispos de Popayán, Pasto, Antioquia y Medellín como consecuencia de su intervención política contra la reforma educativa. La geografía del destierro dibujaba el mapa de la resistencia: los territorios donde la Iglesia había movilizado su capital moral eran los que perdían a sus prelados.

El costo del conflicto fue enorme. El ejército de la Unión movilizado contra las guerrillas conservadoras alcanzó 25.000 hombres, y la guerra representó, según se quejó el Secretario del Tesoro, el 118% del presupuesto nacional aprobado para 1878. La victoria liberal fue militar, pero dejó al Estado radical financieramente exhausto y políticamente desprestigiado. La guerra había evidenciado el debilitamiento del Estado central y agravado una situación económica ya deteriorada por la caída de las exportaciones. El modelo de Rionegro empezaba a agotarse en su propia victoria.

Causas: acumulación, detonante y estructura

La ofensiva anticlerical iniciada con la desamortización y la tuición en 1861 había construido, a lo largo de quince años, una alianza clerical-conservadora capaz de traducir el agravio en organización política y en capacidad militar. La expropiación de bienes, la humillación de los prelados, la extinción de los conventos, la expulsión de los jesuitas: cada acto había sumado al capital de resentimiento que la Iglesia y el conservatismo podrían movilizar cuando llegara el momento.

El detonante fue la reforma educativa de 1870. Allí el Estado radical cruzó la línea que hizo imposible la coexistencia. La disputa por los bienes había sido una pelea entre élites; la disputa por la escuela era una pelea por la formación de las nuevas generaciones, y en esa pelea la Iglesia no podía ceder sin dejar de ser lo que era. La misión pedagógica alemana, los métodos pestalozzianos, la escuela normal, el crecimiento acelerado del sistema público: cada uno de esos avances era, desde la lectura clerical, un asalto al alma de los niños colombianos.

Las causas inmediatas fueron regionales. En el Cauca, la guerra fue también una explosión socio-racial: las tropas liberales negras y mulatas atacaron a los propietarios conservadores en un territorio donde la defensa del orden racial y la defensa de la Iglesia se superponían. En Antioquia, el gobierno conservador de Berrío proveyó la base territorial para el levantamiento; el federalismo extremo de Rionegro, al haber protegido esa autonomía, había creado sin quererlo la condición institucional del alzamiento. Ninguna de estas causas anula a las otras: fue el encaje de las tres —la acumulación anticlerical de largo plazo, el detonante educativo, las condiciones regionales y raciales— lo que produjo la guerra que se produjo, cuando se produjo.

Consecuencias: hacia la Regeneración

La derrota conservadora en 1876-1877 fue militar, pero no política. En 1878, al dar posesión al general Julián Trujillo como presidente, Rafael Núñez —entonces presidente del Senado— enunció la consigna que se haría célebre: "Regeneración administrativa fundamental o catástrofe". En ese momento, Núñez se refería solo a una regeneración administrativa que suponía la subsistencia de las instituciones vigentes; el programa de transformación política profunda vendría después.

El gobierno de Trujillo (1878-1880) adoptó una política de conciliación con la Iglesia: levantó el exilio de los obispos expulsados por Parra y derogó la ley que limitaba las actividades eclesiásticas aprobada en 1877. Un sector del liberalismo, encabezado por José María Samper y al que se sumarían Camacho Roldán, Camilo A. Echeverri, Ramón Santodomingo Vila y Nicolás Pereira Gamba, tendió a hacer arreglos con el conservatismo; varios terminarían incorporándose a ese partido. El diagnóstico compartido era que el liberalismo "se había perdido por exceso de fuerza y falta de responsabilidad".

Núñez fue elegido presidente en 1880, 1884, 1886 y 1892. El giro se aceleró desbordantemente desde finales de 1884, con un uso deliberado del sentimiento religioso como control social y el rechazo a la política de movilización plebeya que había caracterizado al radicalismo. El fracaso de la rebelión radical de 1885 dejó en sus manos un poder inmenso que utilizó para consolidar el nuevo régimen. La Constitución de 1886, obra en gran medida de Miguel Antonio Caro, estableció centralización política y administrativa, formación de un ejército nacional y restablecimiento de relaciones armónicas con la Iglesia. Su artículo 41 dirimió la disputa por la educación en favor de la Iglesia católica: la educación pública debía organizarse en concordancia con la Religión Católica, y a la Iglesia se le entregó el control de la educación pública y la capacidad de vigilar la privada por los siguientes cincuenta años.

Lo que Mosquera había abierto en 1861 desde un cuartel —el sometimiento de la Iglesia al Estado, la expropiación de sus bienes, la exclusión del sacerdote del gobierno del culto— quedaba revertido veinticinco años después desde otro régimen igualmente autoritario, ahora en dirección contraria.

Un balance

La desamortización y la tuición cambiaron menos la propiedad de la tierra que la política del país. Su efecto material fue moderado: 1,5% del área explotada expropiada, remates indivisos que beneficiaron a comerciantes liberales acaudalados, aplicación nula o mínima en regiones enteras, un tesoro que siguió agobiado a pesar de las ventas. Como operación de ingeniería fiscal y redistribución agraria, la desamortización fue un éxito modesto.

Como acto de soberanía del Estado sobre la Iglesia, en cambio, tuvo consecuencias mayores. El decreto firmado en 1861 y la tuición que lo acompañó comunicaron algo que no admitía interpretación: el Estado liberal se reservaba el derecho de expropiar a la Iglesia, de obligar al sacerdote a jurar, de desterrar al prelado sin juicio, de extinguir conventos y expulsar órdenes. Esa comunicación —más que la pérdida efectiva de bienes— fue lo que soldó orgánicamente a la Iglesia con el Partido Conservador y transformó la defensa del culto en programa político con capacidad de movilización armada. La reforma educativa de 1870 activó esa alianza; la guerra de 1876-1877 fue su ejecución militar; la Regeneración fue su victoria política.

El proyecto radical intentó laicizar una sociedad en la que la Iglesia era, en muchos sentidos, más fuerte que el Estado que pretendía someterla: mejor financiada, más aceptada popularmente, con más presencia territorial, con más legitimidad. Lo hizo en condiciones de guerra civil, con instrumentos autoritarios y sin capacidad de sustituir socialmente lo que desmontaba jurídicamente. El resultado no fue una sociedad laica sino una sociedad polarizada, en la que la Iglesia, humillada pero no debilitada, encontró en el conservatismo el brazo político que le devolvería con creces lo que había perdido. La laicidad agresiva, ejecutada sin base social suficiente, terminó consagrando su contrario: el Estado confesional de 1886 y un control eclesiástico sobre la educación pública que duraría medio siglo.