Civilización-barbarie

Civilización y barbarie

Entre 1863 y 1886, mientras Colombia se llamaba oficialmente Estados Unidos de Colombia, un par de palabras hacía trabajo pesado en discursos parlamentarios, prólogos de libros, mapas oficiales, sentencias judiciales y órdenes militares: civilización y barbarie. No era adorno retórico ni importación literaria. Era el operador con el que las élites liberales —y después las conservadoras— decidían qué regiones del país merecían ferrocarril y cuáles misión, qué poblaciones eran ciudadanas y cuáles pupilos, qué guerras civiles eran cruzadas y cuáles motines. La dicotomía ordenaba la geografía, jerarquizaba las razas y legitimaba el uso de la fuerza. Cuando la Regeneración la volteó contra sus propios inventores hacia 1886, quedó demostrado que el par no era propiedad de un partido sino la gramática compartida del poder republicano en el siglo XIX colombiano.

La antinomia y su lugar en el pensamiento liberal

El binomio venía del pensamiento hispanoamericano de mediados del siglo XIX, cuya expresión más célebre fue el Facundo que Domingo Faustino Sarmiento publicó en Chile en 1845. Sarmiento había construido allí un dualismo tajante: de un lado la ciudad, asociada con la cultura europea, la educación y las relaciones productivas; del otro el campo, terreno de la brutalidad, la desorganización y la pereza. La guerra argentina, escribía, había sido doble: primero de las ciudades iniciadas en la cultura europea contra los españoles; después, de los caudillos rurales contra las ciudades, para librarse de toda sujeción civil y desatar su odio contra la civilización. Facundo Quiroga, el caudillo riojano, era para él a la vez condenable y fascinante: "el personaje histórico más singular" de Argentina, expresión fiel del pueblo del que había salido.

Ese vocabulario cruzó el continente. En Colombia lo adoptó una generación de letrados que, tras la reforma de mediados de siglo, se sentían fundadores de una república moderna: José María Samper, Manuel Ancízar, Salvador Camacho Roldán, Manuel Murillo Toro, Florentino González, Aníbal Galindo, José María Rojas Garrido, José Hilario López. Se les conoce como los radicales del siglo XIX, y su horizonte era sencillo de enunciar y difícil de realizar: pasar de la barbarie a la civilización mediante infraestructura —caminos, ferrocarriles, vapores por el Magdalena—, espíritu empresarial e instrucción pública. Sin esos tres factores, sostenían, ninguna nación podía cruzar el umbral.

La filiación del par en Colombia no fue estrictamente positivista, aunque se ha querido leer así retrospectivamente. Era más bien romántico-liberal, permeada por el humboldtianismo científico y por el catolicismo cultural que ninguna de las dos alas del liberalismo terminó de desmontar. Buena parte de la fuerza del concepto vino, precisamente, de que liberales y conservadores compartían el vocabulario —civilizados unos, bárbaros los otros—, aunque discreparan violentamente sobre qué significaba civilizar y quién debía hacerlo.

Samper, Ancízar y la escritura de la nación

En 1861, José María Samper publicó en París su Ensayo sobre las revoluciones políticas y la condición social de las repúblicas colombianas. Es una obra bisagra: réplica a los juicios pesimistas de observadores europeos sobre el porvenir americano y, al mismo tiempo, programa de acción para las generaciones futuras del continente. El libro inauguró un ciclo del pensamiento colombiano dedicado a examinar el destino nacional y el legado de España, y su método comparativo fue adoptado después por casi todos los escritores que se ocuparon del pensamiento social colombiano en la segunda mitad del siglo. Samper describía tipos regionales —el neivano trabajador en el calor del Alto Magdalena, el cachaco bogotano pudiente al que atribuía "sal andaluza combinada con cierta nobleza mental castellana"— y los articulaba con condiciones geográficas y económicas específicas. El apéndice del Ensayo incluía además una orografía de la Confederación Granadina: la nación como territorio inventariado y como carácter descrito.

Manuel Ancízar había hecho algo comparable una década antes, desde adentro del Estado. Su Peregrinación de Alpha, escrita como cronista y secretario de la Comisión Corográfica en los primeros años cincuenta, combinaba el inventario de recursos naturales con una prosa literaria y sensorial que otorgaba al paisaje una carga estética y a la geografía un destino económico. Ancízar recorría las provincias del norte, describía yacimientos, suelos, gentes; convertía la ciencia territorial en argumento moral sobre el progreso posible. No era propaganda; era algo más denso: la construcción de una imagen del país como conjunto ordenable, con regiones jerarquizadas según su distancia respecto al ideal civilizador.

A esa red se sumaron Salvador Camacho Roldán, con sus escritos económicos y de costumbres, y Miguel Samper, el hermano de José María, cuyo La miseria en Bogotá —posterior al período radical estricto, pero deudor de esa matriz— llevó el diagnóstico civilizatorio al corazón mismo de la capital. Entre todos ellos, el par civilización-barbarie dejó de ser una frase prestada de Sarmiento y se convirtió en una lente de trabajo: el instrumento con que se leía el país para gobernarlo.

La Comisión Corográfica como mirada estatal

Antes de la constitución de Rionegro y del régimen federal radical, la Nueva Granada de José Hilario López creó por Ley 29 de 1849 la Comisión Corográfica. El italiano Agustín Codazzi la dirigió; participaron en distintos momentos Ancízar, el pintor venezolano Carmelo Fernández, Manuel María Paz, Santiago Pérez. Operó entre 1850 y 1859. Fue el primer intento científico-institucional de alcance global que hizo el Estado colombiano: la primera vez que se asumía como responsabilidad pública el financiamiento sostenido de una empresa de conocimiento territorial. Los mandatarios posteriores a la disolución de la Gran Colombia habían sentido con urgencia la necesidad de conocer las realidades del país, y la Comisión fue la respuesta más ambiciosa a esa necesidad.

Su producto fue una cartografía y una etnografía visual del país: mapas provinciales, láminas de tipos humanos, descripciones de sistemas productivos, inventarios de flora y fauna. La Comisión adoptó la idea humboldtiana de unidad dentro de la multiplicidad y produjo así una diferenciación regional articulada por climas y medios físicos —sabanas, montañas, costas, llanos— con sus poblaciones asociadas y sus actividades productivas correspondientes. El neivano, el antioqueño, el chocoano, el pastuso, el llanero, aparecían no como sujetos individuales sino como tipos regionales inscritos en paisajes específicos.

Hay un detalle técnico que dice mucho sobre la mirada. La Comisión eligió la acuarela y no la fotografía como medio principal de ilustración, pese a que la empresa se pensaba a sí misma como científica y algunos de sus artistas conocían el nuevo medio. La elección no era inocente: la acuarela permitía componer, ordenar, embellecer; producía un país legible y armónico allí donde la fotografía habría mostrado desorden, pobreza y contradicción.

Santiago Pérez, futuro presidente radical, publicó en 1853 sus Apuntes de Viaje en El Neogranadino y en El Tiempo de Bogotá. Recorrió el Chocó, Buenaventura, Túquerres y Pasto poco después de la abolición de la esclavitud, decretada en 1851. Registró la pobreza de los negros libertos, su carencia de educación, el desinterés de los blancos hacia ellos; a esas constataciones sumaba valoraciones sobre su condición moral que participaban plenamente del discurso civilizatorio de su generación. La Comisión Corográfica, inscrita cronológicamente entre la abolición y la Constitución radical, ofreció así el primer inventario oficial de la situación posesclavista del país, atravesado por la mirada jerárquica de sus autores.

El binomio como jerarquía racial

Aquí conviene ser preciso, porque la retórica igualitaria del liberalismo radical convive en las mismas páginas con imágenes despreciativas de los grupos populares. Las élites católico-liberales colombianas del siglo XIX describían a negros, mulatos e indígenas con desprecio simultáneo hacia el fenotipo, las costumbres y el estilo de vida. La antinomia civilización-barbarie funcionaba como un tamiz racial: los grupos que la Comisión Corográfica y los ensayistas leían como más cercanos a la civilización coincidían con los blancos y mestizos urbanos; los más lejanos, con los negros del Pacífico, los indígenas de las tierras bajas y los mestizos rurales del campo caliente.

Sobre los indígenas, el discurso tenía dos capas. La primera era arqueológica: los notables nacionales estudiaban los vestigios de las "bárbaras parcialidades" del pasado prehispánico para exhibir erudición ante pares europeos, pero la nación republicana no se identificaba con esa herencia. Los indígenas contemporáneos eran otra cosa: sujetos vivos que había que gobernar. Los liberales tendían a un discurso filantrópico que en la práctica coexistía con el despojo; los conservadores, como José Manuel Groot, los caracterizaban con términos como "imbecilidad", "terquedad" y propensión a la embriaguez, y llegaban por esa vía a conclusiones distintas sobre su tratamiento tutelar. La conseja de que "el indio es perezoso" —fabricada y sostenida por latifundistas para justificar la disolución de los resguardos y forzar a los indígenas a vender su fuerza de trabajo en las haciendas a salarios reducidos— circulaba en ambos partidos.

Sobre los negros del Chocó y el Pacífico operaba una lógica adicional: la asociación entre clima tropical y degradación racial. En la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del XX, los letrados colombianos construyeron una correlación entre trópico y efectos nocivos sobre las razas humanas, considerando el trópico prácticamente inhabitable y asociando sus condiciones con características negativas en sus pobladores. Esa lectura pesaba especialmente sobre las regiones de mayoría negra, y prefiguraba el debate sobre la "declinación racial" que articularían en el siglo XX intelectuales como Miguel Jiménez López.

Los viajeros extranjeros que recorrieron el país en el período reforzaron esas imágenes. Representaban a los indígenas urbanos como una masa anónima y silenciosa, diferenciada visualmente de la población blanca y mestiza a la que dedicaban su atención. La ideología racial, en todo caso, no se traducía en exclusión política formal: entre 1850 y 1950 hubo generales, congresistas, gobernadores y ministros negros en Colombia, aunque la sociedad civil practicaba discriminaciones severas —clubes cerrados, colegios elegantes reservados, matrimonios interraciales socialmente sancionados—. La etiqueta racial regulaba las distinciones público-privadas con una precisión aparentemente contradictoria, pero coherente con la manera en que el binomio civilización-barbarie operaba: en el nivel del Estado, todos los ciudadanos; en el nivel de la sociedad, jerarquías fenotípicas y de costumbres.

La federación radical y sus fronteras interiores

La Constitución de Rionegro de 1863 estableció los Estados Unidos de Colombia: nueve estados soberanos, un gobierno central débil, garantías individuales enfáticas, libertades de prensa, culto y comercio, separación entre Iglesia y Estado. Fue el momento de máximo despliegue del proyecto radical. Pero la federación tenía un doble régimen territorial que el discurso civilizatorio hizo posible.

De un lado, los nueve estados —Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander, Tolima— con soberanía plena. Del otro, un archipiélago de territorios nacionales bajo administración directa del gobierno central: los Llanos de San Martín y Casanare, La Guajira, el Caquetá, la Sierra Nevada, el Chocó bajo, el Vichada, el sur amazónico. Este segundo régimen se sistematizó hacia 1868 como sistema de territorios nacionales, criticado ya en su época como "una imitación ciega y mal concebida" del modelo territorial estadounidense, con resultados decepcionantes porque los mandatarios habían sobreestimado la riqueza de las regiones remotas. Un crítico contemporáneo señaló que el déficit federal del período era aproximadamente igual a la suma gastada en los territorios nacionales entre 1868 y 1881, con resultados de colonización considerados pobres en relación con la inversión.

¿Qué justificaba jurídicamente ese doble régimen? Precisamente el par civilización-barbarie. Los estados eran territorios de ciudadanos plenos, capaces de autogobierno; los territorios nacionales eran zonas de población "salvaje" —indígenas amazónicos, wayúu de La Guajira, guahibos y sálivas del Casanare, poblaciones dispersas del Chocó— que requerían tutela directa del centro. La federación radical, tan enfática en sus soberanías, mantenía en su interior un imperio administrativo sobre las fronteras que no habría desentonado en cualquier proyecto colonial contemporáneo.

En esas fronteras el Estado radical ensayó tres estrategias: la colonización dirigida —siempre insuficiente—, la exploración científica en la estela de la Comisión Corográfica, y, cada vez con más peso, la delegación de facto en órdenes religiosas que habían regresado al país. Los radicales anticlericales terminaron necesitando misioneros porque no tenían con qué reemplazarlos: en la selva y el llano, la civilización que enunciaban solo podía llegar con sotana.

Las guerras del período y el lenguaje de la civilización

Los Estados Unidos de Colombia vivieron tres guerras civiles mayores: 1876-1877, 1884-1885 —esta última terminó con el régimen— y numerosos conflictos locales dentro de los estados. La primera enfrentó al gobierno liberal de Aquileo Parra contra una rebelión conservadora conectada con el descontento por la reforma educativa laica; la segunda derribó al régimen radical y abrió paso a la Regeneración.

En ambos casos, el lenguaje civilizatorio se movilizó en las dos direcciones. Los liberales presentaron las rebeliones conservadoras como retrocesos de la Colombia clerical, campesina y "bárbara" contra la nación moderna de las ciudades. Los conservadores, y luego los regeneradores, presentaron el régimen radical como una barbarie propia: caos federal, disolución religiosa, fragmentación del mercado interior por aduanas entre estados, inseguridad de vida y propiedad. La rivalidad entre los estados llevó, en efecto, a implantar aduanas que fragmentaban el mercado interior; el argumento no era falso, aunque su uso retórico servía a un proyecto centralista mayor.

La Guerra de 1876-1877 debilitó gravemente al Partido Liberal. En su estela emergieron rivalidades y faccionalismo interno entre Radicales e Independientes; estos últimos se aliaron con conservadores en torno a Rafael Núñez, y esa coalición contribuyó al fin del control liberal sobre el gobierno nacional. El binomio civilización-barbarie sobrevivió intacto al cambio de manos: solo cambió de sujeto.

La Regeneración y la inversión del signo

El 1º de abril de 1878, Rafael Núñez pronunció como presidente del Senado de Plenipotenciarios la frase que fundó una época: "hemos llegado a un punto en que estamos confrontando este preciso dilema: regeneración administrativa fundamental o catástrofe". En ese momento hablaba de una regeneración meramente administrativa, sin implicar aún un cambio político profundo. Pero la fórmula estaba lanzada, y en manos de Miguel Antonio Caro se convertiría en un proyecto de refundación del Estado.

Núñez fue elegido presidente por primera vez en 1880, con apoyo de liberales independientes y conservadores. Volvió al poder en 1884 en medio de la crisis final del régimen radical, y desde allí impulsó la nueva Constitución. En 1886, un Consejo Nacional de Delegatarios promulgó una carta que sería, en esencia, la de Colombia durante los siguientes 105 años, hasta su reemplazo por la Constitución de 1991. Miguel Antonio Caro, ideólogo ultramontano e hispanófilo, fue la figura central en su redacción y la mayoría de sus propuestas fueron acogidas.

La Constitución de 1886 extinguió la forma federal —los estados soberanos se convirtieron en departamentos administrativos—, fortaleció el poder presidencial, restableció el vínculo entre Estado e Iglesia y adoptó un tono confesional. En 1887, el Concordato firmado con la Santa Sede coronó ese giro: catolicismo como religión oficial, devolución de propiedades eclesiásticas confiscadas por los liberales, educación pública atada a los preceptos de la Iglesia, abolición del divorcio civil.

El binomio civilización-barbarie no fue descartado; fue reprogramado. Ahora la civilización era la tradición hispánica y católica —el orden gramatical, litúrgico y jerárquico que Caro defendía desde Bogotá con la erudición de quien nunca salió del altiplano—; y la barbarie era el desorden federal, la libertad de cultos, el mercado interior fragmentado, la vulgaridad de las masas sin freno religioso. Los mismos radicales que habían acusado de bárbaros a curas y campesinos eran ahora, en la nueva narrativa, agentes de una barbarie política que la Regeneración venía a corregir.

Que la operación funcionara indica hasta qué punto el binomio no era propiedad ideológica de un partido, sino la gramática compartida del poder republicano. Caro, precisamente por su convicción hispanista y su formación gramatical, construyó un armazón institucional que sus críticos consideraron ciego a la diversidad geográfica, étnica y cultural del país: indígenas, afrodescendientes, selvas, valles y llanos quedaban subsumidos bajo la abstracción de una nación centralista de raíz hispánica.

Misiones, salvajes y la Ley 89 de 1890

El punto donde el nuevo régimen mostró con más claridad su plan civilizatorio fue en la política sobre poblaciones indígenas. El 25 de noviembre de 1890, el presidente encargado Carlos Holguín sancionó la Ley 89, cuyo título es un manual entero de la época: "por la cual se determina la manera cómo deben ser gobernados los salvajes que se reduzcan a la vida civilizada". La ley establecía un régimen tutelar dual: los indígenas ya integrados quedaban regulados por normas especiales sobre resguardos y cabildos, mientras que los "salvajes" —los aún no reducidos— caían bajo la autoridad de las misiones católicas.

El marco jurídico venía del Concordato de 1887 y se completaría con el Convenio de Misiones de 1902, firmado entre el presidente José Manuel Marroquín y el Vaticano. Ese convenio otorgó a las órdenes religiosas autoridad absoluta para gobernar, policiar y educar a los indígenas en los territorios de misión, control sobre la educación pública de ciudadanos colombianos, acceso ilimitado a baldíos para promover colonización, y un subsidio oficial elevado a setenta y cinco mil pesos anuales. Estipulaba además que ninguna persona inaceptable para los misioneros podía ser nombrada en cargos de autoridad civil en los territorios de misión, subordinando a intendentes y comisarios a los vicarios y prefectos apostólicos.

En el Caquetá, la Amazonia y el sur del país, capuchinos, franciscanos y consolatas se convirtieron en el sustituto del Estado, cumpliendo funciones civiles allí donde el Estado colombiano era prácticamente inexistente. A partir del Decreto 392 del 17 de enero de 1893 se declararon intendencias nacionales los Llanos de San Martín y Casanare, con intendentes nombrados por el presidente; en 1898 se añadió La Guajira y en 1902 el Vichada. La geografía diferencial de la federación radical no se disolvió: se profundizó y se clericalizó.

Y sin embargo, el proceso tuvo una tensión que conviene registrar. La Ley 89 fue percibida por comunidades de la Costa Caribe —en particular en torno a los resguardos de Jegua y Guazo en el San Jorge— como un instrumento legal que podía emplearse para defender sus tierras frente a los abusos de los terratenientes locales, los "tragones" de Corozal y las sabanas. La misma norma que consagraba la tutela sobre los "salvajes" reconocía, para los ya reducidos, un régimen especial de resguardos que en manos de las propias comunidades sirvió como escudo jurídico durante todo el siglo XX. El binomio civilización-barbarie legitimaba el despojo, pero producía a la vez, en su costado tutelar, instrumentos que podían volverse contra sus autores.

Educación, urbanidad y disciplinamiento

El proyecto civilizatorio no operó solo en fronteras remotas. También trabajó en las ciudades y en el corazón de la vida cotidiana. La reforma educativa liberal de los años setenta introdujo la enseñanza prusiana y los métodos pestalozzanos en las escuelas normales colombianas, y fundó la revista La Escuela Normal, que circuló durante ocho años y se convirtió en el eje de la cultura pedagógica del país. La contratación de maestros normalistas alemanes —algunos protestantes— irritó a un sector conservador y católico, y contribuyó al clima que desembocó en la guerra civil de 1876-1877.

Las cifras muestran el esfuerzo y sus límites. La matrícula en escuelas elementales creció de 60.155 estudiantes en 1870 a 83.626 en 1873-74, descendió a 71.070 en 1881 —una cifra que excluye a Santander, con unos 14.000 alumnos adicionales—, y se expandió después a 137.482 en 1897 y 165.062 en 1905. La proporción de la población matriculada en primaria pasó del 1,2% en 1835 al 3,0% en 1873, con grandes disparidades regionales: Antioquia lideraba con 5,4%, seguida por Cundinamarca (4,6%) y Santander (3,1%), mientras Bolívar y Boyacá se quedaban en 2,9%. Civilizar significaba, entre otras cosas, poner al pueblo en la escuela; el éxito fue parcial y profundamente desigual.

Al final del período, y con más fuerza al entrar el siglo XX, la ciudad misma se convirtió en teatro de disciplinamiento. Bogotá vio proliferar manuales y códigos de urbanidad —herederos del Manual del venezolano Manuel Antonio Carreño— que operaban como pedagogía urbana para eliminar los "atavismos" rurales de los espacios de la capital: regulaban ropas, modales e higiene como parte del proyecto modernizador. La ciudad limpia, ordenada, con calles pavimentadas y ciudadanos afeitados, era la contracara urbana del salvaje selvático: mismo proyecto civilizatorio, escala distinta.

La huella larga

Cuando la Regeneración se consolidó, el par civilización-barbarie ya había hecho su trabajo estructural. Había producido una cartografía diferencial del país que separaba departamentos de intendencias, ciudadanos de pupilos, regiones aptas para el ferrocarril y regiones aptas para la misión. Había jerarquizado a las poblaciones por fenotipo, costumbres y clima. Había legitimado guerras civiles en dos direcciones. Y había demostrado ser lo suficientemente plástico para servir a proyectos políticos opuestos: primero al liberalismo radical que quería secularizar y modernizar, después al conservadurismo regenerador que quería restaurar la unidad católica.

Esa plasticidad fue la clave de su eficacia. El binomio no fue un programa cerrado sino un campo de disputa retórica dentro del cual cabían orientaciones muy distintas. Los liberales lo usaron para atacar al clero y al latifundista; los conservadores, para atacar el federalismo y el laicismo. Los antropólogos oficiales del siglo XX lo heredaron para pensar la integración de las comunidades indígenas; los latifundistas del XIX y el XX lo usaron para justificar el despojo de resguardos. Las propias comunidades indígenas, cuando lograron apropiarse de instrumentos como la Ley 89, mostraron que el aparato civilizatorio podía tener grietas útiles.

Los rasgos más duraderos de aquella arquitectura sobrevivieron mucho más allá del régimen que los formuló. La distinción entre un país "central" —el altiplano cundiboyacense, Antioquia, el eje cafetero que emergería después— y unas periferias tuteladas por el Estado o por las misiones se prolongó durante todo el siglo XX. La ideología racial y climática que asociaba trópico con degeneración alimentó los debates sobre "declinación racial" en los años veinte. La educación pública como instrumento de civilización, con sus tensiones entre laicismo y catolicismo, siguió siendo campo de batalla hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX. Y la relación entre Estado y comunidades indígenas quedó, hasta la Constitución de 1991, mediada en gran parte por el marco tutelar de 1890.

El período de los Estados Unidos de Colombia fue el momento en que este vocabulario alcanzó su forma más elaborada y sus consecuencias más visibles. Los radicales creyeron estar construyendo una nación de ciudadanos libres bajo la bandera de la civilización; construyeron también, casi sin advertirlo, la matriz conceptual con la que sus adversarios los desalojarían del poder y con la que el Estado colombiano gobernaría durante otro siglo a los que no cabían en su idea de nación. Que una misma pareja de palabras haya podido sostener proyectos tan distintos —y ser apropiada, en sus grietas, por quienes teóricamente subordinaba— es la mejor prueba de su centralidad. La historia política de Colombia en el siglo XIX se puede contar sin muchas cosas; sin civilización y barbarie, no se puede contar.