Auge exportador y dependencia agraria bajo el radicalismo (1870–1882)

Auge exportador y dependencia agraria bajo el radicalismo (1870-1882)

Entre 1870 y 1882 Colombia vivió el ciclo económico más ambicioso del siglo XIX y también el más frágil. La élite radical, en el poder desde la Constitución de 1863, apostó a que la exportación de productos agrícolas —tabaco de Ambalema, quinas silvestres de las cordilleras, algodón costeño, añil y un café todavía incipiente— sacaría al país del ensimismamiento minero colonial y lo engancharía al mercado atlántico. La apuesta funcionó a medias y por poco tiempo: hacia 1875 el tabaco se derrumbó en el mercado de Bremen, hacia 1882 la quina siguió el mismo camino, y con ellos se hundieron los cimientos materiales del propio radicalismo. Lo que quedó no fue una economía moderna sino un país todavía séptimo u octavo en el ranking exportador latinoamericano, un artesanado urbano en franca descomposición, un mercado interno fragmentado por aduanas entre estados soberanos y un capital comercial concentrado que había preferido apropiarse de ganancias extraordinarias antes que sembrar industria. En doce años se consumió una ilusión y se preparó, sin quererlo, la Regeneración.

El país que heredó el radicalismo

Hasta mediados del siglo XIX el oro había sido prácticamente el único producto que Colombia colocaba en el mercado mundial. Su alto valor por unidad de peso permitía sortear la miseria de los caminos: se podía sacar por trocha de mula desde Antioquia o el Cauca sin que el flete lo devorara. Esa comodidad tuvo, sin embargo, un costo. Las bonanzas mineras coloniales habían desestimulado el cultivo de otros productos para el intercambio exterior, dejando al país sin la infraestructura ni la tradición mercantil que otras economías latinoamericanas —Brasil con su azúcar, Argentina con sus cueros— sí habían acumulado.

El cambio empezó a mediados de siglo. La supresión del estanco del tabaco hacia 1850, en el marco de las reformas liberales de inspiración utilitarista impulsadas por Florentino González desde el ministerio de Hacienda de Tomás Cipriano de Mosquera, coincidió con un movimiento telúrico en el mercado mundial del oro: los descubrimientos californianos de 1848 y australianos de 1851 hundieron el valor relativo del oro colombiano y forzaron a los comerciantes del interior a buscar nuevas fuentes de divisas. La clase mercantil neogranadina —los hermanos Samper entre los más visibles— vinculó entonces sus capitales al tabaco. En 1852 el gobierno cedió el monopolio productivo del tabaco en Ambalema a Francisco Montoya, un antioqueño considerado el mayor y más estable capitalista del país, cuya firma Montoya y Sáenz, conectada con una compañía inglesa, se apoderó del área más productiva.

Cuando los radicales tomaron el mando efectivo del país en la década de 1860, el andamiaje ya estaba montado: un sistema tributario nacional heredado de las leyes de 1850 y 1851 que se mantendría hasta los años ochenta; una política librecambista practicada casi sin interrupción desde 1853; y tres firmas privadas repartiéndose el negocio del tabaco. Sobre ese piso los radicales edificaron su proyecto, convencidos de que la vinculación al mercado atlántico era la única puerta hacia la civilización. Manuel Murillo Toro, Salvador Camacho Roldán, Aníbal Galindo, Santiago Pérez y Miguel Samper —el principal economista político liberal del país— compartían el diagnóstico: Colombia debía ofrecer a Europa materias primas y abrir la puerta a sus manufacturas, porque los granadinos no podían sostener la competencia industrial con europeos y norteamericanos. La doctrina de las ventajas comparativas se convirtió en catecismo.

La geografía del ciclo exportador

El auge no fue un fenómeno nacional homogéneo sino un mosaico de bonanzas regionales, cada una con su producto, su firma dominante y su ventana de mercado. El tabaco tuvo su capital en Ambalema, en el Estado del Tolima, donde las haciendas tabacaleras dominaron el paisaje hasta mediados de los años setenta. Carmen de Bolívar, en la Costa Atlántica, y Palmira, en el Cauca, completaron el triángulo productor. La producción se despachaba por el Magdalena hacia Barranquilla y de allí a Bremen, que sustituyó a Londres como puerto redistribuidor hacia los consumidores europeos.

La quina —corteza silvestre cuya sal, la quinina, era el único febrífugo eficaz contra la malaria en un mundo colonial donde el paludismo mataba imperios— tuvo un primer auge a finales de los años cincuenta, un descenso abrupto y una segunda vida durante los setenta. Su geografía fue la de las cordilleras: la Provincia de Soto en Santander se convirtió en uno de los grandes centros extractivos. En 1881, en el momento culminante, las 6.454 cargas exportadas desde Soto estaban concentradas en manos de un puñado de casas: José María Valenzuela controlaba el 38,1%, M. Cortissoz & Cía. el 26,9% y el registro conjunto de Lengerke & Lorent el 16,7%. Entre las tres sumaban más del 81% de la exportación provincial. La quina llegó a valer, tonelada por tonelada, entre dos y tres veces lo que costaba el café: era el producto de mayor rentabilidad relativa del ciclo, y también el más efímero, porque su carácter silvestre y extractivo condenaba a los bosques al agotamiento.

El algodón fue el episodio más claramente coyuntural. Sus exportaciones se dispararon durante la Guerra de Secesión estadounidense (1861-1865), cuando el bloqueo del Sur confederado dejó a las hilanderías inglesas hambrientas de fibra, y decayeron tan pronto como Estados Unidos volvió al mercado. Concentrado en unos pocos municipios del Estado de Bolívar, el cultivo pasó de unas 3.800 hectáreas entre 1866 y 1870 a apenas 1.600 hacia finales de la década siguiente. Fue el ejemplo más nítido del carácter especulativo del modelo: los negociantes locales no habían plantado algodón para construir una industria textil, sino para aprovechar un desequilibrio momentáneo en el mercado mundial.

El añil corrió una suerte parecida. Salvador Camacho Roldán llegó a proponer en 1871 la fundación de un establecimiento de añil en gran escala, señal de que al menos algunos actores consideraban el tinte natural un cultivo con futuro. La aparición de los colorantes sintéticos alemanes en las décadas siguientes clausuraría la posibilidad.

Y en la trastienda del ciclo, casi invisible durante los años setenta, crecía el café. En Líbano, al norte del Tolima, bajo el liderazgo de Aquileo Parra —patrón espiritual y físico del pueblo antes de llegar a la presidencia en 1876—, comenzó a comienzos de la década de 1870 el primer cultivo metódico del grano. Los municipios antioqueños del norte tolimense (Herveo, Fresno, el propio Líbano) desarrollaron una peculiaridad que los distinguía del resto de Antioquia y del país: economías de exportación cafetera con tenencias de tierra de tamaño moderado, donde el latifundio era la excepción. Esa estructura, ligada a la forma en que los colonos antioqueños fundaron sus asentamientos, sería la matriz de lo que después se llamaría la Colombia cafetera.

El librecambio en acción

El programa arancelario radical no fue una improvisación. Descendía en línea directa de la rebaja de 1847 impulsada por Florentino González y se ejecutó casi sin interrupciones entre 1853 y 1870. Aníbal Galindo y Miguel Samper fueron sus articuladores teóricos más rigurosos. Samper defendió el laissez-faire con una convicción que llegó a lo provocador: propuso que sería preferible asignar a cada artesano un pago de mil pesos anuales antes que imponer aranceles proteccionistas, porque el proteccionismo era, argumentaba, antieconómico y contrario a la libertad del consumidor.

La coherencia doctrinal, sin embargo, tuvo sus grietas. El propio Samper reconocía que en política una aplicación literal del laissez-faire equivaldría a la negación del orden, y admitía la necesidad del Estado como fuerza superior para armonizar intereses. Manuel Murillo Toro esbozó incluso un ligero movimiento proteccionista que matizaba la imagen doctrinariamente uniforme del partido. Y conviene recordar —aunque para los años setenta la memoria del hecho ya se había vuelto incómoda— que los padres del conservatismo colombiano, Julio Arboleda, Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro, también habían defendido el librecambio con entusiasmo hasta 1848, cuando el conservatismo empezó a distanciarse al rechazar su extensión a todos los ámbitos de la vida social.

Para la década de los setenta la doctrina era ya casi un dogma de Estado, y el aumento de los ingresos aduaneros estimulado por el auge exportador de 1850-1875 permitió al Gobierno central recuperar, hacia los años sesenta, los niveles de ingresos brutos de los años cuarenta. El librecambio, además, cumplía una función política: al abaratar las importaciones europeas satisfacía a la élite comercial y a los consumidores urbanos, y al fomentar las exportaciones alimentaba a los productores agrarios que sostenían al partido.

Lo que no cumplía era la promesa de vincular a Colombia establemente al mercado mundial. A finales de los años setenta el país ocupaba habitualmente el séptimo u octavo lugar entre las economías latinoamericanas en comercio exterior, muy lejos de Brasil, Argentina o Chile. La escasez de capitales, las técnicas rudimentarias y, sobre todo, los altos costos de transporte limitaban la competitividad de cualquier producto colombiano en Europa. La ideología suponía que el mercado corregiría los defectos; la geografía dictaminaba otra cosa.

El artesanado en la picota

La contracara del librecambio fue el hundimiento sostenido del artesanado urbano. Los sastres, zapateros y ebanistas de Bogotá que hacia 1839 habían comenzado a prosperar y a consumir sus propios productos vieron cómo la rebaja arancelaria de 1847 abrió las puertas a la ropa confeccionada y a los muebles finos de Inglaterra y Francia. La respuesta fue inmediata: en octubre de 1847, apenas cuatro meses después de las medidas de Florentino González, se organizó en Bogotá la Sociedad de Artesanos con el propósito de defender los oficios y demandar protección aduanera. La organización derivó con el tiempo hacia funciones de club político y se transformó en la Sociedad Democrática de Artesanos, dirigida por Ambrosio López.

El conflicto arancelario enardeció los ánimos partidistas durante los primeros años cincuenta y culminó en 1854, cuando la Sociedad Democrática de Artesanos, en oposición al gobierno de José María Obando y a la reducción de tarifas impulsada por los radicales, respaldó el exitoso golpe militar del general José María Melo. El golpe fue derrotado meses después por una coalición civil y militar, y con su derrota se selló la suerte política del artesanado como fuerza organizada. En adelante los artesanos serían un actor sin poder de veto: se les podía escuchar, ignorar o compadecer, pero no negociar con ellos.

Los años setenta agravaron cuanto no había arreglado el golpe. La navegación a vapor en el Magdalena, consolidada desde 1850, había desplazado a los bogueros de champanes, un oficio artesanal fluvial de siglos. Las importaciones textiles y de bienes de consumo europeas crecían al ritmo del auge exportador —al fin y al cabo, las divisas del tabaco y la quina se gastaban en manufacturas importadas—. Y las mejoras técnicas en la producción extranjera hacían que la brecha de precios entre lo artesanal colombiano y lo industrial europeo se ampliara año tras año. En 1880 se reportó en Medellín, uno de los viejos centros artesanales, que más de mil de sus treinta y siete mil habitantes vagaban por las calles sin techo ni alimentación regular. La pauperización y el miedo al desclasamiento habían dejado de ser un rumor.

La respuesta del radicalismo fue la de Samper: mejor un subsidio nominal que un arancel real. En la práctica no hubo ni lo uno ni lo otro. La doctrina de las ventajas comparativas exigía que Colombia produjera lo que sabía producir —tabaco, quina, café— y comprara lo demás. El artesanado, en esa ecuación, era simplemente un factor de producción mal asignado que debía reasignarse por sí solo. Que no hubiera hacia dónde reasignarse, en un país sin industria y con un mercado interno estrecho, era un problema que la doctrina no contemplaba.

Los ríos y las mulas

El cuello de botella físico del modelo estaba en el transporte. La arteria principal era el río Magdalena, que unía el interior andino con el Caribe y, a través de Barranquilla, con el mundo. Antes de 1850 la navegación a vapor había fracasado repetidas veces por una combinación de razones políticas, dificultades técnicas propias del río y volumen insuficiente de carga. Fue la aparición de las exportaciones agrarias —tabaco sobre todo, luego quinas, café, algodón, maderas— la que generó la carga de retorno necesaria para hacer el negocio viable. El tráfico de bajada por el Magdalena habría pasado de unas 12.000 cargas anuales calculadas por Elbers en 1827 a cerca de 65.000 hacia mediados del siglo, la mayor parte del aumento concentrada en los veinte años posteriores a 1850.

Pero el Magdalena era sólo un tramo. Del río hacia el interior, la carga viajaba a lomo de mula por caminos que apenas merecían el nombre. El eje Honda-Bogotá, el camino del Carare, la ruta Barrancabermeja-Socorro, la trocha de Puerto Nacional a Ocaña: por allí pasaba la conexión de las regiones productoras del interior con el mundo, y por allí se decidía la competitividad de cada producto en Nueva York o Bremen. Los fletes de mula oscilaban entre 22 y 34 centavos por tonelada-kilómetro en verano, y se duplicaban a 40-60 centavos en épocas de lluvia o guerra civil. En Estados Unidos, en los mismos años, canales y ferrocarriles lograban cerca de 1,25 centavos por tonelada-kilómetro. La diferencia era de veinte veces. En épocas de crudo invierno, además, los propietarios de recuas simplemente se negaban a aceptar carga por el riesgo para los animales: el país quedaba, en la práctica, incomunicado durante semanas.

El efecto sobre el café fue devastador antes incluso de que el café importara. En 1867 el flete de Cúcuta a Maracaibo equivalía al 15% del precio del grano en Nueva York. En 1878 el costo de transportar café de Bucaramanga a Barranquilla había subido al 24%. Casi una cuarta parte del precio final se la comía el camino. Comparado con la quina —que valía dos o tres veces más por tonelada— o con el tabaco de Carmen de Bolívar —que salía por la costa sin cruzar la cordillera—, el café santandereano y tolimense arrancaba en desventaja estructural. Que aun así lograra imponerse en las décadas siguientes dice más sobre la desaparición de sus competidores que sobre sus ventajas propias.

Ahí estaba, quizás, el defecto original del modelo. Aunque el librecambio permitía importar barato, ningún producto agrario colombiano podía sostener competitividad exportadora duradera mientras los costos internos de transporte fueran veinte veces los del competidor. La doctrina arancelaria fue el debate visible; la ausencia de ferrocarriles fue el determinante silencioso.

Los negociantes y su lógica

El capital que financió el ciclo estuvo en manos de un grupo reducido y concentrado. Los antioqueños ocuparon un papel destacado: controlaban el comercio del café y el transporte por el río Magdalena, y entre 1820 y 1870 Medellín funcionó como el banquero de Bogotá. La firma Montoya y Sáenz dominó Ambalema; los hermanos Samper vincularon capitales al tabaco; los alemanes se instalaron en Barranquilla y en los Santanderes, donde vendían más barato que sus competidores. El comercio de importación quedó en gran parte en manos colombianas, sin que se distinguiera un grupo fuerte de comerciantes ingleses.

La lógica de estos negociantes fue coherente y, desde el punto de vista de sus intereses, racional: apropiarse de ganancias extraordinarias asociadas a la escasez relativa en mercados mundiales en desequilibrio, en lugar de construir sectores de exportación estables. Cuando el desequilibrio se corregía —cuando el Sur estadounidense volvía al mercado del algodón, cuando Bremen encontraba tabaco de mejor calidad, cuando la quinina sintética empezaba a asomar— los capitales se retiraban del cultivo y se reinvertían en el siguiente boom. Los empresarios tabacaleros de Ambalema, tras la caída del tabaco, reconvirtieron sus plantaciones en dehesas de ganado, cultivos de caña o café, o fincas de recreo, y se lanzaron a explotar baldíos para extraer quina, añil y caucho. La agricultura de exportación se comportaba como una economía minera: se explotaba el filón hasta agotarlo y se buscaba el siguiente.

La élite comercial santandereana diversificó su capital en propiedad raíz urbana, infraestructura vial y sector financiero, pero no realizó inversiones industriales significativas, a pesar de que los antecedentes históricos señalaban posibilidades en torno a la producción de tejidos de algodón y el cultivo del cacao. La desarticulación y estrechez de los mercados locales desalentaba cualquier apuesta manufacturera de largo plazo. El comercio exterior se financiaba mediante letras de cambio en libras o francos pagaderas a 90 días, y los bancos —cuando existían— se limitaban a negociarlas. La ausencia de un mercado de capitales robusto obligaba a recurrir a inversión extranjera parcial —pequeños empresarios foráneos con respaldo de especuladores— para financiar cualquier proyecto de infraestructura.

El costo sistémico de esta lógica se hizo visible en 1869, cuando el Banco de Londres, México y Surámerica, establecido en 1846, se liquidó arrastrado por la crisis de las exportaciones tabacaleras. Que un banco británico con operaciones en tres regiones del continente cayera por el destino del tabaco de Ambalema medía la exposición del sistema financiero al ciclo agrario y anticipaba lo que vendría en el resto de la década.

El derrumbe

Hacia 1870 el tabaco colombiano era considerado en Bremen un producto de tercera. Las razones eran técnicas —deterioro de la calidad del cultivo, procesos de curado insuficientes— pero tenían raíces socioeconómicas: los comerciantes que dominaban el negocio no reinvertían en mejoras productivas porque su horizonte era el de la ganancia extraordinaria, no el de la competitividad sostenida. Bremen empezó a cerrar compras hacia 1870; el colapso definitivo llegó con la caída de precios de 1875. La firma de mayor peso, Montoya y Sáenz, se desarmó junto con las demás casas del sector. Colombia siguió exportando tabaco en volúmenes menores durante décadas, pero la industria de exportación a gran escala había terminado.

La quina alargó la ilusión durante siete años más. Su segundo auge, en la década de 1870, coincidió con la caída del tabaco y permitió a los mismos comerciantes —los que se lanzaron a explotar baldíos— transferir capital y trabajo hacia la nueva bonanza. En 1881 la Provincia de Soto exportaba más de seis mil cargas al año. Un año después el ciclo se cerró: la quina cinchona empezó a cultivarse sistemáticamente en Java bajo tutela holandesa, con calidad superior y precios que Colombia no podía igualar, y hacia 1882 la extracción silvestre colombiana perdió su mercado. En dos ciclos consecutivos, el país había visto derrumbarse a sus dos principales motores agrarios de exportación.

El impacto político fue devastador. El colapso de la agricultura de exportación minó fatalmente la base material, la fuerza política y la influencia ideológica del liberalismo radical. Los ingresos aduaneros del Gobierno central, que habían crecido con el auge, se contrajeron. Las rivalidades entre estados soberanos durante los años setenta habían llevado, además, a implantar aduanas internas que frenaban el comercio interior, debilitando tanto la unidad política como el mercado nacional. La pérdida de seguridad de la vida y la propiedad derivada de la inestabilidad del sistema federal se convirtió en munición del programa de Rafael Núñez, que desde 1880 empezó a articular un discurso de retorno a la autoridad y fortalecimiento del Gobierno central. El relevo de los radicales en 1880 y la restauración conservadora que se consolidaría entre 1885 y 1886 no fueron sólo hechos políticos: fueron el corolario del derrumbe económico.

Causas y responsabilidades

El fracaso del modelo tuvo causas estructurales y causas contingentes, y confundirlas empobrece el balance. Las estructurales fueron dos, y de peso decisivo. La primera, la infraestructura de transporte: mientras el flete interno absorbiera hasta el 24% del precio del café en el puerto de destino, ningún producto agrario colombiano —con la excepción del oro y quizás de la quina en su pico de precios— podía sostener competitividad exportadora duradera. La segunda, la naturaleza extractiva y especulativa de los mercados aprovechados: quina silvestre, algodón bajo bloqueo confederado, tabaco en un nicho europeo antes de que Java madurara. Ninguno de esos nichos podía durar, y ninguno de ellos exigía —ni por tanto generaba— acumulación de capital fijo, tecnología o mano de obra calificada.

Las causas contingentes tienen nombres y decisiones. La élite radical eligió, entre 1853 y 1875, no proteger al artesanado y no invertir sistemáticamente en infraestructura de transporte. El federalismo constitucional de 1863 permitió las aduanas internas que fragmentaron el mercado nacional. Los negociantes eligieron, ante cada bonanza, la ganancia rápida antes que la reinversión productiva. Miguel Samper prefería un subsidio nominal a un arancel real; Aquileo Parra sembraba café en Líbano mientras el país seguía comprando telas inglesas; Manuel Murillo Toro esbozaba un ligero proteccionismo sin llevarlo a la práctica. Cada una de esas decisiones fue individualmente defendible dentro de la doctrina; en conjunto compusieron un modelo sin amortiguadores.

Que el cuello de botella físico fuera el transporte no exonera a la doctrina arancelaria, porque el librecambio activo eligió que los recursos fiscales se gastaran en administración y en guerra civil en lugar de en ferrocarriles y caminos. Y que las bonanzas fueran efímeras no absuelve a los negociantes que optaron por perseguirlas en cadena en lugar de asentarse en alguna. La estructura restringía las opciones; los agentes eligieron entre las que había.

Lo que dejó y lo que no

El ciclo exportador radical no fue estéril, aunque su fracaso fue mayúsculo. Dejó, contra su propia lógica, el embrión del café: los cultivos metódicos de Líbano en el Tolima, los pequeños y medianos propietarios de la colonización antioqueña, las vías de mulas que buscaban el Magdalena y que serían las trazas de los futuros ferrocarriles. Entre 1870 y 1910 las exportaciones de café se quintuplicaron, aunque la verdadera expansión se concentró después de 1885. Para 1920 el café representaría aproximadamente el 70% de los ingresos por exportaciones del país. La consolidación cafetera fue, en muchos sentidos, la construcción, sobre otras bases sociales y geográficas, de lo que el ciclo del tabaco no supo hacer: un sector exportador con estructura de propiedad estable y arraigo territorial.

Dejó también, en negativo, el diagnóstico que la Regeneración usaría para justificarse. El caos monetario, la fragmentación del mercado interno, la debilidad del Gobierno central, la pauperización del artesanado y la caída de los ingresos aduaneros fueron los argumentos con los que Núñez y sus aliados desmontaron el edificio radical entre 1880 y 1886. En ese sentido, el auge exportador de los setenta preparó su propia derrota política.

Lo que no dejó fue una industria. La acumulación de capital derivada del ciclo benefició a un grupo reducido de comerciantes —los antioqueños con papel destacado, los alemanes de Barranquilla, las casas santandereanas— que prefirió la propiedad raíz, el sector financiero y las siguientes bonanzas antes que la manufactura. Cuando en las primeras décadas del siglo XX empezó a haber industria textil en Medellín, sus orígenes tuvieron menos que ver con la memoria del tabaco de Ambalema que con la geografía específica de la colonización antioqueña y con el capital cafetero acumulado en las décadas posteriores.

Por qué sigue pesando

El balance del radicalismo económico importa hoy porque en él se decidieron cosas que Colombia no ha vuelto a resolver. Se decidió, primero, la primacía del sector exportador sobre la protección del mercado interno, una jerarquía que reaparece cada vez que el país discute su política comercial. Se decidió, segundo, que la modernización pasaría por engancharse a la demanda externa antes que por integrar el territorio nacional, y ese cálculo —hacer economía por los bordes y no por el centro— sigue marcando la relación entre las regiones y el país. Se decidió, tercero, que el capital comercial podía escoger legítimamente la ganancia extraordinaria antes que la inversión productiva, y esa cultura empresarial, forjada en las bonanzas del tabaco y la quina, ha sobrevivido en ciclos posteriores.

Se aprendió, además, algo que las élites tardaron generaciones en asimilar: sin infraestructura de transporte no hay ventaja comparativa que valga. Los fletes de mula del interior a Barranquilla explicaron el fracaso del tabaco y de la quina más elocuentemente que cualquier tratado de economía política. La era del ferrocarril, que empezaría a llegar en las décadas siguientes, fue en buena medida la respuesta tardía a las lecciones no aprendidas del ciclo radical.

Y quedó, por último, la sombra larga del artesanado derrotado. Los sastres y zapateros de Bogotá que fundaron la Sociedad de Artesanos en octubre de 1847, los mil desclasados que en 1880 vagaban por las calles de Medellín, los bogueros de champanes desplazados por el vapor: en ellos se prefiguraba una pregunta que Colombia no ha terminado de responder sobre quién paga los costos de la modernización y quién decide en qué términos se moderniza el país. La respuesta del radicalismo —que los pagara el más débil y que decidiera el más apto— tuvo su lógica y su costo. En 1882, cuando la quina siguió al tabaco al fondo del mar, el país descubrió que la lógica había sido más corta que el costo.