El panteón heroico colombiano

¿Quién fabricó el panteón heroico colombiano, y para qué?

Cuatro figuras estructuran la memoria heroica de la Colombia decimonónica: la rivalidad entre Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, el martirio de Antonio José de Sucre, el asesinato del general José María Córdova en El Santuario, y la reciente elevación de Juan José Nieto Gil al panteón caribeño. No son piezas de un mismo relato compuesto en un solo taller. Son sedimentos superpuestos, cada uno fraguado en una coyuntura distinta —la Regeneración de 1886, el centenario de 1910, la ruptura historiográfica de mediados del siglo XX, el rescate costeño de los años ochenta— por actores con intereses fechables. La pregunta no es si Sucre murió en Berruecos ni si Bolívar rompió con Santander en marzo de 1827: eso ocurrió. La pregunta es qué trabajo político realizó, en cada momento, el acto de recordarlo de una manera y no de otra.

¿Qué se juega al desmontar el panteón?

Colombia entró al siglo XX con un panteón cerrado. Los manuales escolares fijaron una jerarquía de próceres, una interpretación de sus disputas y un desenlace edificante en el que el orden republicano regeneracionista aparecía como culminación natural de la Independencia. Ese canon rigió durante casi todo el siglo XX. Su fuerza no residió en la coacción sino en la ausencia de alternativas escolares: fue norma por defecto.

Lo que se juega al desmontarlo no es una corrección erudita. Es la sospecha de que las categorías con las que Colombia se piensa a sí misma —civilismo santanderista frente a caudillismo bolivariano, mártir del sur frente a traidor antioqueño, ausencia de racismo probada por la existencia de un presidente pardo— fueron acuñadas para tramitar disputas del presente de quien las acuñó, no para describir el pasado. Si el panteón es artefacto y no espejo, la historia política colombiana que se apoya en él pierde uno de sus suelos.

Sostener que el panteón es un constructo no equivale a decir que los conflictos originarios fueron inventados. Bolívar y Santander sí rompieron; Sucre sí fue asesinado; Córdova sí murió en 1829; José Prudencio Padilla sí fue ejecutado tras un juicio dudoso. Lo construido no son los hechos: es su sentido, la línea que los une, el reparto de virtudes y culpas, el lugar de cada uno en la genealogía de la nación.

¿Cómo se volvió teología de Estado una ruptura personal?

La Constitución de Cúcuta de 1821 estableció un régimen centralista para la Gran Colombia. En sus primeros cinco años no produjo bandos políticos definidos. La fractura llegó en 1826, cuando Bolívar promovió la adopción de la Constitución boliviana —con presidente vitalicio y poderes cuasi monárquicos— y el sector encabezado por Santander leyó en ese proyecto una monarquía sin corona. La ruptura personal quedó fechada: Bolívar le escribió a Santander el 19 de marzo de 1827 pidiéndole que se abstuviera de dirigirle correspondencia; Santander respondió el 29 de abril atribuyendo el rompimiento a chismes y calumnias. En abril y junio de 1828, la Convención de Ocaña fracasó: los bolivarianos se retiraron, los santanderistas se declararon fieles a la Constitución de 1821, y las facciones se convirtieron en identidades.

El conflicto de 1826-1828 no fue una guerra entre un civilista puro y un caudillo autoritario. Fue una disputa sobre la arquitectura del Estado en una república recién nacida, con lealtades móviles y batallas periodísticas que incluyeron asaltos a imprentas y atentados personales.

La asociación mecánica entre bandos y doctrinas resulta ya para la época demasiado limpia. Se suele leer el centralismo como conservador y el federalismo como liberal, pero los hechos del siglo XIX desmienten la ecuación. La Constituyente conservadora de 1858 promovió el federalismo. El conservador Florentino González impulsó la apertura económica librecambista. Las etiquetas no resistieron el propio siglo en que se acuñaron.

Lo decisivo vino después. La Regeneración de Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro, triunfante a fines del siglo XIX y hegemónica hasta 1930, glorificó a Bolívar como portaestandarte de la nacionalidad. La Constitución de 1886 —centralista, católica, autoritaria— necesitaba una filiación fundacional, y la encontró en el Libertador. Ese gesto tuvo un correlato: no un ataque frontal a Santander, sino un desplazamiento. Santander quedó como referencia legalista útil pero secundaria; los liberales radicales que lo reclamaban como padre fueron marcados con signos negativos en la memoria oficial. El manual escolar que cohesionó la herencia hispánica con el relato republicano no repudió la Colonia: la línea de continuidad iba de la civilización española a la República ordenada, con los excesos federalistas de 1863 como paréntesis lamentable.

La oposición Bolívar-Santander como matriz binaria de la política colombiana —centralismo autoritario benéfico frente a legalismo civilista disolvente, o su inverso liberal— fue destilada desde una disputa histórica real y convertida en clave permanente de lectura. Cada generación heredó esa cuadrícula. Los conservadores encontraron en Bolívar al hombre providencial; los liberales, en Santander al hombre de las leyes. Ambos leían hacia atrás.

La tesis fuerte —que la oposición es puro artefacto de élites para legitimar un Estado antibolivariano— no se sostiene tal cual. El Estado colombiano posterior a 1886 fue, en su iconografía y en su filiación, profundamente bolivariano; el antibolivarianismo, cuando existió, fue liberal y minoritario. Lo que sí es artefacto es la estabilidad de la díada como esquema explicativo: la certeza de que todo conflicto colombiano posterior se juega entre esos dos polos. Esa certeza fue construida, y sirvió para simplificar disputas que tenían raíces sociales, regionales y económicas que la díada oculta.

¿Por qué Sucre fue santificado?

Antonio José de Sucre fue asesinado en 1830 en las montañas de Berruecos, en el sur de la Nueva Granada. La imputación se dirigió pronto contra el general José María Obando, y la causa fue reactivada judicialmente a partir de la prisión del guerrillero José Erazo. El general Juan José Flores fue también señalado por contemporáneos, a partir de una carta interceptada con una prevención misteriosa y de comentarios sobre el temor que Sucre inspiraba en ciertos individuos del sur. El coronel Whittle, contemporáneo de los hechos, escribió que Sucre fue eliminado porque ciertos individuos lo temían por su posible regreso a esa región, y que se le quitó del medio de una manera muy deshonrosa. Bolívar mismo —consumido por su propia enfermedad terminal en la Quinta de San Pedro Alejandrino, donde lo acogió Joaquín de Mier— dijo que habría dado gustoso su vida por salvar la de Sucre, y lo llamó el único hombre que pudiera haber evitado esta guerra civil.

Ese es el material sobre el crimen. La santificación posterior es otra historia.

Sucre en vida fue una figura más compleja que su leyenda. Había sido obligado a dimitir de la presidencia de Bolivia en 1828 tras la invasión peruana, un revés político mayor. Participó luego en la guerra contra el Perú. Cuando lo mataron en 1830 no era el mártir sereno de la iconografía posterior sino un militar de treinta y cinco años cuya carrera reciente había incluido derrota, dimisión forzada y regreso incierto a un país en descomposición. La Gran Colombia se disolvía; Venezuela se separaría formalmente ese mismo año; el Ecuador seguiría el camino.

La canonización aprovechó una virtud narrativa que Sucre poseía y Bolívar no: había muerto joven, sin gobernar largo tiempo, sin haber acumulado los enemigos que se acumulan gestionando una república en crisis. Sobre él podía proyectarse una pureza que los años no habían tenido tiempo de corroer. Y como su figura articulaba a los tres países que la Gran Colombia había dejado —vencedor en Pichincha por Ecuador, presidente de Bolivia, cumanés de origen y por tanto venezolano, mártir en suelo neogranadino— era el único prócer cuya memoria podía funcionar como puente entre estados que en lo demás disputaban fronteras, deudas y filiaciones.

Sucre fue santificado porque servía diplomáticamente: era el mártir compartido de una unidad que ya no existía, y su culto permitía a los tres estados invocar una fraternidad grancolombiana sin las asperezas de la real. La supresión de sus contradicciones —la dimisión boliviana, el mando militar en una guerra fratricida contra el Perú— no fue conspiración deliberada sino consecuencia funcional: para que sirviera como símbolo de unidad, había que recortar lo que en su biografía apuntaba a la disgregación. El Sucre del monumento sigue siendo el santo, no el general dimitido.

¿Por qué Córdova queda abierto?

El material disponible sobre José María Córdova, muerto en El Santuario en 1829, es más delgado que el de las otras figuras, y esa delgadez misma es reveladora. Córdova ha sido, en la memoria antioqueña, el héroe joven de Ayacucho traicionado en su propia tierra; en la memoria bolivariana, el rebelde precipitado castigado por la fuerza legítima; en la memoria republicana temprana, el símbolo ambiguo de una disidencia que no cabía en las categorías del momento. La identidad del ejecutor material, el irlandés Rupert Hand al servicio de las fuerzas gubernamentales, nunca fue el problema: lo disputado fue la autoría intelectual, el grado de responsabilidad de Bolívar y de sus edecanes, la legitimidad del acto.

Esa indefinición fue funcional. Un héroe cuya muerte queda abierta —¿mártir de la libertad regional?, ¿rebelde justamente reducido?, ¿víctima de la deriva autoritaria del bolivarianismo tardío?— es un significante disponible. Antioquia lo incorporó como emblema del honor herido; los liberales del siglo XIX lo leyeron como prueba de la degeneración cesarista de los últimos años de Bolívar; los bolivarianos regeneracionistas prefirieron pasar de largo, dejando el episodio en penumbra antes que forzar una condena de su prócer mayor.

No hubo un pacto deliberado para dejar el caso abierto. Hubo una constelación de intereses concurrentes en no cerrarlo: los antioqueños ganaban un mártir regional; los bolivarianos evitaban un juicio incómodo sobre el Libertador; los liberales conservaban un episodio útil para denunciar el autoritarismo de la última etapa. La ambigüedad se sostuvo por silencios convergentes, no por diseño. Y en esa omisión, la figura de Córdova pudo servir simultáneamente a memorias incompatibles.

¿Qué se inventó al elevar a Nieto?

Juan José Nieto Gil fue elegido presidente del Estado Soberano de Bolívar en el punto culminante de su carrera política. Era un pardo claro —un mulato— de orígenes modestos, comerciante y escritor autodidacta, que ganó el rango de general en la guerra civil de los Supremos entre 1839 y 1842 y ejerció como gobernador de la provincia de Cartagena bajo la presidencia de José Hilario López. Escribió una novela histórica, Ingermina, variación caribeña sobre el Ivanhoe de Walter Scott, con un romance entre Alonso de Heredia y una princesa calamarí. Su ascenso fue el de un hombre pardo que se asimiló progresivamente a la élite liberal costeña.

Durante casi un siglo, Nieto ocupó un lugar secundario en el panteón. Cuando se le mencionaba, era para ilustrar la ausencia de racismo en la nación colombiana: si un pardo había llegado a la presidencia de un estado soberano, ¿cómo podía hablarse de exclusión racial? La instrumentalización era clara: Nieto probaba la inocencia racial del país por su sola existencia, sin que hubiera que examinar las condiciones de su ascenso ni los mecanismos de asimilación que lo hicieron posible.

En 1981, Orlando Fals Borda publicó El Presidente Nieto como segundo tomo de la Historia doble de la Costa. Fals declaró que en cada tomo destacaba el valor de antihéroes caribeños no violentos como Nieto, revalorizando su papel histórico. El movimiento era doble: rescatar a una figura relegada por la historiografía centralista y andina, y hacerlo mediante una categoría —el antihéroe caribeño no violento— que fundara una identidad regional alterna, con genealogía propia y virtudes distintas a las del panteón cachaco.

Se ha objetado que Fals caracterizó a Nieto como caudillo cuando en realidad era un político profundamente republicano y urbano. La Historia doble recibió también críticas por presunta falta de rigor en el uso de fuentes, exceso de imaginación, simplismo temático y compromiso político explícito del autor. Fals no falseó a Nieto: lo redimensionó. Convirtió a un liberal urbano, letrado y asimilado a la élite en emblema de una insurgencia caribeña popular que el propio Nieto no encarnó. Fals perseguía una identidad costeña frente a la hegemonía interior, y necesitaba fundarla en figuras que la sostuvieran.

Con un matiz: Fals no inventó a Nieto. Recuperó documentalmente una figura que la historiografía nacional había reducido a coartada antirracista. Ese rescate fue un aporte real; sus hallazgos testimoniales, documentales y fotográficos no tenían precedentes. Lo performativo es el envoltorio interpretativo: la categoría antihéroe, la lectura del Caribe como reservorio de una insurgencia alterna, la proyección hacia el presente de un modelo político que el Nieto histórico —hombre de instituciones, gobernador, presidente electo, novelista de salón— no representaba.

El contrapunto de Padilla: el filtro racial antes del panteón

Un contrapunto necesario ilumina lo que las cuatro figuras anteriores comparten. José Prudencio Padilla, marino y héroe naval, pardo, fue ejecutado en 1828 tras un juicio en el que confluyeron su enemistad con el general Mariano Montilla —hombre de orígenes aristocráticos, con actitudes racistas explícitas hacia negros y mulatos, partidario de un ideal de gobierno aristocrático— y el miedo racial de las élites republicanas.

José Manuel Restrepo, el historiador oficial del período, identificó a Padilla como negro en sus escritos y expresó alivio de que no se hubiera puesto al frente de los pardos. Los contemporáneos usaban indistintamente los términos guerra de clases y guerra de colores para referirse al conflicto racial. Las experiencias de la revolución haitiana, los levantamientos de pardos en Venezuela y la revuelta de negros y mulatos en Cartagena entre 1811 y 1815 pesaban en el imaginario de las élites, incluido el de Bolívar, cuyas cartas a Pedro Briceño Méndez y a Daniel O'Leary de marzo y abril de 1828 son fuentes centrales para reconstruir esa preocupación.

Padilla no está en el panteón. Fue borrado por vía de exclusión racial antes de que ninguna maniobra memorial pudiera incorporarlo. El filtro racial actuó por delante de cualquier construcción narrativa retrospectiva: no fue la Regeneración la que lo excluyó, ni el manual escolar; fue la propia jerarquía de valores de las élites republicanas tempranas la que lo eliminó del reparto. Los conservadores continuaron usando acusaciones de guerra racial para desacreditar a los liberales al menos hasta la década de 1870.

Padilla y Nieto están en polos opuestos del mismo mecanismo. Uno excluido por su color y su base social. El otro admitido tardíamente porque su asimilación a la élite lo hacía tolerable, y luego instrumentalizado como coartada. La raza operó estructuralmente, no solo retóricamente.

Entonces, ¿quién fabricó el panteón, y para qué?

El panteón republicano neogranadino no es un registro neutral del pasado. Es una serie de intervenciones sucesivas, fechadas y firmables, que fijaron el sentido de conflictos reales para tramitar disputas presentes en cada uno de los momentos de fijación. La Regeneración de 1886 canonizó a Bolívar y estabilizó la díada Bolívar-Santander como matriz explicativa. El manual escolar del centenario propagó esa matriz como sentido común durante casi un siglo. La disolución grancolombiana convirtió a Sucre en santo compartido de tres estados que necesitaban una fraternidad simbólica. La indefinición sobre la autoría intelectual de la muerte de Córdova fue mantenida por conveniencia concurrente de varias tradiciones. Fals Borda, en 1981, rescató a Nieto y lo redimensionó como antihéroe caribeño para fundar una identidad regional alterna.

Y sin embargo los conflictos que estas intervenciones tramitan fueron reales. Bolívar y Santander sí rompieron, y la ruptura organizó batallas periodísticas, facciones electorales y una convención fracasada en Ocaña antes de que nadie las estabilizara en memoria oficial. Sucre sí fue asesinado, y contemporáneos como Whittle y el propio Bolívar leyeron su muerte como pérdida política mayor sin necesidad de un culto posterior. Padilla sí fue ejecutado bajo un juicio en el que operó el miedo racial explícito de figuras como Restrepo. Nieto sí fue presidente del Estado Soberano de Bolívar, y su ascenso implicó un tipo de asimilación cuyas condiciones raciales estructurales no dependen de la lectura que se hiciera de él ciento cincuenta años después.

La narrativa no crea de la nada: recodifica. Toma un conflicto vivido y lo convierte en genealogía utilizable; toma una muerte y la reparte entre memorias incompatibles; toma una biografía y la moldea para que funde una identidad. Se fabrica la línea que conecta los hechos, el reparto de virtudes y culpas, la posición de cada figura en el mapa del presente.

Sospechar del panteón no autoriza a disolver la historia en pura retórica. La agencia de Padilla, el sufrimiento de Sucre, la disputa entre Bolívar y Santander, la decisión de Nieto de escribir Ingermina fueron reales y dejaron huellas verificables. Lo que exige sospecha es la naturalidad con la que estas figuras ocupan las posiciones que ocupan en el relato heredado, y la fluidez con la que ese relato sigue estructurando el modo colombiano de discutir la nación.

¿Qué queda sin cerrar?

Tres flancos permanecen abiertos, y cada uno afecta de manera distinta el edificio.

El primero es el peso relativo de la Academia Colombiana de Historia y de los manuales escolares en la consolidación efectiva del canon. Se sabe que alinearon con el proyecto regeneracionista y que fijaron una jerarquía. Se sabe menos con qué instrumentos concretos operaron: cuánto de su hegemonía se debió a imposición activa —selección de textos, control de programas, veto a interpretaciones alternativas— y cuánto a la simple ausencia de competencia pedagógica en un país con red escolar débil y editoriales concentradas. La distinción no es menor. Un canon impuesto se combate exhibiendo la coacción; un canon por defecto se combate produciendo alternativas. Uno pide denuncia; el otro, trabajo. Que la Academia haya tenido el monopolio de la interpretación autorizada durante décadas es descripción; cómo se ejerció ese monopolio en la práctica cotidiana del aula, y en qué momentos fue disputado desde dentro de las propias instituciones, es aún terreno de investigación desigual. Sin ese mapa fino, la crítica al canon corre el riesgo de imaginar una maquinaria más coherente de la que hubo.

El segundo flanco es el alcance real del culto bolivariano en la vida política colombiana del siglo XX. Que la Regeneración lo instaló como portaestandarte de la nacionalidad es claro. Que la iconografía —el uniforme de gala, el héroe triunfante, no el guerrero en batalla ni el civil— fue relativamente estable durante la primera mitad del XIX, también. Menos claro es cómo se comportó ese culto en momentos de disputa. Qué Bolívar circuló durante el centenario de 1930, cuando el liberalismo volvió al poder tras casi medio siglo de hegemonía conservadora. Qué versión del Libertador operó durante la Violencia, en boca de unos y otros, y si hubo intentos serios de disputarle a los conservadores el monopolio interpretativo. Qué lugar ocupó en el Frente Nacional, régimen que necesitó una épica común y encontró en la iconografía bolivariana un recurso disponible. Y, más adelante, cómo se apropiaron del nombre proyectos guerrilleros que se autodenominaron bolivarianos, o cómo lo recogió el bolivarianismo venezolano de fines del siglo XX en un movimiento que rebotó sobre Colombia. Un Bolívar puede filiar a Núñez y a Caro; ha filiado también a proyectos muy alejados de la Regeneración. Rastrear esas mutaciones no es curiosidad erudita: es reconstruir la maleabilidad efectiva del principal significante político de la nación.

El tercer flanco toca el sustrato documental. Bolívar ordenó antes de morir que se quemaran los diez baúles de su archivo personal; los baúles fueron depositados en Kingston en diciembre de 1830. Daniel O'Leary trabajó desde Kingston entre 1831 y 1833 en correspondencia activa con Carlos Soublette, y publicó luego sus Memorias en treinta y dos tomos entre 1879 y 1888, declarándose compilador y autor. La cronología abre preguntas incómodas. Qué se quemó efectivamente y qué sobrevivió; con qué criterio se seleccionó lo publicable; qué correspondencia comprometedora —sobre Padilla, sobre Córdova, sobre los últimos meses del régimen— pasó por el filtro editorial de un edecán que había servido al Libertador y tenía interés propio en la forma final del legado. Las Memorias de O'Leary han sido durante más de un siglo la fuente principal para el bolivarianismo académico. Si esa fuente fue armada con criterios que hoy llamaríamos de gestión reputacional, buena parte del edificio interpretativo descansa sobre un archivo que fue objeto de intervención deliberada desde su origen. La cuestión no es acusar a O'Leary de falsificación —no hay evidencia de eso— sino reconocer que la selección, en un archivo como ese, es ya interpretación, y que dos siglos de historiografía se apoyaron en un corpus curado por un actor con intereses.

Estos flancos no debilitan la respuesta: la precisan. El panteón republicano es artefacto, sí, pero artefacto de muchos talleres y muchos momentos, con piezas que aún no han sido inventariadas del todo. Su desmontaje no es tarea de una generación: es trabajo lento sobre un edificio que sigue en pie porque sigue siendo útil.