Justo Arosemena

Un istmeño en la ingeniería del Estado

En el mapa mental del liberalismo colombiano del siglo XIX, Arosemena ocupa un lugar peculiar. No es el tribuno de plaza —ese papel corresponde a los Samper, a Murillo Toro, a Camacho Roldán—, sino el técnico del derecho público, el hombre que traduce la efervescencia de la generación de 1850 en articulados concretos, en actos adicionales, en reformas territoriales. Miembro del Instituto Caldas, la red intelectual que agrupó a la élite liberal neogranadina de mediados de siglo, trabajó codo a codo, entre 1855 y 1858, con Manuel Ancízar y José María Samper en la reorganización territorial que produjo los ocho estados de la Confederación Granadina. Esa triada —Ancízar el organizador, Samper el publicista y cartógrafo político, Arosemena el jurista— sostuvo en el Congreso la doctrina que reemplazaría el mapa colonial de provincias por una arquitectura federal.

Lo que distingue a Arosemena en ese trío es su procedencia. Ancízar y Samper eran cundinamarqueses y santandereanos de formación bogotana; hablaban desde el centro. Arosemena hablaba desde un extremo del país, desde una franja que había ensayado la separación de facto más de una vez y que en 1846, con el Tratado Mallarino-Bidlack, había entrado sin quererlo en la órbita de intereses norteamericanos. Su liberalismo no correspondía al de las academias parisinas trasplantadas al altiplano: era una doctrina cargada de urgencia geográfica. La distancia entre Bogotá y Ciudad de Panamá —trescientas leguas, según el argumento recurrente de la época— funcionaba en su pluma como dato administrativo, no como metáfora: de ella dependía la posibilidad misma de gobernar.

Panamá antes del ferrocarril

Nació en 1817, cuando el Istmo era todavía parte del sistema imperial español y faltaban tres años para que Bolívar completara la independencia del norte de Suramérica. Su formación coincidió con las décadas en que la joven república neogranadina intentó, con éxito desigual, gobernar un territorio que la geografía había fragmentado en cuencas y climas incomunicables. Panamá vivía una relación tensa con Bogotá: la vieja ruta de tránsito interoceánico —que se remontaba al oro peruano del siglo XVI— seguía siendo la única razón económica seria del Istmo, y esa ruta miraba al mar, no a la cordillera oriental.

De ese ambiente heredó Arosemena dos convicciones que estructurarían su vida pública. La primera, jurídica: que las instituciones importan, que un texto bien escrito puede fijar equilibrios de poder duraderos. Es la fe ilustrada en la ingeniería constitucional que Gerardo Molina identificaría más tarde como la falla principal del liberalismo colombiano de mediados de siglo —la creencia en el poder mágico de los textos escritos, en que una carta perfecta bastaría para producir la felicidad colectiva, descuidando la "constitución social" de hábitos y creencias. Arosemena fue uno de los representantes puros de esa corriente; su obra ensayística sobre las constituciones colombianas del siglo XIX es, entre otras cosas, un monumento a esa fe.

La segunda convicción era territorial: que el gobierno central no podía, aunque quisiera, atender las necesidades administrativas e infraestructurales de una ciudad portuaria a trescientas leguas de la capital. Ese argumento —pragmático, casi contable— aparece como línea de fuerza en todos los debates istmeños del período, y Arosemena lo convertiría en principio constitucional. Donde otros liberales veían en el federalismo una traducción tocquevilliana de la democracia americana, él vio también, y sobre todo, una solución al problema específico de Panamá.

Tocqueville leído a medias

Arosemena se formó en la biblioteca compartida de la generación liberal de 1850: Tocqueville, Benjamin Constant, Guizot. De Tocqueville, sus contemporáneos y él mismo tomaron la imagen de Estados Unidos como país de clase media, sin aristocracia territorial, con tolerancia religiosa y sin gobierno central fuerte —imagen que serviría de plantilla para pensar el propio experimento republicano. Los pasajes en que el francés advertía sobre las tensiones internas de la democracia americana —la esclavitud, la tiranía de la mayoría, la mediocridad cultural— quedaron fuera del cuadro. La lectura fue selectiva, y en esa selección se jugaba ya una decisión política.

Colombia se distinguía, además, del resto del paisaje intelectual hispanoamericano: mientras el continente absorbía preferentemente el liberalismo francés en su forma pura, en la Nueva Granada había entrado tempranamente el utilitarismo británico, herencia santanderista que dejó una marca práctica, casi contable, en la forma de razonar sobre las instituciones. Arosemena escribió y legisló dentro de esa mezcla: fe francesa en la ingeniería constitucional, atención británica a los mecanismos y a los intereses. Es una combinación que se advierte en su propuesta de 1852, redactada menos como declaración de principios que como lista tasada de competencias.

1852: la propuesta que cambió el mapa

En 1852, Arosemena presentó al Congreso una propuesta constitucional para reunir las cuatro provincias del Istmo —Chiriquí, Veraguas, Panamá y Azuero— en un único Estado federal soberano pero no independiente de la Nueva Granada. El detalle importa: soberano en su régimen interior, no independiente de la república. El Estado panameño delegaría al gobierno nacional siete materias discretas, entre ellas las relaciones exteriores, la organización del ejército y la marina, el correo nacional, la deuda pública y la contribución panameña a esa deuda. En todo lo demás —códigos, impuestos internos, policía, obras públicas, educación— legislaría libremente.

La aritmética es reveladora. Frente al modelo unitario heredado de la Constitución de Cúcuta, que reservaba al centro casi todo, Arosemena invertía la carga: el gobierno nacional quedaba reducido a una excepción tasada dentro de un régimen general de autogobierno. La propuesta no era secesionista —el propio Arosemena la formuló como fórmula de permanencia dentro de Nueva Granada—, pero establecía una relación entre las partes y el todo tan asimétrica que, en la práctica, dejaba a Panamá con casi todos los atributos de un Estado nacional menos la personalidad internacional.

El proyecto no prosperó en 1852. Seguía pendiente en el Congreso cuando el levantamiento del 17 de abril de 1854 —la guerra civil breve pero traumática que enfrentó a las élites contra el gobierno de facto de José María Melo— paralizó los trabajos legislativos. La reforma quedó en suspenso; los reformadores volvieron a sus escaños en 1855, tras la restauración del orden constitucional, con la agenda intacta y una nueva sensación de urgencia.

1855: el Estado de Panamá y el efecto dominó

El 27 de febrero de 1855, el Congreso aprobó un Acto adicional a la Constitución de 1853 que creaba el Estado Federal de Panamá. Fue la traducción, con adaptaciones, de la propuesta de 1852. El Istmo obtenía estatuto federal —el primero de la república— y con él la potestad de darse constitución propia, elegir gobernador y legislar en las materias no reservadas al gobierno nacional. Como cesión inicial, se transfirieron al nuevo Estado 150.000 hectáreas de tierras baldías dentro de sus límites.

Lo decisivo del Acto de 1855 no fue solo lo que hizo por Panamá, sino la puerta que dejó abierta: una cláusula permitía que en el futuro, mediante una simple ley del Congreso, se crearan otros estados federales. La reacción fue inmediata. Antioquia obtuvo su estatuto federal por ley de 1856. En 1857 se crearon los estados de Cauca, Cundinamarca, Bolívar, Magdalena y Santander. Boyacá siguió poco después. Para 1858, cuando la nueva Constitución organizó la república como Confederación Granadina bajo la presidencia de Mariano Ospina Rodríguez, el país estaba dividido en ocho estados —Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá y Santander— cuyos límites y competencias habían sido cosidos, provincia por provincia, por el trabajo legislativo de Arosemena, Ancízar y Samper.

Aquí aparece la primera tensión seria de la biografía. Arosemena diseñó una arquitectura para Panamá; el país entero la adoptó. ¿Fue eso una traición al proyecto original o su consumación? La respuesta más honesta es que el mecanismo panameño resonó con demandas latentes en otras regiones: Antioquia, con su burguesía comercial y minera, quería autonomía tributaria; el Cauca, con sus haciendas y su población libre reciente, quería control regional del orden público; Santander, cuna del radicalismo, quería laicismo y libertades civiles sin filtro bogotano. El Acto de 1855 no impuso el federalismo: reveló una demanda acumulada y ofreció el molde jurídico para satisfacerla. Arosemena, en ese sentido, hizo más que ganar un caso particular: proveyó la doctrina que legitimó una reorganización estructural del Estado. El proceso invirtió literalmente el mapa: donde la Constitución de 1853 había llegado a reconocer 36 provincias, la Confederación de 1858 ofrecía ocho estados grandes, con capacidad legislativa real.

El tratadista

Arosemena no fue solo el estratega parlamentario del proceso; fue también su intérprete. Escribió un tratado sobre las constituciones colombianas del siglo XIX que se convirtió en referencia obligada para los juristas de la segunda mitad del período. En ese trabajo —y en las intervenciones legislativas que jalonan su carrera— construyó una doctrina del Estado federal que combinaba la teoría francesa de las garantías individuales con la práctica utilitaria de la delimitación de competencias.

En el ambiente jurídico de la época circulaba la definición de garantía formulada por Juan Félix de León —"la efectividad que da el gobierno a los derechos individuales"—, una fórmula humanista que ponía el acento en la eficacia práctica y no en la simple declaración retórica. Arosemena operaba dentro de ese horizonte: los derechos no valen por proclamarse sino por hacerse cumplir, y solo un aparato institucional bien diseñado puede cumplirlos. De ahí su obsesión con la letra constitucional; de ahí también, retrospectivamente, la vulnerabilidad diagnosticada por Molina —la sobreestimación del texto escrito frente a los hábitos, las creencias y las estructuras sociales que finalmente deciden si un régimen funciona.

La Constitución de 1853

Antes del episodio panameño, Arosemena había sido uno de los autores de la Constitución de 1853, la primera carta del período liberal. Redactado bajo el impulso de los liberales radicales, ese texto introdujo cambios que definirían el siglo: libertad de cultos por primera vez, voto universal masculino sin restricciones de alfabetismo ni de fortuna, elección popular de gobernadores, potestad de las provincias para dictar sus propias constituciones. Debilitó las atribuciones del presidente, delimitó las facultades del Estado central y dio a las provincias herramientas jurídicas que serían el fundamento del proceso federal iniciado en 1855.

La Constitución de 1853 no era todavía federal en sentido estricto: mantenía la estructura provincial y solo insinuaba lo que vendría. Pero abrió el marco institucional que hizo posible el Acto adicional de 1855. Vista con perspectiva, la trayectoria es coherente: 1853 debilitó el centro, 1855 fortaleció a Panamá, 1856-1857 generalizó el modelo, 1858 lo constitucionalizó como Confederación Granadina. Cinco años, una arquitectura completa.

Rionegro y los Estados Unidos de Colombia

El 4 de febrero de 1863, en la villa antioqueña de Rionegro, se instaló la Convención que proclamaría la Constitución de los Estados Unidos de Colombia. Fue la culminación radical del proceso federal iniciado en 1855. El país se dividió en nueve estados soberanos —el número aumentó por la creación del Tolima—, se redujo drásticamente el poder ejecutivo, se otorgaron libertades individuales amplísimas y se permitió a cada Estado adoptar sus propios códigos civil, penal y de comercio. Fue, además, la primera constitución colombiana que no comenzó con la invocación "En nombre de Dios": un gesto de laicismo declarado que marcaría el tono del nuevo régimen.

Los tres grandes debates de Rionegro fueron el grado de autonomía de los estados, la duración del período presidencial —fijado en dos años, sin reelección inmediata, en una decisión que muchos considerarían después el defecto de fábrica del sistema— y las relaciones Iglesia-Estado. En este último frente, la Convención impulsó una reforma educativa para eliminar la influencia católica en la escuela y ratificó las leyes de 1861 que habían expropiado bienes de las comunidades religiosas.

La participación de Arosemena en la Convención misma no está plenamente establecida —el bronce panameño lo ubica ahí; el registro documental es más reservado—, pero el texto de 1863 respira su doctrina. Los nueve estados soberanos son la generalización del principio panameño de 1852; la reserva de competencias al gobierno central sigue la misma lógica tasada de las siete materias originales; la primacía de las libertades individuales bebe de la doctrina de garantías que él y sus contemporáneos habían venido elaborando desde el Instituto Caldas. Los Estados Unidos de Colombia son, en buena medida, el edificio de Arosemena llevado a su límite.

El sistema en operación: virtudes y patologías

De la carta a la realidad hay siempre un trecho, y el régimen de Rionegro tardó pocos años en mostrarlo. Duró veintitrés años. En ese lapso, Panamá vivió el estatuto que Arosemena había concebido; se sucedieron administraciones istmeñas con márgenes reales de autonomía; se ensayó, en el resto del país, una república federal más ambiciosa que cualquier otra en América Latina. El propio Arosemena ocupó cargos de responsabilidad en el sistema —posiciones ejecutivas y legislativas dentro del Estado Soberano de Panamá y en la esfera federal— y su firma siguió pesando en los debates jurídicos hasta bien entrada la década de 1880.

Pero el sistema arrastraba patologías que sus arquitectos habían subestimado. La incapacidad del gobierno central para intervenir en la política de los estados soberanos convertía cada crisis local en una guerra potencial. Las rivalidades regionales llevaron a algunos estados a implantar aduanas internas, resquebrajando el mercado nacional. Los golpes de mano provinciales se sucedieron. El período presidencial de dos años volvió imposible cualquier política de largo plazo. Y la coexistencia de nueve códigos civiles, nueve regímenes electorales y nueve fuerzas armadas estatales produjo una fragmentación jurídica que dejaba al conjunto sin capacidad de reacción frente a las presiones externas.

Rafael Núñez, cartagenero y en su origen liberal, advirtió desde 1882 —desde dentro del liberalismo mismo— que las instituciones de Rionegro no eran adecuadas para el país. Su diagnóstico, cargado de escepticismo político y de lecturas positivistas, ganó terreno en los sectores comerciales cansados de la inestabilidad. La rigidez formal de la Constitución de 1863 —que hacía casi imposible su reforma por vías ordinarias— convirtió cualquier tránsito hacia otro régimen en una cuestión de fuerza política antes que de procedimiento constitucional.

La red: Samper, Ancízar y el liberalismo continental

La trayectoria de Arosemena es incomprensible fuera de su red. Con José María Samper compartió el trabajo legislativo de 1855-1858 y una visión de la ciencia constitucional como oficio serio. Samper fue, además, el cartógrafo político del proceso: plasmó los ocho estados de Nueva Granada en las planchas de cobre diseñadas originalmente en 1847 por su suegro Joaquín Acosta, produciendo la imagen visual —para audiencias nacionales e internacionales— de la Confederación Granadina. Donde Arosemena escribía articulados, Samper dibujaba fronteras.

Con Manuel Ancízar, el liberal cundinamarqués que había dirigido la Comisión Corográfica bajo Agustín Codazzi, la relación fue más institucional: coordinación parlamentaria, arquitectura de comisiones, gestión de mayorías. Los tres formaron durante media década un núcleo operativo del Congreso, y sus obras —el mapa de Samper, los articulados de Arosemena, la organización política de Ancízar— se leen mejor como piezas de un solo proyecto.

Más allá de este triángulo, Arosemena participó del internacionalismo liberal latinoamericano de mediados de siglo. En esa fase, la Nueva Granada intentó, por medio de plenipotenciarios como Juan de Francisco Martín, presentar un frente unido con Perú, Chile, Bolivia y Ecuador; se firmó un tratado de confederación y un convenio de comercio y navegación. Ninguno de los cinco países ratificó los pactos: el internacionalismo continental de las élites liberales quedó en gesto, no en instrumento. Arosemena, como panameño con sensibilidad geopolítica, vivió esa frustración con lucidez particular: el Istmo era precisamente el punto donde la falta de unidad hispanoamericana se pagaba más caro, porque frente al vacío se abrían las potencias del norte.

El telón geopolítico: Panamá como pieza codiciada

Ninguna semblanza honesta de Arosemena puede eludir el Tratado Mallarino-Bidlack de 1846. Firmado el 12 de diciembre entre Estados Unidos y la Nueva Granada, garantizaba a ciudadanos, buques y mercancías estadounidenses el derecho de tránsito sin gravámenes por el Istmo; a cambio, Washington se comprometía a garantizar la neutralidad del corredor, el libre tránsito y la soberanía neogranadina sobre Panamá. En el papel, era un acuerdo protector. En la práctica, autorizaba una presencia norteamericana permanente en un pedazo de territorio colombiano.

En 1856, un año después de creado el Estado Federal de Panamá, ocurrió el incidente de la Tajada de Sandía: el 15 de abril, un altercado entre población nativa y viajeros vinculados al ferrocarril de Panamá desembocó en un enfrentamiento con dos muertos panameños y heridos de ambos lados. El comisionado estadounidense recomendó la ocupación del Istmo; Estados Unidos envió buques de guerra que desembarcaron tropas brevemente y presentó reclamaciones al gobierno colombiano. El episodio confirmó lo que Arosemena y otros habían sospechado: la geografía del Istmo lo convertía en una zona de riesgo permanente frente a la potencia del norte, y la única defensa razonable era una administración local capaz, ágil, con recursos propios y con margen de negociación.

La compañía del ferrocarril, que operaba desde 1855 uniendo Colón —entonces Aspinwall— con Ciudad de Panamá, no pagaba puntualmente al gobierno neogranadino el beneficio anual convenido. El descontento fue creciendo y, en algunos círculos, se contempló la posibilidad de autorizar a una compañía rival la construcción de otra vía interoceánica.

En 1879, la aventura canalera dio un salto: bajo el liderazgo de Ferdinand de Lesseps, el héroe francés del Canal de Suez, una compañía francesa obtuvo de Colombia el derecho exclusivo condicional por 99 años para construir un canal por el Istmo, reconociendo la plena soberanía colombiana. Arosemena vivió esa etapa como testigo experimentado. El fracaso posterior de la empresa francesa —y el paso del proyecto a manos estadounidenses tras la separación de 1903— pertenece a un desenlace que él no llegó a ver completo, pero cuyas premisas había ayudado a fijar.

Identidad panameña dentro de Colombia

Arosemena fue panameño y fue neogranadino, en ese orden y sin contradicción para él. Su propuesta de 1852 lo dice todo: soberanía interna, no independencia. Pertenencia a la república, sí; sumisión al centralismo bogotano, no. Ese equilibrio —difícil, exigente, permanentemente amenazado por ambos flancos— fue el proyecto vital de Arosemena.

El sentimiento anticentralista panameño tenía raíces largas. A lo largo del siglo XIX se produjeron múltiples conatos de separación; el período de 1860 a 1862 fue señalado como la etapa más prolongada de separación de facto, durante la cual el Istmo permaneció ajeno a las contiendas del resto del país. Contra ese trasfondo, la fórmula de Arosemena era moderada: autogobierno en lugar de ruptura, Estado federal en lugar de independencia, con las siete materias justas cedidas al centro.

Su argumento tenía en el fondo naturaleza administrativa, no filosófica. Bogotá, a trescientas leguas de distancia, no podía proveer los servicios básicos de las ciudades istmeñas. El correo tardaba semanas; las decisiones fiscales llegaban desactualizadas; la infraestructura portuaria dependía de iniciativas locales que la capital ni siquiera comprendía. Ese realismo pragmático, más que cualquier doctrina abstracta, sostuvo la propuesta federal panameña. Y, precisamente porque era realista, resonó también en otros extremos del país donde la distancia y la incomunicación planteaban problemas similares —el Cauca del sur, la costa Caribe, los llanos.

La crisis del sistema: 1876-1885

A partir de 1876, el régimen federal entró en dificultades crecientes. Las guerras entre estados, la parálisis fiscal, la fragmentación monetaria y la incapacidad del gobierno central para imponer políticas nacionales fueron minando la legitimidad del sistema que Arosemena había ayudado a construir. Rafael Núñez encabezó, dentro del propio liberalismo, una facción reformista que en alianza con el Partido Conservador y con Miguel Antonio Caro como ideólogo promovió el retorno a la autoridad y el fortalecimiento del gobierno central.

En las elecciones de 1880, Núñez relevó a los radicales. Su programa —Banco Nacional con poder exclusivo de emisión, reforma arancelaria proteccionista, centralización administrativa— encontró resistencia sistemática en la facción radical del Partido Liberal, vinculada a los comerciantes y banqueros que se habían beneficiado del régimen federal. La oposición fue infructuosa. En 1885 estalló la guerra civil que derrumbaría el régimen liberal, y el año siguiente se promulgaría la Constitución de 1886 —centralista, confesional, presidencialista— que enterró definitivamente el proyecto de Rionegro.

Arosemena, entonces septuagenario, vio caer el edificio jurídico al que había dedicado media vida. Es difícil imaginar un ocaso más elocuente para un tratadista constitucional: el arquitecto sobrevive a su obra, la ve reemplazada por una doctrina opuesta, y muere pocos años después. Falleció en 1896, una década después de que la Regeneración inaugurara un nuevo régimen. Panamá, todavía parte de Colombia bajo el régimen centralista, viviría siete años más antes de la separación de 1903 —un desenlace que Arosemena no anticipó formalmente pero que su obra, leída retrospectivamente, hacía pensable.

Núñez, Caro y el mundo posterior

Los perfiles de quienes desmontaron el régimen de Rionegro contrastan con el de Arosemena. Núñez, en su descripción de época, era un liberal escéptico de formación positivista, hombre de mundo templado en la administración y en el viaje; Caro, en cambio, apenas salía de la Sabana de Bogotá y hacía del catolicismo ultramontano una identidad completa, con la hispanofilia y el tradicionalismo como derivadas. Entre ambos configuraron una alianza improbable pero eficaz: pragmatismo político y doctrina hispano-católica, banco central y neotomismo, autoridad ejecutiva y confesionalidad del Estado.

La Regeneración justificó su intolerancia hacia la oposición aludiendo a un "cuarto de siglo de anarquía" bajo la Constitución de 1863. Muchos de sus cuadros consideraban su misión como sagrada, un rescate de Colombia del caos federal. Ese relato oficial, dominante durante décadas, condenó al régimen anterior —y por extensión a Arosemena— a un largo purgatorio interpretativo. Solo en el siglo XX la historiografía volvería a leer con más equilibrio el experimento de Rionegro, reconociendo sus logros —las libertades civiles, la laicización, la experimentación jurídica— junto con sus fracasos.

La huella: memoria dividida entre dos países

La memoria de Arosemena está partida por la separación de 1903. En Panamá, es figura fundacional: se lo lee como el precursor intelectual de la nación istmeña, el hombre que puso por escrito, treinta años antes de tiempo, los principios que justificarían la separación. Universidades, calles y monumentos lo evocan. La historiografía panameña tiende a subrayar la parte panameña de su proyecto —la soberanía interna, la autonomía frente a Bogotá— y a leer el episodio neogranadino como escenario secundario, casi como un rodeo.

En Colombia, la memoria es más ambivalente. Durante la hegemonía conservadora que siguió a la Constitución de 1886 y a la Regeneración, los radicales de Rionegro fueron sistemáticamente denigrados, y Arosemena con ellos. La rehabilitación llegó más tarde, con la historiografía liberal del siglo XX que reivindicó al federalismo como un experimento republicano ambicioso. Pero incluso hoy, cuando se lo reconoce como uno de los padres del constitucionalismo colombiano decimonónico, hay una incomodidad implícita: fue el hombre que diseñó un sistema que fracasó, y que además pertenecía a la única parte del país que terminaría separándose.

Las dos memorias no son fáciles de conciliar, y quizá no deban serlo. Arosemena fue las dos cosas a la vez: un panameño estratégico que instaló en 1855 el primer estatuto federal como blindaje para su tierra, y un liberal doctrinario que proveyó al conjunto de la república el mecanismo jurídico para su reorganización territorial. El caso panameño fue la prueba, la urgencia, el motor; la doctrina liberal fue el marco; los demás estados —Antioquia, Cauca, Santander— pusieron la demanda política y, con demasiada frecuencia, también la sangre.

Que el sistema haya colapsado no invalida el diagnóstico original de Arosemena. Su intuición sobre las trescientas leguas —que el centralismo bogotano no podía gobernar Panamá con eficacia— se confirmó en 1903 de la peor manera. Y su fe en la ingeniería constitucional, aunque diagnosticada por Molina como el defecto de su generación, dejó al derecho público colombiano un cuerpo doctrinal que sobrevivió a la Regeneración y volvió a inspirar reformas mucho después. La Constitución de 1991, con su reconocimiento de la diversidad regional y sus autonomías territoriales, es —sin decirlo— un eco tardío del razonamiento que Arosemena había puesto por escrito en 1852.

En la genealogía larga del constitucionalismo colombiano, Arosemena ocupa un lugar propio: el del jurista que entendió, antes que muchos, que un país geográficamente diverso solo se gobierna reconociendo, en la letra de sus leyes, esa diversidad. No fue profeta de una nación futura ni padre solemne del Estado unitario; fue otra cosa, más incómoda para ambas historiografías. Su obra fue derrotada en su tiempo. Su pregunta —cómo hace un centro para gobernar sus extremos sin sofocarlos— sigue abierta.